Información y documentación sobre política ambiental, recogidas de diversas publicaciones periódicas y puestas a vuestra disposición por el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida
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Información y documentación sobre política ambiental, recogidas de diversas publicaciones periódicas y puestas a vuestra disposición por el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida
20090329
AFEMA Revista de prensa
Índice de contenidos
26/03/2009
El metro de Sevilla se inaugurará el 2 de abril tras cinco años de obras
2 EL PAÍS Andalucía
25/03/2009
Contrato de 43 millones para los convoyes del tranvía de Cádiz
3 ABC
24/03/2009
El tranvía resurge en España, como medio de transporte público frente al metro
4 EL PAÍS Galicia
27/03/2009
Los metros de Vigo y A Coruña costarán 630 millones
5 LA VOZ DE GALICIA
24/03/2009
Salva o Tren pide a Núñez Feijoo que se mantengan las cercanías
6 LA VOZ DE GALICIA
24/03/2009
Santiago se suma a la comisión a favor del tren de cercanías entre la capital y Vilagarcía
7 LA TRIBUNA DE ALBACETE
23/03/2009
IU de Hellín se muestra a favor del incremento de la actividad ferroviaria
8 ÁVILA DIGITAL
23/03/2009
La Plataforma del Ferrocarril de Ávila y el PSOE acercan posturas
9 EL PERIÓDICO DE CATALUÑA
24/03/2009
La protesta de usuarios de Renfe destapa las limitaciones de la red
10 VÍA LIBRE
24/03/2009
Comienzan las obras para eliminar las vibraciones y ruidos en un tramo de Cercanías de Madrid
11 LA VOZ DE CÁDIZ
24/03/2009
IU denuncia que la línea de alta velocidad de Cádiz nace «saturada»
12 LA VERDAD
24/03/2009
Los Verdes de Torrevieja demanda al Ministerio que acerque el tren a la costa
13 VÍA LIBRE
25/03/2009
Comparación medioambiental entre la tracción eléctrica y diésel en el ferrocarril
14 ConBici
27 de marzo de 2009
Alguna
cosa se empieza a mover con respecto a la bici y el tren
15 AMBIENTUM
25/03/2009
Zaragoza contará antes del verano con 700 bicis públicas
16 AMBIENTUM
24/03/2009
Las bicis públicas de Barcelona celebran su segundo cumpleaños
17 EL PAÍS Galicia
27/03/2009
El perito clave del 'Prestige' cobró 156.000 euros por el informe judicial
18 EL PAÍS
26/03/2009
La juez del 'Prestige' exculpó a Fomento por un informe de un asesor del Gobierno
19 EL PAÍS Galicia
26/03/2009
El auto sobre el 'Prestige'
20 CANAL SOLIDARIO
23/03/2009
La situación del mundo 2009: El mundo ante el calentamiento global
21 Ecologistas en Acción
26 de marzo de 2009
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VALORA POSITIVAMENTE LA RESOLUCIÓN DEL
22 EL PAÍS
27/03/2009
La Eurocámara pide congelar fondos para España por el urbanismo salvaje
23 EL PAÍS Comunidad Valenciana
27/03/2009
Otro golpe de Europa al modelo valenciano del urbanismo salvaje
24 Ezquerra Unida – Izquierda Unida del País Valencià
26/03/2009
EU EXIGE QUE EN APLICACIÓN DEL INFORME AUKEN NO SE APRUEBE DE FORMA DEFINITIVA EL PLAN RABASSA
25 Ezquerra Unida Alacant – Izquierda Unida de Alicante
24/03/2009
EU RECHAZARÁ EN LAS ALEGACIONES QUE PRESENTARÁ AL PRI DE SANGUETA LAS TORRES DE GRAN ALTURA Y EL MACROAPARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PREVISTO
26 EL PAÍS Comunidad Valenciana
27/03/2009
La importación y la exportación caen un 20% en un año en el puerto de Valencia
27 Comisiones Obreras
26 de marzo de 2009
CCOO reclama medidas más contundentes para mitigar el cambio climático
28 Ecologistas en Acción de Guadalajara
24 de marzo de 2009
Recurso de alzada al Plan de Carreteras de Diputación
29 Ecologistas en Acción de Segovia
29 de marzo de 2009
Desaconsejan cualquier iniciativa urbanizadora en el monte El Pelayo
30 Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid
29 de marzo de 2009
El Distrito Norte de Alcorcón, la crisis y el Informe Auken
31 Ecologistas en Acción de Aragón
29 de marzo de 2009
Se reclaman más medios en los órganos de participación de control urbanístico
32 Ecologistas en Acción
24 de marzo de 2009
Nace
la coordinadora de organizaciones contrarias a la energía nuclear
33 Ecologistes en Acció del País Valencià
29 de marzo de 2009
Incidente en la nuclear de Cofrentes sin comunicación al CSN
34 Ecologistas en Acción
28 de marzo de 2009
LAS NUCLEARES, A MITAD DE POTENCIA
35 PÚBLICO
28/03/2009
La fiebre del uranio ha comenzado
36 Ecologistas en Acción de Guadalajara
25 de marzo de 2009
Satisfacción por la prohibición de extraer uranio en Mazarete
37 Ecologistas en Acción de Almería
25 de marzo de 2009
Declaraciones desafortunadas del CIEMAT sobre Palomares
38 AMBIENTUM
27/3/2009
Suelos públicos para paneles solares privados
39 EL PAÍS
28/03/2009
España lidera el renacer termosolar con 3.000 millones de inversión
40 EL PAÍS
28/03/2009
Las eléctricas exportan luz pese al parón de tres nucleares
41 EL PAÍS Comunidad Valenciana
28/03/2009
La continuidad del transvase Tajo-Segura es el único consenso entre PP y PSPV
42 Ecologistas en Acción de Cádiz
27 de marzo de 2009
La Consejería de Medio Ambiente consagra una gestión insostenible del agua
43 EL PAÍS Galicia
26/03/2009
Imputados dos directivos de Ferroatlántica por la muerte de miles de peces
44 PÚBLICO
26/03/2009
El derecho humano al agua
45 Ecologistas en Acción del Puerto de Santa María
26 de marzo de 2009
No más inútiles regeraciones de playas
46 Grupos Autogestionados de Konsumo, GAK
26/03/2009
Soberanía Alimentaria y Consumo Responsable
47 Ecologistas en Acción
26 de marzo de 2009
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIA LA EXISTENCIA DE ACTIVIDAD FURTIVA ORGANIZADA A DISTINTAS ESCALAS EN ESPAÑA
48 EXPANSIÓN
27/03/2009
Cada empleo verde creado destruye 2,2 puestos en el resto de la economía
49 Ecologistas en Acción de Madrid
28 de marzo de 2009
No pagaremos vuestras crisis capitalistas
50 PÚBLICO
26/03/2009
El retraso social de España
51 GANAS DE ESCRIBIR
29/03/2009
50 píldoras para entender la crisis
52 EL PAÍS
27/03/2009
¿Por qué hay tanta corrupción en España?
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26/03/2009
El metro de Sevilla se inaugurará el 2 de abril tras cinco años de obras
El suburbano abrirá 24 horas en la Madrugá y durante la semana de Feria
JUAN MÉNDEZ - Sevilla -
Casi 35 años después de proyectado y legislado (Ley 37/1975), el próximo jueves día 2 arrancará a funcionar la primera línea del metro de Sevilla. A las 14.00 horas del jueves previo a la Semana Santa, los sevillanos podrán disfrutar del primer metropolitano construido en Andalucía, que ha sufrido décadas de retrasos, y una dificultosa construcción a lo largo de los últimos cinco años. Durante la Madrugá sevillana el metro estará abierto las 24 horas y también la semana de Feria.
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Luis García Garrido, anunció ayer la fecha más deseada para muchos sevillanos, que esperan mejorar su movilidad con la entrada en servicio del metro, y que aspiran a ver aliviado el tráfico entre las dos áreas metropolitanas que conecta con la ciudad con esta la línea 1: el Aljarafe y Montequinto.
A las 14.00 del próximo jueves está previsto que Manuel Chaves corte la cinta que dará paso al nuevo servicio público, cuyas obras comenzaron en enero de 2004, y aún están por concluir, con un presupuesto estimado en torno a los 600 millones de euros. La línea se estrenará con 17 de sus 22 estaciones habilitadas -faltan por concluir las de Puerta Jerez, Montequinto, Europa y Olivar de Quintos, además de la intermedia Guadaira-, y se prevé que esté en total funcionamiento el próximo verano.
El anuncio realizado por García Garrido fue acompañado de un vídeo en el que muchos de los sevillanos que han padecido las obras durante estos cinco últimos años, y que ya han visitado las instalaciones, daban su opinión sobre el nuevo transporte. La imagen de una joven embarazada en 2004 abría los comentarios sobre los inconvenientes de la obra de la calle San Fernando, en pleno corazón de Sevilla. Más tarde, ya con su hija caminando de su mano, la mujer elogiaba el metropolitano sevillano, que cuenta con las tecnologías más avanzadas en este tipo de transporte ferroviario.
Para el próximo sábado día 28 está prevista una última jornada de pruebas, en la que unos 2.000 ciudadanos previamente concertados, harán un simulacro de uso normal de la línea, que discurre a lo largo de 18 kilómetros, atraviesa el río sobre un viaducto y la dársena del Guadalquivir bajo un túnel subterráneo a más de 26 metros de profundidad. Se estima que el metro recibirá anualmente a 14,5 millones de viajeros.
Desde que comenzaron las pruebas, los trenes han recorrido 115.000 kilómetros y se han efectuado 248 pruebas de los sistemas de control, señalización, electrificación y comunicaciones. García Garrido anunció que el día 2 el metro será gratis para el que quiera ir de estreno, aunque recordó que tendrán que comprar un tique o bono de acceso, que le servirá para otro día. "Vamos a disfrutar de un servicio seguro y de gala", concluyó.
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25/03/2009
Contrato de 43 millones para los convoyes del tranvía de Cádiz
EL PAÍS - Sevilla -
El Gobierno andaluz ha autorizado a Ferrocarriles de la Junta a firmar un contrato con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) para el suministro del material móvil del Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, que supondrá un total de 43,3 millones de euros.
El contrato implica la fabricación de siete unidades y su mantenimiento durante cinco años y está previsto que los vehículos, que se entregarán en 22 meses, circulen como tranvía de plataforma baja en los trayectos urbanos de Chiclana y San Fernando y como tren con diferente altura de andenes en el recorrido de las estaciones de cercanías de Cádiz.
Cuando esté en marcha, antes de final de esta legislatura, el proyecto contará con espacios adecuados para personas con movilidad reducida. Según explicó el consejero de Obras Públicas y Transporte, Luis García Garrido, el nuevo material se montará y ensamblará en la planta de CAF en Linares (Jaén) y tendrá ancho de vía ibérico.
También estará dotado de los mecanismos para su adaptación al ancho internacional, una característica técnica con la que no cuenta ningún tranvía en Europa.
Para poder realizar el trayecto interurbano hasta la capital gaditana aprovechando la actual línea férrea Madrid-Cádiz, las unidades pasarán un control de homologación por parte del ente público estatal Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
El contrato autorizado abarca la realización del proyecto, la fabricación del material y su suministro y puesta en servicio.
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24/03/2009
El tranvía resurge en España, como medio de transporte público frente al metro
El tranvía circula en nueve ciudades y en otras 10 está en proyecto. Esta es una alternativa de transporte público con menores costes de construcción, ya que un kilómetro de metro supone una inversión de 75 millones de euros, mientras que uno de tranvía es cinco veces menor.
ABC
El tranvía ha hecho boom. Y es que no hay dinero para presumir de metro. Pocas comunidades autónomas (y ayuntamientos) pueden permitirse el lujo de invertir los 75 millones de euros que se necesitan para construir un kilómetro. Mucho menos en medio de la recesión que colapsa la economía. En su lugar, prefieren gastarse sólo los 15 millones, cinco veces menos, que bastan para construir uno de tranvía.
España se ha bajado del metro, al menos momentáneamente, para subirse a un vagón que circula por la superficie del centro de las ciudades, paralelo a los coches y a los viandantes, ocupa menos espacio urbano, los coches invaden 20 veces más la calle que un tranvía, y consume menos energía que cualquier transporte público y, por supuesto, que los automóviles.
Un coche supone un 57% más de consumo energético por pasajero y kilómetro que este transporte público, según un informe elaborado por el líder mundial en soluciones de transporte Bombardier, al que ha tenido acceso este diario.
Dicho de otra manera, existen ya 142,6 kilómetros de vías españolas para tranvías, además de los 148,2 kilómetros proyectados. Nueve ciudades disponen de él y otras 10 se sumarán en breve a este negocio. Alicante y Barcelona lideran el ranking con más kilómetros de vías, 32 y 29, respectivamente, además de ser los más antiguos, con más de seis años en el caso alicantino.
Por detrás están Valencia, Tenerife, Parla (Madrid), Vitoria, Bilbao y Sevilla. Dos de ellas cuentan ya con metro -Valencia y Bilbao- y el de Sevilla está a punto de inaugurarse, después de los retrasos que ha supuesto la aparición de un socavón en el trayecto. Alicante, Valencia y Sevilla buscan ampliar su número de líneas y prolongar la existente, como es el caso sevillano.
No obstante, el grueso del negocio lo aportarán Córdoba, La Coruña, Granada, Cádiz, Zaragoza, Palma de Mallorca, Murcia, Toledo, Jerez de la Frontera (Cádiz) y León, que son las ciudades que aspiran a tener tranvía. En total, cerca de 150 kilómetros, donde aparecerá también el metro ligero, o lo que es lo mismo, un tranvía cuya vía es exclusiva para el paso del transporte ferroviario y no puede ser cruzada por otro tipo de vehículo. Granada, Murcia y Cádiz trabajan ya en sus respectivos metros ligeros.
¿Qué hay detrás de la construcción de un tranvía? ¿Es rentable para todas las ciudades? Son dos los principales argumentos que defiende un Ayuntamiento a la hora de elegir el tranvía en lugar del metro. Primero, es más barato, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como de la señalización, las estaciones o los propios vagones. Y segundo, el número previsto de pasajeros a transportar.
La construcción de un tranvía depende de la cantidad de personas que lo usarán. De hecho, esto se ha convertido también en una vara de medir a la hora de tomar una decisión sobre el medio de transporte a implantar en una ciudad. Cuando la previsión supera los 20.000 pasajeros por hora, la opción idónea es el metro. Sin embargo, si esta cifra se reduce a una horquilla comprendida entre las 10.000 y las 15.000 personas, la decisión más correcta es construir un tranvía.
El quid es cuando no hay necesidad de transportar más de 5.000 ó 6.000 pasajeros por hora. En este caso, el autobús es el medio indicado para solucionar la movilidad urbana. Con este escenario de fondo, lo que está claro es que cuando una ciudad tiene un millón de habitantes necesita un metro, según los estudios de los fabricantes de la industria ferroviaria.
El problema se produce cuando el número de personas a transportar queda fuera de esos márgenes. En estos casos, antes de invertir, el gobierno de turno deberá cerciorarse de otra serie de factores que determinan la construcción de un tranvía. Desde las previsiones de desarrollo y crecimiento de la ciudad, hasta la orografía del terreno o la facilidad al realizar el proyecto, es decir, la posibilidad de encontrar restos arqueológicos al excavar una galería subterránea.
Pese a estos inconvenientes, lo que está claro es que el mercado tranviario se ha convertido en el sector más prometedor de la industria ferroviaria, junto con los trenes de alta velocidad. Dejó de ser aquel vehículo tirado por mulas a finales del siglo XIX, para convertirse en una solución a la galopante urbanización que inunda las ciudades españolas y a las estrictas limitaciones ambientales. En los últimos 20 años, este mercado ha pasado de tener 300 sistemas tranviarios a nivel internacional, a más de 500 en operación o en fase de construcción, además de los que se encuentran en fase de proyecto.
Un filón para el sector
La patronal europea de industrias ferroviarias, conocida como Unife, advierte de que el negocio del tranvía crecerá un 3,7% anualmente en los próximos 10 años. Esta tasa se encuentra, incluso, por encima de la prevista para los trenes de alta velocidad, que será de un 3,6%. Es evidente que el dinamismo se ha apoderado de este mercado, que llega a mover ya más de 3.800 millones de euros y se ha convertido en un filón para los fabricantes de trenes.
El boom que está experimentado el tranvía en España no ha pasado desapercibido para los gigantes europeos de la industria ferroviaria. Bombardier y Alstom se disputan los nuevos proyectos y compiten por ser los primeros en colar su producto estrella en las ciudades españolas: el tranvía sin catenaria. Es decir, suprimir las instalaciones metálicas que presiden el paso de los trenes y que transmiten potencia eléctrica a las locomotoras, y sustituirlas por baterías a bordo de los vagones o equipos instalados en el suelo, que son las alternativas que ofrece Alstom y que ya funcionan en Niza y Burdeos.
La última sorpresa surgió de la mano de Bombardier. El fabricante canadiense y alemán está probando en sus talleres de Bautzen, en Alemania, cómo transferir energía inductiva (es decir, sin contacto eléctrico) al tranvía, para eliminar la catenaria. Caf también está desarrollando un sistema similar.
En este caso, los componentes de potencia eléctrica están bajo las vías y el vehículo, y funcionan como un transformador. Un campo magnético hace que la energía se acumule en la infraestructura, convirtiéndose después en electricidad y permitiendo que el tranvía funcione. Este sistema cuenta con equipos de almacenamiento colocados en el techo del tranvía. Cuando el vehículo frena, almacena la energía que produce el frenado para utilizarla después en las aceleraciones. La tecnología Primove de Bombardier permite circular a 40 kilómetros por hora.
El año pasado, la mitad de la población mundial vivía en las ciudades. La previsión es que esa cifra se duplique en 2050 y que el 70% de los habitantes del mundo sean urbanos. El mercado está abierto.
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27/03/2009
Los metros de Vigo y A Coruña costarán 630 millones
EL PAÍS - Vigo -
Los metros de Vigo y A Coruña, con un coste de 630 millones de euros, tienen todavía un largo camino por recorrer. Ayer la Consellería de Política Territorial dio un paso más en su desarrollo al someter a información pública los estudios de viabilidad, que pueden consultarse en la sede de los servicios provinciales de Transportes.
La propuesta incluye, para el metro coruñés, tres líneas: Monte Alto, Praza de Pontevedra, Estación de Autobuses, Universidade; Os Rosales, Estación de Autobuses y Os Rosales-Praza de Pontevedra. Aprovechando las cocheras actuales del tranvía turístico, la infraestructura tendrá 13 kilómetros y 31 paradas.
En el caso de Vigo, más costoso y complicado por su orografía, la construcción de un metro se plantea en dos fases. La primera conectaría Samil con la Avenida de Europa, Castelao, Rúa Coruña, Torrecedeira, Pi Margall y Policarpo Sanz hasta Urzáiz. Otra iría por el vial de la Universidade hasta Balaídos, Fragoso y Plaza de América.
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24/03/2009
Salva o Tren pide a Núñez Feijoo que se mantengan las cercanías
El PP se había manifestado a favor de la continuidad de la línea en la comarca
Susana Luaña - PONTEVEDRA
La plataforma Salva o Tren, que defiende la continunidad del servicio ferroviario de cercanías al margen de la puesta en marcha del tren de alta velocidad, pedirá al próximo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que haga realidad los compromisos mantenidos en la oposición, cuando el PP se postuló a favor de la permanencia de ese servicio.
Salva o Tren recuerda que en septiembre del 2008, el PP presentó en el Parlamento una proposición de ley relativa a la implantación de los trenes de cercanías, y que en noviembre se debatió en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley en comisión sobre la variante de Portas, presentada también por el PP, y en la que el partido que lidera Núñez Feijoo instaba al Parlamento de Galicia a solicitar al ADIF «que poña todos os medios a seu alcance que impidan o peche e posterior desmantelamento deste tramo», así como «instar a Renfe para que manteña os servizos de media distancia que actualmente efectúan a súa parada en Portas, así como a mellora de calidade dos servizos ferroviarios».
Petición de entrevista
Y como los promotores de esta iniciativa quieren que se recupere el servicio cuanto antes en esa parada, con el Gobierno de Touriño aún en funciones, ellos ya han solicitado una entrevista a Núñez Feijoo como presidente de la Xunta de Galicia con un orden del día en el que fijan cuatro puntos.
El primero se refiere a esas iniciativas planteadas por el Partido Popular en la oposición sobre la recuperación del servicio ferroviario en la estación de Portas, incluso con un calendario de paradas que afectarían a seis trenes. En segundo lugar, reclaman medidas «paliativas» respecto de los demás tramos afectados, «al objeto de mantener el servicio de las estaciones que todavía quedan en funcionamiento», y en las que incluyen las de Pontecesures y Catoira, en Arousa.
Otro asunto que Salva o Tren quiere tratar con el futuro presidente de la Xunta tiene que ver con la planificación y estudio del futuro servicio de cercanías para Galicia, «combinando la infraestructura del AVE, la del tren normal e incluso planificando nuevas líneas de cercanías en zonas en donde a día de hoy no existe este servicio», dice el escrito.
La plataforma recoge otro asunto que ya tramitaba el bipartito pero que se dilitaba en el tiempo, el de la transferencia de las competencias ferroviarias a Galicia una vez que estén funcionando los servicios de cercanías, así como las actuaciones necesarias para la creación de un ente gestor ferroviario gallego que se responsabilice de aquellas líneas que no sean competencia del Estado, para crear en Galicia un verdadero servicio de cercanías que, al margen de las grandes líneas, permita conectar por tren las principales poblaciones.
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24/03/2009
Santiago se suma a la comisión a favor del tren de cercanías entre la capital y Vilagarcía
La Voz - SANTIAGO
La Asociación de Amigos del Ferrocarril y representantes de los municipios situados en el itinerario del ferrocarril de Santiago a Vilagarcía obtuvieron en Raxoi el respaldo del alcalde de Santiago a esa línea de cercanías, la primera que se puso en marcha en Galicia. El edil de Transportes, Carlos Nieves, quedó comisionado para participar en las iniciativas encaminadas a velar por la implantación de dicho servicio, que tendría continuidad hacia el aeropuerto. «Santiago merece ter o seu proxecto de cercanías», refiere el concejal de Pontecesures, Luis Sabariz.
En la reunión se abordó asimismo la conveniencia de preservar las escalinatas y el edificio central de la estación de Santiago, sin necesidad de hipotecar la gran estación del AVE. La propuesta que planteó en Raxoi la Asociación de Amigos del Ferrocarril es que las instalaciones actuales estén destinadas a cercanías y metro ligero.
Carlos Abellán, presidente de dicha entidad y de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril, considera que debe nombrarse a un arquitecto de prestigio para el proyecto de la gran estación que merece la capital de Galicia. Al propio tiempo opina que el actual entramado tiene unas características arquitectónicas importantes y puede haber una compatibilidad de servicios. En todo caso, Abellán propone un debate sobre el futuro complejo ferroviario del Hórreo.
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23/03/2009
IU de Hellín se muestra a favor del incremento de la actividad ferroviaria
Morcillo insta al alcalde a pedir un aumento de las paradas de trenes
ÁNGEL ROMERO
Izquierda Unida se ha unido a las opiniones que solicitan la adopción de medidas por parte de Renfe para que se pueda potenciar la utilización del tren por parte, no sólo de los ciudadanos hellineros, sino también del resto de habitantes de la comarca, facilitándoles la posibilidad de acceder a este medio de transporte en una forma que sea lo más positiva posible, una circunstancia que en estos momentos no se puede realizar ante las paradas de trenes con dirección a Madrid y Murcia que se encuentran establecidas.
El concejal de esta formación política, Francisco Javier Morcillo, ha manifestado su total identificación con la propuesta planteada días atrás por el sindicato Comisiones Obreras, que en su reciente visita al alcalde hellinero le ha solicitado su mediación para que se pueda incrementar el número de paradas de los trenes que circulan hacia o desde Madrid.
Morcillo considera que es necesario también potenciar las comunicaciones a través de automotores, o, lo que antes se conocían como trenes regionales, entre Albacete y Murcia, especialmente para que los estudiantes puedan utilizarlos, mostrándose convencido de que tendrían rentabilidad.
«Es lamentable que una persona deba coger su coche para ir hasta Albacete y desde allí tener comunicaciones idóneas con Madrid -continuaba manifestando- la situación existente en estos momentos no se puede consentir. En Hellín siempre ha existido la costumbre de coger el tren para muchos desplazamientos, además de que es mucho más rentable en el caso de que viaje una persona sola que utilizar el automóvil».
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23/03/2009
Coinciden en su interés por superar las carencias del tren en la provincia
La Plataforma del Ferrocarril de Ávila y el PSOE acercan posturas
Pablo Garcinuño
La Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de Ávila y el PSOE en Castilla y León han acercado posturas y ambos coinciden en señalar que existen carencias en el servicio ferroviario de la provincia que es necesario solucionar.
A este punto de encuentro han llegado después de celebrarse, en la tarde del lunes, una reunión que había sido solicitada por la propia plataforma abulense. Ahora existe el compromiso de ambas partes de “continuar con estas reuniones e intentar trabajar para tener una reivindicación común”, señala Ricardo del Val.
Reivindicación común
“Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en que hay una necesidad de mejorar el servicio y de urgir al Ministerio de Fomento a que tome decisiones porque ya es momento de que a Ávila se le enseñe el futuro ferroviario”, aseguraba tras salir de la sede del PSOE el representante de CCOO y portavoz del colectivo abulense. También ha insistido en la necesidad de mantener una reunión con los responsables ministeriales.
Acompañado por Mercedes Martín, dirigente provincial del partido; el secretario de Organización del PSCyL, Pedro José Muñoz, ha señalado que ya se han dado a conocer dichas peticiones al Gobierno nacional, pero ha insistido en la necesidad de alcanzar “una reivindicación que sea única para intentar todos apoyarla y no disgregar el mensaje”. “Si nos pusiéramos de acuerdo, desde luego sería mucho más fácil –continúa-, pero en cualquier caso, si esto no se llevara a cabo, nosotros vamos a seguir trasladándole al Ministerio la necesidad de que se apueste por Ávila porque no merece quedar discriminada”.
En opinión de Muñoz, “la solución pasa por unos trenes y materiales modernos, y por una línea que sea competitiva en tiempo”, lo que englobaría a las conexiones con Madrid, Salamanca y Valladolid.
El socialista se ha comprometido a realizar un nuevo encuentro con la plataforma en un “doble sentido”. Por un lado, “que nos trasladen los problemas de funcionamiento y operatividad del servicio ferroviario”, y por otro, “que tengamos un planteamiento razonable entre todos para poder trasladarlo al Ministerio”.
Superar las discrepancias
“Es público que durante estos cuatro años las relaciones no han sido todo lo satisfactorias que nos hubieran gustado a las dos partes”, reconocía, por su parte, Ricardo del Val. Hay que recordar que el PSOE rechazó, desde un primer momento, formar parte del colectivo abulense.
De momento, no se ha hablado de la posible integración del partido socialista en la agrupación. “Todavía es muy pronto”, ha dicho el responsable de CCOO. En su opinión, “lo interesante es que todos podamos trabajar conjuntamente y conseguir lo que está en el ánimo de todos, es decir, que Ávila tenga un futuro ferroviario”.
En la misma línea, el secretario de Organización del PSOE en la región y diputado nacional aseguraba que su partido está “en la inquietud compartida de mejorar sustancialmente la situación del ferrocarril en la provincia”. “La situación previa de discriminación proviene de decisiones profundamente desacertadas del Gobierno del PP, pero estamos en otro escenario –ha señalado Muñoz-. Son ya varios años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la responsabilidad ya es nuestra”. “En este sentido, hemos coincidido con la Plataforma del Ferrocarril en que hay que dar una solución rápida al problema del tren en la provincia”, añade.
Por otra parte, Del Val ha recordado que se continúa a la espera del estudio funcional para la línea de altas prestaciones, “que se dijo que iba a estar a principios de año”. “Ya tendríamos que tener la definitiva solución”, señala a este respecto el dirigente socialista.
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24/03/2009
La protesta de usuarios de Renfe destapa las limitaciones de la red
Un centenar de clientes de la línea de Girona paran un tren durante 12 minutos que luego llega a su hora
Cercanías y Media Distancia conviven mal en un sistema que aún ha empeorado más por las obras
CRISTINA BUESA - CATALUNYA EXPRÉS GIRONA-BCN
La protesta que llevaron a cabo ayer un grupo de usuarios de la línea de Girona sirvió para destapar un poco más las vergüenzas de la red ferroviaria catalana. Los pasajeros interrumpieron la circulación durante cerca de un cuarto de hora en Sant Celoni (Vallès Oriental) pero, en vez de generar retrasos en ese tramo, su tren llegó a la hora prevista. Esto azuzó todavía más los ánimos de los clientes que se movilizaban, que consideraron que el eco de sus reivindicaciones era lo que había llevado al maquinista a apretar el acelerador. Nada más lejos de la realidad: su convoy no circula habitualmente así porque debe respetar un riguroso orden de entrada a Barcelona y las estrecheces de la infraestructura le impiden adelantar al que lleva delante.
