Información y documentación sobre política ambiental, recogidas de diversas publicaciones periódicas y puestas a vuestra disposición por el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida
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Información y documentación sobre política ambiental, recogidas de diversas publicaciones periódicas y puestas a vuestra disposición por el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida
20090403
AFEMA Revista de prensa
Índice de contenidos
1 Izquierda Unida de El Viso del Alcor
2 de abril de 2009
EL HÁBITAT QUE QUEREMOS PARA EL VISO DEL ALCOR
2 LOS ALCORES
3/04/2009
Unas cien personas acudieron en la charla-coloquio 'El impacto de las canteras y del paso del Ave por Los Alcores'
3 Juan Merallo
31 de marzo de 2009
Nuevas normas para el acceso de bicicletas en los trenes de cercanías
4 Movimento Cívico pela Linha do Tua
2 de Abril de 2009
Incompetência, Negligência ou Má-fé
5 EL PAÍS
2/04/2009
La venta de coches sufre el peor inicio de año desde 1993
6 OTTOREUSS
31/03/2009
7 MIENTRAS TANTO
Abril 2009
Crisis y corrupción en EADS
8 EL PAÍS
2/04/2009
Costas tolera dos torres de 22 plantas al borde del mar en Benidorm
9 EL PAÍS Comunidad Valenciana
30/03/2009
Un documento contra la presión urbanística
10 PÚBLICO
1/04/2009
Vergüenza inmobiliaria nacional
11 EL PAÍS
2/04/2009
La UE urge a España a transformar su agricultura ante el calentamiento
12 AMBIENTUM
3/04/2009
La mitad de la plantas de biodiésel en España están paradas
13 Comisiones Obreras
31 de marzo de 2009
Según CCOO la lucha contra el cambio climático podría ser una oportunidad para transformar el tejido productivo
14 EL PAÍS
3/04/2009
Recesión, cambio climático y planificación
15 EL PAÍS
30/03/2009
"El debate sobre los biocombustibles es demagógico"
16 Ecologistas en Acción
4 de abril de 2009
LA EXPLOSIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE GAROÑA MUESTRA SU MAL ESTADO
17 EL PAÍS Cataluña
2/04/2009
Los ingenieros de caminos defienden la energía nuclear
18 PÚBLICO
2/04/2009
"No podemos renunciar a los mil millones del cementerio nuclear"
19 EUROPA PRESS
31/03/2009
Cada empleo de energía verde cuesta 571.138 euros, según el instituto Juan de Mariana
20 EL PAÍS Comunidad Valenciana
30/03/2009
El ministerio ve "lógico" el trasvase Tajo-Segura
21 Fundación Ecología y Desarrollo
30 de marzo de 2009
Ecología y Desarrollo en el 5 Foro Mundial del Agua, Estambul
22 Plataforma Ciudadana Salvem Fontcalent
1 de abril de 2009
SALVEM FONTCALENT PIDE A LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE SE DESLINDE Y AMOJONE LA VEREDA DEL DESIERTO Y BARRANCO DEL INFIERNO PARA RECUPERAR SU USO PÚBLICO
23 Fundación Ecología y Desarrollo
30 de marzo de 2009
La participación en el proceso de implementación de la Directiva Marco del Agua en España. Apuntes para un balance provisional
24 Confederación Sindical Internacional, CSI
La crisis alimentaria mundial a punto de empeorar
25 Grupos Autogestionados de Konsumo, GAK
3 de abril de 2009
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL Y LIBRE COMERCIO DE ALIMENTOS
26 ADN
2/04/2009
La coordinadora Salvemos la Sierra condena las agresiones a ecologistas
27 Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
30 de marzo de 2009
Solicitan protección a la Delegación de Gobierno en Madrid
28 Ecologistas en Acción
31 de marzo de 2009
NUEVA AMENAZA PARA LOS TIBURONES
29 EUROPA PRESS
1/04/2009
El 98% de los ayuntamientos españoles no se ha comprometido contra el consumo de madera de origen ilegal, según WWF
30 EL PAÍS Andalucía
2/04/2009
Fertiberia cierra dos de sus cuatro plantas de fosfoyesos en Huelva
31 Comisiones Obreras
1 de abril de 2009
Los sindicatos solicitan al Parlamento Europeo que 306 sustancias extremadamente preocupantes pasen al proceso de autorización de REACH
32 AMBIENTUM
2/04/2009
Zaragoza transformará sus residuos en energía
33 Ecologistas en Acción
3 de abril de 2009
IMPORTANTE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE SALUD Y CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
34 AMBIENTUM
2/04/2009
El MARM y SEOBirdLife colaborarán con el proyecto Horizontes Natura 2000
35 Ecologistas en Acción
3 de abril de 2009
CERREMOS
LA OTAN Y LAS BASES MILITARES
36 MIENTRAS TANTO
Abril de 2009
El espejismo nuclear. Por qué la energía nuclear no es la solución, sino parte del problema
37 Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha
31 de marzo de 2009
Caja Castilla-La Mancha, paradigma de la insostenibilidad
38 Ecologistas en Acción
3 de abril de 2009
DECISIONES DEL G-20 PROFUNDIZAN LA EMERGENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL GLOBAL
39 MIENTRAS TANTO
Abril 2009
Cuaderno de crisis/ 5
40 PÚBLICO
2/04/2009
Un coro que desafina
41 CINCO DÍAS
3/04/2009
Desempleo y congelación salarial
42 EL PAÍS
30/03/2009
"El planeta necesita que cambiemos de modelo de vida"
43 PÚBLICO
30/03/2009
Mal, Obama, mal
44 PÚBLICO
31/03/2009
¿Qué es peor, la crisis o la gestión de la crisis?
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1 Izquierda Unida de El Viso del Alcor
2 de abril de 2009
EL HÁBITAT QUE QUEREMOS PARA EL VISO DEL ALCOR
Consejo Local
El tema medioambiental en El Viso está en el candelero, diversos asuntos que atañen a nuestro entorno físico están sucediéndose en los últimos días, nos referimos al Parque Cultural de Los Alcores, el paso del AVE o AVA por nuestro reducido término municipal y el peligro que ello supondrá para el acuífero, la posibilidad de que el tan esperado tren de cercanías pase por la vía verde, el estado de deterioro y abandono en el que se encuentra el Parque de la Muela, etc.
De sobra es sabida la postura de respeto y protección del medio ambiente y el patrimonio de nuestro pueblo que defendemos desde Izquierda Unida, pero hemos querido aprovechar la visita a nuestro municipio de José Luis Ordóñez (Coordinador Federal del Área de Ecología y Medio Ambiente de IU, a la par que geólogo, periodista ferroviario y portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público) para compartir con un entendido en la materia, la situación en la que nos encontramos los visueños y las visueñas, y las posibles soluciones para la salvaguardia de nuestro hábitat.
En lo que respecta al paso del tren de alta velocidad por la cornisa, poniendo en peligro el acuífero nº 28 con trayectoria Carmona-Sevilla, la postura del Sr. Ordóñez es muy clara, se han impuesto los intereses políticos por encima de todo, el deseo de la Junta de Andalucía es buscar una alternativa al crack inmobiliario y constructivo en el sector turístico, es por ello que se variaba un primer trazado del AVE que unía Sevilla con Utrera, sin causar ningún impacto medioambiental, por un segundo trazado que enlaza Sevilla-Marchena (primer apeadero) pasando por el aeropuerto para unirlo con la ciudad de Málaga, pero a la Junta de Andalucía le da igual la huella que pueda causar a un entorno formado hace millones de años. Según Ordóñez hay otras posibilidades y la presión social puede ser un instrumento muy valioso a la hora de conseguir objetivos, por su experiencia nos demuestra que se han modificado planteamientos definitivos en otros trazados ferroviarios gracias a la presión de la ciudadanía.
Desde luego no es concebible un Parque Cultural de Los Alcores con un tren de alta velocidad que parta por la mitad el propio Parque Cultural y agotando los recursos de agua de la zona, al igual que no es compatible una línea ferroviaria por la vía verde si lo que queremos es que sea un lugar de esparcimiento de nuestra localidad, un lugar dónde se pueda disfrutar del valioso patrimonio que poseemos y fomentar los hábitos de senderismo y uso de la bicicleta. Nuestra comarca tiene entidad suficiente para conseguir formar parte de la nueva figura de Parque Cultural, muchas han sido las asociaciones y colectivos que han dedicado su tiempo a reivindicar esta consideración y mucho el tiempo transcurrido desde la primera vez que se empezó a hablar de dicha posibilidad (2001), nuestro portavoz, José Antonio Jiménez Ramos declaraba en rueda de prensa que es intolerable que este Ayuntamiento intente abanderar esta iniciativa plagiando y renegando de las asociaciones que llevan gastadas tantas energías en esta reivindicación, no es posible que en la memoria justificativa que se elevó al pleno se copie literalmente, incluso con los mismos errores ortográficos, las alegaciones presentadas por la Asociación Cornisa de Los Alcores y el Colectivo Ecopacifista SOLANO.
Incluso en una visita que realizaba el Sr. Ordóñez por el Parque de La Muela, nos mostraba su indignación por el estado de deterioro que presentaba, afirmaba que es importantísimo la puesta en valor del Patrimonio de un municipio por parte de las administraciones, en este caso el Ayuntamiento, para que la ciudadanía tome conciencia de respeto y cuidado hacia el mismo, y evitar así los actos vandálicos. La seguridad también resulta primordial ya que se considera un modo de prevención la vigilancia continua. No comprendía como en nuestro pueblo se imponían las ansias especulativas individuales, en algunos casos, pasando por alto un patrimonio que es propiedad de todos los vecinos y vecinas de El Viso del Alcor.
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3/04/2009
Unas cien personas acudieron en la charla-coloquio 'El impacto de las canteras y del paso del Ave por Los Alcores'
Juan
Antonio Martínez Romero
Colectivo Eco-pacifista Solano.
Ecologistas en Acción.
Plataforma en Defensa de Los Alcores
Unas cien personas acudieron ayer a la charla-coloquio “El impacto de las canteras y del paso del Ave por Los Alcores”, que con vocación de instrumento de concienciación y de participación ciudadana, y en aras de la consecución de la figura de Parque Cultural para nuestra comarca, concebimos y organizamos los grupos componentes de la Plataforma Cultural en Defensa de Los Alcores (Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico “Ben Baso”, Asociación Cultural Cornisa de los Alcores, Red Baetica Nostra, Asociación Amigos de la Historia “Padre Flores”, Colectivo Ecopacifista Solano, Federación Provincial de Ecologistas en Acción, Ecologistas en Acción Carmona y Sociedad Ecologista Alwadi-ira).
Desde la Plataforma, desde Solano, hace años que venimos insistiendo en la conveniencia y necesidad de declarar a toda nuestra comarca como Zona Patrimonial, dotándola de su pertinente órgano de Gestión, el Parque Cultural. Su consecución supondría la puesta en valor, y la consecuente protección efectiva de nuestro exhuberante patrimonio -arqueológico, histórico, natural, antropológico y paisajístico-, entendido como un “todo integral” propio y constitutivo de Los Alcores; reportándonos además, beneficios económicos provenientes, por ejemplo, del turismo cultural.
La consecución del Parque Cultural pasa necesariamente por la difusión, protección y conservación de un Patrimonio que hoy en día está siendo agredido o amenazado por las feroces fauces de las excavadoras que arrancan esa piel y carne de nuestra tierra, que es el albero; por un exacerbado urbanismo, tan especulativo como descontrolado; por el demencial proyecto del AVA (Alta Velocidad Andaluza), que desangrará las feraces terrazas alcoreñas; por la dejadez de unos gobernantes que no quieren ver más allá de aquello que les procura réditos a corto plazo.
Ayer, primero de abril, José Luis Ordóñez y José Manuel García nos advertían de todo esto: canteras y AVA van a imposibilitar el logro del Parque Cultural que nos merecemos. Pero no dejaron de apuntar, con vehemencia, que depende absolutamente de la movilización de todos nosotros, de la presión que podemos ejercer sobre las autoridades competentes, el que nuestro sueño se haga realidad. No son quimeras, en Marchena la unión de la ciudadanía y el respaldo del ayuntamiento, cambiaron el trazado del AVA; en Italia, el empecinamiento de unos cuantos montañeses del Piemonte, ha abortado uno de los proyectos de “alta velocidad” más ambiciosos de Europa; un humilde grupo ecologista alcalareño, alwadi-ira, ha dado al traste con las egoístas ambiciones de los extractores de albero; ¿como se eliminaron los pararrayos y las antenas de móvil en nuestro pueblo?
¡Debemos hacer presión para cambiar el proyecto de AVA, para conseguir que se proteja lo nuestro! Con la “alta velocidad”, no habrá Parque Cultural; con Parque Cultural, difícilmente se puede sostener un proyecto de “alta velocidad” como el actual. ¡Hasta el ayuntamiento visueño se ha hecho eco de ese proyecto que tantos años venimos reclamando! ¡Ahora es el momento! ¡Juntos podemos!
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31 de marzo de 2009
Nuevas normas para el acceso de bicicletas en los trenes de cercanías
Desde hace unos días rigen unas nuevas normas para el acceso de bicicletas en Cercanías. En realidad no han cambiado mucho, pero sí hay alguna novedad que hay que tener en cuenta.
Mi impresión general es que es un ligero avance, que no puede ser mayor porque se ve condicionado por el propio material (los trenes) que no está debidamente preparado para un mayor y mejor acceso de las bicicletas.
Lo podéis ver resumido aquí:
http://www.renfe.es/cercanias/bicicletas.html
Las principales novedades son:
- Las bicicletas plegables ya son consideradas como bulto de equipaje en Cercanías y pueden viajar a cualquier hora del día y en cualquier unidad. Esto es una mejora, pues que yo recuerde no venía específicamente reflejado antes.
- Ya no se limita a una bicicleta por plataforma, como antes. Ahora no pone límite, entendiendo, por ejemplo, que en una plataforma con una puerta que no se abre durante un trayecto, pueden caber varias bicicletas apiñadas en ese lado sin molestar.
Las
bicis deben ir en las plataformas o en los espacios específicos para
bicicletas, si los hubiere.
- Cuando vayan más
de diez ciclistas juntos deberán pedir un permiso.
Habrá que analizar si esto último es bueno o malo. El sábado, lo comenté en mi efímera participación virtual durante la asamblea de ConBici y a los representantes de los grupos les pareció bien.
Por mirar el lado crítico, la obligatoriedad de pedir permisos para grupos de más diez ciclistas puede hacer farragoso el trámite. Ya sabemos que no existe la inmediatez en la concesión de estos permisos y ello podría ser disuasorio. Las experiencias con los permisos en Media Distancia no está siendo positiva.
Por mirar el lado positivo, esto puede significar el asegurarte la posibilidad de llevar un número alto de bicicletas en un determinado tren, sin que te pongan problemas. Curiosamente, en la relación de teléfonos de las distintas zonas en las que se pueden pedir estos permisos, no están incluidos Madrid y Barcelona. Se entiende que en estos lugares no hace falta pedir permiso (?).
- Sigue apareciendo la importante frase que capacita a llevar la bicicleta en trayectos no autorizados, si no se molesta:
"En cualquier caso, y como norma general, debe siempre prevalecer el criterio de Atención al Cliente. Por tanto, si se observa la presencia de viajeros con bicicletas aún en períodos o líneas no autorizados y ello no implique o pueda implicar molestias al resto de los viajeros, se permitirá su transporte."
Hay que aferrarse a ella para casos como Guadalajara-Coslada, por ejemplo, que los trenes aún no van llenos por la mañana, aún en horarios no permitidos.
A
continuación podéis leer las preguntas que una senadora le hizo el
pasado día 25 de marzo de 2009 en sesión plenaria al Gobierno de
nuestro país, referente a la bicicleta.
Las propuestas de
preguntas se hicieron desde ConBici y ahora el Gobierno debe
responderlas en un plazo de tiempo.
Aunque sólo sea para dar el
toque a los responsables de DGT, Ministerio de Fomento y RENFE a la
hora de que el gobierno les pregunte sobre la respuesta que pueden
dar a esas preguntas, ya habrá servido para dar un toque más a
estos ámbitos en los que tanto nos jugamos los ciclistas.
La
presión desde ConBici y otras organizaciones ciclistas representadas
en algunos de estos entes, ya la tenían. Ahora hay que sumarle esta
presión desde el ámbito parlamentario. Todo suma.
Gracias a los
Biciclistas de Corella que han sido los impulsores de que estas
preguntas hayan llegado a buen puerto.
1- El Ministerio de
fomento en el PEIT se planteaban varios programas, ¿que se ha
realizado en estos 2 años en la parte dedicada a los modos no
motorizados (bicicleta y peatón)?
2-La Estrategia Estatal sobre
los modos no motorizados (bicicleta y peatón), que encargó el
Ministerio de Fomento hace ya más de dos años ¿ está ya
terminada?
3-¿Cuanto tiempo más tendremos que esperar para ver
que se tome alguna medida de las que el propio PEIT destacaba en
relación al desarrollo de programas en la parte dedicada a los modos
no motorizados (bicicleta y peatón)?
4-¿Porque el GT-44
(Grupo de Trabajo sobre la seguridad vial de los ciclistas del
Consejo Superior de Tráfico ) se está reuniendo, convocado por la
DGT con una periocidad aproximada de una vez cada 2 años, ante
la desesperación de los representantes ciclistas, cuando hasta el
año 2004 se venía reuniendo mínimo dos veces al año?
5-¿Ha
perdido el gobierno interés en el tema de la siniestralidad ciclista
cuando resulta que es la única siniestralidad que no ha descendido
de manera importante, manteniéndose prácticamente en el mismo
umbral de muertos y heridos mientras el resto de vehículos (excepto
la moto) ha descendido de manera mucho más importante?
6-¿Se
está planteando el gobierno alguna medida en la normativa de tráfico
que mejore la seguridad vial de los ciclistas?
7- Según un
estudio encargado por la Comisión Europea a la Federación de
Ciclistas Europeos, España está en la cola de Europa en cuanto a
accesibilidad de las bicicletas en los trenes ¿Qué se está
haciendo el gobierno para revertir esta negativa tendencia ante el
emergente uso tanto urbano como recreativo de la bicicleta como medio
de ocio y transporte?
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4 Movimento Cívico pela Linha do Tua
2 de Abril de 2009
Carta Aberta ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Incompetência, Negligência ou Má-fé
Exmo. Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Exma. Sra. Secretária de Estado dos Transportes
A calamitosa política de transporte seguida para as Vias Estreitas (VE) do Douro nas últimas três décadas atingiu o ponto de ruptura. A falácia do prejuízo nestas vias-férreas, mesmo tratando-se de um serviço público a manter para bem da solidariedade e coesão social, e malgrado a forma danosa como têm sido administradas, esquece convenientemente os desastres financeiros da Carris e dos Metros do Porto e de Lisboa, averbando respectivamente prejuízos crescentes na ordem dos 18, 150 e 160 milhões de euros, suportados por todos os portugueses, do Litoral ao Interior e Ilhas.
O fundamentalismo do alcatrão culminou na imobilização de todo o país em Junho de 2008, face à dependência do petróleo e da rodovia, assistindo-se a uma escassez de víveres preocupante numa questão de dias, enquanto apenas 3% das mercadorias é transportada por via ferroviária. O favorável panorama petrolífero actual é passageiro, e será agravado pela imposição das chamadas taxas ecológicas, com impactes muito pesados para o transporte rodoviário de mercadorias. A terrível dependência energética de Portugal sobressai no sector dos transportes, responsável por mais de metade deste bolo de poluição e ineficiência, que em nada será aplacado pela construção de barragens. Ainda assim, assiste-se à construção mediatizada de mais e mais auto-estradas, mormente no Litoral, em investimentos de milhares de milhões de euros, enquanto o investimento nos caminhos-de-ferro atinge o seu valor mais baixo em 13 anos (250 milhões de euros), numa queda que com o actual Governo acelerou notavelmente. De facto, apenas a Grande Lisboa e o Grande Porto reúnem tanto investimento em estradas num ano como o país inteiro em caminhos-de-ferro em quatro.
Mas a gravidade da situação das VE do Douro, estropiadas e asfixiadas desde há 30 anos, não se podia ter tornado mais visível do que agora. Recorde-se que também na década de 1990 se garantiram suspensões temporárias por motivos de segurança, e foram prometidas alternativas que mais não se comprovaram do que fraudes e traições políticas; não houve estrada ou autocarro que tivesse substituído condignamente o comboio, agravando de forma ruinosa a desertificação de Trás-os-Montes e Alto Douro. É inqualificável que se tenha deixado a infra-estrutura destas vias chegar a um ponto em que para serem renovadas seja necessário o seu encerramento integral. Questionamos sobretudo: se não tivesse sido pelo clima de suspeição sobre o estado de conservação das VE do Douro, lançado em Agosto com o acidente da Brunheda na Linha do Tua, saber-se-ia o que se sabe agora sobre as supostas falhas graves identificadas nas Linhas do Tâmega e do Corgo?
Outra conclusão não se pode estabelecer senão a de que se tem jogado com a vida de milhares de utentes das Linhas do Tua, Corgo e Tâmega, ao se permitir que a infra-estrutura ferroviária atingisse ou mesmo ultrapassasse o ponto de ruptura. Ou a situação actual se justifica, lançando sobre a tutela uma inequívoca acusação de incompetência, negligência e má-fé na gestão, ou então não se justifica, e suportam-na razões que devem ser esclarecidas. A ligeireza com que o volume de investimento foi prontamente apresentado é igualmente alarmante: como é que se pode demorar tão pouco a encerrar, e ao mesmo tempo a anunciar o valor duma empreitada, que afinal só começará, por razões ainda não esclarecidas, daqui a 4 meses?
Este número levanta outras questões igualmente preocupantes; em Espanha, um organismo ferroviário adstrito apenas à VE reabriu integralmente em 2003 uma linha com 340 km de extensão (o mesmo comprimento que a Linha do Norte) com um custo de 123.500 euros/km – encerrada em 1991 por questões de segurança, tal como a Linha do Tua. Seria o equivalente em Portugal a reabrir ao mesmo tempo as Linhas do Tâmega, do Corgo, do Tua, do Sabor e do Douro, sobrando ainda 20km. Como se justifica então que em Portugal a renovação destas vias venha a custar perto de um milhão euros/km? Esta diferença abismal de valor tem de ser necessariamente detalhada: vai haver correcção de traçado; vão ser aumentadas as velocidades máximas de 30km/h; vão ser instaladas travessas em betão, soldados os carris e fixados de forma elástica (garantindo maior durabilidade, conforto e segurança); vão ser suprimidas ou automatizadas passagens-de-nível; vai ser instalada sinalização luminosa e automática; vão ser instalados dispositivos de prevenção e alerta de via intransitável? Os prazos de execução das obras constituem outro facto impressionante. Basta pensar que avançarão a cerca de 500 metros/mês no Tâmega, quando por exemplo a construção da Linha do Tua, a maior e mais intrépida das VE do Douro, fez-se a um ritmo de 1,5km/mês entre o Tua e Mirandela, e a 2km/mês entre Mirandela e Bragança, e isto com os meios técnicos de há 120 e 100 anos atrás, respectivamente. Ao ritmo das obras no Tâmega, a Linha do Tua teria demorado, em vez de 6 anos, algo como 22 anos a ser concluída!
Outra questão deve ser discutida nesta mesma data: a proliferação “just because” de ciclovias. Exemplificando com o caso da ciclovia na Linha do Sabor, este é um equipamento que simplesmente incinera 125.000 euros/km (mais caro que reabrir uma linha), fora a renda de 10.000 euros paga pela autarquia de Moncorvo todos os anos, naquilo que é um caminho de terra batida num traçado já existente e equipado de forma paupérrima. Com fraca utilização, a atracção de turistas é nula, tal como a geração de desenvolvimento e bem-estar. É isto que se pretende para o Corgo, que atravessa a zona termal e vitivinícola mais reconhecida de Portugal, e desagua na única plataforma logística nacional sem caminho-de-ferro, Chaves? E para o Tâmega, às portas do Porto, possuidora de uma riqueza cultural e paisagística só comparáveis aos mais fracos índices de qualidade de vida nacionais que regista?
Exige a inteligência e bom senso que estes projectos, em linhas cuja reabertura já foi proposta por dois particulares para exploração turística e regional e negada liminarmente pelas autarquias locais contra a vontade do povo, sejam abandonados, antes que a sangria de verbas e oportunidades de emprego e desenvolvimento sejam por estes agravados. Em contrapartida, uma vez que finalmente a tutela se dispõe a modernizar estas vias, este planeamento deverá, a partir de agora, incluir a reabertura integral das mesmas, aproveitando a presença no terreno dos meios necessários. É uma oportunidade soberana de se emendar um erro que no país vizinho já foi reconhecido e está a ser corrigido.
No caso particular da Linha do Tua, é inaceitável que a REFER/tutela justifiquem a não reabertura dentro do prazo estabelecido, que terminou a 31 de Março último, pela necessidade de espera por uma decisão sobre a barragem do Tua. Estamos perante outro caso de má-fé que já ultrapassou todos os limites da razoabilidade. A posição da tutela é clara: "É uma linha que tem objectivos e que pode ser utilizada em benefício do turismo e das populações, portanto a nossa intenção é continuar com a linha", palavras do Ministro Mário Lino em Outubro de 2008.
O Estudo de Impacte Ambiental da barragem do Tua é explícito: “A área de influência revela-se uma área mal servida ao nível dos serviços mais procurados: esta situação agrava-se com as fracas acessibilidades e escassez de oferta de transporte público; a identificação e avaliação dos impactes (da barragem) ao nível da socioeconomia evidenciaram impactes muito negativos ao nível da economia local, em particular para a agricultura e agro-indústria, com repercussões também muito negativas ao nível do emprego e dos movimentos e estrutura da população”.
Também parece haver uma desadequação face às obrigações impostas pelo Direito Comunitário, principalmente pelo Regulamento n.º 1698/2005 do Conselho, que visa, com o apoio ao desenvolvimento rural dado pelo FEADER, o crescimento da economia rural através de medidas para diversificação. Com a destruição do Vale e da Linha do Tua, quaisquer auxílios concedidos neste âmbito serão subaproveitados. Não é demais recordar que o mesmo é dirigido à prossecução do aumento da competitividade da agricultura e da silvicultura, da melhoria do ambiente e da paisagem rural, promoção da qualidade de vida nas zonas rurais e diversificação das actividades económicas. De acordo com a tão aclamada Estratégia de Lisboa, a melhoria da competitividade agrícola é o pilar fundamental do desenvolvimento rural. Que competitividade terão produtos que perdem terrenos e que perdem oportunidades de menores custos de transporte, como o próprio Vinho do Porto e o Azeite da Terra Quente Trasmontana?
Mais grave é o facto de o PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, documento máximo a nível nacional neste âmbito, demonstrar que a zona onde se quer construir esta barragem se encontra em “perigo de movimento de massas” e “troço de influência de ruptura de barragem”! A loucura e imponderabilidade desta obra nefasta ultrapassa tudo, até mesmo o respeito pela vida humana de toda a população a jusante. O desastre da barragem de Valjont em Itália matou 2.000 pessoas, quando deslizamentos de terra causaram uma onda imparável de destruição; no entanto, zonas altamente sísmicas como o Japão possuem das redes ferroviárias mais avançadas do mundo, o que diz muito sobre o que está em causa no Tua.
A mentira da necessidade desta barragem é apenas comparável ao tamanho do seu paredão: por 1/3 do seu custo, consegue-se o equivalente a 75% da sua potência, através do reforço da barragem do Picote, e o mesmo que 3 barragens do Tua se juntarmos os reforços que serão realizados no Picote, Bemposta e Alqueva. O correcto aproveitamento da energia solar já foi calculado como potenciador de uma redução de consumo de electricidade de 20%, muito superior ao ridículo ganho de 3% apresentado por todo o monstruoso pacote de 10 novas barragens!
De igual forma, António Mexia não tem razões para não construir uma alternativa ferroviária. Omite convenientemente dois factos: o caderno de encargos prevê a substituição de vias com a mesma valência – desde quando é que uma estrada tem a mesma valência que um caminho-de-ferro, demais a mais sendo a Linha do Tua o que é e as estradas da zona o que são; a EDP teve de pagar, aquando da construção da Barragem da Valeira no Douro, uma estação nova na Ferradosa, uma nova ponte sobre o Douro, e cerca de 1,5km de via-férrea nova para a Linha do Douro. Existe o precedente, existe um caderno de encargos que está a ser mal interpretado, e mesmo que este erro estratégico da barragem do Tua avance, a destruição de parte da paisagem do vale não é desculpa para obliterar para sempre a Linha do Tua, uma vez que a necessidade de transporte público se mantém, com todas as oportunidades a montante e a jusante.
De igual forma, relembramos o facto de Bragança ter em 2012 o comboio de alta velocidade a apenas 30km de distância, na Puebla de Sanábria, constituindo a par do alargamento do aeroporto de Bragança uma oportunidade única de atractividade para turistas e mobilidade para pessoas e mercadorias. Isto quando a tutela já confirmou que não existem contactos com Espanha para a execução de novas ligações rodoviárias nesta zona. Note-se que o Turismo é um produto compósito: não há sucesso quando um dos elementos falta, e o elemento em falta no Nordeste Trasmontano e no Douro é precisamente a fraquíssima oferta de transportes aí existente.
Afinal, que interesses é que existem em se destruir o Vale e a Linha do Tua, quando está mais que provado e suportado por documentos legais e especialistas de todos os sectores que a barragem será um desastre para a região e para o país? Exigimos de uma vez por todas:
- Respeito pelas populações e utentes, privadas dos seus direitos inalienáveis de mobilidade e solidariedade social.
- Apresentação de um plano de modernização, reabertura total e alargamento da Linha do Tua a Espanha, depois da realização de 2 estudos profundos em 7 anos, e 17 meses de suspensão de circulações, mais que o suficiente para se ter apresentado e se ter começado a executar alterações profundas.
- Responsabilização pelos 4 acidentes e respectivas vítimas, pelo estado de conservação grosseiro da via, e pelos prejuízos causados ao Metro de Mirandela e tecido comercial da zona, que tem perdido um preocupante volume de receitas geradas pelas dezenas de milhares de turistas que deixaram de viajar na Linha do Tua.
Desta forma, o MCLT solicita aos Exmos. Srs. Ministro e Secretária de Estado o esclarecimento honesto destas questões que têm vindo a ameaçar o bom funcionamento da Democracia e da coesão social em Trás-os-Montes e Alto Douro, e apresentem um plano de intervenções com o rigor que a este nível se exige.
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2/04/2009
La venta de coches sufre el peor inicio de año desde 1993
Las matriculaciones cayeron el 43,1% hasta marzo
Los fabricantes piden que se dote de más recursos al Plan VIVE este año
S. HERNÁNDEZ - Madrid -
La venta de coches sigue con el carburador atascado. En el mes de marzo se han matriculado en el mercado español 76.503 automóviles de turismo, lo que supone un descenso del 38,7% sobre marzo de 2008. Ello, a pesar de que marzo de este año ha contado con dos días laborables más porque en marzo de 2008 se celebró la Semana Santa.
