Información y documentación sobre política ambiental, recogidas de diversas publicaciones periódicas y puestas a vuestra disposición por el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida

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20090925 AFEMA Revista de prensa

 

 

Índice de contenidos

1 Izquierda Unida – Área Federal de Ecología y Medio Ambiente

6/09/2009

Soberanía alimentaria y agroecología

 

2 IU de Castilla – La Mancha

5 de septiembre de 2009

PROPOSICIÓN DE LEY DE TRANSPORTE SOSTENIBLE PARA 
CASTILLA LA MANCHA

 

3 IU de El Viso del Alcor

9/09/2009

LA ASAMBLEA LOCAL DE IU CONSIGUE EL APOYO DE SUS DIRIGENTES CONTRA EL TRAZADO DEL AVE

 

4 DIARIO DE SEVILLA

8/09/2009

IU pide que la futura línea del AVE entre Sevilla y Antequera no pase por El Viso

 

5 EUROPA PRESS

8/09/2009

IU presentará una proposición no de ley para que se cambie el trazado del AVE a su paso por El Viso del Alcor

 

6 DIARIO DE SEVILLA

19/09/2009

IU se marca poner en uso todos los carriles bici el 31 de octubre

 

7 Esquerra Unida d’Alacant

8/09/2009

EU denuncia que en el itinerario previsto para Alabici no hay ni carriles bici ni medidas de pacificación del tráfico que permitan circular en bicicleta de forma segura cualquier día del año

 

8 DIARIO DE SEVILLA

21/09/2009

El Consistorio ampliará aceras y creará zonas ciclistas en los accesos a colegios

 

9 EL PAÍS  Comunidad de Madrid

22/09/2009

Las nuevas reformas, como Serrano o Prado-Recoletos, llevan carril especial

 

10 EL PAÍS  Cataluña

21/09/2009

Mercancías a Europa en tren

 

11 LA NUEVA ESPAÑA

24/09/2009

El Ministro visita la factoría de Talgo en Las Matas (Madrid), donde se fabrica el prototipo de ancho variable a 300 kilómetros por hora

 

12 EL PAÍS  NEGOCIOS

20/09/2009

"Prefiero salir al extranjero que contratos a dedo"

 

13 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO    

11/09/2009

Actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT(a))

 

14 Ecologistas en Acción – Área de Transporte

15 de septiembre de 2009

¿Es sostenible el transporte de tu ciudad?

 

15 Ecologistas en Acción – Área de Transporte

14 de septiembre de 2009

Menos automóviles para mejorar el clima

 

16 Ecologistas en Acción

15 de septiembre de 2009

Emisiones de CO2 de los coches: es posible reducir mucho más

 

17 Ecologistas en Acción

17 de septiembre de 2009

Transporte sostenible contra el cambio climático

 

18 Ecologistas en Acción

18 de septiembre de 2009

Semana de la Movilidad: España en la cola en el uso de bicicletas

 

19 Comisiones Obreras

24 de septiembre de 2009

CCOO pide que se facilite el uso de la bicicleta para ir al trabajo como medio de transporte alternativo

 

20 Ecologistas en Acción

21 de septiembre de 2009

DÍA SIN COCHES: ¿COMPRAR COCHES PERO NO USARLOS?

 

21 Ecologistas en Acción de Sevilla

22 de septiembre de 2009

Contradicciones entre los discursos de Movilidad Sostenible y las políticas reales

 

22 EUROPA PRESS

22/09/2009

Ecologistas critican las "contradicciones" entre la apuesta por una economía sostenible y el fomento del automóvil

 

23 EUROPA PRESS

22/09/2009

El 'Día sin coches' arranca con las retenciones "habituales" en las entradas a las grandes ciudades

 

24 EL PAÍS

23/09/2009

El Día sin Coches no se nota en las carreteras

 

25 Ecologistas en Acción

22 de septiembre de 2009

UN DÍA SIN COCHES QUE NO MOLESTE AL TRÁFICO

 

26 CCOO - Secretaría confederal de Medio Ambiente

21 de septiembre de 2009

El transporte sostenible reduce la accidentalidad viaria, incrementa la eficiencia energética, mejora la calidad del aire, evita la exclusión social y laboral, potencia la competitividad de la economía y no contribuye al cambio climático

 

27 Ecologistas en Acción

23 de septiembre de 2009

NI EE UU, NI LA UE HACEN AVANZAR LAS NEGOCIACIONES DEL CLIMA

 

28 Ecologistas en Acción

23 de septiembre de 2009

EXIGEN SOLUCIONES SOSTENIBLES A LAS CRISIS GLOBALES Y CRITICAN LA HIPOCRESIA DE ZAPATERO

 

29 SERVIMEDIA

16/09/2009

Ecologistas e Izquierda Unida piden al Gobierno una ley sobre fiscalidad ambiental

 

30 Ecologistas en Acción – Área de Transporte

16/09/2009

Premiar fiscalmente a los transportes más sostenibles

 

31 LA CERCA

16/09/2009

CCOO y organizaciones ecologistas proponen que se “premie fiscalmente” el uso del transporte público y otros no contaminantes

 

32 CCOO de Catalunya

22 de setembre de 2009

El compromís de CCOO amb la mobilitat sostenible i segura

 

33 EL PAÍS

24/09/1009

La producción de automóviles crece por primera vez en un año

 

34 EL PAÍS  Andalucía

16/09/2009

La Junta de Andalucía inyecta 203 millones en infraestructuras y ayudas a empresas

 

35 EL PAÍS  Comunidad de Madrid

22/09/2009

Mucho ruido para despertar conciencias

 

36 EL PAÍS  Comunidad Valenciana

20/09/2009

La Semana de la Movilidad Sostenible revela la necesidad de un urbanismo metropolitano que favorezca el transporte público y haga superfluo el coche

 

37 Ecologistas en Acción

8 de septiembre de 2009

LA QUIMERA DEL COCHE ELÉCTRICO

 

38 Ecologistas en Acción – Área de Transporte y Urbanismo

2 de septiembre de 2009

Recuperación de las ventas de automóviles: poco que celebrar

 

39 EL PAÍS

15/09/2009

Magna confirma los 10.500 despidos de Opel en Europa

 

40 PÚBLICO

20/09/2009

La planta de General Motors en la localidad zaragozana podría perder 1.700 empleos de los 7.500 que tiene

 

41 EL PAÍS  Galicia

19/09/2009

"El Plan Move es política social"

 

42 EL PAÍS  Comunidad Valenciana

19/09/2009

La Generalitat Valenciana amplía en 5 millones el incentivo a la compra de coches

 

43 SOITU

7/09/2009

Unas 300 personas gritan en Mérida "no" a la refinería Balboa y a las térmicas

 

44 EL PAÍS  Andalucía

16/09/2009

Nuevo vertido de crudo en la refinería Cepsa de Huelva

 

45 EL PAÍS  País Vasco

16/09/2009

Los sindicatos prevén al menos tres meses de parada en Petronor

 

46 EL PAÍS  Andalucía

22/09/2009

DOS KILÓMETROS DE COSTA MANCHADOS DE FUEL

 

47 ALAI
11/09/2009

El escándalo de los agrocarburantes en los países del Sur

 

48 EL PAÍS  Galicia

19/09/2009           

La Xunta pondrá más dinero para retener a las compañías de bajo coste

 

49 EL PAÍS  NEGOCIOS

20/09/2009

Las aerolíneas no han aprovechado la crisis para reestructurarse

 

50 EL PAÍS  Cataluña

9/09/2009

El Prat es el gran aeropuerto europeo que pierde más pasajeros

 

51 EL PAÍS

8/09/2009

Francia gravará a los ciudadanos por sus emisiones de CO2

 

52 EL PAÍS

20/09/2009

Copenhague huele a humo

 

53 Ecologistas en Acción – Área de Transporte

10 de septiembre de 2009

Ideas para que Zapatero reduzca el déficit

 

54 EL PAÍS

16/09/2009

El CSN acusa 'deficiencias' en el plan de Ascó para evitar fugas radiactivas

 

55 EL PAÍS  Andalucía

19/09/2009

La UE avala el plan de vigilancia de los fosfoyesos y los estudios radiológicos

 

56 EL PAÍS  Andalucía

7/09/2009

Cuenta atrás del fosfoyeso

 

57 EURONEWS

16/09/2009

Italia investiga el hundimiento de barcos con residuos radiactivos por parte de la mafia calabresa

 

58 EURONEWS

16/09/2009

El futuro nuclear vuelve a irrumpir en la campaña electoral alemana y enfrenta a la gran coalición

 

59 Ecologistas en Acción de Cádiz

18 de septiembre de 2009

Reunidos con el alcalde de Chipiona, para evaluar el proyecto eólico marino

 

60 PÚBLICO

19/09/2009

España no investiga lo suficiente en energía verde

 

61 LA VOZ

16/09/2009

La Junta dice no tener "conocimiento oficial" del parque eólico marino proyectado frente a Chipiona, según IU

 

62 EL PAÍS  Galicia

19/09/2009

Gas Natural aumentará un 40% la potencia de sus embalses gallegos

 

63 LA VOZ DE GALICIA

20/9/2009

Izquierda Unida denuncia un nuevo vertido en el Bermaña

 

64 EFE

19/09/2009

Más de 1.500 personas se manifiestan contra el trasvase del río Castril

 

65 EUROPA PRESS

19/09/2009

Varios colectivos convocan para hoy una manifestación en Granada contra el trasvase del río Castril

 

66 EUROPA PRESS

16/09/2009

IU C-LM lamenta que tanto PSOE como PP intentaran crear unas expectativas que no se podían llevar a cabo

 

67 Ecologistas en Acción de Almería

5 de septiembre de 2009

ECOLOGISTAS EN ACCION DE ALMERIA DENUNCIA EL ESTADO DE DEGRADACION NATURAL DEL HUMEDAL SITUADO EN LAS SALINAS DE SAN RAFAEL EN ROQUETAS DE MAR

 

68 EL PAÍS  Andalucía

13/09/2009

La Ley de Aguas choca con los privilegios

 

69 EL PAÍS  Galicia

14/09/2009

Las empresas que explotan embalses pueden secar los ríos legalmente

 

70 Amigos de Sierra Escalona

11 de septiembre de 2009

Tras tres años, Sierra Escalona sin PORN ni Parque Natural

 

71 EL PAÍS  Comunidad de Madrid

19/09/2009

El área protegida donde quiere edificar Torrelodones es intocable

 

72 EL PAÍS  Andalucía

12/09/2009

Defensa incumple un acuerdo para evitar vuelos militares en Cazorla

 

73 EL PAÍS  Andalucía

20/09/2009

Ecologistas y sindicatos piden restringir las maniobras militares para evitar incendios como el provocado por un caza en la Sierra de Cazorla

 

74 EL PAÍS  Comunidad de Madrid

16/09/2009

Menos ladrillo y más árboles en Navacerrada

 

75 EL PAÍS  Cataluña

20/09/2009

El 'ladrillo' amenaza el esquí

 

76 VIA CAMPESINA

7 de septiembre de 2009

Vía Campesina pide que la agricultura sea retirada en su totalidad del ámbito de la OMC

 

77 EL PAÍS

17/09/2009

El número de hambrientos supera por primera vez los mil millones

 

78 Ecologistas en Acción – Área de Agroecología

18 de septiembre de 2009

¡Pide transparencia en las decisiones sobre transgénicos!

 

79 Amigos de la Tierra

23 de septiembre de 2009

Casi la mitad de los experimentos con transgénicos al aire libre de la UE se realizan en territorio español

 

80 PÚBLICO

23/09/2009

El atún rojo se queda sin protección

 

81 EL PAÍS

15/09/2009

España presiona contra el veto de la UE a la exportación de atún rojo

 

82 PÚBLICO

20/09/2009

La privatización del mar

 

83 LA CRÓNICA DE GUADALAJARA

5/09/2009

La polémica por el encierro de Galápagos no cesa: IU se pone de parte del denunciante

 

84 Ecologistas en Acción de Rota

3 de septiembre de 2009

Abramos la playa a todos

 

85 ANDALUCÍA INFORMACIÓN

6/09/2009

Decepción y poco respaldo en la marcha de Ecologistas

 

86 Ecologistas en Acción – Área de Conservación de la Naturaleza

3 de septiembre de 2009

Comité Nacional por el Año Internacional de la Biodiversidad

 

87 PÚBLICO

20/09/2009

"Las críticas a los transgénicos vienen de la mala información"

 

88 EL PAÍS  Galicia

16/09/2009

Bruselas blindará los puertos contra la pesca ilegal

 

89 EL ECONOMISTA

19/09/2009

La Entesa pedirá que se retire la consideración de interés turístico nacional a las fiestas en las que se maltrate a animales

 

90 EL PAÍS

16/09/2009

El Toro de la Vega cuida su "pureza"

 

91 ECOPORTAL

18/09/2009

Hacia una sociedad libre de mercurio

 

92 LA NUEVA ESPAÑA

16/09/2009

«Una incineradora contamina en un año lo mismo que fumar un cigarro»

 

93 MURCIA

7/09/2009

IU reclama al Gobierno regional medidas “reales” para eliminar el uso de las bolsas de plástico

 

94 Ecologistas en Acción – Área de Residuos

2 de septiembre de 2009

Por la eliminación total de las bolsas de plástico de un solo uso

 

95 LA NUEVA ESPAÑA

12/09/2009

IU denuncia que la depuradora de Grado lleva más de medio año sin funcionar

 

96 Esquerra Unida del País Valencià

23 de septiembre de 2009

EU-IU DENUNCIA LA FALTA DE INSTALACIONES EN LA PLANTA DE RESIDUOS DE CAMPELLO Y SU RELACIÓN CON LOS MALOS OLORES

 

97 ECOPORTAL

22/09/2009

Hechizos políticos tras el desatino financiero: los engañosos “brotes verdes” de la economía mundial. Por qué la recuperación no será inmediata

98 Izquierda Unida

12 de septiembre de 2009

IU plantea una reforma fiscal más justa para que pague menos ese 65% de ciudadanos que gana hasta 21.000 euros al año y congelar impuestos a quien no ingresa más de 60.000 euros

 

99 EFE

12/09/2009

IU propone bajar los impuestos al 65% de los contribuyentes

 

100 PÚBLICO

12/09/2009

Cayo Lara propone reducir el IRPF al 65% de los contribuyentes

 

101 EL PAÍS

12/09/2009

Zapatero ve "interesante" la tasa francesa del carbono

 

102 EL PAÍS  NEGOCIOS

6/09/2009

Y ahora... sostenibles

 

103 PÚBLICO

17/09/2009

Impuestos verdes

 

104 Izquierda Unida

7 de septiembre de 2009

IU reclama que Chacón comparezca en el Congreso y le planteará que presente un calendario para el repliegue definitivo de las tropas de Afganistán

 

105 EL PAÍS  Comunidad Valenciana

14/09/2009

Las plantas apenas reciclan basura y envían más del 70% a vertederos

 

106 LA OPINIÓN DE TENERIFE

6/09/2009

La ministra de Defensa, Carme Chacón, solicitará al Parlamento aumentar en unos 200 soldados la misión

 

107 EL PAÍS

17/09/2009

Llamazares exige la retirada de las tropas de Afganistán

 

108 Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF

24 de septiembre de 2009

LAS ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS PIDEN DE NUEVO UN GIRO VERDE EN LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO

 

109 PÚBLICO

20/09/2009

Secreto bancario y paraísos fiscales

 

110 EFE

10/09/2009

Lara dice que es urgente traer de vuelta a los soldados de Afganistán

 

111 Juan Torres

25/09/2009

¿Por qué la llaman paz si es simplemente guerra?

 

112 Ecologistas en Acción – Área de Antiglobalización

2 de septiembre de 2009

La UE pacta negociaciones comerciales con los golpistas hondureños

 

113 Ecologistas en Acción – Área de Antiglobalización

10 de septiembre de 2009

Zapatero presenta la Ley de Crecimiento "Sostenido"

 

114 EL PAÍS

15/09/2009

La banca española pide al Banco Central Europeo una cifra récord

 

115 MIENTRAS TANTO

Septiembre 2009

Cuaderno de crisis/ 9

 

116 PÚBLICO

24/09/2009

La desigualdad y la crisis

 

117 PÚBLICO

14/09/2009

Cierre en falso de la crisis

 

118 PÚBLICO

10/09/2009

15.000 millones de impuestos

 

119 EL PAÍS  NEGOCIOS

13/09/2009

La recesión tardará más en superarse en España, que seguirá teniendo una tasa de paro más alta

 

120 EL PAÍS  NEGOCIOS

13/09/2009

¿Cómo pudieron equivocarse tanto los economistas?

 

121 EL PAÍS

12/09/2009

La abominación que no cesa

 

122 ECONOMÍA CRÍTICA O CRÍTICA DE LA ECONOMÍA

8/09/2009

La dimensión ecológica de la existencia social

 

123 PÚBLICO

22/09/2009

Priorizar el bienestar

 

124 FUNDACIÓN SISTEMA

25/09/2009

¿Por qué la patronal está equivocada?

 

125 EL PAÍS

15/09/2009

La antecámara del fascismo

 

126 MIENTRAS TANTO

Septiembre de 2009

Por qué no pude aceptar un premio

 

127 SERVIMEDIA

16/09/2009

La comisión constitucional pide más tiempo para estudiar la reforma del régimen electoral general

 

128 EUROPA PRESS

16/09/2009

IU censura la actuación "arbitraria" de los Cuerpos de Seguridad del Estado en la visita de los Reyes a Reinosa

 

129 EUROPA PRESS

12/09/2009

La Ejecutiva de IULV-CA aprueba por unanimidad la estrategia de la formación para los próximos meses

 

130 MUNDO OBRERO

12/09/2009

El XVIII ¿Otro congreso más?

 

131 Fundación Europa de los Ciudadanos

Escuela de Formación de Izquierda Unida

Rivas Vaciamadrid, del 25 al 27 de septiembre de 2009
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1 Izquierda Unida – Área Federal de Ecología y Medio Ambiente

6/09/2009

Soberanía alimentaria y agroecología

 

Documento aprobado por el Pleno del Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida celebrado el 20 de junio de 2009.

 

Apostamos por la soberanía alimentaria en el sector agrícola y ganadero, mediante la defensa e impulso de la explotación agrícola familiar, potenciando la recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y reconociendo el aporte medioambiental y de preservación de la biodiversidad que realizan la agricultura y la ganadería extensivas.

 

Entendemos por soberanía alimentaria el control de las comunidades campesinas sobre la agricultura y la alimentación, limitando las dependencias existentes respecto a los mercados mundiales, y aprovechando los recursos locales para establecer sistemas agroalimentarios sostenibles social y ecológicamente. Y como dice la organización de carácter mundial Vía Campesina, la soberanía alimentaria es un derecho por el que cada sociedad soberana organizada como estado independiente tiene la facultad de definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, adaptadas a su entorno físico, población y cultura, y respetando, a su vez, al resto de la humanidad, evitando que las prácticas agroalimentarias adoptadas tengan algún impacto negativo en las poblaciones de los demás países.

 

Este concepto, rompe con la organización actual de los mercados agrícolas puesta en práctica por la Organización Mundial del Comercio, OMC, y complementa la definición de seguridad alimentaria de la FAO, que se centra en la cantidad de alimentos disponibles, el acceso de las personas a ellos y la prevención y gestión de las crisis alimentarias, ya que la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de producción, de las condiciones sociales y medioambientales en la producción de los alimentos.

 

La soberanía alimentaria implica que todos los pueblos tienen derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y la capacidad para mantenerse a sí mismos. Por tanto, en el ámbito local, la soberanía alimentaria favorece la agricultura de proximidad destinada preferentemente a alimentar los mercados comarcales y autonómicos, agricultura familiar de pequeña escala y extensiva, de mayor eficiencia económica, social y ambiental que la agricultura industrial intensiva. La agricultura familiar favorece el uso de técnicas agrícolas ecológicas.

 

Las luchas de Vía Campesina y de movimientos sociales equivalentes por la soberanía alimentaria incorporan un amplio abanico de aspectos, tales como la reforma agraria, los mercados locales, las semillas, los bosques, la biodiversidad, la autonomía, la cooperación, la deuda ecológica, la salud, el agua, etc.

 

Los criterios de la OMC en este aspecto señalan que numerosas poblaciones, asentadas en muy diversos países, dependen para vivir de las exportaciones agrícolas por disponer su territorio y su práctica agrícola de alguna “ventaja comparativa” respecto a otros territorios y culturas del planeta. Y, según el punto de vista de la OMC, es insensato reclamar la autosuficiencia ya que la apertura de los mercados de los estados industrializados a las importaciones de esos productos agrícolas puede contribuir al desenvolvimiento económico de los países en vías de desarrollo. Adam Smith y David Ricardo señalaron en sus textos que obstaculizar la especialización productiva de los países y la división internacional del trabajo reduce el volumen de producción mundial y, por ello mismo, la renta de cada estado.

 

Sin embargo, la soberanía alimentaria incluye el concepto de comercio justo. La soberanía alimentaria no implica la autarquía e impedir los intercambios, lo que hace es situar en su sitio tanto la producción para el ámbito local como la producción para la exportación. En el marco del derecho mundial y bajo la autoridad de Naciones Unidas, se debe priorizar la seguridad alimentaria y la agricultura de proximidad, frente a la exportación, a la vez que se desenvuelve el intercambio con otras poblaciones y países en concordancia con la diversidad de nuestro planeta; y se deben impedir las subvenciones a la comercialización de alimentos por debajo de su coste de producción.

 

El problema de la agricultura familiar es, sobre todo, la falta de acceso a los propios mercados locales dada la competencia presente en ellos de productos importados con precios demasiado bajos. El acceso a la exportación, a los mercados mundiales, afecta sólo el 10% de la producción mundial, y ese acceso está controlado por unas cuantas empresas transnacionales y por las grandes empresas agroindustriales. El ejemplo de la comercialización de productos tropicales, como café, plátanos, etc, ilustra la situación del comercio mundial de alimentos de forma extraordinariamente clara, existe un acceso casi libre a los países del norte y a pesar de ello la agricultura familiar de los países del sur no pueden mejorar su situación económica, y menos aún tener un desarrollo humano, social y ecológicamente sostenible.

 

La soberanía alimentaria debe facilitar una agricultura familiar sostenible tanto en el Norte como en el Sur. Para poner en marcha la soberanía alimentaria, países del Norte y del Sur deben poder apoyar a su agricultura para garantizar el derecho a la alimentación de sus populaciones, preservar el medio ambiente, desarrollar una agricultura sostenible y protegerse contra las subvenciones que distorsionan los precios e impiden el comercio justo.

 

El actual modelo agrícola capitalista ha fracasado estrepitosamente por ser un modelo que está concentrando la propiedad de la tierra, el agua y la semilla en manos de terratenientes y multinacionales, por expulsar de la tierra a miles de campesinos, por mandar a la emigración, al paro y al hambre a las poblaciones que habitan en el mundo rural.

 

Hace falta un nuevo modelo agrícola sostenible, ético, respetuoso con las personas y con el medio ambiente y que no contribuya al cambio climático: La soberanía alimentaría. Consiste en el derecho que tienen los pueblos a decidir su propia política agraria y agroindustrial y a que la tierra sea considerada como un derecho y no como un negocio de un puñado de multinacionales.

 

Esta nueva concepción de la tierra, el agua y la semilla como derecho y no como una mercancía para especular es un cambio revolucionario que hoy reivindica millones de personas del campo en todo el planeta a través de la organización internacional Vía Campesina y que incluso ha llegado a debatirse en el seno de la FAO.

 

La aceptación de este concepto significa que la agricultura debe salir de la OMC y que requiere un cambio radical de la actual PAC. La soberanía alimentaría lleva consigo una nueva opción: la reforma agraria en la que la tierra, el agua y la semilla y su comercialización sea de la comunidad que habita y trabaja esos recursos.

 

También es necesaria la creación de canales cooperativos y solidarios de comercialización de productos agroalimentarios fuera del marco de las grandes transnacionales que puedan dar lugar a un comercio justo y a un contacto directo entre consumo y producción.

Soberanía alimentaría significa el derecho de las personas del mundo agrícola a decidir su propia siembra y las del resto a decidir quién y cómo producen sus alimentos.

 

Es necesaria la creación de bancos de semillas que sean investigados por instituciones públicas sin ánimo de lucro para mejorar las especies pero siempre en función del ser humano, la naturaleza y los bienestares colectivos.

 

Esta nueva concepción de la agricultura como cubridora de la primera necesidad humana que es la de alimentarse ese opone radicalmente a que se haga negocio con esta necesidad humana elemental y por tanto, se opone a la patente de semillas y a los transgénicos.

 

Desde IU tenemos que defender un Estado Español libre de transgénicos ya que el control de estas semillas en manos de un par de multinacionales es el colmo de la privatización de la naturaleza y de la vida, además de la contaminación que provoca de hecho en otras semillas y los efectos no controlados sobre la salud.

 

Soberanía alimentaría significa también la puesta por la agricultura ecológica para vender salud y alimentos en lugar de veneno.

 

Hay hambre en el mundo mientras se producen alimentos en abundancia. Pasan hambre más de 950 millones de personas, el 15% de la humanidad, y cada año se producen 6 millones de muertes de niños menores de edad a causa de la desnutrición, en un mundo que abunda en alimentos porque en el conjunto del planeta se producen en cantidad suficiente. Al tiempo, los organismos internacionales se reúnen en cumbres, reflexionan, consensúan y determinan políticas supuestamente encaminadas a erradicar el hambre. La más reciente se produjo en España, en Madrid, los días 26 y 27 de enero de 2009. También muchas ONG y agencias de desarrollo intentan impulsar estrategias para combatir el hambre y la desnutrición. Pero contrariamente a lo que cabría esperar de la cantidad de esfuerzos y recursos empeñados, el número de personas hambrientas, lejos de disminuir, continúa creciendo, y aún más en este momento de crisis del sistema, con crisis parciales en los ámbitos alimentario, financiero, inmobiliario, energético,…

 

De ahí que el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de IU promueva, dentro de esta organización política, en los movimientos sociales y en la sociedad en general, criterios de producción y consumo alimentarios que eliminen las amenazas del hambre y de la pérdida de salud. El citado Área toma en consideración que las necesidades básicas de los seres humanos son la salud (estado de completo bienestar físico, mental y social) y la autonomía (no depender de las demás personas), con el objetivo universal de participar satisfactoriamente en la vida social. Y asume que cubrir esas dos necesidades básicas exige de alimentación y agua adecuadas, lo cual exige a su vez una producción agroalimentaria sostenible económica y ambientalmente, accesible y equitativa, justa y solidaria, y capaz de alcanzar altos niveles de salubridad y calidad. También exige otras condiciones igualmente básicas como acceso a la vivienda, ambiente físico, urbano y laboral sano, atención sanitaria apropiada, seguridad física y emocional, seguridad económica, enseñanza básica, embarazo y nacimiento seguros, reproducción y cuidado, actividad productiva, creación y transmisión cultural, y organización política participativa.

 

Considerando todo lo que está en juego, es preciso valorar los múltiples impactos que cada política alimentaria tiene sobre todas las actividades implicadas -producción, distribución y consumo- así como sobre el medio ambiente y la vida social. No se puede considerar la alimentación desde el punto de vista exclusivo de los intereses de la gran industria y la gran distribución, sino desde el de la ciudadanía corrigiendo el desconocimiento existente sobre la realidad de lo que se produce, cómo se produce, la tecnología utilizada, los impactos ambientales, a quién incluye, a quién excluye y por qué. No debemos olvidar que se está promoviendo y protegiendo toda una gama de productos alimentarios de alta calidad y alto coste, de forma que puede acabarse plasmando una alimentación a dos velocidades: una alimentación de calidad y diversificada para los grupos sociales con mayor poder adquisitivo y una alimentación poco diversificada, de baja calidad, e incluso escasa, para las capas desfavorecidas. La calidad alimentaria no debe ser un criterio de distinción sino un derecho universal.

 

Es necesario reclamar la prioridad de la protección ambiental en cualquier política alimentaria. En un mundo amenazado por el cambio climático y sus consecuencias sobre las zonas agrícolas más vulnerables, hemos de ser capaces de definir criterios orientados a la sostenibilidad global de las actividades agroalimentarias más que a la mera protección del territorio, estableciendo pautas de control del conjunto de variables que inciden en el impacto ecológico, desde el ahorro energético hasta el ahorro de agua pasando por la gestión integral de los residuos. Un factor clave es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circuitos cortos de comercialización, prestando especial atención a las bases productivas de cada territorio, puesto que producir y distribuir las mercancías alimentarias mediante la  producción agroindustrial a gran escala y con destino al mercado internacional, incrementa la especulación en los precios de los alimentos y la concentración de tierras, recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, mientras empobrece a los pequeños productores y condena a la desnutrición y al hambre a millones de personas de los países más desfavorecidos.

 

Es pues evidente que la seguridad y la calidad alimentaria, la seguridad ambiental y la justicia social son tres elementos que han de convivir en armonía en las políticas alimentarias a impulsar. Así se conseguirán formas de producción favorables para todas las personas y no tendencias que a corto plazo nos conducen a la persistencia del hambre en el mundo, a medio plazo a graves crisis ambientales y a largo plazo a un futuro inquietante.