El tren que partió de Figueres (Alt Empordà) a las 6.05 horas y pasó por Girona a las 6.33 era un transporte especial. La joven plataforma de usuarios, creada hace menos de dos meses para exigir mejoras en el servicio, lo eligió para escenificar su descontento. Avisó de que pensaba cortar el tráfico ferroviario bajando a las vías o bien tirando de las palancas de emergencia. Pero del mismo modo que su primera acción de protesta --en que instaron a los pasajeros a no mostrar el billete al interventor-- duró solo un día, la de ayer tampoco acabó siendo lo anunciado.
CADENA HUMANA
Cordiales, educados, casi cándidos, el centenar de participantes en la matutina reivindicación se situaron en los dos primeros vagones del Catalunya Exprés y, al alcanzar Sant Celoni, se cogieron de las manos y formaron una cadena humana que entraba y salía del tren para impedir que se cerrasen las puertas. El festivo corro de la patata se completó con la lectura de un manifiesto y, siempre de acuerdo con el interventor y el responsable de Renfe que viajaba a bordo, dieron por finalizada la exhibición de fuerza. En total, unos 12 minutos. Y, a partir de entonces, el tren se puso a circular a toda velocidad.
"Este retraso no se suele recuperar", se quejaba Xavier Terrades. "Fijate, fíjate a qué ritmo va", se sorprendía. Como él, el resto de los compañeros de protesta lo atribuyeron a la intención de la empresa de aguar lo que creían un éxito de convocatoria. Probablemente había parte de razón en la sospecha, pero el principal motivo del esprint del Media Distancia fue que tenía un buen trecho por delante hasta el Cercanías que cada mañana le barra el paso. Dicho de otra forma, el tren que le precede, que para en todas las estaciones hasta Barcelona, es un tapón en una infraestructura que solo tiene dos vías.
CUADRUPLICAR VÍAS
En Madrid no ocurre eso. Fomento ya contempla en su plan de Cercanías la cuadruplicación de parte del trazado para evitar que los tempos que necesitan los distintos servicios ferroviarios se hagan la vida imposible. En el mismo plan aprobado hace menos de un mes para Barcelona, solo se prevé duplicar las vías en las líneas de Vic (C-3) y del Maresme (C-1).
La sofisticación de los sistemas de seguridad también facilitaría la convivencia entre Cercanías y Media Distancia en Catalunya. Pero eso quiere decir más obras, algo que actualmente ya amplía el tiempo de viaje de la línea de Girona entre seis y 12 minutos, una medida que aún se alargará durante dos años más.
La exigencia de compensaciones económicas centra las reclamaciones
EL PERIÓDICO
"Somos conscientes de que se están haciendo obras y somos solidarios", admitía ayer al final del trayecto Sílvia Galià mientras el tren reducía ostensiblemente la marcha al pasar por Sant Andreu Comtal. No obstante, uno de los caballos de batalla de la plataforma de usuarios es lograr que Renfe les compense económicamente. Además de indemnizarles si hay un retraso, quieren beneficiarse de una reducción del 35% en el precio de todos los billetes y abonos hasta que se culminen los trabajos de llegada de la alta velocidad.
A pesar de que todas las pancartas que llevaban incorporaban esa exigencia económica, la protesta también sirvió para recoger firmas. David de Montserrat expuso que unas serían para presentar una queja en la Agència Catalana de Consum por "publicidad engañosa", ya que en los anuncios de la compañía ferroviaria se asegura que se pueden comprar los billetes de Media Distancia por la web, algo que actualmente no es posible para la línea de Girona. Las otras, para reclamar que se mejore la deficiente cobertura de telefonía móvil durante el recorrido.
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24/03/2009
Comienzan las obras para eliminar las vibraciones y ruidos en un tramo de Cercanías de Madrid
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento financiarán las obras y Adif las ejecutará
La Línea C-4 de la red de Cercanías de Madrid, a su paso por la localidad madrileña de Getafe será sometida a una serie de obras para instalar una serie de sistemas que eliminen vibraciones y ruidos, en ocasiones molestos para los vecinos. Las obras serán cofinanciadas entre Ayuntamiento y el Gobierno regional madrileños y supondrán un gasto de casi 600.000 euros.
Comienza la instalación de sistemas que eliminen las vibraciones y ruidos en la línea C-4 de Cercanías a su paso por Getafe para solucionar los problemas que las vibraciones del tren ocasionan a los vecinos. El presupuesto de estos trabajos ascenderá a 589.627 euros, que serán financiados al 50 por entre las administraciones regional y municipal.
Las obras consistirán en la instalación de elementos elásticos en las vías soterradas de la Línea C-4 en el tramo Las Margaritas Universidad-Getafe Centro-Getafe Sector 3, con el objetivo de dar continuidad a los trabajos que se han desarrollado en los últimos años para paliar este problema. En total, la Comunidad invertirá más de 294.000 euros y de la obra se encargará Adif, que tiene un plazo de ejecución de tres meses.
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24/03/2009
IU denuncia que la línea de alta velocidad de Cádiz nace «saturada»
LA VOZ - MADRID
El diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds Joan Herrera ha denunciado en el Congreso que la convivencia de los tráficos de cercanías, de mercancías y de alta velocidad en la línea férrea Sevilla- Cádiz que construye Fomento hará que ésta se sature de forma «casi» inmediata tras su inauguración. Señala que existen varios estudios, entre ellos los de la Universidad Politécnica de Madrid, que coinciden en señalar que la linea en construcción tiene «un diseño incapaz de soportar los tráficos futuros».
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24/03/2009
Los Verdes de Torrevieja demanda al Ministerio que acerque el tren a la costa
L. V. - TORREVIEJA
Los Verdes de Torrevieja ha emitido una nota en la que insta al Ministerio de Fomento a que estudie la viabilidad de comunicar la zona costera de la Vega Baja con el eje ferroviario que une Alicante con Murcia y Cartagena.
La formación ecologista considera que es factible el entronque de dicha actuación junto a la prevista para la ejecución del trazado del AVE y la mejora y modernización de la actual red ferroviaria. La propuesta formulada por Los Verdes torrevejenses recuerda que la petición tiene «mucho que ver con el interés manifestado por diversos sectores políticos, económicos y ciudadanos de la Vega Baja», que desde hace años, explica este partido, «reivindican la mejora y la diversificación de las comunicaciones en la comarca».
LV manifiesta su apuesta por hacer realidad la posibilidad de acercar el transporte ferroviario de pasajeros hasta alguno de los municipios turísticos de la costa, sobre todo a Torrevieja.
Los argumentos de la formación ecologista para reclamar al Gobierno que contemple dicha actuación en infraestructuras ferroviarias se basan «en los altos índices poblacionales que se concentran en esta amplia franja costera, y el gran número de población flotante y estacional».
Asimismo esgrimen las especiales características de la franja litoral y «la limitada oferta actual de transporte colectivo por carretera», que garantizaría, a su juicio, el éxito económico de la propuesta, «independientemente del valor social que representa».
Para el colectivo, la comarca de la Vega Baja necesita de este tipo de infraestructuras para vertebrar adecuadamente su territorio «y para unirlo con los grandes ejes de comunicación ferroviaria de España y Europa», así como facilitar la movilidad que los ciudadanos de la comarca demandan y que la industria turística requiere.
La petición no escapa de una crítica al Partido Popular por el «debate engañoso y artificial de una parada de la alta velocidad en la comarca y el apoyo al trazado de Fomento en detrimento de otras alternativas».
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25/03/2009
Comparación medioambiental entre la tracción eléctrica y diésel en el ferrocarril
La eléctrica reduce el consumo de energía fósil un 54 por ciento y las emisiones de gases de efecto invernadero un 65
La revista “Anales de Mecánica y Electricidad”, editada por la Asociación de Ingenieros del ICAI en su último número (Vol. LXXXVi Fasc. I, enero-febrero 2009) publica un artículo de Alberto García Álvarez en el que se realiza, con datos actuales, una “comparación mediomabiental entre la tracción eléctrica y la tracción diésel en el ferrocarril”.
Se señala en el artículo que se incluye en un número monográfico de la revista sobre “Desarrollo sostenible”, que la comparación entre ambos tipos de tracción se hacía tradicionalmente analizando las diferencias de energía primaria y las diferencias económicas. Sin embargo, estos criterios no son útiles actualmente, ya que los precios de la energía no incluyen, de momento, los costes ambientales y totales que suponen; y por otra parte, que son las emisiones de gases de efecto invernadero y el agotamiento de los combustibles fósiles los aspectos que modernamente preocupan con relación al uso de la energía en el transporte, más que el consumo de energía primara.
Entre las conclusiones se destaca que actualmente existe una clara ventaja de la tracción eléctrica frente a la diesel, además de por la deslocalización de los ruidos y de las emisiones de efecto local, ya que para el mismo servicio requiere menos energía procedente de fuentes fósiles, y por ello no renovables -del orden de un 45 por ciento menos- y menos emisiones de gases de efecto invernadero -del orden de un 59 por ciento menos.
Además de ello, la recuperación de energía por el freno eléctrico regenerativo reduce alrededor de un 16 por ciento estas cifras y puede en el futuro con medidas adecuadas llegar a una reducción del 35 por ciento, con lo que el consumo de energía fósil es del orden de 54 por ciento inferior en tracción eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero son inferiores en un 65 por ciento.
Se advierte que estos son valores representativos de los diversos casos posibles y además que se han aplicados los datos de mix de generación de España del año 2006, así como las emisiones de gases efecto invernadero de la generación de energía eléctrica de España en el citado año, y que la comparación puede variar de unos años a otros y de unos países a otros.
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27 de marzo de 2009
Alguna
cosa se empieza a mover con respecto a la bici y el tren
Juan
Merallo
Me contaron los de Renfe cual era su idea para poder
permitir las bicicletas en los trenes AVANT (Alta Velocidad-Media
Distancia), me lo contaron y me pidieron una respuesta muy rápida,
porque las nuevas unidades van a empezar a funcionar ya (algunas ya
están funcionando, como en el corredor Madrid-Valladolid) y quieren
tener la normativa hecha cuanto antes. Fue un detalle que al menos me
dejaran ver la normativa que habían redactado antes de aprobarla,
por si podía aportar algo. Les contesté rápido, como me pidieron.
Primero conviene aclarar que en la actualidad no permiten meter
bicis en los trenes que prestan ese servicio y que las plegables no
están reguladas, por lo que es una aventura llevarla, te puede pasar
cualquier cosa, como ya hemos conocido algunos casos.
Su idea,
básicamente, era la siguiente:
- Permitir el transporte de
bicicletas normales (no plegables) en las unidades donde haya espacio
específico. Los trenes que tienen espacios específicos son las
nuevas series 114 y 121 que han comenzado en algunos sitios a entrar
en servicio ya, como he apuntado antes. La serie 114 tiene espacio
para dos bicicletas y la 121 para tres bicicletas. Ahí salimos
ganando, pues hablamos de que en los anteriores trenes no había
espacio en absoluto, y ahora se podrán meter ese número de bicis en
esos trenes. Hablamos de bicicletas normales, no de plegables, que
esas son aparte.
- Permitir las plegables en todas las unidades
(en las que hay espacio específico y en las que no). Las condiciones
que planteaban eran muy restrictivas: tamaño de la bici igual al del
tamaño de equipajes permitidos (70x50x25) y que fueran empaquetadas
(¿). Las bicicletas debidamente plegadas deberían ir en el espacio
de equipajes, si hubiera hueco, que lo suele haber generalmente. No
se pueden dejar las bicis plegables en pasillos ni zonas de asientos,
deben ir en la zona de equipajes.
- El resto de condiciones son
las mismas que para el resto de normas sobre bicicleta: una bici por
viajero, la carga y custodia corresponde al ciclista, Renfe no se
hace responsable, si el tren está lleno o los espacios específicos
están completos (se han llenado ya de bicis) el interventor te puede
decir que no cabes y que esperes al próximo, etc, etc.
Yo les
hice tres apreciaciones muy básicas y creo que asumibles y espero
que no tengan problemas en incluirlas:
- Quitar lo de
"debidamente empaquetadas". Les expliqué que no es
operativo, que las bolsas para plegables en el mercado ocupan casi
más que las propias bicis y hacen el bulto mucho más voluminoso de
lo que en realidad es. Les expliqué que para nosotros eso sería
inadmisible, que las bicis plegables no manchan, no cortan ni rayan,
tienen los bordes romos.
- Equiparar el tamaño de las plegables
al de la normativa de Media Distancia (30x66x82) que es la de
bicicletas plegables de ruedas de 20 pulgadas para abajo. Les dije
que lo razonable sería directamente decir que pueden entrar toda
bicicleta plegable de rueda de 20 pulgadas y menores, que es un
baremo mucho más fácil de comprobar que unas medidas ante las que
el interventor no va a andar sacando el metro de medir.
- En
tercer lugar les pedí que el ciclista pueda acceder hasta la misma
puerta del vagón con su bicicleta sin plegar, pero sin ir montado en
ella (es decir, que debe llevarla andando). Una bici plegable se
lleva plegada relativamente bien durante unos metros, pero sería
ridículo tener que llevarla a cuestas por todo el andén o los
accesos a estos andenes, pudiendo llevarla rodando, andando con ella
al lado.
Desde mi punto de vista estos tres puntos son perfectamente asumibles y conseguiríamos una normativa que sería del agrado de ambas partes. Vamos a ver que nos contestan.
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25/03/2009
Zaragoza contará antes del verano con 700 bicis públicas
El servicio público de alquiler de bicicletas de Zaragoza, Bizi, gestionado por Clear Channel dentro de su proyecto Smartbike, ha iniciado una ampliación del servicio que a finales de mayo permitirá a la ciudad contar con 70 estaciones y 700 bicicletas.
30.000 abonados
De este modo se aborda la segunda fase de implantación del servicio Bizi, que actualmente cuenta con 30 estaciones, 350 bicicletas y 14.000 abonados. El éxito obtenido por Bizi entre los zaragozanos permitirá también la ampliación del número de nuevos abonados, hasta llegar a los 30.000 abonados anuales del servicio. En esta línea, también se continuará trabajando a medio plazo para alcanzar las 100 estaciones e incrementar el número de vehículos hasta las 1.000 bicicletas que presten servicio en la ciudad.
Desde su inauguración, el pasado 28 de mayo de 2008, se han registrado cerca de 300.000 usos de Bizi, lo que pone de manifiesto la consolidación del servicio Bizi como medio de transporte público sostenible en Zaragoza.
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24/03/2009
Las bicis públicas de Barcelona celebran su segundo cumpleaños
El servicio público de alquiler de bicicletas de Barcelona, Bicing, gestionado por Clear Channel, cumple dos años de funcionamiento. La flota de 6.000 vehículos que presta servicio a más de 188.000 usuarios se presenta como un servicio sostenible, asequible y eficiente que contribuye a reforzar la imagen de modernidad de la Ciudad Condal.
Novedades en 2009
En una visita técnica a la nueva sede de Bicing en Glorias, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, acompañado de Aris de Juan, director general de Clear Channel, se ha hecho balance del servicio y se han anunciado novedades importantes para su funcionamiento en 2009.
Desde el punto de vista técnico de la gestión del servicio, se están agrupando las estaciones por unidades logísticas que permiten definir y precisar mejor los flujos de usuarios y planificar de acuerdo con ellos la reposición de bicicletas. También se ampliará el número de anclajes en 40 estaciones de la ciudad (Ciutat Vella y Eixample) donde se ha detectado un mayor uso de vehículos.
Mejora del GPRS y acceso por iPhone
Paralelamente, se está trabajando en una mejora del sistema de conexión GPRS por el cual se lleva a cabo la gestión a distancia del servicio; y, a partir de agosto de 2009, se implementará una nueva versión del software para la gestión del servicio que hará más estable el sistema informático y el tratamiento de la información.
A ello se añade la aplicación del servicio iBicing al que pueden acceder los usuarios de iPhone, mediante el cual pueden saber la disponibilidad de vehículos en cualquier estación de la red, su proximidad y su ubicación.
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27/03/2009
El perito clave del 'Prestige' cobró 156.000 euros por el informe judicial
Martín Criado se ofreció como "independiente" pese a asesorar a Fomento
El ingeniero naval fue propuesto por la delegación del colegio profesional
PABLO LÓPEZ - Santiago -
Santiago Martín Criado presentó un extenso currículum a la juez del Prestige. Le detallaba hasta que era abuelo de dos nietos, pero no que había asesorado al Gobierno de Aznar en plena catástrofe. El perito clave en la exculpación judicial de las autoridades del Ministerio de Fomento era uno de los firmantes del acta que en plena catástofe aplaudía la gestión del naufragio por parte del Gobierno, pero ocultó a la instructora del caso ese dato, que comprometía su independencia. Los motivos por los que negó esa información se desconocen. Lo que sí se sabe es que cobró 156.122,82 euros por su colaboración judicial.
El ingeniero gallego facturó al juzgado el 21 de octubre del pasado año 134.588,62 euros como honorarios y un 16% de IVA, cantidad de la que con anterioridad había ingresado en una cuenta de una oficina de Banesto en Ferrol una provisión de 84.000 euros. Todo ello, bajo el epígrafe de "Realización de informe pericial del siniestro del buque Prestige". Los abogados de Nunca Máis y del capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, han solicitado a la juez que se anule el peritaje de Martín Criado como prueba.
Ante la juez, Martín Criado reiteró el contenido del acta de la reunión celebrada el 19 de noviembre de 2002 y presidida por el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors. Esto es, que las medidas adoptadas por las autoridades marítimas españolas "son las más correctas y adecuadas". Su testimonio fue fundamental para librar de responsabilidades penales a López-Sors, ya que los otros tres peritos consultados, todos ellos capitanes de la Marina Mercante, consideraron errónea la orden de alejamiento. Pero la titular del juzgado número 1 de Corcubión, Carmen Veiras, basó su decisión en la "contundente" defensa del alejamiento que realizó Martín Criado.
La elección del perito fue realizada por el decano territorial de Galicia del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, José Antonio Lagares, a pesar de que entre las cuatro condiciones del candidato se encontraba su "independencia profesional respecto a las partes en el procedimiento". Así figura en el oficio que el juzgado envió a la delegación gallega del colegio el 16 de diciembre de 2007, en el que solicitaba un ingeniero naval que pudieran actuar como perito. El seleccionado también debería acreditar experiencia internacional, especialización en estructuras navales y conocimiento de petroleros o grandes buques con cargas líquidas. A requerimiento de este periódico, el colectivo profesional se limitó a señalar: "Resulta claro que este colegio no encontró que hubiera incompatibilidad profesional alguna" en el perito seleccionado.
El abogado del capitán del Prestige acusa en su recurso de casación de "cinismo y mala fe" a Martín Criado, aunque extiende las responsabilidades al propio exculpado José Luis López-Sors, que presidió la reunión del grupo de expertos que avaló su gestión de la catástrofe, y que por lo tanto "no podía desconocer" la presunta incompatibilidad del perito clave del Prestige.
El representante legal de Nunca Máis pedirá responsabilidades penales al ingeniero por ocultar su condición de asesor de Fomento.
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26/03/2009
La juez del 'Prestige' exculpó a Fomento por un informe de un asesor del Gobierno
Uno de los peritos judiciales colaboró con el ministerio en plena marea negra
El técnico ocultó al juzgado su reunión con un acusado el día del hundimiento
SONIA VIZOSO - Santiago -
El Gobierno de Aznar ha sido exculpado de la marea negra provocada en 2002 por el petrolero Prestige gracias a un peritaje realizado por un ingeniero naval que asesoró al Ministerio de Fomento en la gestión de la catástrofe. Santiago Martín Criado, profesor de Ingeniería Naval en la Universidad de A Coruña, fue designado perito judicial del caso porque en el currículo que presentó en el juzgado ocultó sus labores de asesoramiento al ministerio, ya que esta información lo hubiera incapacitado para realizar el informe.
Y su dictamen ha tenido un especial peso en el auto de la juez que ha librado al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, de sentarse en el banquillo en el juicio que se celebrará dentro de unos meses.
Martín Criado es uno de los dos peritos judiciales nombrados para determinar si el Gobierno del PP acertó en su decisión de llevar el petrolero mar adentro y pasearlo durante seis días con una brecha en el casco por la que escupía fuel. La juez que ha instruido el caso Prestige, Carmen Veiras, ha librado de responsabilidades penales a López-Sors basándose en gran medida en la "contundente" defensa del alejamiento del petrolero realizada por Martín Criado. Pero la relación de este ingeniero madrileño con la gestión de la mayor marea negra de la historia de España comenzó antes, justo el día en que se hundió el Prestige a 250 kilómetros de la costa gallega.
En la mañana del 19 de noviembre de 2002, cuando el buque ya se había partido en dos e iniciaba su viaje al fondo del Atlántico, Martín Criado, que era entonces director de proyectos de Izar-Fene, estaba reunido con López-Sors para valorar la actuación del Gobierno de Aznar hasta aquel día y recomendar medidas futuras. El ingeniero que ha actuado ahora como perito en el caso firmó, junto a otra decena de técnicos, el acta de la reunión, en la que se afirma que "todas las medidas que han adoptado las autoridades marítimas españolas, referentes a lo que en el acta se indica, son las correctas y más adecuadas a las situaciones que se han ido produciendo desde el primer momento del siniestro".
Ante las discrepancias entre los dos peritos judiciales sobre si alejar el buque fue acertado, la juez que ha instruido la causa se decanta por la opinión de Martín Criado. La titular del juzgado número uno de Corcubión (A Coruña) destaca que este ingeniero naval "es contundente al entender que [la medida] fue correcta porque la conducción a puerto era muy arriesgada por el riesgo de partirse en el trayecto".
Martín Criado sostiene en el informe elaborado para el juzgado que el Prestige era un petrolero "subestándar" con un "mantenimiento deficiente" y que, aplicando un protocolo de actuación contra la contaminación marítima aprobado en 2001 en A Coruña, estos daños estructurales desaconsejaban llevarlo a puerto. Este periódico intentó ayer sin éxito recabar la versión de Santiago Martín Criado sobre su actuación en el sumario.
Las bendiciones de Martín Criado al alejamiento del Prestige ordenado por el Gobierno de Aznar discrepan de los informes elaborados por el otro perito judicial y por los expertos designados por las partes. Algunos de los personados en el caso se plantean presentar un recurso para que se encargue un nuevo peritaje a otro ingeniero naval que no haya tenido relación con los acusados.
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26/03/2009
TRIBUNA
El auto sobre el 'Prestige'
La juez permite que la opinión de un ingeniero naval prevalezca sobre la de los marinos mercantes
Carlos Martínez-Buján Pérez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de A Coruña
Tras mucho esfuerzo, he leído con detenimiento el auto que acaba de dictar la juez de Corcubión, Carmen Veiras, lectura nada sencilla, debido a la muy deficiente sintaxis empleada, plagada de graves solecismos, que me ha dejado atónito. Semejante circunstancia, unida a un uso caótico de los signos de puntuación y a las erratas e incluso de omisiones de palabras imprescindibles para la comprensión del texto, hacen difícilmente inteligibles algunos pasajes de la resolución judicial.
Si del análisis de la forma pasamos al fondo, la estupefacción se redobla, porque la exculpación del ex director de la Marina Mercante José Luis López-Sors me parece de todo punto injustificada e injustificable. Y es que en esta fase procesal no se pretende declarar la culpabilidad, sino sólo saber si subsisten los indicios que fundamentaron la imputación, indicios que la juez no consigue desvirtuar. No obstante, debo confesar que me temía semejante medida, sobre todo desde el momento en que comenzó el rocambolesco proceso para designar los peritos judiciales y, en particular, a raíz de la decisión de la juez de no asignar específicamente materias a cada uno de ellos según su especialidad científica, permitiendo así que un ingeniero naval, Martín Criado, entrase de lleno a analizar aspectos que afectan estrictamente a la navegación, cuando es obvio que, según la definición de perito de nuestra Ley procesal, un ingeniero naval carece de conocimientos científicos necesarios para dictaminar en calidad de genuino perito sobre dichos aspectos.
El círculo se cierra ahora en este auto, en el que se otorga precisamente un peso decisivo a la opinión del ingeniero para concluir que el refugio en Corcubión era "muy arriesgado" y que la solución preferible era alejar el barco. Con todo, esta opinión no es tan "contundente" como la juez pretende hacernos ver, porque el ingeniero no defiende un alejamiento incondicionado, sino solo si se cumple la premisa de que el buque se dirigiese "hacia un lugar de fondeo adecuado"; y comoquiera que el barco no iba hacia dicho lugar (es más, en el auto se reconoce el deseo de López-Sors de que se hundiese), el silogismo de la juez incurre en lo que en lógica se conoce como una falacia de predicción vaga, al no estar justificada una de las premisas.
Desde el punto de vista jurídico lo grave es que dicha opinión prevalezca sobre la del otro perito de designación estrictamente judicial, Fernández Hermida, quien posee titulación oficial y unos conocimientos acreditados que sí le capacitan plenamente para estudiar tales decisiones, y que considera factible el refugio. Esta circunstancia sería ya, sin más, a todas luces determinante para mantener la imputación de López-Sors, con independencia de lo que se explica después en el auto, puesto que el dictamen de un genuino perito debe prevalecer sobre quién materialmente es un profano. Pero es que hay más: la opinión de Hermida coincide en este punto con la de los otros informes periciales presentados en el juzgado, elaborados por dos especialistas tan prestigiosos como los también capitanes de la marina mercante y profesores de Ciencias y Técnicas de Navegación Marí y Louzán. Especial mención merece este último porque, aparte de no ser propuesto por la defensa de un imputado sino por la acusación popular, ha llevado a cabo un extraordinario estudio, exhaustivo y riguroso, en el que se defiende con toda rotundidad el refugio en Corcubión. Por tanto, aun admitiendo como mera hipótesis que el dictamen del ingeniero fuese un genuino dictamen pericial, un mínimo respeto a la verdad científica obligaba a que, antes de eximir de toda culpa a López-Sors, tuviese lugar el imprescindible contraste crítico de pareceres (algo que sólo podrá hacerse en el juicio oral), dadas las radicales divergencias técnicas existentes entre el ingeniero y los especialistas en navegación.
Ni que decir tiene que la juez no lleva a cabo esa labor, puesto que se limita a describir algunas (no todas) de las opiniones de cada perito, expuestas, por lo demás, sin citas literales, de modo que no se refleja con exactitud el sentido de los dictámenes. Y no deja de ser curioso que las citas literales sí se usen para transcribir las opiniones de unos tales Alevizos, Mc Gowan y Girin, que, si bien son consideradas sorprendentemente por la juez de "especial interés", ningún valor pueden poseer aquí, al no ser peritos.
Por último, si se acepta la premisa mayor (plenamente demostrada con los dictámenes por el rotundo resultado de tres peritos a cero) de que el refugio era posible y el hundimiento evitable, carece de todo sentido invocar ya el Protocolo Coruña 2001 (que no es más que un mero ejercicio), porque la solución de refugiar el buque resultaba jurídico-penalmente obligatoria para López-Sors en la medida en que con ello evitaba un riesgo mucho mayor y la comisión de un nuevo delito (el de daños a los espacios naturales protegidos). Asimismo, es innecesario entrar a analizar las circunstancias en las que se decidió el alejamiento (sin haber hecho una verdadera evaluación del estado del buque, pese a que la juez dé a entender lo contrario), así como la insólita y tremenda afirmación de que no puede imputarse a López-Sors responsabilidad por las decisiones que la empresa Smit adoptó después. Esa afirmación olvida toda la doctrina de la comisión por omisión, básica en Derecho Penal, dado que, al asumir el control de la fuente de peligro y decidir alejar el buque, López-Sors se situó en posición de garante con relación a todo lo que pudiese suceder a partir de ese momento.
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23/03/2009
La situación del mundo 2009: El mundo ante el calentamiento global
El nuevo informe del World Watch Institute advierte de la necesidad de recortar, antes del 2050, las emisiones de dióxido de carbono para evitar una grave alteración del clima. En España, se prevé una reducción de la lluvia del 18%.
En
el Estado español hay hoy en día más concentración de CO2 en la
atmósfera de la que hemos tenido en el último millón de años y se
prevé que las precipitaciones disminuyen hasta un 18% en las
próximas décadas.
Quien da estos datos es Antonio Ruiz de
Elvira, presidente del Comité Científico del European Climate Forum
y catedrático de Física de la Universidad de Alcalá, que participa
como experto en el informe anual del World
Watch Institute.
Con el título El
mundo ante el calentamiento global. La situación del mundo 2009,
la investigación de este año aborda la necesidad de reducir las
emisiones de gases de afectos invernadero y de prepararse para la
adaptación al cambio climático. En castellano la publica
CIP-Ecosocial.
“Para evitar que la evolución del clima llegue a un punto de
no retorno catastrófico será necesario que las emisiones mundiales
de gases de efecto invernadero toquen techo antes de 2020,
reduciéndose para 2050 a un 85% por debajo de los niveles de 1990 y
disminuyendo todavía más posteriormente”, advierte el climatólogo
W.L. Hare.