Se cierra el primer trimestre del año con unas ventas de 197.995 unidades y un retroceso del 43,1% sobre igual periodo de 2008. El sector se encuentra ante el peor inicio del año desde 1993 en cuanto a cifras absolutas, aunque en el último trimestre de 2008 se cerró con un descenso en las ventas del 45%, cuando ya los nubarrones más oscuros se situaron sobre la carretera.
Fuentes de la patronal Anfac afirmaron ayer que no vislumbran ningún claro en el desolador panorama a corto plazo. Además añaden que el Plan VIVE, aunque ha mejorado, persiste en su inconveniente principal de no generar demanda añadida. Anfac pide que si los recursos económicos de esta iniciativa para este año se agotan en julio tal como ha anunciado el ministro de Industria, (unos 700 millones) se tire de los 500 millones del 2010 para este año.
El descenso trimestral está todavía muy por encima de la previsión de cierre anual que ha elaborado el sector y que gira en torno a un 25% de descenso. Asimismo, este mes de marzo ha roto una tendencia de matriculaciones por encima de las 100.000 unidades que se mantenía ininterrumpida desde 1996. Además, otro dato negativo para calibrar la crisis es que en marzo de 2008 ya tuvo una caída del 28%. La demanda del mercado particular y empresas no alquiladoras ha continuado con fuertes pérdidas en su evolución, vuelve a disminuir un 30% en marzo, y un 36,8% en el trimestre. Mientras que el canal de las empresas de alquiler, en un mes propicio para la compra de turismos como consecuencia de la temporada turística de Semana Santa, ha registrado una caída mensual del 61,6% y del 68,2% en el conjunto del primer trimestre. Por modelos, el Ibiza se colocó en marzo como líder destacado con 4.602 matriculaciones dejando atrás al Renault Megane, con 3.498, y el Citroën C4, con 2.948.
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31/03/2009
Caja Castilla - La Mancha, el Aeropuerto de Ciudad Real y otros timos manifiestos
Ya
es oficial. Pese a lo que nos intenten vender unos y otros, el
cataclismo ha llegado a Caja Castilla-La Mancha. Era una realidad
conocida por todos, lo que pasa es que unos la contábamos y otros la
maquillaban. Los que la contábamos acusábamos a los que la
maquillaban de tomarnos por imbéciles y vendernos la moto, mientras
que los que la maquillaban nos acusaban a nosotros de ser unos
anti-todo
y unos torpedeadores del futuro, la riqueza, el bienestar social y el
progreso de Castilla-La Mancha.
Lo que ustedes quieran contarnos,
señores, pero al final son los datos los que mejor hablan: Caja
Castilla-La Mancha ha sido intervenida por el Banco de España.
De esta situación de semiquiebra habrá seguramente varios culpables y habría que analizar muchas cosas y muy despacio, pero a bote pronto podríamos señalar claramente a uno: el presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, ese señor que ahora pide una salida digna y un trabajo en en Unicaja. Ese lumbreras que decidió que no estaría mal prestarle a Pedro Román (imputado en el caso Malaya) 30 millones de euros y después renovarle el crédito dos días antes de que venciese. Ese lumbreras que decidió que estaría bien prestarle 100 millones de euros a Martinsa-Fadesa tres meses antes de su quiebra. Ese lumbreras que permitió que tres empresarios acaparasen nada menos que el 40% de los fondos propios de la Caja. Por cierto, que de esos tres empresarios, dos tienen alguna cuenta pendiente con la Ley: Román Sanahuja está imputado por la Fiscalía Anticorrupción junto a Domingo Díaz de Mera, mientras que éste último además está relacionado con el Caso Malaya y dos empresas en las que él participa (DHO y Global Cartera de Valores) se han declarado insolventes ante deudas de casi 1.000 millones de euros. Pues a estos eficientes empresarios les prestó el dinero Hernández Moltó hasta que CCM llegó, en total, a un agujero de 3.000 millones de euros. Un lince, vaya.
Quizá
algunos podréis pensar que Hernández Moltó no es ningún
lumbreras, sino que todo este tipo de préstamos los hizo a
conciencia para favorecer a sus amigotes y ayudarles a enriquecerse.
Ojo, no seré yo quien diga eso, que luego me demandan.
La mayor
parte de los desastres financieros de Caja Castilla-La Mancha tienen
su origen en el mismo sitio: Aeropuerto de Ciudad Real. No sólo
porque la Caja invirtiese cerca de 400 millones de euros en el
Aeropuerto, sino porque algunos de los empresarios antes nombrados (a
los que se les prestó un dinero que ya nunca volverá) son
precisamente accionistas del mismo.
No voy a cebarme y sólo
pondré algunos ejemplos concretos, pero todo hemos visto a cerca de
una veintena de nuestros políticos hablar de los infinitos
beneficios económicos y sociales que traería consigo el Aeropuerto
de Ciudad Real. Recuerdo especialmente las declaraciones de Julián
Sánchez Pingarrón, que resumió en apenas una frase todas esas
patrañas que nos vendieron: "El
Aeropuerto de Ciudad Real generará mucho empleo y riqueza para la
región".
Ya lo estamos viendo, ya. En cuanto al empleo, el Aeropuerto comenzó
con 300 trabajadores (entre directos e indirectos), y ahora, seis
meses después, despedirá
a entre un 10 y un 20%.
Juan Antonio León Triviño colocó
en su momento a estos 300 empleados como escudo para que se abriese
el Aeropuerto
a pesar de no cumplir con la Declaración de Impacto Ambiental e
insinuó que los despediría si el Aeropuerto no abría. Ahora, con
el Aeropuerto abierto, parece que los trabajadores ya no importan
tanto, con lo que el argumento del empleo cae por sí solo.
En
cuanto a la riqueza... en fin, qué decir. Los ciudadanos de a pie
aún no hemos visto llegar esa riqueza. En todo caso la verán los
empresarios que se beneficien de la modificación de la Lotau y
comiencen a abrir negocio en torno al Aeropuerto. Al resto de
ciudadanos, las únicas noticias económicas del Aeropuerto que nos
llegan es que gracias a él, el Banco de España ha tenido que
intervenir Caja Castilla-La Mancha. Otro argumento por los
suelos.
Así las cosas, resulta que el Aeropuerto de Ciudad Real,
un proyecto llamado a crear empleo y riqueza, al final está
consiguiendo precisamente el efecto contrario.
Lo
cierto es que servidor está deseando ver qué declaraciones hacen
los políticos de Castilla-La Mancha ante esta intervención. Sobre
todo estoy deseando oír al presidente, José María Barreda, que
ayer permaneció totalmente mudo. Pero no se preocupen, que Barreda
es especialista en darle la vuelta a la tortilla y echarle cara a
todo: cuando el Ministerio de Fomento negó al Aeropuerto las
licencias de vuelo, Barreda, lejos de reconocer culpas, dijo que si
el Aeropuerto no había abierto antes no era por negativa de Fomento,
sino por el "exceso
de celo"
de los dirigentes del Aeropuerto. Y tan ancho que se quedó. Con el
tema de CCM también se le ha visto desenvuelto, cantando las
alabanzas y el alegre porvenir que nos esperaba con que la absorbiese
Unicaja y 'pidiendo' a los medios de comunicación que evitasen las
palabras "absorción" o "intervención", y que
usasen mejor "fusión", que es bastante más
bonita.
Sinceramente, estoy deseando ver qué dice al hilo de esta
definitiva intervención. Por lo pronto, en la web de la Junta ya se
ha colgado una nota de prensa en la que el gobierno regional afirma
valorar positivamente "las
garantías ofrecidas por el Banco de España a CCM".
Atención porque en un situación tremendamente tensa Barreda ya le
ha echado humor a la cosa. ¿Qué hará dentro de unos días, cuando
la presión haya bajado y su intelecto le permita idear excepcionales
argumentos positivos? ¿Dirá que esta intervención es positiva para
todos los castellano-manchegos? ¿Dirá que CCM no ha sido
intervenida, sino que su "exceso de celo" le ha hecho
acudir al Banco de España por si hubiese alguna cosilla suelta?
¿Dirá que el hecho de que tantos bancos se interesen por CCM es
síntoma de la buena gestión que se ha hecho?
Y, sobre todo,
¿cuánto tardará Hernández Moltó en conseguir un buen empleo?
¿Cuánto tardará la Junta de Castilla-La Mancha en favorecer de
nuevo los negocios privados de los empresarios amigos de
Barreda?
Pero no pasa nada, no se preocupen. No culpen a Barreda,
ni a Hernández Moltó, ni a Domingo Díaz de Mera, ni a Ignacio
barco, ni a Román Sanahuja, ni a Pedro Román, ni a nadie cuyo
patrimonio sea mayor de 20.000 euros. Ya
dijo Nemesio de Lara
que la culpa de que los proyectos vayan mal la tenemos los que los
criticamos. Así que a partir de ahora queda impuesto el talante
optimista ante todos los proyectos que se les ocurran a nuestros
políticos o empresarios, aunque sepamos que sólo servirán para
enriquecer a unos pocos y empobrecer a la mayoría.
Y al que
critique, demanda al canto.
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Abril 2009
Crisis y corrupción en EADS
Pere Ortega
Desde su nacimiento, en julio del 2000, European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) se convirtió en una de las joyas más preciadas de la UE. EADS nacía bajo el impulso de sus dos estados líderes, Francia y Alemania, y España como invitado menor. La intención era convertir EADS en una gran empresa aeronáutica mundial y un polo para el desarrollo de nuevas tecnologías en Europa. EADS se formó tras fusión de la alemana Daimler Aerospace, la francesa Aerospatiale propiedad de Lagardère, y por parte de España de Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA), propiedad del Estado, quien a cambio obtuvo el control del 5,5% de las acciones del nuevo consorcio.
EADS, a través de su filial Airbus, pretendía competir en el mercado de aviones de transporte civil con la estadounidense Boeing, hasta entonces líder indiscutible mundial. La gran apuesta de Airbus, era la fabricación de un gigante del transporte civil, un avión de grandes dimensiones, el A-380 de dos pisos con capacidad para 850 personas y diseñado para albergar algunos lujos como cabinas individuales, dobles, sauna, sala de juego, etc. Pero, a la vez, EADS era, como su nombre indica, un potente consorcio militar, hoy situado en sexto lugar en el ranking mundial de fabricantes de armamentos, con diversas divisiones de producción: de aviones de combate (Eurofigther); de transporte militar (A400M); cohetes espaciales (Ariane); satélites (Galileo) con doble función, ofrecer información civil pero también militar; helicópteros de combate (Tigre) que fabrica la filial Eurocopter; y finalmente diversos sistemas de misiles que fabrica otra firma del grupo, MBDA.
Las cosas en EADS se empezaron a torcer cuando en junio de 2006 surgió el anuncio de que Airbus retrasaba la entrega de su avión estrella, el A-380, debido a problemas tecnológicos, y anunciaba la duplicación de su coste. Esto provocó que las acciones de la compañía se hundieran un 27% en bolsa. Anuncio acompañado de un escándalo mayúsculo, puesto que tan sólo tres meses antes su copresidente, el francés Noël Forgeard, aprovechando la información privilegiada de que disponía vendió sus stock-options y se embolsó 3,8 millones de euros. Lo mismo hicieron otros directivos y los principales accionistas privados, el fabricante de armas francés Arnaud Lagardère y el socio alemán Daimler, que se desprendieron de la mitad de sus acciones. En su conjunto, los diez millones de títulos vendidos aportaron unos 90 millones de beneficios a todos los implicados, mientras el resto de accionistas y los estados francés y español veían asombrados como el capital de sus acciones retrocedía. Ante el escándalo, se despidió al personal de dirección de EADS, pero como eran poseedores de contratos blindados recibieron fuertes indemnizaciones. Forgeard se embolsó otros 8,5 millones de euros. En el otro extremo de la cadena de producción, los 110.000 trabajadores de sus factorías veían como se reestructuraba EADS y se dejaba sin trabajo a 10.000 personas en toda Europa.
Como era de esperar, las cosas no acabaron ahí. En octubre de 2007, la Autoridad de Mercados Financieros francesa ponía en manos de la fiscalía una denuncia por delito de “iniciación” (información privilegiada) contra un total de veinte directivos y accionistas, entre ellos Legardère. El caso hoy sigue en los juzgados a la espera de una resolución. Pero el culebrón continuó. Poco más tarde, en noviembre del 2007, apareció otro obstáculo en el camino de EADS: la dirección decidió retrasar la fabricación del avión de transporte militar A400M. El ensamblaje del cual se lleva a cabo en Sevilla y buena parte de sus componentes se fabrican en diversas empresas españolas. El coste estimado del retraso fue evaluado por la dirección de EADS en 1.200 millones de euros y sumía a la filial española EADS-CASA en la incertidumbre sobre su futuro. Por último, a finales de febrero pasado, surgió el anuncio de la dirección de EADS de integrar el A400M, hasta ahora en manos de EADS-CASA, en Airbus Military, lo cual se llevó a cabo con la oposición del Director del sector militar EADS-CASA y del gobierno español, ante el temor de perder el control sobre este modelo y de un posible desplazamiento del ensamblaje fuera de nuestras fronteras.
Además, Airbus siempre ha gozado de ayudas millonarias por parte de los estados. Así, fue denunciada ante la OMC a finales de 2006 por su rival estadounidense Boeing, por recibir ayudas por un importe de 14.300 millones de euros de la UE y de los gobiernos europeos implicados en la fabricación de sus aviones. A su vez, la dirección de Airbus respondió denunciando ante la misma instancia que el gobierno de EE.UU. había entregado a Boeing subsidios por un importe de 18.600 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un consorcio empresarial, EADS y todas sus filiales (Airbus, Eurocopter, Astrium, MBDA…) que se presentaba como el gran proyecto motor en desarrollo de I+D en nuevas tecnologías que beneficiaría a la industria civil europea. Y ahora, en lugar de aportar desarrollo y bienestar, se ahogan en medio de corrupción e incertidumbre.
La crisis de EADS, además de la falta de control, sueños de grandeza y corrupción, está afectada por otras dos cuestiones. El problema del cambio climático y la producción de armamentos. Respecto a la cuestión ecológica que plantean las emisiones de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera por parte del transporte aéreo. El superavión A380 para 850 pasajeros, según la propia empresa, parecía en parte solucionado, pues pese a su enorme capacidad y peso, estaba dotado de una tecnología que le permitía ahorrar combustible. Esto posibilitaba apostar por incrementar los vuelos de transporte aéreo. Pero el problema es el mismo del automóvil que también apuesta por motores de menor consumo. ¿Acaso se puede universalizar el transporte aéreo de viajeros sin acelerar el cambio climático?
Hoy el transporte aéreo contabiliza unos 1.700 millones de pasajeros al año. Y de estos, tan sólo unos 300 millones son por razones de trabajo, las elites políticas, empresariales y profesionales que se desplazan en avión. El resto de 1.400 millones de pasajeros viaja para hacer turismo ¿Es razonable continuar con el uso intensivo del avión para la expansión del turismo?
La expansión del uso del transporte aéreo de manera intensiva provoca un grave deterioro del medio ambiente. Y produce la misma congestión que el automóvil como transporte privado De una parte, por el continuo crecimiento de las infraestructuras de los aeropuertos, más pistas y más accesos de transporte de los usuarios para llegar a ellos. Después está el problema del combustible, una energía fósil no renovable, un derivado del petróleo, de mayor calidad, el queroseno, especialmente refinado para la combustión de los motores de avión. Y que como todos los hidrocarburos emite CO2, una de las causas del efecto invernadero que nos ha conducido al actual cambio climático.
A la cuestión ecológica se añade la de la fabricación de armas. EADS facturó en esta actividad 7.572 millones de euros en el año 2006, de los cuales 1.020 correspondieron a la parte española de EADS-CASA. En este punto, quiero recordar que, para que un producto forme parte de la economía real, éste debe circular en el mercado, pues sólo así adquirirá un valor social. Y las armas, por mucho que se quiera demostrar no forman parte de la economía productiva, pues ni circulan por el mercado, ni aportan valor añadido en I+D al sector civil, sino al contrario, destruyen I+D, pues no más allá del 10% revertirá en el sector civil. Con lo cual, el 90% restante son costes de oportunidad perdidos. En el caso español, el Estado ha entregado desde 1997 17.400 millones de € en concepto de I+D a las industrias militares, y buena parte han ido a parar a EADS-CASA, con quien se mantienen contratos de armas desde esa misma fecha por 20.000 millones de €. Ante semejante dispendio hay qué preguntarse: ¿las armas son bienes productivos? Mi respuesta es negativa. Las armas al no entrar en los circuitos de intercambio no tienen ningún valor social. Y al ser adquiridas por el estado, sin competencia, generan clientelismo, endeudamiento e inflación.
La crisis de EADS debería ser una oportunidad para repensar la producción militar y pasar al sector realmente productivo, el civil. Así como para reordenar y ajustar el transporte aéreo, empezando por los precios, el queroseno no está gravado por impuestos. Esa sería una fórmula para disuadir del uso del avión en viajes superfluos.
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2/04/2009
Costas tolera dos torres de 22 plantas al borde del mar en Benidorm
Medio Ambiente retira la expropiación que aprobó Narbona en 2008
EL PAÍS - Madrid -
El Ministerio de Medio Ambiente ha desistido de expropiar dos torres de 22 plantas que la empresa Ballester Inmobiliaria construye en primera línea de costa en Benidorm. El Gobierno inició la expropiación en enero de 2008, con Cristina Narbona de titular de Medio Ambiente. Pero el equipo que dirige Elena Espinosa ha frenado el plan, como ya hizo con las expropiaciones del hotel del Algarrobico (Almería) o el Papagayo Arena (Lanzarote). La decisión llega en medio de las protestas de pequeños propietarios afectados por derribos de Costas.
Medio Ambiente argumenta que ha perdido el pleito que presentó contra la licencia (de junio de 1988) y que ha recurrido al Tribunal Supremo. El ministerio se escuda en "la venta de un número importante de apartamentos", en un informe del abogado del Estado y en que los edificios no están en dominio público.
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9 EL PAÍS Comunidad Valenciana
30/03/2009
Un documento contra la presión urbanística
ARTURO RUIZ - Dénia -
La Carta del riu Girona, firmada por científicos y asociaciones vecinales, vincula por primera vez las inundaciones con la presión urbanística y advierte de que las administraciones carecen de recursos para prevenirlas
Cuando en octubre de 2007 el desbordamiento del río Girona provocó las inundaciones que causaron la muerte de una persona y asolaron numerosas poblaciones de la Marina Alta, tanto la Generalitat como los ayuntamientos afectados aludieron a dos motivos para explicar los dramáticos efectos de la catástrofe: torrenciales lluvias de más de 200 litros/m2 que no volverían a repetirse durante décadas y un cauce sucio, repleto de cañas y obturado por los puentes. Más de un año después, el análisis ha cambiado de forma radical: fueron la presión urbanística y los cambios producidos por el cambio climático los que agravaron las consecuencias de aquellas precipitaciones y demostraron que en la actualidad las administraciones carecen de los recursos necesarios para contrarrestarlas.
Así lo recoge la Carta del riu Girona, un documento histórico: porque es la primera vez que vecinos y colectivos científicos se unen para firmarla -es de esperar que también lo hagan las instituciones- y porque vincula este tipo de catástrofes a la "alteración de los ecosistemas, la reducción de la biodiversidad y las transformaciones del territorio, originadas por el cambio del paisaje y de los usos tradicionales del suelo, y de la atmósfera, debido al cambio climático". El documento advierte de que ambos elementos combinados "constituyen un riesgo para la población" que seguirá aumentado en el futuro, pese a que en la última década en España han muerto por culpa de las inundaciones unas 250 personas.
La carta hace así más caso a los científicos que a los responsables políticos. Hace caso, por ejemplo, al catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina, que durante la celebración de la jornada técnica previa a su redacción ya esgrimió unas fotos áreas sobre la evolución de la geografía del Girona entre 1956 y 2000 que demostraban como en los últimos años han aumentado las urbanizaciones junto al río tanto en su interior: Beniarbeig, Ondara y El Verger; como en el litoral: Dénia y Els Poblets.
En cambio, insta a las administraciones a encontrar nuevos elementos para prever riadas en una zona como la provincia de Alicante considerada por la Red de Observatorios de la Planificación Espacial Europea (ESPON) de "elevado riesgo de inundaciones desde 2006". En este sentido, alude a una directiva de la Unión Europea promulgada sólo 11 días después de la catástrofe del Girona que obliga a delimitar los mapas de peligrosidad de cada unidad hidrográfica en función de su urbanización y de su concentración demográfica. Estos conceptos superan al actual Plan de Inundaciones de la Generalitat que se limitaba a establecer aquellas zonas más proclives a las riadas sólo por sus características naturales.
En sus conclusiones, la carta, que ya contó con el apoyo verbal del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y que será también presentada a la Generalitat y a los consistorios, pide que se fomente la investigación sobre las consecuencias e implicaciones sociales del cambio climático y de la transformación del territorio, solicita mecanismos de vigilancia para que se cumpla la legislación vigente e insta a incrementar la coordinación para evitar víctimas personales y pérdidas de bienes materiales.
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1/04/2009
Vergüenza inmobiliaria nacional
José Manuel Naredo, economista y estadístico
España ha recibido un tercer informe del Parlamento Europeo condenando los excesos urbanísticos cometidos en su territorio y es una gran vergüenza nacional apreciar que el grueso de nuestros políticos sigue mirando para otro lado. Los resultados de los partidos así lo atestiguan. Ni los parlamentarios del PP ni los del PSOE se sumaron a este informe, masivamente apoyado por la Cámara. Pese al estallido de la crisis inmobiliaria que sacude al país, ni el Gobierno ni el partido mayoritario de la oposición han reconocido las lamentables consecuencias del modelo inmobiliario español, ni han tomado medidas para reconducirlo, ya que la ausencia de autocrítica arrastra la falta de diagnósticos y de medidas acertadas.
El aquelarre inmobiliario ha destruido sin ningún escrúpulo la variedad y la belleza características de nuestros paisajes naturales y culturales, dando la razón a la maqueta de cemento representativa del territorio hispano que han colgado en el Parlamento Europeo. No en vano, España se ha erigido en líder europeo del consumo de cemento, con cerca de 60 millones de toneladas anuales: más de una tonelada por persona y por hectárea.
En otro tiempo, se criticó el destrozo de nuestras costas ocasionado por los años del desarrollo franquista, cuando los estropicios actuales dejan ese pasado en un juego de niños. El magnífico y catalogado Peñón de Ifach queda hoy ridiculizado por la enorme masa de edificaciones que lo ahogan. El sky-line madrileño es una feria de los horrores urbanísticos que, por mero afán de lucro, fueron introduciendo enormes volúmenes de edificación a golpe de operaciones y recalificaciones. Lo mismo ocurre, o va camino de ocurrir, con ciudades tan sensibles como Santiago de Compostela o Sevilla. No, no es el amor a España, sino el amor al lucro el que preside todas estas actuaciones, pese al españolismo del que suelen hacer gala los políticos que las consienten.
La situación ha ido tan lejos que, aun habiendo creado normativas que legalizan el trapicheo de las recalificaciones de suelo, los casos de corrupción afloran a diario en los tribunales. El sinnúmero de procesos en curso, y el de esqueletos y despojos de construcciones y demoliciones que aparecen con la crisis por todo el territorio señalan a gritos que ya es el momento de parar y de cambiar el modelo inmobiliario que tanto daño ha hecho. El tercer aviso del Parlamento Europeo debería inducir a ello sin necesidad de buscar ejemplos lejanos, sino simplemente mirando lo que ocurre más allá de los Pirineos.
Pensando que tener clara conciencia de nuestros males es el primer paso para poder curarlos, hay que tomar conciencia de que el actual modelo inmobiliario ha agotado su lamentable andadura. Ha conseguido succionar la mayor parte del ahorro e hipotecar a medio país para obtener un stock inmobiliario sobredimensinado y de mala calidad. Ahora el principal problema heredado es aligerar la deuda contraída y dar un uso razonable a ese stock infrautilizado, haciéndolo habitable y promoviendo el alquiler y la vivienda social mediante un marco institucional adecuado.
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2/04/2009
La UE urge a España a transformar su agricultura ante el calentamiento
Las cosechas pueden caer hasta un 30% en la Península por el descenso de las lluvias - El sector deberá cambiar la rotación de cultivos y mejorar el riego
La Comisión llama a los Gobiernos a elaborar planes nacionales
Deberán revisarse las épocas de siembra por el cambio climático
ANDREU MISSÉ - Bruselas -
España no puede perder el tiempo en la lucha contra el cambio climático. Sobre todo, en el terreno agrícola. Así se lo hizo saber ayer la Comisión Europea (CE) al presentar un paquete de documentos que servirán de base para adaptar a los 27 a los efectos del aumento de las temperaturas. La pluviosidad en la Península Ibérica puede descender hasta un 40% respecto a los niveles actuales, alertó. Si no se toman medidas, los rendimientos de las cosechas pueden caer hasta un 30% a largo plazo, "creando posibles riesgos de oferta de alimentos".
La alerta está especialmente dirigida a los Gobiernos de los países del sur, que sufrirán de forma más severa el aumento de las temperaturas en las zonas terrestres y marítimas, la alteración de la cuantía y forma de las precipitaciones y la elevación del nivel del mar. Con el documento sobre agricultura en la mano, la CE les pide que identifiquen las zonas "vulnerables", que desarrollen planes nacionales para el sector agrícola y que impliquen a sus agricultores en esta adaptación a la nueva situación climatológica.
Para 2050, según la CE, puede ocurrir que las condiciones de producir ciertos cultivos, como los de primavera "se desplacen a las regiones del sur a latitudes más al norte". Por eso juzga imprescindible que los profesionales del sector establezcan rotaciones más equilibradas de cultivos, introduzcan producciones que necesiten menos agua y mejoren las técnicas de riego. Será necesario, además, revisar las épocas de siembra o los tratamientos contra las plagas que, apunta, serán cada vez más frecuentes.
Hasta ahora la UE ha centrado sus esfuerzos en impulsar medidas de mitigación del fenómeno tratando de reducir las emisiones de CO2. Ahora plantea medidas para adaptarse. "Aunque logremos la reducción de emisiones a las que nos hemos comprometido, cierta cantidad de cambio climático es inevitable", dijo ayer el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas. "Por esta razón es esencial que empecemos a trabajar ahora con los Gobiernos, empresas y comunidades para que desarrollemos una exhaustiva estrategia de adaptación para la UE y aseguremos que esta adaptación se integra en las políticas claves de la Unión".
En el Libro Blanco sobre adaptación se identifican los sectores y actividades que resultarán más afectadas en los próximos 50 años. Más allá de la agricultura, la energía, el turismo, la salud humana, los recursos de agua, las infraestructuras y la biodiversidad sufrirán de lleno el impacto. Estados, como España, que ya ha elaborado el Plan Nacional de Adaptación, han diseñado sus propias estrategias. Por eso se propone como medida prioritaria crear un mecanismo de intercambio de información, para antes de 2011, que facilitará el acceso a la información de las zonas más vulnerables y las consecuencias.
Éstas serán las principales consecuencias:
- Agricultura. El calentamiento tendrá especial incidencia en la producción agrícola, la cría de ganado y la localización de la producción. Las temperaturas extremas incrementarán el riesgo de destrucción de cosechas. El riesgo de heladas aumentará notablemente en las producciones frutícolas. En el sur de Francia las floraciones de melocotones y albaricoques ya se han adelantado hasta tres semanas. También la vendimia y la recolección de maíz 10 días en una década.
- Energía. Los cambios en la pluviometría y el deshielo de los glaciares podrían suponer un aumento de la producción hidráulica de un 5% o más en el norte de Europa y una reducción de hasta el 25% o más en el sur. La caída de precipitaciones y las olas de calor también tendrán influencia negativa en los procesos de enfriamiento de las centrales térmicas.
- Infraestructuras. Las modificaciones del clima afectarán a edificios, sistemas de transporte y suministro de agua. La situación puede ser exacerbada por el aumento del nivel del agua.
- Turismo. Los cambios pueden afectar al descenso del nivel de la nieve en los Alpes y el aumento de las temperaturas en el Mediterráneo. Los modelos de turismo insostenible podrán agudizar los efectos del cambio climático.
- Salud humana. Las muertes y enfermedades relacionadas con el clima aumentarán. Los cambios podrán provocar el desarrollo de enfermedades infecciosas.
- Recursos de agua. Las limitaciones de agua disponible ya son un problema en muchas partes de Europa, que puede agravarse. Las zonas con serios problemas de agua pueden crecer desde un 19% de la superficie actual hasta un 35% en 2070 e incrementar las presiones migratorias.
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3/04/2009
La mitad de la plantas de biodiésel en España están paradas
La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) saca a la luz un informe sobre el estado de los biocombustibles en nuestro país. El sector del biodiésel en España se encuentra actualmente en una situación crítica. La mitad de las treinta y seis plantas abiertas en los últimos años están completamente paradas, tras haberse invertido más de 600 millones de euros y creado unos 1.000 empleos, mientras que la mayoría de las que siguen operando lo hacen muy por debajo de su capacidad. El ratio medio de producción/capacidad se situó en 2008 en el 9%, lo que resulta incompatible con la supervivencia del sector.
Por ello, APPA ha presentado al Gobierno un paquete de medidas regulatorias en el que se incluye que la obligación de biocarburantes sólo pueda cumplirse con producto comunitario, es decir, fomentar el consumo y producción de biodiesel nacional.
Biodiesel consumido procedente del extranjero
La importación de biodiésel subvencionado y con dumping de Estados Unidos y otros países, que se hizo en 2008 con el 71% del mercado español (51% en 2007), ha sido uno de los principales factores que ha provocado esta crisis. “Cuando el biodiésel que se consume mayoritariamente en España viene del extranjero, aprovechándose de subvenciones y dumping, mientras las plantas productoras del país agonizan, es evidente que la política española de biocarburantes está fallando gravemente”, asegura Roderic Miralles, Presidente de APPA Biocarburantes.
“Es por ello”, añade Miralles, “que hemos presentado al Gobierno un paquete de medidas regulatorias en el que se incluye que la obligación de biocarburantes sólo pueda cumplirse con producto comunitario, así como otras actuaciones para incrementar la demanda”.
APPA Biocarburantes espera que las recientes medidas antisubvención y antidumping adoptadas por la Comisión Europea para frenar las importaciones de biodiésel procedente de Estados Unidos vayan teniendo un efecto positivo en el mercado, siempre que se controlen tanto las posibles prácticas elusorias como la prohibición de usar dicho biodiésel para el cumplimiento de la obligación en España.
Sin embargo, las importaciones también subvencionadas por otros países, como Argentina, Malasia e Indonesia, pueden llegar a ser tan dañinas como las estadounidenses si no se adoptan medidas a tiempo.
Precios por debajo de los costes
Uno de los efectos más perniciosos de estas importaciones subvencionadas es que conducen a los precios de los biocarburantes en España a situarse en unos niveles por debajo de costes. Cualquier sector sólo puede ser viable si los precios de venta permiten cubrir los costes y añadir un margen adecuado de beneficio, algo que actualmente no está pasando en España, en parte también por la presión ejercida por las numerosas plantas que luchan por sobrevivir en un mercado tan reducido.