 

 

 

Agricultura ecológica

 

 

La agricultura ecológica, se pueden definir como un compendio de técnicas agrarias cuyo objetivo esencial es la obtención de alimentos con todas sus propiedades naturales mediante la utilización óptima del entorno físico, la preservación del medio ambiente y el mantenimiento o incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc.

 

Desde IU proponemos una agricultura ecológica que establezca pautas para el proceso de transición desde los métodos comúnmente utilizados en la actualidad a los métodos estrictamente ecológicos, reduciendo el uso de abonos químicos, disminuyendo el uso de fitosanitarios, etc.

 

En España, la agricultura ecológica está regulada legalmente desde 1989, cuando se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", que fue de aplicación hasta la entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Luego, desde el 1 de enero de 2009, fecha de aplicación, la producción ecológica se encuentra regulada por el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo Europeo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga en el Reglamento (CEE) 2092/91 y por los Reglamentos: R(CE) 889/2008 de la Comisión Europea, por el que se establecen disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control, y R(CE) 1235/2008 de la Comisión Europea, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007, en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países.

 

El control y la certificación de la producción agraria ecológica es competencia de las Comunidades Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por autoridades de control públicas, a través de Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales que son organismos dependientes de las correspondientes Consejerías o Departamentos de Agricultura, o directamente por Direcciones Generales adscritas a las mismas. Sin embargo, las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla - La Mancha, han autorizado organismos privados para la realización de estas funciones y, en el caso de Aragón, las autoridades competentes han designado una autoridad de control pública y han autorizado a su vez organismos de control privados.

Como distintivo para que el consumidor pueda distinguir en el mercado los productos de la agricultura ecológica, todas las unidades envasadas, además de su propia marca y alguna de las menciones específicas de la agricultura ecológica, llevan impreso el código de la autoridad y organismo de control o un logo específico, con el nombre y el código de la entidad de control. También puede ir impreso el logo comunitario de la agricultura ecológica, que será obligatorio a partir del 1 de julio de 2010, en las condiciones establecidas en la normativa.

Todo
ello significa que la finca o industria donde se ha producido o elaborado el producto, está sometida a los controles e inspecciones correspondientes de la Autoridad o del Organismo establecido al efecto en la respectiva Comunidad Autónoma. Constituye, a su vez, la única garantía oficial de que el producto responde a la calidad supuesta por el consumidor y cumple las normas establecidas en el Reglamento (CE) 834/2007 y sus disposiciones de aplicación.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece ser que España reúne condiciones para la agricultura ecológica por su favorable climatología y los sistemas extensivos de producción que se aplican en un gran número de cultivos. En lo que respecta a la producción animal, la conservación de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por la apicultura, cuyo manejo ha dado lugar a la obtención de productos de gran calidad por la abundancia y variedad de la flora melífera existente en España.

España registró en el año 2007 la segunda mayor superficie dedicada a la producción ecológica de toda la Unión Europea. El significativo aumento registrado en 2008 la situará, con casi toda seguridad, en el Estado Miembro de la Unión Europea con mayor superficie dedicada a este sector. Sin embargo, España adolece de un bajo nivel de consumo interno y un conocimiento insuficiente de estos productos por parte de la ciudadanía. Al mismo tiempo depende de forma acuciante de la exportación.

En Europa
hay un gran número de granjas familiares (8 millones, el triple que en los EE. UU.), con un tamaño medio pequeño (15 hectáreas, comparado con las 185 de los EE. UU.). Más del 5% (16 millones) de la población activa trabajan en la agricultura. Las áreas rurales representan el 80% del territorio de la UE y el 23% de su población. Todavía se destina casi el 50% del presupuesto a la agricultura.

 

 

 

Por un medio rural vivo y sostenible

 

 

Izquierda Unida impulsa una profunda revisión de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la UE. Entendemos que ésta debe estar dirigida hacia el derecho de todos los pueblos del mundo a decidir sobre su política agrícola y ganadera por sí mismos, en el entendimiento de un completo respeto al medio ambiente.

 

Nos oponemos a todo cambio en la PAC que amenace políticas públicas agrícolas. La agricultura y la ganadería han de estar fuera de las negociaciones de la OMC porque nos oponemos a que la agricultura se convierta cada vez más en un campo de juego para los actores neoliberales y a las medidas liberalizadoras a escala mundial.

 

La política agraria desarrollada hasta el momento ha considerado la eliminación de empleo en el sector agrario como algo positivo que favorecía la competitividad de la agricultura, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas que este declive tenía en muchas zonas rurales. Esta evolución ha comprometido el desarrollo de los territorios rurales, cortando el vínculo entre agricultura e industria agroalimentaria y provocando la deslocalización de esta última.

 

El impacto de la PAC en España no ha sido positivo y esto se ha agravado con la reforma de 2003 y sus adaptaciones específicas para el caso español. Las personas activas en la agricultura han descendido en un 8% y se sitúa en el 4% del conjunto de la población activa. La renta agraria es el 65% de la media de renta de los diferentes sectores productivos. El resultado de estas políticas es la clamorosa injusticia que supone el diferencial de precios entre lo pagado a la agricultura y lo que paga el consumo, que hoy se sitúa entre el 400 y el 500%.

 

La dependencia de nuestra agricultura de las importaciones es creciente, precisamente por el paradigma en el que se basa la PAC en el que lo importante son los precios baratos. Pero la entrega del comercio agrícola a los grandes monopolios y la consiguiente especulación ha hecho quebrar ese paradigma.

 

El modelo de agricultura de Izquierda Unida no es el que se configura con la actual PAC, el modelo de IU supone un territorio rural ocupado de manera armónica por miles de personas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Un sector productivo conformado por hombres y mujeres que de forma directa y personal viven de su trabajo en el campo, con unas condiciones justas para mantener un medio rural vivo. Los apoyos públicos siempre que sean necesarios, y los derechos de producción en su caso, deben dirigirse a favor de este modelo social de agricultura.

 

La alimentación debe ser considerada un elemento estratégico para el conjunto de la sociedad y así se explica la necesidad de políticas públicas para mantener un modelo social y ecológico de agricultura y alimentación.

 

Los pagos desacoplados de la PAC no pueden legitimarse ni económica, ni socialmente. Son un instrumento pensado exclusivamente para favorecer la reconversión y abandono del sector agrario. La UE debe cambiar su política neoliberalizadora radical y debe reinstaurar los mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrícolas.

 

La PAC está impulsando un modelo de agricultura industrial especulativo, concentrando la producción en aquellos territorios que permiten obtener grandes volúmenes de producción a bajo coste. Normalmente estas producciones se hacen en régimen de monocultivo, lo que es ambientalmente insostenible.

 

El sistema de producción industrial especulativo y deslocalizado está adaptado a la liberalización del comercio agrario en el ámbito mundial, acelerando así la degradación de los ecosistemas dónde se asienta y limitando las posibilidades de abastecimiento de alimentos en los países empobrecidos.

 

El sector agrícola y ganadero se considera un sector difuso en cuanto a la emisión de gases con efecto invernadero. Determinadas prácticas como la agricultura con uso intensivo de energía, agua, fertilizantes y agroquímicos han provocado el incremento de los niveles de emisiones de estos gases. También las emisiones de gas metano procedente de la actividad ganadera industrial contribuyen al cambio climático, no sólo de forma directa sino también a través de los cambios en los usos del suelo debidos a la creciente demanda de materias primas alimentarias por parte del sector ganadero como consecuencia del creciente consumo de carne en todo el mundo. Por el contrario un manejo sostenible de las tierras y otros ecosistemas agrícolas puede ofrecer un gran potencial para reducir el efecto invernadero.

 

Respecto a la ganadería y la acuicultura, IU debe propiciar un cambio en el consumo alimentario reduciendo la ingesta de carne y pescado, sustituyéndolos por legumbres y verduras, es decir comiendo más vegetales y menos animales.

 

Se puede adaptar la agricultura para que sea no solamente un emisor de gases con efecto invernadero mucho menor, sino también para que se convierta en un sumidero de carbono que nos ayude a revertir la contribución al cambio climático. Al mismo tiempo, esto también reduciría el resto de desastres ambientales debidos a los fertilizantes, como la eutrofización de las aguas o la explosión de poblaciones de determinadas algas en lagos y mares de todo el planeta.

 

La agricultura sostenible a escala local, en el marco del modelo social de agricultura, con un uso eficiente de los recursos de producción, contribuye eficazmente a la lucha contra el cambio climático. Es necesario reformar esta PAC de forma coherente con los objetivos de la lucha contra el cambio climático que se ha marcado la propia Europa. El modelo de consumo alimentario deslocalizado está transportando los alimentos de una punta a otra del globo terráqueo, a costa de un gran coste energético, mientras se abandonan los mercados locales y se condena a la pobreza a innumerables personas agricultoras y campesinas.

 

En este camino hay que huir de soluciones engañosas como la utilización de cultivos modificados genéticamente ya que no resolverán ninguna crisis medioambiental sino que, por si mismos, suponen un riesgo para el medio ambiente, para la seguridad y la salud, además de incrementar la dependencia de las agroindustrias.

 

Hasta ahora, la producción de agrocombustibles se ha limitado principalmente a la explotación de un recurso de materia prima barata, para procurar un valor añadido extraordinario a las grandes empresas que controlan el mercado internacional de materias primas alimentarias y a las distribuidoras del petróleo que acaban haciéndose con el control de la transformación y distribución, como ya lo tienen de las fuentes de energía fósiles, reproduciendo el mismo sistema de oligopolio especulativo a costa de productores y consumidores.

 

Izquierda Unida se opone a la actual política de la Unión Europea en relación a la producción de agrocombustibles consistente en un modelo industrial intensivo, con abastecimiento desde terceros países, dónde provoca graves situaciones de destrucción ambiental y desequilibrios en la producción de alimentos, siendo uno de los detonantes de la crisis alimentaria actual. La superficie agrícola europea debe destinarse prioritariamente a la producción de alimentos. Los cultivos destinados a la producción de agrocombustibles sólo podrán establecerse en las superficies destinadas a la retirada de tierras.

Dentro de la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático hay que situar el fomento de la agricultura ecológica que al mismo tiempo es un sector generador importante de empleo y de ocupación armónica del territorio agrario. Se hace necesario un Plan Estratégico Europeo de la Agricultura y la Ganadería Ecológicas. Con ayudas específicas para este sector, tanto en lo referente a la producción, como a la comercialización, investigación y concienciación. Para que ello sea posible, Izquierda Unida apuesta por un cambio en los fundamentos de la política agraria para que verdaderamente apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible.

Por todo ello:

+ Apoyamos la exigencia de soberanía alimentaria

+ El acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos se debe regular para llevar a cabo una verdadera reforma agraria en Europa y en otros continentes.

+ Demandamos una política de desarrollo rural integral: el desarrollo de la producción agrícola y las oportunidades de empleo deberían constituir el criterio central del desarrollo rural, con la aplicación de políticas basadas en el sector, apoyando la biodiversidad agrícola y el empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres.

+ Defendemos que los subsidios deberían darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo criterios de beneficio de los grandes productores en algunos sectores. Tenemos que empezar por reorientar la distribución del presupuesto de la PAC y hacerlo, en particular, hacia las necesidades de las zonas rurales, la agricultura familiar y las zonas desfavorecidas y las zonas montañosas.

+ Rechazamos la homogeneización del pago único por explotación, ligada al desacoplamiento de las ayudas directas y en cualquier caso, debería ser de aplicación voluntaria para los Estados Miembros.

+ Todas las ayudas deben estar vinculadas, específicamente a la actividad desarrollada en las explotaciones agrarias lo que supone una ayuda por activo agrario. Eliminando las ayudas directas de la PAC a los titulares que abandonen el sector.

+ El recorte modulado de las ayudas, no puede afectar a los titulares que viven de la actividad agraria y, en todo caso, debe plantearse un recorte drástico a partir de

100.000 .

+ Rechazamos los aumentos indiscriminados de las cuotas lácteas que benefician a los países del Centro de Europa, así como la supresión de la regulación de la producción tanto en el sector lácteo como en el sector vitivinícola, sectores ganaderos, etc.

+ Proponemos desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de la agricultura, sobre el modelo de la explotación familiar agraria sostenible. Debemos mejorar la calidad de vida en el medio rural creando empleo, con estrategias de diversificación e innovación, atención a las situaciones de dependencia, formación e implantación de nuevas tecnologías y desarrollo sostenible. La agroganadería ecológica debe ser objetivo estratégico de las políticas agrarias como alternativa a la actual PAC y como defensa de la soberanía alimentaria. Este impulso a la agricultura y a la ganadería ecológicas que debe ir acompañado del fomento de nuevos hábitos, de consumo alimentario, más saludables y ecológicamente sostenibles.

+ La Agricultura del siglo XXI tiene que cubrir un aspecto multifuncional: la protección del material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de los granjeros a tener sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de la agricultura y la ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente en la producción de alimentos, defendiendo y valorando la denominación de origen, incluso en los mercados no europeos.

xxxxx

 

2 IU de Castilla – La Mancha

5 de septiembre de 2009

PROPOSICIÓN DE LEY DE TRANSPORTE SOSTENIBLE PARA

CASTILLA LA MANCHA

 

Título I Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

Esta Ley tiene por objeto establecer los principios y objetivos a los que debe responder una gestión de la movilidad de las personas y del transporte de las mercancías dirigida a la sostenibilidad y la seguridad, y definir los instrumentos y órganos adecuados para garantizar una movilidad sostenible basada en dichos principios.

Articulo 2. Ambito de aplicación

Esta Ley será de aplicación a la movilidad que se realiza con los sistemas de transporte terrestre, por cualquiera de sus medios.

Artículo 3. Definiciones

A los efectos de la presente Ley se definen los siguientes conceptos:

a) Accesibilidad: Capacidad de llegar en condiciones adecuadas a los lugares de residencia, trabajo, formación, asistencia sanitaria, interés social, prestación de servicios u ocio, desde el punto de vista de la calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad y servicios de transporte.

b) Autoridad de Transporte Público (ATP): organismo de carácter público responsable de la planificación y gestión del sistema de transporte público en un área metropolitana. Creación de un Consorcio Regional de Transportes para Castilla la Mancha.

c) Coste externo o externalidad del transporte: Efectos sociales y ambientales o conjunto de costes que el sistema de transporte no integra en sus precios de funcionamiento, compuestos por los costes de la congestión y de la contaminación atmosférica y acústica, y por los derivados de los siniestros y sus consecuencias, del uso del espacio público, del uso de la energía, de los recursos consumidos para la fabricación y disposición de un modo mecanizado de transporte y del impacto indirecto sobre el territorio y la biodiversidad, así como sobre la salud pública y laboral.

d) Desplazamiento: Itinerario, con origen y destino definidos, en el que se utilizan uno o varios medios de transporte y que se puede dividir en una o varias etapas.

e) Medio de transporte: Conjunto de técnicas, instrumentos y dispositivos de características homogéneas en cuanto a la tecnología que se utilizan para el transporte de personas o mercancías, incluida la marcha a pie.

f) Movilidad: Conjunto de desplazamientos que las personas y los bienes deben hacer por motivo laboral, formativo, sanitario, social, cultural o de ocio, o por cualquier otro.

g) Movilidad sostenible: Movilidad que se satisface en un tiempo y con un coste razonables y que minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas.

h) Transporte colectivo: Transporte conjunto de varias personas.

i) Transporte público: Servicio de transporte de personas cuyo precio es aprobado por la administración competente.

Artículo 4. Principios

Son principios inspiradores de la presente Ley los siguientes:

a) El impulso para alcanzar una movilidad sostenible.

b) El derecho de los ciudadanos a la accesibilidad en unas condiciones de movilidad adecuadas y seguras y con el mínimo impacto ambiental posible.

c) La organización de un sistema de distribución de mercancías sostenible.

d) La prioridad de los medios de transporte social, ecológico y sostenible sobre el vehículo privado.

e) El fomento e incentivación del transporte público y colectivo la extensión del sistema ferroviario de Cercanías. Creación de redes circulares que enlacen las existente de índole radial

f) La cooperación institucional tanto entre diferentes autoridades de transporte como entre diferentes administraciones con competencias sectoriales que inciden en la configuración y necesidades de transporte.

g) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas.

h) La distribución adecuada de los costes de implantación y gestión del transporte, incluyendo la participación de las empresas en la financiación de las infraestructuras y los servicios de los que vayan a ser beneficiarios.

i) El fomento del desarrollo urbano sostenible y el uso racional del territorio, reduciendo las necesidades de movilidad de personas y mercancías.

j) El cumplimiento de los tratados internacionales vigentes relativos a la preservación del clima en lo que concierne a la movilidad.

Artículo 5 Objetivos

Los objetivos que persigue esta ley son:

a) Integrar las políticas de desarrollo urbano y económico y las políticas de movilidad de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y se garantice plenamente la accesibilidad a los centros de trabajo, residencias y puntos de interés cultural, social, sanitario, formativo o lúdico, con el mínimo impacto ambiental y de la forma más segura posible.

b) Adecuar progresivamente el sistema de cargas y tarifas directas sobre la movilidad a un esquema que integre las externalidades, que equipare transporte público y privado en lo que concierne a los costes de producción y utilización de los sistemas, y que regule la accesibilidad ordenada al núcleo urbano y al centro de las ciudades y disuada de hacer un uso poco racional del vehículo privado.

c) Planificar la movilidad sobre la base de la prioridad de los sistemas de transporte público y colectivo.

d) Mejorar la eficiencia del transporte y la calidad de los servicios prestados por el mismo.

e) Atender las necesidades de movilidad de las personas y de los flujos de mercancías en condiciones de capacidad, calidad, seguridad y sostenibilidad adecuadas.

f) Atender adecuadamente a las condiciones de movilidad de las personas con discapacidad.

g) Establecer mecanismos de coordinación para aprovechar al máximo los transportes colectivos, ya sean transportes públicos o transporte escolar o de empresa.

h) Promover los medios de transporte urbano más ecológicos, especialmente los de tracción no mecánica, como ir a pie o en bicicleta y desincentivar los medios de transporte menos ecológicos.

i) Promover sistemas innovadores que favorezcan un uso más racional del vehículo motorizado privado, como el coche multiusuario o el coche compartido.

j) Poner en marcha fórmulas de integración tarifaria del transporte público en las áreas metropolitanas y promover medidas financieras que incentiven la utilización del transporte público. Modificación del Abono de Transporte en Guadalajara y Toledo, e integrar estas provincias en la corona C2 del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

k) Ajustar los sistemas de transporte a la demanda en zonas de baja densidad de población, especialmente en los núcleos rurales y en los alejados de los centros y núcleos urbanos, y garantizar la intercomunicación de éstos con los centros urbanos.

l) Ajustar los sistemas de transporte colectivo a la demanda en los polígonos industriales y grandes centros de actividad.

m) Disminuir la congestión de las zonas urbanas por medio de medidas incentivadoras y de fomento del uso del transporte público y por medio de actuaciones disuasivas de la utilización del vehículo privado en los centros de las ciudades, con el fin de mejorar la calidad del aire en aquellas.

n) Mejorar la velocidad comercial del transporte público de viajeros.

o) Disciplinar el tráfico y exigir el cumplimiento de las normativas sobre prevención de la contaminación atmosférica y acústica, especialmente en los municipios con una población de derecho superior a veinte mil habitantes.

p) Fomentar actuaciones que contribuyan a la mejora de la seguridad viaria y a la reducción de la accidentalidad.

q) Analizar las políticas de planificación e implantación de infraestructuras y servicios de transporte con criterios de sostenibilidad y racionalizar el uso del espacio viario, de modo que cada medio de desplazamiento y cada sistema de transporte dispongan de un ámbito adecuado a sus características y a los principios de la presente Ley.

r) Introducir de forma progresiva los medios teleinformáticos y las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad, con el objetivo de garantizar una movilidad racional, ordenada y adecuada a las necesidades de los ciudadanos.

s) Promover la construcción de aparcamientos disuasorios para automóviles y motocicletas en las estaciones de tren y autobús y en las principales paradas de autobús con el fin de favorecer el intercambio modal, y en los accesos a las ciudades, con capacidad suficiente, en ambos casos, para atender la demanda de los usuarios y con un precio de aparcamiento, si existe, adecuado a su finalidad. Promover, asimismo, la construcción de aparcamientos seguros y adecuados para bicicletas en las estaciones de tren y autobús.

t) Avanzar en la definición de políticas que permitan el desarrollo armónico y sostenible del transporte de mercancías, de modo que, sin dejar de atender la demanda del mismo, se minimice su impacto, especialmente mediante el fomento de la intermodalidad con otros medios, como el ferroviario y el marítimo.

u) Promover la intermodalidad del transporte de mercancías, dotando las diferentes regiones y los ejes básicos de conectividad de las infraestructuras necesarias.

v) Impulsar el uso eficiente de los recursos energéticos con el fin de disminuir las emisiones que provocan el efecto invernadero y luchar contra el cambio climático conforme a los tratados internacionales vigentes sobre la materia.

x) Promover una política intensa de educación ambiental en materia de movilidad sostenible.

y) Promover e incentivar el uso de combustibles de bajo impacto ambiental alternativos al petróleo, especialmente en el transporte colectivo y en el ámbito urbano.

z) Vincular la planificación urbanística con la oferta de transporte público.

Artículo 6 Funciones de la Administración General del Estado

Competen a la Administración General del Estado las siguientes funciones:

a) Ampliar el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte y aplicar los Planes Sectoriales de ámbito estatal, así como las Directrices para la Movilidad Sostenible.

b) Actuar en todo momento en coordinación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Estudiando en tiempo real, las necesidades de transportes de los núcleos urbanos actuales.

c) Fijar los objetivos generales de la política de transporte.

d) Asegurar la coordinación de los distintos modos de transporte.

e) Contribuir a la financiación de infraestructuras de transporte y de actuaciones dirigidas hacia una movilidad sostenible.

f) Representar a España en los organismos internacionales equivalentes.

Capítulo II Instrumentos de planificación

Artículo 7 El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte.

1. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) es el instrumento del Gobierno para la planificación global del transporte a medio plazo. El PEIT establece un marco estable para la política de transporte, tanto en lo que se refiere a las infraestructuras como en lo relativo a los servicios, buscando la coordinación activa con el resto de administraciones y basándose en los principios, objetivos y directrices establecidos en esta ley.

Artículo 8 Los Planes Sectoriales de Transporte.

1. A partir de los objetivos, principios y directrices fijados en la presente ley y en el PEIT el Gobierno desarrollará Planes Sectoriales de Transporte con un horizonte temporal inferior al de aquél.

2. El Gobierno desarrollará al menos los siguientes planes sectoriales:
+ Plan Sectorial de Carreteras.
+ Plan Sectorial de Transporte Ferroviario.
+ Plan Sectorial de Transporte por Carretera.
+ Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos.
+ Plan Sectorial Sectorial de Transporte Aéreo.
+ Programa de Innovación en el transporte.
+ Programa de I+D+I en el Transporte
+ Programa de Promoción de los transportes no motorizados.

3. Las inversiones contempladas en el PEIT para el ámbito urbano y metropolitano se vincularán a la previa aprobación de PDAMS y PMUS, así como a la adecuación de estos a los objetivos, principios y directrices de esta ley.

Artículo 9 Directrices para la movilidad Sostenible

1. Las Directrices para la movilidad sostenible constituyen el marco orientador para la aplicación de los objetivos de movilidad de la presente Ley mediante el establecimiento de orientaciones, criterios, objetivos temporales, propuestas operativas e indicadores de control. Estas Directrices deben establecer la relación entre la movilidad terrestre y el resto de medios, marítimos y aéreos, y los servicios necesarios para que funcionen. Deben establecer también la relación entre el uso del suelo y la oferta de transporte.

2. Las Directrices para la movilidad sostenible se revisarán, como mínimo, cada seis años.

Artículo 10 El Plan Director Autonómico de Movilidad Sostenible para Castilla la Mancha (PDAMS)

1. La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha elaborará un Plan Director Autonómico de Movilidad Sostenible cuyo objeto será el desarrollo en su ámbito territorial de los siguientes aspectos:

a) Diagnóstico, seguimiento y gestión de la movilidad de la zona.

b) Ordenación del tráfico interurbano de automóviles.

c) Promoción y financiación adecuada de las infraestructuras y servicios de los transportes públicos colectivos.

d) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie en áreas urbanas.

e) Ordenación y explotación de la red viaria principal de la zona.

g) Organización del aparcamiento intrazonal.

h) Transporte y distribución de mercancías.

2. El Plan autonómico de movilidad sostenible contendrá un diagnóstico de la situación, los objetivos a conseguir, las medidas a adoptar y los mecanismos de financiación y programa de inversiones.

3. El proceso de elaboración y tramitación del Plan Director autonómico de movilidad sostenible debe garantizar la participación de los entes locales afectados, de los organismos y entidades representativos en el ámbito de la movilidad, y de los órganos administrativos cuyas competencias pueden quedar afectadas.

4. Las determinaciones del Plan Director Autonómico de Movilidad Sostenible deben ser incorporadas por los instrumentos y los documentos de planificación de rango inferior y, en general, por los instrumentos de planeamiento urbanístico o sectorial.

5. La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha debe desarrollar planes sectoriales para los diferentes medios o infraestructuras de movilidad, tanto en el caso de transporte de personas como en el caso de transporte de mercancías, así como planes territoriales específicos para zonas intermedias entre la Comunidad autónoma y el municipio, como es el caso de las áreas metropolitanas. En la elaboración del Plan Director Autonómico de Movilidad Sostenible participarán los entes locales afectados, las correspondientes autoridades de transporte y los organismos y entidades sociales representativos en el ámbito de la movilidad y el medio ambiente.

Artículo 11 Los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS)

1. Los planes de movilidad urbana sostenible son el instrumento básico para configurar las estrategias de movilidad sostenible de los municipios. La iniciativa para elaborar y aprobar los planes de movilidad urbana sostenible corresponde a los ayuntamientos.

2. La elaboración y aprobación de los planes de movilidad urbana sostenible son obligatorias para los municipios que, de acuerdo con la normativa de régimen local o el correspondiente plan director autonómico de movilidad sostenible, deban prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros. Del mismo modo son obligatorios para aquellas localidades de más de 20.000 habitantes en las que los niveles de uno o más contaminantes atmosféricos superen los objetivos de calidad del aire establecidos por la normativa en vigor.

3. El contenido de los planes de movilidad urbana sostenible debe adecuarse a los criterios y orientaciones establecidos por los planes directores de movilidad de su ámbito y, si procede, a los planes específicos. Los PMU incluirán un diagnóstico de la situación, los objetivos a conseguir, las medidas a adoptar y los mecanismos de financiación y programa de inversiones.

4. En el proceso de elaboración de los planes de movilidad urbana sostenible debe quedar garantizada la participación del consejo territorial de la movilidad y de los organismos, entidades y sectores sociales vinculados a la movilidad y al medio ambiente. Antes de aprobarlos, es preciso el informe de la autoridad territorial competente en materia de infraestructuras y servicios de transporte. En este informe, el ente correspondiente debe pronunciarse sobre la coherencia del plan con los criterios y orientaciones establecidos por el correspondiente plan director autonómico de movilidad y debe velar por la misma.

5. Los planes de movilidad urbana se revisarán cada seis años.

Articulo 12. Planes de movilidad a polígonos industriales o empresariales.

1. A partir de los planes de movilidad urbana los ayuntamientos deben desarrollar planes de movilidad sostenible a los polígonos industriales o empresariales, así como a las grandes áreas comerciales, parques de ocio o campus universitarios de su ámbito territorial.

2. En la financiación de las infraestructuras o los servicios de transporte participarán las empresas instaladas en los mismos. Los ayuntamientos y, en su caso, las autoridades de transporte público (ATP) establecerán las formas y porcentajes de financiación por parte de las empresas del transporte público o colectivo. Las empresas que dispongan de servicios de transporte colectivo para sus trabajadores que cubran al menos un 25% de sus viajes al centro de trabajo estarán exentas de esta contribución.

3. En el caso de que un polígono industrial o empresarial esté situado en dos o más términos municipales la elaboración, desarrollo y financiación del plan de movilidad será realizado conjuntamente por dichas administraciones.

Artículo 13. Planes de Transporte de Empresas (PTE)

1. Las empresas o administraciones públicas con centros de trabajo de más de 200 trabajadores elaborarán y desarrollarán en los mismos planes de transporte de empresa que reduzcan la utilización del automóvil en el transporte de sus trabajadores y fomenten otros modos menos contaminantes. Las empresas presentarán estos planes al ayuntamiento correspondiente.

2. En la elaboración y desarrollo de los planes de transporte de empresa participarán los representantes de los trabajadores.