Estos son algunos de los datos más destacados
sugeridos en el informe:
Para el 2100, el calentamiento global alcanzará entre 1,1 y 6,4ºC por encima de la temperatura media del periodo 1980-99.
Si el planeta se calienta más de 3ºC por encima de los niveles preindustriales podría acercarse a un número importante de ‘puntos de no retorno’.
Se prevé que la mitad del dióxido de carbono emitido en la actualidad permanezca en la atmósfera durante un siglo.
Los cambios de uso del suelo y la quema de combustibles fósiles son las dos fuentes de principales del aumento de CO2.
Los edificios utilizan alrededor del 40% de la energía mundial. La calefacción y la refrigeración representan el 40-50% de la demanda mundial de energía.
Ante esta situación, el World Watch Institute destaca algunas experiencias alternativas que ya funcionan:
En India y China hay programas de gran envergadura para revegetar millones de hectáreas de bosques y praderas, para reducir la pobreza y proteger las cuencas fluviales.
En Suecia, los impuestos sobre energía y CO2 han significado la sustitución de los combustibles fósiles por biomasa para las calefacciones de barrio.
En Kenia, un grupo de campesinos se adapta al cambio climático sustituyendo sus cultivos de trigo por otros de ciclos más cortos y sembrando cada vez que llueve, porque ya no está claro cuál es la temporada de cultivo.
En Mali, el Gobierno informa a los campesinos directamente sobre el clima.
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26 de marzo de 2009
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VALORA POSITIVAMENTE LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LOS ABUSOS URBANÍSTICOS EN ESPAÑA
El Parlamento Europeo acaba de dar un severo tirón de orejas al modelo urbanístico español. Ecologistas en Acción lleva años denunciando el crecimiento urbanístico de los últimos tiempos, denunciando que este ha sido un proceso especulativo de esferas empresariales y políticas que ha supuesto un encarecimiento artificial de la vivienda y la pérdida de zonas de alto valor medio ambiental.
El informe del Parlamento europeo viene a dar la razón a las tesis defendidas por Ecologistas en Acción y las diversas plataformas ciudadanas en que participa, al considerar insostenible un modelo que genera indiscutibles impactos ambientales, aumentando las presiones sobre recursos como el agua, generando fragmentación de los espacios naturales, provocando nuevos focos de vertidos y contaminación, contribuyendo a la desertificación por sellado de suelos, etc.
De los 4 millones de nuevas edificaciones construidos en Europa en los últimos 10 años, la mitad se construyeran en suelo Español. En la UE con un incremento de la población de la población del 3,5%, el crecimiento de la superficie urbanizada ha sido del 13,8%, en el Estado Español, con un crecimiento de la población del 4,3%, el aumento de la superficie urbanizada ha llegado hasta el 25,4%, casi del doble del crecimiento europeo. Nunca en la historia europea se ha realizado un uso tan extremo y devastador del territorio. El constante auge inmobiliario español ha favorecido que el urbanismo pierda su finalidad social, subordinada al interés general, para convertirse en un negocio. Ha dejado de ser una herramienta de regulación del uso del suelo de acuerdo a las necesidades colectivas, para convertirse en la clave de la financiación municipal, en unos casos, y del enriquecimiento rápido e ilícito en otros.
Además este modelo va de la mano de la construcción de nuevas infraestructuras de transporte que serán necesarias para acceder a estos nuevos desarrollos, que no hacen sino abundar en un modelo de movilidad también insostenible, siendo ya nuestro país el estado de la UE con un mayor número de kilómetros de autovía por habitante.
Ecologistas en Acción critica la posición de la mayoría de los europarlamentarios españoles, que han dado la espalda con su actitud al medio ambiente y los ciudadanos. Este tirón de orejas debería servir a las administraciones españolas para replantearse cual debe ser el camino hacia la sostenibilidad. Hasta ahora, las recetas del gobierno y los ayuntamientos han sido, sin embargo, ayudas públicas para más ladrillo, reforma de la Ley de Costas para legalizar las edificaciones ilegales, flexibilización de las evaluaciones de impacto ambiental, etc. Ecologistas en Acción exige un cambio radical en estas políticas.
Más información: Eugenio Reyes 645 52 60 04
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27/03/2009
La Eurocámara pide congelar fondos para España por el urbanismo salvaje
Una amplia mayoría apoya el devastador informe contra todas las autoridades
RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO - Bruselas -
El Parlamento Europeo, frustrado ante los oídos sordos con que las administraciones españolas acogieron dos resoluciones contra el urbanismo salvaje en España, acompañó ayer su tercera condena con la petición de gravosas sanciones económicas: interrupción de fondos estructurales y congelación de los fondos de cohesión. La arremetida no es vinculante, pero dejó en evidencia a populares y socialistas españoles, repudiados por sus correligionarios en su intento de maquillar la imagen corrupta y mafiosa existente en la UE de quienes trafican y se benefician de los desmanes del ladrillo en España.
El devastador informe -elaborado por la verde danesa Margrete Auken- fue aprobado por el Pleno de la Eurocámara por 349 votos contra 110, con 114 abstenciones. No hubo debate porque los argumentos ya habían sido escuchados hasta la saciedad en la Comisión de Peticiones. Sólo se registró un intento a la desesperada y fallido de populares y socialistas españoles de aguar el vitriolo del documento. Cada grupo presentó una resolución alternativa, tan inaceptable en el caso de los socialistas que incluso Michael Cashman, autor de un informe previo y asociado originalmente a la de sus correligionarios españoles, anunció que se desentendía de ella y votaría el texto de Auken.
La resolución no deja títere con cabeza y si de algo peca es de exceso verbal. Leerla es un viaje a los infiernos en que se han visto atrapados decenas de miles de extranjeros sorprendidos en su buena fe por una red de corrupción dirigida al engaño y al saqueo que, por acción u omisión, implica a "todas las administraciones, central, autonómicas y locales" responsables de un "desarrollo insostenible" con gravísimas consecuencias ambientales, sociales y económicas. Una irresponsabilidad felizmente conchabada con concejales, agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras al tanto de las irregularidades, presentes o venideras, de los proyectos urbanísticos. Remata todo el cuadro "la falta de confianza generalizada (...) frente al sistema judicial español como medio para obtener reparación y justicia".
El informe pide cambios ya pedidos infructuosamente en 2005 y 2007. Para que las autoridades se lo tomen esta vez en serio insta a la Comisión Europea y al propio Parlamento a hacer pagar a España en caso de nuevo desentendimiento. Recuerda Auken, con el amplio apoyo de sus colegas, que "la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales" a los Estados que incumplan la legislación comunitaria y que el Parlamento "puede decidir colocar en reserva fondos destinados a políticas de cohesión para persuadir a un Estado a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa".
PSOE y PP se culpan
La delgación socialista española criticó la amenaza de congelar fondos europeos. "Rechazamos la utilización chantajista de la posibilidad de congelación de fondos y el cuestionamiento de nuestro Estado de Derecho, así como la imposición indiscriminada de una moratoria que agrave la actual crisis", indicaron los socialistas españoles. Para el PP, todo lo ocurrido no es sino una "aberración legal".
Respondidas las críticas a la Eurocámara, populares y socialistas se navajearon luego entre sí. "Esa es la imagen de España que los socialistas llevan transmitiendo a Europa durante los últimos cinco años, cuando iniciaron la campaña para derribar al Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana", subrayó el popular José Manuel García-Margallo en un comunicado.
Los socialistas replicaron que si en Valencia -donde comenzaron las denuncias de europeos víctimas de tropelías urbanísticas- "se hubiese cumplido la ley desde un principio, se habría evitado llegar a una situación como la actual".
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23 EL PAÍS Comunidad Valenciana
27/03/2009
Otro golpe de Europa al modelo valenciano del urbanismo salvaje
El Parlamento Europeo describe una red de corrupción generalizada
Populares y socialistas españoles fracasaron al intentar aguar el documento
R. M. RITUERTO / C. VÁZQUEZ - Bruselas / Valencia -
El Parlamento Europeo, frustrado ante los oídos sordos con que las distintas administraciones españolas acogieron dos resoluciones previas condenatorias del urbanismo salvaje en España, acompañó ayer su tercera condena con la petición de gravosas sanciones económicas: interrupción de fondos estructurales y congelación de los fondos de cohesión.
La arremetida de la Eurocámara no es vinculante, pero dejó en evidencia a populares y socialistas españoles, repudiados por sus correligionarios en sus intentos de maquillar la imagen corrupta y mafiosa existente en la UE de quienes trafican y se benefician de los desmanes urbanísticos en España.
El devastador informe elaborado por la verde danesa Margrete Auken fue aprobado a mediodía por el Pleno de la Eurocámara por 349 votos contra 110, con 114 abstenciones. No hubo debate porque los argumentos de unos y otros ya se habían escuchado hasta la saciedad en otras sesiones de la Comisión de Peticiones. Ayer solo se registró un intento a la desesperada y fallido de populares y socialistas españoles de aguar el vitriolo del documento. Cada grupo presentó una resolución alternativa, tan inaceptable en el caso de los socialistas que incluso Michael Cashman, autor de un informe previo y asociado originalmente a la de sus correligionarios españoles, anunció que se desentendía de ella y votaría el texto de Auken.
La resolución aprobada no deja títere con cabeza y si de algo peca es de exceso verbal. Leerla es un viaje a los infiernos en que se han visto atrapados decenas de miles de extranjeros sorprendidos en su buena fe por una red de corrupción dirigida al engaño y al saqueo que, por acción u omisión, implica a "todas las administraciones, central, autonómicas y locales (...) responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible" con gravísimas consecuencias medioambientales, sociales y económicas. Una irresponsabilidad política y administrativa felizmente conchabada con concejales, agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras al tanto de las irregularidades, presentes o venideras, de los proyectos urbanísticos.
Remata todo el cuadro "la falta de confianza generalizada (...) frente al sistema judicial español como medio para obtener reparación y justicia".
El informe propone reformas ya solicitadas infructuosamente en las anteriores condenas de 2005 y 2007. Para ayudar a que las autoridades correspondientes se lo tomen esta vez en serio, insta a la Comisión Europea y al propio Parlamento Europeo a hacer pagar a España los desatinos urbanísticos en caso de nuevo desentendimiento de las responsabilidades. Recuerda Margrete Auken, con el amplio apoyo de sus colegas, que "la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales" a los Estados que no cumplan la legislación comunitaria pertinente y que el Parlamento "puede decidir colocar en reserva fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y principios que está obligado a respetar".
Son dos amenazas que habrá que ver si llegan a hacerse realidad, en particular la correspondiente a la propia Eurocámara, y que la delegación socialista española calificó de chantaje. "Rechazamos la utilización chantajista de la posibilidad de congelación de fondos y el cuestionamiento de nuestro Estado de derecho, así como la imposición indiscriminada de una moratoria que agrave la actual crisis", indicaron los socialistas españoles. Para el PP, todo lo ocurrido no es sino una "aberración legal".
Respondidas las críticas a la Eurocámara, populares y socialistas se navajearon luego entre sí. "Esa es la imagen de España que los socialistas llevan transmitiendo a Europa durante los últimos cinco años, cuando iniciaron la campaña para derribar al Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana", subrayó el popular José Manuel García-Margallo en un comunicado. Los socialistas replicaron que si en Valencia "se hubiese cumplido la ley desde un principio, se habría evitado llegar a una situación como la actual".
Tras conocer su contenido, el Consell y la Federación de Promotores Inmobiliarios coincidieron en que el informe Auken es "intolerable". José Ramón García Antón, consejero de Urbanismo, cuestionó el fuero. "La UE carece de competencias sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, una competencia de los Estados miembro", agregó. Los promotores concluyeron al unísono que esta resolución agravará la coyuntura actual.
"El modelo choca con la legislación de la UE"
El informe Auken no es vinculante, pero ayer sirvió para que asociaciones de afectados y partidos políticos críticos con la política urbanística de los últimos años exigieran un cambio de modelo y una revisión de la legislación como propone la eurodiputada verde Margrete Auken.
El parlamentario David Hammerstein, de la misma formación que Auken, arremetió contra populares y socialistas -que llevaron al pleno textos alternativos, que salieron derrotados- y repartió sus críticas por igual entre los dos grupos políticos mayoritarios. "El modelo español de urbanismo choca con la legislación europea y vulnera los derechos de las personas y del medio ambiente. No valen las defensas patrioteras; ahora toca hacer cambios legales", aseveró Hammerstein.
EUPV, por boca de su diputado autonómico Lluís Torró, repartió responsabilidades entre todas las administraciones y abogó por una moratoria urbanística que frene todos los planes que no sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental. La formación apeló a la resolución de Auken para evitar la aprobación definitiva del plan Rabassa, en Alicante. "No respeta el medio ambiente ni se ajusta a la legislación europea".
Colectivos de afectados como Abusos Urbanísticos No han aplaudido el informe.
Por su lado, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas -cuya queja contra el Gobierno español fue recogida en el informe Auken- solicitaron al Gobierno español que haga caso de esta resolución y "a la vez que mantiene la protección sobre el dominio público costero, garantice los derechos de los pequeños propietarios frente a una aplicación abusiva y retroactiva" de la Ley de Costas, en vigor desde el año 1988.
Qué dice el Informe Auken
- Congelación de fondos. La resolución amenaza con congelar parte de los fondos comunitarios que recibe España si no se solucionan los abusos urbanísticos.
- Moratoria. La Generalitat debería suspender y revisar los nuevos planes urbanísticos que no son sostenibles o que no respetan la propiedad.
- Revisión legislativa. Pide al Gobierno español y a los Ejecutivos autonómicos implicados que revisen la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares. Insta a derogar la figura del agente urbanizador.
- Más transparencia. Reclama más y mejor información sobre la gestión del suelo.
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24 Ezquerra Unida – Izquierda Unida del País Valencià
26/03/2009
EU EXIGE QUE EN APLICACIÓN DEL INFORME AUKEN NO SE APRUEBE DE FORMA DEFINITIVA EL PLAN RABASSA
EU considera que el Plan Rabassa es uno de los ejemplos más claros de plan urbanístico que no respeta el medio ambiente y que no se ajusta a la legislación comunitaria
Ante la aprobación hoy por parte del Parlamento Europeo del informe Auken, con el voto favorable del eurodiputado de IU, Willy Meyer, desde el colectivo local de EU en la ciudad de Alicante exigimos tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Consellería de Medio Ambiente y Urbanismo que el Plan Rabassa no se apruebe de forma definitiva. El informe Auken pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos del Estado Español que no respeten el medio ambiente y pide también anular los planes que no se ajusten a la legislación comunitaria.
El Plan Rabassa no respeta el medio ambiente al suponer una grave agresión a una zona húmeda, las Lagunas de Rabassa (que quedarían rodeadas de un complejo residencial de 13.500 viviendas), y al no tener garantizado el abastecimiento de agua potable. Además se ha incumplido la directiva comunitaria en materia de contratación pública al no haberse licitado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea la adjudicación de las obras de urbanización del plan.
Por todo ello desde EU consideramos que la aplicación del informe Auken ha de conllevar necesariamente la suspension y revisión del Plan Rabassa, un plan al que EU ha manifestado en todo momento su más rotundo rechazo al tratarse de una actuación urbanística insostenible y desmesurada (se reclasifican 3,7 millones de m2) planteada fuera del PGOU y cuya ejecución provocaría graves desequilibrios en la ciudad.
EU, frente a otras fuerzas políticas como el PSOE, que apoyó junto al PP la aprobación del plan en el pleno del 26 de abril de 2005 con el único voto en contra de EU, se ha mostrado siempre y en todo momento en contra de este plan. La abstención del PSOE al informe Auken y el voto en contra del PP muestran de nuevo que ambas formaciones políticas defienden en el fondo un mismo modelo urbanístico insostenible que destruye el territorio y genera graves situaciones de abusos urbanísticos.
Miguel Ángel Pavón, portavoz del colectivo local de EU, 646639689-965252585
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25 Ezquerra Unida Alacant – Izquierda Unida de Alicante
24/03/2009
EU RECHAZARÁ EN LAS ALEGACIONES QUE PRESENTARÁ AL PRI DE SANGUETA LAS TORRES DE GRAN ALTURA Y EL MACROAPARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PREVISTO
La formación de izquierdas propondrá que los nuevos edificios que se sitúen en Sangueta no superen la altura del Palacio y que se potencie al máximo el uso del transporte público
Ante el “consenso” de PP y PSOE sobre la ordenación del entorno del Palacio de Congresos propuesta en el Plan de Reforma Interior de Sangueta, consenso del que ha dado cuenta el portavoz del grupo municipal del PSOE, Roque Moreno, desde EU anunciamos la presentación de alegaciones a una operación urbanística agresiva con dos de los hitos más destacados de la ciudad, el Benacantil y la Serra Grossa. Al igual que ya expusimos en las alegaciones al nuevo PGOU de Alicante, que contenía una ficha dedicada a este sector (denominado UBO-6) en la que se permitía una altura de las edificaciones que “no superará la altura de 20 m. la de la Serra Grossa”, alegaremos que no deben permitirse en este sector torres de gran altura, que si tomamos como referencia la máxima altura del extremo de la sierra al que se va a adosar el Palacio (107 metros), podrían situarse en torno a los 120 metros (40 plantas).
En nuestra opinión el PRI no debe permitir la construcción de torres en altura que supondrían una agresión paisajística al entorno de espacios sensibles y referenciales de Alicante como la Serra Grossa o el Benacantil, constituyéndose como una pantalla arquitectónica que dificultaría la visión de ambos hitos. Además, se restaría protagonismo al edificio del Palacio de Congresos, que quedaría “anulado” ante la prevista sucesión de torres de gran altura entre las que quedaría confinado. En nuestras alegaciones propondremos que los edificios que rodeen el Palacio nunca superen la altura del propio Palacio. En nuestra opinión las torres previstas, que se destinarían a viviendas (aparte de las destinadas al realojo de los actuales residentes en la zona), oficinas y hoteles, en realidad no tienen ninguna justificación arquitectónica o urbanística y sólo tienen una justificación puramente económica: generar plusvalías que permitan costear las obras de urbanización.
Por último consideramos que la construcción en Sangueta de un aparcamiento subterráneo para 2.000 vehículos es incompatible con un modelo de movilidad sostenible para la ciudad. Ese macroaparcamiento atraerá un importante volumen de tráfico privado al centro de la ciudad (Sangueta está en el área central de la ciudad) y complicará aún más la ya insostenible situación del tráfico en Alicante. No entendemos cómo no se potencia al máximo el uso del transporte público para acceder al Palacio de Congresos cuando el TRAM va a disponer de una estación específica en la zona
Miguel Ángel Pavón, portavoz del colectivo local de EU 646639689 – 965252585
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26 EL PAÍS Comunidad Valenciana
27/03/2009
La importación y la exportación caen un 20% en un año en el puerto de Valencia
Aznar confía en que la crisis acabe para que el capital privado entre a la ampliación
M. A. - Valencia -
La importación y exportación de mercancías en el puerto de Valencia ha disminuido su tráfico en un 20% en el acumulado interanual de los dos primeros meses del año, según explicó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar. Por el contrario, la actividad de transbordo experimentó un repunte en este mismo período del 5%. Durante 2008, el transbordo ocupó el 43% de la actividad, frente al 57% de la importación y la exportación.
Aznar calificó de "altamente preocupante" la caída de la importación y la exportación, aunque puntualizó que se trata de una situación "generalizada" por el enfriamiento económico. En ese sentido, destacó la posición del puerto de Valencia -que en ese mismo período vio descender su actividad total un 1,84% y aumentó el tráfico de contenedores en un 4,98%-, frente a sus principales competidores. Según explicó, el puerto de Algeciras tuvo una caída del 18% en su actividad, mientras que el tráfico de contenedores disminuyó un 17%. Asimismo, en el de Barcelona decreció su actividad total un 22% y el movimiento de contenedores cayó un 28%.
El presidente de la APV salió al paso de la llamada a la ralentización de la ampliación del puerto efectuada por la principal naviera que opera en sus instalaciones, Mediterranean Shipping Company (MSC), que debe realizar una importante inversión en su terminal. El director general en España de esta compañía, Francisco Lorente, defendió en El Mercantil Valenciano "no acelerar las obras porque en estos momentos la demanda no tira". Aznar insistió en "remansar la idea de la ampliación", por el "grado de maduración de las obras", ya que ésta no estará terminada hasta "mediados o finales de 2011" y no será operativa, mediante las obras de la inversión privada prevista para 2012, hasta "allá por 2014".
Con todo, defendió la línea de planificación y confió en que para 2011 se haya resurgido de la crisis económica, ya que, de lo contrario, la inversión privada que acompañará a la pública en el desdoblamiento de las instalaciones, no llegaría. Aznar consideró que la capacidad de las instalaciones es suficiente para llegar a 2014 sin estrangulamiento, aunque admitió que la propia ambición del puerto obliga a diversificar navieros, conseguir mejores conectividades marítimas, mejorar la zona de influencia.
Ante la situación de complicación económica, Aznar explicó que la APV tiene que estar "muy pegada a la economía real" y a las dificultades de transitarios, transportistas, operadores, importadores y exportadores. La fórmula para conseguirlo, explicó, pasa por flexibilizar al máximo las concesiones administrativas (ampliando los márgenes de interpretación), exprimir al máximo la capacidad comercial para recuperar la actividad, y confiar en el plan de crecimiento e infraestructuras.
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26 de marzo de 2009
CCOO reclama medidas más contundentes para mitigar el cambio climático
Planteará la necesidad de una apuesta decidida por la modernización ecoeficiente de edificios y viviendas.
CCOO
reclamará medidas más contundente para la mitigación del cambio
climático en la reunión del Consejo Nacional del Clima que se
celebra esta tarde y en la que se tratará del inventario de
emisiones de gases de efecto invernadero 2007 y donde el Gobierno
presenta una proyección de contaminantes atmosféricos de horizonte
2020 contemplando el escenario tendencial y el impacto de las
medidas.
En opinión de CCOO las medidas propuestas son
fundamentalmente orientativas por lo que es difícil que tengan el
resultado que se les supone, tampoco se evalúa el impacto en
reducción de emisiones de cada medida. Las medidas dirigidas a un
cambio en las formas de producción y de las pautas de movilidad y
consumo deberían ser más ambiciosas tanto para garantizar los
compromisos internacionales como para asegurar una salida de la
crisis más rápida y con mayor solidez de nuestra economía.
La
Estrategia de Movilidad Sostenible, que presenta hoy el Ministerio
plantea una ruptura respecto al modelo de transporte actual y
pretende configurarse como el marco de referencia para el desarrollo
de la política de movilidad sostenible de España para los próximos
años. CCOO considera que no profundiza en los instrumentos
necesarios legales, financiación, o de revisión o moratoria parcial
de planes vigentes, como el Plan de Infraestructuras y Transporte
(PEIT), que sigue apostando por la construcción de autovías y AVE a
cada capital de provincia y olvida el ferrocarril de proximidad, los
trenes de cercanías y los regionales en plataforma de ancho
convencional.
CCOO, que ha presentado alegaciones al borrador,
valora los elementos novedosos del texto – se habla de movilidad y
no exclusivamente de infraestructuras- pero considera los cambios
respecto al modelo de movilidad existente son muy insuficientes. Las
propuestas que contiene la Estrategia no se adecuan a sus objetivos y
diagnóstico, y considera imprescindible incluir el valor de las
externalidades socio-ambientales del sistema de transporte en nuestro
país –que algunas consultoras sitúan en el 9,6% del PIB-. El
texto debería contemplar un cuadro con el coste económico, social y
ambiental de la movilidad en 2009, año inicial, y al menos el de los
años siguientes para poder evaluar el cumplimento de la
Estrategia.
En el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes (PEIT) debería aparecer también un capítulo dedicado a
los criterios de gestión de la demanda. Uno de los principales
problemas del sistema de transporte actual es que las actuales redes
no se usan de una forma eficiente, lo que provoca, entre otros
efectos, la congestión en la entrada a las grandes ciudades. Entre
otras medidas, CCOO propone introducir criterios de gestión que
supongan el reequilibrio modal entre la carretera y el ferrocarril,
la promoción del transporte público, el coche compartido y el uso
de la bici. Pero una Estrategia es fundamentalmente un marco de
referencia, por lo que hacen falta además instrumentos normativos.
CCOO reclama una ley de movilidad sostenible como la que se presentó
en julio de 2007 con el apoyo de las organizaciones sociales y
ambientales. Esta norma contempla, entre otras actuaciones, la
obligatoriedad de elaborar planes de movilidad sostenible a los
polígonos industriales y en las empresas.
CCOO planteará también
la necesidad de una apuesta decidida por la modernización
ecoeficiente de edificios y viviendas por considerar insuficientes
las ayudas derivadas del Plan Renove para la Rehabilitación de
viviendas, que también se presentará esta tarde en el Consejo
Nacional del Clima. El plan del Ministerio de Vivienda contempla
100.000 actuaciones al año, con un presupuesto de 110 millones de
euros, para un parque edificatorio existente de 25 millones de
viviendas y otros 140.000 edificios industriales o de servicios.
CCOO presentó una propuesta de plan de rehabilitación en 2008
que incluía actuaciones en 1.260.000 viviendas y en 140.000
edificios en cuatro años con una inversión del Estado de 5.600
millones para esos cuatro años. Esta propuesta podría generar
350.000 empleos y conseguir ahorros energéticos para usuarios y
empresas. Las medidas para lograr ahorros energéticos sustanciales
en el sector de la edificiación y los servicios no pueden basarse
solamente en apoyos económicos, sino que hay que introducir
elementos normativos que condicionen las prácticas despilfarradoras
especialmente de las empresas y administraciones públicas.
Para
CCOO es importante una ley de ahorro y eficiencia energética que
establezca instrumentos de planificación en cascada (en todas las
administraciones), de gestión de la demanda mediante el desarrollo
de auditorías energéticas, los certificados de eficiencia
energética de edificios, la regulación y restricción de la
iluminación ornamental y publicitaria y la creación de instrumentos
y organismos de control, gestión y participación. El Gobierno tiene
un índice de esa ley desde el mes de octubre pero hasta ahora no se
ha conocido ningún borrador de la misma. CCOO presentó también en
2008 junto a otras organizaciones una propuesta articulada de ley
pero hasta el momento no se ha tomado en consideración.
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28 Ecologistas en Acción de Guadalajara
24 de marzo de 2009
Recurso de alzada al Plan de Carreteras de Diputación
Ecologistas en Acción de Guadalajara presentará un recurso de alzada contra la resolución de la Delegación Provincial de Industria y Medio Ambiente por no cumplir los plazos legales establecidos.
Ecologistas en Acción de Guadalajara lamenta que el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental sea vulnerado una vez más, por criterios políticos y no técnicos. Asimismo denunciamos que la Resolución de fecha 9 de marzo de 2009, aunque publicada en el DOCM el 20 de marzo de 2009, no había concluido los plazos legales de información pública, por lo que las alegaciones presentadas por nuestra organización no se han tenido en cuenta.
Las actuaciones del Plan Provincial de Carreteras se van a desarrollar durante los próximos ocho años, en una longitud superior a 1400 kilómetros, y aunque no supone modificiación de trazados sustanciales, si una anchura y una actividad, que necesitan sometimiento al proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ecologistas en Acción considera que se vulnera una vez más este procedimiento básico para el desarrollo sostenible, que el promotor ha redactado un proyecto lleno de imperfecciones, irregularidades y tópicos, que no se han estudiado con detenimiento, y lamentamos que los compromisos políticos y el desarrollismo insostenible estén por encima de los procedimientos participativos democráticos.
Ecologistas en Acción de Guadalajara elaboró un informe al proyecto presentado por la Diputación, donde cuestionábamos las afirmaciones que dejan de manifiesto la escasa neutralidad del equipo redactor del proyecto. No tiene justificación hablar de necesidad de ampliar carreteras que unen pueblos con escasa población o manifestar que la situación de las carreteras provinciales ha perjudicado al desarrollo económico de la zona. Sobre el ancho del más del 70 % de las carreteras de 4,50 metros, dice que es totalmente insuficiente. No estamos de acuerdo en la anchura propuesta en ninguna de las tres opciones barajadas en el proyecto, denominadas de primer, de segundo y de tercer orden. Incluso los criterios utilizados para justificar e incluir algunas carreteras están fuera de lugar y responden a intereses de municipios y de las empresas constructoras. Respecto a la financiación, los redactores del proyecto hablan de que no va a ser incompatible con el resto de actividad de la Institución. Cabe recalcar, que el informe de Ministerio de Hacienda para dar el visto bueno al alto grado de endeudamiento que pone a la Diputación, tardó varios meses en concluir que se podía llevar a cabo. Desde luego Ecologistas en Acción considera inaceptable que en una provincia con graves carencias asistenciales y de desarrollo rural que impiden fijar población (trabajo, sanidad, educación, vivienda accesible, etc...) de prioridad, endeudándose durante 20 años, a las carreteras, en un plan ambicioso que crea un gasto innecesario por la anchura que se pretende dar a la red provincial. Durante el año 2009, de los 60 millones de euros de presupuesto de la Institución, 23 millones de euros se destinarán al Plan.