“No se puede seguir fijando el precio de los biocarburantes por debajo del de los combustibles fósiles de referencia si ello no cubre los costes”, reclama Roderic Miralles.
Con el fin de hacer frente a esta situación, APPA Biocarburantes ha propuesto, por un lado, que la obligación de biocarburantes sólo pueda cumplirse con biocarburantes fabricados en la Unión Europea, al tiempo que se adoptan medidas adicionales para incrementar la demanda de biocarburante mediante mayores obligaciones. “Lo que hemos propuesto al Gobierno”, explica Miralles, “es simplemente que se adopten medidas para asegurar la supervivencia de la industria nacional de biocarburantes, tal como vienen haciendo países como Francia, Portugal o Italia. Lo que no podemos”, añade, “es seguir inermes ante las políticas agresivas y desleales de los países exportadores”.
Medidas
Según APPA, deben adoptarse también otras medidas para aumentar la demanda de biocarburantes en mezclas etiquetadas (>5%), aplicando soluciones ya establecidas en otros países como, por ejemplo, la obligación de vender mezclas etiquetadas en gasolineras, del uso de biocarburantes etiquetados en flotas públicas y transportes públicos (autobuses, taxis y autocares).
También se debería obligar a los fabricantes de vehículos a garantizar la utilización de mezclas etiquetadas en todos sus nuevos productos.
A los operadores logísticos debería obligárseles a adaptar sus instalaciones para almacenar y distribuir tanto biodiésel como bioetanol.
Habría que aprobar especificaciones técnicas para mezclas etiquetadas.
Estado de las plantas en España
En España existen 36 plantas de producción de biodiésel con una capacidad total instalada que supera los dos millones de toneladas/año. En 2008 entraron en funcionamiento 12 nuevas plantas que incrementaron la capacidad instalada en 1,2 millones de toneladas, lo que supone multiplicarla por 2,5.
A pesar del significativo incremento en la capacidad instalada, la producción de biodiésel en España creció sólo un 28% respecto al año anterior, situándose en algo más de 190.000 toneladas. Ello supone un nuevo record negativo del ratio producción / capacidad, que se situó en el 9% en 2008
Dos terceras partes de las plantas estuvieron paradas o produciendo por debajo del 10% de su capacidad.
Todo ello mientras el consumo de biodiésel en automoción en España se dobló el año pasado hasta situarse, según datos de CORES, en más de 586.000 toneladas.
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31 de marzo de 2009
Según CCOO la lucha contra el cambio climático podría ser una oportunidad para transformar el tejido productivo
El secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, Llorenç Serrano, intervendrá hoy a las 12,00 horas en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Cambio Climático para exponer las propuestas del sindicato respecto a la lucha contra el calentamiento global.
El
secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, Llorenç Serrano,
intervendrá hoy, martes 31 de marzo, a las 12,00 horas, en la
Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Cambio Climático para exponer
las propuestas de Comisiones Obreras respecto a la lucha contra el
calentamiento global y donde reiterará que la lucha contra el cambio
climático puede ser una oportunidad para transformar el tejido
productivo español y hacerlo más sostenible, una transformación
que podría generar miles de empleos.
Para CCOO, las propuestas
del Green New Deal y el impulso de los empleos verdes deberían
servir para demostrar que la mitigación del cambio climático no
debe hacerse a costa de los trabajadores, por lo que en su
intervención, Serrano pedirá a los senadores y diputados que se
tenga en cuenta la perspectiva ambiental como vector de modernización
de nuestro tejido productivo y reclamará mayor formación y una
mayor inversión y eficacia en investigación y desarrollo.
En
España, los cambios a abordar permiten un importante margen de
mejora y la posibilidad de colocarnos en cabeza de sectores muy
relevantes, especialmente en la producción de energía renovable,
donde podrían crearse hasta 270.000 empleos en 2020, según un
reciente estudio del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
(ISTAS) de CCOO.
El responsable de Medio Ambiente de CCOO
reclamará mayores esfuerzos del Gobierno para impulsar el ahorro y
la eficiencia energética y una movilidad más sostenible, que debe
basarse en un reequilibrio modal entre carretera y ferrocarril, tanto
para personas como para mercancías. Además, Llorenç Serrano
expondrá a los senadores y diputados la posición sindical respecto
a la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará en Copenhague.
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3/04/2009
TRIBUNA
Recesión, cambio climático y planificación
Las inversiones en un cambio de modelo energético son clave para salir de la crisis
El periodo de la desregulación thatcheriana ha terminado
Anthony Giddens, sociólogo y divulgador de la Tercera Vía de Tony Blair, fue director de la London School of Economics. Su nuevo libro es The Politics of Climate Change. Distributed by Tribune Media Services. Traducción de Jesús Cuéllar Menezo. © Global Viewpoint.
En la actualidad, el cambio climático y la actitud que hay que tomar ante él son cuestiones que no dejan de aparecer en las noticias. Lo mismo ocurre, claro está, con la recesión económica, de alcance igualmente mundial y por sí sola enormemente preocupante. ¿Pero qué relación puede acabar estableciéndose entre ambos problemas?
Según Sigmund Freud, cualquier crisis puede suponer un estímulo para la parte positiva de nuestra personalidad, siendo una oportunidad de empezar de nuevo. Y esto es algo que no se les ha escapado a los dirigentes políticos. Siguiendo el ejemplo del presidente estadounidense Obama, muchos se han apuntado a la idea de un New Deal del cambio climático. Se entiende que la inversión en tecnologías que producen pocas emisiones de dióxido de carbono, el aislamiento de los edificios y el uso del transporte público pueden ser cruciales para volver a poner en marcha la economía.
Nick Stern, autor del célebre Informe Stern sobre la economía del cambio climático, señala que a esas medidas tendría que destinarse por lo menos el 20% de los fondos para planes de recuperación. Las propuestas de Obama se quedan un poco cortas a ese respecto. Pero algunos países están destinando mucho más. Corea del Sur, por ejemplo, dedica a medidas de ese tipo un mínimo de dos tercios de su plan de recuperación.
Yo soy partidario de ese New Deal del cambio climático y confío en que produzca el doble beneficio que se pretende (que, en realidad, sería triple si los países consiguieran también reducir su dependencia respecto al crudo importado). Sin embargo, el efecto estimulante del que hablaba Freud debería galvanizarnos para que nuestras ideas y nuestros actos se orientaran a un frente mucho más amplio.
Nos encontramos en el punto culminante de una gran revolución, la de la inminente desaparición de la economía dependiente del crudo. Ha llegado el momento de ponerse a evaluar sus posibles implicaciones, que van desde lo práctico y lo prosaico hasta aspectos especulativos y de mayor alcance.
En lo tocante a lo práctico, hay que prestar mucha atención al empleo. Según sus partidarios, el New Deal del cambio climático creará por sí mismo nuevos puestos de trabajo. Yo no estoy tan seguro de ello si, como debería ser, estamos hablando de empleos netos, es decir, de más puestos de trabajo que antes. Al incrementarse la cantidad de energía producida con medios que generan menos emisiones de dióxido de carbono, y con ella la eficiencia energética, algunos trabajadores de sectores ligados a la producción de combustibles fósiles, como el carbón, se quedarán sin empleo. La mayoría de las innovaciones tecnológicas, más que incrementar la necesidad de mano de obra, la reducen.
Los puestos de trabajo los crearán menos las propias tecnologías renovables que los cambios de forma de vida resultantes de afrontar el cambio climático y de incrementar la seguridad energética. Cambiarán las sensibilidades y con ellas los gustos. La nueva economía será todavía más radicalmente posindustrial que la que ahora tenemos. Al igual que se encontraron formas de revitalizar zonas portuarias de las que ahora se ha evaporado el sector naviero, de los empresarios dependerá la labor de detectar las oportunidades económicas que traiga consigo la expansión.
Al reflexionar sobre qué tipo de recuperación debería permitirnos salir de la recesión, tendríamos que pensar seriamente en la naturaleza del propio crecimiento económico, por lo menos en los países ricos. Hace tiempo que se sabe que, por encima de cierto nivel de prosperidad, el crecimiento no conduce necesariamente a un mayor bienestar personal y social. Ahora es el momento de añadirle al PIB criterios más equilibrados para calibrar el bienestar y de darles una auténtica resonancia política. Ha llegado la hora de plantear una crítica sostenida y positiva del consumismo, que pueda tener peso político. Ahora es el momento de descubrir cómo garantizar que la recuperación no conlleve un retorno a una sociedad inundada por el dinero.
El periodo de la desregulación thatcheriana ha terminado. El Estado ha vuelto. Necesitaremos políticas activas de industrialización y planificación, centradas en las instituciones económicas, pero también en el cambio climático y en la política energética.
Sin embargo, habrá que evitar los errores cometidos por anteriores generaciones de planificadores. Aquí también aparecen varios problemas. Pensemos, por ejemplo, en las tecnologías renovables. Si en algún momento los combustibles fósiles pasan a la historia, la tecnología tendrá que cambiar drásticamente. Sin embargo, ¿cómo van a decidir los Gobiernos qué tecnologías hay que respaldar? ¿Cómo pueden enfrentarse al hecho de que, como ocurrió con Internet, es frecuente que nadie prevea las innovaciones tecnológicas más trascendentales?
Tenemos que encontrar un nuevo papel para el Gobierno, pero también para los mecanismos de mercado. De repente, los complejos instrumentos financieros, a los que se culpa de la debacle en los mercados, han pasado de moda. Sin embargo, seguiremos necesitándolos, porque, en realidad, con la regulación adecuada, en lugar de ir en contra de la inversión de larga duración, son la clave que la posibilita.
Pensemos en el caso de los seguros que cubren daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes caribeños. Esos episodios serán más frecuentes y más virulentos, ya que es prácticamente seguro que va a producirse cierto cambio climático. Para lidiar con los daños que se registren, será muy importante que, sobre todo los más pobres, cuenten con seguros que los cubran. Las aseguradoras privadas tendrán que proporcionar gran parte del capital, ya que sus muchas obligaciones en otros sectores las convierten en una garantía a la que sólo se recurrirá en última instancia.
Al final, nos topamos con el origen de todo esto, la globalización, que ha avanzado a marchas forzadas sin someterse a los adecuados controles internacionales. El futuro exige una regulación eficiente de los mercados financieros mundiales, que quizá podría allanar el camino para la colaboración esencial que se precisa para enfrentarse al cambio climático (a este respecto, cuando 200 países se preparan para las reuniones que en diciembre patrocinará la ONU en Copenhague, también habrá que replantearse muchas cosas). A manos de la crisis financiera y sus secuelas, arraigadas formas de pensar han sufrido una sacudida que podría y debería ser de enorme importancia. Nos encontramos al final del fin de la historia.
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30/03/2009
ENTREVISTA: El reto de la sostenibilidad JAIME TERCEIRO LOMBA, catedrático de Economía
"El debate sobre los biocombustibles es demagógico"
"Hay que romper el vínculo entre auge económico y emisión de gases"
CRISTINA CASTRO - Madrid -
Los expertos advierten que la crisis amenaza la lucha contra el cambio climático. Temen que se desvíen los esfuerzos hacia la recuperación de un crecimiento económico basado en la sobreexplotación del planeta
"Hay que abordar el cambio climático cuanto antes, o las consecuencias serán arriesgadas y caras". Jaime Terceiro, catedrático de Economía, ha presentado La economía del cambio climático, una obra que pretende transmitir algunas ideas sobre cómo afrontar los problemas económicos derivados del calentamiento global.
Pregunta. ¿Cuáles deben ser los pilares de este cambio?
Respuesta. Hay que romper el vínculo entre crecimiento económico y emisión de gases de efecto invernadero. Para ello hay que gravar las industrias fósiles y los productos derivados, crear un mercado de emisiones de carbono y subvencionar las energías no contaminantes.
P. ¿Puede ser la crisis económica un obstáculo para emprender estos cambios?
R. La crisis financiera es transitoria, sería una equivocación que por ello se olvidara la gravedad del cambio climático.
P. Pero usted pretende que los Gobiernos empleen del 1 al 6% del PIB en un momento en que las economías están muy apretadas.
R. Las Administraciones están gastando ingentes cantidades de dinero en sanear los bancos cuando se ha demostrado que los incentivos a corto plazo no son más que una de las causas del desastroso resultado de las actividades financieras de los últimos años.
P. ¿Cómo puede aceptar un desempleado este tipo de gasto?
R. Nadie cuestiona que haya que resolver los problemas financieros, pues un sistema energético sostenible es igualmente necesario. El precio de los combustibles fósiles no es real, hay que empezar a incluir el coste social, es decir, el precio de los efectos negativos que su producción conlleva, e incentivar las energías limpias, para abaratar su coste.
P. ¿Cómo convencer ahora a países como China o India, que no han contribuido tradicionalmente a la emisión de gases, de cambiar su política energética?
R. Para ello están los mercados de carbono y la concesión de cupos. A estos países habría que darles una prórroga, hasta que desarrollen la tecnología necesaria, para emitir determinada cantidad de dióxido de carbono (CO2).
P. Usted no comparte las críticas que relacionan los biocombustibles con la subida del precio de los alimentos.
R. Es una relación causal espuria, impulsada por agentes con intereses económicos de por medio. Las energéticas porque no quieren competencia y las alimentarias porque se han aprovechado de la subida de precios. Espero que el debate en torno al futuro de las industrias no fósiles no sea tan demagógico como el que se ha dado con los biocombustibles.
P. ¿Merece la pena gastar las elevadas sumas necesarias para combatir un problema que no se sabe seguro si se solucionará?
R. El cambio climático, que no es una ciencia exacta, está rodeado de incertidumbres, pero los réditos de invertir en combatirlo se miden en los daños que evitamos a largo plazo y los beneficios a corto plazo. Gracias a la investigación, por ejemplo, pueden obtenerse beneficios en otros campos. De la investigación durante la carrera espacial tenemos el velcro y mucha microtecnología de los teléfonos móviles.
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4 de abril de 2009
LA EXPLOSIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE GAROÑA MUESTRA SU MAL ESTADO
El miércoles día 1 de abril se produjo la explosión de un transformador en la central nuclear de Garoña (Burgos) cuando se estaba procediendo a su conexión a la red tras la recarga de combustible. Ecologistas en Acción denuncia que esto es una muestra más del lamentable estado en que se encuentra la central y el secretismo que ha rodeado el incidente.
Tras tres semanas de recarga de combustible, se procedió a conectar a la red la central nuclear de Garoña (Burgos), cuyo permiso de explotación expira el día 5 de julio de este año. En ese momento, cuando la central empezó a producir tensión, explotó uno de los tres transformadores exteriores. Tras la explosión se produjo un incendio que se pudo llegar a extinguir. La explosión se quiso mantener en secreto, pero era demasiado escandalosa para tal. Incluso intervino la policía ante el temor de que se tratara de un atentado terrorista. De hecho, aún no se producido ninguna acción informativa por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
La explosión del transformador no tuvo consecuencias sobre los elementos nucleares de la central pero supuso un indudable peligro, puesto que podría haber dañado los sistemas eléctricos y provocar un incendio que se propagara hasta las zonas nucleares. A este respecto queremos recordar que el accidente de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona) que se produjo en 1989 y que provocó el cierre de la planta, que empezó con un incendio en la sala de turbinas, lejos de los sistemas nucleares.
En el día de hoy, la dirección de la central ha anunciado su próxima conexión a la red tras las reparaciones del transformador.
Para Ecologistas en Acción no se trata de un incidente aislado, sino que muestra el lamentable estado en que se encuentra la central. Las inversiones realizadas hasta el momento por sus propietarios no han sido capaces de llevar a los sistemas de seguridad a unos niveles aceptables. Por tanto, Ecologistas en Acción reclama que no se prolongue el permiso de explotación cuando éste caduque, para evitar incidentes más graves que pudieran dañar gravemente a la población y al medio ambiente.
Esta asociación quiere denunciar, además, el intento de silenciar este incidente y la nula información pública que, sobre él, han proporcionado los explotadores de la central y el propio CSN. Se trata de que la opinión pública no tome conciencia del lamentable estado en que se encuentra esta planta para poder prorrogar su funcionamiento. Recordemos que los explotadores de la central han solicitado 10 años más de vida para su central y que el propio CSN nos ha prevenido ya sobre sus intenciones de prolongarle la vida mediante varias declaraciones y documentos, algunos de ellos disponibles en su página web.
Ecologistas en Acción quiere solicitar una vez más en el cierre de la central y, dado que no es de esperar un informe contrario del CSN, solicita del Gobierno que cumpla su programa electoral y no prorrogue el Permiso de Explotación más allá del tiempo necesario para establecer un plan de desmantelamiento.
Más Información: Francisco Castejón, 639104233
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2/04/2009
Los ingenieros de caminos defienden la energía nuclear
EL PAÍS - Barcelona -
Las nuevas infraestructuras previstas en Cataluña (AVE, desalinizadoras) suponen un incremento del 10% en el consumo de energía. ¿De dónde saldrá si Cataluña ya es deficitaria? Con esta pregunta arranca un documento elaborado por el Colegio de Ingenieros de Caminos de Cataluña sobre el futuro energético catalán en el que, entre otras cosas, se propone cautela antes de cerrar centrales nucleares y abrir un debate sobre nuevas centrales. Los ingenieros sostienen que el rechazo a la energía nuclear se da más en medios políticos que en la opinión pública.
El documento de los ingenieros recuerda que, en lo que a emisión de gases de efecto invernadero se refiere, la energía nuclear es menos contaminante que otros sistemas de generación.
Lo más grave, sostienen, es que el frenazo a la construcción de diversos proyectos (molinos de viento, plantas de cogeneración), en parte por el rechazo que generan estas instalaciones, hace que el futuro se presente problemático y sin perspectivas para cumplir ni al Plan de Energía de Cataluña 2006-2015 ni los objetivos comunitarios. Respecto al plan, los ingenieros sostienen: "Hoy, a apenas una tercera parte del plazo previsto, ya está desfasado", con lo que difícilmente podrá ser la solución a medio plazo. También defienden la interconexión con Francia, tanto eléctrica como para el gas.
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2/04/2009
"No podemos renunciar a los mil millones del cementerio nuclear"
Xavier Sabaté. Delegado de la Generalitat en Tarragona. Ha soliviantado al territorio con su defensa del almacén de residuos nucleares
JORDI SIRÉ - TARRAGONA -
El delegado del gobierno de la Generalitat en Tarragona y ex conseller de Gobernación, Xavier Sabaté, combina su larga tradición de lucha antinuclear con el convencimiento de que la crisis económica que vive el país "no nos debe impedir pensar en rechazar inversiones como las que supondría la instalación del almacén en nuestra provincia" por parte de Endesa. Al fin y al cabo, mil millones de euros están encima de la mesa a la espera de la mejor puja. Y "oportunidades como esta no abundan".
Sus declaraciones favorables a que Tarragona no renuncie a ser destino del almacén de residuos nucleares generados por las plantas catalanas le han valido muchas críticas...
La situación económica es muy grave y lo será más en los próximos meses. Y como eso me preocupa y pido a todos, gobierno, oposición y sectores económicos que me digan qué campos podemos aprovechar para generar empleo. Y para eso sería bueno que hubiera un gran pacto energético que incluya si prescindimos o no de las nucleares. Con ello evitaríamos el temor a que la decisión que deberá tomar el ministerio de Industria el mes de julio sobre la renovación de la licencia a Garoña, de cuyos kilowatios España puede prescindir perfectamente, condicione el debate.
¿Y la Generalitat qué postura debería adoptar?
La Generalitat cuenta con un plan de energía 2006-2015 que contempla el cierre de las centrales. Es cierto que no tenemos competencias para llevarlo a cabo, pero es eso lo que debemos defender. Déjeme decir que pese a los presiones de la industria nuclear española para conseguir la ampliación de las concesiones, no se van a salir con la suya. Están jugando con todas las armas que tienen pero los accidentes de los últimos años ha sido la peor publicidad que han podido hacerse. Quizás por eso ahora están, por fin, gastándose dinero en seguridad.
¿Por qué cree que Tarragona puede ser un buen destino para el almacén nuclear?
A ver, Catalunya no puede ser el único país del planeta que por un lado sea tan irresponsable que no se haga cargo de sus residuos, tan rico que pague para que los traten fuera y tan inconsciente para rechazar, en plena época de crisis, una inversión de mil millones de euros. Además, mientras hablamos las piscinas donde se almacenan temporalmente los residuos se van llenando hasta los topes. Los residuos ya los tenemos aquí
¿Tarragona ha pagado ya su cuota de solidaridad con el resto del país en tema energético?
Es cierto que en Tarragona se instalaron dos centrales nucleares, pero de ello hace muchos años y cuando todavía vivía Franco. Y lo cierto es que con toda probabilidad ahora no lo admitiríamos. Yo el primero, porque siempre he creído que las centrales nucleares no tan solo son un mal invento sino que no tienen futuro. Y no sólo desde un punto de vista medioambiental, sino financiero. Por mucho que se llenen páginas a través de los lobbies nucleares ya no hay nadie que apueste por las centrales nucleares como negocio
¿Desde el punto de vista del coste por kilovatio?
La inversión no les sale rentable porque desde que se toma la decisión de construirla hasta que sale el primer kilowatio pasan del orden de diez u once años. La central que están construyendo ahora en Finlandia lleva más de un año de retraso. Además, y en clave española, no salen ingenieros nucleares de nuestras universidades porque los jóvenes consideran que tampoco es una opción de futuro En Estados Unidos hace más de 23 años que no se ha puesto en marcha ninguna central, así como en Alemania. Un caso paradigmático puede ser el del presidente francés Sarkozy, quien en su primer viaje institucional al norte de África afirmó la voluntad de instalar plantas atómicas en la región. Bien, pues nunca más se ha vuelto a hablar del tema.
Usted propuso por cierto instalar un eólico parque marino en el Puerto de Tarragona que le valió en su día una riada de críticas.
Eso lo hice yo en la campaña para las municipales del 1999 [en las que se presentaba como cabeza de lista socialista], y el regidor convergente de Medio Ambiente anunció que se encadenaría a las rocas del muelle para impedirlo. Perdí las elecciones y me dijeron que estaba loco, que los pescadores se quedarían sin pesca y no sé cuantas cosas más. Pero la cuestión es que si países como EEUU y el Reino Unido tienen programas tan ambiciosos en el campo del ahorro, de la eficiencia energética y de las energías renovables, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo?
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31/03/2009
Cada empleo de energía verde cuesta 571.138 euros, según el instituto Juan de Mariana
El instituto dice que estas conclusiones muestran el "terrible coste laboral y económico que está provocando el modelo energético implantado en España, consistente en el desvío de enormes recursos públicos al fomento de las energías renovables".
El
Gobierno español ha dedicado desde 2000 un total de 28.671 millones
de euros al fomento de las energías renovables, de modo que cada
empleo generado en el sector ha tenido un coste de 571.138 euros,
según un estudio presentado por el instituto Juan de Mariana.
Este
instituto asegura además que cada empleo de este tipo creado en
España a través de subvenciones ha destruido un promedio de 2,2
puestos de trabajo, y amenaza con causar el mismo impacto en Estados
Unidos.
Estos datos proceden de un estudio sobre Efectos del Apoyo
Público a las Energías Renovables sobre el Empleo, elaborado por la
Universidad Rey Juan Carlos, en el que se asegura además que cada
empleo en energía eólica tiene un coste de un millón de euros.
El
instituto dice que estas conclusiones muestran el "terrible
coste laboral y económico que está provocando el modelo energético
implantado en España, consistente en el desvío de enormes recursos
públicos al fomento de las energías renovables".
Además,
asegura que el dinero que se dedica a estas fuentes de generación
"ha sido o será sufragado íntegramente por el bolsillo de los
ciudadanos, ya sea mediante nuevas subidas en el precio de la luz o
aumento de impuestos".
El "despilfarro de recursos"
ha provocado la destrucción neta de 113.000 puestos de trabajo en la
economía española, asegura, antes de advertir de que cada megavatio
renovable subvencionado en España destruye un promedio de 5,39
empleos en el resto de la economía nacional.
A estos empleos,
señala, "deben sumarse aquellos empleos perdidos como
consecuencia de las deslocalizaciones o cierres a que se han visto
forzadas algunas industrias españolas intensivas en consumo de
electricidad".
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20 EL PAÍS Comunidad Valenciana
30/03/2009
El ministerio ve "lógico" el trasvase Tajo-Segura
La directora general de Agua lamenta los agravios territoriales
EL PAÍS - Valencia -
La directora general de Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Marta Morén, considera "lógico" que si ya existe un trasvase Tajo-Segura que cubre los usos de unas zonas determinadas, "lo mejor es que estuviera así siempre, pero siempre y cuando no genere polémica con ningún territorio".
Así, la directora general de Agua señaló que los grupos políticos y el Gobierno son los que debaten el futuro de "lo que tiene que ser o no debe ser" el trasvase Tajo-Segura y su compatibilidad con el Estatuto de Castilla-La Mancha. En todo caso, la directora general insistió en que lo que sí le compete es gestionar el agua en España en base a la legislación.
Morén se pronunció después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijese el sábado que la política hidrológica del Ejecutivo ha garantizado el agua a todo el mundo. De la Vega dijo que una vez esten listos los planes de cuenca ya "se verán los posibles trasvases".
En ese sentido, la directora general explicó que el Ministerio de Medio Ambiente se regirá por los planes de cuenca que "obligan a una serie de condiciones" y que, si es preciso cambiarlas "por el motivo que sea", por una decisión o una ley que así lo indique, habrá que "dar respuesta a través de la planificación". Las soluciones se han de tomar "en base a una reflexión y jamás por un capricho", dijo.
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21 Fundación Ecología y Desarrollo
30 de marzo de 2009
Ecología y Desarrollo en el 5 Foro Mundial del Agua, Estambul
Chus Cajal, Clara Presa, Víctor Viñuales, equipo de Ecología y Desarrollo que participó en el 5º FMA
Un equipo de Ecología y Desarrollo se desplazó hasta la ciudad turca de Estambul con motivo de la celebración del 5º Foro Mundial del Agua. En paralelo y en la misma ciudad, se celebrará el Foro Alternativo así como talleres, actividades y reuniones promovidas por la Plataforma No a la comercialización del Agua.
Miles de profesionales, organizaciones, investigadores, políticos, activistas y empresas vinculadas con el agua pasaron por la ciudad de Estambul entre los días 16 al 22 de marzo. En Ecología y Desarrollo queremos hacer llegar una pequeña crónica de nuestra experiencia en esta cita mundial.
La celebración del Foro tuvo lugar en dos puntos opuestos del famoso estuario del Cuerno de Oro. Feshane y Sutluce, dos sedes unidas por un puente peatonal y ferrys que recorren periódicamente ambas orillas. El lugar sintoniza con el tema central del Foro del agua 2009: Bridging divides for water (cerrando la brecha por el agua) ¿Es posible en este foro, donde muchas organizaciones que trabajan por la defensa del agua no están presentes? Un foro promovido desde el Consejo Mundial del Agua, organismo mundial impulsado desde el sector empresarial, hecho que abre la brecha en el propio sector del agua.
Diez intensas horas duró el primer contacto de Ecología y Desarrollo en el 5º Foro mundial del agua. Dos palacios de congresos, zona de exposición, centro de aprendizaje, zona ONG, stands países participantes, y un intenso programa de actividades. En el mismo tiene lugar eventos simultáneamente, organizados en torno a seis temas principales, además del proceso político, eventos paralelos, talleres, y la programación propia de los países y organizaciones participantes…
Nada más llegar, intentamos buscar algunas referencias. El stand promovido por el gobierno español fue nuestro punto de encuentro con caras conocidas del ámbito del agua en España. Por otro lado, el stand de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se convirtió en el punto de referencia de socios del proyecto de la Alianza por el Agua, cuyo secretariado es responsabilidad de Ecología y Desarrollo. Este proyecto, que busca la defensa y promoción del derecho humano al agua y la solidaridad de la sociedad e instituciones españolas con Centroamérica, lo conforman tanto socios de países centroamericanos como socios españoles. El 5º Foro Mundial del Agua fue una oportunidad única de encuentro entre socios de ambas vertientes. La foto refleja un momento de encuentro espontáneo entre varios de ellos: Red Regional de Agua y Saneamiento de Centroamérica (RRASCA), Global Water Partnership, UICN Centroamérica, Asociación Pro Agua del Pueblo, y secretariado de Alianza por el Agua, entre otros.
La participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Foro fue intensa. Bien en el programa oficial a través de sesiones temáticas o eventos paralelos, donde participaron como ponentes o como promotores de las mismas. También en las actividades realizadas por los países participantes en sus propios stands, donde participan con alguna actividad o incluso son parte integrante mismo (caso de algunas organizaciones francesas que participan de manera conjunta con entidades y gobierno francés en el diseño y actividades del stand, y caso de las oenegés holandesas que cuentan con un espacio reservado en el stand de su país). Finalmente, existe un recinto exclusivo de stands de oenegés ubicado en Feshane, uno de los dos recintos donde se celebra el Foro.
No obstante, el espacio reservado a las oenegés en Estambul tiene espacios vacíos. Los stands para las organizaciones sociales son en principio cedidos gratuitamente por la organización, pero los elevados costes de inscripción, costes de desplazamientos de materiales y personas que implica la participación en Estambul limita mucho a las organizaciones sociales a la hora de decidirse a sumarse al Foro. La presencia física de empresas promotoras y países participantes en el evento es la más abundante, a pesar de que la voz de las organizaciones sociales es la de la protección y conservación de los ecosistemas acuáticos, la promoción de su buen gobierno y gestión y la defensa del derecho humano al agua potable y saneamiento. Una parte de la sociedad muy vinculada al agua y cuya participación en un foro mundial es vital e indiscutible.
El viernes 20 de marzo se presentó la Alianza por el Agua en el programa promovido por gobierno francés y también dentro del programa promovido por el gobierno español en el 5º Foro Mundial del Agua. Víctor Viñuales (Ecología y Desarrollo, secretariado Alianza por el Agua) y Humberto Puerto (RRASCA, miembro de la Alianza por el Agua para Centroamérica) fueron los encargados de explicar brevemente los objetivos y las principales actividades desarrolladas en el marco de la Alianza, desde España y en Centroamérica. Esperamos que sea una buena oportunidad para hacer llegar a más organizaciones y a más instituciones y empresas en este proyecto. Y que ayude a cerrar la brecha.
Además, Ecología y Desarrollo presentó en el stand de España un proyecto de participación de las organizaciones sociales, el FARO, en un evento internacional, la Expo Zaragoza 2008. El proyecto FARO, cuyo secretariado fue asumido por ECODES, supuso un espacio único donde organizaciones sociales vinculadas por el agua de muy distintas formas consensuaron una serie de mensajes y actividades a desarrollar durante los tres meses de duración de Expo 2008. La voluntad de las oenegés en estar presentes en una Expo internacional de manera coordinada y el apoyo de Expo 2008 para que esto fuera posible fueron determinantes para el éxito del proyecto FARO.
No sabemos si podremos ver una participación de estas características en una próxima edición del Foro Mundial del Agua. Los obstáculos mencionados anteriormente lo impiden. Sin embargo, la implicación de las oenegés desde dentro del Foro y desde el Foro alternativo es inexcusable para el cambio.