Artículo 14. Evaluación Ambiental de Planes de Movilidad

Los planes de transporte y de movilidad de ámbito estatal, autonómico o municipal serán sometidos a una evaluación ambiental conforme a lo dispuesto en la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Artículo 15. Estudios de viabilidad

1. Los estudios de viabilidad constituyen un instrumento que tiene por objeto evaluar el impacto que comporta la creación, modificación o adaptación de una infraestructura o un servicio de transporte, tanto desde el punto de vista de la oferta y la demanda como desde las perspectivas económico-financiera, ambiental, de seguridad y funcional. La evaluación de cada estudio debe tener presente la realidad poblacional, social y laboral de las diferentes zonas y debe aplicar los criterios correspondientes a estas diferencias.

2. Los planes directores autonómicos de movilidad sostenible y los planes de movilidad urbana sostenible deben disponer para cada nueva infraestructura de transporte prevista de un estudio de viabilidad que contenga:

a) la evaluación de la demanda

b) el análisis de los costes de implantación y amortización, y de los costes e ingresos de operación y mantenimiento

c) la valoración de los posibles impactos medioambientales

d) de los costes sociales

e) un análisis de funcionalidad que garantice la eficacia y seguridad del sistema.

Artículo 16. Estudio de evaluación de la movilidad generada

1. El estudio de evaluación de la movilidad generada es un instrumento que evalúa el incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva planificación, intervención urbanística o una nueva implantación de actividades y la capacidad de absorción de los servicios viarios y sistemas de transporte, incluidos los sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en bicicleta o a pie. Asimismo, valora la viabilidad de las medidas propuestas para gestionar de modo sostenible la nueva movilidad y, especialmente, las fórmulas de participación del promotor o promotora para colaborar en la solución de los problemas derivados de esta nueva movilidad generada.

2. El estudio de evaluación de la movilidad generada debe incluirse, como mínimo, en los planes territoriales de equipamientos o servicios y en planes urbanísticos o instrumentos equivalentes.

3. El estudio de evaluación de la movilidad generada debe someterse a información pública, conjuntamente con el plan o proyecto de que se trate, y debe ser sometido a informe de la Autoridad de Transporte Público.

4. Para la aprobación definitiva de los planes o proyectos que han motivado la elaboración del estudio de evaluación de la movilidad generada, deben tomarse en consideración y valorarse las conclusiones del mismo de manera preceptiva y vinculante.

5. En el estudio de la movilidad generada debe tomarse en consideración la posibilidad de que los promotores de la actividad de que se trate participen en la financiación del incremento de los servicios de transporte público que resulten pertinentes, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento.

Capítulo III Órganos de seguimiento, gestión y participación

Artículo 17. El Observatorio de la Movilidad Metropolitana

1. El Observatorio de la Movilidad Metropolitana es el instrumento para analizar y difundir las tendencias generales de la movilidad en las areas metropolitanas, mediante el examen de indicadores de movilidad relativos, al menos, a datos básicos de las áreas, impactos ambientales, oferta y demanda, financiación e inversiones, accesibilidad, eficiencia del sistema, calidad de los servicios e innovación del transporte.

2. El Observatorio de la Movilidad Metropolitana estará integrado por los órganos de la Administración General del Estado con competencias en transporte, medio ambiente y energía, por las autoridades de transporte público de las áreas metropolitanas, por RENFE y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como por otras entidades empresariales y sociales concernidas.

3. Los indicadores de movilidad analizados deben adaptarse a los estándares internacionales acordados por la Unión Europea, especialmente en las políticas de integración ambiental.

Artículo 18. Las autoridades de transporte público (ATP).

1. Las autoridades de transporte público se constituyen como instrumentos para la planificación y gestión integrada de las infraestructuras y servicios de transporte público en las áreas metropolitanas.

2. Estos organismos de carácter público, con independencia de su naturaleza jurídica administrativa, tienen como objetivo la mejora funcional del sistema de transporte y entre sus funciones se encuentra la concertación económico-financiera del transporte público y su integración tarifaria. También puede corresponderles la elaboración, tramitación y evaluación de los planes directores autonómicos de movilidad sostenible y de los planes territoriales específicos, así como la emisión de informes con respecto a los planes de movilidad urbana sostenible y estudios de evaluación de la movilidad generada.

Artículo 19. El Consejo Nacional de la Movilidad Sostenible

1. Se propone al Gobierno Central la creación  del Consejo Nacional de la Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de concertación y participación de las administraciones, organismos, corporaciones, entidades y sectores sociales vinculados a la movilidad.

2. La composición, estructura y régimen de funcionamiento del Consejo Nacional de la Movilidad Sostenible se establecerá reglamentariamente. En su composición debe garantizarse la participación de todas las administraciones con competencias en materia de movilidad y medio ambiente, de las organizaciones empresariales y sindicales, de las organizaciones representativas de los consumidores y usuarios y, en general, de las entidades sociales y ambientales.

3. El Consejo Nacional de la Movilidad Sostenible tendrá las siguientes funciones:

a) Realizar el seguimiento de las previsiones que contiene el PEIT respecto del transporte terrestre y, especialmente, del urbano y metropolitano.

b) Proponer acciones para el estudio de la movilidad y de la demanda de servicios de transporte por parte de los ciudadanos y los sectores económicos.

c) Evaluar las acciones emprendidas en materia de organización de la movilidad de personas y mercancías, prestando una especial atención a las cuestiones vinculadas a la intermodalidad, y hacer el seguimiento de las mismas.

d) Informar sobre los proyectos de disposiciones normativas y planes que afecten a las materias vinculadas a la movilidad.

e) Formular las recomendaciones que estime adecuadas sobre la movilidad.

f) Recibir información, con la periodicidad que se determine, sobre movilidad y servicios de transporte público.

Artículo 20. Los consejos territoriales de la movilidad sostenible

1. Los municipios, agrupaciones de municipios, Diputaciones Provinciales, consejos comarcales, entidades metropolitanas y autoridades territoriales de movilidad constituirán, en el ámbito del territorio de sus planes de movilidad urbana sostenible o de su plan director autonómico de movilidad sostenible, consejos territoriales de movilidad sostenible, como órganos de consulta y participación de los diferentes agentes representativos de los organismos y entidades empresariales, sociales y ambientales vinculadas a esta materia y de los ciudadanos.

2. La composición y el régimen orgánico y funcional de los consejos territoriales de movilidad deben ser determinados por el ente promotor correspondiente de manera que el nivel de participación cívica y social que les sea propio quede garantizado.

Capitulo IV Infracciones y sanciones

Artículo 21. Infracciones

Sin perjuicio del régimen de infracciones y sanciones que pudieran establecer las Comunidades Autónomas para las materias contenidas en la presente ley, constituye infracción grave la no elaboración y presentación del plan de transporte de empresa a que se refiere el artículo 13, así como la ausencia de la financiación a que se refiere el artículo 12. 2 de esta ley.

Artículo 22. Sanciones

Las infracciones graves a que se refieren el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de una multa desde 1.000 hasta 40.000 euros, así como la clausura temporal, total o parcial, del aparcamiento para vehículos de la empresa.

Disposición Adicional 1ª. Creación del la Consejería Transporte y Movilidad.

Disposición Adicional 2ª. Financiación de la gestión de la movilidad.

En los presupuestos anuales de inversiones y de transferencias del Ministerio de Fomento un porcentaje no superior al 50% corresponderá a infraestructuras y el resto a gestión de la movilidad. Este porcentaje se aplicará de manera progresiva, empezando por un 10% para gestión de la movilidad en el primer año de aplicación de la ley, hasta alcanzar un 50% como mínimo, en un periodo de tiempo no superior a 8 años.

Disposición Final 1ª. Plazos de desarrollo.

1. La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha aprobará la presente Ley de Movilidad Sostenible.

2. La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha aprobará las Directrices para la Movilidad Sostenible en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

2. La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha aprobará el PDAMS en el plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

3. Los Ayuntamientos aprobarán los PMUS en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley. 18 meses después se revisarán y actualizarán para adecuarlos a las Directrices para la movilidad sostenible y a los PDAMS. Aquellos ayuntamientos que no estén capacitados para elaborar por sí mismo los PMUS, se agrupará en mancomunidades o los mismos, serán realizados por las Diputaciones Provinciales.

4. Los Ayuntamientos aprobarán los planes de movilidad para los polígonos industriales y empresariales 6 meses después que los PMUS.

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3 IU de El Viso del Alcor

9/09/2009

LA ASAMBLEA LOCAL DE IU CONSIGUE EL APOYO DE SUS DIRIGENTES CONTRA EL TRAZADO DEL AVE

Izquierda Unida insta a la Consejería de Obras Públicas y Transportes a través de una Proposición No de Ley presentada ayer mismo en rueda de prensa por el Grupo Municipal de IU en El Viso del Alcor (José Antonio Jiménez Ramos y Granada Santos), con el apoyo de nuestro coordinador provincial, Manuel Gutierrez Arregui, el parlamentario por Sevilla, Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Valderas, como coordinador general andaluz, a que en el periodo más breve posible ponga en marcha las alternativas necesarias sobre el trazado de eje ferroviario transversal Sevilla-Antequera que pasa por la localidad de El Viso del Alcor, para evitar el daño que se le va a producir a dicho municipio.

El trazado del eje transversal interior andaluz Huelva-Sevilla-Antequera-Granda-Almería propuesto, en el tramo Sevilla-Antequera, por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, atraviesa uno de los municipios más pequeños de la provincia de Sevilla (El Viso del Alcor) incidiendo de manera negativa en su futuro y en el de sus vecinos y vecinas.

Dicho tramo destruiría huertas, que son el pulmón verde del municipio creando un microclima que cada vez se está viendo más amenazado por otras obras públicas que incidieron de igual forma en la desaparición de muchas de estas huertas; viviendas particulares, construidas hace bastantes años gracias al esfuerzo de sus propietarios; explotaciones ganaderas, siendo nuestro municipio uno de los más importantes en el sector cárnico y con las esperanzas puestas en un matadero que será referente para toda Andalucía; yacimientos arqueológicos, catalogados en la carta de Los Alcores redactada por el catedrático Amores Carredano basándose en estudios anteriores de Jorge Bonsor, y que aún sin estudiar en profundidad serían un campo abierto para conocer más acerca de nuestra comarca en otras épocas históricas; acuíferos, siendo una tierra muy fértil vería como algunos pozos y veneros disminuirían su caudal sin poder prometer al 100% que éstos terminen secándose, acrecentado todo ello por el proceso de cambio climático cada vez más rápido que estamos padeciendo; una de las futuras salidas económicas como es el turismo medioambiental, puesto que el Parque Cultural de Los Alcores se encontraría gravemente afectado con un impacto visual y sonoro provocado por el paso de ese tren llamado de alta velocidad por la Cornisa, catalogada como enclave paisajístico sobresaliente de la fisonomía andaluza.

El trazado ha recibido la negativa de gran parte de la ciudadanía, tal es así que se han recogido y entregado en el registro del Ayuntamiento visueño más de 2.000 firmas que pedían un referéndum sobre el paso de dicho tren por el municipio, entendiendo que el pueblo tiene que tener la última palabra puesto que afectará la vida futura en el mismo. Todo ello en un tiempo récord, ya que ha sido el alcalde y su equipo de gobierno del PSOE los que han ocultado toda la información al respecto de este trazado conocido desde el año 2006. Las personas que se han visto afectadas de forma directa (hortelanos/as que pierden sus explotaciones ganaderas y agrícolas) y el pueblo en general, que es también afectado, conocieron esta noticia hace escasamente unos meses y no por información del equipo de gobierno, a partir de entonces se pusieron a trabajar para impedir que este hecho se consumase, pero en palabras de la propia consejera Rosa Aguilar, las modificaciones posibles llegan un poco tarde, de los seis proyectos iniciales se han desestimado cinco por la oposición en tiempo y forma de los distintos alcaldes de las localidades que iban a verse afectadas.

Tras reuniones mantenidas con la Dirección de las Obras y la propia consejera de Obras Públicas, a instancias de Diego Valderas, se ha conseguido el adelanto de las indemnizaciones y una restauración de lo afectado, pero para IU estos compromisos arrancados en dicha reunión a Rosa Aguilar, son nimiedades en relación con el gran destrozo que causará a dicha localidad y toda la comarca de Los Alcores, es por tanto que no cejaremos en el intento porque es la ciudadanía la que nos apoya y respalda, y la que se echará a la calle si es necesario.

Entendiendo que existen otras alternativas de trazado que repercutan en menor medida en el medioambiente, y sobre todo en el porvenir de toda una localidad que cuenta con más de 18.000 habitantes, la cual no sólo verá mermado su territorio, sino su impulso económico futuro y su hábitat actual.

Consideramos, por tanto, que no caben más dilaciones a la hora de afrontar la necesidad de un nuevo trazado alternativo que salve al 100% lo anteriormente expuesto como amenazado, antes de que se de comienzo a las obras previstas en breve.

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4 DIARIO DE SEVILLA

8/09/2009

El Viso del Alcor

IU pide que la futura línea del AVE entre Sevilla y Antequera no pase por El Viso

EFE

El partido alega que esta obra afectaría "muy negativamente" al municipio ya que desaparecerían huertas, yacimientos arqueológicos, acuíferos y explotaciones ganaderas.

Izquierda Unida defenderá en el Parlamento andaluz la modificación del trazado de la futura línea de alta velocidad entre Sevilla y Antequera a su paso por la localidad sevillana de El Viso del Alcor por su "impacto negativo" para el municipio.
Según ha expresado en rueda de prensa el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, las obras, que prevén la construcción de un túnel de dos kilómetros que atravesaría la cornisa de Los Alcores, afectan "muy negativamente" al municipio de El Viso del Alcor y al futuro parque cultural de la Cornisa de Los Alcores, que engloba a varios municipios del entorno.
Esta actuación supondrá la desaparición de huertas, viviendas particulares, explotaciones ganaderas, yacimientos arqueológicos y acuíferos de la localidad, además de conllevar una incidencia negativa en el turismo de la zona, según la formación de izquierdas.
Ante ello, IU defenderá en la Comisión de Obras Públicas y Transportes una proposición no de ley que ha sido registrada este martes en el Parlamento con la que se pretende buscar alternativas al actual trazado y "abrir los cauces de diálogo" al respecto.
Además, Valderas ha criticado la "permisividad" por parte del Gobierno municipal de El Viso del Alcor, al que ha acusado de "dejar pasar los tiempos oportunos para modificar el trazado sin haber hecho nada" y ha asegurado que su grupo trabajará para que el trazado de la línea de alta velocidad se desarrolle "en las mejores condiciones" para el municipio y sus ciudadanos.
En este sentido, el coordinador provincial de IULV-CA, Manuel Gutiérrez Arregui, ha calificado de "discurso hipócrita" la defensa del actual trazado por parte del Consistorio a la vez que defiende el futuro parque cultural en la zona.
Por su parte, el diputado de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha defendido la búsqueda de un trazado alternativo o la "profundización" del túnel como soluciones al impacto que, según la formación, tendrá dicha obra en el entorno.

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5 EUROPA PRESS

8/09/2009

IU presentará una proposición no de ley para que se cambie el trazado del AVE a su paso por El Viso del Alcor

   El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, manifestó hoy que su grupo parlamentario presentará una proposición no de ley en la próxima comisión de la Consejería de Obras Públicas y Transportes con motivo de ofrecer alternativas al trazado del AVE en su recorrido de Sevilla a Antequera (Málaga) a su paso por la localidad sevillana de El Viso del Alcor.

   En rueda de prensa, Valderas manifestó que este hecho "afecta negativamente" al municipio, demostrando a la consejera de Obras Públicas y Transportes, Rosa Aguilar, que repercute en "particulares, explotaciones ganaderas y yacimientos arqueológicos, entre otros, de todo el conjunto cultural de la cornisa de Los Alcores" en "uno de los municipios más pequeños de la provincia de Sevilla", lo que tiene una mayor repercusión en sus habitantes.

   Así, Valderas expresó que deben abrirse "cauces de diálogo" que hagan posible alternativas que no perjudiquen a El Viso y entiende que hubo una "falta de respuesta del gobierno de la localidad (PSOE), que ha dejado pasar los tiempos para modificar el trazado", añadiendo que el Ayuntamiento ha incurrido en "pasividad". Del mismo modo, llamó a la esperanza al decir que "todavía los cambios son posibles" en el caso de que se establezcan "conversaciones entre las tres fuerzas políticas", de manera que la Consejería se vea "obligada a hacer las modificaciones oportunas".

   Por su parte, la portavoz de IU en el Ayuntamiento visueño, Granada Santos, señaló que dicho trazado afecta a huertas, las cuales son "muy influyentes en la economía del municipio", a lo que añadió que, de seguir con el proyecto adelante, se daría un "impacto medioambiental y sonoro muy importante", postura que respalda la ciudadanía, la cual considera "obvio" este asunto.

   Asimismo, el parlamentario andaluz por IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, anunció que llevará a comisión la proposición no de ley aprobada por su grupo, medida necesaria para esclarecer el "ocultamiento de temas" con respecto al trazado del AVE, a lo que se refirió diciendo que "algunos entienden el progreso sin la participación de los pueblos".

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6 DIARIO DE SEVILLA

19/09/2009

IU se marca poner en uso todos los carriles bici el 31 de octubre

Torrijos agiliza la ejecución de la red complementaria de vías ciclistas y fija su conclusión 2 meses antes de lo previsto para atenuar las quejas vecinales por las obras y el tráfico

C. J. Castillo

La red complementaria de carril bici que el Ayuntamiento de Sevilla construye actualmente con cargo a los fondos anticrisis aportados por el Gobierno central (Plan 8.000) tiene ya fecha para su entrada en funcionamiento. La Oficina Municipal de la Bicicleta, dependiente del área de gobierno de IU en el Consistorio, prevé que a partir del próximo 31 de octubre estén abiertos todos los tramos para que puedan ser usados por los ciclistas en sus desplazamientos, itinerarios que estarán terminados y expeditos de vallas a falta de remates como el pintado de los carriles y la señalización de los mismos.
Ésos son los plazos con los que trabaja el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, quien ha trasladado a su equipo la indicación de no agotar los plazos que marca la ejecución de las obras del Plan 8.000, que fija como tope máximo el 31 de diciembre para la recepción de las obras. La acumulación de obras y las molestias vecinales tanto por el vallado de las calles como por la eliminación de plazas de aparcamiento y los cortes parciales de tráfico están detrás de esta comunicación interna destinada a activar la red complementaria de carriles bici dos meses antes de lo previsto. El propio Torrijos admitió que la ampliación de la red de vías ciclistas supondría la supresión de plazas de aparcamiento en un total de 56 calles, un recorte que enmarcó  dentro del proceso "irreversible" de inclusión de la ciudad en un modelo de movilidad sostenible.
A día de hoy están en ejecución la práctica totalidad de tramos que conforman esta red que viene a completar la ejecutada el pasado mandato. De los 35 tramos de carril bici adjudicados en base a otros tantos proyectos de obra, tan sólo uno no está aún en obras por estar a expensas de un informe de validación que debe ser avalado por la Comisión Provincial de Patrimonio que preside el delegado provincial de Cultura, Bernardo Bueno. Se trata del itinerario de carril bici que afecta al Puente de Triana, un monumento declarado Bien de Interés Cultural y sujeto a una supervisión especial de las actuaciones urbanísticas que le afecten.
El resto de los 30,4 kilómetros de carril bici está ya en plena ejecución, incluso con trayectos que ya han sido tomados por los ciclistas a falta del remate de las obras, como ocurre, por ejemplo, en la acera de los pares de República Argentina.
Con una inversión  cercana a los 14 millones de euros, IVA incluido, la nueva red complementaria de carril bici aportará algo más de 30 kilómetros adicionales de carril reservado para ciclistas. El sector Oeste contará con 11 tramos, entre los que destaca el que recorre la Isla de la Cartuja desde el Puente de la Barqueta hasta la calle Marie Curie. El sector Este tendrá 8.450 metros divididos en seis nuevos tramos, siendo el más largo el de la Avenida de Andalucía. El sector Norte cuenta con diez tramos nuevos de 7.380 metros de longitud, destacando el que sirve al eje Avenida de Miraflores-El Greco. Por último, el sector Sur contará con ocho nuevos tramos con 5.820 metros de extensión, que incluye el proyectado en Victoria Domínguez Cerrato.
Una vez que estas intervenciones finalicen, Sevilla contará con más de un centenar de kilómetros de carril bici -76 kilómetros de la red básica y 30 más de la complementaria- que la pondrá a la cabeza de las ciudades europeas en ratio usuarios/kilómetros. Los últimos datos de uso aportados por Torrijos dan fe de que los carriles bici están por encima de los 80.000 ciclistas diarios, lo que supone que éstos tienen más usuarios cada jornada que la línea 1 del Metro, muchos más que el Metrocentro, y que concentran ya un tercio de los viajeros que se desplazan en transporte público.

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7 Esquerra Unida d’Alacant

8/09/2009

EU denuncia que en el itinerario previsto para Alabici no hay ni carriles bici ni medidas de pacificación del tráfico que permitan circular en bicicleta de forma segura cualquier día del año

La formación de izquierdas recuerda que el Ayuntamiento sigue sin adherirse a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad

El portavoz del colectivo local de EU, Miguel Ángel Pavón, ha denunciado hoy que en el itinerario previsto para celebrar bajo el nombre de "Alabici" el primer día de la bicicleta en la ciudad de Alicante, no hay ni carriles bici ni medidas de pacificación del tráfico a motor (zonas en las que la velocidad de los vehículos a motor no supere los 30 km por hora) que permitan circular de forma segura en bicicleta cualquier día del año.

Pavón considera que de poco vale celebrar este primer día de la bicicleta si durante el resto del año circular en bicicleta por Alfonso El Sabio, Óscar Esplá o Conde de Vallellano es casi una temeridad ante la ausencia de medidas que permitan usar la bicicleta de forma segura.

Por ello desde EU se insta tanto al Ayuntamiento como a la Autoridad Portuaria a que implanten en el menor plazo de tiempo posible, tras la celebración de Alabici el próximo 27 de septiembre, medidas que permitan circular de forma segura en bicicleta por todo el itinerario urbano que se ha definido en el ámbito del Puerto, casco antiguo, centro tradicional y ensanches. La implantación en ese ámbito de carriles bici o de medidas de pacificación del tráfico potenciarían el uso real de la bicicleta en una ciudad que debido a su buen clima podría tener un elevado número de ciclistas en sus calles durante todo el año, con los beneficios ambientales que ello supondría para el conjunto de la ciudad.

Por último, Miguel Ángel Pavón recuerda que el Ayuntamiento sigue sin adherirse oficialmente a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra entre los próximos 16 y 22 de septiembre, frente a otras ciudades de la provincia que como Novelda y Elche sí se han adherido. No obstante, EU seguirá reclamando al Ayuntamiento que implante políticas de movilidad sostenible que disuadan del uso del vehículo privado a motor en favor de los desplazamientos peatonales, en bicicleta y en transporte público, así como la adhesión oficial de Alicante a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

Miguel Ángel Pavón, Portavoz del colectivo local de EU, 646 639 689

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8 DIARIO DE SEVILLA

21/09/2009

El Consistorio ampliará aceras y creará zonas ciclistas en los accesos a colegios

El Ministerio de Fomento subvenciona al Ayuntamiento de Sevilla la construcción y señalización de itinerarios seguros de acceso a pie y en bici a los centros de Primaria y Secundaria como alternativa al uso del coche

Claudio J. Castillo

El Ayuntamiento de Sevilla se ha acogido a un programa subvencionado por el Ministerio de Fomento denominado Caminos Escolares Seguros consistente en crear itinerarios tanto peatonales como ciclistas de acceso a los centros docentes para fomentar el desplazamiento de las familias y demás componentes de la comunidad educativa dentro del nuevo marco de movilidad sostenible que defiende el gobierno local de PSOE e IU. O lo que es lo mismo, menos coches en las horas punta de acceso y salida de colegios e institutos, y más peatones y bicicletas.
Adjudicado el pasado miércoles a la unión temporal de empresas Proyectos Educativos S.L. y Fplceic S.L. por un importe cercano al medio millón de euros, el programa se ensayará de modo piloto este curso con la implantación de itinerarios seguros en 11 centros docentes, esto es, un colegio por distrito, en cuyos entornos se acometerán actuaciones urbanísticas consistentes en ampliar y mejorar los acerados, construir y adecuar espacios adecuados para la circulación de bicicletas, crear zonas 30 para limitar la velocidad del tráfico a 30 kilómetros por hora y habilitar aparcamientos de bicicletas dentro de los centros educativos para que alumnos, profesores y trabajadores puedan hacer uso de ellos.
La Oficina de la Bicicleta será la encargada de desarrollar este programa en dos anualidades con un presupuesto de 497.000 euros, de los que el Ministerio de Fomento aporta 228.300 euros y el resto del Consistorio hispalense. La concesión de estas ayudas persigue promover la movilidad no motorizada -en la misma línea que otros proyectos municipales encaminados a restringir el tráfico y aumentar las zonas peatonales-, testar la seguridad en los accesos a los colegios e institutos dada la concentración de menores en las horas de entrada y salida de los centros, y perseguir la eficiencia energética.
Uno de los principales problemas detectados por la Administración local en el ámbito educativo son los atascos y retenciones que se registran de 8:30 a 9:00 y alrededor de las 14:00 en los alrededores de los 200 colegios públicos y concertados de Primaria existentes en la capital. Para dar una alternativa al coche y promover los desplazamientos a pie o en bici se señalizarán diversos itinerarios seguros a modo de prueba en los accesos a once colegios durante el desarrollo de los dos próximos cursos lectivos.
En el curso 2009/2010 se ejecutará el 50% del programa adecuando los itinerarios de seis colegios de otros tantos distritos. La Oficina de la Bicicleta organizará de acuerdo con las comunidades educativas los primeros grupos de acceso a las escuelas a pie y en bicicleta y planteará las obras de intervención urbana en acerados y calzada. Según fuentes de la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad que gestiona IU, los itinerarios peatonales serán señalizados en la vía pública al modo de los existentes en aeropuertos y hospitales, con líneas de colores que ayudan al desplazamiento por zonas sin riesgo y que desembocarán en las puertas de entrada de los colegios.
En algunos casos, aquéllos en los que los colegios estén ubicados cerca de la red de carriles bici que dan uso a la ciudad, el gobierno auspiciará la construcción de ramales para conectar las vías ciclistas con los centros educativos.
El contrato de ejecución del programa Caminos Escolares Seguros finaliza el 31 de julio de 2011. Asimismo, el gobierno prevé complementarlo con los talleres de Al cole, en bici que vienen desarrollándose desde hace tres años y consistentes en la impartición de módulos a los escolares para enseñarles a conducir y a identificar las señales de tráfico, así como las normas básicas del Código de Circulación y trucos en la reparación de bicicletas.

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9 EL PAÍS  Comunidad de Madrid

22/09/2009

Ahora sí, Madrid tendrá su 'bicing'

Las nuevas reformas, como Serrano o Prado-Recoletos, llevan carril especial

DANIEL VERDÚ - Madrid -

Estaba en el programa electoral, pero parecía que la falta de presupuesto lo iba a dejar en el aire. De hecho, así lo comunicaron varias veces en el Ayuntamiento. Sin embargo, con motivo del Día Europeo sin Coche, que se celebra hoy, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, presenta el proyecto My Bici. Un sistema de préstamo de bicicletas, similar al que ya funciona en Barcelona, Sevilla o Zaragoza, que pretende fomentar, de una vez, el transporte sobre dos ruedas en Madrid. El horizonte, dicen, es que su uso llegue hasta el 3% del total de la movilidad madrileña en 2016.

La idea es que se instaure en tres fases y, de entrada, sólo en la almendra central de la capital. Es decir, en toda la zona comprendida en el interior del anillo de la M-30. Se trata de instalar diferentes estaciones en las que van ancladas bicicletas que pueden cogerse en un punto de la ciudad y dejarse en otro. Para usar el servicio hay que tener una tarjeta cuya validez se renueva a cambio de una tarifa mensual o anual.Sevilla y Zaragoza también cuentan con este servicio. Pero a diferencia de Barcelona, el abono puede usarse por periodos cortos de un día o una semana. En la capital catalana, en cambio, se ha hecho de forma anual para que no se convierta en un servicio turístico. Además, hay que presentar un domicilio fijo en la Ciudad Condal para poder obtener la tarjeta. De esta forma se fomenta que el uso de la bicicleta se implante de una forma consolidada para desplazamientos diarios.

Pero antes de todo esto, el proyecto madrileño deberá sacarse a concurso público. Fuentes de las empresas del sector aseguran que en tres o cuatro meses, una vez adjudicado el contrato, podría ponerse en marcha el servicio a pleno rendimiento. En cualquier caso, pese a que el Ayuntamiento no quiso ayer dar ningún detalle sobre el proyecto que Gallardón presenta hoy con motivo del Día Europeo sin Coches, parece que el servicio no funcionaría hasta, al menos, dentro de un año.

En Barcelona, la empresa especializada en publicidad exterior Clear Channel, que en Madrid explota los polémicos chirimbolos, es la adjudicataria del contrato. Ahí el Ayuntamiento paga un canon por contratos de 10 años y se desentiende completamente de la gestión del servicio. "Sólo tienen que velar porque la gente cuide ese mobiliario urbano. Nosotros hacemos el mantenimiento, reponemos el material, nos encargamos de la instalación de las estaciones y realizamos la atención al cliente", explican fuentes de Clear Channel. Esta empresa fue la primera que instauró este tipo de servicio en 1994 en la ciudad francesa de Reims.