Algunas anécdotas de la redacción del proyecto:
El proyecto dice “Se puede afirmar que la red de carreteras está en muy mal estado.” Por supuesto que sí. Porque la Diputación ha practicado el abandono y la dejadez del estado de las carreteras, generando opinión de los ciudadanos por el mal estado de éstas, que se podría haber evitado con un buen asfaltado. Pero ha sido incapaz, de ir asfaltando año tras año tramos, parchear, dotar de una señalización adecuada que evitase riesgo de accidentes, etc...
El proyecto afirma “Más del 70 % de la misma presenta un ancho en el entorno de los 4,50 m, anchura totalmente insuficiente para el cruce de dos vehículos y para una circulación con un mínimo de seguridad y comodidad.”
Países europeos como Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza o Italia, tienen una red de carreteras local-comarcal con anchos no superiores a los 4,50 metros, y a diferencia de nuestra provincia el mundo rural goza de una muy buena “salud” respecto a población y servicios. Existen muchos ejemplos, pero parémonos en Saint Emilion (Burdeos-Francia). Una de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo. Un pueblo medieval con gran afluencia de visitantes y una amplia red de Chateu dedicados al vino. La carretera no llega a los 4,00 metros de ancho. Pero además está carretera goza de amplios tramos con árboles en sus márgenes. Podríamos poner muchos más ejemplos como Escocia en Gran Bretaña, o algunas comarcas del centro y sur de Italia.
El proyecto sigue concluyendo “Esto implica elevados costes sociales, como consecuencia del incremento en el consumo de combustible, aceites, neumáticos, etc.; incrementos en los tiempos de recorrido, aumento de la peligrosidad, así como una importante depreciación y desgaste en los vehículos.” Los consumos a los que hace mención, los ocasionan una mayor velocidad que se conseguirá con las ampliaciones propuestas, incrementando gastos vehículo, combustible, aceites, etc... y un aumento en la siniestrabilidad como ya se ha demostrado en algunas de las carreteras comarcales de la Red Regional que se han ido arreglando en los últimos años.
El proyecto continua con las conclusiones de los redactores “Es necesario acometer las obras que permitan diseñar la red con características básicas adecuadas a la función social que realiza y establecer un sistema de gestión que determine las labores de conservación y explotación adecuadas para que se mantenga el valor patrimonial de la red y no se incurra en sobrecostes importantes a los vehículos que por ella circulan.”
En la descripción general del Plan se comenta “- La Red de Carreteras constituye un bien patrimonial de gran valor por su valor intrínseco y porque al tratarse de un servicio público, los deterioros y su falta de adecuada conservación, producen unos elevadísimos costes sociales. Por tanto, la consecuencia inmediata es la urgente necesidad de acometer las obras de construcción que permitan disponer a la red de unas características básicas adecuadas a la función social que realizan.”
En primer lugar no debe ser muy urgente cuando en varios lustros no se ha hecho prácticamente nada. En segundo lugar conseguir una red con unas características básicas adecuadas a la función social que realizan, no tiene por qué significar que se deben ampliar las carreteras. Insistimos, tienen que tener un buen firme y una buena señalización y actuar en todo caso, en curvas peligrosas o circunvalaciones que eviten atravesar poblaciones.
Desde Ecologistas en Acción consideramos que se deben dotar a todas las carreteras de un buen firme, de señalización adecuada y un mantenimiento que minimice el impacto al medio ambiente. De ninguna de las maneras consideramos, que el proyecto actual resolverá los comentarios que aquí se hacen. Desde luego no compartimos los criterios y objetivos que motivaron la redacción de este Estudio de Viabilidad Modificado (el primer Estudio data del año 2006).
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29 Ecologistas en Acción de Segovia
29 de marzo de 2009
Desaconsejan cualquier iniciativa urbanizadora en el monte El Pelayo
La Consejería de Medio Ambiente ha emitido un informe ambiental en el que pide al Ayuntamiento de Cuellar que preserve los valores del Monte El Pelayo y busque otras alternativas de desarrollo industrial, pues “el valor natural y la fragilidad de toda la unidad desaconseja cualquier iniciativa urbanizadora”.
El Documento de Referencia Ambiental para la Evaluación Ambiental de las Normas Urbanísticas de Cuellar, publicado en el BOCyL del 18 de marzo de 2009, da al traste con las pretensiones de la empresa “Aserraderos de Cuellar, S.A.”, del grupo Efanor Investimentos, SGPS, S.A., que pretendía la reclasificación urbanística de 26 hectáreas de pinar maduro, adquiridos mediante permuta a la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuellar hace unos diez años, que fueron posteriormente descatalogados como Monte de Utilidad Pública en 2005 por la Consejería de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento de Cuellar había aprobado inicialmente en junio de 2008 un convenio urbanístico con la empresa, que aseguraba a ésta la reclasificación del suelo, catalogado legalmente como rústico protegido, a suelo urbanizable industrial, con una edificabilidad de 130.000 m2 construidos, en pleno pinar del Monte El Pelayo, lo que hubiera supuesto la destrucción de una gran masa forestal y la degradación de toda la zona.
Diversas organizaciones de defensa ambiental, entre ellas Ecologistas en Acción de Segovia, habían solicitado al ayuntamiento de Cuellar que abandonara su pretensión de ubicar en este enclave un polígono industrial, argumentando que su naturaleza forestal y su alto valor ecológico, requerían que se mantuviese su calificación como suelo rústico.
La operación que se pretendía llevar a cabo en el monte “El Pelayo” guarda ciertas similitudes con la planteada en Las Navas del Marqués (Ávila), cuyo ayuntamiento firmó un convenio que permitía urbanizar un monte de elevado valor ecológico, ignorando los valores del espacio natural.
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30 Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid
29 de marzo de 2009
El Distrito Norte de Alcorcón, la crisis y el Informe Auken
Ante la próxima cumbre del G-20 en Londres, la plataforma Stop Distrito Norte, opuesta a la urbanización del norte de Alcorcón e integrada por colectivos como Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid, ha participado en la manifestación celebrada en Madrid el pasado 28 de marzo dentro del marco de movilizaciones mundiales que reclaman un necesario cambio del sistema económico para que este se base en las necesidades y derechos y no en el dinero y el lucro.
Desde Stop Distrito Norte señalan que “es indignante que ante todas las crisis económicas siempre los gobiernos pidan sacrificios a las personas que no han sido responsables de la crisis, sino que son víctimas del sistema, empobrecidos y explotados por el provecho de unos pocos. Desde un punto de vista ecologista, es igualmente insoportable que por favorecer el crecimiento económico se llame a suspender cualquier compromiso con el medio ambiente, como la lucha contra el cambio climático, ya que si hay una crisis de gravedad para el futuro de la vida humana sobre la Tierra esa es la crisis ecológica motivada porque no se puede mantener la ficción de un crecimiento productivo indefinido partiendo de unos recursos naturales finitos sobreexplotadaos”.
Por todo ello desde Stop Distrito Norte se oponen a cualquier propuesta que se base en volver al anterior sistema depredador, rechazando que se presente la promoción de la construcción (ahora con dinero público de tod@s) como una salida a esta crisis. Así lo explican: “El problema no es generar dinero ni empleo, sino garantizar unos derechos básicos. Con la construcción pública, como la prevista en el Distrito Norte de Alcorcón, se podrá generar empleo y dinero, pero a costa de la destrucción de la naturaleza y de que las personas con menos dinero no puedan vivir en una vivienda, dejando miles de casas vacías. Todo ello sobre la base de una falta de democracia porque es un modelo que se basa en el lucro de unas empresas constructoras, que anteponen su negocio a cualquier valoración social o medioambiental”.
Además, desde Stop Distrito Norte señalan que “cuando el pasado 25 de marzo el Parlamento Europeo ha aprobado el Informe Auken contra los abusos urbanísticos cometidos en España no es de recibo que nuestros gobernantes sigan insistiendo con enormes planeamientos urbanísticos”. En este informe se considera “que las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social”. Igualmente el informe “pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador”. Desde la plataforma Stop Distrito Norte recuerdan que el Distrito Norte de Alcorcón, que ocupa casi la mitad del municipio, ha sido presentado por medio de una rectificación de la revisión del PGOU que ha permitido que este desarrollo urbanístico se apruebe sin necesidad de una auténtica evaluación de impacto ambiental, y resaltan que el agente urbanizador está presente en el Distrito Norte por medio de la Junta de Compensación formada por los propietarios privados, los auténticos beneficiarios de este proyecto. Concluyen “esta Junta de Compensación pone de manifiesto el claro origen especulativo del distrito Norte basado en la recalificación de terrenos que permitirá el incremento del precio del suelo y que ya fue puesto de manifiesto en los anteriores intentos de recalificación promovidos por el anterior gobierno municipal del PP de Pablo Zúñiga”.
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31 Ecologistas en Acción de Aragón
29 de marzo de 2009
Se reclaman más medios en los órganos de participación de control urbanístico
Ansar, COAGRET, Fundación Ecología y Desarrollo, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife reiteran sus críticas a este modelo de desarrollo insostenible y se reafirman en la necesidad de introducir mayores controles que acaben con silencios cómplices y reclaman, una vez más, medios para poder hacer efectiva su participación en los órganos de control urbanístico.
Las organizaciones ecologistas y sociales que venimos denunciando la corrupción y el nefasto modelo urbanístico en nuestra comunidad, nos alegramos que, por fin, la justicia funcione y que aflore a la vista de todos el problema que estaba latente y que no se ha sabido afrontar por el gobierno y los Ayuntamientos.
Pedimos cambios Ya: cambios que refuercen el desarrollo ordenado, que garanticen la honestidad y el control real de las decisiones, que facilite el acceso a la vivienda a precios razonables y que garantice la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.
Tal como se viene denunciando desde años atrás por parte de las organizaciones sociales en su conjunto, los mecanismos de participación que la Administración Pública articula deben de ser efectivos y eficaces para poder cumplir su función. Sin embargo, estos instrumentos carecen de los medios necesarios para que el tejido social pueda articular su participación de manera real.
Ya en el año 2003, 63 organizaciones sociales presentaron una iniciativa conjunta para mejorar el compromiso social de las políticas públicas donde, entre otras cosas, se proponía “Establecer modalidades de financiación para apoyar los procesos de planificación participativa, generación de alternativas y seguimiento de la ejecución de los presupuestos públicos”.
La actualidad, desgraciadamente, nos está dando la razón: nuestro sistema democrático necesita de controles y contrapesos que vigilen adecuadamente a los centros de poder. Y uno de esos mecanismos – no el único -, es la participación de las entidades sociales en los órganos de control.
Actualmente, las organizaciones ambientales en su conjunto estamos participando en más de 40 órganos de consulta y control en Aragón. Aunque somos conscientes de que nuestra presencia es minoritaria, nos mueve el ánimo de poder colaborar en mejorar el estado ambiental y social de nuestra comunidad y de poder recibir información y trasladarla a la sociedad, como se hace habitualmente. Sin embargo, en estos momentos, nos cuestionamos hasta qué punto es útil.
Profundizar en democracia pasa por hacer efectivos estos controles con los medios suficientes. De lo contrario, la presencia de entidades sociales y ambientales en los órganos consultivos y de decisión no deja de ser un mero lavado de cara.
Los temas urbanísticos y de modelo de desarrollo, además, han sido objeto de numerosas críticas y cuestionamientos por parte del movimiento ecologista en su conjunto, habiendo sido en unos casos ninguneados y en otros, convirtiéndonos en el centro de injustas críticas que nos acusaban de querer frenar el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. Esto, además, ha ocasionado que las entidades ecologistas carezcan de recursos que otro tipo de entidades sí disfrutan, por parte de la Administración.
En consecuencia, Ansar, COAGRET, Fundación Ecología y Desarrollo, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife reafirman su compromiso por el desarrollo sostenible en Aragón, seguiremos defendiendo un modelo de desarrollo equilibrado y denunciando aquellos casos que creamos que se escapan de este modelo, y en coherencia con lo aquí manifestado, nos veremos obligados a retirarnos de los órganos a los que asistimos, si no se afronta una reforma integral del sistema que garantice la transparencia, el control y la participación.
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24 de marzo de 2009
Nace la coordinadora de organizaciones contrarias a la energía nuclear
Ecologistas
en Acción, Adenex, Greenpeace, Amigos de la Tierra, la Coordinadora
contra Garoña, Tanquem les Nuclears de Cataluña, la Plataforma
Anti
Cementerio Nuclear de Guadalajara y las organizaciones que se oponen
a las centrales nucleares de Cofrentes, Almaraz y Trillo, entre otras
muchas entidades, reunidas en Madrid el sábado 21 de marzo, han
acordado crear un organismo unitario de coordinación para denunciar
los peligros de la energía nuclear y reclamar un calendario
ordenado, pero urgente, de cierre de las centrales en
funcionamiento.
En la reunión de Madrid se ha decidido que la
coordinación organizará y potenciará la campaña por el cierre de
Garoña, y promoverá acciones unitarias sobre este tema, así como
acciones informativas los días 16 y 25 de abril, y 13 de mayo. Una
vez conseguido el cierre de Garoña, dicho organismo facilitará el
intercambio de información y la realización de acciones conjuntas
con motivo de la renovación de los permisos de explotación de las
centrales de Almaraz, Vandellós, Cofrentes y Ascó, previstos para
el 2010 y 2011.
Paralelamente, la coordinadora apoyará la
oposición a la construcción del ATC sin que se acuerde un
calendario previo de cierre de las nucleares, denunciará los
intentos de reactivar la minería de uranio que se están produciendo
en la Península, promoverá todo tipo de acciones para hacer
visibles socialmente los peligros de la energía nuclear, y
contrarrestará socialmente las mentiras difundidas por la abrumadora
campaña mediática de los grupos de presión pro-nucleares.
Las
organizaciones, plataformas y coordinadoras que han constituido este
organismo de coordinación comparten la preocupación porque la
naturaleza de difusión en el espacio y de persistencia en el tiempo
de la contaminación radiactiva hace muy relativos los criterios de
proximidad y lejanía. El problema de las centrales nucleares no se
puede plantear únicamente en clave local o regional, ya que el
alcance territorial del máximo accidente nuclear (Chernóbil)
demuestra que el que una central esté ubicada en Tarragona,
Valencia, Guadalajara, Burgos o Extremadura es irrelevante.
Más información: Javier González, T 679 279 931
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33 Ecologistes en Acció del País Valencià
29 de marzo de 2009
Incidente en la nuclear de Cofrentes sin comunicación al CSN
Esta bajada es importante, ya que hay recordar, que esta central en marzo de 2002 aumentó la potencia de su reactor desde el 100% al 110% (pasó de 875 MGw a 1096 MGW de potencia), estaba funcionando el día anterior, con una potencia mayor incluso a la técnica ya ampliada. Pasó el día 25 de una potencia eléctrica de 1102 a 607, e incluso la potencia térmica de 3237 a 1850. Esta reducción de potencia, no es aislada en el tiempo. Las bajadas de potencia en esta central se vienen sucediendo durante todo el año 2008.
El C.S.N. en el informe del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales del tercer trimestre, ya hacia referencia en los indicadores de funcionamiento de esta central, a cambios de potencia no programados que ha llevado a cabo por cada 7.000 horas, lo que llevó a situar a esta central en la columna de “respuesta reguladora”, lo que implica que el titular debe llevar a cabo acciones correctoras y la realización de una inspección adicional por parte del CSN. Esto mismo se ha mantenido en el informe del cuarto trimestre del 2008.
Cofrentes, el año pasado, estuvo parada un 20 % de su posible tiempo de funcionamiento. Tampoco fue bien, si tomamos los datos del año pasado del conjunto de las centrales nucleares españolas, a pesar que sólo hubo la parada de una central nuclear por recarga, estuvieron funcionando 7.603 horas de un total de 8.784. Esto rompe una vez más, una de las mentiras que difunde el lobby nuclear, que estas instalaciones funcionan los 365 días del año. Por otro lado, Cofrentes ha tenido varias bajadas de potencia e incluso paradas, con prealerta de emergencia, entre otros motivos debido a fallos continuados en las válvulas de alivio/seguridad del circuito primario, todo ello a pesar que el 23 de octubre, aprovechando una parada por recarga, realizaron la sustitución definitiva de 16 válvulas.
Además en esa recarga se calculó que los trabajadores recibirían 167 mSv de dosis colectiva, perteneciendo a la sustitución de estas válvulas 50 mSv-p. Esto triplica la dosis recibida en otro tipo de centrales nucleares. A pesar de todas estas medidas los días 19 y 20 de noviembre el CSN realizó una inspección cuyo objetivo era verificar el estado de los análisis de las causas y las acciones adoptadas por el titular sobre las fugas que se venían produciendo en las válvulas de alivio/seguridad.
Para Ecologistas en Acción del País Valenciano, estos datos nos refuerzan en la opinión de que lo más sensato es programar un calendario de cierre progresivo de todas estas instalaciones. Empezando por Garoña, cuyo permiso de explotación vence el 5 de julio de 2009 y que tiene casi 39 años de funcionamiento, contando con más de 200 componentes degradados (algunos dentro del reactor).
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28 de marzo de 2009
LAS NUCLEARES, A MITAD DE POTENCIA
Cuando se cumplen 30 años del accidente de Three Mile Island (Harrisburg, EE UU), Ecologistas en Acción denuncia que de las ocho nucleares españolas sólo cuatro están funcionando a plena potencia. Así están paradas las de Trillo (Guadalajara), Garoña (Burgos) y Vandellós (Tarragona), y la de Cofrentes (Valencia) está funcionando a mitad de potencia desde el 25 de marzo, sin que se haya producido comunicación alguna que lo justifique. Así pues, de los 7.700 Mw de potencia instalada, solo 4800 están funcionando, lo que pone en entredicho la supuesta garantía de suministro de que presume la industria nuclear.
El 28 de marzo de 1979, se produjo un accidente en la central nuclear de Three Mile Island, el segundo más grave de la historia nuclear, con fusión del núcleo incluida, y que ocasionó el parón de la industria nuclear de EE UU, donde no ha entrado ninguna central en funcionamiento desde entonces. En efecto, estuvo a punto de producirse una explosión a gran escala en la contención, que habría lanzado una enorme cantidad de material radiactivo al exterior, con consecuencias desastrosas para la población y el medio ambiente. Esta explosión se evitó liberando una gran cantidad de hidrógeno radiactivo (con una alta concentración de tritio) que afectó a las poblaciones circundantes. Todavía no existen estudios fidedignos capaces de esclarecer las consecuencias de aquel escape radiactivo.
Las nucleares españolas tienen también problemas. Ha podido comprobarse en las diferentes prealertas de emergencia en Cofrentes, Vandellós y Garoña del pasado año, o la fuga de material radiactivo de Ascó. El incendio de Vandellós II pudo haber originado una gran catástrofe si el fuego hubiese alcanzado el hidrógeno de la planta. Todo ello dentro de una opacidad informativa creciente por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Una bajada de potencia como la que ha ocurrido en Cofrentes debe ser comunicada por el CSN, que de un tiempo a esta parte no hace públicos estos comunicados.
También redujo su potencia durante más de un mes la central de Garoña, hasta que entró en recarga el pasado 1 de marzo. Tampoco entonces hubo comunicación alguna. La central burgalesa, que puede cesar su actividad el próximo 5 de julio, si el Ministerio de Industria no le renueva el permiso de explotación, ha sido denunciada varias veces por las organizaciones ecologistas por su envejecido estado. Ecologistas en Acción ha señalado que la central tiene grietas en el barrilete y las penetraciones de las barras de control están seriamente corroídas por casi 40 años de funcionamiento. Ambos componentes son esenciales para la seguridad del reactor y por esa razón la organización ecologista ha pedido reiteradamente al Gobierno la no renovación del permiso.
Más información: Javier González 679 27 99 31
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28/03/2009
La fiebre del uranio ha comenzado
Los nuevos reactores nucleares buscan su futuro combustible. Sarkozy viaja a Níger para garantizar a Areva una mina en pleno desierto
ANDRÉS PÉREZ - París -
En el desierto del norte del Níger falta agua y sobra uranio. Uranio, que el gigante nuclear francés quiere explotar para facilitar una nueva edad de oro atómica. Pero, para extraer ese mineral en pleno desierto, hace falta agua, mucha agua, implicada en la fabricación del yellow cake, el uranio mineral concentrado. ¿Cómo darle agua en pleno desierto, cuando Occidente nunca movió un dedo para proporcionársela a la población local? Ese problema industrial, estratégico y de opinión pública es el que intentó ayer resolver en la capital nigerina el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
El jefe de Estado galo visitó Niamey acompañado por la presidenta de la firma Areva, Anne Lauvergeon, para intentar dar, en reuniones con el presidente nigerino Mamadou Tandja, el impulso definitivo, al proyecto de la mina de uranio de Imouraren, en el norte de Niger.
Un día antes, Areva y el Gobierno de la República Democrática del Congo habían firmado, con ocasión de la visita del propio Sarkozy a Kinshasa, un acuerdo que otorga al grupo francés Areva el derecho a efectuar prospecciones en busca de uranio en todo el inmenso territorio del país, en guerra civil larvada. Según los expertos, Congo tiene “un potencial uranífero significativo”.
Y es que esta nueva era de resurreción nuclear, con países como Italia o Suecia que ya han anunciado la construcción de nuevas centrales, necesita combustible. Y Francia, la mayor potencia nuclear del mundo, quiere ser quien controle ese oro negro atómico. Las reservas conocidas de uranio aumentaron un 15% entre 2005 y 2007 gracias al incremento de la actividad minera. Australia tiene gran parte de las reservas de uranio fácilmente extraíble (23%). Níger tiene el 5%.
Areva, número uno
El yacimiento nigerino, de hecho, contiene una de las principales reservas conocidas del mundo. Por él, Areva está dispuesta a invertir 1.200 millones de euros. A partir de 2012, según planea la empresa, el lugar se convertirá en la segunda mina de uranio a cielo abierto del mundo, colocará a Niger como segundo exportador mundial, y garantizará a la firma francesa, actualmente en apuros, su consolidación definitiva como número uno del ciclo del combustible nuclear.
Según lo planeado por Areva, sí. Pero no forzosamente es la realidad futura, porque los tuaregs del norte del Níger, confederados con los de todos los otros países de la región, no son gente que se deje hacer fácilmente. Enterados de la auténtica fiebre del uranio que recorre el planeta y de la subida de los precios mundiales, los tuareg empezaron a exigir no sólo su tajada, sino el respeto de sus tierras, reconocido por la declaración de la ONU sobre los pueblos autóctonos.
El
Movimiento de los Nigerinos por la Justicia (MNJ) retomó hace dos
años una rebelión armada y le puso las cosas muy difíciles al
gigante francés, a las firmas competidoras chinas y al Gobierno de
Niamey. Un incidente puso los pelos de punta a Areva: el secuestro en
junio pasado de cuatro ejecutivos franceses, que luego fueron
liberados.
En octubre, Thierry d’Arbonneau, director de
seguridad de Areva y ex almirante de la fuerza nuclear militar del
Ejército francés, perdió los nervios y dijo en público en París
lo que un militar sabe que sólo debe decirse en el secreto de una
negociación con amenazas: “Hay que dar al Ejército nigerino los
medios de aplastar la rebelión de los tuareg, esos hombres azules”
que “no son más que una ilusión”, “arrebatan el corazón de
las mujeres” y “quieren impedirnos que excavemos la tierra”.
En esas palabras, pronunciadas durante un coloquio de la patronal francesa, la asociación tuareg Alhak en Akal y la alemana Menschenrechte vieron un presunto delito de “incitación al odio racial”, sancionado con penas de cárcel en Francia. D’Arbonneau, número cuatro virtual de Areva tras Lauvergeon y la española Ana Palacio, fue objeto de una primera vista en el tribunal correccional de París por “incitación al odio racial” anteayer. Los parlamentarios franceses del grupo Verde, del PCF y del Partido de Izquierda (PG), por su parte, han solicitado una comisión de investigación.
La seguridad de la explotación es la obsesión de las autoridades francesas. “Se trata de un país que ya tiene problemas de desertificación, y Areva va a tener que captar yacimientos de agua fósil. El átomo francés condenará toda la región a la devastación para siempre, con las consiguientes tensiones”, explicó en una rueda de prensa la europarlamentaria ecologista Hélène Flautre.
El agua es el talón de Aquiles del proyecto. Lavar en al menos dos operacions diferentes los bloques de mineral de uranio extraído es condición indispensable para poder acondicionar el mineral materia prima. Oficialmente, Areva afirma que no va a ocurrir nada. “En los 40 años de explotación de la mina, las necesidades industriales exigirán unos 500 millones de metros cúbicos de agua, en su mayoría agua fósil”, situada a unos 170 metros de profundidad, explicó a Público la dirección de la firma. “Eso representa sólo entre 6% y 7% del agua que hay allí”, añadió la misma fuente.
Otros directivos manejan en público cifras ligeramente diferentes, pero la consecuencia es la misma. Areva, durante 40 años de beneficios en Níger, nunca ha construido una red de agua potable para todos los habitantes de este país, uno de los más pobres del mundo. Por el contrario, ahora, para el uranio, sí se dispone a bombear agua de una capa fósil en una zona desértica.
Un segundo problema amenaza el Eldorado uránico de Areva: la región es geopolíticamente inestable, y sacar el mineral de un punto cercano a la frontera libia no es una broma. Lo fácil sería llevar el preciado uranio hacia Francia pasando por Argelia, pero entonces ¿cómo seguir repitiendo el lema preferido de Nicolas Sarkozy, a saber, que la energía nuclear garantiza la independencia energética?
La solución barajada por Areva y más segura actualmente es basarse en las rutas ya empleadas para otras minas menores de la región del norte de Níger. Eso significa llevar el mineral para un auténtico Africa Radiactive Tour por carretera y tren hacia los puertos del sur.
El camino que seguirá ese yellow cake es un auténtico periplo mundial en camión, tren y buque mercante, con las consiguientes emanaciones masivas de CO2. Eso sí: nadie efectuará ese balance. Así, Nicolas Sarkozy podrá seguir repitiendo su afirmación fetiche de que el átomo es “carbononeutro”.
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36 Ecologistas en Acción de Guadalajara
25 de marzo de 2009
Satisfacción por la prohibición de extraer uranio en Mazarete
Ecologistas en Acción de Guadalajara aplaude la decisión de la Junta de prohibir la explotación del yacimiento de uranio de Mazarete, pero recuerda que Aragoncillo I y II sigue su trámite administrativo, y son la continuación al recién declarado "no registrable para permisos de investigación" de Mazarate.
Ecologistas en Acción ha recibido con satisfacción la decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de fecha 24 de marzo de 2009 por el que se aprueba el Decreto que proclama la "no registrabilidad para permisos de investigación" en el yacimiento de uranio de Mazarete, lo que impedirá cualquier futura explotación comercial del mineral en la zona. La Junta paraliza así la posibilidad abierta por el Gobierno central, que el pasado febrero levantó la reserva estatal que pesaba sobre este área.
No obstante desde Ecologistas en Acción de Guadalajara recordamos que en la actualidad está abierto el permiso de investigación al yacimiento de uranio que abarca mas de 400 cuadrículas mineras y afecta a una decena de municipios desde Anquela del Ducado a Molina de Aragón, sobre una gran superficie de espacio protegido de la Red Natura 2000, y sobre las cabeceras de los Ríos Gallo y Mesa. Dicha documentación ha sido presentada por la empresa Minera del Río Alagón, S. L. y al día de hoy se encuentra en el proceso de consultas previas. Consideramos que los mismos argumentos esgrimidos por la Consejería de Industria y Medio Ambiente se deben utilizar para paralizar esta continuación al yacimiento de Mazarete, los denominados "Aragoncillo I y II".
Asimismo recordamos que Aragón ha iniciado una campaña de oposición frontal a este proyecto, llegando a presentar una proposición no de ley la Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, para instar al gobierno regional a que rechace el proyecto (adjuntamos en fichero). Asimismo la Comarca de Calatayud con una población de más de 60.000 habitantes, que se abastece a través del embalse de la Tranquera, cuyos afluentes son el Río Piedra y Mesa, ha aprobado ya una moción en la misma línea, apoyada por todos los grupos políticos (PSOE, PP, PAR y CHA).
Ecologistas en Acción de Guadalajara anuncia que con motivo de la futura prospección minera en la Sierra de Aragoncillo, se llevará a cabo una charla informativa el próximo sábado 11 de abril de 2009, a las 17.30 h. en la Iglesia Sta. María del Conde en Molina de Aragón.
37 Ecologistas en Acción de Almería
25 de marzo de 2009
Declaraciones desafortunadas del CIEMAT sobre Palomares
Ecologistas en Acción considera desafortunadas las manifestaciones del CIEMAT aparecidas en la prensa sobre Palomares, según las cuales ya no existe contaminación radiactiva.
Desde el año 1966, en que cayeron cuatro bombas termonucleares sobre Palomares (Almería), esta zona está contaminada con Plutonio y otros actínidos, tal como muestran numerosos informes del propio CIEMAT y del Consejo de Seguridad Nuclear.