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22 Plataforma Ciudadana Salvem Fontcalent
1 de abril de 2009
SALVEM FONTCALENT PIDE A LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE SE DESLINDE Y AMOJONE LA VEREDA DEL DESIERTO Y BARRANCO DEL INFIERNO PARA RECUPERAR SU USO PÚBLICO
DENUNCIAN LA OCUPACIÓN DE PARTE DE LA VÍA PECUARIA POR LAS CANTERAS DE LA SIERRA Y CONVOCAN UNA MARCHA EL PRÓXIMO DOMINGO
Los diversos colectivos y personas individuales que apoyan a la plataforma SALVEM FONTCALENT van a presentar un escrito dirigido al Conseller de Medio Ambiente y Urbanismo para que, en aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre vías pecuarias, se deslinde y se amojone el tramo de la vía pecuaria de la Vereda del Desierto y Barranco del Infierno que se extiende en término de Alicante entre el cementerio y el límite con el vecino término de Monforte del Cid.
En el escrito solicitamos que el deslinde y amojonamiento se realice con arreglo a la descripción escrita y gráfica contenida en el proyecto de clasificación de vías pecuarias del municipio de Alicante, aprobado por Orden Ministerial del 31 de enero de 1955. También solicitamos que el tramo de la vereda a deslindar y amojonar se incluya en el Catálogo de Vías Pecuarias de Interés Natural de la Comunidad Valenciana (catálogo aún sin aprobar pese a que hace ya trece años que debiera estar aprobado) en base a que dicho tramo atraviesa y conecta entre sí diversos espacios de interés ecológico como los Saladares de la Serreta y de Fontcalent , la Sierra de Fontcalent o el Barranco del Infierno.
El tramo de la vereda entre el cementerio y el término de Monforte tiene una longitud de 11 km y una anchura de 21 metros, abarcando una superficie total de 230.000 m2 que son de titularidad pública y que en parte han sido usurpados por las instalaciones de las canteras situadas en el extremo nororiental de la Sierra de Fontcalent, por cuya umbría se trazan 3 km de la vereda. De esos 11 km, al menos la mitad, 5,5 km, discurren por el ámbito que SALVEM FONTCALENT ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante que se proteja en el nuevo PGOU.
Para reivindicar la recuperación del uso público de la vereda, SALVEM FONTCALENT ha convocado para este domingo día 5 de abril una marcha por un tramo de la vereda. El lugar y hora de encuentro son el cementerio de Alicante a las 10 de la mañana, desde donde nos desplazaremos con vehículos particulares al entorno de la fuente de Fontcalent, desde donde comenzará la marcha a pie.
En la web de SALVEM FONTCALENT - http://salvemosfontcalent.wordpress.com - cualquier persona o colectivo sensible hacia la protección y recuperación de la Serra de Fontcalent y de su entorno puede descargarse el escrito para su presentación ante la Consellería de Medio Ambiente. Desde SALVEM FONTCALENT esperamos que la Consellería sea sensible a nuestras peticiones de modo que se recupere para uso público una de las vías pecuarias más relevantes del término de Alicante.
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23 Fundación Ecología y Desarrollo
30 de marzo de 2009
La participación en el proceso de implementación de la Directiva Marco del Agua en España. Apuntes para un balance provisional
Francesc La Roca, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua
¿Cuáles son los problemas más importantes de nuestros ríos, lagos o acuíferos? ¿Qué usos estamos dispuestos a sacrificar para aumentar la garantía de abastecimiento a poblaciones? ¿Cuándo podemos considerar que el coste de recuperación de una masa de agua es desproporcionado?
El proceso que se inicia con la entrada en vigor en diciembre de 2000 de la Directiva Marco del Agua (DMA) (http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28002b.htm) ha provocado una profunda revisión de la política hídrica, cuyas consecuencias sociales no se limitan al ámbito estricto de la administración del agua. Uno de los aspectos innovadores que nos interesa destacar es el de la apuesta por un nuevo estilo de gestión, que incorpora, como un elemento central del modelo de toma de decisiones, la participación del público.
En las líneas que siguen, exponemos brevemente las razones que justifican dicha apuesta y describimos el papel de la participación en el proceso de planificación y gestión del agua diseñado por la directiva, para acabar apuntando algunos elementos para un balance provisional de la experiencia en el estado español.
La DMA recoge el fruto de un conjunto de investigaciones, proyectos y experiencias en materia de política ambiental realizados en las últimas décadas del pasado siglo. La aproximación de las ciencias sociales a la ecología, el afianzamiento de la comprensión de la complejidad de los procesos sociales y de su interacción con el entorno físico o la consolidación del esquema DPSIR (Acerca del esquema DPSIR (Drivers-Pressures-State-Impact-Response o ,en castellano, Fuerzas motrices-Presiones-Estado-Impacto-Respuesta) se puede encontrar abundante bibliografía en la página de la Agencia Europea del Medio Ambiente http://www.eea.europa.eu/es) como instrumento de representación de dichas interacciones, son algunas de las aportaciones sobre las que se construye la arquitectura de la DMA.
La política ambiental europea, en la fase de elaboración de la directiva, ha incorporado en buena medida la visión de Funtowicz y Ravetz (2000) acerca de las nuevas características de una ciencia de la complejidad, que aporte conocimiento útil para la toma de decisiones colectivas en un entorno de incertidumbre, cuando dichas decisiones afectan a cuestiones vitales, sobre las que coexisten valores diversos. La complejidad se puede ilustrar mediante la divergencia entre la lógica del aprovechamiento mercantil del agua, de un lado y la del funcionamiento ecológico, del otro. La primera está sometida a la incertidumbre derivada de la volatilidad de los valores monetarios en un mundo globalizado, mientras resulta imposible predecir el futuro del ecosistema terrestre en un proceso de alteración climática, cuyas consecuencias ignoramos en gran medida. Las decisiones a tomar en relación al agua en este contexto afectan de manera importante a los individuos y los grupos sociales que, sin embargo, tienen visiones distintas de la situación y también prioridades dispares.
Con todos estos condicionantes y ante la premura de la acción frente al deterioro creciente de los ecosistemas hídricos, la toma de decisiones se articula sobre la base de una información transparente y de la mejor calidad posible y un proceso de participación democrática de las partes interesadas y del público en general.
Para que la participación ciudadana juegue de manera eficaz el papel de cubrir -mediante al expresión directa de las prioridades de los agentes sociales- las carencias del conocimiento y las inconsistencias de las aproximaciones parciales, es necesario establecer ciertas premisas procedimentales.
No podemos entrar aquí en detalle en los requerimientos que exige un proceso de participación de calidad. En la medida –limitada- en que esto se puede generalizar, existen guías de orientación accesibles, entre las que cabe mencionar, por su relevancia práctica, la elaborada por el grupo de trabajo específico en el marco de la Estrategia Común de Implementación (CIS, 2003).
A grandes trazos, sí podemos mencionar que entre esos requerimientos, como mínimo, deben contemplarse: la garantía de acceso al proceso, en condiciones equilibradas, a todos los agentes; la disponibilidad de información completa, de calidad, inteligible, transparente y trazable; el compromiso y la respuesta de la administración; etc.
Sin embargo, hay que insistir en que no hay modelos universales. Los procesos de participación se construyen en la práctica y su evolución y eficacia dependen tanto de una buena concepción como de la actitud de los participantes. A la administración le corresponde la tarea de establecer un marco que permita el desarrollo de las potencialidades del proceso, el juego limpio y –sin perjuicio de sus competencias y responsabilidad- la eficacia del resultado.
Apuntes para un balance
El desarrollo de la DMA [La Fundación Nueva Cultura del Agua desarrolla un proyecto de Seguimiento de la Implementación de la Directiva Marco del Agua en las Cuencas Españolas, cuyo contenido se puede consultar en http://www.unizar.es/fnca/index3.php?id=1&pag=18 Para una evaluación específica del proceso de participación, véase Espulga, J. y Subirats, J. (2008)] ha impulsado el primer proceso de participación ciudadana a gran escala en el estado español. Si bien las experiencias limitadas de las agendas 21 locales suponen un precedente interesante y valioso, el alcance territorial de la participación en todas las demarcaciones hidrográficas y en algunas comunidades autónomas otorga al proceso una nueva dimensión.
En el activo de esta primera experiencia participativa en la planificación hídrica destaca, de manera general, el aprendizaje social de nuevas formas de gobernanza. Los modelos seguidos han sido variados, así como los resultados obtenidos, pero en todos los casos se puede constatar un avance notable en la comprensión de los objetivos, la función y los procedimientos de la participación. Sin embargo, este aprendizaje tiene una validez limitada, al quedar restringido a los (escasos) participantes. En efecto, salvo excepciones como la de Cataluña, dónde se ha promovido una intensa campaña de información y movilización de los agentes sociales, con el fin de incentivar su participación, en la mayor parte del estado, las personas involucradas en el proceso de participación constituyen una muy exigua representación del cuerpo social.
Con todo, la creación de oficinas de participación en la mayor parte de las confederaciones hidrográficas y en las agencias de aguas o departamentos de medio ambiente de las comunidades autónomas, la formación de numerosos consultores externos en materia de participación, la elaboración y puesta en práctica de metodologías participativas y la reflexión y elaboración teórica a partir de las experiencias realizadas, constituyen un importante patrimonio social, generado en apenas cuatro años.
Y, sin embargo, se podía haber hecho mucho más. El balance se ha visto lastrado por las resistencias de quienes no han comprendido, o no han querido asumir, el cambio en los fines y en la manera de hacer la política de aguas, promovido por la directiva. La nueva política exige una reforma de la administración que sólo se ha producido de forma marginal (en las confederaciones) o excepcional (en alguna agencia autonómica, como la catalana). El personal encargado de la planificación en estos organismos ha sido formado para la construcción de obras hidráulicas y no está profesionalmente cualificado para las demandas sociales y técnicas actuales emanadas de la DMA, que reclaman conocimientos de ecología, de economía o, como en el caso de la participación, de otras ciencias sociales.
Esta falta de competencia del personal de la administración hídrica se ha suplido, en el mejor de los casos, con la consultoría externa, pero lamentablemente no ha faltado la incomprensión, cuando no la resistencia, de los responsables de la planificación. El resultado hasta la fecha, ha sido en general, el del mantenimiento separado de las dos culturas de planificación, la tecnocrática-autoritaria tradicional y la participativa, inspirada por la DMA. Por un lado se redactan los planes -ahora ampliados en su contenido con los nuevos requisitos que exige Bruselas- y, por otro, con el mismo propósito de cumplir el expediente comunitario, se realizan los procesos de participación. La falta de integración de ambos recorridos es manifiesta y se evidencia en la utilización de la consulta –de los documentos ya cocinados- como instrumento privilegiado para el cumplimiento del artículo 14 de la directiva (Art. 14.1 Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la presente Directiva, en particular en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca).
Con las salvedades territoriales ya señaladas, el fomento activo de la participación de los nuevos agentes (conservacionistas, usuarios lúdicos, etc.) y del público en general no se ha producido hasta la fecha, mientras los agentes tradicionales (regantes, eléctricas, constructoras) conservan los canales privilegiados de comunicación (y presión), participando así «por la puerta trasera».
Conclusión
En la fase actual de elaboración de los planes de gestión de cuenca, en la que se han presentado a consulta los esquemas de temas importantes y se está procediendo a la redacción de los borradores de los planes, aparecen las diferencias territoriales y los límites de los procesos de participación activados. Los procesos más sólidos se han desarrollado en las administraciones autonómicas, especialmente en Cataluña, dónde a pesar de las dificultades derivadas de los conflictos latentes, exacerbados por la sequía, se han alcanzado importantes acuerdos con el compromiso de la administración de estudiar la vía de incorporarlos a los planes. En el territorio dependiente de la administración central, en el que la participación se ha desarrollado con un perfil notablemente bajo, las perspectivas para el futuro inmediato están marcadas por la incertidumbre ante los síntomas involutivos de la política de aguas (y ambiental, en general) del actual gobierno.
Referencias
CIS
(2003) Public
Participation in relation to the Water Framework Directive Guidance
document nº 8, Common Implementation Strategy for the Water
Framework Directive
(2000/60/EC)
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos8spublicspar/_EN_1.0_&a=d
Existe
traducción al castellano (sin anexos) como Participación
ciudadana en relación con la Directiva Marco del Agua. Documento
guía Nº 8 de la Estrategia Común de Implantación [sic]
de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE),
Bakeaz, Bilbao, 2006
http://www.unizar.es/fnca/docu/docu138.pdf
Espluga,
J. y Subirats, J. (2008) Participación ciudadana en las políticas
de agua en España. Panel
científico-técnico de seguimiento de la política de aguas,
Convenio Universidad de Sevilla-Ministerio de Medio Ambiente,
Fundación Nueva Cultura del
Agua
http://www.unizar.es/fnca/varios/panel/53.pdf
Funtowicz, S. O. y Ravetz, J. R. (2000) La ciencia posnormal. Ciencia con la gente, Icaria, Barcelona 2000
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24 Confederación Sindical Internacional, CSI
La crisis alimentaria mundial a punto de empeorar
Un nuevo informe publicado por la Confederación Sindical Internacional predice un empeoramiento de la ya grave crisis alimentaria mundial a menos que los gobiernos y agencias internacionales tomen medidas urgentes.
El
número de personas que no tienen suficiente para comer se ha
incrementado en 150 millones durante 2008, y es probable que la
crisis económica mundial suponga que 200 millones de personas más
se hundan en la pobreza absoluta.
El informe “Una receta para el
hambre: el deterioro alimentario del mundo” apunta como causas
principales a la especulación financiera y a la toma de beneficios
masiva por parte de un puñado de multinacionales, junto con el
fracaso de políticas implementadas por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. También pone de relieve las
repercusiones de las reglas comerciales que reducen la seguridad
alimentaria y el impacto del cambio climático. Otro factor
importante, mientras gobiernos y empresas buscan alternativas a los
combustibles fósiles, es el incremento de la producción de
biocombustibles a costa de la producción de alimentos.
“Los
gobiernos están gastándose cientos de miles de millones de dólares
en apuntalar bancos y organismos financieros fallidos, al tiempo que
el Programa Mundial de Alimentos afirma que todos los niños
hambrientos del mundo podrían ser alimentados con la sola cantidad
de US$3.000 millones. La situación podría cambiarse por completo
con tan sólo US$30.000 millones al año”, dijo Guy Ryder,
Secretario General de la CSI. “La atención pública está, con
toda razón, enfocada en la enorme escala de la crisis económica
mundial, pero esto no debería restarle valor al hecho de que el
número total de personas sin comida suficiente es probable que
supere tranquilamente los 1.000 millones de personas en un futuro
cercano”, añadió.
Los precios mundiales de los alimentos han
bajado un poco desde el máximo histórico alcanzado a mediados de
2008, pero siguen siendo superiores a los de principios del año
pasado, y el precio global de los cereales sigue siendo un 71% más
alto que en 2005. Según la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) de la ONU, la crisis alimentaria persiste en 32
países del mundo.
A pesar de que los precios mundiales se han
estabilizado o descendido con respecto a los máximos recientes, esto
no se ha reflejado en demasiadas personas de los países en
desarrollo, donde el estancamiento de los ingresos y la falta de
protección social significan la doble carga de un bajo poder
adquisitivo frente a unos precios elevados. Según Ron Oswald,
Secretario General de la Federación Sindical Mundial, la UITA, dado
que el 75% de los más pobres del mundo viven en zonas rurales,
muchas de las personas que en realidad alimentan el mundo son a
menudo incapaces de obtener una dieta nutritiva para ellos mismos y
sus familias. “El grueso del hambre se encuentra en las zonas
rurales, y los trabajadores agrícolas se encuentran entre los más
inseguros desde el punto de vista alimentario. Están hambrientos
porque son pobres, y son pobres porque sus derechos básicos,
incluidos sus derechos completos como trabajadores, son violados a
diario. La agricultura hoy en día mata, mutila, envenena y contamina
los cuerpos y el entorno domestico y laboral de las personas que
producen nuestra comida. Progresar en la lucha contra el hambre
significa progresar en el trabajo decente en la agricultura."
Oswald
añadió: “El hecho de que la semana pasada el índice global de
materias primas saltara a un 6% superior en un sólo día demuestra
que los más pobres y vulnerables del mundo siguen siendo prisioneros
de las corrientes de capital volátil. Detener esta especulación en
las vidas humanas mediante la regulación de la economía mundial y
la canalización de estas enormes sumas en inversiones productivas,
incluida la agricultura, debe ser una de las máximas prioridades del
programa del G20."
El nuevo informe proporciona un análisis
detallado sobre cómo las políticas del FMI y el Banco Mundial y las
reglas de la OMC han empujado a los países en desarrollo a una
producción agrícola orientada a la exportación a costa de la
seguridad alimentaria nacional propia, y cómo la diversidad de
agencias internacionales con poder para abordar este problema no han
logrado garantizar la seguridad alimentaria. La especulación en los
precios de la comida ha conducido a beneficios enormes para un
reducido número de empresas comerciales de materias primas,
sumamente poderosas, a costa de los países más pobres en
particular, y el cambio precipitado a la producción de
biocombustibles, cuando se proporcionaba sólo el 1,5% del suministro
mundial de combustible líquido, justifica casi la mitad del
incremento en el uso de importantes cultivos para alimentos en
2006-07.
“Las presiones relacionadas al cambio climático, como
inundaciones, sequías, escasez de agua y cosechas pobres,
contribuyen al empeoramiento de la crisis. Está claro que las
medidas con respecto al cambio climático son clave para la futura
seguridad alimentaria mundial, pero las principales causas de esta
crisis son debidas al desacreditado modelo de la globalización que
sitúa el mercado por delante de los derechos e intereses de las
personas corrientes. La Cumbre del G20 de Londres tiene que
proporcionar la plataforma de lanzamiento para una transformación
completa de este sistema fallido”, dijo Ryder.
Para leer el
informe completo:
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Food_crisis_ES_.pdf
La CSI
representa a 170 millones de trabajadoras y trabajadores en 157
países y territorios y cuenta con 312 afiliadas nacionales.
http://www.ituc-csi.org http://www.youtube.com/ITUCCSI
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25 Grupos Autogestionados de Konsumo, GAK
3 de abril de 2009
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL Y LIBRE COMERCIO DE ALIMENTOS
AGRICULTURA INDUSTRIAL Y MERCADO GLOBAL DE ALIMENTOS
[Fuente: Galindo, P. (Coord.) “Agroecología y consumo responsable. Teoría y práctica” Ed. Kehaceres. Madrid, 2006]
Escrito por Grupo de Estudios Agroecológicos, GEA
La agricultura industrial se extiende con la industrialización de la sociedad. Primero se asienta en EEUU.
Tras la II Guerra mundial, en Europa y el resto de países ricos. A mediados de los años 70, con la Revolución Verde, se expande por todo el mundo. Tras la descolonización, la FAO (Food and Agricultura Organization-Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, organismo creado en 1943, por los acuerdos de Hot Sprints. Hasta esa fecha, ningún organismo internacional se ocupaba de la alimentación) promovió la agricultura industrial en los países empobrecidos, una vez adquirida su condición de países “independientes”, con el argumento de “desarrollar sus economías”. Este desarrollo consiste en industrializar sus agriculturas tradicionales y especializarlas en aquellas materias primas agrarias, alimentarias o no, con fuerte demanda en un mercado internacional controlado por las antiguas metrópolis y de grandes empresas agroquímicas y agroalimentarias.
El mercado internacional prometió resolver el problema del hambre, facilitando la especialización productiva de alimentos y la implantación del modelo agroalimentario global. Este modelo supone una agricultura ahorradora de mano de obra y despilfarradora en tecnologías agroquímicas y semillas de importación, pagadas en dólares. El resultado ha sido la imposición de los intereses de los países desarrollados sobre los más débiles utilizando, en su propio beneficio, aquello en lo que éstos eran fuertes: trabajo abundante y cualificado en el campo, y semillas y variedades propias, acondicionadas a la climatología de sus territorios.
En
lugar de acabar con el hambre, el libre comercio de alimentos aumentó
el número de hambrientos y la dependencia alimentaria de los países
pobres. En lugar de reducir la pobreza de los campesinos e indígenas,
les privó de sus recursos y su autonomía. Con la apertura de los
mercados locales a la alimentación básica importada a precios
bajos, la presión sobre l@s pequeñ@s agricultor@s campesin@s e
indígenas, creció aún más. O se incorporaban a la lógica
productivista, endeudándose y haciéndose dependientes de las
multinacionales y sus tecnologías, o la caída de los precios de la
alimentación básica les expulsaba de los mercados locales y por
consiguiente de sus tierras, encaminándoles a una emigración
forzosa a las ciudades.
La falta de empleos en la ciudad engrosa
las bolsas de pobreza urbana, el chabolismo y la insalubridad.
Inicia, para los que pueden endeudarse, la aventura incierta de la
emigración al primer mundo, arriesgando el escaso patrimonio
familiar y la vida, para convertirse en la mano de obra flexible de
los países del Norte. La revolución verde consiguió el desarrollo
del mercado mundial de alimentos a costa del empobrecimiento de las
economías campesinas, de su desarticulación cultural y territorial,
de la emigración forzada y de la soberanía y la seguridad
alimentarias de miles de millones de personas en el mundo. De
aquellos polvos vienen estos lodos.
El mercado agroalimentario mundial no es el mercado de las pequeñas y medianas explotaciones, sino de las grandes empresas de la agroindustria. La distribución a gran escala es su terreno específico. En el ámbito propio de la producción agraria se dan, además, circunstancias específicas. A) Los vendedores son muchos y el comprador es una o varias multinacionales que a su vez, son suministradoras de materias primas, materias auxiliares y medios de producción. B) Los productos son, en general, perecederos lo que implica que, más allá de una cierta escala, el almacenamiento y la conservación adquieran un peso importante en los gastos de comercialización. El mercado global genera una tensión contradictoria entre garantizar una alta capacidad productiva para abaratar costes y asumir el incremento de costes de almacenamiento y conservación. Estos costes, a su vez, legitiman a la gran distribución para presionar a los agricultores, que compiten entre sí para bajar los precios, lo que aumenta sus márgenes. La gran superficie elimina al pequeño comercio incapaz de competir en precios frente al consumidor final. C) Aun en los casos de las producciones más industrializadas, desde que se decide qué producir hasta que el producto puede llegar al mercado, intervienen variables que escapan a cualquier control. Por ejemplo, una sequía prolongada, lluvias torrenciales, granizo, etc. pueden arruinar todos los esfuerzos. Estas circunstancias hacen que la mercancía alimentaria se comporte de forma diferente a las demás y sus precios estén expuestos a factores imprevisibles.
LAS MARCAS BLANCAS
Las marcas blancas forman parte de las estrategias de la gran distribución para controlar el mercado alimentario. Al sustituir la marca del productor le imponen precio, forma de pago, calidades y su propia desaparición. En estos productos de las grandes superficies, la naturaleza, el campo y los campesinos también desaparecen para el consumidor. Para éste, el precio más bajo tiene un alto coste. Si una mantequilla producida industrialmente a 2000 km incorporase los costes energéticos, ambientales y sociales que ha generado, costaría 10 veces más que la mantequilla producida por el ganadero que ha quebrado por la competencia de la multinacional que nos está rebajando el precio. El precio inferior de las marcas blancas tiene dimensiones ocultas. Arturo Gil, presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, atribuía a estas marcas el 25% de la cuota de mercado en España en 2005, reconociendo que favorecen, a largo plazo, la deslocalización productiva (El País, 29/5/05). Cuatro años después, las marcas blancas ocupan un tercio de la cuota de mercado, con precios medios que oscilan entre el 10% y el 20% más baratos que las marcas líderes (Deia.com 15-3-09. http://www.deia.com/es/impresa/2009/03/15/bizkaia/ekonomia/544092.php).
LAS MULTINACIONALES DE LA ALIMENTACIÓN
Con el mercado mundial, las empresas multinacionales de la distribución comercial crecen en tamaño y en influencia económica, social y política, convirtiéndose en uno de los principales actores de la globalización alimentaria. Su desarrollo es premisa y resultado de la concentración, verticalización, centralización y extensión planetaria de la producción industrial de alimentos desde la investigación y producción de semillas y productos agroquímicos hasta la venta en el supermercado. Su poder de intermediación les permite extorsionar a l@s agricultor@s y manipular a l@s consumidor@s de alimentos. Estas mismas multinacionales son las que están entrando con fuerza en la distribución y venta de alimentos “ecológicos”.
Las multinacionales de la distribución se extienden, cada vez más, a través de un sistema de franquicias. Éste sistema se apoya en pequeños empresarios que abren un establecimiento bajo condiciones fijadas por la gran marca que impone imagen corporativa, estética del establecimiento, suministradores y precios. A cambio, exige un porcentaje de los beneficios y se desentiende de los riesgos, incluida la competencia que puedan ejercer nuevos franquiciados de la misma marca al establecerse en las inmediaciones.
Las ventajas competitivas de las grandes cadenas de distribución se basan en la concentración del volumen de compra pero, sobre todo, en la imposición de precios y condiciones de pago, tanto a suministradores como a franquiciados (incluidas exigencias de descuento, costeo de la publicidad, reformas de establecimientos o financiación de nuevas aperturas). También impone a los franquiciados el uso de marcas blancas, las ofertas de productos de gran consumo por debajo de su coste (lácteos, bebidas, azúcar, aceite, productos de limpieza y aseo) como reclamo para captar clientes. Estas fórmulas comerciales se complementan con la temporalidad, bajos salarios y recorte de derechos laborales y sindicales a sus trabajador@s. Las administraciones públicas financian, vía reducción y exención de impuestos u otras fórmulas de subvención, la apertura de nuevas superficies y tiendas.
EL “LIBRE COMERCIO”
Para democratizar el acceso de los pobres al mercado en condiciones de “igualdad,”las instituciones de la globalización proponen ampliar el comercio, suavizando el proteccionismo de los fuertes. Pero el mercado sólo entiende de competitividad y beneficios. Es irracional combatir la desigualdad, la injusticia y el hambre causados por la lógica del mercado mediante más mercado, es decir, más comercio mundial. La falacia del “libre comercio” se desmonta observando en el mercado único europeo los efectos de la competencia en condiciones de productividad desigual y especialmente, con las adhesiones de nuevos miembros. El ingreso de España en la UE en 1986 supuso eliminar un millón de agricultores, el 50% del total, y la sangría rural continúa.
La liberalización del comercio no proporciona seguridad alimentaria, ni desarrollo rural a los países pobres. Tampoco ofrece seguridad alimentaria a los consumidores de los países “desarrollados”. Con la extensión del mercado global, desde 1960, los precios de las materias primas agrarias han caído un 50%. Los inferiores costes de producción están asociados a costes superiores de distribución por la distancia, el incremento de combustibles, envases, embalajes, refrigeración y pérdida de la calidad nutritiva de los alimentos.
TRAZABILIDAD
La trazabilidad es un sistema empleado para el seguimiento de un producto a lo largo de la cadena alimentaria. Permite que, en caso de inseguridad, se pueda reconstruir, a la inversa, el camino recorrido por el producto desde la instalación o explotación hasta el supermercado para detectar en qué punto donde se ha producido el problema. Esta ruta permite, en caso de descubrirse una intoxicación u otro daño, localizar dónde se ha producido y acotar el daño y retirar la partida dañada. Sin embargo, el sistema de trazabilidad no reduce, por sí mismo, la inseguridad alimentaria ya que no modifica la forma industrial de producir, causante del aumento de dicha inseguridad. Simplemente, facilita herramientas para minimizar el alcance de los daños.
Los controles de calidad y la trazabilidad en un comercio globalizado se complican y encarecen, convirtiéndose en algo formal. Sólo la gran distribución gana con la globalización alimentaria. La conciliación del comercio mundial y el desarrollo de los países pobres es sólo propaganda. La inmensa riqueza de los ricos tiene como condición el hambre de los pobres.
Haciendo más justas las reglas del comercio internacional y eliminando las subvenciones a la agricultura doméstica, no se restablece el equilibrio para que los agricultores del Sur puedan competir en los mercados internacionales. Lo que se restablece es una mejor competencia entre los capitales. El acceso a los mercados mundiales de las empresas agropecuarias es a costa de los países del Sur, la agricultura campesina y la soberanía alimentaria de dichos países. Algunos mecanismos de protección de los productos agrícolas atentan contra la supervivencia de la población campesina propia y ajena, facilitando la implantación de una agricultura sin agricultores. El impacto de las políticas de modernización agraria en Estados Unidos y la UE sobre su propia población campesina lo demuestran ampliamente.
MERCANTILIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y NATURALEZA
MERCANTILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS
[Fuente: Galindo, P. (Coord.) “Agroecología y consumo responsable. Teoría y práctica” Ed. Kehaceres. Madrid, 2006]
Escrito por Grupo de Estudios Agroecológicos (GEA)
En la economía moderna las necesidades humanas adoptan la forma mercantil y se expresan bajo la forma precio. Es decir, quedan subordinadas a la lógica del mercado. No se produce lo que necesita la población para vivir sino lo que genera beneficio a las empresas.
La producción de alimentos se rige por la misma lógica que cualquier otro mercado. La alimentación, una necesidad humana básica, debe generar beneficios (producir plusvalor). Esta dinámica desconsidera todos los límites humanos, sociales, ecológicos, territoriales y culturales: arruina las pequeñas explotaciones, fuerza a la población rural a abandonar el campo, impulsa la concentración creciente de la población en las ciudades y la expansión del modo de vida urbano y obliga a la gente a contratarse como asalariada en las ciudades y depender del mercado tanto para producir como para consumir.
La economía de mercado exige la desaparición de la producción campesina para el autoconsumo y su racionalidad ecológica en el manejo de los recursos naturales. Ésta debe ser sustituida por la racionalidad empresarial. Empresas y sociedades anónimas convierten a la agricultura y la ganadería en procesos industriales para la producción de alimentos en serie. El incremento del comercio mundial de alimentos impulsado por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Política Agraria Común (PAC), suavizado por las subvenciones, ha provocado graves consecuencias sobre las economías y condiciones de vida de agricultor@s, jornaler@s, campesin@s y pueblos indígenas. El efecto principal de este modelo alimentario, tanto en los países de origen como en los de destino de las mercancías agrarias, es la eliminación de la pequeña producción campesina, reemplazándola por empresas agrarias que concentran la producción y la distribución donde les es más rentable.
PRODUCCIÓN A GRAN ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN
Este modelo de producción, distribución y consumo de alimentos necesita aumentar constantemente su escala. Para lograrlo, aplica a la agricultura el paradigma productivista de la industria, separando la agricultura de la ganadería, especializando al agricultor o ganadero en un tipo de producto y dividiendo progresivamente el proceso en unidades productivas cada vez más cortas y especializadas en una función concreta. El ciclo completo de la producción se divide en empresas distintas, incluso radicadas en países distintos. Las multinacionales alimentarias, que cada vez controlan más todo el proceso, de la semilla a la terminal de una gran superficie, aprovechan las ventajas competitivas que encuentran en cada lugar para montar la producción en masa que será distribuida a través de los mercados internacionales.