El modelo de Zaragoza y Sevilla, además de a los residentes, está enfocado al turismo porque permite abonos diarios. Además, el contrato suscrito con los respectivos ayuntamientos permite prestar ese servicio a cambio de poder explotar el espacio de publicidad que genera. El Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, parece que prefiere inclinarse por el sistema catalán. Es decir, se protegen las empresas que ya se dedican al alquiler de bicis para turistas y se enfoca claramente al fomento de la sustitución del coche o la moto por los artefactos de pedales.

Barcelona cuenta con 6.000 bicicletas y 440 estaciones distribuidas por toda la ciudad. Las fuentes consultadas consideran que Madrid necesitaría casi el doble de esas unidades para prestar un servicio parecido. Ésta es una de las iniciativas que pretende desarrollar el gobierno municipal para el fomento del uso de la bicicleta. Además, el objetivo es que antes de 2016, fecha totémica sobre la que giran ahora muchos de los proyectos municipales, haya en Madrid 576 kilómetros de carril-bici. De hecho, todas las nuevas grandes reformas urbanas que se están realizando, como el eje Prado-Recoletos o la renovación de la calle de Serrano, ya incorporan un espacio reservado a este tipo de vehículos.

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10 EL PAÍS  Cataluña

21/09/2009

Mercancías a Europa en tren

El puerto de Barcelona adapta el ancho de vías para exportar y competir con Marsella y Génova

FRANCESC ARROYO - Barcelona -

España, es sabido, tiene un ancho de vías férreas superior al del conjunto de la Europa occidental. La distancia entre los dos carriles es de 1.668 milímetros, frente a los 1.435 milímetros del ancho europeo. Hay trenes con doble eje (por ejemplo, los Talgo) que pueden cambiar de ancho y lo hacen cada noche en la frontera franco-española. También lo hacen en España algunos convoyes que circulan por las vías de alta velocidad, que son de ancho europeo, pero deben utilizar luego tramos de ancho ibérico. Ese cambio es fácil con trenes de pasajeros que tienen un peso relativamente bajo, pero prácticamente imposible con mercancías pesadas. El puerto de Barcelona lleva años soñando con una conexión de ancho europeo hacia el norte de Europa. Con ella puede, como está haciendo, plantearse competir con los puertos mediterráneos de Génova y Marsella. De hecho, el puerto aspira con fundamento a conquistar Europa o, para decirlo en palabras de su presidente, Jordi Valls, a ser la puerta sur de Europa para el tráfico marítimo procedente de Extremo Oriente.

No se trata sólo de deseos. El puerto ha empezado ya a renovar toda su estructura ferroviaria, de modo que el año que viene, si no se producen contratiempos, los trenes podrán entrar y salir de él tanto con ancho ibérico como con ancho europeo. Todas las vías que haya en el interior del puerto (unos 30 kilómetros) serán de doble ancho. Una parte ya lo son. Para ello se ha optado por la misma solución que el Ministerio de Fomento aplica en el Vallès y en Girona: se instala un tercer carril entre los dos de ancho ibérico y los trenes utilizan uno u otro ancho según se conveniencia.

El puerto de Barcelona ofrece ahora un servicio de transporte de mercancías hasta Lyon. Sale de Barcelona en ancho ibérico y se cambia de tren en la frontera. En 2010, ese cambio no será necesario porque los trenes podrán salir y entrar del puerto en ancho europeo y circular por ese mismo ancho hasta la frontera francesa, cruzarla y seguir hasta cualquier ciudad del occidente europeo.

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11 LA NUEVA ESPAÑA

24/09/2009

El Ministro visita la factoría de Talgo en Las Matas (Madrid), donde se fabrica el prototipo de ancho variable a 300 kilómetros por hora

Trenes Talgo para todo ancho de vía y tracción diésel o eléctrica; y a 300 kilómetros por hora pese a ser de ancho variable. Tal es el desafío que encara el fabricante español para poner en circulación dentro de dos años un ferrocarril que se aproxime al AVE, pese a circular sobre trazados de vía que no sean en su totalidad líneas de Alta Velocidad. El ministro de Fomento, José Blanco, conoció ayer los prototipos de Talgo durante una visita a la factoría de este fabricante en Las Matas (Madrid). Así, Talgo le presentó el tren híbrido que se utilizará en Galicia a partir de 2011. Dicho tren combina tracción eléctrica y diésel, ya que para ese año la línea gallega de Alta Velocidad no estará terminada y los convoyes recorrerán aún tramos antiguos, sin electrificar. El híbrido combina, asimismo, ejes para ancho español y para ancho internacional, de modo que puedan circular como los actuales Alvia de Renfe que unen Madrid con Asturias, que lo hacen sobre vía de ancho internacional hasta Valladolid y sobre vía de ancho español hasta Gijón. El prototipo de Talgo, que iniciará los ensayos sobre vía real a lo largo de este trimestre, posee la virtualidad de poder alcanzar los 300 kilómetros por hora sobre ancho internacional, mientras que los actuales Alvia están limitados a 250 kilómetros por hora.
Dado que el trazado Madrid-Asturias combinará ambos anchos hasta que la línea esté finalizada -hacia finales de 2015, según Blanco-, el prototipo de Talgo permitiría acortar los tiempos de viaje antes de ese año, gracias también a la entrada en uso de la Variante de Pajares, a finales de 2012.
Talgo también presentó al Ministro el prototipo AVRIL (Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero), un tren AVE en sentido estricto, para 540 pasajeros y que podrá alcanzar los 380 kilómetros por hora. El AVRIL es la réplica española del AGV del fabricante francés Alstom.

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12 EL PAÍS  NEGOCIOS

20/09/2009

ENTREVISTA: TEÓFILO SERRANO Presidente de Renfe

"Prefiero salir al extranjero que contratos a dedo"

"Las cercanías de Madrid se pueden trasladar a Europa y fuera de Europa"

"La colaboración con el sector privado logrará atraer más mercancías al tren"

"Vamos a prestarle el servicio a la Generalitat 'per saécula saeculórum"

"El canon por usar la infraestructura es el 32% de los costes del AVE"

LARA OTERO

Teófilo Serrano (Tudela, Navarra, 1950) dejó hace más de una década la política activa (fue secretario general de la Federación Socialista Madrileña en una de sus épocas más convulsas, de 1991 a 1994) por la gestión de empresas públicas relacionadas con el transporte. Desde mayo es presidente de Renfe-Operadora, con los retos de la liberalización y la descentralización sobre la mesa.

Pregunta. ¿Ha encontrado alguna dificultad inesperada?

Respuesta. En el sentido de enfrentarse a retos nuevos, por un lado con las comunidades autónomas, que tienen que desempeñar un papel en la gestión, y la liberalización tiene que materializarse.

P. De momento, la apertura del tráfico de mercancías no ha dado satisfacción al sector.

R. Los procesos de liberalización del transporte de mercancías han trasladado al ferrocarril menos de lo que parecía en un principio. Pero lo que sí vemos por fuera es que hay movimientos de concentración importantes, de colaboración de empresas públicas y privadas grandes. Nosotros queremos ser una empresa muy presente en toda la cadena logística. Necesitamos colaboración con empresas privadas. La verdad es que, de las mercancías que se pueden transportar en ferrocarril, se transporta en España casi el 60%.

P. Y luego viene la liberalización del transporte de viajeros. Hay expectación, incluso en el sector aéreo, por el abanico de posibilidades que abre. Más de uno querría ver el plan de negocio...

R. No me importaría que el sector aéreo viera nuestro plan de negocio porque nos encantaría colaborar con ellos en algunas cosas, pero conviene ya ir precisando algún concepto que quizá no está muy claro. En AVE, los cánones por uso de la infraestructura son el 32% de nuestros costes. Quiere decirse que no estamos haciendo una competencia basada precisamente en no pagar los costes de las infraestructuras. Si comparamos las cuentas, a lo mejor nos llevamos una sorpresa.

P. Las tasas aeroportuarias no suponen ese porcentaje...

R. ¡Eso creo yo! Estamos absolutamente preparados para competir con el avión y con el propio ferrocarril. El regulador tendrá que elegir el modelo. Si se sacan concursos de servicio público, tenemos posibilidades de ganarlos sin mayor problema. Alguna vez perderemos alguno, es evidente. El reglamento de obligaciones de servicio público podría permitir que determinados contratos se adjudiquen a dedo a Renfe, pero nos impediría salir fuera. Cambiamos una cosa por otra.

P. Prefiere poder competir en Francia, en Alemania...

R. Y en el Reino Unido, que es donde más competencia hay. Y no sólo en AVE, que es lo que más reluce. Por ejemplo, las cercanías de Madrid, que se puede trasladar en Europa y fuera de Europa. Estamos por salir fuera.

P. Este próximo año será el último con aportación de los Presupuestos Generales, y el 1 de enero tienen que traspasar las cercanías a Cataluña.

R. Y además es que tiene que ver una cosa con la otra. Aportaciones públicas siempre habrá, porque los servicios de interés público no se financian con los billetes. Y cuando alguien te fija el precio y la cantidad, alguien tiene que cubrir la diferencia entre los costes y los ingresos. Y aquí entra el tema de las transferencias. Nos estamos reuniendo con la Generalitat y estamos convencidos de que vamos a prestarle el servicio per saécula saeculórum.

P. ¿Cómo va a afectar a la empresa que se pierda la aportación presupuestaria, al margen del servicio público y la bajada del tráfico por la crisis?

R. No oculto que estamos en un año complicado. Hay que hacer lo que hacen las compañías privadas: tratar de recuperar los ingresos y mejorar la eficiencia de los costes. Nosotros aprendemos mucho de nuestros competidores, estamos empezando a utilizar procedimientos de tarificación muy parecidos a los de las compañías aéreas. En los servicios públicos se ha caído un 7% en viajeros, y en media y larga distancia nos mantenemos más o menos como el año anterior. No va a ser un buen año, no nos vamos a engañar. Seríamos una cosa absolutamente excepcional. Todos con resultados calamitosos... nosotros vamos a estar en línea.

P. Precisamente una de las críticas que se le hacen al AVE es que resulta algo caro. ¿Van a subir los precios?

R. Actuamos según el mercado. Pero también estamos intentando que la calidad de los servicios de interés público sean parecidos a los del AVE, salvo en tiempo de viaje, claro: trenes nuevos, buena atención al cliente, la venta de billete intentar articularla de manera que sea lo más competitiva posible... Y estos servicios tendrán el precio que quieran ponerles. La calidad del AVE y el modo de hacer nos va a hacer competitivos en los mercados de servicio público cuando se convoquen esos concursos.

P. ¿Y cuándo cree que se convocarán esos concursos?

R. Eso depende del Gobierno. La liberalización está en las normas europeas, en las leyes españolas. Está aceptada por todo el mundo y alguna vez tendrá que ponerse en práctica.

P. Estos días de campaña electoral en Portugal se ha visto la pugna entre los partidos a cuenta del AVE. ¿Qué le parece que los conservadores se nieguen a invertir lo previsto en alta velocidad?

R. Es un tema político. Nosotros lo vemos con interés, pero no podemos opinar mucho.

P. Las compañías aéreas han aparcado aviones y retrasado la entrega de aparatos encargados, ¿se plantean medidas de ese tipo?

R. Las decisiones sobre compras de trenes son de 2004. Vamos a tener la flota más moderna de Europa. Yo pregunté si era verdad. Absolutamente. Pues si es verdad, ¡lo voy a decir también! Pero genera problemas de financiación que habrá que resolver. Habrá que ir acompasando la incorporación de nuevos trenes. Pero lo que ya está contratado va a seguir su ritmo.

P. El contrato programa preveía pérdidas hasta este año y una pequeña ganancia en 2010. Va a ser justamente al contrario, se ganó dinero en los tres últimos años, pero ahora va a ser difícil.

R. ¡Es que íbamos a crecer al 3%! Va a ser difícil cumplir el contrato programa, es obvio. ¿Qué nos enseña esto para contratos futuros? Que quizá hay que ser más flexibles. Que hay que saber cómo se asumen los riesgos por cada una de las partes. Y esto tiene su importancia desde el punto en que hay que firmar contratos con comunidades autónomas.

P. ¿Cómo les va con los Presupuestos?

R. Estamos en discusión. Van a ser duros, pero intentamos tener el mejor resultado posible.

P. Han tenido ustedes un verano movido con las interrupciones de servicio de AVE por las lluvias en Toledo...

R. De las situaciones que hemos tenido este verano hemos aprendido mucho. Hay que mejorar bastante la comprensión de la situación que tiene el viajero. Hemos creado grupos de trabajo con el Adif y podemos ir sacando conclusiones para mejorar.

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13 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO    

11/09/2009

Actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT(a))

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambientalpor la que se inicia período de consultas a las administraciones públicas afectadas y al público interesado en el procedimiento de evaluaciónambiental estratégico de la "Actualización del Plan Estratégico deInfraestructuras y Transporte (PEIT(a))", y se acuerda por razones de interés público y eficacia administrativa proceder a su publicación.

Al objeto de iniciar la evaluación ambiental estratégica de la Actualización del Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT(a)), según requiere al artículo 19 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, y con objeto de elaborar el documento de referencia con los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables y poder determinar el contenido de la información que se debe tener en cuenta en el informe de sostenibilidad ambiental, se procede a consultar a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado sobre los extremos indicados anteriormente.

Con dicha finalidad, se pone a disposición la documentación inicial del citado Plan en la siguiente dirección de Internet: http://www.mma.es/portal/secciones/participacion_publica/eval_amb/2009_p_013.htm

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, atendiendo a razones de interés público y eficacia administrativa, dada la gran cantidad de posibles Administraciones Públicas afectadas por tener competencias en biodiversidad, poblaciones, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, patrimonio histórico, paraje, ordenación del territorio y urbanismo según establece el artículo 9 de la Ley 9/2006 se acuerda la publicación del inicio del presente trámite de consultas y se concede un plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución para que se realicen las sugerencias que se estimen oportunas.

En la contestación que se dirija a esta Dirección General, hay que señalar que se trata de una "Contestación a consulta sobre el contenido del documento de referencia para la evaluación ambiental de la Actualización del Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT(a))", expediente 2009P013, para facilitar su identificación y vinculación con el expediente.

Asimismo, para facilitar y sistematizar el tratamiento de sus sugerencias, éstas deberán seguir el esquema numerado que se facilita a continuación y que tiene relación directa con el contenido que se va a dar al documento de referencia y al informe de sostenibilidad ambiental del Plan:

1. Sugerencias al resumen de los objetivos y contenido del Plan, y su relación con otros planes.

2. Principales elementos del medio ambiente que considera pueden ser afectados por el Plan.

3. Principales objetivos de protección ambiental que considera deben ser utilizados en la evaluación ambiental de este Plan, y propuesta de indicadores para verificar su cumplimiento, y de criterios ambientales estratégicos o principios de sostenibilidad aplicables.

4. Principales impactos del Plan sobre los elementos del medio ambiente antes señalados (a la escala estratégica de Plan, no a escala de los proyectos que posteriormente lo desarrollen).

5. Principales medidas preventivas, correctoras o compensatorias que considera aplicables, a escala estratégica del Plan, para hacer frente a lo simpactos anteriormente destacados.

6. Sugerencias para el análisis ambiental de alternativas.

7. Sugerencias al informe sobre la viabilidad económica de las alternativas, así como de las medidas mitigadoras de los impactos.

8. Sugerencias al programa de seguimiento ambiental del Plan.

Esta consulta, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 19 de laLey 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, se realiza a todas las Administraciones Públicas afectadas y público interesado de España, entendiendo por Administraciones Públicas afectadas, aquellas que tienen competencias específicas en las siguientes materias: biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenación del territorio y el urbanismo. Igualmente se realiza a aquellas otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente.

Madrid, 7 de agosto de 2009.- La Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental.

 

DOCUMENTO DE INICIACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS Y

TRANSPORTE (PEIT)

1. Introducción. Objeto

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, define los objetivos y directrices básicas de la actuación en infraestructuras y transporte de competencia estatal con un horizonte a medio y largo plazo. Por su carácter estratégico, el PEIT establece el marco de desarrollo de las políticas y actuaciones en cada uno de los ámbitos de las infraestructuras y la gestión del transporte, promoviendo la mejor integración de todos ellos.

El Ministerio de Fomento, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación del PEIT, y los cambios acaecidos en el entorno socioeconómico, así como la experiencia acumulada durante el último período en la ejecución de sus políticas de infraestructuras y transporte, ha tomado la decisión de iniciar la actualización del citado Plan, prevista, por otra parte, en el marco del desarrollo y seguimiento del mismo. Se van a iniciar, por tanto, los trabajos de actualización, que se pretende culminar con la aprobación del que puede llamarse Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte actualizado o PEIT(a). No se prevé que esta actualización incorpore modificaciones sustanciales al Plan aprobado en 2005 ni se trataría, por tanto, de la realización de un plan completamente nuevo.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, se inicia, mediante el presente documento, la evaluación de la actualización del PEIT. Con ello, el órgano promotor informa a las autoridades ambientales acerca de la realización del plan, desarrollando el contenido previsto en el artículo 18 de la mencionada Ley. Como resultado de su examen, y teniendo en cuenta en su caso el resultado del pertinente proceso de consultas previas con los organismos e instituciones interesados, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino podrá proceder, en su caso, a la realización del documento de referencia que fijará el contenido y alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) de la actualización del Plan.

La evaluación ambiental del PEIT(a) es un proceso que debe progresar en paralelo con la propia actualización del Plan, que se encuentra en sus etapas iniciales de análisis y diagnóstico, por lo que no se pueden avanzar todavía resultados distintos de los ya disponibles, acerca del contenido detallado de las nuevas propuestas. Como punto de partida y principal referencia, se cuenta con las determinaciones del Plan sometido a actualización, es decir, el propio PEIT (públicamente disponible), en el que se incluye un diagnóstico sobre el sistema de transporte cuyas cuestiones clave siguen estando esencialmente vigentes.

Cabe señalar en este sentido, como elemento de diagnóstico adicional, la información recogida en la reciente Estrategia Española de Movilidad Sostenible, donde se pasa revista a los aspectos más destacados. Entre otros datos, se menciona que el transporte interurbano en su conjunto ha venido creciendo en España de forma constante, si bien la tendencia se ha moderado durante los últimos años, tanto en pasajeros, donde se ha pasado de una variación anual acumulativa del 5,3% en el período 1990-2000, hasta un 2,1%, en el período 2000-2007, como en mercancías, cuyo comportamiento fue del 5,8% en el período 1990-2000, y del 2,4% en el 2000-2007. En cuanto al reparto modal del transporte, la carretera es con diferencia el modo predominante, hasta el punto de alcanzar en el periodo 2000-2007 unas cuotas medias de participación del 89,8% en pasajeros y del 83,5% en mercancías, respecto del total nacional, con un crecimiento durante el periodo reciente muy similar al experimentado por el conjunto del transporte.

2. Principios de actualización del PEIT. Elaboración, ejecución y seguimiento

La actualización o revisión del PEIT está, como se indicaba anteriormente, prevista en el marco del propio Plan, concebido como un instrumento de planificación marco, sometido por una parte a la precisión que se deriva de su propia ejecución y desarrollo, y por otra a la dinámica de evolución del marco socioeconómico general, y de las políticas y normativas que lo condicionan, tanto en materia económica, como de sostenibilidad medioambiental o de desarrollo territorial.

Por ello, a los cuatro años de su aprobación, tal como el mismo PEIT prevé, se inicia su actualización, que tiene como objeto adecuar sus objetivos, directrices y actuaciones en función de los objetivos marcados, la evolución de la economía y el marco de su financiación, así como los cambios en la normativa europea y nacional, en particular en lo referente a nuevas obligaciones y compromisos en materia de integración ambiental y desarrollo sostenible.

La actualización prevista tiene un alcance limitado, puesto que el Ministerio de Fomento considera que los objetivos, junto con las opciones estratégicas y directrices básicas correspondientes, definidos en el Plan aprobado en 2005, mantienen su validez. Asimismo se mantiene el año horizonte del Plan, 2020, de manera que la vigencia del Plan actualizado se extenderá en el periodo 2010-2020. Teniendo esto en cuenta, y partiendo de la evaluación del avance conseguido en el cumplimiento de los objetivos y de los condicionantes del entorno socioeconómico y medioambiental, en la actualización del PEIT sólo se plantea la incorporación de modificaciones o meros ajustes en sus líneas y propuestas de actuación, especialmente, en la priorización relativa de las mismas, con el fin de impulsar el tránsito hacia una movilidad más sostenible.

La actualización del PEIT consolidará los principios innovadores de la planificación puestos en marcha con la aprobación del Plan Estratégico, entre los que cabe destacar la integración de las actuaciones en infraestructuras y servicios, la coordinación e integración de todos los modos, y su carácter de planificación dinámica, que le asegura la flexibilidad suficiente para responder de forma adecuada a las cambiantes condiciones del entorno social, económico y tecnológico, así como de los requisitos y condicionantes medioambientales.

El Ministerio de Fomento llevará a cabo los trabajos técnicos necesarios para la actualización del PEIT y de forma paralela, a partir de la realización por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del correspondiente documento de referencia, los de elaboración de su Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). El documento propuesta de Plan Estratégico actualizado y el ISA serán sometidos a procedimiento formal de información pública, disponiéndose además todos los medios y mecanismos de participación social y de concertación institucional adecuados para desarrollar la actualización del PEIT de la forma más transparente y participativa.

3. Objetivos del Plan.

El PEIT(a) continuará impulsando la consecución de los actuales objetivos generales del PEIT, potenciando el sistema de transporte como uno de los elementos básicos del nuevo modelo productivo en un marco sostenible, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y ambiental.

A medio plazo, la mejora de la competitividad de nuestra economía, con su plena integración en el espacio europeo, ha de basarse en la transición hacia un nuevo modelo productivo, basado en la eficiencia en el uso de todos los recursos, la sostenibilidad, y la innovación tecnológica. El PEIT(a) se plantea como un instrumento fundamental para impulsar este cambio de modelo en el sector de las infraestructuras y el transporte, de manera que el sector en su conjunto se rija por criterios de sostenibilidad socioeconómica y ambiental.

De este modo, los objetivos generales del PEIT(a) seguirán siendo los cuatro objetivos estratégicos planteados en el vigente Plan, con la formulación que fue establecida en el acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de julio de 2004 que dio inicio a la elaboración del PEIT:

A. Mejorar la eficiencia del sistema, en términos de calidad de los servicios efectivamente prestados y atender las necesidades de movilidad de las personas y los flujos de mercancías en condiciones de capacidad, calidad y seguridad adecuadas y proporcionadas a las características de esos flujos.

Se tratará para ello de profundizar en la convergencia con las políticas europeas de transporte, y en la articulación de las redes de transporte nacionales en el marco de la red europea. En esta línea, se promoverá la integración y complementariedad de los distintos modos de transporte, de forma que cada uno se utilice para las relaciones de transporte de mercancías o viajeros en las que es económica, social, y ambientalmente más eficiente, desarrollando el concepto de comodalidad. Se impulsará el desarrollo de los modos más eficientes en materia de consumo energético, con una especial atención al transporte de mercancías por ferrocarril y por vía marítima. Se priorizarán asimismo las actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad y la seguridad del transporte, potenciando paralelamente las funciones de los órganos responsables de la evaluación y la integración de las políticas de seguridad en todos los modos de transporte.

Con este mismo objetivo general, se intensificarán los avances ya realizados en materia de conservación y mantenimiento de infraestructuras, cuyo peso relativo en el conjunto del esfuerzo inversor, tanto global como en cada uno de los modos, continuará aumentando progresivamente. Así por ejemplo, en carreteras, que la inversión anual en mantenimiento y conservación llegue a superar, en el periodo final del PEIT(a), a la correspondiente a la creación de nuevas infraestructuras.

B. Fortalecer la cohesión social y territorial. La actualización del PEIT se propone continuar reforzando la cohesión social y articulación territorial de nuestro país, en primer término a través de la mejora de las condiciones generales de accesibilidad al territorio y de la aproximación entre los niveles de accesibilidad de los diferentes ámbitos territoriales. De cara a este objetivo, se tendrán en cuenta no solo las condiciones y dotaciones infraestructurales, sino también la disponibilidad de servicios de transporte adecuados en sus condiciones de calidad y seguridad. En la consecución de este objetivo hay que tener especialmente en cuenta las relaciones, por los modos aéreo y marítimo, de la Península con los archipiélagos y con las ciudades autónomas de Ceuta y  Melilla, así como las conexiones interinsulares. El PEIT(a) orientará las actuaciones del Ministerio de Fomento en el medio metropolitano y urbano en línea con este mismo objetivo. En este ámbito, de competencias compartidas entre todos los niveles de la administración, se ha de desarrollar una política de coordinación y concertación, basada en la definición de objetivos comunes a través de Planes de Movilidad Sostenible (PMS) que faciliten la contribución de este sector al cumplimiento de una serie de metas de sostenibilidad, como la potenciación del transporte público, la seguridad, la reducción de emisiones o la mejora de la calidad del aire.

C. Contribuir a la sostenibilidad general del sistema. En materia medioambiental, el PEIT(a) incorporará e integrará desde el primer momento el creciente número de instrumentos legislativos y normativos, de ámbito nacional y comunitario, que repercuten en el sistema de transporte, en la definición de sus directrices y grandes líneas de actuación, contribuyendo con ello al cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro país, en especial en lo relativo a la lucha contra el cambio climático. En particular, la actualización del PEIT integrará los principios de la Estrategia Española de Movilidad

Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 30 de abril.

Junto al objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el PEIT(a) incorporará los de limitación de los efectos del transporte y las infraestructuras sobre la calidad del ambiental, en lo referente a emisiones contaminantes del aire, del agua, y de los suelos, así como de ruido. En cuanto a los impactos potenciales sobre el medio natural, los espacios protegidos y la biodiversidad, se establecerán los criterios de actuación adecuados para asegurar que los posibles impactos no lleguen a alterar de forma significativa la funcionalidad de los mismos.

En el mismo marco de contribución a la sostenibilidad del sistema, el PEIT(a) establecerá las bases para la progresiva integración de los objetivos de las demás políticas sectoriales más significativas, como la industrial, energética, o territorial, con la política de infraestructuras y transporte, con especial énfasis en el ámbito metropolitano y urbano, como se ha hecho referencia anteriormente.

D. Impulsar el desarrollo económico y la competitividad. En una situación económica tan difícil como la presente, es prioritario mantener e impulsar las políticas que favorezcan al mismo tiempo la salida de la crisis y el desarrollo económico de España. Con la planificación de infraestructuras y transporte, el Ministerio de Fomento pretende contribuir al desarrollo económico y al crecimiento del empleo. La política inversora del Ministerio de Fomento constituye una de las herramientas básicas de la acción del Gobierno para el impulso del crecimiento económico sostenible y de la competitividad de nuestra economía. Así, el vigente PEIT es uno de los ejes básicos en que se apoya el Programa Nacional de Reformas presentado por el Gobierno de España a las instituciones europeas para el cumplimiento en nuestro país de la Estrategia de Lisboa. El objetivo central de la actualización del PEIT en este ámbito será la movilización de los efectos de incremento de la competitividad y de modernización del modelo económico a medio y largo plazo, de carácter por tanto permanente. No obstante, en el contexto de la situación actual, es también necesario aprovechar los efectos de dinamización de la economía a corto plazo, particularmente en materia de mantenimiento y creación de empleo.

Un aspecto esencial para la consecución de estos objetivos es el constituido por el impulso a la innovación en todos los sectores de las infraestructuras y los sistemas de transporte, con el correspondiente despliegue de los pertinentes Sistemas Inteligentes de Transporte, referidos normalmente como ITS por sus iniciales inglesas. El PEIT(a) tendrá también en cuenta este elemento entre sus principios y objetivos.

Los objetivos generales, expuestos en este documento de forma cualitativa, deben desarrollarse en el Plan a través de una serie de objetivos, y sus correspondientes indicadores, para el año horizonte del PEIT(a), así como, en su caso, para los horizontes intermedios que puedan considerarse oportunos.

En el marco de los trabajos de análisis y elaboración del diagnóstico del Plan, como se indica más adelante, una de las primeras tareas es la evaluación de los cambios y los avances realizados en estos últimos años en la consecución de los correspondientes objetivos, a fin de dirigir las propuestas del Plan en el sentido más favorable al cumplimiento de los mismos.

4. Alcance y contenido de la actualización del Plan y de las propuestas

El PEIT(a) abordará la actualización de las directrices básicas de actuación en las infraestructuras y servicios de transporte de competencia estatal, contemplando la totalidad de los modos de transporte desde una consideración integrada, desarrollando la intermodalidad y la complementariedad entre modos. En función de la distribución competencial existente en materia de infraestructuras y transporte, para la plena consecución de los objetivos del PEIT(a) es imprescindible que haya una convergencia de criterios y líneas de actuación entre todas las administraciones implicadas, en todos los ámbitos, pero de forma particularmente relevante en lo que respecta al transporte y las infraestructuras en el medio urbano y metropolitano. Para ello, el Plan impulsará la concertación entre todos los agentes, partiendo del necesario consenso acerca de los objetivos y criterios de actuación, integrando sus propias intervenciones en los correspondientes marcos de coordinación.