Ante esta persistente contaminación, cuya extensión se ha acotado muy recientemente, finalmente y tras todos estos años, el CIEMAT ha comenzado las actividades que culminarán en la descontaminación de la zona.
Por lo tanto, las informaciones aparecidas en la prensa dejan pensar erróneamente que ya se han terminado los trabajos de limpieza radiológica de la zona de Palomares. Sin embargo, para evitar malos entendidos, informamos a la opinión que dichos trabajos de limpieza aún no han comenzado y que, cuando esto ocurra, contarán con el apoyo de Ecologistas en Acción pues constituirá el final de un largo proceso. Al día de hoy Palomares es la zona europea con mayor contaminación de Plutonio y lo ha sido durante más de cuarenta años, ante la pasividad de las diversas administraciones.
Ecologistas en Acción valora positivamente los trabajos de caracterización radiológica realizados que deberán dar lugar al consiguiente proceso de descontaminación. La organización ecologista confía en que estas actividades se realicen con las debidas garantías y con la transparencia democrática correspondiente y espera que no se produzcan más declaraciones que confunden a los medios de comunicación y a la opinión pública.
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27/3/2009
Suelos públicos para paneles solares privados
El Ayuntamiento de Murcia pretende incentivar las energías renovables sacando a concurso terrenos municipales para la instalación de paneles solares. Las fincas municipales que se encuentran en las pedanías de Gea y Truyols, Jerónimo y Avileses y Sucina.
Es la primera vez que el municipio pone en marcha un proyecto de estas características, fruto del compromiso por mejorar el medio ambiente.
Evitarán la emisión de más de 17.000 toneladas de CO2 al año
Se prevé que estos huertos solares generen inicialmente 15MW de energía fotovoltaica anual, lo que supondría un ahorro de emisión de 17.250 toneladas de CO2/año. A su vez señalar que generarán la energía eléctrica que consumen al año más de 8.000 hogares. En 25 años se logrará la cifra de reducción de casi medio millón de emisiones en toneladas de CO2 a la atmósfera.
El
Ayuntamiento saca a concurso estas parcelas, de propiedad municipal,
con el objetivo de que los
adjudicatarios instalen plantas de energía
solar. Las dimensiones de las parcelas son: Gea y Truyols con
5,6 hectáreas, La Peraleja
en Sucina cuenta
con 43 hectáreas y la finca El
Escobar en Jerónimo y Avileses con 100 hectáreas.
Todos los solares ofrecen similares características para los
fines propuestos.
La ubicación de estas instalaciones solares, al estar en puntos de muy alta radiación solar y con gran cantidad de horas de sol, garantizará una producción elevada y rentable.
Concesiones por 25 años
Las
empresas que aspiren a ser adjudicatarias podrán mejorar las
condiciones exigidas por el Ayuntamiento. La concesión
administrativa se realizará por 25 años y podrá ser
prorrogable 10 años más, si bien la vida útil de este
tipo de
instalaciones suele ser de unos 40 años.
Esta acción se enmarca dentro de la Estrategia Local de Lucha contra el Cambio Climático, que tiene como objetivo lograr una reducción de 240.000 toneladas de CO2. ALEM, la Agencia Local de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Murcia indica que de 2010 a 2012 estas instalaciones evitarán la emisión a la atmósfera de 51.750 toneladas de CO2. Sólo con esta actuación se llegará al 21% del objetivo para 2012.
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28/03/2009
España lidera el renacer termosolar con 3.000 millones de inversión
Las 10 plantas en construcción desbordan las previsiones del Gobierno
Una clave del éxito de estas centrales está en que pueden funcionar de noche
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid -
La escalera que atraviesa el amasijo de hierros de la central termosolar que Acciona construye en Alvarado conduce a una vista espectacular: 184.000 espejos parabólicos recubren 130 hectáreas. El brillo metálico contrasta con los olivos. Estos espejos, de casi seis metros, concentrarán el recio sol de Badajoz sobre un aceite que calienta agua, cuyo vapor mueve una turbina. La planta, que abrirá antes de final de año, generará electricidad para abastecer a 28.000 hogares. Pero eso no es lo más relevante. La central es una muestra de cómo España lidera el renacer de la energía solar termoeléctrica, prácticamente abandonada en los noventa y hoy gran esperanza de las renovables.
El director de la Plataforma Solar de Almería, Diego Martínez, no oculta su satisfacción: "El actual auge demuestra que el que aguanta gana". Martínez recuerda los años difíciles, cuando el complejo del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), casi echa el cierre. "La planta de investigación abrió en 1981 y a principios de los noventa había momentos en que no sabíamos si seguiríamos un año más. Ahora toda la industria recurre a nosotros".
Casi cada semana se sucede un anuncio. Todo tipo de empresarios, hasta el ex grande del ladrillo Manuel Jové, anuncia millonarias inversiones en energía termosolar. "Hay 14.000 megavatios pedidos", dice Carlos Muñoz, presidente de la sección solar termoeléctrica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). Pero inmediatamente pide poner en cuarentena la cifra. La inversión de cada planta -en plena sequía de crédito no es sencillo conseguir los 250 millones que cuesta cada una-, la falta de turbinas o la disponibilidad de agua frenarán muchos proyectos.
Aun así, ya hay en construcción 10, que se suman a la que ACS construyó en Granada o a la de Abengoa en Sevilla, lo que supone una inversión que ronda los 3.000 millones para generar luz para unos 300.000 hogares. Están en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, que reúnen sol y agua. El norte no es rentable. Pero en el sur, con la tecnología y la prima que sale del recibo de la luz, es buen negocio.
La previsión de APPA es que en 2010 haya instalados 531 megavatios, algo por encima de los 500 previstos en el Plan de Energías Renovables en 2010. Muñoz señala que Red Eléctrica podría afrontar 9.500 megavatios en 2020 (superior a la potencia nuclear). Y pide que el sector tenga un crecimiento equilibrado, sin burbujas como la que en 2007 y 2008 llevó en España a instalar unos 3.000 megavatios de solar fotovoltaica. Esto la convirtió en líder mundial, pero Industria la cortó en seco en septiembre pasado con el argumento de que el precio que pagan los consumidores en la tarifa es demasiado alto.
La termosolar seguirá creciendo. En España, en EE UU y el norte de África, donde la UE quiere instalarla masivamente para abastecer Europa. "Estamos empezando a dar el salto y no sé cuál será el límite. Nos miramos en la eólica, que en España produce un 11% de la electricidad. Hace 10 años nadie hubiera creído esa cifra. Las empresas españolas están reconquistando EE UU". Acciona tiene una planta en Nevada, la segunda construida allí desde 1991. Abengoa tiene planes en Arizona, Nueva York y Marruecos.
Una de las claves del éxito es que pueden funcionar hasta de noche. Al alba los espejos apuntan al este y se van moviendo con el Sol. De noche, un sistema de sales almacena el calor y puede producir electricidad. La tecnología hace brillar el Sol en la oscuridad.
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28/03/2009
Las eléctricas exportan luz pese al parón de tres nucleares
R. M. - Madrid -
Es difícil desmontar los mitos. Uno de ellos, muy extendido, es que España importa electricidad, sobre todo de Francia, que a su vez la produce con energía nuclear. El argumento apuntala la tesis de que hacen falta más plantas o al menos alargar la vida de las existentes. Sin embargo, desde 2004 España exporta electricidad. En 2008, un 3,94% de la producción.
Esta electricidad va principalmente a Portugal y a Marruecos (a través de dos cables submarinos). De Francia llega luz, pero menos de la que sale. España sí importa la materia prima energética, el gas o el uranio, pero lo convierte en electricidad y lo exporta. Es como el que importa tela y exporta ropa. Sí depende del exterior.
La prueba de que no es una situación aislada es que desde el 16 de marzo tres de los ocho reactores nucleares españoles están parados (Vandellòs II, Trillo y Garoña recargan combustible). España ha exportado estos días 48.377 megavatios por hora, según la web de Red Eléctrica, como el consumo de 16.000 hogares un año. Generalmente se exporta los días de viento y se importa los de calma.
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41 EL PAÍS Comunidad Valenciana
28/03/2009
La continuidad del transvase Tajo-Segura es el único consenso entre PP y PSPV
Unas 10.000 personas se suman a la manifestación celebrada en Elche
"Si nos cierran el grifo estamos muertos", remarcó un agricultor
"La Generalitat y el PP están donde siempre", aseguró el consejero Cotino
E. MOLTÓ / C. MEDINA - Elche -
La foto de Camps y Alarte bajo la misma pancarta a favor del trasvase Tajo-Segura no se repitió. La escena que se produjo en Murcia hace apenas una semana se frustró anoche en Elche, por la ausencia del jefe del Consell. El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, caminó arropado por una nutrida representación de cargos del PSPV junto a seis consejeros de Camps, liderados por el vicepresidente Juan Cotino. De hecho, la reivindicación del Tajo-Segura es el único punto en el que existe consenso entre el PP y el PSPV.
La manifestación celebrada anoche fue menos multitudinaria que la de Murcia (que congregó a 400.000 personas). En Elche hubo unas 9.000 personas, según la Policía Local, y unas 20.000 según los organizadores. Todos reivindicaron que se mantenga el trasvase que abastece a 36 municipios de Alicante y con el que se riegan más de 150.000 hectáreas de cultivos. El próximo miércoles 1 de abril se reunirá la Comisión Constitucional del Congreso encargada de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que plantea la caducidad del trasvase en 2015.
Todos juntos y unidos en defensa del trasvase, fue el lema de manifestación, cuya pancarta portaban los líderes agrarios, junto a los políticos, tanto del PP como del PSPV. Cotino excusó la presencia de Camps diciendo que toda la Generalitat y el PP "está donde siempre, los que han rectificado han sido ellos", en alusión a los socialistas. El líder del PSPV, Jorge Alarte, replicó mostrando su "preocupación por la ausencia de Camps". "Quizás ha dado marcha atrás y, ahora, no defiende el trasvase", añadió el líder socialista.
A la manifestación se sumaron regantes de Murcia, Castellón, Valencia y Alicante. Antonio Alberola, de 66 años y toda una vida en el campo de Mutxamel, justificó así su presencia: "Estuvimos en Murcia. Siempre hay que pedir toda el agua. Si nos cierran el grifo, estamos muertos". La protesta transcurrió prácticamente en silencio. No hubo consignas, ni ninguna referencia al caso Gürtel ni a la polémica de las facturas del alcalde ilicitano, del PSPV.
Quince entidades y colectivos respaldaron la manifestación, que concluyó en la plaza de la Basílica de Santa María, donde Manuel Serrano, representante de los regantes, leyó un manifiesto en el que vaticinó "despidos, paro y emigración", si se consuma la caducidad del trasvase Tajo-Segura. "Sin agua no hay vida", concluyó.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes se sumó a la manifestación al considerar que la desaparición del Tajo-Segura provocaría "graves consecuencias" socioeconómicas. Andrés del Campos, presidente de la Federación, calcula que se podrían perder hasta 100.000 empleos directos e indirectos en la huerta.
La representación política del PP se completó con la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Y en el bando socialista, además del alcalde de Elche, Alejandro Soler, también estuvo el secretario de los socialistas de Murcia, Pedro Saura. Alarte instó a Camps a explicar si "su ausencia en la manifestación se debe a instrucciones directas de la secretaria del PP, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy". El líder del PSPV remachó su crítica a Camps: "No nos merecemos un presidente que hoy [por anoche] no esté en Elche al lado de los ciudadanos".
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42 Ecologistas en Acción de Cádiz
27 de marzo de 2009
La Consejería de Medio Ambiente consagra una gestión insostenible del agua
Se siguen construyendo macropresas que secan nuestros ríos e impiden la llegada al mar de sedimentos y nutrientes que regeneren nuestras playas y caladeros; se sobreexplotan los acuíferos en aras de la agricultura intensiva y de los campos de golf; y se informan favorablemente planes de ordenación urbana expansivos que requieren aumentos de recursos de agua que no tenemos. Se permiten incluso destrucción de bosques –nuestras más valiosas y estratégicas infraestructura hidráulicas- para construir urbanizaciones y campos de golf, como se está haciendo en Los Merinos (Ronda) y se ha autorizado en Arcos.
Es de destacar que el Acuerdo Andaluz sobre el Agua no ha sido firmado ni apoyado por una sola organización ecologista, pues no garantiza –sino todo lo contrario- el uso sostenible de los recursos y ecosistemas acuáticos ni el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. En el Acuerdo se asegura que “no faltará agua para el crecimiento”. ¿Qué tipo de crecimiento? ¿De dónde sacarán el agua? Este acuerdo pretende ser un mal sucedáneo del proceso participativo que debe regir la planificación de las cuencas, eludiendo las obligaciones legales y haciendo que, por ejemplo, la planificación de la Cuenca Mediterránea Andaluza vaya con un año de retraso, y la del Guadalete-Barbate esté paralizada.
La falta de compromiso con una nueva cultura del agua se pone de manifiesta en la falta de concreción para el cumplimiento de los objetivos: sólo se incluye la fiscalidad ecológica para demandas urbanas pero no para el uso de agrotóxicos; se contemplan infraestructuras hidráulicas innecesarias y de alto impacto ambiental como trasvases ya desechados por el mismo partido del gobierno en la Junta en otras comunidades autónomas; representa una amnistía absoluta para los usos ilegales del agua, especialmente de los regadíos y de las captaciones de aguas subterráneas; no se limita la demanda, evitando la congelación de nuevas concesiones, tanto para recursos subterráneos como superficiales; no se garantiza el deslinde para recuperar y reforestar las riberas; y se elude destinar los caudales provenientes del ahorro por aumento de la eficiencia y la modernización en todo tipo de demanda, a la mejora y recuperación del régimen de caudales ecológicos.
En la provincia de Cádiz la gestión hidráulica ha empeorado ostensiblemente en estos últimos años, frustrándose las expectativas que había generado el traspaso de las competencias a la Junta de Andalucía. La transferencia de competencias del Guadalete, Barbate y cuencas del Sur no sólo no ha supuesto un giro hacia una gestión sostenible, sino que se ha demostrado una absoluta sumisión a todo tipo de presiones de los Ayuntamientos y promotores para favorecer grandes proyectos urbanísticos de tipo especulativo. Como prueba de esta situación se puede destacar:
+ A estas alturas, todavía hay municipios en la provincia de Cadiz como Algeciras, Tarifa, Chipiona o Prado del Rey, o urbanizaciones como Caños de Meca o El Palmar, que carecen de depuradora; otros municipios, como El Puerto, Vejer, Barbate o los de la cuenca alta del Guadalete, las tienen inactivas o funcionan deficientemente.
+ De los 23 campos de golf existentes en la provincia, sólo cinco riegan con agua depurada. El resto, o bien tienen concesiones de riego comprada a regantes, lo que supone un uso fraudulento del agua, o les han dado directamente concesiones igualmente fraudulentas, ya que los Planes Hidrológicos en vigor no reconocen dentro del uso recreativo al golf. Casos especialmente sangrantes son:
. Montenmedio: donde se construyó un campo de golf sobre un bosque talado ilegalmente que la CMA sancionó con la repoblación obligatoria que marca la ley. No se ha repoblado nada, el campo de golf sigue funcionando y se está regando con 500.000 m3 de agua del acuífero.
. Montecastillo: se riega desde hace cuatro años con agua de una concesión ilegal de 500.000 m3 de la comunidad de regantes del Guadalcacín. ¿Con qué regaban antes?.
. Pto. Sta María: el campo de golf de Vistahermosa II destruyó uno de los mejores retamares del mundo, con una importante población de camaleones, y se está regando sin concesión con agua de un acuífero costero sobreexplotado. Golf El Puerto ha sido declarado ilegal por los tribunales, pero sigue funcionando y regándose.
. Pto. Real: el campo de golf de Villa Nueva tiene la obligación de regar con agua depurada, pero se riega con agua de pozo.
. Atlanterra: se ha autorizado una ampliación de esta aberración con campo de golf incluido que se pretende regar con agua de la red de Tarifa.
. Prado del Rey: se autoriza un campo de golf en un municipio con restricciones y sin depuradora.
. Castellar de la Frontera: se ha aprobado un campo de golf y se le ha autorizado una toma directa del río Hozgarganta.
. Jimena de la Frontera: hay dos proyectos de campos de golf, uno con toma de un arroyo del Parque Natura Los Alcornocales.
+ En unas cuencas sobreexplotadas y con grave falta de recursos en periodos de sequía, se siguen tramitando nuevas concesiones de agua. Un ejemplo, este mismo mes una empresa de Medina ha solicitado ¡¡1.308.000 m3 de agua!! para poner en regadío 230 has. En una provincia con problemas serios de abastecimiento se pretende regalar a un particular el agua que necesitan 20.000 personas.
Sra. Consejera, Andalucía necesita menos propaganda e ineficacia y más compromiso para garantizar un uso sostenible de un recurso estratégico para nuestra tierra como es el agua.
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26/03/2009
El fiscal exculpa a la Xunta del desastre ecológico en A Fervenza
Imputados dos directivos de Ferroatlántica por la muerte de miles de peces
Medio Ambiente mantiene un expediente abierto a la empresa
PAOLA OBELLEIRO - A Coruña –
La Fiscalía considera que Ferroatlántica es la única responsable del desastre ecológico que provocó la muerte de miles de peces en noviembre de 2007 al quedarse seco el embalse de A Fervenza, en el río Xallas, que explota esta empresa. En un escrito remitido al juzgado de Corcubión -en el que se instruyen las diligencias previas para determinar si se cometió un delito o no- el ministerio público exculpa a los dos directivos de Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, que están imputados por el juez en esta causa.
Para el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, la responsabilidad de aquel desastre recae en los otros dos acusados, el consejero delegado de Ferroatlántica, José Luis González-Haba, y el jefe de explotación del embalse, Román Lozano. La Fiscalía les considera autores de un delito ecológico.
El informe pericial incorporado a la instrucción del juez de Corcubión concluye también que la empresa es la responsable de que, en plena sequía, quedase prácticamente vacío este embalse de A Costa da Morte por soltar de forma indebida agua para garantizar así la producción de electricidad en otra presa que también explota Ferroatlántica, río abajo, en el mismo Xallas. Este informe del perito coincide con la argumentación de la Consellería de Medio Ambiente y en él también se basa la Fiscalía para pedir al juez instructor que se mantenga la imputación de los directivos de la empresa concesionaria del aprovechamiento hidrológico del río Xallas. Por el contrario, para el ministerio público no deberían seguir imputados en esta causa judicial el director general de Augas de Galicia, José Luis Romero, y el subdirector, Francisco Alonso, cuya actuación estima correcta.
La empresa concesionaria mantiene que avisó a la Administración autonómica de la situación crítica que atravesaba el embalse de A Fervenza, con un nivel de ocupación casi nulo, mediante un fax enviado la víspera de aparecer miles de peces muertos por falta de oxígeno. El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente asegura, por el contrario, según declararon ante el juez los dos altos cargos aún imputados, que esa comunicación de Ferroatlántica, remitida al Servicio de Protección da Natureza y no a Augas de Galicia, fue insuficiente. Y alega que los informes diarios que emite la Xunta sobre la ocupación de los embalses, con datos que las empresas concesionarias están obligadas a comunicar, son sólo datos estadísticos que en ningún caso eximían a Ferroatlántica de alertar del descenso alarmante del caudal de A Fervenza en las semanas anteriores al desastre ecológico.
La consellería considera sospechoso que mientras ese embalse se quedaba prácticamente vacío, la otra presa que explota Ferroatlántica, aguas abajo, para la producción de energía eléctrica, estuviese casi lleno, con un 90% de ocupación.
De hecho, Medio Ambiente mantiene abierto un expediente administrativo sancionador contra la empresa concesionaria que podría suponer el pago de una multa de hasta 600.000 euros.
Ante el juez de Corcubión, los dos altos cargos de Augas de Galicia defendieron haber actuado con responsabilidad nada más tener conocimiento de la gran mortandad de peces en A Fervenza, al obligar a Ferroatlántica a cerrar la presa para que recuperase lentamente caudal.
Una vez recibido el escrito de la Fiscalía, el juez de Corcubión deberá decidir a partir de este momento si sigue adelante con las diligencias judiciales y quiénes son finalmente los imputados de los cuatro que ahora mismo comparecen en la causa.
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26/03/2009
OPINIÓN
El derecho humano al agua
Carmen Magallón, doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
El
Foro Mundial del Agua celebrado recientemente en Estambul se ha
cerrado sin llegar a un consenso sobre la declaración del acceso al
agua potable como derecho humano. No obstante, 20 países, entre
ellos España, han apoyado esta declaración. Podemos felicitarnos de
que nuestro país se haya alineado con gran parte de América Latina,
buena parte de África y algunos países asiáticos en una
reivindicación tradicionalmente defendida por el Foro
Alternativo.
Fue en el anterior Foro del Agua, celebrado en 2006
en México, cuando conocí a las mujeres mazahuas. Me impresionó
verlas desfilar con sus vistosos trajes en la marcha que abría el
Foro Alternativo. Con fusiles de madera al hombro y pancartas,
reclamaban su derecho al agua. Más tarde, pude leer el minucioso
trabajo de la antropóloga Anahí Copitzy Gómez sobre el problema
que creó el sistema Cutzamala, una enorme y compleja obra hidráulica
que abastece a la ciudad de México captando agua del territorio
mazahua.
Las expropiaciones, daños ambientales y, sobre todo, la carencia de abastecimiento de agua en sus comunidades, levantaron un movimiento que en 2004 llevaría a las mazahuas a constituir el Ejército Zapatista de Mujeres por la Defensa del Agua. En estos días, lejos de los debates de Estambul, pero en su estela de preocupaciones, y de la mano de Anahí, he visitado algunas comunidades mazahuas en el Estado de México: Loma de Juárez, Los Berros, Salitre del Cerro y San Isidro. Lo primero que impresiona es su profunda hospitalidad: lo dejan todo para acompañarte. Las mayores vienen a la reunión con sus bellos trajes, nos enseñan las piletas de agua potable y el invernadero conseguido tras las luchas, y nos hablan de las promesas pendientes. Tanto el nombre del grupo como el portado de armas, dicen, son símbolos, pues, aun sin contactos con el zapatismo, se identifican con él. Pero es a través de sus acciones colectivas, de corte no violento, como han logrado empoderarse para finalmente poder dialogar. Las marchas, plantones, entrevistas y bloqueos en la principal planta potabilizadora forzaron finalmente la firma de un convenio con el Gobierno federal, que incluye diversos proyectos de desarrollo y el reclamado abastecimiento de agua.
El caso de las mazahuas es paradigmático de una realidad que se repite en muchos lugares del mundo: derechos de pueblos originarios son avasallados en beneficio de la gran urbe. El Foro Alternativo del Agua, que surgió frente a las políticas privatizadoras impulsadas por el Banco Mundial y el poderoso lobby transnacional europeo, ha venido siendo altavoz de las necesidades de afectados por conflictos del agua, similares a las del pueblo mazahua. Este año, en Estambul, además de sumar fuerzas en pro del agua como derecho humano, se han puesto sobre la mesa los graves impactos sociales y ambientales que acarrea la construcción de grandes presas. Y se ha cuestionado la legitimidad de un foro oficial que, por la naturaleza de los problemas a tratar, debería ser organizado por la ONU y no, como es el caso, por las principales empresas privadas de agua del mundo.
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45 Ecologistas en Acción del Puerto de Santa María
26 de marzo de 2009
No más inútiles regeraciones de playas
Ecologistas en Acción exige la paralización de unas regeneraciones de playas tan costosas como inútiles
Ecologistas en Acción ha solicitado a la Demarcación de Costas la paralización de las regeneraciones previstas en las playas de Fuentebravía y El Aculadero. En reciente entrevista con los máximos responsables de la Demarcación hemos solicitado un estudio sobre las causas de la pérdida de arena en Fuentebravía, y que se desista de echar más arena en El Aculadero donde hay un interesante arrecife rocoso.
El alcalde ha desmentido que haya sido el Ayuntamiento el que ha demandado tales regeneraciones.
Adjuntamos el escrito dirigido a la Demarcación de Costas
Demarcación de Costas de Cádiz:
Ecologistas en Acción ha venido año tras año mostrando su oposición a la política de “regeneración” de playas que viene aplicando esa administración por entender que sólo consigue llenar de arena cada verano las playas para que de nuevo los temporales se la lleven en invierno, ya que ni se estudian ni se corrigen las causas estructurales de la pérdida de arena de las playas.
En la reunión que mantuvieron representantes de Ecologistas en Acción y de esa Demarcación el pasado martes 24, les reiteramos nuestra oposición a los proyectos de rellenar de arena las playas de Fuentebravía y El Aculadero, en el Puerto de Santa María, insistiendo en que es seguir tirando el dinero. En el caso del Aculadero les expusimos que esta insistencia es aún más incomprensible pues nunca ha sido una playa, sino un interesante arrecife rocoso. Ustedes se escudaron en que es una petición de “los que han sido elegidos por el pueblo para gobernar El Puerto”.
Pues bien, puestos en contacto con el alcalde de El Puerto nos ha desmentido que hayan presionado a Costas para estas regeneraciones de playas. Moresco nos ha asegurado que lo que han pedido es que se realice une estudio sobre las causas de la pérdida de arena en Fuentebravía, en lo que coincidimos, y que sobre El Aculadero no han pedido nada.
Por todo ello, solicitamos se paralicen las supuestas regeneraciones en estas dos playas. En el caso del Aculadero se debe desistir de forma definitiva, dejando que la dinámica litoral funcione de forma natural. En el caso de la playa de Fuentebravía hay que esperar a las conclusiones del estudio que esa Demarcación ha encargado a la Universidad de Cantabria sobre las causas de la pérdida de arena. El país no está para tirar el dinero.
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46 Grupos Autogestionados de Konsumo, GAK
26/03/2009
Soberanía Alimentaria y Consumo Responsable
El Grupo de Estudios Agroecológico (GEA), los Grupos Autogestionados de Konsumo (GAK) y La Garbancita Ecológica promovemos una nueva campaña que tiene como horizonte el día de las luchas campesinas cuyo título es: "Soberanía Alimentaria y Consumo Responsable Agroecológico. Transgénicos ¡Prohibición!".
Esta campaña se sustenta en un seminario titulado "Elementos Fundamentales para la crítica de la inseguridad alimentaria" en el que se realizan tareas de investigación, estudio y elaboración acerca de la Soberanía alimentaria y el Consumo Responsable Agroecológico. Con los materiales producidos en este seminario (11 artículos programados hasta el 17 de abril), se realizan dos de las 3 charlas-debate que se inician hoy jueves 26 a las 18:30. En esta primera contamos con Juan Chavez, campesino miembro del Consejo Nacional Indígena de Mexico que nos dará el punto de vista de América Latina, a nuestro juicio indispensable para no perder el Norte. Os adjunto documento explicativo de la campaña.
Por último hacemos un llamamiento a la manifestación en Zaragoza el 18 de abril de 2009 que convocan las organizaciones miembros de la Plataforma Rural y Greenpeace. Nuestro apoyo a esta campaña es crítico. Desplegamos la consigna única de dicha convocatoria "Porque no nos gustan los transgénicos" con determinaciones que vinculan la problemática de los transgénicos en España y Europa con lo que ocurre en América Latina y en general los países empobrecidos o rehenes del libre comercio de alimentos. Aquí nos conformamos con Zonas Libres de Transgénicos para los consumidores bienpensantes. Por eso añadimos "Coexistencia con transgénicos, no, no y no. Ni consumidos, ni producidos, ni importados. Basta ya de doble lenguaje. La coexistencia sin contaminación es imposible. Transgénicos, ¡Prohibición!"
Como hicimos en el caso de la campaña de la FAO, animamos a la participación en a distintos colectivos y organizaciones involucrados en la agroecología y consumo responsable, a la escala que os parezca conveniente: difundir la campaña, suscribirla, animar a otros colectivos a sumarse, difundir artículos, incluir algún artículo, sumar actividades que desarrolleis en vuestro territorio para que los difundamos por nuestra parte, etc. En el plan de la campaña hay un calendario y títulos, en algún caso provisionales. Os adjuntamos los dos primeros.
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SUS CONDICIONES DE POSIBILIDAD [Fuente: Galindo, P. (Coord.) “Agroecología y consumo responsable. Teoría y práctica” Ed. Kehaceres. Madrid, 2006)
Pilar Galindo
¿QUÉ ES LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?
Los seres humanos, precisan alimentos nutritivos, saludables y en una cantidad adecuada para asegurar tanto su desarrollo en tanto que organismos vivos, como sus condiciones de reproducción. La salud individual y colectiva, presente y futura, depende de la alimentación. Un ser vivo bien alimentado está menos expuesto a enfermedades y a la muerte prematura.