En el caso de la fresa, la investigación y producción de variedades se desarrolla en California, los semilleros en Valladolid y el cultivo en Huelva (segundo productor mundial de fresa, tras EEUU), en forma de monocultivo a lo largo de 7.000 hectáreas concentradas en unos cuantos municipios (VVAA “La Fresa Amarga. La situación de los temporeros de la fresa en Huelva. Ed. Atrapasueños. Coeditado por CGT, SOC, SU y Acsur-Las Segovias, Sevilla 2004). En ese proceso, la unidad productiva va externalizando funciones que subcontrata o compra. Por ejemplo, la selección de semillas, el empleo de inseminación artificial en el ganado. La recolección, o los acondicionamientos del suelo (desinfección de suelos antes de volver a sembrar por enésima vez el mismo cultivo) acaban siendo funciones que requieren una maquinaria o tecnología de la que no se dispone dentro de la explotación y deben hacerla profesionales o empresas especializadas.
El incremento del comercio mundial impulsa la producción industrial de alimentos a gran escala. Las mejoras de productividad y competitividad de la industria agroalimentaria se producen a costa de la calidad nutricional, la destrucción de la naturaleza, la quiebra de las pequeñas explotaciones y la expulsión de mano de obra rural a las ciudades.
INDUSTRIALIZACIÓN Y APLICACIÓN MASIVA DE TECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA
La agricultura industrial busca aumentar el rendimiento (cantidad de producto por hectárea o animal) y de la productividad (volumen de producción por unidad de trabajo). Para obtenerlo, promueve un alto empleo de tecnología (maquinaria, irrigación, semillas y razas híbridas, inseminación artificial, clonación, transgénicos, fertilización química y productos químicos para la lucha contra las plagas y enfermedades de los monocultivos, antibióticos y hormonas para el engorde de los animales). Este modelo alimentario considera ineficientes, en términos de beneficio económico inmediato, las formas tradicionales de la agricultura de cada zona y los conocimientos campesinos tradicionales.
Los conocimientos campesinos de la tierra en los que permanecen asociados el manejo de suelos, agua, semillas, cultivos, ganadería y bosques de cada territorio y cultura, son despreciados a pesar de que resuelven mejor y con mayor eficiencia energética, los problemas de manejo de la agricultura y su equilibrio ecológico-territorial, a la vez que proporcionan mayor seguridad y soberanía alimentarias a las poblaciones locales. El uso de productos químicos en abonos y tratamientos para “resolver” problemas diversos de los cultivos y el ganado, es un rasgo fundamental de la producción industrial de alimentos que ha introducido a la agricultura en la lógica industrial, haciendo cada vez más dependientes a agricultor@s y ganader@s de los desarrollos tecnológicos y del capital necesario para implementarlos.
Las habilidades del agricultor/a y su conocimiento de la naturaleza han sido sustituidos por la producción en serie. Dicha producción se ha intensificado en base a la introducción de tecnologías no suficientemente probadas (transgénicos) o con efectos perjudiciales demostrados: herbicidas, plaguicidas, desinfectantes de suelos, antibióticos y hormonas (para el engorde animal o para aumentar la producción láctea), recorte de picos y alas en los pollos, introducción de grasas y subproductos de la industria alimentaria en la alimentación animal, de harinas elaboradas con restos animales en la alimentación de herbívoros, etc.
La agricultura industrializada se caracteriza por la intensificación de cultivos y ganadería, mediante la alteración física, química y biológica de los procesos naturales y la especialización y fragmentación del proceso productivo en unidades distintas. En el caso del cerdo, se fracciona la cría, el engorde y el cebado final en granjas distribuidas entre Cataluña y Holanda. Al tratar a los animales como máquinas productoras de carne, leche o huevos, además de alterar el ciclo natural, facilitamos la introducción de contaminantes en los alimentos, la generación de nuevas enfermedades como la EEB (encefalopatía espongiforme bovina, más conocida como vacas locas) y la exportación internacional de enfermedades animales de unos lugares a otros y su potencial transmisión a humanos (gripe del pollo). Aunque se quiere responsabilizar a las aves migratorias de este fenómeno reciente, ellas llevan migrando siglos mientras que la industrialización de la ganadería y su extensión planetaria es de sólo unas décadas (P. Galindo: “La cigüeña no trae la gripe aviar” Escucha aquí el programa de radio “ Gripe aviar. Riesgos, alertas, miedos”).
COMPETITIVIDAD
Podemos definir la competitividad como la capacidad de vender las propias mercancías en base a impedir que otros las vendan, tanto en mercados de proximidad, como estatales o extranjeros.
Si admitimos que el bienestar social y el progreso están asociados a la competitividad, debemos también admitir que se basan en la destrucción del competidor. El progreso competitivo tiene como condición hundir las empresas o países competidores. Esto exige abaratar los costes salariales y los gastos sociales dentro de propio país. El progreso basado en la competitividad tiene como condición la degradación de las condiciones de vida de millones de personas. La competitividad reina sobre los despojos y la indefensión de los desheredados de la tierra y sirve para engordar al capital.
El modelo actual de producción, distribución y consumo de alimentos promueve la eficiencia económica y la competitividad como la finalidad primordial. Al sobrepasar los límites a la producción permitidos por la naturaleza, la lógica del beneficio produce la insostenibilidad de los sistemas alimentarios.
MERCANTILIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE LA NATURALEZA. PATENTES Y SEMILLAS ESTÉRILES
LA NATURALEZA REDUCIDA A “RECURSOS NATURALES” PRIVATIZABLES
En la producción capitalista, la dimensión ecológica no es una preocupación hasta que está amenazada la naturaleza requerida para la producción (ya sea agua, suelo, semillas, etc.) y sólo cuando el grado de amenaza pone en riesgo a la propia producción, no a las personas. Esta amenaza se da en todos los denominados “recursos” (hídricos, pesqueros, genéticos, etc.) De hecho, el que estas dimensiones de la naturaleza se denominen sesgadamente “recursos”, proviene de sobredeterminar su función productiva y eliminar, o poner en segundo plano, el resto de sus dimensiones naturales, sociales y culturales, aunque también sean necesarias para la vida, e indirectamente, para la actividad productiva.
El proceso es semejante en todos los casos. Inicialmente se trata de un bien común de libre acceso. Con la intensificación de sus extracciones o uso, se limita su capacidad de recuperación natural, hasta un punto en el que dicha capacidad peligra. Ante la escasez de ese bien, en lugar de limitar su uso, dando prioridad a la población autóctona o con menos recursos, se privatiza, pero continúa la sobreexplotación. El paso siguiente es limitar extracciones (cuotas) que nuevamente desconsideran criterios sociales, expulsando a los productores más pequeños. Por último, se pone precio o “tasa” a la extracción de dicho recurso, lo que posibilita que sólo accedan a él quienes puedan incorporarlo a sus costes. En el mejor de los casos, se subvenciona la eliminación de las pequeñas explotaciones que han demostrado no ser competitivas en dicho proceso. La supervivencia de las que permanecen es a costa de las explotaciones arruinadas y de la esquilmación del propio recurso. Cuando éste se agote, los inversores se irán a otra parte y quedará el desierto. Aunque se ponga un precio, no se internalizan los costes ecológicos sino solamente los que entran en la orbita de la competencia (P. Galindo “Globalización, agricultura y alimentación” En la revista Emergencias núm 1, Barcelona, Nov-2001. Pags. 77-89).
La liberalización de los mercados de servicios agudiza el proceso de mercantilización y privatización de agua y energía, haciendo más exclusivo y excluyente su uso para la producción de alimentos y, en particular, para los pequeños agricultores, campesinos y pueblos indígenas en todo el mundo. En el Estado español es más rentable el uso de agua para campos de golf que para usos agrícolas. Este uso antisocial y antinatural del agua, se abre camino en un territorio donde el agua es un bien escaso y con frecuencia se requieren cortes de suministro para los usos más elementales de la población. Destinar agua -a veces trasvasada de otras zonas-, para el uso elitista de una minoría que además, precisa de un amplio territorio, que sería susceptible de usos más sociales y ecológicos, es un claro exponente de la dictadura de la economía sobre la sociedad y la naturaleza y de la subordinación establecida por el mercado de los usos más básicos a los más rentables.
SEMILLAS Y PATENTES
Durante milenios, l@s campesin@s y pueblos indígenas han garantizado la agrobiodiversidad y la seguridad y la autonomía alimentarias de los pueblos, adaptando y mejorando semillas y plantas de origen silvestre a las diferentes condiciones climátológicas, ecológicas, sociales y culturales. Nunca reclamaron ningún otro derecho sobre esta actividad de enorme importancia social cuya materia prima habían tomado prestada de la naturaleza, que poder seguir haciéndolo. Con el despliegue de la agricultura industrial para el mercado global, el producto de esta actividad milenaria, colectiva y de uso público, ha ido privatizándose en beneficio de multinacionales productoras de semillas que impiden a l@s agricultor@s reproducir e intercambiar semillas libremente. Además, les exigen pagar por usar unas semillas que son fruto del trabajo acumulado de nuestros antepasados.
Los “derechos exclusivos” de estas empresas, que nos prometen acabar con el hambre en el mundo, se alzan sobre el robo y el expolio del patrimonio común de semillas. Este saqueo adquiere su legalidad con normativas nacionales e internacionales firmadas por los gobiernos globalizadores, que convierten estas prácticas en necesarias, buenas e inevitables para el funcionamiento de la economía, a la vez que ilegalizan y criminalizan las acciones de organizaciones de campesin@s, indígenas y movimientos sociales que tratan de impedir, en la práctica, el robo del patrimonio común y la contaminación genética y química de las semillas, la naturaleza y la alimentación.
Las patentes son derechos de propiedad intelectual sobre semillas, plantas, animales y células humanas, de uso exclusivo para quien paga a la multinacional propietaria, aunque ésta se lo haya robado a la comunidad que los conserva y depende de ellos, e incluso a la persona que generó tales células, sin su consentimiento. Son el instrumento con el cual, la tecnología de las semillas transgénicas y estériles, alcanza el objetivo perseguido de maximizar los beneficios de un número cada vez más reducido de empresas. La patente sobre la semilla o sobre la tecnología aplicada a la semilla, sirve para asegurar que los beneficios económicos derivados de la inversión tecnológica, recaigan de forma exclusiva sobre la empresa beneficiaria de la patente.
“Aunque las patentes se hayan utilizado desde la revolución industrial para recuperar las inversiones de los inventos industriales, el material vivo es diferente. No se inventa, sino que se descubre. Ha sido mejorado durante millones de años para su uso en agricultura por parte de los campesinos de todo el mundo o bien ha evolucionado en la propia naturaleza. Hoy en los países del primer mundo, l@s agricultor@s no tienen derecho sobre estas semillas y en los países del Sur, donde las prácticas tradicionales aún existen, las multinacionales están robando las plantas y animales que son la reserva de la biodiversidad y patentándolas en los países del Norte. Cuando esto ocurre, sus verdaderos “protectores y propietarios” se ven obligados a pagar para usarlas. Los alimentos transgénicos se desarrollarán aún más, después de que la legislación de patentes industriales se traslade por completo a las plantas y los animales.
Por citar varios ejemplos importantes. Se han patentado células humanas de pueblos indígenas sin su consentimiento, robándoles la sangre en campañas de vacunación. Un paciente norteamericano se encontró que su médico había patentado células de su bazo, porque había descubierto que eran útiles en la prevención de enfermedades, pero no le pidió su conformidad y los tribunales de justicia han fallado en su contra aludiendo que ya no estaban en su cuerpo. Se ha patentado el arroz indio basmati que es la base fundamental de la alimentación en la India. También a este país se le ha robado mediante una patente los derechos curativos y su utilidad como insecticida agrícola del arbol neem, que los habitantes de la India conocen y usan desde hace miles de años. La lista es interminable.
Las patentes sobre la vida se legitiman con el argumento de que traerán beneficios para la humanidad. La realidad es que ponen en manos de las multinacionales las semillas, plantas, animales y genes humanos que garantizan la soberanía alimentaria, la biodiversidad, la salud, usurpando los derechos de las personas sobre su propio cuerpo y sobre los “recursos naturales” que les permiten sobrevivir. Además, no todas las personas podrán acceder a las ventajas de esta investigación, sino sólo los consumidores y ciudadanos de los países ricos en la medida en que se mantenga para todos los habitantes del Norte, la sanidad pública y el derecho a la alimentación.
La entrega de la vida al capital privado, es una consecuencia de la globalización que incorpora a lógica de mercado los recursos biológicos, otorgándole derechos al capital para apropiarse no sólo del conocimiento científico cuya propiedad intelectual, aun cuando lo hayan financiado, es discutible, sino también del conocimiento campesino, o de la propia evolución biológica, a la que no han contribuido en absoluto” (Texto elaborado por el GAK de CAES para apoyar una campaña de Ecologistas en Acción contra la Ley sobre invenciones biotecnológicas que el Gobierno del PP estaba elaborando en febrero de 2002. Para ver texto completo visitar www.nodo50.org/caes sección Transgénicos)Texto elaborado por el GAK de CAES para apoyar una campaña de Ecologistas en Acción contra la Ley sobre invenciones biotecnológicas que el Gobierno del PP estaba elaborando en febrero de 2002. Para ver texto completo visitar www.nodo50.org/caes sección Transgénicos.
LA TECNOLOGÍA “TERMINATOR”
Las semillas transgénicas y estériles son la forma más desarrollada de la agricultura industrial para el mercado global. Las multinacionales están incorporando una tecnología capaz de esterilizar las semillas. Esta tecnología conocida como Terminator, consiste en producir semillas incapaces de reproducirse o que sólo pueden hacerlo mediante una sustancia química propiedad de misma empresa. Aparentemente es absurdo desarrollar estas semillas. Sin embargo, beneficia a las multinacionales del “agrobusiness”, para las que el negocio es la reproducción y venta de semillas, obligando a quien las necesita a comprar cada vez, antes de cada siembra.
La tecnología Terminator facilita el control absoluto de la alimentación por parte de las multinacionales y agrava las amenazas sobre la autonomía, la seguridad y la soberanía alimentarias de campesin@s, consumidor@s y de todos los pueblos del mundo.
La tecnología Terminator es contraria al espíritu del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (NNUU). La “Conferencia de las Partes” acordó, en el año 2000, una moratoria (Moratoria significa cesar en la introducción de una tecnología, un producto o un procedimiento, hasta que se den las condiciones adecuadas para que se cumpla el principio de precaución) en su despliegue. Sin embargo, en la reunión del “grupo de trabajo sobre derechos de campesinos e indígenas” (Granada–España, 23/I-3/II de 2006), Canadá, Australia y Nueva Zelanda han conseguido introducir en la resolución final, el mismo planteamiento que ya preside la política de transgénicos a nivel mundial, tras el fin de la moratoria de transgénicos en la UE (En la UE los ministros de medio ambiente acordaron una moratoria en materia de transgénicos en junio de 1998 que fue levantada en 2004, una vez que la normativa europea de transgénicos se hizo más rigurosa, lo que no se aplicaba a los cultivos comerciales autorizados con la normativa anterior). En lugar de considerar a estas tecnologías, como un peligro del que hay que protegerse, se impone una aceptación general, a cambio de una evaluación caso por caso de los problemas que se detecten. Al limitarse a exigir la demostración científica del daño en casos aislados, el principio de precaución pierde su carácter preventivo. Este cambio preparaba la finalización de la moratoria de las semillas Terminator en la “8ª Conferencia de las Partes” (Brasil, 20-31/3/06). La mayoría de los Gobiernos reunidos en Brasil aceptaron la petición de la Campaña Internacional Terminar Terminator de mantener la moratoria, menos concluyente que su propio título www.terminarterminator.org.
El fin de la moratoria sobre el Terminator habría agudizado la actual debilidad de los movimientos sociales en la lucha contra los transgénicos tras el cese de la moratoria de transgénicos en la UE (junio-2004). La aceptación de dicho cese por parte de las grandes ONG ecologistas que lideran el movimiento antitransgénicos limitó la capacidad, los contenidos y el horizonte de lucha, a la regulación de una coexistencia pacífica con los transgénicos, reduciendo hasta la fecha las máximas aspiraciones a declarar “reservas” libres de transgénicos, a pesar de la creciente contaminación sobre cultivos ecológicos y no ecológicos.
En el Estado español se cultiva la mayor superficie de transgénicos de la UE. Durante el Gobierno del PP, la moratoria (1998-2004) no tuvo efecto y la superficie de maíz transgénico siguió incrementándose. Tras la llegada del PSOE al Gobierno de España en marzo de 2004, continuó la política pro-transgénicos maquillada por una aparente predisposición al diálogo. Desde enero de 2005, la unidad de acción entre las grandes ONG ecologistas y la COAG en apoyo de una negociación sobre condiciones “básicas” de coexistencia, aumentó nuestra incapacidad para forzar la retirada de estos cultivos y alimentos. El precio de esta unidad fue la aceptación de “un mínimo de contaminación inevitable” y la exclusión de los colectivos que denunciamos de los problemas de la coexistencia (“El movimiento antitrasngénicos: historia de un fracaso”), la necesidad de mantener la moratoria y nuestra desconfianza en el Gobierno del PSOE. Cuatro años después, esta unidad de acción continúa. Aunque algunos de sus integrantes han tenido que reconocer la alineación del PSOE con la industria biotecnológica y que la coexistencia es imposible, siguen excluyendo a quienes, desde marzo de 2005, nos mantuvimos firmes.
Eliminada la moratoria, los colectivos y organizaciones defensores de la Agroecología, el Consumo Responsable, la seguridad y soberanía alimentarias, así como cualquier consumidor individual, quedamos obligados a aportar pruebas de daños, caso por caso, mientras se desarrolla el libre comercio de alimentos transgénicos procedentes de semillas estériles, aunque etiquetados. La etiqueta garantiza al consumidor su derecho a elegir alimentos no transgénicos. Pero la mayoría de la población sólo puede “elegir” una comida basada en químicos y transgénicos. Se demuestra, una vez más, que los gobiernos sólo defienden la salud y seguridad alimentaria de la población mientras no interfiera con las reglas del libre comercio (Editorial del Boletín de los GAK “Agricultura y Consumo Responsables”, abril 2006).
DESTRUCCIÓN Y AGOTAMIENTO DE LA NATURALEZA
La producción industrial intensifica el uso del suelo, el agua, la energía, los animales y las plantas. Su alta productividad tiene como base un alto consumo de los “recursos” necesarios para la producción. La especialización de la producción agrícola y de la producción ganadera en las explotaciones “modernas” impide un ciclo de reciclaje energético que aproveche los residuos ganaderos para la fertilización del suelo y los residuos vegetales para alimentar el ganado. Este ciclo, además de suponer un ahorro para l@s agricultor@s, reduce la contaminación. La energía consumida no renovable, externa a la explotación, es cada vez más elevada y dependiente del petróleo, tanto bajo la forma de combustibles como de fertilizantes, pesticidas químicos y alimentos para el ganado, todos ellos con un alto coste energético en su producción y transporte.
La forma de producción industrializada provoca una destrucción ecológica continua y, en la mayoría de los casos, irreversible con pérdida de suelo fértil y de biodiversidad agrícola. Las causas son: a) su artificialización, b) la generación de residuos que ya no se aprovechan al interior del ciclo productivo –por la compra de fertilizantes y la especialización productiva que impide tales aprovechamientos ecológicos, c) la intensificación que aumenta considerablemente los residuos e incapacita a la naturaleza del entorno de la finca para “digerirlos”, d) el gasto de combustible por el aumento del transporte de mercancías y la necesidad de conservación de los productos suponen un mayor consumo de energía, e) los envases y embalajes y acumulación de residuos producen contaminación ambiental. El balance energético es cada vez más negativo y la contaminación más intensa.
En el entorno inmediato de la parcela, los efectos más negativos son: 1) la contaminación de suelos y aguas (superficiales y subterráneas) por fertilizantes químicos y plaguicidas, 2) la pérdida de fertilidad de dicho suelo que se utiliza buscando exclusivamente el rendimiento más alto e inmediato, 3) el impacto sobre la flora, fauna y los propios habitantes del entorno, incluidos l@s agricultor@s, por el uso continuado de productos químicos.
Los daños sobre la naturaleza repercuten en las condiciones de vida de la población autóctona, en un círculo vicioso. La esquilmación y privatización de territorios, recursos naturales, agua, suelo, semillas, etc., provocan una contaminación y desertización crecientes que aumentan el hambre, el desarraigo y la emigración forzosa. Este desequilibrio natural y social se traslada a las zonas de emigración y, por extensión, aumenta la escala de los daños ecológicos, económicos, sociales y culturales.
¿CÓMO NOS ENVENENAN? LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MANOS DE LAS MULTINACIONALES
Escrito por Grupo de Estudios Agroecológicos, GEA
LA OBESIDAD ES YA UNA EPIDEMIA
La obesidad ha alcanzado dimensiones de epidemia mundial. Mil setecientos millones de personas presentan alto riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como diabetes y enfermedades cardiovasculares (Internacional Obesity Task Force: Fuerza de Choque Internacional contra la Obesidad). En la Unión Europea se estima que, durante los años noventa, 290.000 muertes de mayores de 15 años (el 7,7% del total) estaban relacionadas con el exceso de peso, el 70% por enfermedades cardiovasculares y el 20% de cáncer.
En el estado español el 14,5% de la población adulta es obesa y el 38,5% tiene sobrepeso. Entre la población infantil y juvenil (de 2 a 24 años), el 13,9% son personas obesas y el 26,3% tiene sobrepeso. En el grupo de edad entre 6 y 12 años, la tasa de obesidad es mayor que en los adultos (16,1%), habiéndose triplicado en sólo 10 años y siendo de las más elevadas de Europa. Según la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad que padecen los menores están cada vez más vinculados a la diabetes tipo 2, considerada diabetes de adulto porque requiere para su aparición de un exceso de peso permanente.
El crecimiento de la obesidad y de sus enfermedades derivadas tiene que ver con el sedentarismo de la vida urbana, pero también con los hábitos alimentarios. Se trata de sobrealimentación pero también del predominio de carnes, grasas, sal y azúcar, en detrimento de pan, pescado, legumbres, frutas y vegetales. Los alimentos frescos y cocinados en casa se sustituyen progresivamente por alimentos industriales, procesados, precocinados, con conservantes y aditivos. En la dieta de nuestr@s niñ@s y jóvenes se abusa de carne, bollería industrial, alimentos precocinados, patatas fritas, etc., repletos de azúcares y grasas saturadas que aumentan la palatalidad (Palatalidad es la propiedad de que un alimento sea agradable al paladar. La alimentación industrial investiga y produce sustancias químicas para conseguir este efecto en niñ@s y personas mayores infantilizados por la publicidad y la ignorancia) y eliminan la sensación de saciedad. Las calorías vacías de elementos nutritivos y cargadas de azúcar refinado que sustituyen a la leche y otros alimentos naturales, son la causa de la epidemia de obesidad actual. Saltarse el desayuno y no ingerir frutas y verduras, al tiempo que beber refrescos en lugar de agua y comer chucherías, perjudica la salud.
La OMS recomienda, para una dieta de 2000 calorías (para un adulto), que la proporción de azúcar no supere los 30-50 gramos diarios. Sin embargo, la OMS no informa a la población que una lata de coca-cola u otros refrescos, contienen 35 gr de azúcar que, por sí sola, superan la dosis mínima. La Academia Americana de Pediatría ha alertado del riesgo del consumo de bebidas azucaradas. Un estudio de la dieta de población escolar en EEUU demostró que una lata adicional de bebida azucarada incrementaba el riesgo de obesidad infantil en un 60%. El organismo metaboliza hasta 100 gr de azúcar en hígado y 200 gr en los músculos. El resto se transforma en grasa. El aumento de células grasas es difícil de combatir porque la restricción calórica para eliminar tales células podría afectar al desarrollo infantil.
Niños, adolescentes y jóvenes reciben un alud de presiones publicitarias proveniente de las multinacionales de comida basura, en especial de McDonald y Coca-cola. Nadie obliga a estas empresas a informar de los peligros que sus productos ocasionan sobre la salud. Los establecimientos y las ventas de estas multinacionales no paran de crecer, al mismo tiempo que la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares de nuestros niños y niñas.
LA GLOBALIZACIÓN ALIMENTARIA CAUSA INSEGURIDAD ALIMENTARIA: HAMBRE Y COMIDA BASURA
En la dieta del primer mundo, se abusa de la ingesta de grasas y carne. Todo ello tiene consecuencias aquí, pero también allá. Hambre y comida basura son caras de la misma moneda. La carne que comemos procede de animales hacinados y alimentados con piensos. Para su engorde rápido y paliar las consecuencias de una “vida” enferma (inmovilidad y estrés del ganado estabulado) son atiborrados de antibióticos y anabolizantes. La industria alimentaria obtiene más rápido, más kilos de carne y más barata, impulsando una dieta basada en un alto consumo de proteína animal que nos enferma. Mientras, la tierra fértil en los países del Sur, se dedica a la producción de alimentos baratos para el ganado en lugar de destinarse a producir alimentos vegetales para la propia población. La consecuencia es la expulsión de los campesinos e indígenas pobladores de esas tierras, obligados a emigrar y hacinarse en las megalópolis del sur o del norte, que les explota como mano de obra barata, negándoles sus derechos humanos y les expulsa cuando no son necesarios.
La producción cárnica mundial se ha quintuplicado en 50 años. El rendimiento proteínico de una hectárea de cereal es 5 veces superior si se destina directamente para consumo humano que si se emplea en engordar al ganado que nos proporciona la carne. El crecimiento en el consumo de carne igualmente acrecienta los problemas de gestión de residuos.
También abusamos del azúcar. Se nos acostumbra desde pequeñ@s a los dulces, como premio, medio para entretener el hambre o sustituto de la comida en forma de golosinas, alimentos procesados o refrescos. Comer azúcar refinado nos descalcifica, además de ingerir los productos químicos necesarios para su blanqueado. En países donde se cultiva la caña de azúcar, se produce una explotación de las personas y del suelo de cultivo. Las empresas investigan para encontrar edulcorantes más dulces y baratos que el azúcar. Al mismo tiempo, abandonamos el consumo de frutas y verduras que contienen azúcares naturales con los nutrientes y minerales necesarios.
Esta dieta, escasa en fibras, verduras y cereales, provoca diabetes, colesterol, afecciones coronarias, cáncer e hipertensión, a los mayores y cada vez más, a los jóvenes y niños. Muchas de las actividades de los jóvenes son sedentarias, cuando el ejercicio físico es imprescindible para su desarrollo. El sedentarismo favorece la obesidad, porque nuestro cuerpo no quema todo lo que ha ingerido y lo transforma en grasa.
El hábito consumista ha invadido el ámbito de la comida, identificando a través de la publicidad, ocio y consumo y propagando un patrón alimentario urbano, insano y con escasos nutrientes. Engatusados con imágenes publicitarias de familias felices, jóvenes divertidos y regalos, las cadenas de comida rápida atraen a las capas sociales con menor poder adquisitivo, que aceptan como alimentos productos deleznables. Las cadenas de comida rápida, como Mc Donald´s, son perjudiciales para la salud de niñ@s y adolescentes, por la enorme presión que ejercen sobre los deseos de éstos, provocando que l@s pequeñ@s no distingan alimentación de diversión y asocien en su imaginario los espacios de Mc Donald´s con lugares de felicidad. Son futuros clientes afiliados de por vida a la comida basura.
Las enfermedades alimentarias (anorexia, bulimia, obesidad, etc.) no afectan a todos por igual. Amenazan a los grupos sociales con menor educación y menor renta. La epidemia de obesidad contagia a grupos sociales urbanos, dependientes de un trabajo basura y con dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler. Su malnutrición no es por falta de alimentos, sino por el exceso y la nocividad de los mismos..
EL DOBLE LENGUAJE DE LA IZQUIERDA GLOBALIZADORA
En los últimos 15 años la alimentación infantil y juvenil en el estado español ha experimentado un aumento de dulces y refrescos, lácteos y carnes, y una reducción simétrica de huevos, verduras y frutas. Este cambio de hábitos se corresponde con el aumento de obesidad en niñ@s y adolescentes y se debe a la publicidad de la industria alimentaria, con la connivencia de los poderes públicos.
A pesar de la alarma por las enfermedades derivadas del cambio alimentario, poco se está haciendo desde las instituciones. La publicidad a favor de la comida basura, bebidas refrescantes, helados y dulces, que las multinacionales de la alimentación lanzan sobre niñ@s y población en general se despliega libremente sin obstáculos legales o sociales. Esto explica la proliferación de establecimientos de comida rápida y expendedoras de bebidas y chucherías, incluso en centros educativos.
La Estrategia Española NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) se presentó en 2005 para combatir la obesidad. Pero esta iniciativa política no aborda la responsabilidad de las multinacionales que la producen. Por el contrario, dicha responsabilidad se niega expresamente: “es importante resaltar que el sedentarismo y el déficit de gasto energético, provocados por las nuevas pautas y hábitos de conducta de nuestra sociedad moderna, juegan un papel principal en el aumento de la obesidad y el sobrepeso y no cabe responsabilizar de este problema a la industria española de alimentación y bebidas, ni a productos alimenticios concretos o a su publicidad”.
El Gobierno emplea la Estrategia NAOS para proteger los intereses económicos de las empresas responsables de las enfermedades alimentarias. No evalúa los daños que la penetración del consumo de la comida basura y los refrescos producen entre la población, en particular en niñ@s y adolescentes. No alerta sobre los crecientes peligros futuros de este modelo de consumo. No promueve la sensibilización crítica sobre estos productos en el conjunto de la población, porque eso le enfrentaría con las multinacionales. No prohíbe su venta en las escuelas, tal como han solicitado la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. La Estrategia NAOS propicia “Códigos voluntarios de Buena Conducta” para las empresas de alimentación y bebidas que sólo sirven para limar los aspectos más escandalosos de su publicidad televisiva dirigida especialmente a los menores de 12 años. Establece Convenios con las multinacionales de la alimentación basura para que laven su imagen, mostrándoles como benefactores de los más desfavorecidos y a través de campañas que incentivan el deporte, nos recuerden, cínicamente, los beneficios de una dieta sana, al tiempo que, en estas mismas campañas, nos ocultan los daños que sus productos ocasionan a nuestra salud.
EL CONSUMO RESPONSABLE AGROECOLÓGICO COMO ALTERNATIVA
Habitualmente, se considera una cuestión individual la adopción en nuestra vida cotidiana de pautas alimentarias que concilien la alimentación saludable con el consumo crítico y responsable. Si basamos nuestra alimentación en frutas, verduras, legumbres, cereales y miel y reducimos el consumo de carne, cubriremos las necesidades de azúcar y de proteínas de nuestro cuerpo, eliminando de nuestro consumo la comida rápida y los productos industriales, que benefician a las multinacionales de la alimentación. Si además compramos directamente, a los pequeños campesinos locales que se esfuerzan en cultivar sin productos químicos, estamos ayudándoles a no contaminar y contrarrestando la lógica de la globalización económica que les condena a desaparecer.