El horizonte temporal del PEIT(a) es el mismo del Plan aprobado en 2005; el periodo de planificación del Plan es, por consiguiente, 2010-2020.

La estructura del PEIT(a) seguirá en sus grandes líneas unas pautas similares a las del Plan vigente. El contenido previsto, en resumen, es el que se indica en los párrafos siguientes.

Evolución y diagnóstico del sistema de transporte; resultados de las actuaciones desarrolladas en el periodo 2005-2009.

Se actualizará el diagnóstico del vigente PEIT, analizando la evolución en el periodo 2004-2008 del sistema de infraestructuras y transporte y su situación actual. Se analizará la situación y tendencias de evolución de la demanda, las infraestructuras, y los servicios de transporte, así como las implicaciones que sobre ellos pueden ejercer las condiciones de contorno, de forma particular la evolución de las políticas de transporte en Europa y en nuestro país.

Una de las partes esenciales de este diagnóstico será la constituida por la descripción y evaluación de las actuaciones desarrolladas en el marco de aplicación del vigente PEIT, y de sus resultados en relación al cumplimiento de los objetivos del mismo, utilizando para ello los instrumentos de seguimiento, sistemas de información, e indicadores, implementados en el seno del Ministerio de Fomento a partir de la puesta en marcha del PEIT.

La conclusión del diagnóstico identificará los factores clave para el desarrollo futuro del sistema de infraestructuras y transporte, y los correspondientes retos estratégicos. En buena parte, seguirán siendo los ya definidos en el curso del diagnóstico efectuado al realizar el PEIT, en 2004 y 2005, pero posiblemente sea procedente redefinir algunos de ellos, e incluso incorporar otros nuevos, en función de las nuevas circunstancias, tanto del propio sistema de transporte como de su entorno externo. De forma provisional, puesto que su definición final será precisamente resultado del diagnóstico detallado, se pueden citar entre dichos factores clave los siguientes:

- Eficiencia y sostenibilidad del transporte de mercancías

- movilidad y transporte en áreas metropolitanas y urbanas

- efectos y externalidades ambientales y sociales del transporte

- gestión y explotación de las infraestructuras y servicios de transporte

- innovación y sistemas inteligentes de transporte

Efectos económicos, sociales y ambientales del transporte y de la planificación.

Incorporado como un aspecto parcial en el marco del diagnóstico del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte aprobado en 2005, se considera que en los trabajos de su actualización este aspecto debe tener una consideración específica diferenciada y un mayor nivel de desarrollo. Aquí se expondrán las conclusiones de los trabajos y estudios llevados a cabo recientemente por el Ministerio de Fomento, así como por los que van a ponerse en marcha en el marco de la actualización del PEIT. Se considerarán todos los efectos significativos en relación con los objetivos del PEIT(a), incluyéndose entre ellos en particular:

- los efectos sobre el desarrollo económico, la competitividad y el empleo,

- los efectos sobre el medio ambiente y la salud de la población, según se detalla más adelante en este mismo documento,

- las implicaciones sobre otros sectores, y sobre el conjunto del modelo productivo y la sostenibilidad del desarrollo,

- los costes y externalidades sociales, económicos y ambientales.

Objetivos de la actualización del Plan.

Los cuatro objetivos generales del PEIT(a), indicados previamente en este documento, se desarrollarán en este capítulo del Plan, detallando sus objetivos operativos, así como los indicadores correspondientes, que serán cuantitativos en todo lo posible, junto con los niveles que se propone alcanzar para estos indicadores en el horizonte del Plan.

Alternativas de actuación y opciones estratégicas.

Como se explica más adelante en este documento, para la elaboración del PEIT(a) se van a plantear dos alternativas básicas. La primera, o alternativa cero, corresponde a la no actualización del Plan vigente. En cuanto a la segunda alternativa básica, o de actualización, se contemplará la definición de posibles variantes, en función de la priorización relativa y el ritmo de desarrollo de las actuaciones del Plan. Ya se han iniciado los trabajos previos de diseño y definición de las alternativas. En todo caso, las alternativas definidas serán realistas y suficientemente diferenciadas, y se tendrá en cuenta en la selección el efecto de cada una de ellas sobre el conjunto de los objetivos del Plan.

De la conclusión del análisis y selección de alternativas, se deducirán las opciones estratégicas a mantener para el cumplimiento de los objetivos, en relación con las cuestiones principales de la orientación de la política de transportes, tales como: el nivel global de financiación; la jerarquización de corredores y nodos en el sistema intermodal de transporte, tanto de viajeros como de mercancías; las directrices para la coordinación y concertación de las actuaciones con otras administraciones, y con los agentes económicos y sociales; los niveles objetivo de accesibilidad y calidad de los servicios e infraestructuras de transporte; o los criterios de intervención del Estado en el transporte urbano y metropolitano.

Directrices de actuación.

Siguiendo el modelo del vigente PEIT, las opciones estratégicas establecidas como resultado del proceso de selección de alternativas se concretarán en una serie de directrices de actuación, en dos niveles.

El primero, de rango más general y carácter transversal, corresponde a las directrices comunes a todos los modos de transporte. Entre las mismas, seguirán ocupando un lugar destacado las relativas a la integración de las infraestructuras y servicios en todos los modos de transporte, abarcando, entre otros, los siguientes aspectos:

- fomento de los modos de transporte más sostenibles y eficientes energéticamente, con vistas a propiciar un reparto modal más equilibrado,

- impulso y desarrollo de la intermodalidad,

- aumento de la seguridad y calidad de los servicios de transporte,

- mejora de la accesibilidad y equilibrio territorial,

- integración de las infraestructuras y el transporte de España en el marco europeo y mundial.

También se dará un especial desarrollo a las directrices relativas a la concertación y coordinación con las demás administraciones públicas, y con los agentes económicos y sociales, orientadas a la consecución del necesario consenso sobre algunos aspectos clave de la política y la planificación de las infraestructuras y el transporte, en particular en lo relativo a la sostenibilidad de la movilidad urbana.

El segundo nivel de directrices es el de contenido específicamente sectorial.

Estas se establecerán como un desarrollo detallado de las directrices generales, partiendo de las directrices consideradas en el PEIT original, que se actualizarán y ponderarán de acuerdo con los resultados del diagnóstico y la priorización de los objetivos del PEIT(a).

Criterios, prioridades y programas de actuación.

De la misma manera que el PEIT, su actualización no programará actuaciones concretas, sino que establecerá las orientaciones estratégicas y estructurará los correspondientes programas de inversión, ordenación y gestión, incluyendo la definición de la situación previsible de las redes de conexión en el horizonte del Plan. El PEIT(a) no será el ámbito de decisión definitiva de la ejecución o no de las actuaciones previstas.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en 2005, en este momento algunas actuaciones se encuentran ya en un grado de maduración mucho más avanzado y, por otro lado, se cuenta con un mayor número de estudios de planificación. Estos trabajos se integrarán en el marco de la actualización del PEIT, de forma que, sin llegar a desarrollar un catálogo exhaustivo de actuaciones concretas, sí se estará en condiciones de aportar un nivel mayor de desagregación de las líneas y programas de actuación.

Seguidamente se muestra un resumen de las principales prioridades y las orientaciones generales de estructuración de los programas de actuación contemplados en el PEIT(a):

Sistema de transporte por carretera. Las prioridades en el sistema de transporte por carretera se dirigirán a mejorar y homogeneizar las condiciones de servicio en el conjunto de la red, en lo referente a seguridad y conservación, la terminación de los itinerarios de alta capacidad en ejecución, y la puesta en marcha de un sistema de servicios adicionales al usuario, en coordinación con otras Administraciones competentes, desplegando las posibilidades de los Sistemas ITS. Las actuaciones en este modo de transporte se articularán en los programas siguientes:

- creación de infraestructura interurbana,

- fomento de la intermodalidad y otras actuaciones en la red estatal de ámbito urbano,

- conservación, explotación y seguridad vial,

- ordenación del transporte por carretera.

Sistema de transporte ferroviario. La actuación en el sistema ferroviario se plantea con el objetivo de que, de manera progresiva, este sistema se convierta en el elemento central para la articulación de los servicios intermodales de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, proporcionando una mejor accesibilidad al conjunto del territorio.

Las prioridades de actuación se concentran en la finalización de los corredores actualmente en construcción, con un esfuerzo sustancial en la coordinación de servicios; la actuación en la red convencional para mejorar los servicios ferroviarios de mercancías, facilitar la intermodalidad con el transporte por carretera y marítimo, y posibilitar la interoperabilidad con la red francesa; y la consolidación del nuevo marco institucional.

Los programas específicos de actuación previstos en este sector son:

- infraestructuras de alta velocidad,

- modernización y mejora de la infraestructura ferroviaria de cercanías,

- impulso a la red prioritaria de transporte de mercancías,

- programa de interoperabilidad, estrategia de cambio de ancho y de implantación del sistema ERTMS,

- eliminación y mejora de pasos a nivel,

- programa de material móvil ferroviario,

- actuaciones en la red de ferrocarriles de vía estrecha.

Transporte marítimo y puertos. Las prioridades en el ámbito del transporte marítimo se orientan a la consolidación de los puertos como nodos intermodales de referencia, apoyando el efectivo despliegue de la red intermodal de mercancías, y a la consecución de unos servicios de transporte marítimo más seguros y respetuosos con el medio ambiente Para ello, las actuaciones relativas a este modo de transporte se estructurarán en los siguientes programas:

- infraestructuras portuarias,

- accesos terrestres a los puertos,

- desarrollo de áreas logísticas,

- autopistas del mar,

- mejora de servicios portuarios,

- servicios de transporte marítimo,

- seguridad y lucha contra la contaminación marítima.

Transporte aéreo. Las prioridades de actuación se dirigen a integrar progresivamente los servicios de transporte aéreo en el sistema intermodal de viajeros y de mercancías y a asegurar la compatibilidad a largo plazo entre el transporte aéreo y los objetivos ambientales establecidos para el sector del transporte. Las actuaciones precisas en cada aeropuerto se concretarán en los correspondientes Planes Directores, teniendo en cuenta los correspondientes análisis de rentabilidad económica y de compatibilidad ambiental. Los programas de actuación previstos en materia de infraestructura y transporte aéreo son:

- Programa de seguridad,

- Programa de calidad,

- Infraestructuras y servicios aeroportuarios,

- Programa de desarrollo ambientalmente sostenible del transporte aéreo,

- Mejora de la viabilidad, eficiencia económica y competitividad del sector,

- Intermodalidad y cohesión social y territorial,

- Fomento de la presencia internacional de España en el sector,

- Modernización de la legislación aeronáutica y los modelos de gestión.

Transporte intermodal de mercancías. El transporte intermodal se concibe como un elemento de racionalización y mejora de la calidad del transporte de mercancías. Se basa en una mayor cooperación entre todos los modos de transporte, siendo un puntal clave para la mejora de costes en la cadena logística. La concertación entre administraciones y de éstas con los operadores resulta básica, dado el reparto competencial existente y la propia realidad de la actividad del transporte de mercancías. El desarrollo idóneo del transporte intermodal de mercancías, desde este marco de coordinación, precisa de actuaciones simultáneas en las dos dimensiones involucradas: las actuaciones infraestructurales en nodos y corredores, y el marco de prestación de los servicios. Las actuaciones infraestructurales deben integrarse en el marco de los programas de actuación de los distintos modos, como se indica en los párrafos anteriores. Por otra parte, el impulso a la intermodalidad en el transporte de mercancías requiere la puesta en marcha de una serie de actuaciones no infraestructurales, que se contemplarán en el PEIT(a) a través de un programa específico, basado en la elaboración de la normativa adecuada, acompañada de las oportunas acciones específicas de apoyo.

Transporte intermodal de viajeros. El desarrollo del sistema intermodal de transporte de viajeros se apoyará en la implantación progresiva de una red estratégica de servicios de transporte de personas, basada en las infraestructuras modales, los nodos de intercambio, un marco normativo que estimule la coordinación e integración de servicios, y una serie de incentivos e iniciativas para el fomento de la intermodalidad. El ferrocarril de altas prestaciones se configura como el elemento central de este sistema intermodal, apoyado por una adecuada conectividad con el ferrocarril de ámbito regional y el transporte público regular por carretera, así como, en los nodos estratégicos que proceda, por una coordinación del transporte aéreo con el ferrocarril de alta velocidad.

Todos estos aspectos se instrumentarán en el PEIT(a) mediante un programa específico de transporte intermodal de viajeros.

Transporte urbano y metropolitano. En el medio urbano y metropolitano es donde se concentra el mayor volumen de movimientos de la población y de la actividad económica, donde se alcanzan las mayores congestiones del tráfico y donde se produce una proporción muy significativa de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. Por otra parte, son las Administraciones Autonómicas y Locales las que ostentan la mayor parte de las competencias en materias de infraestructuras y transportes en las áreas urbanas. Con objeto de contribuir a los objetivos de sostenibilidad, el Ministerio de Fomento participará, junto a las Comunidades Autónomas y a las administraciones Locales, en la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible específicos para cada ámbito urbano o metropolitano, desde una perspectiva integral y en línea con los objetivos establecidos en el PEIT(a); las actuaciones del Ministerio se enmarcarán en esos Planes de Movilidad Sostenible. Las actuaciones en infraestructuras de competencia estatal, tradicionalmente abordadas desde un enfoque sectorial, se plantearán como elementos dentro de un modelo de ciudad y de movilidad concertado con las demás administraciones.

Asimismo, se promocionará el desarrollo de programas piloto para la movilidad urbana sostenible, donde se contemplen medidas innovadoras, tanto de transporte por medios motorizados como no motorizados, intermodalidad, mejora en los sistemas de gestión del transporte y actuaciones urbanísticas integradas.

Innovación en el transporte. Las actuaciones en el ámbito de la innovación en el transporte se desarrollan en dos niveles: El primero corresponde a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que se podrán realizarse dentro de los correspondientes Programas Nacionales de I+D+i, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia e Innovación, en las que los centros y empresas del Ministerio de Fomento participarán activamente con la aportación de prioridades y propuestas de acción y eventualmente, colaborando en su realización. La segunda de las áreas corresponde al desarrollo y despliegue de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en todos los modos. Este sector constituye una de las áreas clave de la contribución del transporte al nuevo modelo productivo. En esta materia, las empresas españolas ocupan posiciones de liderazgo en algunos sectores, como el de interoperabilidad y seguridad ferroviaria, con el sistema ERTMS, o el de navegación aérea, situación que el PEIT(a) debe ayudar a consolidar, haciendo que prosigan también los avances en los demás modos de transporte.

Marco económico y financiero del Plan.

Se definirá en este capítulo la estrategia de financiación de las actuaciones del PEIT(a), teniendo en cuenta el objetivo de llevar a cabo el conjunto de las actuaciones previstas y las fuentes potenciales y los condicionantes de financiación existentes, a lo largo de todo el periodo de vigencia del Plan actualizado.

En todo caso, la financiación presupuestaria seguirá aportando la mayor parte de los recursos necesarios, considerándose la utilización de mecanismos de colaboración público-privada como un recurso adicional, adecuado para un ámbito específico de actuaciones. Se consolidará el principio de mantenimiento de un esfuerzo inversor sostenido de forma estable en el tiempo, con los ajustes coyunturales procedentes, así como el aprovechamiento, en un marco sostenible, de la capacidad de autofinanciación de las empresas y entes públicos.

Seguimiento y revisión del Plan.

Con la aprobación del PEIT(a) se instrumentará, de forma paralela a su desarrollo y puesta en marcha, un sistema de seguimiento permanente del mismo.

Para este fin, se continuará y reforzará el desarrollo de los instrumentos de análisis, evaluación y seguimiento ya disponibles, incluyendo entre ellos los correspondientes indicadores y un sistema de información geográfica (SIG), que se actualizarán permanentemente, incorporando la información relativa a la ejecución de las actuaciones previstas, y a la valoración de sus resultados y efectos. Estos sistemas servirán, de esta manera, como un útil básico de apoyo a la toma de decisiones en materia de adaptación del Plan a los cambios de las condiciones del sistema, para la modificación o la incorporación de nuevas actuaciones.

Apoyándose en estos instrumentos, y con la colaboración de todas las unidades y empresas del Ministerio de Fomento, la Dirección General de Planificación elaborará con carácter bienal un informe de seguimiento del Plan.

Aproximadamente a la mitad del plazo de su vigencia, en torno por lo tanto a 2015, volverá a plantearse la oportunidad de proceder a una nueva actualización o revisión del Plan, con objeto de responder al avance del cumplimiento de los objetivos establecidos, de ajustarse a las condiciones del entorno socioeconómico y medioambiental, y, en su caso, de contemplar un nuevo horizonte de medio y largo plazo en la planificación de las infraestructuras y los servicios de transporte.

5. Alternativas de actuación

El periodo de maduración de las actuaciones de inversión en infraestructuras es muy dilatado; en el caso de las de mayor envergadura, este plazo puede llegar a ser de hasta 8 años, duración muy próxima a la del propio horizonte previsto para el PEIT(a). Este factor condiciona en gran medida la definición de las alternativas potenciales en planificación, y lo hace aun más en la medida en que el Ministerio de Fomento, como se ha explicado, no estima en este momento necesario abordar una modificación en profundidad del vigente PEIT.

Con esta limitación, no obstante, es posible plantear algunas alternativas diferenciadas, y al mismo tiempo, realistas.

En el presente documento, se indican solamente las orientaciones básicas de definición de las alternativas. Su concreción se establecerá de forma precisa en las fases iniciales de elaboración del PEIT(a), en paralelo con la realización del diagnóstico, utilizando en su definición, siempre que sea posible, indicadores cuantitativos.

La primera alternativa, de referencia o alternativa cero, corresponde, como indica el artículo 8 de la Ley 9/2006, a la no realización de la actualización del Plan, y por tanto, a mantener en su integridad el actual PEIT.

En cuanto a las posibles alternativas de actualización, deben ser en todo caso consecuentes con los objetivos básicos de la actualización del PEIT señalados anteriormente, y en particular con el de impulsar desde el sector del transporte y las infraestructuras el avance hacia un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible. La definición de las prioridades de actuación debe ser consecuente con este objetivo en cualquier alternativa que se plantee, y por lo tanto, todas ellas deberán tener como directrices el impulso de los modos de transporte ambientalmente más favorables, el desarrollo y aplicación de la innovación, y la intensificación de las intervenciones de fomento de la movilidad sostenible en áreas urbanas y metropolitanas. No obstante, la aplicación de estos criterios se puede abordar de forma diferente, tanto en su intensidad como en su desarrollo temporal, ya que el Ministerio de Fomento puede contar, en el conjunto de las políticas del Gobierno, tiene capacidad de decisión al respecto de dos variable determinantes, como:

- La priorización relativa entre los distintos sectores, ámbitos, y objetivos de actuación, y

- El mayor o menor plazo de ejecución de las actuaciones previstas, en función de la intensidad y ritmo de desarrollo.

Teniendo esto en cuenta, pueden definirse distintas alternativas o variantes en el escenario de actualización del PEIT. Primeramente, se considerará una alternativa básica, cuyos principios son el mantenimiento del horizonte de las actuaciones del PEIT, y la adaptación de sus prioridades a los objetivos de sostenibilidad del modelo productivo y de lucha contra la crisis. Se caracterizará por mantener, con las modificaciones que se muestren precisas, tanto las directrices básicas y las principales líneas de actuación del actual PEIT, como su horizonte de ejecución. En cuanto al reajuste de sus prioridades, se favorecerán especialmente las actuaciones ligadas más directamente a los objetivos de crecimiento sostenible de la economía, en la línea marcada por la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, y en el plazo más corto, de creación de empleo. Para ello, se actualizará el contenido del PEIT, incrementando los recursos y acelerando la realización de las actuaciones relativas, en especial, a los ámbitos siguientes:

- Mejora y conservación de la infraestructura existente,

- Intermodalidad del transporte, tanto de viajeros como de mercancías,

- Transporte de mercancías por ferrocarril y marítimo,

- transporte en áreas urbanas y metropolitanas.

Como variantes de esta alternativa básica de actualización del PEIT, se prevé que puedan definirse otras nuevas, que se diferenciarán de ella, en primer término, en el ritmo de ejecución de las actuaciones inversoras previstas en el PEIT, que podrá bien acelerarse o bien ralentizarse, extendiéndose el plazo de ejecución del conjunto de las actuaciones más allá del horizonte del Plan actualizado. En el primer caso, se mantendría un intenso esfuerzo en la construcción y ampliación de las redes en todos los modos y ámbitos territoriales, posibilitando que se añadieran al PEIT, para desarrollarse en el último periodo del Plan, otras nuevas actuaciones. En el caso de ralentización, se limitaría el inicio de nuevas actuaciones, manteniéndose como más prioritarias las más favorables para la consecución de los objetivos de sostenibilidad.

6. Desarrollo previsible del Plan

La aprobación del PEIT(a) establecerá el marco de evaluación y aprobación de los diferentes instrumentos de planificación que emanen de él. Entre ellos figurarán una serie de programas específicos o de choque sobre ámbitos territoriales particulares o sobre temas concretos de interés especial, que desarrollarán y programarán en el tiempo las correspondientes actuaciones y proyectos. Como ejemplos de estos planes se pueden citar, entre los de carácter temático, los relativos a actuaciones específicas en alguno de los modos de transporte, como las de impulso al transporte de mercancías por ferrocarril, o los planes de salvamento marítimo, entre muchos otros. Entre los de dimensión territorial concreta, se encuentran por ejemplo los planes y programas de cercanías ferroviarias y otras actuaciones en medio urbano y metropolitano, así como, por el carácter intrínsecamente puntual de sus nodos e infraestructuras, los planes de modernización de puertos y aeropuertos. El PEIT(a) enunciará los instrumentos de planificación de estos tipos que puedan derivarse de él.

Algunas actuaciones, especialmente en el caso de proyectos singulares de dimensión significativa, podrán desarrollarse directamente a partir del propio PEIT(a). En este sentido, debe reiterarse que por su carácter estratégico y de medio plazo, la planificación que se establezca no constituye un conjunto cerrado y rígido, sino que debe estar abierta a la incorporación de las adaptaciones precisas, sin que ello implique la realización de un nuevo ciclo de revisión completa del Plan.

El segundo ámbito de desarrollo de las directrices y criterios del PEIT(a) corresponde a la realización de los oportunos programas de elaboración de normativa, regulaciones sectoriales y gestión de los servicios, que se elaborarán de forma paralela a la planificación específica y la ejecución de las actuaciones inversoras del Plan. Algunos de los temas más relevantes que han de ser objeto de actuaciones regulatorias y de gestión son el posible cambio de modelo de gestión aeroportuaria, o el de puertos, o la culminación del cambio de modelo ferroviario. En este grupo se incluirá también el desarrollo de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, y el desarrollo normativo que pueda derivarse de ello.

En función de la distribución competencial existente en materia de infraestructuras y transporte, la consecución de los objetivos del PEIT(a) precisa de la convergencia, coordinación y concertación entre las actuaciones del Ministerio de Fomento y de las Comunidades Autónomas y las autoridades locales. Esta concertación, orientada por los principios de corresponsabilidad y colaboración entre las Administraciones, tendrá como ámbitos de actuación preferente, entre otros, los relativos al desarrollo de los nodos logísticos y la integración modal, la integración urbana de las infraestructuras y servicios de transporte de titularidad estatal, la coordinación del marco de prestación de los servicios de transporte público de viajeros por carretera, y muy especialmente, la movilidad urbana y metropolitana. En el marco del PEIT(a) se propondrán los medios adecuados para desarrollar esta coordinación interadministrativa, así como la concertación con los agentes económicos y sociales del sector.

La actualización del PEIT revisará también el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de seguimiento y gestión del propio Plan, proponiendo las actuaciones que se estimen adecuadas al respecto, tanto en relación a los instrumentos técnicos y de gestión interna como a los medios de estructurar la concertación entre administraciones y la participación social.

7. Efectos ambientales previsibles

Por su vinculación con las infraestructuras y los servicios de todos los modos de transporte, así como por la amplitud de su ámbito de actuación, que se extiende a toda la geografía nacional, el PEIT(a) puede interrelacionar con la mayor parte de los sectores de la política ambiental, produciendo tanto efectos potencialmente positivos como negativos.

La presente actualización del Plan Estratégico integrará en su elaboración los principios del desarrollo sostenible, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos adquiridos acerca de las emisiones contaminantes y el cambio climático, a través de la mejora de la eficiencia general del sistema y de la optimización de la distribución modal del transporte.

Por otra parte, en la elaboración del PEIT(a) y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) se tendrán en cuenta todas las afecciones potenciales significativas en los distintos aspectos, con el objeto de diseñar las orientaciones de actuación y los instrumentos oportunos para el posterior desarrollo de las propuestas incluidas en el Plan.

Entre los aspectos generales que van a ser considerados, comunes a todos los modos de transporte, se incluyen los siguientes:

- Efectos globales y cambio climático,

- Efectos sobre la salud humana: emisiones y contaminación del aire, del agua, y de los suelos, ruido, y generación de residuos.

- Efectos sobre el patrimonio natural y la biodiversidad, hábitats, fauna y flora, espacios naturales protegidos y otras áreas de valor natural, medio litoral y marino.

- Usos del suelo, paisajes y patrimonio sociocultural.

- Efectos sinérgicos y acumulación de efectos.

Un resumen de los efectos más significativos de las infraestructuras y los transportes en su conjunto se presenta seguidamente. En el análisis detallado de los mismos, que se desarrollará en la actualización del PEIT, se cuantificarán éstos efectos, identificando en especial la evolución de los mismos en el período más reciente, correspondiente a la puesta en marcha del PEIT, y sus tendencias de cambio a corto y medio plazo.

Según datos recogidos en la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, en términos de energía final y tomando como fuente los datos del año 2006 remitidos oficialmente a los organismos internacionales, el sector del transporte consume el 42% del total de energía final (no considerando en este término los usos no energéticos), lo que supone 40.650 ktep. En la distribución de ese consumo energético por medios de transporte, destaca el fuerte peso que tiene el transporte por carretera, que absorbe casi el 80% del total de energía del sector. Le sigue en importancia el transporte aéreo, con casi un 14% del total, siendo el resto de medios de transporte minoritarios en lo que a consumo de energía se refiere.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) originadas por las actividades de transporte -carretera, ferrocarril, aéreo nacional y navegación de cabotaje (no se incluye transporte aéreo y marítimo internacional) – superaron en 2006 las 108 Mt CO2 eq., lo que supone el 25,4% de las emisiones totales en España y un aumento del 88% desde 1990. Este incremento está directamente relacionado con el notable crecimiento de la demanda de transporte. En este sentido el peso del sector del transporte ha crecido del 21,4% en 1990 al 25,4% en 2006 considerando el conjunto de los gases de efecto invernadero.

En cuanto al reparto modal, la carretera causó el 89,2% de las emisiones, la aviación nacional el 6,6%, el cabotaje marítimo el 3,9% y el ferrocarril el restante 0,3%. Por tipo de vehículo, el 53,2% de las emisiones del transporte por carretera corresponden a los turismos y motocicletas, mientras que el 33,5% proviene de los vehículos pesados -autobuses y camiones- y el restante 13,3% de los vehículos de transporte ligeros.

A diferencia de las emisiones contaminantes, que se están afrontando con relativo éxito mediante medidas tecnológicas de mejora de motores y combustibles, las emisiones de CO2 se encuentran acopladas con el consumo de combustibles fósiles y obligan a otro tipo de estrategias. En este sentido, un indicador para valorar la eficacia de las medidas dirigidas a reducir las emisiones del transporte, y en particular del vehículo privado, son las emisiones específicas de dióxido de carbono de los turismos nuevos, en línea con los Acuerdos Voluntarios establecidos por la Comisión Europea con los fabricantes europeos, japoneses y coreanos. Así, según el informe de la Comisión Europea de 2009, y basado en datos de 2007, la media de las emisiones de coches nuevos era en el caso de España de 152 g CO2/km en 2007 y 175 g CO2/km en 1995.

La emisión de otros contaminantes - precursores del ozono troposférico, sustancias acidificantes, partículas y aerosoles, etc.- por las actividades del transporte tiene importantes efectos sobre la calidad del aire y la salud, más notables en los entornos urbano y metropolitano donde la congestión y la propia estructura de las ciudades agravan esos efectos, especialmente sobre ciertos grupos de riesgo o particularmente vulnerables, como niños y ancianos.

Salvo una parte menor -evaporación de combustibles y pérdida de gases refrigerantes-, estas emisiones provienen de la quema de combustibles fósiles de uso final.