La seguridad alimentaria es la capacidad de una población para disponer de alimentos nutritivos en cantidad y calidad suficiente. La seguridad alimentaria es un derecho humano prioritario y condición necesaria para el desarrollo integral de la persona. La inseguridad alimentaria es causa de la peor de las exclusiones: el hambre y la muerte por enfermedades evitables. Una sociedad que se considera a sí misma avanzada, civilizada y humanista debe garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, en las sociedades de mercado, la enorme creación de riqueza tiene como condición el aumento del hambre, la pobreza y la exclusión. Hoy no se producen los alimentos para dar de comer a las personas que lo necesitan, sino para que las grandes empresas obtengan beneficios en el mercado mundial. La inseguridad alimentaria tiene dos caras: la escasez y baja calidad de los alimentos y la nocividad de los alimentos sobre la salud y la reproducción. Hambre y comida basura son los dos polos de la inseguridad alimentaria global, consecuencia de la industrialización y mercantilización de los alimentos, de la riqueza material, pero también de la pobreza.
En su dimensión cuantitativa, la inseguridad alimentaria supone un déficit en el acceso a la cantidad de recursos alimentarios imprescindibles. Este déficit supone hambre, desnutrición, enfermedades carenciales y muerte en muchos países empobrecidos. Hay más de 920 millones de personas hambrientas y el 20% de la población mundial padece subnutrición crónica, es decir, no recibe alimentación suficiente en periodos prolongados o críticos de su desarrollo, peligrando su vida, su salud y su desarrollo físico e intelectual.
En su dimensión cualitativa, la inseguridad alimentaria es el déficit de calidad y seguridad de los alimentos. Su manifestación principal es obesidad, malnutrición y otras enfermedades derivadas de hábitos de alimentación inadecuados, tanto por exceso de grasas, sal y azúcar refinada, como por déficit de frutas, verduras y cereales integrales. La inseguridad alimentaria es la segunda causa de muerte en los países ricos. Esta amenaza se extiende como una epidemia: 1000 millones de personas con sobrepeso y el doble de personas obesas en la última década. La inseguridad alimentaria cualitativa procede principalmente de un exceso de alimentación y del desequilibrio (exceso o defecto) de los nutrientes. Pero también está causada por la contaminación de los alimentos debidos a los plaguicidas y productos tóxicos empleados en los cultivos, o a la mala conservación en el proceso industrial de la agricultura y transformación de los alimentos. Para conocer las causas de la inseguridad alimentaria es preciso evaluar el modelo de producción, distribución y consumo a escala planetaria.
SOBERANÍA ALIMENTARIA.
La soberanía alimentaria es la condición para la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria es la capacidad de los pueblos para producir, distribuir y consumir sus propios alimentos. Este derecho necesita ciertas condiciones para convertirse en una libertad verdadera. Al igual que no hay libertad sin lucha por la liberación, no hay soberanía alimentaria sin movimiento de autodeterminación de los pueblos para ejercer este derecho. La soberanía alimentaria es un hecho cuando los pueblos se alimentan con sus propios medios ecológicos, económicos, sociales y culturales, manteniendo el control de sus recursos agrogenéticos asociado al conocimiento de su manejo apropiado.
La FAO, (Food and Agriculture Organization-Organización Mundial para la Alimentación) desconoce la soberanía alimentaria como requisito previo a la seguridad alimentaria y entiende la seguridad alimentaria en términos meramente cuantitativos (cantidad total de alimentos), homogeneizando culturas, criterios y técnicas productivas que implican la expropiación del conocimiento campesino, sobre la base de un mercado a escala planetaria. Por el contrario, para las comunidades campesinas, la soberanía alimentaria es el derecho de cada nación, pueblo o identidad a mantener y desarrollar la producción de sus alimentos básicos, respetando su diversidad ecológica, productiva y cultural.
La Vía Campesina (organización mundial de sindicatos de campesin@s creada en 1993), acuñó el término de “soberanía alimentaria” como estrategia frente al concepto degradado la seguridad alimentaria propiciado por la FAO. Ante la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, Vía Campesina defendió el concepto de soberanía alimentaria fundamentado en la necesidad de desarrollar alianzas con la población consumidora. Sin embargo, esta noción, con toda su potencia se basa en una idílica unidad entre campo y ciudad: “no sólo somos agricultor@s y consumidor@s; somos ciudadan@s”.
Desde aquí, difícilmente se puede resolver la contradicción entre productores y consumidores porque se oculta. La noción de ciudadano está asociada a la de individuos libres, iguales y propietarios que se relacionan en el mercado. Pero este ciudadano abstracto es una entelequia. Ningún ciudadano, si consideramos su condición social, es igual a otro. Ningún ciudadano realiza simultáneamente su papel de vendedor y comprador de mercancías. El consumidor que consigue sus medios de subsistencia en el mercado, lucha por comprar más barato sin importarle a costa de qué. El agricultor, simétricamente, lucha por vender más caros su productos, intentando a su vez, comprar los insumos y la mano de obra que necesita, lo más baratos posible. Esta relación antagónica no tiene solución dentro de una alimentación en manos del mercado.
El resultado práctico de esta concepción es patente, sobre todo en el primer mundo. En el campo, el desconcierto de las organizaciones de agricultores, que acaban haciendo agricultura ecológica para el mercado global y las grandes superficies. En la ciudad, las redes de ciudadanos “progres” con poder adquisitivo, que constituyen nichos de mercado de comida biológica para quien los pueda pagar sin enfrentarse a la globalización alimentaria; los experimentos juveniles que, con un lenguaje autogestionario, pretenden aportar una solución global que reconcilia agricultores y consumidores en un mismo proyecto y son promocionados, precisamente por su impotencia para una verdadera transformación social en el terreno alimentario. En el estado español, este desconcierto se expresa en movimientos sociales de productores y consumidores que pretenden la cuadratura del círculo: defender la seguridad alimentaria en un mercado global controlado por el totalitarismo de las multinacionales; enfrentarse a la globalización alimentaria sin renunciar a las subvenciones de los poderes económicos y políticos globalizadores; y luchar contra los transgénicos sin impedir su consumo, su producción y su importación.
La contradicción entre agricultores y consumidores sólo se podrá tratar si se reconoce. El diálogo cooperativo entre productores y consumidores de alimentos exige su organización previa como víctimas de una agricultura y un consumo regidos por el mercado mundial, así como su reconocimiento recíproco como sujetos de derechos en condiciones de igualdad .
La brecha entre el campo y la ciudad, entre el agricultor y el consumidor, sólo puede cerrarse expresando políticamente sus necesidades en una acción concertada contra el enemigo común: la mercantilización, industrialización y globalización de los alimentos. Por otro lado, las corrientes que postulan al campesinado organizado como un sujeto político llamado a resolver la seguridad alimentaria para toda la sociedad, son tributarios de la misma idea teológica que otorga al proletariado la capacidad de liberarnos a todos al liberarse él mismo. Ningún sujeto social puede liberarse mirando sólo dentro de sí mismo. Es necesario construir sinergias y apoyos mutuos en un proceso de enfrentamiento con la globalización alimentaria.
GLOBALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ALIMENTARIA
La OMC (Organización Mundial de Comercio) considera la liberalización del comercio como la vía para la seguridad alimentaria de sus poblaciones y para el desarrollo de los países pobres hasta alcanzar el nivel de consumo medio de los países desarrollados. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. El comercio global produce una dependencia cada vez mayor de un mercado controlado por los poderosos, el incremento de la desigualdad y la incapacidad de muchos países para poder alimentar a su población partiendo de sus propios recursos.
Cuando la agricultura industrial se extiende, necesita competir en el mercado mundial. A mediados de 1970, la FAO promovió la industrialización agraria en los países empobrecidos. La llamada Revolución Verde (La Revolución Verde defiende la industrialización de la agricultura tanto en la aplicación de las técnicas y métodos de ésta como en la implantación de lógica del beneficio en la producción de alimentos) se presentó como la mejor forma de abastecer de alimentos a una población creciente. La ONU dio su apoyo a la Revolución Verde en la I Cumbre Mundial de la Alimentación (1974) “para acabar con el hambre en el mundo en una década”. El resultado fue opuesto. La agricultura industrial arrasó las distintas agriculturas y ecologías existentes en el planeta, produjo una mayor dependencia económica, tecnológica y alimentaria de los países pobres respecto a los ricos y propició el aumento de la deuda externa. Para pagar los intereses de la deuda, estos países se vieron obligados a producir cultivos de exportación para el mercado internacional y a importar los alimentos básicos y más baratos para su población. La Revolución Verde consiguió el desarrollo del mercado mundial de alimentos, a costa de la soberanía y la seguridad alimentarias de miles de millones de personas en el mundo. La producción industrial de alimentos para el mercado global es la verdadera causa del hambre en el mundo.
La dependencia alimentaria de los países poco desarrollados no se debe tanto a las subvenciones que reciben los agricultores de los países ricos como a un modelo de agricultura y alimentación industrializada y productivista, orientada a la exportación. Al pedir la eliminación de esas subvenciones, los países pobres no ponen en cuestión su participación en el mismo modelo alimentario. Dicho modelo es causante, en los países ricos, de la inseguridad alimentaria por “comida basura”. Pero en los países pobres es causante de los monocultivos para la exportación, responsables del hambre, el subdesarrollo y la dependencia. Lo que podrán conseguir los países pobres y, especialmente, los llamados “emergentes” con una mayor penetración en el mercado mundial es, tan sólo, que sus propios capitales puedan competir en dichos mercados desde una posición más favorable, a costa incluso, de la seguridad alimentaria de su propia población, de la expulsión del agro de sus propios campesinos y de la desnutrición de sus propios niñ@s, como ocurre en Argentina con el “milagro” de la soja transgénica. La participación de los países más débiles en los mercados internacionales se produce siempre a costa de su producción tradicional, su comercio local, sus recursos naturales y su soberanía alimentaria.
SOBERANÍA ALIMENTARIA CONTRA MERCADO GLOBAL
La “soberanía alimentaria en el mercado global” es una proposición irracional de los “alterglobalizadores”. Los alterglobalizadores son globalizadores, supuestamente de izquierdas, que expresan supuestas buenas intenciones. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, la soberanía alimentaria requiere condiciones específicas: A) una producción y distribución alimentaria orientadas al consumo local y no a los mercados internacionales. B) una agricultura basada en el “principio de precaución” (Principio de precaución: supone que la utilización de cualquier tecnología o la autorización de cualquier producto alimentario, acrediten debidamente que no constituyen ningún riesgo, presente o futuro), fundamento de la seguridad alimentaria. C) unas políticas alimentarias que garanticen el derecho fundamental a una alimentación sana, suficiente, asequible para tod@s y respetuosa con la naturaleza, el patrimonio biogenético y la vida digna en el campo. D) Los factores de competitividad e industrialización que rigen la producción actual de alimentos, exigen contrapesos políticos y culturales. E) El rechazo social a las políticas de producción de alimentos para el mercado global y a los políticos que las impulsan requiere la información y la sensibilización de amplios sectores sociales.
Quienes, desde el campo y la ciudad, queremos crear las condiciones para recuperar la autonomía de los pueblos y su derecho a la alimentación debemos asumir nuestra responsabilidad frente a la forma actual de alimentación y promover una alianza estratégica entre productor@s del campo y consumidor@s de las ciudades. La seguridad alimentaria no sólo se basa en la propia necesidad de comer alimentos sanos y en la capacidad para organizar su producción, distribución y consumo, sino sobre todo, en el diálogo con las necesidades de tod@s en múltiples direcciones: campo-ciudad; campesin@s-consumidor@s; autócton@s-inmigrantes; Sur-Norte; naturaleza-especie humana, etc.
LA ALIMENTACIÓN NO ES UNA MERCANCÍA
La Declaración Universal de los Derechos Humanos considera el derecho a la alimentación y al bienestar nutricional como un derecho fundamental. Pero la economía moderna no produce los bienes y servicios que necesita la población, sino las mercancías que generan beneficios. Las necesidades humanas básicas, incluida la alimentación, quedan subordinadas a esos beneficios. Con ello la lógica de la vida es subordinada a la producción industrial de alimentos para el mercado mundial.
Para empujar a los individuos a acudir “libremente” al mercado de trabajo y al mercado de alimentos, antes de producir riqueza, el capitalismo necesita producir hambre y desprotección social. Los flujos migratorios nacionales e internacionales se deben a la “mano invisible” de las multinacionales y los gobiernos que, en nombre de la modernización, arruinan a millones de campesinos obligándoles a abandonar sus tierras y comunidades de origen. La producción de riqueza social en el capitalismo requiere convertir los trabajos en trabajo asalariado, única mercancía capaz de producir plusvalor. Una vez que las personas han perdido sus medios de producción y sus redes sociales de reciprocidad, se ven impelidas a buscar un trabajo asalariado (empleo), que les proporcione recursos monetarios para adquirir en el mercado las mercancías que satisfarán sus necesidades.
La ruina de l@s pequeñ@s agricultor@s es la base para “liberar del atraso rural” a millones de personas. Esta modernización les desarraiga de su territorio, de sus medios de producción, de sus redes de pertenencia social y de su cultura, exponiéndoles “libres” y vulnerables al mercado de trabajo y de consumo en manos de las grandes empresas.
La mercantilización de los alimentos a nivel mundial ha demostrado su incapacidad para proteger el derecho fundamental a la alimentación. Su despliegue aumenta la inseguridad alimentaria. Este modelo alimentario se desentiende, tanto de las necesidades sociales y ecológicas, como de sus consecuencias actuales y futuras. En abierta oposición a los derechos de la población (campesina o consumidora) a una alimentación suficiente, saludable y nutritiva, a una vida digna en su propia tierra y a su cultura tradicional, este negocio alimentario sólo se preocupa de no interrumpir el ciclo de producción y circulación de las mercancías, para que no cese la producción de plusvalor, subordinando los tiempos de la naturaleza, el patrimonio común biogenético, los procesos ecológicos, el principio de precaución, los derechos humanos (derecho a la vida) y, en particular, la seguridad y soberanía alimentarias.
CAMPESIN@ O EMPRESARI@ AGRÍCOLA
A diferencia del empresario/a que busca enriquecerse al producir alimentos y extraer la máxima productividad inmediata de la tierra y el trabajo empleados, l@s campesin@s cultivan plantas y/o cuidan ganado para obtener alimentos sanos respetando los ciclos de la naturaleza y procurando aumentar la fertilidad del suelo para los años venideros. No producen ilimitadamente y no escatiman trabajo porque dicho trabajo es necesario para hacer fértil la tierra y producir alimentos. Si destinan parte de su producción al intercambio, esperan una remuneración suficiente para vivir con dignidad y transmitir sus conocimientos y experiencia, con los de sus antecesor@s, a las generaciones futuras. Ésta es la racionalidad ecológico-campesina, muy diferente a la racionalidad económico-empresarial (Víctor M. Toledo. (1993) “La racionalidad ecológica de la producción campesina”. En E. Sevilla Guzmán y M. González Molina (eds) “Ecología, Campesinado e Historia”. Págs. 197-218. La Piqueta, Madrid).
La producción industrial de alimentos sustituye la figura del campesino -que produce alimentos sanos para las personas-, por la del empresario agrícola que produce mercancías alimentarias para el mercado. La hegemonía mercantil y competitiva acaba eliminando la pequeña producción agroalimentaria campesina, reemplazándola por empresas o sociedades anónimas que concentran la producción y la distribución donde les es más ventajoso. La ideología productivista de la agricultura industrial considera este proceso no sólo inevitable, sino la condición para el progreso y el desarrollo social.
RELACIÓN CAMPO-CIUDAD
La relación campo-ciudad en el contexto de la economía global expresa la hegemonía de la ciudad en detrimento del campo en todas sus dimensiones: naturales, sociales, económicas y culturales. Las migraciones forzosas del campo a la ciudad, justificadas como un proceso necesario por la industrialización del campo canalizaban a los campesinos expulsados hacia unas industrias ávidas de mano de obra abundante y barata. Actualmente, estos procesos se producen con una dimensión planetaria, de la periferia al centro del capitalismo, del Sur hacia el Norte y del campo a la ciudad. El desarraigo de masas, como producción violenta de fuerza de trabajo dócil y barata a escala mundial, se ha asumido socialmente como una realidad tan inevitable como el mercado global y la lógica competitiva que lo preside.
El negocio de la producción mundial de alimentos priva de sus propios recursos a las poblaciones campesinas de los países del Sur y genera las migraciones de masas a los países del Norte en busca de una vida mejor. Quienes superan la travesía de la muerte hacia los países ricos, se convierten en mano de obra irregular, sin derechos laborales y vulnerables a la explotación empresarial y sufren la persecución como personas sin papeles. Esta indefensión explica la competitividad de los cultivos hortícolas intensivos para la exportación.
El vaciamiento del campo, la concentración creciente de la población en las ciudades y la expansión de un modo de vida urbano cada vez más insostenible, son resultado del apoderamiento de la alimentación por parte de la lógica del beneficio empresarial. La otra cara de la moneda es el consumismo irresponsable que nos inocula el negocio alimentario. El elevado consumo de carne y de alimentos fuera de temporada alimenta esta rueda de destrucción, emigración forzosa e inseguridad alimentaria. Los daños de la globalización alimentaria se expresan en una catástrofe con dos rostros: el hambre y la comida basura.
Enfrentar estos problemas requiere superar la subordinación de las necesidades humanas a la lógica mercantil. Para ello hay que construir una relación cooperativa entre el campo y la ciudad que cierre la fractura producida por el capitalismo entre la vida rural y la urbana, la naturaleza y la sociedad, el trabajo y los cuidados, el precio y el valor, lo individual y lo colectivo.
RELACIÓN PRODUCTOR@S-CONSUMIDOR@S
La lógica mercantil ha colonizado las relaciones sociales entre productor@s y consumidor@s. Una consecuencia de esta lógica es el enfrentamiento de productor@s y consumidor@s de alimentos en intereses contrapuestos y enormemente alejados. Cada productor pugna por reducir sus costes de producción para derrotar al resto de productores y vender lo más posible. Cada consumidor busca el precio más bajo, desentendiéndose de la suerte de los productores, del resto de consumidores y de su propia seguridad alimentaria.
Para superar la subordinación de productor@s y consumidor@s a la lógica de las mercancías es necesario cuestionar la mercantilización de las relaciones sociales. En el terreno de la alimentación esto requiere: 1) resignificar la necesidad particular como parte de una necesidad colectiva, construida en diálogo con las otras realidades y necesidades en juego; 2) reclamar la seguridad alimentaria desde una posición de defensa campesina y también ciudadana, porque el modelo alimentario y sus consecuencias económicas, sanitarias, ecológicas y sociales nos afectan a tod@s; 3) reconstruir la autonomía, en forma de apoyo mutuo, desde los márgenes del mercado y del Estado para defender la seguridad alimentaria mediante alianzas entre ciudadan@s del campo y de la ciudad.
¿CÓMO PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?
En la búsqueda de la seguridad alimentaria caben muchas dimensiones: 1) poner los medios para garantizar el acceso a los alimentos suficientes y nutritivos para toda la población de un territorio; 2) tener en cuenta sus necesidades, pero también su cultura; 3) favorecer la autonomía y autorregulación; 4) hacerlo sin menoscabo de la seguridad alimentaria de otro territorio o pueblo; 5) estar preparados para promover estrategias solidarias entre los pueblos en caso de catástrofes, guerras o acontecimientos imprevistos; 6) hacerlo de forma que se garantice el mantenimiento y acceso a los recursos naturales y culturales protegiéndoles de tal modo que las generaciones futuras pueden disfrutar de seguridad alimentaria; 7) mantener las iniciativas empresariales fuera del control de los poderes económicos y políticos. La seguridad alimentaria de la población no vendrá de la mano de las subvenciones, los apoyos y los empleos de las multinacionales del agronegocio y de sus políticos a sueldo. Hay que avanzar desde fuera de ese mundo.
No basta con denunciar la responsabilidad de gobiernos y multinacionales en la producción, distribución y consumo global de alimentos. Una dimensión de la globalización alimentaria es la producción a gran escala, pero la otra es la distribución y el consumo. La primera la deciden los consejos de administración y sus políticos jornaleros, pero la segunda, más allá de un nivel de subsistencia digna, depende de los deseos y los hábitos de la población.
Las estrategias en defensa de la seguridad alimentaria desde dentro de la lógica del mercado global, acaban formando parte del problema. Como consumidor@s tenemos una clara responsabilidad porque, si una dimensión de la globalización alimentaria es la producción a gran escala, la otra es la distribución y el consumo. La “modernización” capitalista de la agricultura y la alimentación para el mercado global no son una alternativa para el hambre y la comida basura porque son su causa. Luchar contra la inseguridad alimentaria es también oponerse a la contaminación y destrucción ecológicas y a la pérdida de autonomía de los pueblos para proteger sus recursos naturales.
En resumen, las condiciones de posibilidad de la seguridad alimentaria pertenecen a dos campos: la soberanía alimentaria y el consumo responsable agroecológico. Ambas relacionadas como lo están la cara y la cruz de una moneda.
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SUS ENEMIGOS
[Fuente: Galindo, P. (Coord.) “Agroecología y consumo responsable. Teoría y práctica.” Ed. Kehaceres. Madrid, 2006]
GRUPO DE ESTUDIOS AGROECOLÓGICOS (GEA: www.nodo50.org/lagarbancitaecologica)
¿QUIÉNES SON LOS ENEMIGOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?
La inseguridad alimentaria resultado de la mercantilización, industrialización y globalización de los alimentos tiene consecuencias catastróficas: a) desnutrición y malnutrición causantes de enfermedades con resultado de millones de muertes cada año; b) medicalización masiva de la población por falta de alimentos o por exceso; c) despoblamiento del campo y hacinamiento en las ciudades; d) desarraigo, emigración, exclusión y nueva esclavitud laboral; e) destrucción ecológica, pérdida de suelo fértil y de biodiversidad agrícola, catástrofes “naturales” recurrentes, contaminación de aguas, suelos y atmósfera; f) intoxicación, enfermedades y trastornos hormonales derivados del uso de pesticidas; g) riesgo de epidemias humanas por la transferencia genética de enfermedades animales (vacas locas, gripe del pollo, etc.); h) riesgos de difícil evaluación futura por el uso imparable de OMG (Organismos Modificados Genéticamente).
En el contexto de la producción industrial para el mercado global, son factores relevantes de la inseguridad alimentaria: 1) Los “nuevos ingredientes”: dioxinas en los pollos, virus de la gripe en las aves, priones locos en las vacas, antibióticos para el engorde, transgénicos. 2) Las condiciones de producción en el campo y en las industrias de transformación: se fuerza a la naturaleza, mediante la intensificación de los cultivos y la ganadería y se fuerza a las personas que trabajan, mediante condiciones enfermantes e inhumanas en muchas fincas agrícolas e industrias de transformación. 3) Las formas de distribución y consumo: concentración de empresas transnacionales que controlan la totalidad del ciclo producción- distribución-consumo; competitividad entre agricultor@s y rebaja constante de los costes de producción; predominio de grandes superficies que ofertan gran variedad de alimentos importados a bajo coste y que emplean a jóvenes mediante contratos basura; proliferación de restaurantes de comida rápida, tiendas de todo a 100; generalización de hábitos alimentarios basados en el exceso de carnes, sal y azúcar y el déficit de frutas, verduras y cereales integrales.
La forma de producción-distribución-consumo de alimentos, organizada sobre la base de la competitividad y la obtención de beneficios y su extensión mediante el comercio global es la causa de la inseguridad alimentaria. La liberalización del comercio no proporciona seguridad alimentaria, ni desarrollo rural tanto a las poblaciones de los países pobres como a las de los países industrializados.
DEPENDENCIA DE LAS MULTINACIONALES Y PÉRDIDA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
La transformación de una agricultura campesina en agricultura industrial tiene como condición el control por parte de las multinacionales agrobiotecnológicas y de las multinacionales de la distribución, de todo el proceso que va desde la apropiación del material genético hasta la mesa de los consumidores, incluidos los hábitos de alimentación que éstos adquieren.
La mercantilización de la alimentación ha traído la privatización y mercantilización de todos los recursos de la naturaleza requeridos para la producción de los alimentos. Los derechos de propiedad intelectual y las patentes son un instrumento de legitimación de la subordinación de la salud de todos a los intereses de las empresas. La mercantilización de los alimentos basada, en el abaratamiento de los costes y la competitividad, tiene consecuencias muy negativas: 1) Enfrenta a productor@s y consumidor@s de alimentos en intereses contrapuestos y enormemente alejados en una cadena de distribución planetaria. Cada productor pugna por reducir sus costes de producción para derrotar al resto de productores y vender lo más caro posible. Cada consumidor busca el precio más bajo desentendiéndose de la suerte de los productores, del resto de consumidores y de su propia seguridad alimentaria. 2) Impide el derecho a la soberanía alimentaria como “derecho de los pueblos a definir su propia política agraria y alimentaria”, mientras impone patentes sobre la vida y semillas estériles (Son semillas que han sido amputadas de su capacidad de reproducción a través de Tecnologías de Restricción de Uso Genético (TRUG), más conocidas como Terminator) que ponen la seguridad alimentaria y la salud de la población en manos de las multinacionales.
LA RUINA DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA
Diversos factores que caracterizan la producción industrial y su distribución en un mercado global tienen como consecuencia la ruina y posterior desaparición de la pequeña agricultura. Por un lado, las empresas o sociedades anónimas, con su racionalidad económico-empresarial son más adecuadas para una producción mercantil y derrotan por la vía de los resultados económicos y cuantitativos a la racionalidad ecológica campesina, menospreciando y ocultado los valores sociales, territoriales y ecológicos de ésta. La racionalidad de la agricultura industrial busca ventajas competitivas en el mercado y promueve la organización de la agricultura y ganadería a semejanza de una factoría industrial que se organiza científicamente para una fabricación en serie, con lo cual ganan escala y reducen el coste unitario del producto. Esta forma de organizar la producción desplaza y desvaloriza el oficio del agricultor/a y su conocimiento de la naturaleza. La presión que ejercen las grandes cadenas de distribución sobre el comercio local, condena a éste a desaparecer e impide que los mercados locales sirvan de refugio a los pequeños agricultores o campesinos que se resisten a la “modernización”. De este modo, los pequeños y medianos productores tienen más “incentivos” para convertirse en empresarios competitivos para llevar su producción a las grandes superficies.
CAMPESINO Y PEQUEÑO AGRICULTOR NO SON LA MISMA COSA
No es lo mismo “pequeña producción” que “producción campesina” aunque ambas coincidan en su pequeña escala. La pequeña producción, campesina o “moderna”, no puede competir con la producción y distribución a gran escala, aunque resalte como atributos propios la calidad y la artesanía que le permiten un precio superior. El modelo de alimentación global ejerce sobre la producción campesina una presión cualitativa, destruyendo los fundamentos sobre los que opera: un modo de vida, (producción, consumo, cercanía, territorio, naturaleza, movilidad, valores, mano de obra intensiva, tecnología para las personas y no viceversa) cuya racionalidad no es el beneficio económico, sino la satisfacción de las necesidades de grupos sociales cercanos, considerando el mercado como un medio y no como un fin. La agricultura capitalista, especialmente en los países occidentales, ha incorporado la agricultura familiar a la lógica industrial proponiendo como única solución a sus dificultades la competencia entre ellos mismos mediante la modernización de la explotación. A pesar de tal transformación, la agricultura familiar, una vez modernizada, sólo permanece haciéndose menos familiar y de mayor escala, recurriendo a créditos, tragando con las imposiciones de las multinacionales, externalizando los trabajos temporales y trasladando los ajustes de las subvenciones y de los precios de sus productos a las condiciones laborales de sus asalariad@s, en muchos casos, la propia familia. La economía de mercado liquidar la producción campesina para el autoconsumo. El éxito de la globalización alimentaria requiere arrasar la producción campesina autónoma del mercado global. La ruina campesina es condición para el desarrollo del mercado global. Este mercado se nutre de ex-campesin@s desplazad@s por la violencia competitiva de mercados controlado por los más fuertes, personas necesitadas de cualquier empleo y convertidas en nuevas consumidoras que reclaman alimentos asequibles a sus escasos ingresos.