Este cambio de conducta es necesario, pero no podemos enfrentarnos a un problema social cada vez más importante en la infancia y adolescencia de los países ricos (obesidad infantil, sedentarismo y consumismo individualista y autolesivo) como si fuera un problema de ámbito privado. Se trata de un problema político y social, causado por el modelo alimentario impulsado por la modernización y generalizado por la globalización. Por ello es fundamental educar, desde la escuela, en otro tipo de consumo: un consumo sano, rechazando la producción industrial de alimentos con productos químicos y transgénicos; un consumo crítico ante el despilfarro, el individualismo, la contaminación y el monopolio criminal de la producción y distribución de alimentos en manos de las multinacionales; un consumo responsable y solidario con la situación de los pequeños agricultores y trabajadores del campo; y un consumo potente para defender la seguridad alimentaria y recuperar una relación de reciprocidad entre el campo y la ciudad, el norte y el sur, autóctonos e inmigrantes.
La lucha por un “peso optimo para toda la vida” debe comenzar desde la infancia. Pero nuestr@s niñ@s, víctimas de la manipulación publicitaria, no pueden hacerlo sol@s. Nosotr@s, aunque también somos víctimas de dicha manipulación, sí podemos. Los cambios en la dieta diaria son el punto de partida. Es urgente disminuir la ingesta de hidratos de carbono “rápidos” procedentes de azúcar y cereales refinados, sustituyéndolos por hidratos de carbono “lentos” procedentes de frutas, verduras y cereales integrales. Los refrescos azucarados industriales, incluidas las colas, que contienen fructosa, más barata y dañina que el azúcar refinado, deben ser sustituidos por zumos naturales o por agua. Las grasas deben ser limitadas, especialmente las de origen animal, sustituyéndose por el aceite de oliva y frutos secos.
Las redes de consumidor@s responsables de las ciudades debemos crecer en diálogo con productor@s agroecológic@s que, sin nuestra cooperación, se ven avocad@s a abandonar la producción ecológica o entregarse, a su pesar, a Carrefour y otros de su entorno. Comprometerse en proyectos de consumo responsable, fomentar la educación alimentaria y realizar actividades con niñ@s y mayores, para impulsar el consumo de alimentos ecológicos. La proliferación de consumidor@s y agricultor@s responsables pondrá la fuerza necesaria para impedir los abusos publicitarios de las multinacionales que condicionan a nuestr@s niñ@s para que adquieran hábitos alimentarios enfermantes.
EN MANOS DE LAS MULTINACIONALES AGROQUÍMICAS
(Fuente: Galindo, Pilar (2006) “La globalización contra la seguridad y soberanía alimentarias”. En VV.AA “¡Qué hace esa fresa en tu mesa!”. Págs. 141-180. Ed. Atrapasueños, SOC, Autonomía Sur, Oficina de Derechos Sociales y CAES. Sevilla).
A comienzos de los noventa, la Unión Europea (UE) inició, a través de la Directiva 91/414, un proceso de revisión de los pesticidas autorizados, muchos de los cuales habían salido al mercado careciendo de estudios pormenorizados de sus efectos tóxicos sobre personas, animales y plantas. Incluso, seguían utilizándose, a veces con sospechas, otras con evidencias de sus perjuicios, sin evaluar el impacto toxicológico sobre la salud humana y ecotoxicológico sobre la salud del ecosistema (Mientras que en el conjunto de sustancias químicas, la Comisión reconoce, con cifras, la escasa evaluación de los riesgos, en la revisión de los pesticidas hay un silencio absoluto y toda la información relevante que se publica aparece en ingles, impidiendo el acceso público a dicha información).
Dicha revisión comenzó después de décadas de acumulación de pruebas sobre los daños de los pesticidas: alergias e irritación de las vías respiratorias, secuelas irreversibles en sistema nervioso, endocrino e inmunológico, cáncer de diversos tipos e intolerancia de por vida a la presencia de sustancias químicas, etc. Tras la presión, a nivel mundial, de diversas organizaciones [Destacamos la Alianza para la Acción de Pesticidas, conocida como PAN (Perticide Action Network) y especialmente su versión latinoamericana, RAP-AL (Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en América Latina), con abundante información en castellano en su espacio web www.rap-al.org] que están documentando dichas pruebas y exigiendo la responsabilidad de las empresas y los gobiernos, se revisó la legislación europea sobre pesticidas, iniciando, en paralelo, un programa de análisis de las sustancias en uso.
En estos años ya se sabía que la exposición a pesticidas afecta no sólo a las personas que los aplican en el campo y en la desinfección de edificios, también al resto de trabajador@s expuest@s, sus familias, vecin@s y población en general, incluidos l@s hij@s engendrad@s con posterioridad al contacto o ingesta del pesticida [Según la profesora Ana Mª García, del Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, en el entorno de la Albufera de Valencia y como resultado de las fumigaciones aéreas para los cítricos, se han encontrado pesticidas organofosforados en la sangre de los habitantes de la zona. Y continúa “se han descrito enfermedades crónicas neurológicas debidas a la exposición mantenida a estos pesticidas y también secuelas a largo plazo después de intoxicación aguda” (El País, “Pesticidas en frutas y verduras” 8/02/2005)]. Igualmente se sabe que son especialmente sensibles bebes, niñ@s, adolescentes, ancian@s, enferm@s, mujeres gestantes o expuestas un tiempo antes de la gestación y progenitores masculinos, no sólo por esterilidad o reducción de espermatozoides, sino también por la transferencia a su descendencia de daños vinculados a la exposición a pesticidas. Los daños se producen incluso en dosis inferiores a las autorizadas [Los límites máximos de residuos autorizados en alimentos en agua potable no garantizan la ausencia del riesgo por varias razones: 1) porque la cantidad de dosis diaria recomendable ha sido cuestionada al aparecer pesticidas que provocan disrupciones hormonales -ver más adelante-, en dosis muy inferiores a las legales; 2) porque las dosis se calculan para varones adultos y sanos, que admiten niveles más altos que enferm@s, mujeres y niñ@s; 3) porque hay que tener en cuenta la combinación de exposición a diversas sustancias químicas, el periodo de exposición y su acumulación. Una dosis legal puede no ser perjudicial durante una temporada corta, pero el efecto puede variar si se prolonga o si el individuo tiene toda la vida por delante –caso de los cánceres- y desarrollarse 10 ó 15 años después. 4) porque, en relación a los residuos en alimentos, depende de la dieta. No es lo mismo un alimento que se consume poco, que si forma parte de la dieta diaria y se ingiere en cantidades importantes. Estas cuestiones no son contempladas al calcular los límites máximos autorizados]. Los factores que agravan el riesgo tienen que ver con las condiciones físicas de la persona: etapas cruciales en el desarrollo hormonal, una mayor ingesta en proporción al peso -en la infancia, sobre todo en los más pequeños-, estado de debilidad o enfermedad previo; pero también con el uso prolongado de un número cada vez mayor, en cantidad y diversidad, de sustancias pesticidas a lo ancho del planeta y durante más de 50 años, cuya extensión y acumulación en agua, aire, suelo y tejidos grasos de animales y seres humanos, constituye una situación de contaminación generalizada a la que se aportan nuevas emisiones cada año y en un nivel creciente [Un estudio finalizado por un equipo de investigadores del Colegio de Médicos de Familia de Ontario (Canadá-2004) y basado en la revisión de la bibliografía científica producida a nivel mundial y en los últimos 10 años, sobre la relación entre pesticidas y diversos tipos de cáncer, malformaciones genéticas, trastornos del sistema endocrino, neurológico y mental, revela que el uso de pesticidas está provocando un mayor número de enfermos de estas dolencias, reduciendo la esperanza de vida de la población y la vida saludable. En la revisión, han discriminado tanto la validez científica como la significación estadística de los hallazgos, destacando aquellos estudios de prospectiva sobre una muestra amplia y un seguimiento a largo plazo. Esta discriminación otorga un mayor rigor a sus conclusiones. En la mayoría de los casos, la existencia de la enfermedad se produce por la propia profesión o la de sus padres y madres, pero concluye que la transmisión por la exposición ambiental o alimentaria ha sido menos estudiada y resulta más difícil su evaluación. Pone especial énfasis en los daños sobre la infancia y adolescencia, precisamente por su vulnerabilidad y mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. En aquellas enfermedades donde las investigaciones han sido capaces de demostrar una mayor tasa de aparición ante la exposición a pesticidas -diversos cánceres, Linfoma-No-Hodking y leucemia-, se pronuncian a favor de evitar totalmente la exposición de la población en general, lo que significa prohibir su uso o reducirlo a situaciones muy excepcionales].
Pero la demostración no siempre es posible. Las relaciones causa-efecto por una intoxicación aguda tras un envenenamiento o exposición directa son fácilmente identificables porque se producen inmediatamente o a las pocas horas. Más difícil es demostrar la aparición de un trastorno o enfermedad provocada por intoxicación crónica, debida a varios años de contacto profesional (a lo largo de un periodo prolongado o toda la vida). Aún más dificultoso es probar que se debe a haber permanecido, de forma casual o recurrente, en espacios cerrados ajardines que han sido tratados. Tanto o más complicado es demostrar que ha sido causado por el consumo de alimentos y aguas contaminadas por pesticidas, incluso por debajo de los límites autorizados. Pueden pasan años entre la exposición y el inicio de la enfermedad. Esta es la situación más habitual en casos de exposición inadvertida, crónica, contaminación alimentaria, exposición de los progenitores antes de la concepción o de la madre durante el embarazo o ingesta a través de la lactancia materna. Tienen que multiplicarse los casos de enfermedad o muerte para que se observe una tasa superior a la normal y alguien empiece a investigar. A veces se demuestra la relación, pero los resultados no son significativos y se rechazan desde una posición científica.
La dificultad probatoria entre la causa y su efecto, facilita que las empresas productoras de pesticidas no sólo esquiven su responsabilidad cuando causan daños reales, sino que presionen a las administraciones para impedir que prohíban su exposición y su acumulación. Estas cuestiones no son contempladas al calcular los límites máximos autorizados producción o, al menos, les autoricen "usos críticos" (Se emplea este término para seguir autorizando el uso de sustancias de probada peligrosidad, argumentando que no existe otra forma posible de resolver el problema para el que ha sido diseñado. Por ejemplo, el uso del bromuro de metilo en la desinfección de suelos para la producción de fresa. Existen otras alternativas, incluso sin variar el modelo intensivo de producción (como la solarización para evitar los hongos en el suelo). Además, conviene plantearse la causa del uso de pesticidas en la forma industrial de producción de alimentos, cuyos métodos destruyen cualquier defensa natural del suelo, plantas y animales ante las enfermedades o la competencia con otros seres vivos. La alta patogenicidad del virus de la gripe aviar es un buen ejemplo. El hacinamiento provoca la bajada del sistema inmunitario y la enfermedad penetra en la fábrica. Un caldo de cultivo favorecido por la densidad y cantidad de animales, propaga más rápidamente la enfermedad y el virus encuentra las condiciones para mutar y hacerse más virulento. Las aves migratorias y de corral no propagan la enfermedad, son sólo sus víctimas. Sin embargo, son perseguidas y encerradas, mientras nadie parece preocuparse por lo que pasa dentro de las factorías de pollos. Cuando no se impugna el modelo industrial, todas las soluciones forman parte del problema). Aunque la Comisión Europea se vanagloria de haber introducido el principio de precaución en la letra de la Directiva, el hecho es que, en la práctica, brilla por su ausencia (Esta directiva fue uno de los primeros actos legislativos en contar tanto con el principio de subsidiariedad, como con el principio de precaución. Colocó explícitamente la protección de la salud humana y del medio ambiente por encima de las necesidades de la producción agraria." Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo COM/2001/0444 final).
El proceso de revisión de la totalidad de pesticidas autorizados y en uso antes de 1992, contemplaba un horizonte inicial de 12 años. Dicho plazo ha sido superado y ampliado a 2008. Inicialmente y hasta el año 2001 se contabilizaban 834 pesticidas existentes, que fueron clasificados en 4 listas en función de su uso y peligrosidad. En abril de 2005, la cifra había aumentado a 984 sin explicación alguna en los informes de seguimiento.
Las listas 1 y 2 (con 90 y 149 sustancias respectivamente) contenían los pesticidas más preocupantes, de mayor uso o aquellos para los que la industria decía poder facilitar con rapidez los expedientes que contenían su propia evaluación de toxicidad y ecotoxicidad. La revisión de estos pesticidas debería haber finalizado en 2003. Pero en marzo de 2006, quedaban aún 11 sustancias pendientes de concluir la evaluación en la lista más prioritaria y 50 en la segunda lista. Los trabajos de la 3ª y 4ª lista aún van más atrasados.
Esto significa que tales sustancias siguen utilizándose, incluso cuando debieran haberse prohibido. Este es el caso del endosulfan, considerado un potente disruptor endocrino (En palabras de Nicolás Olea; "El término disruptor endocrino sirve, en la actualidad, para definir a cualquier compuesto químico, contaminante medio ambiental que, una vez incorporado a un organismo vivo, afecta al equilibrio hormonal. " Extraído de su "Informe Agricultura y salud". Nicolás Olea es catedrático de medicina interna de la Universidad de Granada y Jefe de la Unidad de Radiología del Hospital Clínico de Granada. En definitiva, la disrupción hormonal provoca alteraciones que desequilibran el funcionamiento del sistema endocrino y, durante el embarazo y en edades cruciales, pueden provocar malformaciones genéticas y perjudicar el normal desarrollo del aparato reproductivo) y que se acumula en el suelo, el aire, los plásticos de invernadero, el agua y los alimentos, pasando a la sangre y a los tejidos grasos. La relación del endosulfan con el cáncer de mama y con malformaciones en el aparato reproductor masculino en niños y bebés expuestos ha sido ampliamente documentada (Citamos sólo un estudio realizado en España "Factores de riesgo de criptorquidia", a cargo de la Dra. Maria Teresa Rueda Domingo, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, de la Facultad de Medicina de Granada y publicado en la Gaceta Sanitaria en 2001. En dicho estudio realizado a niños nacidos en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada, entre 1992 y 1999, se documenta la influencia del lugar de residencia y la profesión de los padres para este trastorno -dificultad de descenso testicular- en los bebes varones que puede producir esterilidad y cáncer de testículos en la edad adulta. Extraído déla página www.doyma.es el 16/01/2001). También en España, uno de los principales consumidores de endosulfan de la UE (Nicolás Olea informa de la persistencia de endosulfan en los plásticos de los invernaderos almerienses, en las aguas de los ríos andaluces, en el aire del Pirineo -por la proximidad a la industria productora- y en la sangre y los tejidos grasos de los niños en Murcia. Esta contaminación se relaciona, en diversos estudios, con el cáncer de mama y la dificultad de descenso testicular de bebes varones según el citado Informe Agricultura y Salud). Estas investigaciones deberían haber bastado para prohibir el endosulfan con el fin de evitar nuevos casos y proteger la salud de la población.
El primer informe de la Comisión (Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo COM/2001/0444 Final 7) sobre la revisión de sustancias existentes, preveía la retirada de unas 500 sustancias. Sin embargo, hasta marzo de 2006 (Para el conjunto de sustancias existentes y las nuevas, empleamos los datos del informe de abril de 2005, aunque ha habido posteriores modificaciones) sólo habían sido retiradas 370, de las cuales, una veintena han obtenido autorización para "usos esenciales". Con autorización plena figuran algunas sustancias muy preocupantes. Este es el caso del herbicida Paraquat [Paracuat lleva utilizándose más de 60 años en más de 120 países. Es un herbicida considerado entre los 12 más tóxicos ya en los años ochenta. En la terminología fitosanitaria se le califica como de amplio espectro y acción rápida. Se emplea para eliminar hierbas porque destruye el tejido verde de estas plantas por contacto. Colapsa la estructura de sus células, alterando la fotosíntesis y provoca con ello la desecación de la planta. Se aplica en más de 50 cultivos y para controlar hierbas en áreas no cultivadas. Se usa principalmente en cultivos de maíz, orquídeas, soja, arroz, hortalizas, algodón y palma {de aceite). A pesar de ser uno de los herbicidas más tóxicos es el tercero más usado en todo el mundo. Syngenta es la multinacional que lo comercializa bajo el nombre comercial de GRAMOXONE. Sus ventas anuales se estiman en 25.000 toneladas, vendidas el 70% en países "pobres". Actualmente Syngenta promociona Gramoxone para tratar las supermalezas que no pueden ser eliminadas con glifosato por haber desarrollado resistencia a este herbicida a partir del cultivo de soja transgénica de Monsanto (cuya propiedad es la resistencia al glifosato)]. Se trata de un producto altamente toxico [Clasificado como moderado por ingesta oral, pero alto por inhalación, según los estudios de toxicidad existentes. 17 mg/kg pueden matar a una persona. La muerte por envenenamiento puede ocurrir hasta un mes después, lo que agrava el sufrimiento. No existe antídoto. También puede provocar: daños irreversibles en pulmones, corazón, riñones, glándulas adrenales, sistema nervioso central, músculos y bazo; problemas agudos y crónicos: dermatitis severa, quemaduras de 2º grado, hemorragias nasales, taquicardias, fallos renales y respiratorios. Se asocia con defectos reproductivos y de desarrollo, cáncer de piel y parkinson]. Desde 1985, la Red PAN despliega una campaña para difundir los peligros de seguir empleando los 12 pesticidas más tóxicos, la denominada "docena sucia", que busca la prohibición de tales sustancias. En 2002 se inició una campaña específica para este pesticida, "STOP Paraquat", que condicionó la prohibición total o el uso restringido en 13 países, 4 de ellos miembros de la UE [Está prohibido en Finlandia (1986), Austria (1993), Suecia (1993) y Dinamarca (1995). Alemania restringió su uso en 1993 y Hungría en 1991]. A pesar todo, la UE ha dado un espaldarazo a este pesticida a finales de 2003. Como en el caso de la mayoría de autorizaciones de transgénicos, la decisión fue muy controvertida [Se aplazó la decisión en 4 ocasiones en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Salud Animal y su aprobación se hizo por una mayoría cualificada que daba un escaso margen de conformidad (con 16 votos en contra y 5 abstenciones, el 3/10/2003)] y la argumentación contraria de Suecia, con el apoyo de Finlandia, Luxemburgo y Dinamarca no se tuvo en cuenta [Suecia emitió el siguiente voto particular: "La inclusión de paraquat en el anexo 1 de la directiva 91/414 en nuestra opinión no sigue el principio de precaución. Es una sustancia extremadamente peligrosa que puede causar daños severos e irreversibles en humanos. Tanto los modelos de exposición simulados como los estudios de campo indican un margen de seguridad inaceptablemente bajo. Debido a la toxicidad característica del paraquat, los accidentes podrían tener por resultado, daños fatales que no pueden ser contrarrestados con ningún antídoto conocido (...) somos de la opinión de que hay una responsabilidad global, tenemos en cuenta el resultado de su uso en los países en desarrollo y las señales contradictorias que una inclusión de esta sustancia podría dar"]. La autorización exige unas precauciones de protección de los operarios, costosas económicamente e imposibles de cumplir en caso de elevadas temperaturas y una evaluación anual de daños sobre los trabajadores y la fauna terrestre en las zonas donde se aplique (Directiva 2003/112/CE. D.O.C.E L 321 de 6/12/2003). Es decir, reconoce la peligrosidad, pero en lugar de evitarla, aplicando el principio de precaución, acepta las condiciones de la empresa (Sygenta) y subordina la protección de la salud de trabajador@s y medio ambiente a los intereses económicos de la industria agroquímica. Además, la autorización en la UE ha neutralizado los efectos positivos de las campañas de sensibilización, frenando el proceso de prohibición del paraquat en países del Sur, a pesar de la imposibilidad de adoptar los niveles de protección de los operarios de los países ricos.
El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 13/1/09 aprobó un nuevo reglamento en materia de plaguicidas, que sustituye a la Directiva 91/414. Dicho texto establece un nuevo marco que va a regular la comercialización y el uso sostenible de los plaguicidas en la Unión Europea en los próximos años.
Los criterios adoptados supondrán “la retirada progresiva en la próxima década de aquellas sustancias con peor perfil toxicológico y medioambiental, estableciendo reglas más rígidas a la hora de autorizar la utilización de productos fitosanitarios y el empleo de plaguicidas en el campo, prohibiendo su uso cerca de parques, escuelas, hospitales o de los ríos y las pulverizaciones aéreas”, ... “salvo limitadas excepciones” que tendrán que autorizar las autoridades nacionales, estableciendo “mecanismos para evitar la retirada de aquellas sustancias tóxicas para las que no existen alternativas hasta que éstas se desarrollen” y garantías para evitar una "merma insalvable para el sector productor de las herramientas de las que actualmente dispone para luchar contra la plagas”. Es decir, como era de esperar, un nuevo aplazamiento y buenas intenciones que deben ser ratificadas por los estados, siempre que no perjudiquen a las multinacionales [Fuente: nota de prensa del Ministerios de Agricultura, Medio Rural y Marino (13/1/09) y Agrocope.com (9/2/09)].
En definitiva, la UE no está aplicando el principio de precaución para proteger a la población y al medio ambiente de los efectos negativos de los pesticidas. Su programa de revisión, nuevamente aplazado, es una máscara para seguir actuando en beneficio de la industria química. No se prohíben todas las sustancias más peligrosas y cuyos daños han sido probados. No se suspenden aquellas sobre las que hay estudios que señalan su peligrosidad, aunque no alcancen significación científica, hasta tanto demuestren su inocuidad, como debería hacerse en ejercicio del principio de precaución. Las prohibiciones a veces son simulacros porque siguen utilizándose bajo la forma de "usos esenciales". Desde 1992 se ha solicitado la inclusión de un centenar de pesticidas nuevos que vienen a relevar a los anteriores y, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, son "más tóxicos, aunque más específicos y más eficaces" (hasta que aparezcan nuevas resistencias de las plagas reduzcan su efectividad) (EEA: Environmental Signáls 2000, Copenhague, febrero 2000, cap 6 "agriculture").
El control de plagas no es un problema reducible a la química porque es agroecológico. Las plagas y enfermedades son resultado de agrosistemas desequilibrados. El empleo de grandes cantidades de agrotóxicos de amplio espectro acaba fracasando y creando nuevos problemas. La mejor manera de combatir las plagas es recuperar el equilibrio de los agrosistemas y el mantenimiento de la biodiversidad.
Por otro lado, la UE, secundada por los gobiernos, resta importancia a la contaminación por pesticidas que contienen los alimentos, a pesar de hacer controles periódicos. "De cada 100 verduras que consume ciudadano europeo, 60 están completamente limpias de pesticidas, 36 tienen restos en dosis inferiores al máximo tolerado y 4 están contaminadas por encima de estas dosis (El País, 8/02/05). El 40 % contienen restos y aunque en su mayoría estén por debajo de los límites autorizados, comienzan a acumularse las pruebas de que pequeñas dosis durante mucho tiempo pueden ser más perniciosas que altas dosis de una sola vez. A su vez, una dieta equilibrada, con alto consumo de frutas, verduras y cereales, contendría niveles de pesticidas superiores a los recomendados según un estudio realizado en Barcelona a través de mil muestras recogidas en los comercios.
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2/04/2009
La coordinadora Salvemos la Sierra condena las agresiones a ecologistas
EFE
La Coordinadora Salvemos la Sierra ha exigido hoy a los partidos políticos de Colmenarejo una condena "pública y tajante" de las agresiones denunciadas por dos miembros de Ecologistas en Acción que han sido víctimas de "amenazas e insultos" por parte de los partidarios de los festejos taurinos.
El colectivo recuerda en un comunicado que ambos ecologistas sufren desde hace año y medio acoso, pintadas en sus automóviles e insultos, como "antitaurinos de mierda" o "verdes hijos de puta", por "defender sus derechos democráticos".
"Sus delitos son coger firmas para una consulta popular sobre la subvención municipal a los festejos taurinos, oponerse a un proyecto de Plan General de Urbanismo, que finalmente fue retirado, o expresar libremente sus propuestas para un Colmenarejo mejor", afirman.
El portavoz local de Proyecto Verde - Ecologistas en Acción, Carlos González, ha dicho a Efe que desconocen la identidad de los supuestos agresores, pero creen que forman parte de un mismo "paquete" de personas compuesto por "los partidarios de los toros, los propietarios del suelo y los constructores".
Un portavoz del Ejecutivo ha justificado la actitud del Consistorio argumentando que "se trata de un conflicto entre particulares en el que el Ayuntamiento no tiene nada que ver".
"Ha existido un caso contrario en el que un partidario de los toros tiene pintadas en su coche llamándole 'asesino', pero se ha limitado a denunciarlo ante la Guardia Civil sin exhibir el auto en la plaza pública como si han hecho los ecologistas, una actitud que puede incitar a la violencia", han indicado a Efe las mismas fuentes.
Los ecologistas, por su parte, han pedido amparo a la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, para que incremente la vigilancia y proteja a los afectados.
"La escalada de agresiones que sufren los ecologistas hace necesaria la actuación de las fuerzas de seguridad y que cese el sorprendente silencio de las fuerzas políticas locales", han asegurado en la Coordinadora.
También han mostrado su sorpresa por la falta de respuesta de los partidos locales que se consideran "progresistas", como PSOE e IU, y han convocado una concentración que se celebrará próximamente en Colmenarejo.
"Los partidos democráticos saben de la importancia de no dar cobertura, ni activa ni pasiva, con silencios cómplices, a actuaciones cobardes, violentas y antidemocráticas. Si no se paran a tiempo esas actuaciones el futuro es imprevisible", han concluido.
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27 Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
30 de marzo de 2009
Solicitan protección a la Delegación de Gobierno en Madrid
Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Delegación de Gobierno de Madrid, las agresiones que están sufriendo dos de sus miembros en Colmenarejo por defender sus ideas públicamente. La oposición a los festejos taurinos y, especialmente, la campaña contra el plan general de ordenación urbana de Colmenarejo han provocado un estallido de acciones violentas contra dos miembros de Ecologistas en Acción. Esta organización lamenta que el Ayuntamiento no haya condenado los hechos.
El acoso a dos miembros de Ecologistas en Acción de Colmenarejo comenzó hace año y medio, cuando inició una campaña de recogida de firmas para promover una consulta popular (amparada por la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local) para retirar la subvención a los festejos taurinos. Todo ello dentro de una campaña denominada Cambia Toros x Libros, en la que se propone que el dinero de las subvenciones municipales destinadas a los festejos taurinos se dedique a costear libros de texto.
Esta propuesta a pesar de contar con el apoyo del 20% del censo electoral de Colmenarejo, fue desestimada por el pleno municipal. Durante ese pleno, concejales del equipo de gobierno y de la oposición calificaron a los promotores de la iniciativa (entre ellos los miembros de Ecologistas en Acción) de mentirosos, manipuladores, tramposos y les acusaron de haber presionado a los vecinos. Ecologistas en Acción considera que esta actitud de los concejales amparó, de alguna forma, los acontecimientos posteriores.
Posteriormente, durante el pasado otoño, Proyecto Verde-Ecologistas en Acción de Colmenarejo se opuso con firmeza al nuevo Plan General de Ordenación urbana presentado por el Ayuntamiento de Colmenarejo, plan que fue finalmente retirado.
Muy posiblemente, estos dos acontecimientos han sido el detonante de las agresiones que vienen padeciendo miembros de Ecologistas en Acción en Colmenarejo. En los últimos meses se han producido tres atentados contra los vehículos particulares. En dos ocasiones rompieron varias lunas de los coches y en otra escribieron en uno de los coches las frases: Verdes, Hija de puta y Antitaurina de mierda. Además, en dos ocasiones, se han recibido amenazas por los ocupantes de vehículos que se dieron rápidamente a la fuga.
Ecologistas en Acción teme que el grado de las agresiones vaya en aumento. A pesar de las reiteradas denuncias interpuestas ante la Guardia Civil no se ha aclarado la autoría de los hechos y, posiblemente, no exista voluntad para hacerlo. Por eso, la organización ha recurrido a la Delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, a quien solicita mayor diligencia en el esclarecimiento de los hechos y protección para sus miembros.
La alcaldesa de Colmenarejo , Mª Isabel Peces-Barba (grupo independiente APIC) no ha condenado los hechos y tampoco lo ha hecho ninguno de los grupos políticos del Ayuntamiento de Colmenarejo (PSOE, IU y PP), a excepción del grupo independiente VICO. Se da la circunstancia de que la moción que, en principio, pretendía presentar VICO para condenar las agresiones a miembros de Ecologistas en Acción fue modificada, eliminando los hechos concretos acontecidos y el nombre de las personas agredidas. Sólo cuando se transformó en una moción genérica contra la violencia fue aceptada por la alcaldesa y el pleno municipal.
Ecologistas en Acción considera inaceptable que en un Estado democrático se intente coartar, con el uso de la violencia, la libertad de expresión y el libre pensamiento de los ciudadanos. Por ello, ha solicitado a la Delegada de Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, que haga lo posible por investigar y esclarecer los hechos y por proteger a los miembros de Ecologistas en Acción que lo único que han hecho es ejercer su derecho democrático de crítica y participación.
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31 de marzo de 2009
NUEVA AMENAZA PARA LOS TIBURONES
Frente
ecologista contra las propuestas de la UE y Australia que amenazan la
prohibición del “aleteo” del tiburón del Océano Índico
(CTOI). La Comisión del Atún para el Océano Índico se reúne
durante esta semana y tomará decisiones que pueden amenazar
seriamente la conservación de los tiburones. Ecologistas en Acción
solicita al CTOI que no apruebe estas medidas.
Ecologistas en
Acción, junto a otros 65 grupos ecologistas, ciencias marinas, buceo
y pesca deportiva de todo el mundo instan a la Comisión del Atún
para el Océano Índico (CTOI) a desestimar las propuestas de la
Unión Europea (EU) y Australia que podrían debilitar la prohibición
regional del aleteo de tiburón, la práctica despilfarradora de
cortar las valoradas aletas de tiburón y desechar el cuerpo al mar.
Las organizaciones ecologistas se oponen a los cambios propuestos, lo
que incluye colocar las aletas de tiburón amputadas en bolsas, pues
éstos serían excepcionalmente poco viables de hacerse cumplir y
aumentaría la contaminación por plástico, que puede asfixiar a
tortugas marinas y pájaros. La CTOI se reúne durante esta semana en
Bali (Indonesia) para tomar estas decisiones.
Estos grupos reclaman en cambio la obligación de que las aletas permanezcan adheridas de forma natural a cualquier tiburón que se pesque, ya que es la forma más fiable de parar el finning o aleteo y de mejorar además la información sobre las especies de tiburón que han sido sacadas del agua.
Es
preocupante que Australia, normalmente un líder en la gestión de la
pesca del tiburón, y la UE, la cual prometió hace sólo unas
semanas fortalecer su propia prohibición del “aleteo”, hayan
propuesto una medida imprudente con la posibilidad de dar marcha
atrás en la batalla contra el aleteo de tiburón.
Como la mayor
parte de los organismos de pesca, la CTOI ha adoptado una prohibición
del aleteo de tiburón y lo hace cumplir limitando el peso de las
aletas de tiburón en buques pesqueros al 5% del peso de los cuerpos
de tiburón a bordo. La norma tiene como objetivo asegurar que la
cantidad de aletas y cuerpos sean proporcionales las unas a las otras
mientras que continúan respondiendo a los deseos de los pescadores
de almacenar las partes del tiburón de forma separada. Para el
encuentro de la CTOI de este año, la UE ha propuesto la abolición
de la proporción de peso y la ha reemplazado con dos opciones
potencialmente desastrosas: colocar las aletas de tiburón en bolsas
de plástico las cuales irían adheridas al correspondiente cuerpo, o
marcar las aletas de tiburón y los cuerpos con números
correspondientes y almacenarlos separadamente.