Como ya se ha señalado, los esfuerzos realizados a través de normativas sobre motores y combustibles -introducción de catalizadores y filtros, gasolinas sin plomo, biocarburantes, etc.- han permitido reducir notablemente las emisiones de plomo, compuestos orgánicos volátiles distintos del metano, monóxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno, si bien el aumento de la demanda y la creciente matriculación de vehículos más potentes o con motorización diesel han contrarrestado parte de los esfuerzos tecnológicos; mientras que las emisiones de partículas, dióxido de carbono, óxido nitroso y amoniaco siguen creciendo. Por otro lado, cada día cobra mayor importancia la emisión total de partículas, en la que el transporte es responsable del 20,5%, siendo mayor (29,1%) para las de diámetro inferior a 2,5 micras.

Existe una alta correlación entre la calidad del aire y mortalidad, morbilidad, algunos cánceres y enfermedades cardiovasculares y respiratorias, estando constatado que las reducciones en las emisiones de contaminantes tales como partículas y/o el óxido nitroso producen ganancias considerables sobre la salud pública.

El ruido provocado por el tráfico, sobre todo en los entornos urbanos, se ha incrementado en nuestro país durante los últimos años. Se estima que alrededor de tres cuartas partes de la población española está sometida a niveles sonoros altos. La relación entre el ruido y la salud resulta clara: molestias, perturbaciones en la comunicación y un incremento de comportamientos agresivos, en el sueño y en el descanso, en el desarrollo de los niños, hipertensión, e influencia en enfermedades cardiovasculares.

En cuanto al deterioro provocado en el medio ambiente por la construcción de las infraestructuras, las medidas correctoras introducidas en las Declaraciones de Impacto Ambiental intentan paliar algunos de sus efectos negativos, pero difícilmente podrán eliminar la progresiva ocupación del territorio y su fragmentación, con efectos negativos sobre la biodiversidad. Aunque el ratio de territorio fragmentado por infraestructuras resulta menor en España que en el resto de la UE15, no conviene perder de vista el gran número de entornos ambientales protegidos existentes en nuestro país, más vulnerables, por tanto, a cualquier actividad que los divida y fragmente. La riqueza natural del país–, y la existencia de numerosos espacios que aunque no reciban una protección particular pueden calificarse como ambientalmente “sensibles” (zonas costeras, macizos montañosos, áreas urbanas) aconsejan prestar una atención creciente a este condicionante y a su dimensión territorial en la presente fase de planificación.

Hay que señalar que tanto el alcance de la actualización como la identificación de las cuestiones del PEIT que van a verse afectadas se encuentran todavía en una fase preliminar de definición, por lo que no es posible evaluar con precisión todos los efectos ambientales previsibles. La evaluación precisa de los efectos medioambientales de la actualización del PEIT se abordará una vez establecidos los elementos básicos de la misma, actualmente en fase inicial del diseño de las directrices de actuación y contenido de los cambios. No obstante, cabe adelantar que en el análisis de los distintos aspectos ambientales, se identificarán los problemas existentes y su relevancia, los actuales objetivos de protección, y los efectos probables. Se tendrán en cuenta la legislación y normativa nacional y comunitaria aplicable, así como los instrumentos políticos de planificación con incidencia en el sector del transporte y sus infraestructuras.

Seguidamente, se describen los criterios principales de evaluación de los efectos específicos más significativos en los distintos modos de transporte.

En particular, por lo que se refiere a las conexiones terrestres, infraestructuras de carreteras y ferrocarriles, y atendiendo a las recomendaciones de la Memoria Ambiental del PEIT, se completará un análisis de la afección a la Red Natura 2000. Entre los espacios protegidos a estudiar, se consideran tanto la Red Natura 2000: Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), como las Áreas de Importancia para las Aves (IBA). Asimismo, se evaluarán los efectos potenciales sobre los hábitats prioritarios y sobre las especies faunísticas de interés.

Concretamente, para identificar los potenciales puntos de conflicto, se prevé obtener indicadores del efecto acumulado de las citadas conexiones terrestres sobre los espacios naturales protegidos, hábitats prioritarios y especies protegidas, de conformidad con la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats naturales y la fauna y la flora silvestres. Así mismo, se realizarán estudios similares en el resto de modos de transporte con el fin de identificar los efectos potencialmente significativos y evaluar el alcance de los mismos.

Por la naturaleza y volumen de información a procesar, será necesario recurrir a la ayuda de las herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica).

Sin llegar a entrar en el estudio detallado de efectos de menor entidad, más propio de las siguientes etapas de desarrollo de las actuaciones, en las que es posible definir mejor las medidas protectoras y correctoras oportunas, también se evaluarán otros aspectos ambientales que son susceptibles de analizar a la escala de trabajo del PEIT. Entre ellos figuran, en el caso de la red viaria básica, la ocupación del suelo, consumo de materiales y generación de residuos, bajo la perspectiva de limitar su magnitud y evitar impactos adicionales a los ya producidos; los efectos sobre áreas pobladas, especialmente la calidad del aire y el ruido; los efectos secundarios inducidos, teniendo en cuenta que la mejora de las comunicaciones a menudo origina un desarrollo local y regional que conviene ordenar adecuadamente; y los efectos globales derivados del consumo de energía, las emisiones de GEI y otros contaminantes atmosféricos, a los que la construcción de carreteras puede contribuir indirectamente.

Junto a estos efectos, se valorarán también, entre otras, las eventuales aportaciones positivas de las actuaciones viarias, cuando éstas fomenten la intermodalidad, promuevan el uso del transporte colectivo (y en general la eficiencia del sistema) o mejoren la seguridad vial, la calidad del aire y los niveles sonoros, particularmente en entornos urbanos.

En lo que se refiere a la aviación y el transporte aéreo, éstos son causantes de impactos ambientales diversos que tienen relación con todos los factores del medio, inerte, biótico o perceptual y que se manifiestan a todas las escalas, global, regional o local. En general, serán principalmente relevantes sólo determinados impactos a nivel global y local. Entre los primeros se consideran el consumo de energía y la contribución al calentamiento global, y entre los segundos, las emisiones locales de óxidos de nitrógeno y el ruido aeroportuario.

En general, sólo las actuaciones infraestructurales de mayor envergadura (actuaciones en área de movimiento de aeronaves y en área terminal) van a presentar efectos globales potenciales negativos pues suponen un aumento de la capacidad de transporte aéreo mediante la inversión en nueva infraestructura. Por el contrario, el resto de actuaciones, ya sean infraestructurales o no, son básicamente compatibles con los principales objetivos ambientales del PEIT (calidad, seguridad, intermodalidad, conservación de la infraestructura, gestión, participación, innovación…) por lo que, a priori, sus efectos globales se estiman positivos.

El análisis de los principales impactos ambientales derivados del incremento del tráfico aéreo (consumo de energía, GEI,) deberá realizarse de manera detallada para los escenarios y alternativas previstas, y cuantificarse, en la medida de lo posible, mediante los indicadores seleccionados para evaluar los efectos globales y locales del transporte aéreo.

Se pueden avanzar tres objetivos ambientales específicos, relevantes a éste nivel de planificación, como desarrollo del objetivo general de sostenibilidad:

+ Minimizar el impacto acústico en las poblaciones que habitan en el entorno de los aeropuertos.

+ Contener las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por España.

+ Contribuir a la mejora de la calidad del aire en el entorno de los aeropuertos.

En cuanto a los puertos y la actividad de transporte marítimo-terrestre a la que dan soporte, su desarrollo puede dar lugar a un conjunto de afecciones sobre el medio físico, cuya evaluación se realizará desde una perspectiva acorde con el nivel propio de planificación estratégica, por lo que se tomará como unidad de análisis espacial la fachada marítima.

Así mismo, también pueden derivarse efectos relacionados con el calentamiento global, en la medida en que la potenciación del transporte marítimo de corta distancia, la puesta en marcha de las Autopistas del Mar y la mejora de los accesos terrestres a los puertos, especialmente los ferroviarios, propiciarán un reparto modal más sostenible al proporcionar soluciones alternativas y/o complementarias a la carretera. En conjunto, se espera que estas medidas supongan una contribución positiva al objetivo general de reducción de GEI.

En atención a lo expuesto, los objetivos ambientales de la actualización del PEIT en esta materia consisten básicamente en la minimización de los impactos, tanto sobre el medio físico como sobre el calentamiento global.

Respecto al primero de ellos, la evaluación de los posibles efectos contemplará tres aspectos importantes: áreas protegidas, biodiversidad marina (durante la implantación de las infraestructuras y durante la fase de explotación) y afecciones a las playas próximas. Para la estimación del segundo de los efectos, dado que se basa en el trasvase de tráfico desde la carretera al modo marítimo, será necesario realizar previsiones de demanda en las diferentes alternativas, antes de proceder a los cálculos de emisiones conforme a los criterios comúnmente aceptados.

Por último, hay que resaltar desde una perspectiva global, que la actualización del PEIT tendrá un efecto conjunto positivo, como consecuencia fundamentalmente de las medidas de gestión que se proponen y del trasvase modal que se va a producir hacia los modos de transporte más sostenibles.

Aunque ambas son difíciles de cuantificar, sin duda están orientadas en la dirección correcta. En efecto, las actuaciones ferroviarias, tanto en pasajeros como en mercancías, destinadas a mejorar la oferta y la competitividad del ferrocarril, como alternativa a la carretera, permitirán sustituir tráficos de esta última. En el mismo sentido operan las medidas de impulso al transporte marítimo, los puertos y la intermodalidad, en la medida en que promoverán ganancias claras de eficiencia, no solo desde el punto de vista del ahorro energético sino también de generación de emisiones, en el transporte de mercancías. Particular importancia tienen, en este sentido, las medidas previstas para el transporte de viajeros en el ámbito urbano y metropolitano, cuya contribución resultará especialmente valiosa por producirse en zonas de muy alta sensibilidad.

8. Efectos previsibles sobre el territorio y sobre otras políticas sectoriales

En materia territorial, el PEIT(a) busca que los efectos más significativos, derivados de la política de transportes que define, sean coherentes con el cumplimiento de los objetivos generales del Plan. La concreción de dichos objetivos en la dimensión territorial implica, en primer lugar, favorecer el equilibrio territorial, evitando los efectos potenciales de una excesiva concentración de las inversiones en las zonas de mayor demanda – mayor población y actividad económica – lo que podría contribuir a agudizar ciertos desequilibrios territoriales. Por lo tanto, es preciso que los efectos del PEIT(a) en relación a la mejora de la competitividad y el cambio de modelo de crecimiento de la economía se produzcan de forma territorialmente bien distribuida. Por ello, se plantea como uno de los indicadores básicos de evaluación el de mejora global y convergencia de los niveles de accesibilidad de los distintos ámbitos territoriales. Además, la actualización del Plan debe incidir en el objetivo de cohesión social, a través de la mejora de los servicios de transporte, con una atención especial tanto a los ámbitos más frágiles del modelo territorial, como las zonas más periféricas, como a aquellos otros donde se producen las mayores tensiones en el sistema, como es el caso de muchas de las áreas metropolitanas y urbanas.

En la obtención de estos objetivos, se ha tener presente que la dimensión física del territorio y del paisaje no es ajena a las transformaciones que se derivan de los modelos de ordenación del territorio, la planificación urbanística, y a las actuaciones en el sistema de transporte que sustentan dicha planificación, generándose un círculo de potenciales impactos en la sostenibilidad del conjunto. Así, la planificación de las infraestructuras y el transporte debe velar por el mantenimiento de la diversidad y la funcionalidad ecológica del territorio y el paisaje.

Las infraestructuras de transporte, especialmente las lineales, tienen unos potenciales efectos sobre el territorio que son derivados de la demanda de suelo y recursos y, a escala regional, pueden manifestarse también potenciales efectos barrera y de fragmentación de hábitats.

Si bien estos efectos son propios de cada actuación y del entorno en el que se insertan, por lo que su evaluación detallada debe realizarse a la escala adecuada, normalmente la de Estudio Informativo, esta materia debe abordarse también indudablemente en el ámbito de la planificación estratégica que corresponde al PEIT(a). En esta línea se deberán completar y desarrollar, como se indica anteriormente, los trabajos relativos al estudio de los efectos conjuntos de ocupación y fragmentación que se derivan de las actuaciones en infraestructuras de transporte terrestre.

Por su parte, las infraestructuras portuarias y aeroportuarias no tienen unos potenciales efectos tan extensos y transformadores como lo pudieran tener las infraestructuras terrestres, aunque localmente puedan ser significativos en términos de demanda de suelo y recursos. En el caso de las infraestructuras portuarias será necesario tener presente, en el marco de los análisis realizados por fachadas marítimas, las potenciales afecciones a la biodiversidad marina y los efectos en el medio marítimo-terrestre, siempre teniendo en cuenta el grado de definición o escala en las que puedan ser definidas las actuaciones.

A una escala más amplia, los efectos territoriales del transporte y las infraestructuras se traducen en una potencial contribución a ciertas dinámicas de transformación del modelo ocupación del territorio y localización de actividades económicas o de áreas residenciales, como pueden ser la extensión y dispersión de la urbanización, o la especialización y segregación funcional. Este tipo de dinámicas se realimenta a veces mediante el aumento de la dotación de infraestructuras de transporte, especialmente infraestructuras viarias, incrementando la demanda de transporte, tanto en número como en distancias de viaje, y consecuentemente los impactos medioambientales y sociales del transporte (emisiones, congestión, ocupación de suelo, etc.)

En general, son los nuevos desarrollos urbanísticos y la deslocalización de las actividades productivas las fuerzas motrices de este tipo de dinámicas territoriales, desempeñando el transporte un papel derivado o, en todo caso, de acompañamiento de las mismas. Por ello, es en el marco de la planificación territorial y urbanística donde deben de ser tenidos primordialmente en cuenta estos efectos, ya que las necesidades de suelo, construcción de nuevas edificaciones y vías de acceso y las servidumbres que conllevan la construcción y explotación de nuevas infraestructuras, pueden entrar en conflicto con los planeamientos diseñados para los territorios de actuación. Se pueden producir disfunciones e incompatibilidades, si no se ha realizado la necesaria coordinación entre los planes territoriales y los de infraestructuras.

Debe tenerse en cuenta que las administraciones locales tienen la competencia sobre la planificación urbanística, y que las Comunidades Autónomas son competentes en materia de ordenación del territorio, y normalmente han desarrollado instrumentos específicos que fijan criterios y condicionan el desarrollo de las infraestructuras en el territorio. Del mismo modo, algunas Comunidades tienen sus propios planes específicos de infraestructuras, que amplían la construcción de infraestructuras en sus territorios y a su vez demandan de la administración central la construcción de nuevas infraestructuras que constituyan la base sobre las que apoyar el desarrollo de aquellas otras en las que son competentes.

Para lograr la máxima coherencia y compatibilidad de la planificación territorial y también de transportes de las Comunidades Autónomas con las de competencia estatal, es necesaria la coordinación entre las Administraciones, y resulta fundamental aprovechar al máximo los instrumentos creados como marco de concertación territorial. La planificación territorial y la de transportes deben profundizar en su cooperación, a partir de un consenso básico sobre objetivos de desarrollo comunes, articulados en torno a los principios de la sostenibilidad. La formulación por el Ministerio de Fomento de un marco estable para la planificación a medio y largo plazo de las infraestructuras y transportes de su competencia aporta su propia contribución para desarrollar esta concertación.

Un tercer aspecto de necesaria consideración en relación con los efectos en el territorio de la planificación de infraestructuras y transporte es el correspondiente al desarrollo socioeconómico relativo de los diferentes ámbitos. La relación entre dotación de infraestructuras de transporte y desarrollo social y económico del territorio, objeto de análisis y debate desde hace un largo tiempo, depende de muchos factores, pudiendo concluirse con carácter general que las infraestructuras de transporte implican para los territorios donde se implantan tanto oportunidades como amenazas para el desarrollo. La gestión que se haga de esas oportunidades y amenazas es un factor determinante para que las infraestructuras produzcan más o menos (positivos o negativos) efectos de desarrollo en el territorio.

Es necesario por ejemplo tener en cuenta que la implantación de nuevas infraestructuras puede generar un efecto inmediato en los precios del suelo (tanto positivo como negativo) pero sin embargo sus efectos sobre el desarrollo real del entorno, sobre su demografía o actividades económicas, se manifiestan a mucho más largo plazo o, incluso, pueden llegar a no producirse. Todo dependerá de las medidas políticas, económicas y sociales complementarias que sean implantadas, y sólo con ciertas actuaciones se pueden alcanzar efectos, de tal calado, que actúen sobre los procesos de jerarquización del sistema territorial. Estas políticas y estrategias de acompañamiento deben desarrollarse de manera coordinada y coherente con las actuaciones de planificación territorial y urbanística.

La potencialidad de contribución del PEIT(a) a los objetivos de desarrollo socioeconómico sostenible, en el marco de una estrategia global de cambio del modelo productivo, será objeto de un análisis específico detallado en el curso de la elaboración del Plan. Precisamente, uno de los elementos de oportunidad de la actualización del PEIT, es decir, de la decisión de ponerla en marcha en este momento concreto, radica en la situación de la economía global y su repercusión en nuestro país. Uno de los principales fines de la política de infraestructuras y transportes del Gobierno es contribuir a mejorar la posición competitiva de nuestra economía en el escenario europeo y global, y en las circunstancias actuales, contribuir a la superación lo más rápida posible de la crisis.

El PEIT(a) tratará de mejorar la eficiencia y movilizar el potencial del sistema económico, ligados al desarrollo de las infraestructuras y el transporte, priorizando las cadenas de conexión más eficientes económica y ambientalmente, y apostando decididamente por la incorporación de la innovación y los Sistemas Inteligentes de Transporte. El PEIT(a) debe aportar, de este modo, una contribución relevante del sector del transporte a la necesaria evolución hacia un nuevo modelo productivo.

Junto con este efecto, más estratégico, a medio y largo plazo, el PEIT(a) debe constituir uno de los instrumentos básicos para el mantenimiento del empleo, objetivo decisivo también en estos momentos.

Frente a los citados objetivos de impulso al desarrollo socioeconómico en un nuevo modelo productivo más sostenible, la política de transporte e infraestructuras, y su correspondiente planificación, deben ejecutarse de forma coordinada y coherente con las demás políticas sectoriales que influyen sobre la consecución de dichos objetivos. En este sentido, es destacable que los criterios, directrices y propuestas del PEIT han sido tenidos en cuenta e incorporados en las medidas correspondientes a este sector en importantes documentos de planificación estratégica elaborados en el marco de las políticas económica, industrial, energética, de lucha contra el cambio climático, y de impulso a la sostenibilidad. Pueden citarse entre ellos:

- La Estrategia Española de Eficiencia Energética, E4, y su Plan de Acción,

- El Programa Nacional de Reformas para la instrumentación por España de la Estrategia de Lisboa,

- La Estrategia Española de Movilidad Sostenible.

El PEIT(a) debe suponer un avance adicional de la política de transporte e infraestructuras en relación a la consecución de estos objetivos, así como una continuación del impulso a la integración de las políticas sectoriales, dando concreción al compromiso del Ministerio de Fomento de situar esta política al servicio de la estrategia global de profundización en el cambio de modelo de crecimiento de la economía española.

10 de julio de 2009

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14 Ecologistas en Acción – Área de Transporte

15 de septiembre de 2009

¿Es sostenible el transporte de tu ciudad?

Breve cuestionario para contrastar el discurso y las prácticas de movilidad con respecto a la sostenibilidad.

A menudo, la dialéctica va por un lado, y las actuaciones reales por otro bien distinto. Este cuestionario permite hacer patentes estas contradicciones.

A. Urbanismo, ordenación del territorio y transporte.

1. ¿Está planificándose la ciudad y su área de influencia con criterios de reducción de las necesidades de desplazamiento motorizado?

2. ¿Está planificándose el crecimiento urbano con criterios de accesibilidad mediante transporte no motorizado (a pie y en bici) y transporte colectivo?

B. Infraestructuras para el automóvil.

3. ¿Están creándose nuevas carreteras o ampliándose la capacidad de las existentes?

4. ¿Están creándose nuevos aparcamientos que facilitan el uso del automóvil en la ciudad?

C. Estímulos para el transporte alternativo al automóvil.

5. ¿Se han realizado planes para mejorar las condiciones de seguridad y comodidad de los desplazamientos peatonales?

6. ¿Se han llevado a cabo planes para promocionar el uso de la bicicleta incluyendo redes de vías ciclistas?

7. ¿Se han desarrollado actuaciones extensas y profundas para mejorar la funcionalidad y el atractivo del transporte colectivo?

D. Disuasión del uso del vehículo privado.

8. ¿Se han puesto en marcha medidas que restringen la circulación de automóviles en calles, barrios o el conjunto de la ciudad?

9. ¿Está implantada una política completa de aparcamiento que disuade los usos más irracionales del automóvil?

E. Recuperación de la calle como espacio de convivencia.

10. ¿Se ha calmado el tráfico con la implantación de normas y dispositivos para reducir la velocidad de los vehículos, creando por ejemplo áreas de 30 km/h?

11. ¿Se ha establecido algún plan o estrategia para mejorar la seguridad vial con criterios favorables al peatón o la bicicleta?

12. ¿Se aplican las normas de la legislación de accesibilidad en el viario para facilitar los desplazamientos de toda la población (incluyendo las personas con

discapacidad) y suprimir las denominadas barreras arquitectónicas?

13. ¿Se aprovechan las obras rutinarias en la calle para mejorar las condiciones para el peatón, la bicicleta y el transporte público?

F. Cambios en los hábitos y comportamientos en el transporte.

14. ¿Se aplican nuevos criterios de urbanización de la calle favorables al calmado del tráfico y a los medios de transporte alternativos?

15. ¿Se están desarrollando planes de transporte en centros escolares (proyectos de CAMINO ESCOLAR) para reducir la dependencia de los escolares respecto al automóvil y los medios motorizados?

16. ¿Se han establecido planes de empresas con el fin de estimular el uso de los medios de transporte alternativos de los trabajadores y visitantes de sus centros?

17. ¿Se utilizan instrumentos fiscales y normas para penalizar los vehículos de mayor impacto ambiental y mayor peligrosidad?

18. ¿Se ha realizado algún plan para orientar el transporte generado por la administración hacia pautas de menor impacto ambiental y social?

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15 Ecologistas en Acción – Área de Transporte

14 de septiembre de 2009

Menos automóviles para mejorar el clima

Entre el 16 y 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad. Este año tiene por lema “Mejora el clima de tu ciudad”. Por ello, Ecologistas en Acción quiere enfatizar la fuerte contribución de los automóviles a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que una de las principales formas de limitar el cambio climático, al tiempo que se mejora la habitabilidad urbana, es reducir el tráfico de automóviles en nuestras ciudades.

La convocatoria de la Semana Europea de la Movilidad se planteó por primera vez el año 2002. Con ella, se pretende promover la realización de actividades previas al Día sin Coches, con el objetivo de informar, concienciar y dar participación a la ciudadanía en la tarea de mejorar la calidad de vida de las ciudades y áreas metropolitanas. En último término, se trata de reducir el número de coches en circulación y demostrar en la práctica los beneficios que reporta el que los automovilistas dejen el coche en casa.

Lamentablemente, año tras año, esta iniciativa se ha ido saldando con una sensación de fracaso cada vez mayor, a medida que ha ido perdiendo contenido e incidencia, ya que la mayor parte de los Ayuntamientos han renunciado a cortar el tráfico de automóviles privados (verdadero núcleo de la campaña) y a organizar la movilidad urbana basándose en el transporte público y en los medios alternativos y no motorizados.

Todo parece indicar que 2009 seguirá esta tendencia de declive: renuncia a cortar el tráfico, actividades improvisadas y de escasa incidencia, falta de planificación del transporte público o de medidas a favor de peatones y ciclistas, escasa o inexistente implicación de las organizaciones sociales, ausencia de una campaña de información a la ciudadanía… resultan la tónica general en nuestras ciudades.

Este año la convocatoria reviste una particular importancia, ya que el tema central es “Mejora el clima de tu ciudad”, destacando por tanto la gran contribución que tienen el transporte y en particular el uso excesivo de los coches al empeoramiento del cambio climático. Efectivamente, las emisiones de CO2 en el transporte por carretera son las que más se han incrementado desde 1990 en el Estado español –pŕacticamente el doble hasta 2007 (un 97%)–. Y la mitad de estas emisiones se producen en nuestras zonas urbanas y metropolitanas.

Hoy por hoy, seguir aplicando la receta de incrementar el viario para los coches es una respuesta obsoleta, cara y contraproducente ante los retos del tráfico. Al contrario, reducir la capacidad del viario para los coches permite modos de vida más saludables para todos los ciudadanos, con la ventaja de que se disminuyen las emisiones de gases de invernadero, al tiempo que se produce una mejora en la calidad del aire, menor ruido, más espacio para la gente… Hasta ahora, las mejoras tecnológicas en la eficiencia de los automóviles han sido en buena medida neutralizadas por su cada vez mayor uso, por lo que la única estrategia razonable es la de reducir su utilización.

Por ello, Ecologistas en Acción destaca la importancia de elaborar planes de movilidad sostenible en nuestras ciudades y áreas metropolitanas, realizados con participación ciudadana, que actúen limitando el estacionamiento y circulación de automóviles, reforzando y mejorando los transportes públicos y favoreciendo el transporte a pie y en bicicleta.

Desgraciadamente, las políticas de movilidad urbana siguen ancladas en conseguir “la mayor fluidez del mayor tráfico posible”, en un camino opuesto al que señala la Semana Europea de la Movilidad y todas las recomendaciones internacionales.

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16 Ecologistas en Acción

15 de septiembre de 2009

Emisiones de CO2 de los coches: es posible reducir mucho más

Ecologistas en Acción y Greenpeace se hacen eco del informe sobre las emisiones de los vehículos vendidos en Europa durante 2008 que hoy presenta la federación Transport & Environment (T&E). Un análisis de los resultados de este trabajo permite comprobar cómo es posible reducir mucho más estas emisiones de lo que lo están haciendo la mayor parte de los fabricantes. También se deduce la necesidad de regular las emisiones de furgonetas y camiones.

Los fabricantes de automóviles redujeron el consumo de combustible de sus vehículos, y por tanto las emisiones de CO2, en un grado muy diferente durante 2008. De hecho, algunos fabricantes consiguen reducciones cuatro a cinco veces mayores que otros, lo cual demuestra el amplio margen de que dispone la industria automovilística para fabricar vehículos menos contaminantes.

Así, los datos publicados hoy por Transport & Environment (T&E), organización a la que pertenece Ecologistas en Acción, muestran que las emisiones medias de los automóviles vendidos en Europa durante 2008 por BMW y Mazda han reducido sus emisiones en un 10% y el 8,2%, respectivamente, si bien esta última marca partía de una situación de muy altas emisiones. Sin embargo, nueve de los catorce mayores productores de automóviles quedaron por debajo del 4%.

Obviamente, es muy importante fijarse en la situación de partida: durante 2008 los vehículos menos emisores han sido los vendidos por Fiat, seguido de PSA Peugeot-Citroën y de Renault. En el otro extremo, están marcas como Daimler, Nissan, Volkswagen o Mazda, que son las que fabrican, por ese orden, vehículos más contaminantes.

El descenso medio de emisiones de los coches vendidos en Europa es de un 3,3% (pasando de 158,7 g/km un año antes a 153,5 g/km durante 2008). En cuanto al Estado español, estas mismas emisiones han sido en 2008 de 148 g/km, lo que supone una reducción del 3,4% con respecto a 2007). Es de destacar que países como Dinamarca (8,3% de reducción de emisiones entre 2007 y 2008) o Finlandia (8,2%) son precisamente los Estados que han establecido medidas más claras de fiscalidad para reducir las emisiones de CO2, lo que con nitidez indica un buen camino a seguir por el resto.

Como se recordará, la normativa europea aprobada a finales de 2008 fija objetivos vinculantes para las emisiones medias de CO2 de cada fabricante, en concreto un límite de 130 g/km para 2015, un objetivo que organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción siempre consideraron muy poco ambicioso. Según el informe que hoy se presenta, las notables diferencias en el rendimiento de los diferentes fabricantes de automóviles muestran que el objetivo es fácilmente alcanzable a poco que se tenga voluntad para ello, y que se debía haber sido mucho más audaz a la hora de exigir reducciones. Efectivamente, marcas como Fiat o PSA Peugeot-Citroën ya están por debajo de los 140 g/km. La primera es la que más cerca está de cumplir con su objetivo para 2015. Fiat, en cambio, a pesar de unas emisiones medias inferiores a las de PSA Peugeot-Citroën está en cuarta posición en el ranking de las compañías que más se acercan a su objetivo para 2015 ya que fabrica vehículos 160 kg más ligeros que los de PSA y, por lo tanto, está sujeto a un objetivo más ambicioso.

Aún con sus limitaciones, la nueva legislación de la UE ya está teniendo efectos. La caída global de las emisiones medias de CO2 no se puede relacionar sólo con la crisis financiera, los altos precios del combustible o los cambios en el comportamiento de los consumidores, puesto que las reducciones no han sido uniformes según las marcas.

Para las dos organizaciones ecologistas, este impacto positivo de la legislación sobre los coches se suma a la evidencia de que es necesario fijar objetivos jurídicamente vinculantes a las furgonetas y camiones, responsables casi de la mitad de las emisiones de CO2 imputables a la carretera.