La pertenencia a la UE no ha significado la protección de la población campesina y su modo de vida, sino más bien lo contrario. El origen de la construcción europea, tiene como objetivo la eliminación de población campesina y rural para impulsar el desarrollo de la industria y el modelo urbano de asentamiento y de vida. En otras palabras, modernización y desarrollo económico significan eliminación de población activa agraria, pero también cercenar la cultura rural y la vida en el campo. Esta gran transformación, se ha presentado como un camino histórico necesario. En algunos países, una fuerte demanda de mano de obra industrial ha facilitado esta transformación traumática (dejar atrás raíces familiares y culturales, desarraigo, choque cultural y de modo de vida, etc). Si bien, a partir de los ochenta, con el deterioro del Estado de Bienestar y la caída de las economías planificadas del Este de Europa, las circunstancias no han sido tan fáciles. Las sucesivas incorporaciones de nuevos países en la UE han tensionado los intereses de los miembros más antiguos. Desde dentro, se ha valorado positivamente el crecimiento potencial de la población consumidora y se ha observado con recelo la competencia en la producción. Pero lo que más ha preocupado ha sido el desequilibrio entre los contribuyentes netos al presupuesto común y los perceptores netos del mismo. Es por eso que las ampliaciones han estado marcadas por un periodo transitorio previo (para adaptarse a los compromisos de entrada) y un periodo más o menos largo de transición a partir de la adhesión, en el que se igualan las obligaciones, pero no los derechos. La diferencia ha sido más acusada cuanto menor es la riqueza objetiva de los países candidatos y se agudiza cuando el sector agrario no está suficientemente “modernizado” (la población activa agraria es alta y sus explotaciones más pequeñas que la media comunitaria). En algunos casos se ha retrasado la adhesión durante años, desde la solicitud hasta la integración (caso de Grecia), lo que no ocurrió con Dinamarca. La adhesión de los países del Este es uno de los procesos de ampliación más críticos que ha tenido la UE. La cuantía de países, (10 de una sola vez, aunque se aplazó la incorporación de los más pobres, Bulgaria y Rumania) y la diferencia de riqueza y condiciones productivas, hacen temer por el incremento de las transferencias del presupuesto comunitario, tanto a los contribuyentes netos, como a los principales beneficiarios actuales de las ayudas estructurales (Las cifras hablan por sí solas. La última ampliación ha añadido un 23% de población (75 millones más de consumidores, frente a los 375 millones de la UE-15), pero en términos de PIB apenas supone el 4,5%. En comparación, la ampliación de España, Portugal y Grecia supuso el 22% de la población y el 10% del PIB. El resultado es que la renta per cápita de la UE se ha reducido un 15%. Al interior de los países candidatos también se producen conflictos y discrepancias sobre las bondades de la integración, no sólo por las condiciones de la negociación, sino también por el balance entre los beneficios de pertenecer a uno de los principales bloques económicos, y las concesiones derivadas de esa pertenencia que no podrán valorarse hasta pasados unos años). La crisis económica de 2008 lleva al extremo estas tensiones desde el punto de vista demográfico, económico y social. Quienes más sufren son los países del este de Europa que se entregaron furiosamente a la “modernización” de su agricultura y su economía tras la implosión de las economías planificadas.
HABLAN LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
En países perjudicados por el “libre comercio” mundial de alimentos, con el protagonismo de la población indígena, así como en otros que han conseguido mantenerse al margen de la globalización capitalista, aparecen elaboraciones que marcan una verdadera alternativa para una seguridad alimentaria de toda la población. Veamos algunas de ellas.
FORO MUNDIAL SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LA HABANA (Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, La Habana, Cuba, 7 de septiembre del 2001)
En este Foro se dieron cita organizaciones campesinas, indígenas, de pescadores, ONGs, colectivos sociales, académicos e investigadores de 60 países. Sus integrantes responsabilizaron a las políticas neoliberales de las últimas décadas y a las políticas económicas, agrícolas, pesqueras y comerciales impuestas por el Banco Mundial de “profundizar la brecha entre los países ricos y los pobres y dentro de cada uno de ellos, agravando las condiciones de acceso a una nutrición sana y suficiente”. En su declaración final se señalaron las ideas sobre las que se legitima el modelo alimentario actual.
La creencia de que “la sustentabilidad de los sistemas alimentarios es una cuestión meramente técnica y no política”, frente a la evidencia de que es la “lógica de la ganancia la que genera la insostenibilidad de los sistemas alimentarios, al sobrepasar los límites a la producción permitidos por la naturaleza”.
La concepción neoliberal de las “ventajas comparativas” que provoca el desmantelamiento de la producción doméstica y del comercio local. Considerar que las “agriculturas campesinas, indígenas y la pesca artesanal son ineficientes e incapaces de responder a las necesidades crecientes de alimentos” es el argumento técnico para “imponer una agricultura y pesca industrial intensivas de gran escala”.
Afirmar que “la población rural es excesiva en comparación con su aporte al producto interior bruto” es el argumento para “expulsar a dicha población de sus tierras y privatizar los recursos naturales” a pesar de lo insostenible del modelo urbano.
El patrón alimentario único defendido como “viable, apropiado y correcto en un mundo global”, supone un verdadero “imperialismo alimentario que atenta contra la diversidad de las tradiciones alimentarias y sus identidades culturales y étnicas”.
Las consecuencias políticas señaladas por el Foro de la Habana apuntan a la inseguridad alimentaria. El resultado es “el aumento de la deuda externa de los países empobrecidos, la desruralización forzada y genocida en el caso de algunas culturas campesinas e indígenas, y el aumento de la pobreza, miseria y exclusión de los sectores populares del Sur, pero también del Norte”.
A PROPÓSITO DE LA RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA OMC (Evo Morales, Presidente de Bolivia, Agosto de 2008)
¿El desarrollo económico, el alivio de la pobreza, las necesidades de todos nuestros pueblos, el aumento de oportunidades para los países en desarrollo están en el centro de las actuales negociaciones en la OMC? Hay una crisis alimentaria porque no se produce para el bienestar humano sino en función del mercado, la especulación y rentabilidad de las grandes productoras y comercializadoras de alimentos. Para enfrentar la crisis alimentaria es necesario fortalecer la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Los países en desarrollo tenemos que recuperar el derecho de regular nuestras importaciones y exportaciones para garantizar la alimentación de nuestra población.
Los subsidios agrícolas del norte, que van principalmente a manos de compañías agroalimentarias de los EE.UU. y de Europa, no solo continuarán sino que se incrementarán como los demuestra la Ley Agrícola o “Farm Bill 2008” de los Estados Unidos. Los países en desarrollo rebajarán los aranceles a los productos agrícolas importados mientras los subsidios reales aplicados por los EE.UU. o la UE a sus productos agrícolas no disminuirán. Para países como Bolivia la disminución generalizada de aranceles tendrá efectos negativos en la competitividad de nuestras exportaciones.
En las negociaciones se empuja a que nuevos sectores de servicios sean liberalizados por los países cuando lo que habría que hacer es excluir definitivamente los servicios básicos de educación, salud, agua, energía y telecomunicaciones del texto del “Acuerdo General del Comercio de Servicios” de la OMC. Estos servicios son derechos humanos que no pueden ser objeto de negocio privado y de reglas de liberalización que llevan a la privatización. Mayor liberalización de los servicios no traerá mayor desarrollo, sino mayores posibilidades de crisis y especulación en temas vitales como los alimentos.
Tenemos que acabar con el consumismo, el derroche y el lujo. En la parte más pobre del planeta, mueren millones de seres humanos de hambre cada año. En la parte más rica del planeta, se gastan millones de dólares para combatir la obesidad. Consumimos en exceso, derrochamos los recursos naturales y producimos la basura que contamina a la Madre Tierra.
Los países debemos priorizar el consumo de lo que producimos localmente. Un producto que recorre la mitad del mundo para llegar a su destino, puede ser más barato que otro que se produce nacionalmente pero, si tomamos en cuenta los costos ambientales del transporte de dicha mercadería, el consumo de energía y la cantidad de emisiones de carbono que genera, entonces podemos llegar a la conclusión de que es más sano para el planeta y la humanidad priorizar el consumo de lo que se produce localmente. El comercio exterior debe ser un complemento de la producción local. De ninguna manera podemos privilegiar el mercado externo a costa de la producción nacional.
El capitalismo nos quiere uniformizar a todos para volvernos en simples consumidores. Para el Norte hay un sólo modelo de desarrollo, el suyo. Los modelos únicos a nivel económico vienen acompañados de procesos de aculturación generalizada para imponernos una sola cultura, una sola moda, una sola forma de pensar y de ver las cosas. Destruir una cultura, atentar contra la identidad de un pueblo, es el más grave daño que se le puede hacer a la humanidad. El respeto y la complementariedad pacífica y armónica de las diversas culturas y economías es esencial para salvar al planeta, la humanidad y la vida.
En el siglo XXI, una “Ronda para el desarrollo” ya no puede ser de "libre comercio", sino que tiene que promover un comercio que contribuya al equilibrio entre los países, las regiones y con la madre naturaleza, estableciendo indicadores que permitan evaluar y corregir las reglas de comercio en función del desarrollo sostenible.
Los gobiernos tenemos una enorme responsabilidad para con nuestros pueblos. Acuerdos como los de la OMC tienen que ser ampliamente conocidos y debatidos por todos los ciudadanos y no solamente por ministros, empresarios y “expertos”. Los pueblos del mundo tenemos que dejar de ser victimas pasivas de estas negociaciones y convertirnos en protagonistas de nuestro presente y futuro.
EL HAMBRE NO ESPERA. SIN MAÍZ NO HAY PAÍS (Declaración Final de la Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria (Ciudad de México, 30 y 31 de octubre de 2008)
Bajo el lema de "Alimentos campesinos para México. El hambre no espera", nos reunimos alrededor de 600 delegadas y delegados, procedentes de 15 entidades federales y de los países hermanos de Guatemala y Honduras.
Nuestro objetivo central fue profundizar una mayor y mejor articulación plural e incluyente de los movimientos sociales comprometidos con la soberanía alimentaria y construir una agenda común y un plan de acción para enfrentar la crisis agroalimentaria. Es ineludible encarar los aspectos más lacerantes y urgentes de la crisis alimentaria pero, sobre todo, enfrentar sus causas estructurales y pugnar por el establecimiento de nuevo modelo agroalimentario sustentable y de una nueva política en materia de agricultura, alimentación, nutrición, comercio y manejo de los recursos naturales.
La salida a la crisis alimentaria y el establecimiento de un nuevo modelo agroalimentario sólo será posible a partir de los siguientes principios:
a) Soberanía alimentaria; b) Derecho a la alimentación; c) Revalorización de la producción campesina de alimentos y del papel de las mujeres en la soberanía alimentaria y nutricional; d) Defensa de la propiedad social de la tierra y del patrimonio territorial indígena y campesino; e) Agricultura sustentable y manejo comunitario de los recursos naturales; f) Protección de nuestro patrimonio cultural intangible y de nuestros recursos biológicos y genéticos; g) Moratoria a la siembra de maíz transgénico; h) Prohibición al uso de alimentos para biocombustibles; i) Políticas públicas alternativas y un Estado responsable; j) Lucha contra los monopolios agroalimentarios y la publicidad engañosa de los alimentos.
La crisis alimentaria y la crisis financiera global representan el fracaso de los gobiernos neoliberales al servicio de las grandes corporaciones trasnacionales, de los grupos empresariales, las mafias políticas y los poderes fácticos.
La salida a la crisis no será a partir de su profundización ni provendrá del mismo gobierno y grupos corporativos que la precipitaron. Es necesario: 1) Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación; 2) Ley para la soberanía y la seguridad agroalimentaria y nutricional; 3) Establecimiento de una reserva estratégica alimentaria y un mecanismo de administración del comercio exterior de alimentos estratégicos; 4) Contra la siembra de maíz transgénicos, contra la contaminación transgénica y por la responsabilización de Monsanto y el gobierno federal por dicha contaminación; 5) Prohibición del uso de alimentos para la elaboración de biocombustibles; 6) Erradicación de la malnutrición en México así como prohibición de alimentos chatarra y refrescos en escuelas públicas y publicidad engañosa de alimentos. 7) Impulsar la construcción de canales alternativos de vinculación campo-campo y campo-ciudad para la comercialización y distribución de productos campesinos de alta calidad y precios accesibles. Establecimiento de comedores escolares a partir de alimentos campesinos de la región, realización anual de una feria nacional de productos campesinos así como de ferias estatales, regionales y locales. 8) Información y educación a nivel de todas las comunidades rurales y urbanas del país, sobre los principales temas de la crisis alimentaria, de la defensa de la soberanía alimentaria y de las alternativas sociales, de manera sistemática, amplia y masiva, a través de la diversidad de medios de comunicación alternativos y estrategias de educación popular. 9) La articulación de la Campaña Nacional “Sin maíz no hay país” con otros movimientos sociales en defensa de la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la economía popular, los derechos humanos, el medio ambiente, la democracia popular y la soberanía nacional. 10) Impulsar el Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (MOICAM), encuentros trinacionales (México, Estados Unidos y Canadá) de movimientos sociales (campesinos, sindicalistas, ambientalistas, derechos humanos, migrantes, etc.) así como con los movimientos sociales de América del Sur.
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL PRIMER MUNDO. LA UE Y LA PAC
[Fuente: Galindo, P. (Coord.) “Agroecología y consumo responsable. Teoría y práctica.” Ed. Kehaceres. Madrid, 2006]
Pilar Galindo
LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) DE LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea utiliza como instrumento de la globalización de la agricultura y la alimentación, la Política Agraria Común (PAC) (La explicación detallada de los mecanismos de la PAC y su evolución desde 1962 ilustraría aún más los argumentos que empleamos en este capítulo. Sin embargo, no es el objetivo aquí entrar en un análisis detallado). La PAC es una de las pocas políticas de los Estados de la Unión Europea que, desde su inicio, ha tenido vocación de política común. De hecho cuenta con presupuesto comunitario desde 1962. Hasta la reforma de 1992, el presupuesto comunitario aportaba íntegramente los presupuestos públicos de la PAC (Con la aparición de las medidas complementarias, se inaugura una cofinanciación que discrimina entre regiones. Las regiones con un PIB per cápita inferior al 75% de la media comunitaria tienen derecho a un 75% de contribución del presupuesto comunitario, mientras que el resto recibe el 50%. Aunque aparentemente es un mecanismo de compensación territorial, se ha convertido en lo contrario, dado que los Estados con mayor PIB están en mejores condiciones de financiar estas medidas (de carácter voluntario), gastando mayor presupuesto comunitario, aunque tenga una tasa inferior de financiación). Sin embargo, sus desarrollos y reformas han dirigido la política agraria hacia la producción para el mercado mundial, impulsando la desaparición de las pequeñas explotaciones tanto de la UE como de fuera de sus fronteras. No es, por tanto, una política distinta de la OMC, sino más bien la política agraria que toca en esta región del mundo, en el marco del mercado global de alimentos.
La PAC es una política agraria que favorece la producción para la exportación. Su estructura central, acordada en el Tratado de Roma (1957), no ha variado en lo esencial. A través de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) (La PAC se articula a través de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) en las que se estructuran los sectores productivos agrícolas y ganaderos. En un principio las OCM se constituyen básicamente para cereales, leche y carne (las denominadas producciones continentales). Actualmente regulan el 90% de las producciones y sus mecanismos se han hecho más complejos. Hay un conjunto de medidas complementarias, que no se aplican en el seno de las OCMs, sino a las explotaciones susceptibles de acogerse en cada caso), persigue favorecer a los productos agrarios europeos, tanto en el mercado interior de la UE, cada vez más amplio, como en los mercados mundiales. Este objetivo se favorece mediante la intervención de los estados y las instituciones europeas en los mercados para garantizar: a) un precio de intervención mínimo (Los precios de intervención son precios de compra pública. Este mecanismo permite sostener la renta de l@s productor@s si el precio cae por exceso de oferta (buena cosecha, aumento de productividad) o por entrada de productos a bajo precio. Si baja dicho precio, las explotaciones mayores y más intensificadas son las que más ayudas reciben. Poco a poco se han ido introduciendo otros mecanismos como la financiación de almacenamiento privado (ayudas para aplazar la venta a la espera de mejores precios), que favorecen más a las explotaciones mayores, dado que se trata de un riesgo que no siempre garantiza un mejor momento de precios, aventura en la que las explotaciones pequeñas no siempre pueden asumir. Este mecanismo ha ido reduciéndose en las sucesivas reformas, aunque, no ha desaparecido por completo. En la última reforma, denominada “chequeo de la PAC” acordada en noviembre de 2008, se mantiene en arroz, cebada, trigo, leche en polvo y mantequilla), b) los derechos de aduana para proteger de la competencia a las mercancías propias en el mercado interior (Los aranceles en frontera para la entrada de productos agrícolas procedentes de países terceros, han sido rebajados, en las sucesivas rondas de la OMC, pero no eliminados. Además, su función no desaparece sino que se refuerza mediante las medidas de control sanitario en fronteras. Es decir, impedir la entrada en el mercado de productos que compiten en precio con los locales. Aparentemente las medidas de control sanitario puede aplicarlas cualquier estado miembro de la OMC. En la práctica sólo los grandes como EEUU y la UE, tienen medios legales, técnicos y administrativos para rechazar productos procedentes de otros países cuyos tratamientos fitosanitarios son más tóxicos porque las multinacionales han tolerado su prohibición aquí pero no allí) y c) las restituciones a la exportación (Las restituciones a la exportación son subvenciones destinadas a los operadores que venden en el mercado internacional -básicamente multinacionales- mediante “compensaciones” por unos “precios mundiales” más bajos que en el mercado interior. Estas subvenciones tienen la culpa de que los precios internacionales sean inferiores a los precios de producción de los países donde van destinadas las mercancías alimentarias. A su vez, los aranceles reducen la competencia de los productos procedentes del mercado exterior. Ninguna de estas medidas beneficia a las pequeñas producciones familiares de los países de origen o destino de los productos) para mejorar la competitividad de las mercancías propias en el mercado exterior. El resto de los mecanismos, sociales o ambientales, son puro maquillaje y no afectan a esta estructura central. El mercado único elimina las fronteras internas y obliga a una homogeneización de las condiciones de producción-distribución-consumo. Con cada adhesión, se busca una ampliación del mercado, obligando a la “modernización” de su producción agraria. La explotación agropecuaria que no da la talla, desaparece.
La PAC propicia un modelo contradictorio y antagónico de agricultura y ganadería empresarial y competitiva, aparentando que protege a agriculturas de tipo familiar, cada vez más marginales y residuales. Los principales objetivos y mecanismos de las políticas agrarias comunitarias no han variado en las sucesivas reformas (Siempre coincidiendo con necesidades de agenda internacional y vinculadas a las evoluciones de la OMC: reforma de 1992, agenda 2000, reforma de 2003 y “chequeo de la PAC” en 2008. La Unión Europea abordó una nueva reforma de la PAC, supuestamente adaptándose a los dictados de la OMC bajo la batuta de EEUU. El escenario que caracterizó a la tercera reforma de la PAC aprobada en junio de 2003, lo configuran, al menos, la ampliación de 15 a 25 países miembros, el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Cumbre de Ámsterdam, 1997) para posibilitar la moneda única y las rondas de negociaciones de la OMC. El recientemente aprobado chequeo de la PAC (nov’08) se realiza en un contexto de crisis económica que agudiza las crisis alimentaria, ecológica, energética y social). Nunca ha abandonado las restituciones a la exportación, ni la protección en frontera. La bajada de los precios de intervención -iniciada en los años ochenta y asumida especialmente a partir de la agenda 2000 en cumplimiento de los acuerdos de la OMC-, las cuotas de producción (Las “cuotas de producción”, junto con las “subvenciones al almacenamiento privado” (una modalidad de control del mercado mejor aceptada por la OMC), son mecanismos destinados a frenar la caída de los precios al interior de la UE pero, sobretodo, a reducir los gastos públicos. En el primer caso, se trata de poner límite al volumen producido que no a la forma de producción. Este mecanismo no se corresponde con la demanda de consumo, sino que beneficia a los países miembros más antiguos que extienden su mercado sobre los nuevos. Favorece la intensificación y el aumento de la productividad, convirtiéndose en un mecanismo perverso de eliminación de las explotaciones que no “dan la talla”. En el segundo caso, se trata de un mecanismo de seguridad que sólo beneficia a explotaciones de cierto nivel de negocio ante caídas del precio internacional por exceso de oferta o bien, como ocurre ahora, por contracción del consumo ante la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo de la población (por ejemplo en el aceite de oliva). Sirve para retener producción almacenada, reduciendo de forma artificial la oferta para propiciar un repunte de los precios, vendiendo en un mejor momento) y la compensación mediante ayudas directas (Las ayudas directas se implantaron en 1992 ante el nacimiento de la OMC, para comenzar a desvincular las subvenciones de la producción. Son un mecanismo de compensación parcial de rentas ante la obligación de adaptarse a los precios del mercado mundial y a los porcentajes obligatorios de entrada de productos agrícolas), tienen motivaciones distintas a “reducir las desigualdades de competencia entre los países del Norte y del Sur” (El denominado “chequeo de la PAC” profundiza, aunque menos de lo propuesto inicialmente, en la reforma de 2003. Desacoplamiento total de las ayudas a la producción en ayudas directas en las OCMs aún no reformadas (para 2010: olivar, herbáceos, trigo duro y lúpulo; para 2012: frutos secos, forrajes desecados, vacuno de carne, arroz, semillas y fécula de patata; opcional a partir de 2012: ovino, caprino y vaca nodriza). Amplía el recorte de las ayudas directas (5% en la reforma de 2003) ya sin la careta de la modulación social (10% a los preceptores de más de 5000 euros, en España el 23%, y 14% a los preceptores de más de 300.000 euros, en España el 0,02%). Por último, continúa el desplazamiento de presupuesto agrario a medidas de desarrollo rural, evitando, en todo momento, transferir fondos de unos países a otros para que los principales perceptores de fondos no bloqueen la reforma. En este último acuerdo se permite que un estado se reserve los fondos comunitarios presupuestados pero no gastados en un año para el siguiente y se acepta que los estados transfieran ayudas de un sector a otro con mayores dificultades).
Bajo el acicate de la competitividad, que obliga a un aumento constante de la productividad, estas medidas conminan a una lucha entre modelos de producción, a favor de las explotaciones más intensivas y mayores. Lo que se persigue -y consigue- es la desaparición de explotaciones, una mayor concentración en la producción y la propiedad, y una proletarización creciente de l@s pequeñ@s agricultor@s, en un proceso que primero les convierte en agricultor@s a tiempo parcial, y después en asalariad@s (El tamaño medio de explotación agraria en la UE son 18 hectáreas frente a 200 ha en EEUU. El valor monetario de la producción siendo semejante, se produce en más de 7 millones de explotaciones en la UE, frente a 2 millones en EEUU. El horizonte es reducir las diferencias de productividad con EEUU antes de abrir las fronteras. Continúan las ayudas a la exportación para los que operan en el mercado internacional pero la reducción de los precios de intervención, logrará la expulsión de las explotaciones que no puedan resistir tales recortes ni con ayudas directas).
La proletarización y precarización se agudiza en los cultivos con mayor competencia en el mercado mundial (fresa en Huelva, tomate y pimiento en Almeria, brecol en Murcia...). Este proceso discurre en paralelo a la concentración y verticalización del sector agroalimentario en su sentido más amplio, desde la investigación biotecnológica hasta la distribución tanto en grandes superficies o en pequeñas, pero franquiciadas. Para aumentar sus beneficios las grandes multinacionales necesitan recortar los precios pagados a los agricultores convirtiéndolos en meros instrumentos del proceso de producción y distribución global de mercancías alimentarias. La competitividad entre agricultor@s, así como entre agricultor@s y consumidor@s, es su competitividad.
Las medidas destinadas a la protección social o ecológica del medio rural nunca han dejado de ser secundarias, cofinanciadas, voluntarias y con presupuesto limitado. Las Medidas de Acompañamiento, que debían haber sido centrales para dar un viraje a la situación agraria, siguen fracasando por diversos motivos. En el caso de la jubilación anticipada, se aplican criterios que castigan a las pequeñas explotaciones pues obligan a aumentar la dimensión económica (ampliar la superficie, el ganado, el capital, etc.) si los padres, al acogerse a la jubilación, desean ceder los derechos de explotación a sus hijos o hijas. La reforestación de tierras agrarias, concebida principalmente para retirar cultivos excedentarios, ha tenido éxito en cuanto a cantidad de árboles, pero no en lo que se refiere a protección de bosques o a ordenación del territorio (recuperar terrenos cuyo aprovechamiento agrícola es marginal) e hipoteca excesivamente los presupuestos hacia el futuro (compensación de rentas durante 20 años). Los beneficiarios son principalmente rentistas y la industria maderera y papelera. Por último, las medidas agroambientales han tenido distinto eco en los diversos estados miembros. La escasa voluntad política, la baja convicción entre l@s agricultor@s y la obligación de un compromiso presupuestario adicional por parte de cada Estado ha condicionado su puesta en práctica, implementándose sólo aquellas medidas que eran más populares (café para todos). Su complejidad, al tratarse de compaginar las prácticas agrarias con las necesidades de protección en cada zona y ante cada problema concreto, exige un diseño difícil al que no siempre se ha querido llegar. Se ha pretendido, en muchos casos, que sirvieran para compensar rentas. Y no para acompañar transformaciones necesarias de las prácticas más intensivas, proteger prácticas agroambientales tradicionales en desuso (por la competencia de costes), o incentivar a la agricultura ecológica (La retórica de fomento de la agricultura ecológica, sin poner freno a la agricultura industrial y sin oponerse a la distribución global, favorece la entrada en el sector ecológico de los grandes operadores y la degradación de los principios agroecológicos (producción de temporada, con tecnologías apropiadas, a escala sostenible, para el consumo local, fomentando el empleo en zonas rurales, la reducción de la contaminación de suelos, aguas y cadena alimentaria, así como la reconversión de la agricultura industrializada y globalizada). Por último, están desvinculadas de cuestiones sociales y se perciben en función de la superficie, lo que redunda en los desequilibrios entre grandes y pequeñas explotaciones. Ahora vuelven a servir de maquillaje dentro del paquete de promoción del desarrollo rural, en el trasvase de fondos de las ayudas destinadas a la producción y apoyo a las rentas -penalizables por la OMC- a ayudas para proteger el medio ambiente, o desarrollar cultivos para biocombustibles o biomasa (La promoción de cultivos energéticos tienen la doble función de transformar subvenciones penalizables por la OMC (remolacha, girasol) en aceptables por la OMC y, al mismo tiempo, servir para cumplir los objetivos de incrementar el porcentaje de producción de energías renovables, en cumplimiento de los compromisos de Kioto. Otra cosa es que no descienda en valores absolutos el consumo de energía total y en particular la derivada del petróleo o que, como apuntan desde el ISIS (Instituto de Investigación Científica Independiente del Reino Unido), no sea la conversión energética de cultivos para biocombustibles o biomasa y sólo proporcione la coartada para una neocolonización de las tierras cultivables o de selva tropical de los países del Sur, aumentando con ello su inseguridad y dependencia alimentaria). El desacoplamiento de las ayudas de la producción, maquilla y oculta todos los elementos que se han criticado a la PAC. Se introduce en 1992 con las ayudas directas como compensación a la bajada de los precios de intervención y cuyo cálculo se hace en base a rendimientos, vinculados a la productividad y competitividad de las explotaciones. Se consolidó en la Agenda 2000 al constituirse como mecanismo principal de compensación de rentas que se extiende poco a poco a todas las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs). En la reforma de 2003, adquiere una forma transfigurada y aparentemente autónoma de la producción, mediante una única ayuda por explotación que suma todas las ayudas directas y borra el rastro del cálculo de la prima. Se desfigura el origen de una asignación que premia a las explotaciones más grandes, más rentables y más intensivas en capital. Pero, si el apoyo se da por las dificultades para sobrevivir, en un contexto obligado por la OMC de importación de alimentos a bajo precio, es contradictorio ayudar más a quienes están mejor preparados para enfrentar el golpe. Por otro lado, incluso si se apoya en la misma proporción a todas las explotaciones, grandes y pequeñas, capitalizadas y descapitalizadas, el objetivo no confesado es impulsar la desaparición de las explotaciones de menor escala, lo que contribuye a acelerar el ciclo, siempre insuficiente, de la competitividad.
La lógica de la PAC desde su inicio, es la misma que la de la OMC: la modernización de la agricultura para el aumento de la productividad, anteponiéndolo a cualquier otra razón (social, ecológica, territorial, de seguridad alimentaria y de solidaridad). Al igual que la OMC, la UE pone en segundo plano las “preocupaciones no comerciales”. La dinámica real consiste en el abaratamiento de costes mediante la precarización de las condiciones laborales y el abatimiento de derechos sociales y ciudadanos; creciente uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, hormonas y antibióticos en los piensos y promoción de semillas y alimentos transgénicos, en un contexto de mayor contaminación y riesgos sobre la salud humana cada vez más documentados científicamente. Aunque el uso de abonos descendía en los noventa, ha vuelto a repuntar. El consumo anual de plaguicidas no para de crecer desde 1996 (Agencia Europea del Medio Ambiente. Environmental Assesment Report nº 6, 1999). Una vez que se haya fortalecido toda la normativa reguladora de autorización, control y etiquetado de los transgénicos, la UE estará en disposición de abrazar las ventajas de la tecnología y podrá abandonar su moratoria sobre los mismos. La ecocondicionalidad (Es un intento de corregir la escasa presencia de condicionantes medioambientales y sociales en las subvenciones de la PAC. Se introdujo en la Agenda 2000, pero dejando a cada Estado su aplicación. Ahora se exige de forma obligatoria. Al tratarse tan sólo de cumplir la legalidad vigente, se convierte en un mero mecanismo de penalización, por incumplimiento de la legislación, en el caso de que el Estado miembro articule medios para hacer un seguimiento a las explotaciones que reciben ayudas. También está fomentando la transmutación de los negocios de las multinacionales agroquímicas, que por un lado “promocionan” la agricultura integrada para adaptarse a la ecocondicionalidad, y por otro presionan para que los productos agrotóxicos autorizados no se prohíban hasta que tengan un sustituto que mantenga tanto su negocio como la dependencia de los agricultores de las tecnologías agroquímicobiológicas patentadas por ellas), vinculada a los programas de las OCMs, se limita al cumplimiento de la normativa medioambiental, de seguridad laboral y alimentaria. No incorpora nuevos compromisos para revertir la dinámica de deterioro de las condiciones sociales, medioambientales y sobre la salud.