Esta opción goza del apoyo de los intereses comerciales de pesca. Australia ha propuesto varias opciones de “aletas adheridas”, incluida una para colocar las aletas en bolsas precintadas (no necesariamente de plástico) que serían adheridas a los cuerpos numerados.
En opinión de Ecologistas en Acción, cambiar las actuales medidas anti-aleteo con métodos no testados que implican a las aletas amputadas en bolsas de plástico aumentarían los riesgos no sólo para los tiburones si no también para otra vida salvaje marina. Tales complicados e informales métodos no son necesarios si se optara por la opción más segura de todas: cortar parcialmente la aleta y dejarla parcialmente adherida de forma natural al cuerpo del tiburón, como se ha ensayado exitosamente en experiencias previas. Dicha acción mejoraría también en gran medida los datos de peca de especies concretas, algo que se necesita desesperadamente para evaluar el estado de las poblaciones del tiburón de la región y limitar su pesca hacia niveles sostenibles.
Dado que a día de hoy la prohibición del “aleteo” de la OITC es virtualmente la única salvaguardia para los tiburones del Océano Índico, es imperativo que se haga cumplir adecuadamente.
Mas información: Samuel Martín-Sosa, T 686 96 14 86
Los
Grupos firmantes de la carta: Shark
Alliance, Pew Environment Group, Ocean Conservancy, Shark Trust,
Greenpeace International, Professional Association of Dive
Instructors, IUCN Shark Specialist Group, Humane Society
International, BirdLife International, Wildlife Conservation Society,
International Game Fish Association, International Fund for Animal
Welfare, Marine Conservation Society-Seychelles, Programa
Restauracion de Tortugas Marinas, Conservation International,
European Elasmobranch Society, WildAid, Project AWARE, Save Our Seas
Shark Center-South Africa, The Billfish Foundation, Coral Reef Care,
Eyes on the Horizon–Mozambique, Ecologistas en Acción, Maldives
Whale Shark Research Programme, Pacific Shark Research Center,
SUBMÓN, Mote Marine Laboratory Center for Shark Research, American
Elasmobranch Society, Sharkwater, Caribbean Conservation Corporation,
National Coalition for Marine Conservation, Co-Habitat, Portuguese
Association for the Study and Conservation of Elasmobranchs, Flying
Sharks Limited, Nature and Biodiversity Conservation Union,
MedSharks, Pretoma, Marevivo, Shark Research Institute, Kenna Eco
Diving-Spain, CRAM Foundation, Bloom Association, German Elasmobranch
Society, Ailerons, Swedish Elasmobranch Society, Shark Savers,
DEEPWAVE, SharkLab, sharkCHANCE, Florida Program for Shark Research,
Ensenada Center for Scientific Investigation, Society for the
Conservation of Marine Mammals–Denmark, Nature Trust–Malta, Save
Our Seas Foundation, Vivamar Society, Fondazione Cetacea, Oceania
Diving World–Madrid, SOS Grand Blanc, Sharkman’s World, Longitude
181 Nature, Save the Blue, D’Arros Research Center,
Megaptera-France, Great Plains-Seychelles, Seychelles Islands
Foundation, Guy Harvey Research Institute, The Ocean Foundation and
Seas at Risk.
Los
miembros actuales de la CTOI son
Australia, Belice, China, Comoros, Eritrea, Comunidad Europea,
Francia, Guinea, India, Indonesia, la República Islámica de Iran,
Japón, Kenia, la República de Corea, Madagascar, Malasia, Mauricio,
el Sultanato de Oman, Pakistán, Filipinas, Seychelles, Sri Lanka,
Sudán, Tanzania, Tailandia, Reino Unido y Vanuatu. Senegal,
Suráfrica y Uruguay son partes no contratantes cooperantes.
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1/04/2009
El 98% de los ayuntamientos españoles no se ha comprometido contra el consumo de madera de origen ilegal, según WWF
Hace tres años que la Ley de Montes demandara medidas a las Administraciones contra la compra pública de madera procedente de talas ilegales
El
98 por ciento de los ayuntamientos españoles no se ha comprometido
contra el consumo de madera de origen ilegal, pese a que hace tres
años la Ley de Montes demandara medidas a las Administraciones
contra la compra pública de madera procedente de talas ilegales,
según denunció hoy la asociación WWF.
Con motivo de la sexta
edición del Observatorio 'Ciudades por los bosques' de WWF, la ONG
ha evaluado las medidas que toman los ayuntamientos españoles de más
de 20.000 habitantes. Los datos evidencian que sólo seis (el de
Barcelona, Benicarló, Gavà, Sant Boi de Llobregat, León y
L'Hospitalet de Llobregat) cuentan con una Política de Compra
Responsable y un Plan de Acción para controlar la procedencia de los
productos forestales y dar prioridad a los que estén certificados
por sistemas como el FSC (Forest Stewardship Council).
Según el
informe, otros 32 ayuntamientos han mostrado su compromiso, pero no
han avanzado en el desarrollo de medidas concretas, mientras que el
resto, "ni siquiera ha tomado postura".
"Estos
datos son especialmente preocupantes porque existe una legislación
nacional, la Ley 43 de Montes de 2003, que incorporó en 2006 la
demanda de medidas a las Administraciones públicas para evitar la
compra de madera procedente de talas ilegales e insostenibles",
sentenció el responsable de bosques de WWF España, Félix Romero.
Por otra parte, la organización señaló que las cifras
presentadas contrastan con las que se desprenden de una encuesta
realizada en la UE por WWF y Amigos de la Tierra que desvela que el
92 por ciento de los ciudadanos europeos y el 98 por ciento de los
españoles apoyan el desarrollo de una ley que frene el comercio de
madera de origen ilegal en el mercado comunitario.
Precisamente,
en estos momentos se está llevando a cabo un proceso de discusión
de una normativa, que será votada en los próximos meses, sobre la
legalidad de la madera en el Parlamento Europeo y el Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea para frenar el comercio
de madera y productos derivados de origen ilegal en el mercado
comunitario.
En este sentido, WWF destaca que el 19 por ciento de
la madera que importa el mercado europeo proviene de regiones donde
la tala ilegal es "una práctica habitual". Además, el
mercado español es el segundo mayor consumidor de madera tropical
aserrada del mundo.
Por ello, Romero aconsejó que se use la
madera de origen legal y sus productos derivados de forma
"preferente" frente a materiales más contaminantes en su
ciclo de vida, como plásticos y metales. Asimismo, animó a los
consumidores a que comprueben el origen de este material con
instrumentos como la certificación forestal FSC, que aseguran la
conservación y el uso responsable de los bosques.
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2/04/2009
Fertiberia cierra dos de sus cuatro plantas de fosfoyesos en Huelva
La empresa prejubilará a 70 de los 367 trabajadores de la fábrica
El Supremo rechaza el recurso de la empresa para permitir los vertidos
L VALLELLANO / R. MÉNDEZ - Huelva / Madrid -
La empresa de fertilizantes Fertiberia, ubicada en el Polo Químico de Huelva, ha decidido cerrar dos de las cuatro plantas que destina a la producción de ácido fosfórico, lo que supone la reducción al 50% de la producción de fosfoyesos. La medida comenzó a aplicarse ayer. La parada de esas instalaciones comportará la prejubilación de unos 70 de los 367 trabajadores en plantilla. La empresa aún no ha comunicado oficialmente la presentación de ningún Expediente de Regulación de Empleo.
Los trabajadores conocieron la decisión a través de sus representantes sindicales de UGT y CC OO en una asamblea el lunes.
La actual negociación para el cese ordenado de los vertidos mantenida entre empresa y las administraciones central y autonómica no ha culminado aún, toda vez que está pendiente el pronunciamiento de la Dirección General de Costas respecto al último plan presentado por la fábrica para la recuperación ambiental de la zona degradada. Pero Fertiberia ha decidido comenzar por voluntad propia a aplicar su parte del trato. Fertiberia planteó en la carta remitida a Costas la reducción progresiva de los vertidos hasta el 2010.
Los trabajadores consideran el anuncio de la reducción del 50% de los fosfóricos una decisión adoptada de forma unilateral que rechazan de plano. "Se trata de un planteamiento informal que no podemos aceptar de ninguna de las maneras", precisó Luciano Gómez, secretario provincial de la Federación de Afines e Industrias de UGT. Gómez explicó que aún está pendiente la resolución que adopte la negociación abierta entre las administraciones y la empresa y que debe pasar por una "salida global" para la actividad industrial que posee un efecto dominó sobre otras industrias del Polo Químico. Esa salida global debe incluir, a juicio del dirigente sindical, "la continuidad de la actividad en la medida de lo posible, nuevas inversiones que compensen la pérdida de tejido industrial, alternativas de empleo y como último recurso medias sociales y laborales que eviten el perjuicio de los trabajadores afectados".
Los vertidos de Fertiberia han sido criticados por Europa y castigados por los jueces. El Tribunal Supremo acaba de desestimar el último recurso de la empresa para mantener los vertidos en las marismas del río Tinto. La empresa pretendía en su recurso de súplica que el alto tribunal dejase sin efecto la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2003 en la que daba por caducada la concesión de vertido otorgada a la empresa en 1968.
En un auto notificado el pasado martes, la sección quinta de lo contencioso-administrativo del Supremo ratifica su decisión del pasado enero, cuando rechazó el primer recurso de Fertiberia para seguir contaminando. El recurso era el último clavo al que se agarraba la fábrica, que ha demorado casi dos años la ejecución de la sentencia de 2007 en la que la Audiencia Nacional dio la razón a la dirección general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, y consideraba que el permiso de vertido había caducado al superar la empresa las condiciones establecidas en la concesión.
El auto, de cuatro folios, considera que aunque aún no haya fallado el recurso de casación de Fertiberia contra la sentencia de la Audiencia no puede paralizar la aplicación de ésta. WWF España, que es parte en el proceso, considera que la empresa tiene que aplicar un plan de cierre y de recuperación del terreno.
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1 de abril de 2009
Los sindicatos solicitan al Parlamento Europeo que 306 sustancias extremadamente preocupantes pasen al proceso de autorización de REACH
La lista sindical ha sido elaborada por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO a instancias de la CES.
La
Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha presentado hoy en el
Parlamento Europeo una lista con 306 sustancias extremadamente
preocupantes, de las que 191 causan enfermedades profesionales
reconocidas. Con la publicación de esta lista los sindicatos
pretenden contribuir a la aplicación práctica del REACH (Registro,
evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados
químicos), la nueva legislación comunitaria sobre el comercio de
productos químicos, para que incorpore lo antes posible un amplio
listado de sustancias químicas especialmente peligrosas para la
salud humana y el medio ambiente y se sometan al proceso de
autorización.
Los trabajadores europeos están pagando un alto
precio por la utilización de productos químicos en los lugares de
trabajo. Alrededor de una de cada tres enfermedades profesionales
reconocidas cada año en Europa se debe a la exposición a productos
químicos peligrosos. Diversos estudios apuntan a que más de 100.000
nuevos casos de cáncer laboral ocurren cada año en la Europa-25,
muchos de ellos causados por la exposición a sustancias químicas en
el trabajo. Según CCOO, todas las sustancias químicas incluidas en
la lista sindical cumplen los criterios de REACH para ser
clasificadas como sustancias extremadamente preocupantes. Además, la
lista ordena las sustancias en función de sus propiedades
toxicológicas y ecotoxicológicas intrínsecas e identifica aquellas
que causan enfermedades profesionales reconocidas a nivel
comunitario.
La CES considera que la inclusión de las sustancias
de la lista sindical en la lista de candidatas para la autorización
de REACH reducirá la incidencia de enfermedades profesionales
causadas por el uso de productos químicos peligrosos, así como los
costes para los trabajadores, la propia industria, la ciudadanía y
el medio ambiente.
La presentación de la lista sindical ha sido
auspiciada por Guido Sacconi, ponente del Parlamento Europeo durante
las negociaciones que dieron lugar a la aprobación del Reglamento
REACH. "La lista tiene dos funciones clave; servir como una
puerta de entrada para su posible inclusión en la lista de
sustancias sujetas a autorización y proporcionar una mejor
información a los usuarios de la cadena de suministro - desde los
trabajadores a los consumidores - que van a usar estas sustancias
extremadamente preocupantes o se encuentran en los artículos que los
contengan ", ha asegurado Sacconi.
El Secretario Confederal
de la CES, Joel Decaillon, encargado de presentar la lista en el
Parlamento Europeo, ha explicado cómo los sindicatos de Europa
siempre han respaldado un Reglamento REACH ambicioso. Y ha
asegurado:"El futuro de la industria química europea está en
juego si se continúa con la producción y comercialización de
productos químicos que no son seguros para la salud humana y el
medio ambiente". "Sólo en el caso de que los productos
químicos más peligrosos que se comercializan en el mercado sean
sustituidos por alternativas más seguras, se vencerá en la lucha
por la innovación y la competitividad, con lo que se lograrán más
y mejores puestos de trabajo", ha añadido.
CCOO considera
que la salud de los trabajadores y el medio ambiente están en juego.
Si ya se reconocen más de 1000 sustancias como altamente
preocupantes, no podemos esperar 200 años a que el lento mecanismo
del REACH cumpla sus objetivos de protección. Debe aplicarse el
principio de precaución y todas estas sustancias consideradas como
extremadamente preocupantes, tienen que pasar por un proceso de
autorización y ser sustituidas por alternativas menos peligrosas a
la mayor brevedad.
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2/04/2009
Zaragoza transformará sus residuos en energía
Proyecto CENIT del I3A para aprovechar los residuos urbanos
Programa CENIT del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, desarrollado por el grupo de investigación de Rafael Bilbao para la empresa URBASER, perteneciente al Grupo ACS. El objetivo de este proyecto es el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos para obtener energía.
Este es el proyecto de más envergadura desarrollado por este grupo, que también está llevando a cabo otros programas de aprovechamiento de residuos a través de gasificación de biomasa, con diversas empresas como Taim, empresa de maquinaria para minería y obras públicas o Cadagua, empresa nacional pionera y líder en el mercado de la ingeniería y construcción de Plantas de Tratamiento y Depuración de Aguas.
Esta empresa nacional será la encargada de la gestión del ecovertedero de Zaragoza. Su actividad se centra en la gestión de residuos sólidos urbanos.
Este hecho tiene claras ventajas medioambientales y económicas, si tenemos en cuenta que cada vez la sociedad actual origina más residuos: En Europa se generan anualmente 1.300 millones de toneladas, de los que cada persona genera 3,5 toneladas.
Estos residuos o biomasa, de origen industrial, agrícola, forestal o urbano, para convertirse en recursos energéticos deben tras pasar por unas medidas de recuperación energética. Uno de estos procesos es el de la gasificación a altas temperaturas, combinada con sistemas de producción de energía de última generación. De la investigación y aplicación de esta técnica se ocupa el Grupo de Procesos Termoquímicos perteneciente al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) reconocido de Excelencia investigadora por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.
Energía térmica, eléctrica, hidrógeno, o bioetanol pueden llegar a obtenerse a partir de residuos: industriales, agrícolas, forestales y urbanos. Dentro de los residuos industriales, podemos encontrar los procedentes de la industria alimentaria como los huesos de aceituna; de la industria maderera, como el serrín; o de la industria papelera, las “lejías negras” o excedentes obtenidos en la producción de papel. En el caso de los residuos agrícolas, se pueden aprovechar energéticamente la paja o la cascarilla del arroz y en los residuos forestales, los obtenidos tras la limpieza de montes. De los residuos urbanos se aprovecha en este proceso de producción de energía la parte orgánica de la basura y los lodos de la depuradora de tratamiento de aguas residuales.
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3 de abril de 2009
IMPORTANTE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE SALUD Y CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Ecologistas en Acción valora positivamente la aprobación en el pleno del Parlamento Europeo de la resolución de la Comisión de Medio Ambiente sobre salud y campos electromagnéticos. El informe, elaborado por la eurodiputada liberal belga Frédérique Ries, ha sido aprobado por una amplísima mayoría de 559 eurodiputados a favor, 22 en contra y 8 abstenciones.
Para Ecologistas en Acción la aprobación de esta resolución significa un punto de inflexión y un cambio de tendencia en relación a los impactos ambientales y de salud pública de los campos electromagnéticos en las instituciones europeas. El informe constata, bajo el peso de la evidencia científica, los efectos biológicos de la contaminación electromagnética y los posibles efectos sobre la salud derivados de una exposición residencial. Esta decisión debe convertirse en un primer paso hacia una directiva europea que plantee niveles de misión mucho más restrictivos bajo el principio de precaución, como así lo han comenzado a hacer países europeos de nuestro entorno: Italia, Suiza , Luxemburgo, Bélgica , etc.
Los
principales aspectos de la resolución aprobada son los siguientes:
- Disminución y adecuación de los actuales límites de
los Campos Electromagnéticos y consideración específica de los
efectos biológicos de éstos.
- Solicita a los estados miembros
y la industria, nuevas tecnologías para reducir la exposición a los
CEM.
- Anima a la negociación de las nuevas estaciones base y
líneas de transmisión para evitar la ubicación muy cerca de
escuelas, hogares de ancianos, cuidado de la salud y las
instituciones.
- Pide a la Comisión que elabore un informe anual
sobre los niveles de la UE de los CEM y las medidas adoptadas para
proteger la salud humana y el medio ambiente.
- Lamenta el
retraso en la publicación del informe Interphone, y pide a la
Comisión pedir a los responsables del proyecto las conclusiones
definitivas y por qué no se han publicado y, en caso de que reciba
una respuesta, que informe al Parlamento y a los Estados miembros sin
demora.
- Pide a la Comisión que asigne fondos para campañas de
sensibilización de los jóvenes europeos, que son los principales
usuarios de telefonía móvil, incluida la información sobre los
riesgos para la salud y seguridad en las prácticas de uso.
-
Pide que el ICNIRP y la Organización Mundial de la Salud sean más
transparentes y más abiertos al diálogo en la elaboración de
normas.
- Propone a la UE que la política de calidad del aire en
interiores debe abarcar el estudio de la conexión inalámbrica (WIFI
interior, DECT en casa) y en lugares públicos.
- Pide que se
mejore la información al consumidor y el etiquetado de los
dispositivos inalámbricos.
- Demanda una norma única para la
exposición de campos electromagnéticos en las redes de alta
tensión.
- Pide a los estados miembros el reconocimiento
de las personas que sufren de electrosensibilidad como discapacitados
a fin de otorgarles una protección adecuada, como lo ha hecho
Suecia.
- Encarga a su Presidente que transmita la resolución al
Consejo, a las comisiones, a los Gobiernos y Parlamentos de los
Estados miembros, y al Comité de las Regiones.
Más información: Toni Oller 93 481 29 06 Pedro Luengo 968 28 15 32 Theo Oberhuber 91 531 27 39 / 656 92 50 81
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2/04/2009
El MARM y SEOBirdLife colaborarán con el proyecto Horizontes Natura 2000
El MARM y SEO/BirdLife firman un convenio de colaboración para regular la realización de "Horizontes Natura 2000", Es un proyecto cuyo objetivo es fomentar el turismo ecológico, en especial el turismo ornitológico y el desarrollo sostenible en los espacios de la Red Natura en diferentes Comunidades como son Andalucía, Extremadura, Castilla León y Castilla-La Mancha.
Se llevará a cabo en las Zonas de Especial Protección para las Aves de estas Comunidades Autónomas. Estas comunidades poseen el 63% de la superficie de la Red Natura 2000 en España, y consiguiente son las más apropiadas para promocionar el turismo verde y ornitológico. La Red Natura 2000 puede crear oportunidades de desarrollo rural en grandes zonas del interior de España, en las que uno de los pocos activos es un medio natural en buen estado de conservación y la asociación de esta naturaleza con determinados productos de calidad, apuntaron desde SINC.
Durante tres años "Horizontes Natura 2000" divulgará y promoverá entre la población de las Comunidades Autónomas elegidas la Red Natura 2000, su importancia para la conservación de la biodiversidad y los posibles beneficios socioeconómicos que se pueden derivar de su existencia y del correcto aprovechamiento de este recurso.
El proyecto permitirá además promover el potencial turístico de la Red Natura 2000, sobre todo el turismo de observación de aves. En las cuatro comunidades se celebrarán seminarios participativos para el desarrollo sostenible de los espacios naturales que recogerán las inquietudes que plantea la declaración de espacios protegidos a administraciones autonómicas, locales y agentes sociales.
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3 de abril de 2009
CERREMOS
LA OTAN Y LAS BASES MILITARES
Hace
60 años se constituyo la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) con el objetivo de poner un freno a la Unión Soviética.
Lo lógico hubiera sido suponer que, a la desaparición del bloque
comunista le hubiese seguido la de esta Alianza. Pero los Jefes de
Gobierno de los países occidentales ampliaron el objetivo de este
tratado militar. A la defensa de posibles ataques se añadió la
posibilidad de atacar otros territorios en función de los intereses
de la gran potencia económica y militar, EE UU, así como de su
aliada directa, la UE.
Actualmente la OTAN se encuentra inmersa,
y con ella nuestro Estado, en el conflicto de Afganistán. La
invasión comenzó con la excusa de destruir a Bin Laden pero, 7 años
después, el conflicto sigue abierto con pérdidas diarias de vidas
humanas, sin que se ha conseguido la democracia para este país, y
con un gasto de millones de euros en tener una zona en continuo
conflicto bélico.
El Gobierno español, desde que retiro las
fuerzas militares de Iraq, las ha intentado en Afganistán,
demostrando que sus declaraciones sobre la "Alianza de
Civilizaciones" son pura retórica.
En estos días se reúnen
en Estrasburgo los Jefes de Estado de los países miembro de la OTAN
con el objetivo fundamental de seguir incrementando las fuerzas
militares en Afganistán y celebrar el 60 aniversario de esta alianza
de la muerte.
Ecologistas en Acción considera que no hay nada que
celebrar, ya que la historia de la OTAN ha causado cientos de miles
de muertos, muchos de ellos civiles. Ahí están los ejemplos de la
ex-Yugoslavia, Kosovo o Afganistán.
En el Estado español, además
del gasto militar que supone tener fuerzas en otros países bajo el
mando de la OTAN, hay bases militares que utiliza la Alianza como
Betéra y Rota, que sirven de puentes para que los ejércitos
estadounidenses (y europeos en menor medida) bombardeen poblaciones
civiles.
Ecologistas en Acción declara que es necesario que la
OTAN desaparezca, al igual que las bases militares que usa por todo
el mundo. Esto permitiría que el dinero que se gastan sea
distribuido en causas sociales y ambientales, ya que actualmente el
75% del gasto militar mundial se dedica a potenciar esta Alianza.
Llama poderosamente la atención como en tiempos de crisis como las
que vivimos no se plantee ni tan siquiera el recorte de unos gastos
para la muerte como los militares.
Más
información: Jesús Lara, T 670 62 73 87
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Abril de 2009
Libros
Marcel Coderch y Núria Almiron: El espejismo nuclear. Por qué la energía nuclear no es la solución, sino parte del problema. Barcelona, Los libros del lince, 2008. 21 €.
Este es un libro muy armónico, con un solista principal y diversas intervenciones complementarias que embellecen la sinfonía y la convierten en una obra ejemplar. El tema melódico resulta conocido y familiar: “¿Nucleares? -¡No, gracias!”. Pero en asuntos políticos es mala cosa quedarse en las consignas. Conviene cargarlas de razones. Y eso es lo que, en mi opinión, hacen de manera modélica Marcel Coderch (ingeniero de telecomunicaciones por la UPC y doctor en ingeniería eléctrica e informática por el Instituto Tecnológico de Massachusetts —MIT—) y Núria Almiron, licenciada en ciencias de la comunicación y ciencias políticas por la UAB y doctora en periodismo.
Desde luego, cuando se trata de asuntos complicados sobre los que son muchos quienes hablan sin saber, y los buenos modos más bien brillan por su ausencia, conviene recomendar los discursos cargados de racionalidad y presentados con cortesía. Porque no es buena cosa anteponer las consideraciones estéticas o sentimentales al rigor y la racionalidad. Así que, aun cuando resulten ineludibles algunas dosis de retórica, conviene recalcar que, en la medida de lo posible, la defensa de unas u otras opciones sociotécnicas debiera apoyarse en argumentos veraces y exponerse con talante amable. Por eso es muy de agradecer que este libro presente los asuntos con rigor y claridad, atendiendo a las razones de los oponentes, así como a sus motivaciones y al contexto que las envuelve.
Uno de los asuntos mejor esclarecidos en este libro concierne a un asunto importante: cuánto cuesta y cuánto vale la energía atómica. Las conclusiones son contundentes: “El empleo civil de / la energía nuclear / … que fue diseñado esencialmente con fines propagandísticos en ningún momento atendió a consideraciones de viabilidad técnica ni económica” (66). “No hay … pruebas del hipotético bajo coste de la producción de energía nuclear” (71).Y no es la única pega de la industria nuclear: “los cuatro problemas que la han acuciado desde sus inicios / son /: la seguridad, los costes, los residuos y la proliferación. Sólo intereses ideológicos, privados o políticos y la perspectiva de una situación energética desesperada podrían tratar de resucitar a un monstruo moribundo tan inseguro, carente de rentabilidad, extremadamente contaminante y auspiciador de una proliferación armamentística tan letal.” (129). Pero previamente se han presentado de manera cuidadosa las pruebas e indicios que sustentan estos juicios finales.
El corolario de la lección es muy de recibo: “Permitir que el público crea que estamos a las puertas de obtener, con cualquiera de estas nuevas quimeras / fusión nuclear, alquimia con los residuos, nuevos reactores nucleares seguros o el ubicuo hidrógeno, en lugar de desarrollar las energías renovables /, una generación de energía limpia, barata e ilimitada es tanto una falsedad como una enorme irresponsabilidad, porque perjudica sobremanera la tan necesaria imagen de la energía como un bien valioso que en modo alguno debemos ni podemos despilfarrar” (204). “Fingir que podemos continuar creciendo exponencialmente en un planeta con recursos finitos es un absurdo, pero no ver, o no querer ver, este absurdo, es una estupidez.” (207). “Lo que necesitamos no son nuevos sistemas energéticos revolucionarios, sino una reducción significativa de nuestros consumos” (212). “Vivir hoy despilfarrando nuestro capital energético confiando en que mañana nos tocará la lotería porque hemos comprado algunos décimos es, además de irracional, tremendamente injusto para con nuestros hijos y las generaciones que han de seguirlos.” (215).
[Alfons Barceló, 12.3.09]
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37 Ecologistas en Acción de Castilla - La Mancha
31 de marzo de 2009
Caja Castilla-La Mancha, paradigma de la insostenibilidad
En el caso Caja Castilla-La Mancha se da la mano la insostenibilidad ambiental y la insostenibilidad económica. Ecologistas en Acción exige explicaciones públicas y responsabilidades al Gobierno Regional y a los máximos representantes del PSOE y del PP en Castilla-La Mancha.
La intervención de la Caja Castilla-La Mancha por parte del Banco de España ha puesto de manifiesto las nefastas consecuencias a que da lugar la realización de cuantiosas inversiones en proyectos inmobiliarios y de infraestructuras de marcado carácter especulativo.
Caja Castilla-La Mancha, como otras entidades financieras en otros ámbitos, en particular Cajas de Ahorro, ha sido el instrumento necesario para llevar a la práctica las políticas desarrollistas que nos han abocado a esta situación. Ha financiado sin garantías la gran burbuja inmobiliaria y proyectos especulativos de evidente riesgo. Entre ellos, muy destacadamente, el aeropuerto de Ciudad Real y el Reino de Don Quijote.
Como venía denunciando reiteradamente Ecologistas en Acción, en esos proyectos se han dado la mano la insostenibilidad ambiental y la insostenibilidad económica. También la insostenibilidad social, pues muchas personas acaban en el paro en estas circunstancias. De hecho se pone de manifiesto que todo está relacionado y en el fondo es reflejo de un modelo de desarrollo globalmente insostenible.
El caso Caja Castilla-La Mancha se convierte así en paradigma de la insostenibilidad y pone sobre la mesa la irresponsabilidad con la que se han gestionado las políticas de desarrollo en Castilla-La Mancha.
Como es conocido, CCM se ha guiado por los intereses de los partidos políticos mayoritarios y, especialmente, por quienes dirigen el Gobierno Regional. Por ello, a los máximos representantes del PSOE y del PP en Castilla-La Mancha, así como al Gobierno Regional hay que exigirles explicaciones y responsabilidades.
Las explicaciones han de ser públicas, ante los medios de comunicación y en debates abiertos a los ciudadanos. Las Comisiones Parlamentarias de investigación son insuficientes, ya que suelen ser una farsa en la que los Gobiernos se autojustifican y los partidos buscan sacar tajada electoral.
Ecologistas en Acción no puede en absoluto mostrarse satisfecha por la situación de CCM, por mucho que, por desgracia, haya puesto de manifiesto que nuestras denuncias y previsiones sobre lo que podía ocurrir en Castilla-La Mancha estaban más que justificadas. Pero sí queremos recalcar que es necesario cambiar el modelo de desarrollo en Castilla-La Mancha y que, aunque sea en circunstancias dramáticas, la crisis nos ofrece la oportunidad de hacer las cosas de otra manera y de no volver a caer en los mismos errores.
Más información: Miguel Ángel Hernández, Tf. 608823110, Coordinador de Ecologistas en Acción en CLM
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3 de abril de 2009
DECISIONES DEL G-20 PROFUNDIZAN LA EMERGENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL GLOBAL
Ecologistas en Acción recuerda que una economía basada en el crecimiento, el crédito y la competitividad nunca podrá ser sostenible ni igualitaria, y exige un cambio radical del sistema económico.
La cumbre del G-20 -que consideramos totalmente ilegítimo por excluir más de 170 países- ha sido un intento desesperado del poder político internacional de regular la economía financiera especulativa, que llevó al abismo la economía del mercado y probó la incapacidad de auto-regulación, para mantener el sistema capitalista. Aunque el G-20 no lo reconozca, se demuestra que el movimiento antiglobalización ha tenido razón con sus advertencias de los peligros asociados a la especulación financiera y la desregulación salvaje. El G20 asumió -de forma parcial y claramente insuficiente, pero con los principales centro del poder en la mesa- nuestros reclamos de cerrar los paraísos fiscales, así como de regular la “banca en la sombra” y los fondos de alto riesgo, entre otras. No obstante lamentamos que medidas urgentes a corto plazo, como prohibir la especulación con las materias primas y los alimentos, no fueron adoptadas.
Ecologistas en Acción hace una valoración muy negativa de la declaración del G-20 en Londres, porque no busca soluciones a los problemas reales que afectan a la sociedad global, como el hambre, el cambio climático, las guerras y el agotamiento de los recursos naturales, entre ellos el petróleo. En cambio sigue socializando las pérdidas del capital privado, inyectando dinero público en el sistema financiero y productivo capitalista, garantizando el beneficio privado y convirtiendo el interés comercial en “interés público”. No menciona ni una sola vez las palabras “derechos humanos” y “paz”, mientras se decide el aumento de las tropas para la guerra en Afganistán -que a diario cobra víctima civiles- y se incrementan los gastos militares en detrimento de los derechos sociales.