El informe también analiza algunas de las estrategias de los fabricantes de automóviles para reducir sus emisiones medias. Así, Ford se desprendió de Jaguar y LandRover, muy emisores, lo que por sí solo representaba más de la mitad de las reducciones de la compañía. Otros fabricantes como Grupo Volkswagen, junto con Toyota y Honda no ofrecen la tecnología más eficiente en toda su gama, sino en algunos modelos. Otros fabricantes, como el grupo BMW, que registró las mayores mejoras para el segundo año consecutivo –si bien partiendo de emisiones muy altas–, ofrece su tecnología Efficient Dynamics en toda su gama de productos.

La legislación europea en materia de emisiones de CO2 de los automóviles fija un objetivo por cada compañía sobre la base del peso medio de la flota de vehículos que ésta comercializa. Este sistema, que encontró la fuerte oposición de las ONG ecologistas, entraña un incentivo perverso para que los fabricantes aumenten el peso de sus productos para que la legislación les exija menores esfuerzos. Para más información: http://www.greenpeace.org/espana/reports/por-que-el-peso-y-no-el-tama.pdf

Documentos adjuntos

Reducing CO2 Emissions from New Cars: A Study of Major Car Manufacturers’ Progress in 2008 (PDF - 222 KB)

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17 Ecologistas en Acción

17 de septiembre de 2009

Transporte sostenible contra el cambio climático

La contribución del transporte urbano al cambio climático es enorme. La mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al transporte se producen en las ciudades. Por este motivo, Ecologistas en Acción señala que las actuaciones dirigidas a mejorar la sostenibilidad del transporte metropolitano son de vital importancia para luchar contra el cambio climático.

Este año la convocatoria de la Semana Europea de la Movilidad reviste una particular importancia, ya que el su eje es el cambio climático (“Mejora el clima de tu ciudad”). Efectivamente, hay un amplio consenso en que el cambio climático es el problema ambiental y social más importante al que se enfrenta la humanidad. Además, España es uno de los países europeos en los que se prevé que las consecuencias del cambio climático serán más dramáticas.

Las emisiones de CO2 en el transporte por carretera son las que más han aumentado desde 1990, tanto en el Estado español –prácticamente el doble hasta 2007 (un 97%)–, como en Europa –donde el aumento ha sido del 32%–. Se trata del sector más desbocado en sus emisiones de gases invernadero y, por tanto, el que más hace peligrar los compromisos de Kioto para 2012. De hecho, el transporte es ya en España el sector que más gases de efecto invernadero emite, por encima del 25% del total.

Pues bien, los estudios demuestran que la mitad de estas emisiones se producen en los desplazamientos urbanos. También es claro que el principal emisor es el coche, por lo que es urgente adoptar medidas para reducir el uso del automóvil en las ciudades y trasvasar viajeros a otros modos de transporte menos problemáticos y contaminantes, como es el caso del transporte público y de los desplazamientos no motorizados, esto es, andar o pedalear.

Quemar 1 litro de combustible supone emitir 2,3 kg de CO2. Así, cada persona que utiliza el coche para sus desplazamientos al trabajo (con un recorrido medio aproximado de 15 km) emite unas 2 toneladas de CO2 al año sólo por esta razón. Si comparamos estas cifras con los “consumos” de una bicicleta (1 kWh te permite recorrer 31,5 km en bicicleta, frente a apenas 1,1 km si vas en coche) y recordamos que casi la mitad de los recorridos urbanos son de menos de 3 km, distancia perfectamente abordable en bicicleta, nos daremos cuenta de las grandes posibilidades de cambio sólo apoyando el uso de la bici, como ya ocurre en miles de ciudades de los países más desarrollados.

Mejorar la eficiencia de los nuevos automóviles, su menor consumo y sus menores emisiones tanto de CO2 como de otros gases perjudiciales para la salud, es una medida positiva para reducir las emisiones de CO2 totales y, de paso, también la contaminación de las ciudades. Pero Ecologistas en Acción quiere recordar que la deseable reducción en las emisiones por vehículo es una medida necesaria pero no suficiente, y debe ser acompañada de otras actuaciones que reduzcan el uso del automóvil.

Es por esto que, para Ecologistas en Acción, las políticas de movilidad más urgentes deben ser simultáneamente de disuasión y estímulo. Disuasión del uso del automóvil mediante los múltiples mecanismos posibles (parquímetros, restricciones de acceso, peajes, no ampliación de carreteras, “pacificación” del tráfico). Estímulo de los medios más favorables (mejoras en el transporte público, con carriles exclusivos, itinerarios peatonales y ciclistas seguros, ampliación de aceras). Todo ello, en el marco de Planes de Movilidad Sostenible, que son una de las grandes carencias de nuestras ciudades.

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18 Ecologistas en Acción

18 de septiembre de 2009

Semana de la Movilidad: España en la cola en el uso de bicicletas

El Estado español se encuentra en los últimos puestos en la utilización de la bicicleta en los desplazamientos urbanos. Y eso a pesar de sus mejores condiciones meteorológicas frente a otros países europeos de nuestro entorno. Por ello, Ecologistas en Acción exige a los Ayuntamientos medidas para permitir y favorecer el uso la bicicleta en la ciudad como un modo de transporte cotidiano, alternativo al coche. Ésta es una de las mejores políticas para reducir las emisiones urbanas de CO2, objetivo de la Semana Europea de la Movilidad de 2009, así como para mejorar la habitabilidad de nuestras ciudades.

Ecologistas en Acción considera que la utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano es un derecho que numerosos ciudadanos y ciudadanas no pueden ejercer porque los Ayuntamientos no ponen los medios necesarios para que se pueda circular en bici por las ciudades en condiciones mínimas de seguridad y eficacia. De hecho, la mayoría de los Ayuntamientos tienen “políticas de tráfico” ancladas en el pasado, que no consideran que la bicicleta sea un medio de transporte más. Por ello, la bicicleta, salvo honrosas excepciones, nunca es tenida en cuenta en el diseño de las calles, la organización de la circulación, los cruces semafóricos o la provisión de aparcamientos para las mismas, así como en su combinación con el transporte público.

En este sentido, las ciudades españolas están a la cola de las urbes europeas, en muchas de las cuales las bicicletas han vuelto a reconquistar el espacio urbano gracias a sus innumerables ventajas. También hay ejemplos en el Estado español (San Sebastián, Barcelona, Córdoba, Sevilla…) pero en ningún caso se ha avanzado tanto como sería deseable y posible.

Según la Unión Europea, casi la mitad de los viajes que se realizan en coche en nuestras ciudades son recorridos de menos de 3 km, algo que costaría recorrer en bicicleta sólo unos pocos minutos. Además, la velocidad media de circulación no supera en muchas ciudades los 15 km/h, velocidad fácilmente alcanzable pedaleando. De hecho, en muchas pruebas comparativas de medios de transporte, se obtiene el mismo resultado una y otra vez: que la bicicleta es más rápida, más eficaz en el consumo energético y menos cara que cualquier otro medio de transporte urbano para distancias por debajo de los 6-8 km (la mayor parte de los desplazamientos urbanos). Sólo hace falta que se permita a las bicicletas circular en condiciones de confort y seguridad.

Este año, en que la Semana de la Movilidad se realiza bajo el lema “mejora el clima de tu ciudad”, conviene insistir en que cuanto más trayectos en coche se sustituyan por recorridos en bicicleta, menos emisiones de gases invernadero se producirán, aparte de que el aire será más sano y se reducirá el ruido. En definitiva, que como se comprueba una y otra vez en numerosas ciudades europeas, el entorno urbano es más habitable y grato con más bicis y menos coches.

Por estos motivos, Ecologistas en Acción exige a los Ayuntamientos las siguientes medidas a favor de la bicicleta:

La construcción de una red de carriles-bici en las principales vías urbanas, sobre la calzada y con separador donde sea necesario, que permita circular en bici con seguridad interconectando todos los barrios de la ciudad y éstos con el centro.

La pacificación del tráfico en el interior de los barrios, con “zonas 30” (donde no se permite rebasar los 30 km/h) que permitan sin peligro la coexistencia de los distintos usuarios de las calles, con prioridad a peatones y ciclistas.

Aparcamientos seguros para bicicletas en los puntos neurálgicos de la ciudad: desde estaciones e intercambiadores de transporte, pasando por centros de enseñanza, centros públicos, polideportivos, zonas de ocio, etc.

Medidas que permitan la combinación de la bici con el transporte público, que van desde la posibilidad de transportarla a la mejora de la accesibilidad de las estaciones.

Ha llegado la hora de democratizar la calle, dándole prioridad a sus principales usuarios, los peatones, y reduciendo el abusivo espacio ocupado por el automóvil, para permitir la expansión de otros modos de transporte menos contaminantes, más racionales, eficaces, seguros y sostenibles: no sólo el transporte público, sino también la bicicleta.

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19 Comisiones Obreras

24 de septiembre de 2009

CCOO pide que se facilite el uso de la bicicleta para ir al trabajo como medio de transporte alternativo

La bicicleta es el medio de transporte más eficiente y más saludable para ir al trabajo, sobre todo para itinerarios cercanos a los ocho kilómetros. Sin embargo, apenas un tres por ciento de los desplazamientos en las ciudades españolas se hace en bicicleta

El secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, Llorenç Serrano, ha pedido hoy a las distintas administraciones (central, autonómica y municipal) que se facilite el uso de la bicicleta como medio alternativo para ir al trabajo.
“La bici no contamina, no emite gases de efecto invernadero, no genera ruido y contribuye a crear ciudades más saludables y ciudadanos más sanos”, ha dicho esta mañana Serrano, quien ha participado en Madrid en una marcha ciclista desde la estación de cercanías de Sol hasta Cibeles para promover la movilidad sostenible en el centro a través del uso de la bicicleta.
El
acto ha sido organizado por CCOO de Madrid y UGT Madrid para demostrar que el uso de la bicicleta supondría un importante complemento al transporte público, permitiendo la combinación con los demás modos. Además, crearía puestos de trabajo vinculados tanto a la construcción y mantenimiento de la red de vías ciclistas, como al sistema de préstamo de bicicletas y mantenimiento de las mismas.
Llorenç Serrano ha pedido voluntad política y un cambio radical de mentalidad en las dirección de las empresas españolas para promover el uso de la bicicleta en los desplazamientos al trabajo . En concreto, ha señalado la necesidad de:
-Asegurar itinerarios seguros para bicicleta con redes de carriles-bici que conecten el municipio con los polígonos industriales.
-Garantizar la intermodalidad de la bici y el ferrocarril y que se habiliten espacios para trasladar la bicicleta en el tren.
-Aparcamientos seguros para bicicleta en los centros de trabajo, de servicios y de ocio.
-La habilitación de vestuarios para que sean utilizados por los trabajadores usuarios de la bicicleta.
-Establecer
una ordenanza fiscal que contemple ventajas para las empresas que fomenten el acceso en bicicleta al trabajo.
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20 Ecologistas en Acción

21 de septiembre de 2009

DÍA SIN COCHES: ¿COMPRAR COCHES PERO NO USARLOS?

Ecologistas en Acción denuncia las contradicciones entre los discursos de movilidad sostenible y las políticas reales, que siguen apostando por vender más y más coches y facilitar su uso en nuestras ciudades y zonas metropolitanas. Las consecuencias de esta situación son nefastas para nuestra calidad de vida y para el cambio climático.

El martes 22 de septiembre, un año más, se celebra el Día sin Coches. Se trata de una convocatoria de ámbito internacional, apoyada desde el año 2000 por la Comisión Europea. Pero, a pesar de sus cercanos comienzos, el Día sin Coches ya ha perdido empuje y contenido en manos de unos gobiernos municipales que, en su gran mayoría, continúan desarrollando cada día una política de movilidad destinada a favorecer la circulación de coches como principal modo de transporte urbano.

A causa de este escaso interés, la mayor parte de los Ayuntamientos improvisan actividades, que luego no se traducen en la adopción de medidas permanentes, sin apenas cortes de tráfico (verdadero núcleo del Día sin Coches), sin dar prioridad al transporte público ni a peatones y ciclistas, con escasa o nula implicación de las organizaciones ciudadanas, a las que no se da la oportunidad de participar, e inexistencia de campañas de información a la ciudadanía.

Tampoco es merecedor de muchas alabanzas el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, coordinador de la campaña en España, por su escasa implicación. No es de recibo que la mayor parte de los automovilistas se entere del Día sin Coches ése mismo día, oyendo la radio dentro de un atasco.

Es cierto que todos los administradores públicos hablan de movilidad sostenible, pero no es menos verdad que por cada euro que se invierte en movilidad alternativa muchos más se gastan en favorecer el uso del automóvil. El resultado: en las ciudades y zonas metropolitanas cada día utilizamos más el coche y menos el transporte público o los desplazamientos a pie o en bicicleta.

Ahí están por ejemplo las políticas de construcción de autovías metropolitanas por parte del Ministerio de Fomento y las diferentes CC AA, que vienen animando a que cada día más gente utilice el coche y resida a mayor distancia de su lugar de trabajo, ocio o estudio.

Al mismo tiempo, es llamativa la contradicción de los mensajes que llegan a la ciudadanía. Por un lado, se anima a comprar más coches (con las diferentes ayudas de una importante cuantía) y a usarlos más (con la mencionada política de autovías y carreteras, y de urbanismo disperso), y por otro, convocatorias como la del Día Sin Coches, recuerdan los graves problemas que ocasiona la excesiva utilización del vehículo privado: contribución al cambio climático, mala calidad del aire, ruido, pérdida de habitabilidad de las ciudades, siniestralidad…

Ante esta situación, Ecologistas en Acción quiere recordar la gravedad de los problemas ambientales que la expansión del automóvil provoca en la ciudad. En este sentido, es obvio que el éxito o el fracaso del Día Sin Coches es el resultado de las políticas de movilidad llevadas a cabo todos los días del año. Hace tiempo que llegó la hora de los mensajes coherentes, de los planes de movilidad sostenible, de democratizar la calle, dándole prioridad a sus principales usuarios, los peatones, y reduciendo el abusivo espacio ocupado por el automóvil, para permitir la expansión de otros modos de transporte más racionales, eficaces, seguros, sostenibles y saludables. Pero hasta el momento, parece que nuestros políticos y gestores de lo público no se han enterado.

Más información: Paco Segura 918 969 80, http://www.ecologistasenaccion.org/sincoches

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21 Ecologistas en Acción de Sevilla

22 de septiembre de 2009

Contradicciones entre los discursos de Movilidad Sostenible y las políticas reales

El martes 22 de septiembre, un año más, se celebra el Día sin Coches. Se trata de una convocatoria de ámbito internacional, apoyada desde el año 2000 por la Comisión Europea. Pero, a pesar de sus cercanos comienzos, el Día sin Coches ya ha perdido empuje y contenido en manos de unos gobiernos municipales que, en su gran mayoría, continúan desarrollando cada día una política de movilidad destinada a favorecer la circulación de coches como principal modo de transporte urbano.

A causa de este escaso interés, la mayor parte de los Ayuntamientos improvisan actividades, que luego no se traducen en la adopción de medidas permanentes, sin apenas cortes de tráfico (verdadero núcleo del Día sin Coches), sin dar prioridad al transporte público ni a peatones y ciclistas, con escasa o nula implicación de las organizaciones ciudadanas, a las que no se da la oportunidad de participar, e inexistencia de campañas de información a la ciudadanía.

Es cierto que todos los administradores públicos hablan de movilidad sostenible, pero no es menos verdad que por cada euro que se invierte en movilidad alternativa muchos más se gastan en favorecer el uso del automóvil. El resultado: en las ciudades y zonas metropolitanas cada día utilizamos más el coche y menos el transporte público o los desplazamientos a pie o en bicicleta.

Ahí están por ejemplo las políticas de construcción de autovías metropolitanas (SE-35, SE-40, ampliación de la A-49, etc.) por parte del Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas, que vienen animando a que cada día más gente utilice el coche y resida a mayor distancia de su lugar de trabajo, ocio o estudio.

Al mismo tiempo, es llamativa la contradicción de los mensajes que llegan a la ciudadanía, por un lado, desde el Ayuntamiento de Sevilla anuncia la peatonalización y restricción de vehículos privados en distintas zonas de Sevilla (San Jacinto, Paseo del Cristina, Asunción, etc), y por otro, no cumple y ni hacer por cumplir el Título II de la vigente Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas, que establece una serie de restricciones a la circulación de automóviles privados por el Casco Histórico de Sevilla, o el ambicioso nuevo plan de aparcamientos rotatorio en la ronda histórica donde se promueve el uso del vehículo privado, etc…

Ante esta situación, Ecologistas en Acción quiere recordar la gravedad de los problemas ambientales que la expansión del automóvil provoca en la ciudad. En este sentido, es obvio que el éxito o el fracaso del Día Sin Coches es el resultado de las políticas de movilidad llevadas a cabo todos los días del año. Hace tiempo que llegó la hora de los mensajes coherentes, de los planes de movilidad sostenible, de democratizar la calle, dándole prioridad a sus principales usuarios, los peatones, y reduciendo el abusivo espacio ocupado por el automóvil, para permitir la expansión de otros modos de transporte más racionales, eficaces, seguros, sostenibles y saludables. Pero hasta el momento, parece que nuestros políticos y gestores de lo público no se han enterado.

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22 EUROPA PRESS

22/09/2009

Día sin coches

Ecologistas critican las "contradicciones" entre la apuesta por una economía sostenible y el fomento del automóvil

Opinan que el 'Día sin coches' se ha convertido en un acto "meramente institucional" y señalan las "deficiencias" del transporte público

   La organización Ecologistas en Acción denuncia que el 'Día sin coches' se ha convertido en un acto "meramente institucional sin ningún tipo de resonancia", advirtiendo de las "contradicciones" que se dan entre la apuesta de las administraciones por la articulación de una economía sostenible y el "fomento de la industria del automóvil".

   Así, según indicó a Europa Press la portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía, Lola Yllescas, a pesar de que el 'Día sin coches' --que se celebra hoy en las principales ciudades europeas con motivo del fin de los actos de la Semana Europea de la Movilidad--, contó en un principio con el respaldo de las administraciones, "se ha convertido en un evento testimonial que sólo secundan los grupos ecologistas y que ha caído prácticamente en el olvido del Gobierno".

   Asimismo, la portavoz subrayó las "contradicciones políticas y económicas" en las que incurren tanto el Gobierno central como autonómico al "apostar en sus discursos por una economía sostenible mientras que, por otro lado, incentivan la venta de automóviles con miles de millones, que es lo mismo que fomentar el uso del coche".

   "Es ilógico que se pongan en marcha planes de lucha contra el cambio climático mientras, de forma paralela, todos los pasos que dan los gobiernos en estos momentos se encaminan a un mayor consumo energético y a la compra de vehículos privados, así como la construcción de infraestructuras para la circulación de los automóviles o incluso el diseño de ciudades teniendo en cuenta los modelos tradicionales de movilidad", lamentó.

   Además, opinó que la industria "no parece tener demasiado entusiasmo en trabajar por la consolidación del coche eléctrico", el cual "no parece ser la gran panacea", según apuntó. Por ello, la ecologista hizo un llamamiento a las administraciones para que "aumenten el presupuesto dirigido a consolidar la red de transporte público en Andalucía" que, en la actualidad, "sigue siendo muy deficitaria".

   De este modo, advirtió de que "hay muchas zonas de Andalucía en las que, para desplazarse, el ciudadano se ve obligado a utilizar el coche porque no hay ninguna posibilidad de recurrir al transporte público, tanto dentro de las poblaciones como entre diferentes ciudades".

   Igualmente, aunque reconoció que hay algunas ciudades en las que se "ha facilitado enormemente el uso de la bicicleta a través de los carriles bici, especialmente, Sevilla y Córdoba, en la mayoría de los municipios de Andalucía es una posibilidad que aún ni se vislumbra".

   No obstante, llamó la atención sobre el hecho de que, a pesar de que en Sevilla los inicios del servicio de bicicletas "fueron espectaculares, ahora se ha frenado debido a que éstas de van deteriorando y a que la red de carriles bici no se ha planificado con suficiente cuidado, lo que ha provocado las protestas de los peatones".

   Ante ello, Yllescas pidió a las administraciones local y autonómica a "mejorar el sistema de alquiler de bicicletas, así como continuar incentivando su uso entre la población".

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23 EUROPA PRESS

22/09/2009

Según datos de la DGT

El 'Día sin coches' arranca con las retenciones "habituales" en las entradas a las grandes ciudades

   El 'Día sin coches', que se celebra hoy en las principales ciudades europeas con motivo del fin de los actos de la Semana Europea de la Movilidad, arrancó con la retenciones "habituales" en las principales ciudades españolas, según aseguraron fuentes de la DGT a Europa Press.

   "Ha sido una mañana normal" en la que no "ha sucedido nada extraordinario" ni se ha notado una circulación de coches "por debajo" de lo habitual, tal y como señalaron las mismas fuentes, que concentraron las principales retenciones en Madrid y Barcelona entre las 07.00 y las 09.30 horas.

   Concretamente, en Madrid, a esa hora se registraron algunos atascos en la A-2, a la altura de Alcalá de Henares, en la A-4, a su paso por Pinto, en la A-5 cerca de Móstoles y en la A-6, en las proximidades de Majadahonda.

   Mientras, en Barcelona, las principales problemas se localizaron en las rondas, la B-10, la B-20, la B-23, la C-31, y en general en las vías que conectan las ciudades dormitorios de la periferia con la Ciudad Condal.

   Ecologistas en Acción criticó ayer al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y a los ayuntamientos por su "escasa implicación" en el 'Día sin coches', al tiempo que denunció las "contradicciones" entre los discursos de movilidad sostenible y las políticas reales, que "siguen apostando por vender más y más coches y facilitar su uso en las ciudades y zonas metropolitanas".

   Así, a juicio de la organización ecologista, estas "contradicciones" tienen consecuencias "nefastas para la calidad de vida y para el cambio climático". Asimismo, reconocen que "el 'Día sin Coches' ya ha perdido empuje y contenido en manos de unos gobiernos municipales que, en su gran mayoría, continúan desarrollando cada día una política de movilidad destinada a favorecer la circulación de coches como principal modo de transporte urbano".

   Según un artículo del Anuario de la Movilidad 2008 del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) recogido por Europa Press, Un ciudadano pierde en atascos en el área metropolitana de Barcelona 49 horas anuales, mientras que en Madrid pierde 55 horas, lo que equivale aproximadamente a más de siete días laborables de vacaciones extra al año y un coste por trabajador de entre 460 euros al año en Barcelona y 538 en Madrid.

   Estos datos también revelan que las retenciones suponen una pérdida media diaria para el usuario de 11,9 minutos en la región metropolitana de Barcelona, y de 14 en Madrid, y en hora punta, sobre todo por motivos laborales, la pérdida asciende a 18 minutos diarios en Barcelona y 33 en Madrid.

   En otro trabajo del RACC también se realiza una comparativa entre los tiempos de desplazamiento invertido en transporte privado versus transporte público. En los 10 itinerarios tipo analizados, el tiempo perdido en transporte público es superior al del privado. Destacan aquéllos donde se utiliza el autobús o donde se hace un trasbordo.

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24 EL PAÍS

23/09/2009

Atascos en la capital

El Día sin Coches no se nota en las carreteras

Los políticos se apuntan al transporte público o los vehículos eléctricos, que no triunfan entre los ciudadanos

A primera hora hubo un 10% más de tráfico que el martes pasado

BEATRIZ JIMÉNEZ - Madrid -

Ayer fue el Día sin Coches, que ponía fin a la Semana Europea de la Movilidad. No se preocupe si usted no se dio cuenta. Muy pocos ciudadanos lo hicieron. Tal vez sólo lo notaron los políticos, que cambiaron el coche oficial por la bici eléctrica, como el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, o el transporte público. En lo que respecta al tráfico, parecía un día normal. Se repitieron los atascos y, según la DGT, entre las 7 y las 10 de la mañana hubo un 10% más de tráfico que el martes pasado en las carreteras de la Comunidad.

Dentro de la almendra central de la M-30 se apreció menos tráfico en esas mismas horas; un 2,7% menos, según fuentes municipales, respecto a un día de junio. En las horas punta de la tarde, de 7 a 9, hubo un 5,06% de coches menos, por una reducción del 5,6% en la M-30. Pero ni siquiera el Ayuntamiento se atrevió a asegurar que este pequeño descenso de produjera con motivo del Día Sin Coches. Esta "nula repercusión" fue criticada por el grupo municipal de Izquierda Unida, que mostró su "decepción". El portavoz de Movilidad de IU, Ángel Lara, señaló que en Madrid había triunfado "la inmovilidad" gracias a que las iniciativas del Gobierno municipal del PP sólo buscan "la foto en los periódicos y no las soluciones, aunque sólo sea por un día". Desde el Ayuntamiento, que no tenía ningún acto previsto para conmemorar el día, aseguran que prefieren que la celebración "trascienda a una fecha en el calendario" con "soluciones permanentes".

Entre ellas se contaría la peatonalización de calles, que en la legislatura anterior acabó totalmente con el tráfico en tres calles emblemáticas (Montera, Arenal y la Cuesta de Moyano), además de la ampliación de aceras en Fuencarral y la plaza de Tirso de Molina. En esta legislatura se han peatonalizado dos ejes comerciales en San Blas y cascos históricos de tres distritos (Vicálvaro, Hortaleza y Villa de Vallecas). Antes de finalizar el año, el Consistorio prevé que se habrán peatonalizado los ejes Fuencarral-Red de San Luis-Montera, Callao-Preciados y la plaza de Isabel II-Arenal. Además, aumentarán las aceras en Sol, Serrano o Alcalá.

A ello habría que sumar las zonas de prioridad residencial (Cortes, Embajadores y Letras), con el acceso permitido sólo a los vehículos de residentes, transporte público, servicios y emergencias.

El PSOE, por su parte, propuso bonificar el uso de los coches eléctricos e híbridos en el impuesto de tracción mecánica. David Lucas, portavoz del grupo municipal socialista, que ayer optó por el Cercanías para desplazarse, recriminó a Gallardón no haberse "comprometido con la Comisión Europea al no adoptar medidas permanentes para mejorar el tráfico y bajar la contaminación". El Ayuntamiento tiene previsto, según anunció el pasado día 8 el alcalde, que los coches eléctricos aparquen gratis en las zonas de estacionamiento regulado.

Pero lo cierto es que si el día sin coches fue meramente testimonial, algo parecido ocurre con los vehículos eléctricos, una de las alternativas posibles al modelo energético actual. El Ayuntamiento no tiene cifras sobre el número de estos vehículos en la ciudad. Pero "el negocio está totalmente parado". Lo asegura Jesús, encargado de Ecovehículos Madrid, una empresa que comercializa bicis y otros vehículos eléctricos desde hace tres años. "Nos dedicamos más a la exposición, porque la venta es prácticamente nula", asume. Muchas personas se interesan por este tipo de bicicletas, que incorporan un pequeño motor, "pero nadie se decide por comprar".

"Lo único eléctrico es el metro", comenta Paco Segura, portavoz de transportes de Ecologistas en Acción. Coches puramente eléctricos prácticamente no hay, asegura, "y motos, las que han alquilado hoy los políticos". Para la ONG ecologista, los coches eléctricos "pueden ser una alternativa", pero es "una falacia que no contaminen".

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25 Ecologistas en Acción

22 de septiembre de 2009

UN DÍA SIN COCHES QUE NO MOLESTE AL TRÁFICO

Ecologistas en Acción critica que la mayor parte de los Ayuntamientos españoles participantes en el Día sin Coches de 2009 parecen haber adoptado este criterio: que la jornada no afecte a la fluidez del tráfico habitual de automóviles. Se deja pasar, otro año más, una oportunidad para reflexionar sobre los problemas que genera el abuso del coche en nuestras ciudades, así como de ensayar medidas que luego puedan hacerse permanentes para permitir una movilidad más sostenible.

Según la página oficial de la Semana Europea de la Movilidad, 359 ciudades españolas se han sumado a la misma y a la celebración, hoy, del Día sin Coches. A pesar de que somos el segundo país europeo que más ciudades aporta a esta iniciativa (el primero es Austria, con 375) lo cierto es que la repercusión real en la movilidad y en la calidad de vida de los habitantes de estas ciudades es irrelevante. Ello es así por la falta de interés de la gran mayoría de los Ayuntamientos participantes, que se limitan a realizar algunas actividades cosméticas, sin ninguna ambición real para reducir el tráfico de coches.

Ante el poco empuje e interés de los Ayuntamientos, y del promotor en España, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, no es de extrañar que hoy la mayor parte de los conductores se hayan enterado de la convocatoria al oír la radio dentro de su coche en el atasco de cada mañana.

Además, en algunos casos, los planteamientos municipales rozan el esperpento. No de otra manera se pueden calificar iniciativas como las de Málaga o Valencia, cuando la actividad central del Día sin Coches, una marcha en bici, la adelantaron al domingo para que no interfiriera con el tráfico de un día de diario. Si algún sentido tiene el Día sin Coches es porque permite ensayar cómo puede funcionar una ciudad con menos coches y decidir qué medidas son las más razonables para este objetivo para implantarlas de forma permanente. Y ello no con afán de molestar a los automovilistas, sino con la intención de reducir los grandes problemas que ocasiona el uso excesivo del automóvil en nuestras ciudades: contaminación; ruido; pérdida de autonomía de los niños, que no pueden jugar sin vigilancia en la calle; cesión de espacio público al coche, etc.

El repaso al resto de actividades desarrolladas por nuestros Ayuntamientos tampoco aporta mucho más optimismo. En Madrid el alcalde y muchos concejales usarán este día el transporte público o motos eléctricas en lugar de sus coches oficiales, al tiempo que se anuncia la creación futura de un sistema de préstamo de bicis. En Valladolid se establecen por un día zonas de acceso restringido… pero sin que nadie ni nada controle este acceso a los vehículos de los no residentes. En Santander, hoy los autobuses serán gratis, pero la marcha en bici se deja para el domingo siguiente. Segovia, aquí sí, ha restringido el acceso en coche al centro salvo a los residentes, al tiempo que los autobuses son gratuitos.

En definitiva, para Ecologistas en Acción, una vez más ha quedado claro que nuestros políticos no están a la altura de las circunstancias. No están a la altura ante el reto de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan los coches en la ciudad. Y tampoco están a la altura a la hora de reducir los gastos y daños que provocan en nuestra salud y bienestar el uso excesivo del coche en las ciudades.

Más información: Paco Segura 918 969  05, http://www.ecologistasenaccion.org/sincoches

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26 CCOO - Secretaría confederal de Medio Ambiente

21 de septiembre de 2009

Propuestas de CCOO para un transporte más sostenible y seguro

El transporte sostenible reduce la accidentalidad viaria, incrementa la eficiencia energética, mejora la calidad del aire, evita la exclusión social y laboral, potencia la competitividad de la economía y no contribuye al cambio climático

Cada día laborable se realizan en España unos 123 millones de desplazamientos, la mitad de los cuales son por motivo laboral. Más de un 65% de los trabajadores acceden en coche o moto a su puesto de trabajo, frente a un 15% que lo hace en transporte público colectivo y un 20% en bicicleta o a pie. El uso masivo del vehículo privado ha supuesto una pérdida del bienestar colectivo y una fuente de impactos ambientales (emisiones locales y globales, ruido), sociales (accidentalidad y exclusión) y económicos (pérdida de competitividad y costes) para el conjunto de la sociedad. Se ha convertido, incluso, en un factor de riesgo laboral para los trabajadores. Uno de cada nueve accidentes laborales que causan baja en España es de tráfico.
Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre, que este año lleva por lema Mejora el clima de tu ciudad, CCOO propone el siguiente decálogo:
1. En las grandes empresas y/o polígonos industriales, crear la figura del gestor de movilidad, constituir consejos de movilidad (integrados por empresas, sindicatos, administraciones y operadores de transporte) y elaborar un plan de movilidad.
2. Apostar por el transporte colectivo, con criterios de racionalidad: dimensionando los vehículos para optimizar su uso y la eficiencia y estableciendo enlaces con las redes de transporte público.
3. Garantizar la accesibilidad a los centros de trabajo para los peatones en condiciones de seguridad y sin obstáculos.
4. Promover el uso del coche compartido y del coche multiusuario, garantizando su eficacia y reservando zonas de aparcamiento.
5. Promover el uso de la bicicleta, garantizando unos itinerarios y un aparcamiento seguros.
6. Subvencionar desde las empresas los títulos de transporte de carácter personal y reducir el espacio dedicado a zonas de aparcamiento.
7. Incorporar la movilidad in itinere y la accesibilidad al centro de trabajo en la evaluación de riesgos laborales.
8. Incluir la auditoria de movilidad en los estudios para obtener un sistema de certificado de calidad (EMAS o ISO).
9. Excluir el permiso de conducir y la propiedad de vehículo como criterio de selección de personal: pueden ser condiciones complementarias, pero no excluyentes.
10. Incorporar a la negociación colectiva el criterio de reubicación sistemática de trabajadores/as en los centros de trabajo más próximos a su domicilio.
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27 Ecologistas en Acción

23 de septiembre de 2009

NI EE UU, NI LA UE HACEN AVANZAR LAS NEGOCIACIONES DEL CLIMA

Para Ecologistas en Acción la Cumbre extraordinaria de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se ha llenado de grandes discursos por parte de los Jefes de Estado. Todos coinciden sobre la urgente necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Oyéndoles parece imposible no llegar a un acuerdo en Copenhague, puesto que todos lo califican de importantísimo e ineludible. El problema es que cada uno habla sobre lo que han de hacer los otros.
El principal ejemplo de este cínica estrategia es por supuesto EE UU, que reclama a los países en desarrollo, y en especial a India y China, el compromiso para recortar las emisiones que el país norteamericano no esta dispuesto a ofrecer. Obama dice poco sobre el esfuerzo que debe hacer EE UU, y se limita a ofrecer compromisos inferiores al que les hubiera correspondido de haber aceptado el actual Protocolo de Kioto, y se contenta con volver a la situación de 1990 para el año 2020. Pero es que además el Congreso americano no quiere asumir ningún compromiso para este año. Eso bien podría significar que EE UU hiciera fracasar la consecución de un acuerdo mundial el diciembre próximo.
El Presidente español también habló en Nueva York sobre la importancia de frenar el cambio climático, pero dijo nada sobre el acuerdo interno de la UE que permite a España en 2020 emitir hasta un 30% más que en 1990. Pasado 2012 y superado el apuro del cumplimiento de Kioto, ya no habrá que preocuparse de reducir emisiones, salvo que nos pasemos tanto de la raya como esta última década. Desde luego no somos un buen ejemplo a pesar del crecimiento de las renovables en nuestro país.
Ofrece una ventana a la esperanza, sin embargo, la declaración china, según la cual ya tiene un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para los próximos seis años. No se sabe aún su cuantía, pero puede ser un avance muy significativo en el tablero de negociación. Tal vez algunos países ricos se vean forzados a “mover ficha”.

De cara al futuro acuerdo sobre el clima, Ecologistas en Acción insta al Gobierno español y a sus homónimos europeos a abordar las negociaciones con una estrategia de confianza. Los países industrializados deben comprometerse de forma unilateral a reducir las emisiones un 40% para 2020. Necesitamos un acuerdo justo, donde los países que han provocado el cambio climático respondan sin condicionantes a la llamada urgente de la comunidad científica y de la sociedad civil.

Más información: José Carlos Puentes Sánchez 625 532 123

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28 Ecologistas en Acción

23 de septiembre de 2009

EXIGEN SOLUCIONES SOSTENIBLES A LAS CRISIS GLOBALES Y CRITICAN LA HIPOCRESIA DE ZAPATERO

Mientras el Gobierno español habla en la ONU sobre cambio climático, éste sigue apostando por políticas que contribuyen al calentamiento global y profundizan la crisis. Entregan un manifiesto europeo pidiendo soluciones sostenibles a la crisis sistémica.

Varias organizaciones sociales (ACSUR-Las Segovias, ATTAC, Ecologistas en Acción, el Observatorio de las Multinacionales en América Latina y la Xarxa de l’ Observatori del Deute en la Globalització) entregaron hoy al Gobierno español el manifiesto “Hacen falta soluciones sostenibles frente a las crisis globales ¡Hay que actuar en Europa, basta ya de retórica!”, subscrito por numerosas redes y organizaciones de distintos países.

En este manifiesto se plasma cómo más allá de una crisis financiera que ha afectado a la economía real, nos encontramos ante crisis globales como la crisis climática, social, alimentaria y energética, consecuencia del sistema neoliberal de producción y consumo, y con efectos globales, siendo los pueblos del Sur Global los que, una vez más, soportan la carga más pesada. Por ello, creemos que son necesarias soluciones sostenibles frente a todas estas crisis.

Las reformas financieras propuestas por la UE son claramente insuficientes. No abordan las causas profundas de la crisis, trasladando además a los contribuyentes, pero también a las generaciones futuras y terceros países, los costos de esta situación. Sus propuestas no sirven ni para regular los operadores y productos financieros ni para erradicar la especulación y los paraísos fiscales. La UE sigue optando por reforzar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y por apoyar de forma agresiva políticas neoliberales, como la negociación de Tratados de Libre Comercio y la conclusión de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio. No permite por lo tanto el desarrollo de instituciones alternativas para canalizar los fondos necesarios para las inversiones públicas en los países del Sur.

Entre las múltiples soluciones que las organizaciones firmantes proponen, están la regulación estricta de agentes, instituciones y productos financieros, incluyendo medidas de reconversión de la economía para que responda con criterios de sostenibilidad a las necesidades sociales, hasta procesos de armonización de ingresos y de derechos sociales y laborales, la detención de la promoción del libre comercio y el control público del Banco Central Europeo.

Denuncian la hipocresía del Gobierno español en torno a cambio climático y Ayuda Oficial al Desarrollo

Las organizaciones citadas critican la hipocresía del Gobierno español tras la comparecencia del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la Reunión de Alto Nivel sobre Cambio Climático de la ONU, en la que hizo un llamamiento a la comunidad internacional para destinar un 0,7% del PIB a investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en energías renovables y proyectos vinculados al agua, y para poner en común recursos para su desarrollo. Es cuando menos hipócrita hacer estas propuestas cuando el Estado español presentó en 2008 un nivel de emisiones de Gases con Efecto Invernadero (GEI) un 42,7% superior al nivel de emisiones de 1990. A pesar de la reducción de un 6,5% en las emisiones de GEI respecto a 2007, atribuida a la disminución del sector productivo de la construcción y del consumo eléctrico como consecuencia de la crisis, España sigue siendo el país de la Unión Europea que muestra un mayor incumplimiento de las cifras de Kioto. A pesar de ello, el Gobierno sigue apostando por políticas insostenibles y que contribuirán aún más al cambio climático. Ejemplo de ellas son el desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) que, junto a las subvenciones para la industria automovilística, supone una apuesta clara por el transporte motorizado que ha contribuido a que las emisiones totales de CO2 hayan crecido en los últimos 10 años más de un 60%. En la misma línea van las medidas adoptadas con el Plan E encaminadas a mantener un sectores económicos totalmente insostenibles y que son responsables del Cambio Climático, como la construcción, el sector energético y automovilístico.

El Estado español (y la Unión Europea) tiene una deuda climática adquirida con los países del Sur causada por las excesivas emisiones de GEI y por la destrucción y agotamiento de los sumideros planetarios de CO2. Esta deuda ha de ser reconocida y el avance hacia su restitución pasa en primer lugar por una reducción inmediata y drástica de las emisiones de GEI domésticas, que deberían reducirse para 2020 al menos en un 40% sobre los niveles de emisiones de 1990. El necesario apoyo financiero y tecnológico a los países del Sur para frenar el cambio climático y para mitigar sus efectos, debería considerarse como parte de la restitución de esa deuda adquirida. Este apoyo debe ser amplio y no estar sujeto a mecanismos de generación de deuda externa ni a condicionamientos comerciales. Las ingentes cantidades de dinero destinadas (más de $-US 17 billones), sin ningún tipo de control democrático, por los países occidentales a apuntalar el actual sistema financiero demuestran que si hubiera voluntad política podría destinarse mucho más que el “0,7” (comprometido desde hace ya casi 40 años en NNUU) a luchar contra el cambio climático y las causas de la pobreza en el mundo.

Por otra parte, el Gobierno español asegura que cumplirá con sus compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo, pero recortó el presupuesto de ayuda de 2009 en 200 millones de euros frente al año 2008 y sólo reembolsó una pequeña parte de los 1.500 millones de euros prometidos para luchar contra la crisis alimentaria. Además, y a pesar de las mejoras respecto a las legislaturas gobernadas por el Partido Popular, continúa manteniendo los principales mecanismos generadores de deuda externa: los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) y la cobertura de riesgo empresarial, a través de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE). Ambos mecanismos vienen siendo denunciados por organizaciones de cooperación y derechos humanos por generar deuda externa ilegal e ilegítima, por canalizar fondos públicos en función de intereses privados de empresas transnacionales españolas, por estar fuera de control del escrutinio público y por ser uno de los principales instrumentos de dominación económica y política de los países del Sur. 

Más información: Attac: 699 91 31 21 / 670 71 94 77 ACSUR: 651 18 09 30 Ecologistas en Acción: 915 31 27 39 / 619 94 90 53 / 647 86 43 09 Xarxa de l’ Observatori del Deute en la Globalització: 93 301 17 93 / 687 20 58 28

Documento completo: Hacen falta soluciones sostenibles frente a las crisis globales

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29 SERVIMEDIA

16/09/2009

Ecologistas e Izquierda Unida piden al Gobierno una ley sobre fiscalidad ambiental

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que empieza hoy

Ecologistas en Acción, WWF España, Greenpeace y Comisiones Obreras han presentado, a través del Grupo Parlamentario de IU-ICV, una propuesta de ley sobre fiscalidad ambiental.

Segín informó hoy Ecologistas en Acción, la propuesta incluye la modificación del actual impuesto de hidrocarburos eliminando la exención del impuesto que ahora tienen los vuelos domésticos, del de matriculación reforzando el vínculo introducido para automóviles por la reforma de 2007 y del IVA donde se aplicaría al transporte aéreo el tipo impositivo normal en vez del reducido del que hasta ahora disfrutaba.

Los ecologistas denuncian que mientras que países como Dinamarca y Finlandia, que eran los que más CO2 emitían, son "los que más reducción de estas emisiones han conseguido durante el pasado año", un 8,3 y 8,2% respectivamente, mientras que el Estado español, "ha reducido un 3,4%, frente a un 3,3 de reducción en la totalidad de la UE".

Además, su propuesta de ley incluye una deducción por adquisición de abonos de transporte público por parte de los trabajadores en el IRPF, una deducción por gastos e inversiones en medidas de movilidad sostenible en los desplazamientos de sus trabajadores en el impuesto de sociedades y una bonificación a las empresas que tengan transporte colectivo o plan de movilidad en el Impuesto de Actividades Económicas.

Estas ONG buscan modificar los comportamientos de los ciudadanos y las empresas en relación con el uso del transporte y "evitar las ventajas fiscales de las que disfrutaban hasta ahora algunos de los más contaminantes".

Este año la Semana Europea de la Movilidad se celebra del 16 al 22 de septiembre con el lema de "Mejora el clima de tu ciudad".

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30 Ecologistas en Acción – Área de Transporte

16/09/2009

Premiar fiscalmente a los transportes más sostenibles

Este año la semana europea de la movilidad se celebra del 16 al 22 de septiembre con el lema de “Mejora el clima de tu ciudad”. Durante el desarrollo de esta iniciativa las organizaciones sociales han venido proponiendo todos los años medidas concretas para reorientar las pautas del transporte, especialmente en el ámbito urbano, fomentando el transporte público y los modos no contaminantes como la bicicleta. Para ello han planteado la conveniencia de implantar planes de movilidad tanto a nivel urbano y metropolitano, como en empresas y polígonos industriales, así como la necesidad de aprobar una ley de movilidad que regule estas medidas.

Al hilo del debate que se está produciendo en nuestro país sobre fiscalidad, CC.OO., Ecologistas en Acción, WWF España y Greenpeace han presentado recientemente, a través del Grupo Parlamentario de IU-ICV, una propuesta de ley sobre fiscalidad ambiental que incluye, además de otras materias, elementos de fiscalidad en el transporte.

La propuesta incluye la modificación del actual impuesto de hidrocarburos eliminando la exención del impuesto que ahora tienen los vuelos domésticos, del de matriculación reforzando el vínculo introducido para automóviles por la reforma de 2007 (ley 34/07) entre el tipo impositivo y las emisiones de CO2 (aumentando el número de categorías existentes y la tributación de los vehículos de gran cilindrada y todoterrenos) y del IVA donde se aplicaría al transporte aéreo el tipo impositivo normal en vez del reducido del que hasta ahora disfrutaba.

Un ejemplo de la utilidad de este tipo de medidas lo podemos constatar en el estudio sobre las emisiones de CO2 de los automóviles vendidos durante 2008 que ayer mismo presentó la federación Transport & Environment. Los países que más ambiciosos han sido en sus tasas a las emisiones de CO2 de los coches, Dinanarca y Finlandia, son también los que más reducción de estas emisiones han conseguido durante el pasado año en los vehículos vendidos en su país, un 8,3 y 8,2% respectivamente, con respecto al año anterior. El Estado español, por el contrario, se sitúa en una mucho más modesta reducción del 3,4%, frente a un 3,3 de reducción en la totalidad de la UE.

La propuesta de ley de fiscalidad plantea también beneficios para ciertas inversiones y gastos en movilidad sostenible como, por ejemplo, en el IRPF con una deducción por adquisición de abonos de transporte público por parte de los trabajadores, en el impuesto de sociedades con una deducción por gastos e inversiones en medidas de movilidad sostenible en los desplazamientos de sus trabajadores y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) con una bonificación a las empresas que tengan transporte colectivo o plan de movilidad.

Se trata con ello de modificar los comportamientos de ciudadanos y empresas en relación con los modos de transporte utilizados fomentando los de menor impacto ambiental y más eficientes energéticamente y evitando las ventajas fiscales de las que disfrutaban hasta ahora algunos de los más contaminantes. Hay que utilizar las potencialidades que ofrecen los actuales instrumentos fiscales para fomentar un desarrollo sostenible e internalizar los costes ambientales de determinados modos de transporte.

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31 LA CERCA

16/09/2009

CCOO y organizaciones ecologistas proponen que se “premie fiscalmente” el uso del transporte público y otros no contaminantes

CC.OO. 

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre con el lema Mejora el clima de tu ciudad - las organizaciones sociales han venido proponiendo medidas concretas para fomentar el transporte público y otros no contaminantes. Para ello, han planteado la conveniencia de implantar planes de movilidad, tanto a nivel urbano y metropolitano como en empresas y polígonos industriales, así como la necesidad de aprobar una ley de movilidad que regule estas medidas. Igualmente, y al hilo del debate que se está produciendo en nuestro país sobre fiscalidad, CCOO, Ecologistas en Acción, WWF España y Greenpeace, a través del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida (IU-ICV), han presentado una propuesta de ley sobre fiscalidad ambiental, que incluye entre otras materias elementos de fiscalidad en el transporte.

La propuesta de Ley sobre fiscalidad ambiental presentada por IU incluye la modificación del actual impuesto de hidrocarburos, de modo que se elimine la exención del impuesto que ahora tienen los vuelos domésticos. También contempla la modificación del impuesto de matriculación. En este sentido, se refuerza el vínculo introducido para automóviles por la reforma de 2007 (ley 34/07) entre el tipo impositivo y las emisiones de CO2: aumenta el número de categorías existentes y la tributación de los vehículos de gran cilindrada y todoterrenos. En cuanto al IVA, se aplicaría al transporte aéreo el tipo impositivo normal en vez del reducido del que hasta ahora disfruta.

La propuesta de ley de fiscalidad plantea beneficios para ciertas inversiones y gastos en movilidad sostenible. En el IRPF, por ejemplo, con una deducción por adquisición de abonos de transporte público por parte de los trabajadores; en el impuesto de sociedades, con una deducción por gastos e inversiones en medidas de movilidad sostenible en los desplazamientos de sus trabajadores; o en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), con una bonificación a las empresas que tengan transporte colectivo o plan de movilidad.

Con estas medidas, se pretende modificar los comportamientos de ciudadanos y empresas en relación con los modos de transporte utilizados, fomentando los de menor impacto ambiental y más eficientes energéticamente y evitando las ventajas fiscales de las que disfrutaban hasta ahora algunos de los más contaminantes. En opinión de CCOO, hay que utilizar las potencialidades que ofrecen los actuales instrumentos fiscales para impulsar el desarrollo sostenible e internalizar los costes ambientales de determinados modos de transporte.

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32 CCOO de Catalunya

22 de setembre de 2009

Setmana europea de la Mobilitat Sostenible i Segura (22-29 de setembre de 2009)

Mobilitat sostenible i segura al treball

El compromís de CCOO amb la mobilitat sostenible i segura

Actualment, estem en un moment de canvi en què la societat demanda, cada cop més, transformar el model de mobilitat de manera que el vehicle privat a motor perdi el domini

hegemònic en favor dels mitjans de transport més sostenibles, segurs, saludables,

econòmics i equitatius.

La manera com els treballadors/es es desplacen als seus centres de treball ha experimentat una transformació profunda durant els darrers decennis: s’ha passat a un model de mobilitat en què els cotxes privats, utilitzats sovint per una sola persona, hi tenen un paper predominant.

El trasllat progressiu de les indústries i dels centres d’activitat productiva a la perifèria de les ciutats, en polígons aïllats dels nuclis urbans i amb una comunicació amb transport públic molt deficient, i inaccessibles a peu o en bicicleta, ha fet de l’automòbil una eina imprescindible, una dependència que dona lloc a problemes socials i ambientals què han afectat al benestar del conjunt de la societat, de les empreses i, sobretot, dels treballadors/es: exclusió laboral, accidents, pèrdua de competitivitat, emissions que afecten la salut de les persones esdevenint una veritable pandèmia, ineficiència energètica, les hores perdudes a les congestions, malbaratament del sòl productiu utilitzat per l’aparcament i les infraestructures etc., són els principals impactes negatius que afecten a la qualitat de vida, el benestar i el rendiment professional dels treballadors/es, així com la competitivitat de les empreses i, per extensió, del conjunt del sistema econòmic.

Algunes d’aquestes disfuncions comporten que els avanços sindicals que s’aconsegueixen a la negociació col·lectiva, com la reducció de jornada i els augments salarials, s’acabin

perdent en temps, diners i qualitat de vida a causa dels desplaçaments quotidians en cotxe.

El canvi d’aquesta tendència ha de venir de la mà d’un ampli ventall d’actuacions en què hi

participin tots els agents implicats: sindicats, empreses i administracions. La integració de

les polítiques de transport i mobilitat amb l’ordenació territorial i urbanística; l’aprovació

de canvis normatius i fiscals que afavoreixin l’ecomobilitat; l’impuls a les alternatives reals al vehicle privat; polítiques d’informació i sensibilització dels ciutadans, etc.

La mobilitat s’ha convertit en un factor de risc laboral afegit per a milers de persones: s’han

de suportar les condicions de tensió i estrès en moments de congestió de trànsit, conduir amb la preocupació d’arribar tard a la feina o de no trobar aparcament, etc.

Si bé en els darrers anys les xifres d’accidents laborals amb baixa i els sinistres mortals han anat disminuint, els accidents in itinere han seguit la tendència contrària. Espanya es manté com l’estat de la Unió Europea amb les pitjors dades en matèria de sinistralitat. A l’estat espanyol cada any hi ha uns 400.000 accidents de trànsit amb un origen “laboral” (entorn d’un 40% del total d’accidents), en els quals hi moren prop d’un miler de persones.  Un de cada nou accidents laborals que causen baixa a Espanya és de trànsit. A Catalunya,

l’accidentalitat a causa del trànsit representa fins el 59% de tots els accidents laborals.

El transport de persones i mercaderies s’ha convertit en un dels principals sectors emissors de gasos i compostos contaminants al món, per davant, fins i tot, de l’activitat industrial a les grans àrees urbanes i metropolitanes.

L’increment del volum del transport a tota Europa en els darrers 10 anys ha fet que les

millores tecnològiques introduïdes no hagin comportat una gran reducció general de les

emissions. Cada dia laborable tenen lloc a Espanya uns 123 milions de desplaçaments, la

meitat dels quals són per motiu laboral. Més d’un 65% dels treballadors/es accedeixen en

cotxe al seu lloc de treball, davant d’un 15% en transport públic i un 20% en bicicleta o a peu.

Reduir les emissions contaminants és una responsabilitat compartida per tota la ciutadania. Encara que, aparentment, la capacitat d’actuació de cada individu sigui petita, la realitat és que la suma dels esforços dóna grans resultats col·lectius.

Des de fa anys, CCOO de Catalunya es preocupa pels efectes de les externalitats negatives provocades per l’ús intensiu I ineficient del transport privat. Per això creiem necessari aprofundir en totes aquelles eines que representin una millora en la planificació i gestió de la mobilitat, que s’encaminin cap a un model més sostenible i segur del transport al lloc de treball.

Per poder aplicar aquests objectius estratègics a la realitat dels centres de treball, és necessari realitzar una important tasca sindical d’informació, sensibilització, formació i

participació. Només així s’aconseguirà unificar els esforços dels treballadors/es i del conjunt dels agents implicats per traçar el camí cap a una mobilitat sostenible al centre de treball.

CCOO de Catalunya demana que la mobilitat sostenible s’incorpori a la negociació col·lectiva en tots els nivells, i que a les grans empreses i polígons s’estableixi la figura del responsable de mobilitat, amb la missió de dinamitzar les polítiques de mobilitat pactades i ajudar a resoldre els problemes derivats.

 

El decàleg de CCOO de Catalunya

1. A les grans empreses és important nomenar la figura del gestor de mobilitat, constituir consells de mobilitat (integrats per empreses, sindicats, administracions i operadors de transport)i en conseqüècnia elaborar, de manera concertada, un pla de mobilitat als centres de treball per conèixer els hàbits de mobilitat dels treballadors/es i l’oferta de modes d’accessibilitat alternatius al Vehicle privat motoritzat amb l’objectiu de propasar actuacions que fomentin la mobilitat sostenible.

2. Apostar pel transport col·lectiu, amb criteris de racionalitat: dimensionant els vehicles per a optimitzar-ne l’ús i l’eficiència; oferir serveis útils, ràpids i còmodes establint enllaços amb les xarxes de transport públic per crear un sistema de mobilitat sostenible.

3. Garantir l’accessibilitat als centres de treball pels vianants amb condicions de seguretat i

sense obstacles.

4. Promoure l’ús del cotxe compartit garantintne l’eficàcia i reservant els millors aparcaments i afavorir la implantació del cotxe multiusuari a les empreses.

5. Promoure l’ús de la bicicleta garantint uns itineraris sense perills i confortables i un

aparcament segur.

6. L’empresa ha de subvencionar de forma negociada les accions positives d’utilització

d’aquests mitjans. El dret al transport s’ha de materialitzar en el dret al títol de transport, de

caràcter personal, que ha d’abastar a tota la plantilla.

7. Incorporació de la mobilitat in itinere i l’accessibilitat al centre de treball a l’avaluació de riscos laborals: el pla de mobilitat ha de ser una part de la prevenció de riscos laborals.

8. Incloure l’auditoria de mobilitat en els estudis per a obtenir un sistema de certificat de

qualitat (EMAS o ISO).

9. La negociació col·lectiva ha d’establir, com a criteris per a gestionar la mobilitat, la

diversitat de situacions personals, especialmente dels col·lectius amb unes desigualtats més grans en matèria de mobilitat (dones, immigrants, joves i discapacitats) i buscar, en cas necessari, alternatives personalitzades. S’ha d’excloure el permís de conduir i la propietat de vehicle com a criteri de selecció de personal: poden ser condicions complementàries, però no excloents.

10. Incorporar a la negociació col·lectiva el criteri de reubicació sistemàtica de treballadors/es als centres de treball més pròxims al seu domicili.

CCOO ha de promoure el debat a les empreses per concertar una mobilitat al treball amb modes alternatius al vehicle privat motoritzat

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33 EL PAÍS

24/09/1009

La producción de automóviles crece por primera vez en un año

S. DEL ARCO - Barcelona -  

El Plan 2000E y otros similares que han puesto en marcha los Gobiernos de Europa para incentivar la compra de automóviles se está dejando notar en la industria. En agosto, la producción de coches aumentó en España un espectacular 47,5%, en relación al mismo mes del año anterior, y sólo la de turismos, un 51,6%. Pero el dato tiene truco, el efecto estadístico: agosto fue el mes en que más bruscamente cayó la producción en 2008, un 49,43%, al fabricarse sólo 52.500 unidades. En el pasado, salieron 77.445.

Pese a tratarse del primer aumento de la producción en 12 meses, el acumulado hasta agosto muestra un descenso del 29,4%, que se reduce al 22,3% si sólo se tienen en cuenta los turismos, según Anfac, la patronal del sector. Las exportaciones -el 89,4% de la producción- acumulan un descenso del 25,2%. Esto ha hecho variar al alza la previsión de producción en España para este año, que Anfac deja en un descenso del 15,4% y 2,1 millones de unidades, lejos de los tres de 2007.

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34 EL PAÍS  Andalucía

16/09/2009

La Junta de Andalucía inyecta 203 millones en infraestructuras y ayudas a empresas

El Gobierno andaluz estudia medidas para dar liquidez a las sociedades

I. P. - Sevilla -

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer un nuevo paquete de inversiones públicas e incentivos a empresas para estimular la economía y favorecer la creación de empleo. El total es de 203 millones de euros, de los que 132 se destinan a licitaciones de infraestructuras del transporte (metro y tranvía) y 71 a ayudas para proyectos empresariales, la mayoría vinculados al I+D. Según aseguró el consejero de Presidencia, Antonio Ávila, este nuevo paquete movilizará una inversión