A pesar que el G-20 diga que va a “solucionar” la crisis económica global, restableciendo la confianza de los mercados e tomando todas los esfuerzos fiscales para restaurar el crecimiento, no habrá soluciones reales si no hay cambios radicales en el sistema económico. Éste es ecológica y socialmente insostenible porque no sólo hay límites físicos en los recursos sino también en los sumideros. Por lo tanto la retórica hipócrita de un capitalismo “más igualitario, prudente y sostenible” choca con los límites ecológicos del planeta. El crecimiento económico -la base para el crédito- implica el aumento de la extracción y destrucción de las energías no renovables, y con ello un incremento de los gases de efecto invernadero que provocan el Cambio Climático.
Una de las decisiones más irresponsables y peligrosas fue acordar un programa adicional de 1,1 billones de US-$, en forma de prestamos gestionados por las mismas Instituciones Financieras Internacionales (IFI: Grupo del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), que son co-responsables de la crisis global, y que han impuestos -durante los últimos 30 años- políticas neoliberales y ajustes estructurales que obligaron a recortar el gasto público de los Estados. El FMI y BM no sólo destruyeron masivamente empleo, impidieron a los países a alimentar su población, privatizaron los servicios públicos básicos, financiaron la extracción de recursos no-renovables y obligaron a desregular la industria financiera, sino generaron un inmensa deuda externa e ilegítima, que es una de las causas de la pobreza en el mundo. Con el fortalecimiento del FMI y BM, triplicando los recursos a su disposición, generará una nueva crisis mundial de la deuda que profundizaría la desigualdad en el mundo. Por ello exigimos que ni un sólo euro de dinero público vaya al FMI, ni al BM, y vemos más necesario que nunca comprometernos con las luchas internacionales por la abolición de la deuda externa y las IFI.
La reunión de Londres mostró que EE UU y la UE están sumamente preocupados por la falta de liquidez en los países emergentes y del Sur Global, que repercute sobre la expansión y el crecimiento de sus empresas transnacionales en estos mercados, que a su vez son sus principales fuentes de recursos naturales. Por esta razón, el G20 pretende financiar con al menos 250.000 millones de dólares operaciones comerciales a través de las agencias de créditos a la exportación, agencias de inversión y Bancos Multilaterales. Algo que rechazamos.
Asimismo se comprometen a concluir la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio, (OMC) totalmente inaceptable para Ecologistas en Acción, porque las reglas de la OMC suponen la desregulación a escala nacional de los sectores agrícola, industrial y de servicios, lo cual impide que los países adopten las medidas necesarias para luchar contra las crisis económica, social, alimentaria y medioambiental.
El G-20 no toma en cuenta que la OMC impone una extrema desregulación de los servicios financieros. Sin embargo, la liberalización de los servicios financieros forma parte de las negociaciones para ampliar el alcance del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, GATS en inglés), que ya impone muchas restricciones a la regulación gubernamental sobre el sector, impidiendo, por ejemplo, que se prohíba los productos financieros de alto riesgo. Por ello, Ecologistas en Acción reclama la paralización de todas las negociaciones sobre servicios financieros en la OMC y los tratados de libre comercio (TLC).
Por ultimo, queremos mostrar nuestra solidaridad con las movilizaciones internacionales contra la cumbre del G-20, especialmente las que se han llevado a cabo en Londres, y reafirmar nuestro compromiso de seguir impulsando movilizaciones contra las medidas anti-crisis del G-20, y muy especialmente de la Unión Europea y del Gobierno español.
En contra del falso optimismo de José Luis Rodríguez Zapatero, diciendo que la recesión tocara fondo en el segundo semestre de 2009, advertimos que lo peor de la crisis financiera en el ámbito español está por venir todavía. Por un lado habrá una enorme incapacidad de pagar las hipotecas y devolver créditos por el creciente paro, que no se invierte fácilmente por la destrucción definitiva de puestos de trabajo en sectores como el inmobiliario, financiero, automovilístico y turístico, y por otro lado un quiebra generalizada de los promotores inmobiliarios -por el descenso de la venta y de los valores inmobiliarios y del suelo- lo que afectará sustancialmente a todo la industria financiera española. La pregunta es: ¿quién tiene los activos tóxicos españoles?
Para Ecologistas en Acción la crisis económica es una oportunidad para transformar la civilización industrial y adoptar políticas que adopten una trayectoria distinta con respecto a los flujos de energía y materiales. El dinero público debe compensar a los países del Sur por la deuda ecológica generada, así como encaminar políticas económicas que se basan en criterios de justicia social y ambiental, solidaridad y sostenibilidad, lo que implica un decrecimiento económico.
Más información: Tom Kucharz 619 949 053 Luis González Reyes 626 682 685
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Abril 2009
Cuaderno de crisis/ 5
Albert Recio
Riesgo socializado
El nuevo plan Obama constituye la enésima aportación de capital público al mercado financiero. Es en parte una muestra del fracaso de anteriores planes de rescate a los bancos en los que ya se han gastado más de 335.000 millones de dólares. Ahora se trata de generar un mercado allí donde no existe o, mejor, de hacer que activos que ahora sólo se aceptarían de regalo acaben teniendo un precio positivo. La idea consiste, primero, en generar un fondo de activos tóxicos y, después, ofrecerlo a subasta a inversores privados que los podrán adquirir con créditos asegurados por el propio Gobierno. Si al final los activos no tienen valor, el estado carga con el coste. Si por el contrario los activos resultan menos tóxicos de lo esperado, los inversores devuelven el crédito y se quedan con las ganancias. Esto sí es una red de seguridad para ricos.
El diseño de esta política se basa en la presuposición (bastante más realista que los modelos escolares de competencia perfecta) que los agentes del mercado tienen información imperfecta y que toman decisiones basándose en datos no necesariamente los reales. En este caso se supone que la falta de información fidedigna sobre el valor de estos activos retrae a los potenciales inversores. Éstos pueden temer que el valor real sea cero y no están dispuestos a correr el riesgo de perder toda la inversión. El aseguramiento rompe esta limitación al trasladar el riesgo al Estado: comprando sólo pueden ganar. Se generan incentivos positivos y la compra de estos activos ayuda a limpiar los balances bancarios. Si la cosa sale bien, esos inversores harán un buen negocio sin riesgo, los bancos mejorarán su situación financiera sin coste para sus propietarios y el sector público recuperará el coste con la devolución de los créditos. Si sale mal, serán las cuentas públicas las que correrán con todos los costes de la operación, los inversores privados no tendrán que asumir costes y la banca en todo caso queda librada de esta carga financiera. En resumen, todo el riesgo para las cuentas públicas.
Esta transmisión del riesgo del sector privado al público, especialmente en cuestiones financieras, ha sido una constante del periodo neoliberal. De hecho toda la historia de la deuda externa es una historia de este tipo. En muchos países en desarrollo se impuso a los gobiernos locales que se hicieran cargo de la deuda privada. Y aún allí donde la deuda era pública toda la negociación iba encaminada a garantizar la recuperación de todo el dinero (con intereses) de los acreedores. Una situación completamente diferente de las suspensiones de pagos mercantiles, donde la empresa con problemas financieros obtiene una rebaja sustancial de sus deudas (el riesgo se reparte entre acreedores y deudores). Lo que antes se consideraba una expresión del imperialismo dominante en las relaciones entre países ahora se advierte como un rasgo más sistémico del capitalismo neoliberal. La sistemática traslación del riesgo financiero al sector público apelando a las urgencias de las situaciones de emergencia y al doble tabú de que hay que impedir a toda costa la quiebra bancaria y de que es inadecuada la nacionalización de la banca (al menos como modelo estable: otra cosa son las nacionalizaciones de emergencia como las que se están dando a diario). Al menos, tenemos razones suficientes para erradicar el argumento de que el origen de los beneficios es el riesgo, especialmente en el caso del riesgo financiero.
La inequidad es flagrante cuando se compara la protección enorme de estos intereses financieros con la que están corriendo las pensiones privadas a las que se ha forzado a participar a buena parte de las clases medias asalariadas. Después de años de propaganda masiva y de políticas fiscales en pro de los planes de pensiones privados, después de años de escuchar la quiebra segura de los sistemas de pensiones públicas de reparto, la Unión Europea acaba de reconocer que lo que realmente está en peligro son los planes privados. Ya hay mucha gente cuyo banco le ha informado de una caída sustancial del valor de su plan de pensiones, como resultado del carácter especulativo de una gestora que prometía alta rentabilidad. Y es que si alguien actúa con información deficiente en el mercado es sin duda el “inversor” de un plan de pensiones privado. Lo que nos da nuevas razones para defender los sistemas de reparto, que no sólo son más seguros sino que son relativamente fáciles de adaptar por medio de decisiones políticas relativamente sencillas.
Esta traslación de riesgo al sector público tiene dos efectos netos evidentes. A corto plazo, aumenta el endeudamiento público, lo que puede ir en detrimento de otras fórmulas de endeudamiento más capaces de generar empleo, o incluso puede justificar políticas de recorte del gasto público similares a las de muchos países en desarrollo. A largo plazo, este endeudamiento se convierte en una obligación de pago del conjunto de la ciudadanía hacia los tenedores de títulos de la deuda. Es bastante posible que estos tenedores acaben siendo los mismos bancos que han recibido ayudas: en tiempos de gran incertidumbre siempre parecerá más segura la inversión en títulos de Estados solventes que el riesgo de un crédito privado. El plan de salvamento que libera a los bancos de sus productos tóxicos es, al mismo tiempo, una vía de servidumbre permanente de la ciudadanía respecto al sector financiero. No sólo les libera de sus responsabilidades pasadas, les concede ingresos garantizados para el futuro. Como señala acertadamente Michel Hudson en la última entrega de Sin permiso (“El verdadero escándalo de AIG”) el tema de los pagos millonarios a los altos directivos de la aseguradora es sólo el chocolate del loro de una transferencia escandalosa de rentas a un sector financiero depredador.
En este sentido el plan Obama es ciertamente peculiar. A diferencia de la mayoría de países donde la intervención corre a cargo bien del erario público directamente o en forma de avales públicos, bien de los fondos de garantía establecidos por el sector público desde hace años (como el Fondo de Garantía de Depósitos español), en el caso de Estados Unidos gran parte del dinero sale de la emisión de dólares por parte de la Reserva Federal. Para cualquier otro país esto puede ser imposible, pues nadie acepta divisas de países que están emitiendo dinero a lo loco. Para EE.UU., en cambio, el hecho de que el dólar sea la moneda internacional y que todo el mundo este dispuesto a aceptar dólares estadounidenses, le concede un privilegio que le dota de una importante capacidad de extender el riesgo hacia los tenedores de dólares del exterior (mayoritariamente los países del Este asiático). A corto plazo incluso es posible que esta emisión masiva se traduzca en una caída del tipo de cambio del dólar respecto a otras monedas que actúe de facto como una política proteccionista estadounidense. El imperio americano está tocado pero tiene aún muchos mecanismos de sostén. Especialmente si se compara con una Europa dominada por una ortodoxia monetarista y una incapacidad de acción colectiva que ya está generando una situación de verdadero drama. Especialmente es su desgraciada “frontera” oriental, la de aquellos países que en pocos años han pasado del despotismo burocrático al despotismo del mercado neoliberal.
Si queremos evitar que la factura que nos pasan los ricos acabe por ahogarnos es necesario más que nunca generar voces, propuestas y movilizaciones serias que, cuando menos, generen un reparto más justo del riesgo.
Seat Como símbolo
Durante unos días el gran tema mediático de la crisis ha sido el referéndum de los trabajadores de Seat. Se apelaba a la responsabilidad sindical como un paso necesario para salir de la crisis. Y ya se sabe que lo que los media defienden como responsabilidad suele ser siempre la aceptación de rebajas salariales o peores condiciones salariales. Una responsabilidad que casi nunca se pide a los gestores de las grandes empresas privadas, a las que nunca se las valora por su capacidad de generar buenas condiciones de vida entre sus empleados.
Tal como se ha planteado la situación, parecía que la suerte de Seat, y con ella la de buena parte de la industria auxiliar que se mueve a su alrededor, dependía de que los trabajadores aceptaran el enésimo apretón de cinturón. Algo que resulta curioso si nos atenemos a la información sobre costes totales y laborales que manejan los delegados de CC.OO. y sobre las que baso esta nota. De acuerdo con esa información, el coste medio de un empleado en Seat es un 11,3% más bajo que el del conjunto del grupo Volskswagen, y sólo un 6% mas elevado que el de su fábrica “barata” Skoda. Cuando se contemplan los costes salariales unitarios (salarios por unidad de producto) la valoración es aún más favorable a Seat, ya que representan solo un 8,3% del coste del vehículo, frente al 12,5% del conjunto de Volkswagen y el 12,8% de Skoda (aunque los salarios son inferiores, como vende vehículos más baratos la repercusión de los salarios es mayor). Es cierto que en una industria con tantos procesos externalizados como la del automóvil los costes pueden fluctuar, pero no parece que a la luz de estos datos se pueda imputar a los costes salariales la responsabilidad de los problemas de Seat. Ni tampoco resulta evidente que el ahorro salarial aceptado por los trabajadores explique un cambio sustancial de costes. El ahorro que se obtiene con esta concesión salarial (unos 3 millones de Euros anuales) sería fácilmente alcanzable, y socialmente más soportable, con una rebaja en los bonus que reciben los altos directivos. Pero éste es siempre un tema intocable.
Ni la nueva concesión laboral ni las ayudas que está movilizando el sector público en la nueva apuesta por el Q3 garantizan el futuro de Seat y su industria auxiliar. De hecho la historia de la empresa ha estado sujeta en los últimos veinte años a los intereses de Volkswagen, primando no sólo consideraciones financieras sino también intereses de empleo en Alemania: cambios de la gama de modelos, de las líneas de comercialización han sido la otra cara de la presión por la flexibilidad, los recortes de salarios y las ayudas públicas. Y no parece que de ello hayan aprendido nada ni los responsables nacionales y autonómicos de política industrial ni algunos dirigentes sindicales. Quizás porque el efecto simbólico que tiene aún Seat en el imaginario colectivo de nuestros líderes es tan grande que éstos siguen pensando que apostar a toda costa por el fabricante de coches es lo único sensato.
La batalla de Seat es un símbolo claro de nuestras respuestas colectivas. Es ante todo el primer combate de la crisis donde se ha planteado y ha triunfado la idea que hay que seguir por la vía de renunciar a derechos a cambio de que sigan viniendo las beneficiosas multinacionales. Después del robo financiero viene el nuevo chantaje. Es también un símbolo de la incapacidad de alterar, al menos a corto plazo, el modelo productivo. Cuando éste ha mostrado su caducidad, cuando hace años que los mismos sindicatos propugnaban un cambio de modelo productivo (con argumentos bien elaborados, como se puede comprobar con la lectura de los Cuadernos de Gaceta Sindical fácilmente accesibles en la web de Comisiones Obreras) llega la crisis y lo único que moviliza es la defensa de lo de siempre. Quizás porque no existe una verdadera propuesta alternativa y también porque lo inmediato, la destrucción masiva de empleo, impide la respuesta a largo plazo (no sólo en el caso del auto sino también en el de la construcción). Y, por último, representa un símbolo de cómo abordarán los medios de comunicación los grandes debates socio-económicos: silenciando las opiniones disidentes (como les ha ocurrido en este caso a los sindicalistas de CC.OO. y CGT, como sucede a diario con las fundamentadas opiniones de los antinucleares).
Más allá de una congelación salarial, Seat expresa la congelación de la propuesta crítica. Es también una enseñanza para tratar de buscar alternativas, y maneras de defenderlas, que impidan que la crisis del neoliberalismo sea en verdad un derribo sobre nuestras cabezas.
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2/04/2009
OPINIÓN
Un coro que desafina
Juan Francisco Martín Seco, economista
Representantes del 70% de la población y del 80% del PIB mundial se dan cita en Londres. Aparentemente, cabría esperar que de una concentración de poder tan grande surgieran soluciones para la grave crisis económica que padecemos, pero lo cierto es que no se puede gobernar de manera asamblearia. Al igual que en otras ocasiones, todo quedará en mera declaración de intenciones y en propuestas muy generales, que cada país aplicará después a su modo. Aquí radica el problema y la causa última de la crisis: haber globalizado la economía y los mercados sin la presencia de un gobierno mundial que pueda regularlos.
Los países llegan a la Cumbre con pretensiones muy diferentes. EEUU coloca el acento en los planes de estímulo a la economía y en la necesidad de que todos los países colaboren. Pide, tan sólo, que se cumpla el acuerdo adoptado en la reunión anterior de que cada nación destine a esta finalidad el 2% de su PIB. Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), únicamente cuatro países (China, EEUU, Arabia Saudí y España) habrían aprobado un paquete de medidas de tal cuantía.
La Unión Europea, principalmente Alemania y Francia, se muestra reticente, y alega que los países europeos gozan de una protección social que no es comparable con la de EEUU y que genera, mediante los estabilizadores automáticos, una política expansiva no discrecional. Siendo esto cierto en buena medida, no lo es menos que, paradójicamente, Europa se ha convertido en adalid de una ortodoxia trasnochada, y resulta patético que, cuando la deflación es ya un hecho, el miedo a la subida de los precios continúe atenazando tanto al BCE, que mantiene una postura muy cicatera en la bajada de los tipos de interés, como a la Comisión y a los gobiernos, pendientes aún del Pacto de Estabilidad y paralizados por el déficit público.
Europa pretende que la Cumbre se centre en la regulación del sistema monetario internacional, lo que quizá resulte provechoso de cara a evitar que se vuelvan a repetir los errores y abusos pasados, pero sin demasiada utilidad para la tarea de salir de la crisis actual. Por otra parte, manteniendo la libre circulación de capitales y los mercados financieros globalizados, la regulación deviene poco menos que imposible con instrumentos e instituciones estatales, y es difícil que sin un gobierno mundial una institución internacional pueda actuar con verdadero poder, mucho menos si esa institución es el FMI, organismo totalmente desprestigiado.
Todos los participantes en la Cumbre condenarán el proteccionismo; la mayoría de ellos, no obstante, están adoptando posturas proteccionistas, ayudas a la industria del automóvil y a otros sectores, saneamiento de las entidades financieras, e incluso subida de aranceles. Pero es que, además, el llamado libre comercio entra en colisión con la diversidad en la regulación laboral y social, la multiplicidad de sistemas tributarios e incluso con la manipulación del tipo de cambio. Ello explica los enormes desequilibrios existentes en las balanzas de pagos, factor que sin duda se encuentra también en el origen de la recesión.
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3/04/2009
OPINIÓN
Desempleo y congelación salarial
Vicente Castelló Roselló. Profesor de la Universidad Jaume I de Castellón
Los sacrificios salariales deben ser distribuidos de manera equitativa, ya que los trabajadores y trabajadoras no son culpables de la actual situación de crisis económica. El problema de España no son los salarios, sino un nuevo modelo productivo.
Según
datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en marzo, el paro
registrado se sitúa en más de 3,6 millones de desempleados, con un
crecimiento sobre el mes anterior del 4,5% (123.000 personas) y del
56,7% en los últimos doce meses.
Si analizamos los datos del
conjunto del sistema de la Seguridad Social los ocupados afiliados
descienden en 54.489 (-0,3%) y más de 1,2 millones (-6,5%) en
términos interanuales.
Por sectores, en marzo, se producen las
mayores pérdidas en industria manufacturera (-30.678), comercio
(-23.181), construcción (-22.681), y actividades administrativas
(-14.884). Mientras destacan los aumentos en hostelería (16.116),
actividades sanitarias (14.067), educación (5.643) y Administración
pública (5.255).
Según opinión de diversos expertos la solución
para evitar el deterioro del mercado laboral se encuentra en la
congelación salarial, es decir, mantenimiento de salarios a cambio
de empleo. Para ello ponen de ejemplo los casos de empresas como
Clickair, Fagor, Adolfo Domínguez, Arcelor, Sony y recientemente
Seat que ha sido el caso más sonado mediáticamente.
A nuestro
juicio con la aceptación de la congelación salarial los
trabajadores están dando una muestra de gran responsabilidad. Aunque
entendemos que es una medida que no se puede ni debe extender en el
tiempo debido a que conlleva una reducción del poder adquisitivo de
los salarios, con nefastas consecuencias sobre el consumo, ya de por
sí, muy debilitado últimamente, -y sobre todo no debe convertirse
en ningún caso en norma general y ser aplicable en casos muy
puntuales-, es incuestionable que esta medida no puede realizarse en
aquellas empresas que están obteniendo beneficios.
En este
sentido el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, manifestaba, 'no
hay que extrapolar dicho modelo a ningún otro lugar'. Con esta
medida se puede obtener en el corto plazo ganancias de productividad.
Pero no debemos aspirar a competir vía salarios sino, todo lo
contrario, a través de la calidad y el valor añadido. Nuestra
estrategia debe ser un cambio de modelo productivo que apueste por
inversiones empresariales en innovación y nuevas tecnologías para
optimizar recursos y mejorar la productividad.
Por otro lado, si
uno de los problemas de los departamentos de recursos humanos es
intentar motivar a los trabajadores y trabajadoras, no podemos
olvidar que, en determinados niveles ocupacionales y profesionales,
la reducción salarial es muy fácil que se convierta en un gran
desmotivador de la fuerza de trabajo sobre todo cuando ahora se
espera, más que nunca, por la mayoría de las personas, que se fijen
límites a las altas retribuciones no transparentes de determinados
altos directivos.
Según Gordon Brown, primer ministro británico,
'la gente que ha trabajado duro para construir su empresa no entiende
por qué una compañía quiera recompensar el fracaso o cómo algunas
personas han creado una gran riqueza personal haciendo malas apuestas
con el dinero de otras personas'. Así, es difícil ser un buen líder
empresarial si se carece de honestidad y ética profesional
suficientes. Los sacrificios salariales deben ser distribuidos de
manera equitativa, ya que los trabajadores y trabajadoras no son
culpables de la actual situación de crisis económica. El problema
de España no son los salarios, sino un nuevo modelo productivo.
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30/03/2009
ENTREVISTA: SERGE LATOUCHE, economista y objetor del crecimiento
"El planeta necesita que cambiemos de modelo de vida"
"El decrecimiento no demoniza necesariamente Internet"
CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia -
Serge Latouche, profesor emérito de Economía de la Universidad de París-Sud (Orsay), es uno de los teóricos del decrecimiento, una propuesta que rechaza el crecer por crecer y la sociedad de consumo. Invitado por el Institut del Territori, Latouche alertó en una charla en Valencia sobre la sobreexplotación del planeta. Urge un cambio, por eso, para Latouche, "la crisis es una buena noticia".
Pregunta. Es un buen momento, estos tiempos de crisis, para las teorías del decrecimiento, ¿no?
Respuesta. Sí y no. Sí, porque la crisis económica se añade al desastre ecológico, lo que nos lleva a un shock terapéutico que exige otro sistema [de producción]. Y no, porque la reacción de todos los Gobiernos y los poderes económicos no es corregir sino reproducir el sistema actual; más industria de automoción y más cemento, lo que es una contradicción. Los Gobiernos los admiten, pero hacen lo contrario para evitar tensiones sociales y siguen impulsando los bancos, el capital...
P. ¿No es utópica su propuesta?
R. Es una revolución y toda revolución implica un cambio de mentalidad. Está mayo de 1968, que no fue violento. La gente salió a la calle a pedir otro modelo de vida. No fue un cambio tan espectacular como la revolución francesa, pero sí trajo transformaciones. El planeta necesita que cambiemos de estilo de vida.
P. ¿Hay alguien que pueda liderar este movimiento?
R. Los cambios no se producirán con las estructuras actuales, que son del XIX. Serán asociaciones, pero no necesariamente un partido político. Yo, al menos, no tengo intención de crearlo.
P. ¿Qué cambios prenderán?
R. La relocalización porque permite desmundializar, cuestiona los mercados financieros y encuentra un sentido diferente a la producción local y ecológica.
P. ¿Una vuelta al campo?
R. Una vuelta al campo, dicho así no. Pero sí creo que habrá una agricultura no productivista. No debe entenderse como un retorno al pasado, habrá que reinventar una agricultura más próxima, menos productiva y que use menos pesticidas y engordes químicos.
P. El paro es el gran drama de esta crisis. ¿Qué haría usted?
R. Los Gobiernos reimpulsan el crecimiento, lo que nos arroja de nuevo contra el muro. Hay soluciones fáciles como aumentar la población agrícola, reducir las horas de trabajo o potenciar el reciclaje. La industria de la automoción podría fabricar tecnología solar en lugar de coches.
P. ¿Cómo vive un objetor del crecimiento?
R. No hay que ser de una sobriedad masoquista. Pero yo, por ejemplo, no cojo el avión, prefiero el tren. Ir por la ciudad en coche es también bastante desagradable. Si cogemos la bicicleta, mejor. No me gusta beber el agua en botellas de plástico. Prefiero las biocooperativas a los grandes almacenes y cosas así.
P. ¿Está el decrecimiento reñido con Internet?
R. Los que han tenido una opción radical de volver al campo, ser autónomos y producir sus propios alimentos, todos tienen ordenador. El decrecimiento no demoniza necesariamente Internet.
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30/03/2009
OPINIÓN
Mal, Obama, mal
Juan Francisco Martín Seco, economista
Siempre
ocurre igual: cuando se choca con la economía, el progresismo se
termina. El plan Geithner, que plantea dedicar un millón de dólares
para salvar a la banca, es sustancialmente igual al que diseñó hace
seis meses Paulson. Como el Gatopardo, cambiemos algo para que nada
cambie. En ambos casos se trata de limpiar la basura de las entidades
financieras con el dinero de los contribuyentes sin recibir nada a
cambio. La única diferencia es que Geithner lo hace más alambicado,
suponiendo que tal vez así pase desapercibida su verdadera
naturaleza.
Comienza por llamar préstamos y títulos heredados a
los que hasta ahora se denominaban tóxicos, y continúa por dar
entrada en la operación al sector privado en condiciones muy
ventajosas. Curiosamente, los hasta ahora denostados hedge funds y
fondos de capital riesgo se convierten en los protagonistas y también
en los posibles beneficiarios del invento.
Las entidades
financieras podrán sacar a subasta sus préstamos y títulos tóxicos
(ahora heredados) y el precio lo fijarán los futuros inversores, que
sólo tendrán que aportar un euro por cada 14 de inversión –el
Tesoro pondrá otro y los 12 restantes serán garantizados por el
Fondo de Garantía de Depósitos–. El sistema es asimétrico, ya
que el inversor privado obtendrá el 50% de las posibles plusvalías,
pero su riesgo quedará limitado a poco más del 7% del precio
inicial, aquel en el que se ha rematado la subasta, asumiendo el
Estado la práctica totalidad de las posibles pérdidas.
Según el secretario del Tesoro de Obama, la razón de invitar al sector privado radica en que se precisa algún procedimiento para valorar esos activos tóxicos. La fórmula escogida es la de la competencia de los distintos inversores privados en la subasta. Subyace la creencia –un tanto arriesgada– de que esos activos, aunque ahora carezcan de compradores, tendrán en el futuro un valor mucho mayor. La apuesta, sin duda, es aventurada y sin fundamento, y carente de fundamento también es pensar que el verdadero valor de esos activos lo marca una subasta en la que los jugadores exponen muy poco y pueden ganar mucho. El precio de esos activos va a estar sobrevalorado, y resulta difícil entender por qué este es un precio más real que el que estarían dispuestos a pagar esos mismos inversores sin la muleta del Estado.
El camino correcto sería la nacionalización: abandonar a las entidades financieras a su suerte haciendo que administradores y accionistas pagasen los excesos pasados e intervenirlos in extremis, salvando a los depositantes y nacionalizando el banco, no temporalmente sino de forma definitiva. Se hace cuesta arriba comprender cómo, después de los desmanes cometidos por el sistema financiero –que todos estamos pagando–, se puede tener miedo a la nacionalización de los bancos. Únicamente el cautiverio ideológico al que el neoliberalismo económico nos tiene sometidos puede explicar tal cerrazón. Después de la crisis del 29, el sistema capitalista necesitó diez años de una terrible depresión para despertar de su letargo e introducir mecanismos de corrección. Esperemos que ahora se precise menos tiempo.
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31/03/2009
¿Qué es peor, la crisis o la gestión de la crisis?
Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencias Políticas
La intervención de la Caja de Castilla-La Mancha es un cañonazo en la línea de flotación del barco gubernativo de gestión de la crisis, que se basaba en la seguridad de que el sistema financiero español estaba a salvo a causa de la vigilante política del Banco de España, que obligaba a provisionar siempre suficientemente para reducir riesgos. Tal era la seguridad, que España proponía su modelo como ejemplo a imitar en otros países. La caída de la CCM muestra que aquella seguridad era infundada y abre la vía a la sospecha de que en España no ha habido casi infección con activos tóxicos procedentes del extranjero porque ya tenemos los propios, generados en la burbuja inmobiliaria patria, y que además no estaban vigilados.
En su comparecencia a raíz de la fulminante intervención dominical, Solbes quiso tranquilizar a mercados e inversores asegurando que no era una situación extrema, que no había un problema de descubierto sino una coyuntural falta de liquidez de la entidad que se corregirá con el aval de hasta 9.000 de euros por Real Decreto Ley. Es asombrosa la falta de sentido común de los políticos. Un gobierno forzado a reunirse en Consejo de Ministros un domingo por la tarde para aprobar un Real Decreto Ley trataba obviamente de evitar un pánico bancario en la CCM el lunes por la mañana. Porque lo que el Gobierno no había dicho es que la intervención se acordó a la vista de una demanda de retirada de depósitos con carácter galopante. Y, junto a la intervención, la destitución de los cargos directivos de la caja, de plena confianza del partido en el Gobierno en Castilla La Mancha. Todo ello normal en un domingo por la tarde.
La urgencia del momento no debiera ser óbice para que el Gobierno explique por qué ha mantenido el discurso tranquilizador hasta el último momento, si es que no vio los signos de riesgo de la burbuja inmobiliaria, o los vio pero no quiso hacerles frente y, si es así, por qué. No se trata de buscar hipotéticos culpables que carguen con el sambenito de mala gestión de la crisis, sino de averiguar por qué un Gobierno que ya reaccionó tarde y mal a los primeros avisos de crisis ha vuelto a hacerlo en un desarrollo negativo posterior para el que ya debería estar preparado.
En el caso de la Caja de Castilla-La Mancha hay dos cuestiones que se plantean al unísono, uno referido al origen inmediato del problema y el otro al mediato. El inmediato presupone averiguar qué volumen de negocio tenía la caja atrapado en el ladrillo y qué volumen tienen las demás cajas, algo que será imprescindible aclarar si se quiere garantizar la supervivencia del sistema. El mediato cuestiona la forma de gobierno de las cajas en España con el predominio de la gestión política, cuyo peligro puede observarse en la delirante pugna que ha abierto doña Esperanza Aguirre por el control de Caja Madrid, poniendo en peligro la estabilidad de la cuarta institución financiera del país.
Y, finalmente, la última cuestión que está en el ánimo de todos pero nadie quiere plantear abiertamente: ¿puede saltar el problema de las cajas a la banca comercial?