A pesar de las apariencias, la PAC no constituye una política social, sostenible, que defienda la seguridad alimentaria, que impulse un mundo rural vivo y que proteja un modelo de agricultura vinculado al territorio y cohesionado al interior de la UE, aunque mantenga aún una cierta distancia con países como EEUU que han aplicado un modelo de modernización mucho más agresivo (“Con la excepción del sector de alimentación al por menor, los agricultores europeos no han alcanzado el nivel extremo de la concentración corporativa de los agricultores en Norteamérica (EEUU y Canadá)”. Documentación sobre tal afirmación se encuentra en el Boletín de National Farmers Unión, Canadá, Junio de 2003. Vol 54). Más bien, la Unión Europea utiliza la PAC como instrumento de la globalización para la liberalización del comercio de mercancías alimentarias. Sus reformas han secundado las políticas internacionales como si fuera una condición “inevitable”, impulsando la desaparición de las pequeñas explotaciones familiares y comunitarias de dentro y fuera de la UE. Pese a su retórica, no es una política distinta de la que, para la agricultura, promueve la OMC. No propicia la soberanía y seguridad alimentarias de las sociedades europeas, sino la competitividad del Bloque capitalista de la UE frente al de EEUU.
¿Para qué libre comercio?
La falacia de las ventajas del libre comercio (Tim Lang y Collin Hines : “El nuevo proteccionismo“. Ed. Ariel. Barcelona, 1996) se desmonta con sólo observar al interior de la UE, en un mercado único, los efectos de la competencia en condiciones de productividad desigual y especialmente, en las adhesiones de nuevos miembros. A España el ingreso en la UE le costó eliminar un millón de agricultores entre 1986 y 2002 (el 50% del total) y la sangría aún no ha terminado. La liberalización del comercio tampoco proporciona ventajas de seguridad alimentaria, ni desarrollo rural a los países pobres. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI. World Economic Outlook, septiembre de 2002. “¿Cómo afectan a los países en desarrollo las políticas agrarias de los países industrializados”. Citado en informe MEMO/03 de la Comisión Europea (13 de febrero de 2003), “la eliminación de las ayudas nacionales y de todos los derechos de aduana sobre la agricultura en general, favorecería a los grandes productores de los países desarrollados y a unos cuantos productores de algunos países en desarrollo más avanzados (fundamentalmente EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina) a expensas de una mayor inseguridad alimentaria, especialmente en las zonas rurales, de muchos países en desarrollo y desarrollados”.
Liberalizar el comercio no ofrece seguridad alimentaria a los consumidores. El descenso de los precios de las materias primas agrarias en más del 50% desde 1960, no ha disminuido la deuda externa ni el hambre en los países empobrecidos. Por el contrario, han crecido la desnutrición y la mortalidad por enfermedades evitables, fruto de subordinar a la economía, el derecho a la salud y a una alimentación suficiente y de calidad (Peter Rosset y otros : “World Hunger: 12 Myths”. 2ª Ed. Grove Press. New York, 1998). La solución que proporcionan, tanto la OMC como la UE, a los problemas que origina el mercado es mercado global, es decir, más mercado. Los intercambios comerciales de alimentos en los últimos 40 años han pasado del 7% al 10% de la producción mundial. Aunque se ha triplicado el volumen de comercio internacional y duplicado los flujos de la mayoría de las categorías de mercancías alimentarias, eso no implica que se importe lo que no se produce y se venda lo que se produce en exceso. En la práctica, este incremento supone un mismo tipo de productos atravesando las fronteras en ambas direcciones (Caroline Lucas, “Stopping the great food swarm”. MEP. Green Party of England and Wales. Marzo de 2001. Citado en Amigos de la Tierra “Hacer sostenible a nuestra agricultura: una necesidad impostergable. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural). Posiblemente sean más baratos los importados que los propios, aunque no necesariamente. Pero es seguro que aumenta el coste de su transporte y la distancia recorrida, con el consiguiente incremento de consumo de combustibles, envases, embalajes, refrigeración y pérdida de la frescura y calidad nutritiva de los alimentos. ¿Alguien puede afirmar razonablemente que es más barato, sano y sostenible un producto que ha viajado 15.000 kms que uno procedente de la producción local?. Esta lógica obliga a la bajada continua de los precios pagados a los agricultores, con un aparente beneficio para los consumidores, mientras se alarga, concentra y verticaliza el sector agroalimentario, bajo el dominio de la distribución a gran escala que extorsiona a productor@s y consumidor@s. Los controles de calidad y trazabilidad en un intercambio de largas distancias se complican, encarecen, y convierten en un gesto formal. Sólo la gran distribución gana con el consumo global.
Considerar que haciendo más justas las reglas del comercio internacional y eliminando las subvenciones a la agricultura doméstica, se restablece el equilibrio y a partir de ahí, es posible que los productos del Sur puedan "competir" en los mercados del Norte, es quedarse en la superficie del problema, situándolo únicamente en el plano de la circulación y el comercio. La dependencia de los países poco desarrollados no se debe tanto a las subvenciones que reciben los agricultores de los países ricos como a un modelo de agricultura y alimentación industrializada y productivista, orientada a la exportación. Al pedir la eliminación de esas subvenciones, los países pobres no ponen en cuestión su participación en el mismo modelo alimentario que, si en los países ricos, es causante de la inseguridad alimentaria por la comida basura, en su propio país es causante de los monocultivos, el hambre, el subdesarrollo y la perpetua dependencia. Lo que podrán conseguir los países pobres y, especialmente, los llamados "emergentes" con este acuerdo es, tan sólo, que sus propios capitales puedan competir en los mercados internacionales desde una posición más favorable, a costa incluso, de la seguridad alimentaria de su propia población, de la expulsión del agro de sus propios campesinos y del hambre y la muerte de sus propios niñ@s, como ocurre en Argentina con el milagro de la soja transgénica (W. Pengue "Producción agro-exportadora e (in)seguridad alimentaria. El caso de la soja en Argentina" en Biodiversidad en América Latina). Se restablecería una mejor competencia de los capitales y la guerra entre ellos no sería tan desfavorable para los países del Sur. Pero la participación de los países más débiles en los mercados es a costa de su producción tradicional, comercio local, recursos naturales y soberanía alimentaria.
El imperialismo ALTERGLOBALIZADOR de la Union Europea y la INSEGURIDAD alimentaria
En el interior de la UE se producen crecientes desigualdades. La aparente convergencia económica es más nominal que real. La estabilidad de precios, "última ratio" de la construcción europea y base para la existencia del euro, ha volado por los aires con la crisis de acumulación del capital financiero global. El Banco Central Europeo, que debía vigilar la congruencia entre el valor de las mercancías y el dinero en circulación, ha demostrado que sólo sabe controlar los precios en el terreno del trabajo humano y la protección social, imponiendo en nombre de la estabilidad monetia y fiscal, políticas de precarización del empleo, privatización de las empresas públicas y contención del gasto del estado en las partidas relacionadas con la salud, las pensiones, la educación, etc. En su aparente independencia de las instituciones políticas y europeas estatales, ha sido un mero instrumento de los grandes bancos, las multinacionales alimentarias e inmobiliarias que, sin límite alguno, han producido una inflación de precios, sin inflación de costes, durante los últimos 15 años. El modelo de globalización europeo tiene diferencias con el modelo de globalización de EEUU. Estas diferencias tienen que ver con las revoluciones obreras del siglo XX y la consolidación de una de ellas en la unión Soviética durante 70 años, estableciendo un modelo de modernización alternativa al mercado. El agotamiento por razones externas e internas de las economías planificadas supuso, a partir de los años noventa, el libre desarrollo del capitalismo eb su versión más pura: el capital financiero cada vez más grande y libre. El capitalismo europeo tiene la misma lógica que el capitalismo de EEUU sólo que en una etapa inferior de desarrollo debida a los condicionantes políticos y culturales, así como en su relación subordinada con lo estratégico y militar a los EEUU.
La alterglobalización es sólo la globalización capitalista al modo del gran capital financiero y transnacional europeo. Tras el pinchazo de mediados de los setenta, la modernización interna y la mundialización desaforada impuesta por las grandes empresas, está siendo víctima en la actualidad de sus propios excesos. El problema es la ausencia de una izquierda que, tras muchos años de complicidad con este modelo, carece de capacidad para organizar a las víctimas, ahora la mayoría de la población, en sus propios países. Con la resistencia del continente americano que está impidiendo a EEUU imponer su modelo de mercado común de Alaska a la Tierra de Fuego y con los estados y pueblos desobedientes en Oriente Medio y Asia Central, la fiesta del saqueo, la explotación y el genocidio llega a su fin. En el terreno alimentario vemos cómo las piadosas intenciones de la socialdemocracia y la iglesia, hegemónicas en los movimientos sociales, nos muestran que el hambre, lejos de reducirse, aumenta y que la explosión del cáncer, la obesidad y otras enfermedades alimentarias producidas por la comida globalizada desbordan los presupuestos la sanidad pública.
En resumen, los países del primer mundo estamos en vías de desarrollo hacia la inseguridad que nosotros mismos hemos creado imponiendo la globalización de los alimentos a la mayoría de la humanidad. Aumentan las diferencias entre los países principales y los secundarios dentro del primer mundo. Aumentan las diferencias entre los pañises ricos y los paises dependientes. Aumentan las diferencias entre las capas sociales vinculadas a sectores económicos favorecidos por la dinámica globalizadora y la mayoría de la población, tanto en los países desarrollados como en los empobrecidos.
El núcleo de los países ricos de la UE reduce progresivamente los mecanismos de solidaridad con los de nuevo ingreso tratándoles como el patio trasero de su mercado común. En la negociación con los 10 nuevos países miembros se limitó su derecho a percibir las ayudas directas. En el primer año (2004) percibieron el 25% de dichas ayudas, creciendo de forma progresiva. Sólo en el año 2013 alcanzarán igual respaldo que los demás miembros de la UE. Se retrasó el ingreso de kis dos países con mayor sector rural y menor renta (Bulgaria y Rumanía) hasta 2007. El objetivo era restringir el gasto presupuestario y la competencia al interior de una UE ampliada, así como garantizar la reconversión de la agricultura de los nuevos miembros (eliminación de explotaciones y de población activa agraria). Los saños colaterales han sido la emigración masiva de los campesinos polacos y rumanos para trabajar en las condiciones que el mercado les ofrecía en los países europeos más desarrollados. Cientos de miles de ellos han sido la alternativa para las explotaciones hortofrutícolas de la UE que precisan de una oferta de trabajo flexible, barata y sumisa (Para mayor detalle sobre condiciones de trabajo y de vida de los inmigrantes rumanos y polacos, Nicholas Bell “Viaje al país de los hombres invisibles. Europa organiza la clandestinidad”. Le Monde Diplomatique edición española, abril de 2003).
En el seno de la OMC, la Unión Europea y los EEUU protagonizan múltiples confrontaciones y luchas de intereses. Sin embargo, ambos tienen en común la defensa de la misma lógica social, el mercado es el mecanismo desde el que se regulan las relaciones sociales. Las políticas de producción de alimentos, protección a la salud y defensa del medioambiente en EEUU y Europa son diferentes. Pero sólo porque el contexto cultural y político es diferente y la lógica mercantil debe adaptarse al medio para garantizar su hegemonía. Ambos modelos se basan en la mejora de competitividad que obliga a un continuo crecimiento de la productividad y necesita la distribución a gran escala. Aparentemente, se abaratan los precios, pero sólo porque dichos precios no integran los costes sociales y ecológicos causados por la globalización de la agricultura y la alimentación. Cuando las multinacionales europeas, incluidas las españolas, operan en los países dependientes practican la misma brutalidad e inhumanidad que practican las multinacionales norteamericanas (Ver, de P. Galindo, La Política Agraria Común (PAC) proteccionismo globalizador, pag 154- 160 en el Capítulo “Globalización de la agricultura y la alimentación.” En VV.AA. “El movimiento antiglobalización en su laberinto: entre la nube de mosquitos y la izquierda parlamentaria”. La Catarata-CAES. Madrid, 2003)
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26 de marzo de 2009
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIA LA EXISTENCIA DE ACTIVIDAD FURTIVA ORGANIZADA A DISTINTAS ESCALAS EN ESPAÑA
La detención por parte de la Guardia Civil de 48 personas en varias provincias presuntamente integrantes de una trama dedicada al lucrativo negocio ilegal de la caza de especies cinegéticas y protegidas, evidencia nuevamente la existencia de una actividad furtivas a distintas escalas en España, y la importancia de seguir apoyando y reforzando con medios humanos y económicos la lucha contra la caza furtiva.
La caza furtiva, a sus distintas escalas, es una actividad frecuente en el medio rural que requiere de una respuesta coordinada y desde diferentes ámbitos. Aún en numerosos localidades el cazador furtivo goza de cierta comprensión o prestigio, engrandecido por esa visión histórica y bucólica proveniente de una noción irreal, ingenua y desfasada, que nada tiene que ver con las actuales motivaciones y las consecuencias de esta actividad fraudulenta.
El cazador furtivo, fruto del “síndrome de Robin Hood”, que le presupone la creencia popular, como un avezado cazador espartano y sagaz que se enfrenta a la imposición y represión de los propietarios de las fincas de caza o de la propia Administración Pública, paso al recuerdo hace algunos años.
La
tipología del furtivo del siglo XXI es mucho más amplia, y responde
en ocasiones a la de personas ociosas, que bien por afán lucrativo o
como medio para obsequiar a determinadas personas de su entorno, nos
les importa transgredir la normativa que regula la actividad
cinegética y que protege a numerosas especies amenazadas, como el
águila imperial, la avutarda, el lince ibérico, o el lobo, y poner
en jaque, los esfuerzos realizados por parte de tantas personas
(científicos, gestores públicos, ecologistas, propietarios, etc.)
en la recuperación de las especies más emblemáticas de nuestro
medio natural . Pero en otras ocasiones son auténticas mafias
organizadas que con muchos medios técnicos y económicos son
contratados para perseguir especies cinegéticas o protegidas, algo
que es especialmente frecuente en la Sierra de Gredos desde hace
muchos años, pero que también se encuentra en otras muchas
regiones.
Ecologistas ha podido comprobar durante su ya dilatado
trayectoria de trabajo de campo, la existencia de cuadrillas
organizadas compuestas por dos o tres personas, en la mayoría de los
pueblos que disponen de terrenos forestales. Se trata de personas que
trabajan de lunes a viernes con absoluta normalidad, y durante los
fines de semana se echan al monte con rifles con silenciador a
limpiar las fincas cercadas atiborradas de ciervos y muflones,
amenazando si es necesario, a los guardas de campo privados que se
encuentran literalmente vendidos antes personas que estarían
dispuesta a disparar sobre ellos, si la situación lo requiriese.
Estas cuadrillas de furtivos suelen contar con una red más o menos
densa de encubridores o elementos de apoyo, que les ayudan a sortear
los dispositivos anti-furtivos realizados actualmente en la mayoría
de los casos, por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil (SEPRONA). También suelen contar con establecimientos
dispuestos a comprarle la carne o los trofeos.
Otro tipo de delincuente de la naturaleza del que no se suele hablar cuando hablamos de caza furtiva es la que ejercen la guardería privada por encargo del propietario, o directamente este, en los terrenos de su propiedad. Se suele cazar especies cinegéticas, particularmente ciervos (machos), muflones y corzos, además de especies protegidas, algunas particularmente amenazadas como el lince ibérico o el lobo. Este tipo de furtivismo, el menos controlable y perseguido, no suele existir un interés lucrativo. Generalmente los animales abatidos se entregan, ya convenientemente disecadas, como obsequio o agasajo a determinadas amistades o clientes.
Por último, Ecologistas en Acción quiere alertar, y a los hechos nos remitimos, que apostar por una gestión cinegética de carácter lucrativo de especies globalmente amenazadas como ocurre en varias CCAA con el Lobo, implica, “colocar en el mercado” a la citada especie, es decir, se está colaborando en focalizar el interés cinegético sobre una especie que despierta especial interés entre los cazadores. Esta circunstancia está generando una espiral económica alrededor de la especie, acentuando aún más el frágil grado de conservación de la que disfruta.
Más información: Theo Oberhuber, 656925081 y Joaquín Reina, 699200666
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27/03/2009
Cada empleo verde creado destruye 2,2 puestos en el resto de la economía
España quiere ser un líder mundial en el cambio energético. Pero la factura es muy alta. El sector metalúrgico, la alimentación, la bebida y el tabaco son las grandes víctimas
E. S. Mazo
Zapatero
quiere liderar el cambio hacia las fuentes de energía renovables
que, según ha manifestado en numerosas ocasiones el presidente del
Gobierno, son un “un valor estratégico” para el país.
Una
apuesta tan ambiciosa como lo es la factura que le pasará a España:
por cada nuevo puesto de trabajo “verde” creado, se han destruido
2,2 empleos en el resto de la economía (en el sector privado).
Un
dato al que hay que “añadir aquellos empleos que la inversión no
subvencionada habría creado”, según concluye el Estudio de los
efectos sobre empleo de ayuda pública a fuentes de energía
renovables, elaborado por Universidad Rey Juan Carlos, al que ha
tenido acceso EXPANSIÓN.
Esta pérdida se ha concentrado
principalmente en la metalurgia, la minería no metálica, la
industria alimenticia, la bebida y el tabaco. Y ha sido también
abultada en términos económicos: “Desde el año 2000, España ha
gastado 571,138 euros por cada “empleo verde” generado,
incluyendo los subsidios de más de un millón de euros por la
industria eólica”, concluye el informe.
La elevada factura, no
obstante, aún puede aumentar. “A pesar de su hiperagresiva (cara y
extensa) política” en este ámbito, “España probablemente ha
creado un número sorprendentemente bajo de empleos”. O, lo que es
lo mismo, los puestos de trabajo “verdes” aún tienen un elevado
potencial para incrementarse... El mismo que los puestos
destruidos.
Ahora bien, “no todas las formas de fuentes de
energía son igualmente destructivas, dado que no todas ellas
requieren la misma cantidad de subsidio por megavatio”. Como media,
cada uno de esos megavatios verdes instalado destruye 5,39 empleos.
Pero la energía fotovoltaica es la más agresiva: supone la pérdida
de 8,99 puestos de trabajo por unidad de capacidad. Mientras, la
eólica supone 4,32 empleos; y la mini-hídrica, 5,84 puestos.
Con
todas estas cifras sobre la mesa, el estudio alerta de que los
esquemas actuales crean un potencial serio “de burbuja” en este
sector, que España ahora está descubriendo. El caso “más
paradigmático” puede encontrarse en la fotovoltaica, por las
diferencias entre el precio generado y el resultante de las subastas.
El problema es que se trata de un círculo vicioso, pues esa
“burbuja” aumenta al tiempo que los inversores encuentran en las
renovables uno de los pocos sectores provechosos.
No es la única
advertencia. “El futuro de energía ha sido puesto en peligro por
el estado corriente de viento o la tecnología fotovoltaica (más
cara y menos eficiente que fuentes de energía convencionales)”,
asegura el informe. “El regulador debería considerar si los
ciudadanos y empresas necesitan la energía cara e ineficaz o una
energía económica que ayude a vencer la crisis”.
Los expertos
añaden que el sistema español también pone en peligro las
instalaciones de electricidad convencionales, que son las primeras en
la lista para solucionar el déficit tarifario de electricidad.
Con
todo ello, el estudio recuerda que, en tiempos de crisis, las
energías renovables consumen enormes recursos del contribuyente: en
España, su coste medio equivale al 4,5% de todo el IVA ó el 5,7% de
todo Sociedades en 2007, es decir, más de 2.600 millones de
euros.
La experiencia que mira Estados Unidos
El presidente de
EEUU, Barack Obama, ha puesto como ejemplo de energías renovables a
España, al destacar el liderazgo de España en este sector y, en
concreto, en la eólica. España genera cerca del 12% de su energía
encauzando el viento, “mientras que nosotros sólo conseguimos el
1%”, decía el líder de EEUU ¿A qué experiencia se refería
Obama?
El Plan de Energías Renovables 2005-2010 del Gobierno, con
inversiones por 23.000 millones de euros, prevé que las energías
renovables abastezcan el 12% del consumo global de energía y los
biocarburantes un 6% del consumo de energía y gasóleo para
transporte.
Según las cifras del Ejecutivo, las renovables
aportan actualmente un 7% de la energía primaria española y un 20%
de la electricidad, que aumentará al 30% en dos años. Con estos
datos en la mano, Zapatero asegura no escatimará esfuerzos para
fomentar el uso de energías limpias y cumplir sus compromisos
internacionales, en especial el Protocolo de Kioto de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Para Obama se trata de
un ejemplo a seguir. Y el estudio de los expertos advierte de que “la
experiencia de España citada por el presidente Obama” como modelo
“revela que la economía de Estados Unidos deberá esperar una
pérdida al menos 2,2 empleos por regla general, o aproximadamente 9
empleos perdidos para cada 4 creados”.
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49 Ecologistas en Acción de Madrid
28 de marzo de 2009
Madrid: Manifestación
No pagaremos vuestras crisis capitalistas
Los colectivos, que convocan una manifestación el 28 de marzo, afirman que la ciudadanía puede ejercer mayor presión que cualquier otro grupo en la sociedad. Más que los grandes bancos, más que las empresas transnacionales, más que los grupos financieros que se han apropiado de la actividad económica y nos han llevado a esta descomunal crisis, que en España puede acabar con cinco millones de personas paradas.
Para ello van a mostrar su poder haciendo oír su voz en la calle.
Varias decenas de movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones sindicales se vienen reuniendo desde octubre a nivel estatal y local.
En Madrid han decidido convocar a la ciudadanía a una movilización contra esta crisis provocada por un capitalismo financiarizado. La manifestación será el próximo sábado 28 de marzo, coincidiendo con otras similares en toda España. La convocatoria madrileña responde al llamamiento planetario realizado en Belem (Brasil) durante el Foro Social Mundial de este año.
La manifestación madrileña partirá a las seis de la tarde de la del Paseo del Prado, junto al museo Thyssen, frente al edificio de la Bolsa. En Cibeles girará hacia Alcalá, pasando por delante del Banco de España, para terminar en la Plaza de Sevilla, sede de algunos grandes bancos españoles. A todos les gritaremos el lema de la manifestación: "No pagaremos vuestras crisis capitalistas. ¡Es hora de cambiar!"
La movilización se enfoca contra esta banca depredadora, que ahora se ofrece de salvadora, y contra los gobiernos del grupo G20, que el 2 de abril se reunirán en Londres para proteger los intereses de sus grandes grupos financieros. La ciudadanía de todo el mundo saldrá a las calles para exigir a los gobiernos soluciones frente a una crisis que no es de la ciudadanía, aunque sea quien en realidad la sufre. Exigen que se apliquen medidas que no les hagan pagar la crisis a los de siempre, que son quienes realmente crean la riqueza económica y social. Y sobre todo, que las soluciones sean tomadas de manera democrática.
ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS SOCIALES FRENTE A LA CRISIS.
Manifestación ante la cumbre del G-20.
28 de marzo de 2009, a las 18:00 horas.
Salida: Paseo del Prado (junto al Thyssen), frente a la Bolsa.
Recorrido: Cibeles, por el Banco de España.
Finalización: plaza de Sevilla, frente a la gran banca española.
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26/03/2009
OPINIÓN
El retraso social de España
Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Una de las características del estado del bienestar en España es su subdesarrollo. Según Eurostat, España en el año 2006 (el último año con datos comparables) era el país, después de Portugal, que tenía el gasto social por habitante más bajo de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de desarrollo económico semejante al nuestro. En aquel año, el PIB per cápita de España había alcanzado ya a ser el 93% del promedio de la UE-15 y, sin embargo, el gasto público social per capita era sólo el 70% del promedio de la UE-15.
¿A qué se debe este retraso social? Una de las mayores causas es el enorme subdesarrollo social que la España democrática heredó del sistema dictatorial anterior. Cuando el dictador murió, el gasto público social en España era sólo un 14% del PIB, muy inferior al promedio (22%) de los países que más tarde constituirían la UE-15. Ni qué decir tiene que mucho se ha hecho durante los 32 años de democracia. Pero el hecho es que en 2006 –29 años en democracia– continuábamos a la cola de la Europa (UE-15) social. Y es probable que en 2009 continuemos a la cola a pesar de los avances considerables que se han hecho durante el periodo 2004-2009.
De ahí que debamos considerar que existen otras causas, además de la insensibilidad social de la dictadura, que determinan el retraso social de España. Y una de ellas es el enorme poder que las fuerzas conservadoras (la monarquía, la nomenclatura del Estado franquista, el Ejército, la Iglesia, la banca, la patronal, y los medios conservadores) tuvieron en el proceso (erróneamente definido como modélico) de transición de la dictadura a la democracia, que lideraron aquel proceso y dominaron la vida económica y política del periodo democrático. Las enormes movilizaciones populares en el periodo 1975-1978 (España fue el país con mayor número de huelgas en Europa durante aquellos años) fueron determinantes en forzar el fin de la dictadura (el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle), mas no fueron suficientemente fuertes para provocar una ruptura y cambiar las condiciones que permitieron la continuación del dominio político de aquel enorme bloque de poder. Y una de estas condiciones fue la Ley Electoral, cuyos primeros borradores surgieron de la nomenclatura del Estado dictatorial, y que, tras ser modificado fue adoptado, por el Gobierno Suárez en 1978, dando gran dominio a las fuerzas conservadoras, discriminando a las zonas urbanas, a la clase trabajadora y a los partidos de izquierda (tal y como autores de aquel proyecto, como Herrero de Miñón y Calvo Sotelo, reconocieron).
Una consecuencia de ello es que el sistema electoral español es uno de los menos proporcionales y menos representativos de los existentes. Ello explica que aún cuando en todas las elecciones legislativas al Parlamento español (excepto en 1977, 1979 y 2000), el electorado español ha dado muchos más votos a los partidos de izquierdas que a los partidos de derechas, España no ha tenido un Gobierno mayoritario de izquierdas (o apoyado por una mayoría de izquierdas) durante la mayor parte del periodo democrático. Sólo ocurrió durante el periodo 1982-1993; en los otros periodos el partido mayoritario de las izquierdas, el PSOE, se alió con las derechas nacionalistas más que con los partidos a su izquierda, resultado en parte de la enorme discriminación que el sistema electoral ejerce hacia estos partidos y también consecuencia de la enorme presión ejercida por aquel bloque de poder que lideró la transición. Y es ahí donde hay que buscar las causas del subdesarrollo social de España. Es bien conocido que, en general, a mayor fuerza de las izquierdas, mayor desarrollo de los derechos sociales y laborales en un país, y de su estado del bienestar. El mejor indicador de esto es Suecia, donde las izquierdas gobernaron por más tiempo desde la II Guerra Mundial. En aquel país, 32 años (1945-1977) fueron suficientes para convertirse en el país con mayor sensibilidad social del mundo. No así en España. La debilidad de las izquierdas es causa de ello.
El bipartidismo refrendado en la Ley Electoral, continuista del año 1985, ha favorecido al aparato del partido mayoritario dentro de las izquierdas, el PSOE, permitiéndole tener más escaños, pero ha dificultado la implementación de su programa, pues este no se ha podido desarrollar en su totalidad por falta del apoyo parlamentario de las otras izquierdas, apoyo que podría haber tenido si hubiera existido en España un sistema auténticamente proporcional. Por cierto, tal falta de proporcionalidad aparece también en las CCAA como lo muestran las últimas elecciones gallegas, en las que los votos a los partidos de izquierda (PSOE, BNG y EU-IV) fueron 811.641, más que los votos a los partidos de derecha (PP y TEGA), que sumaron 808.153. A pesar de ello, el PP ganó la mayoría de escaños, permitiéndole gobernar.
Pero queda por responder cómo es que este subdesarrollo del estado del bienestar no ha tenido mayor visibilidad política y mediática en España. La razón es que los establishments políticos y mediáticos, constituidos en su mayoría por individuos que pertenecen al 30% de la población de renta superior del país, no quedan afectados por las grandes insuficiencias de los servicios públicos del estado del bienestar. Envían a sus hijos a las escuelas privadas concertadas (que tienen un gasto por alumno superior a las públicas) y, cuando caen enfermos, van a la medicina privada (cuyo tiempo promedio de visita es de 18 minutos; el promedio en la pública es de 8 minutos), o reciben trato preferencial en la pública. De ahí que no sean plenamente conscientes del retraso social en España. Y su poder político y mediático es enorme. Y así estamos.
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29/03/2009
50 píldoras para entender la crisis
Juan
Torres, catedrático de Economía Aplicada
El
origen y el desarrollo de la crisis
1.
La crisis se origina en Estados Unidos.
2. Para evitar que después
del 11-S la economía se viniera abajo se bajaron mucho los tipos de
interés.
3. Como al bajar los tipos de interés los bancos
ganarían menos, buscaron la manera de no dejar de ganar.
4.
Para ello se lanzaron a la búsqueda desesperada de clientes para sus
préstamos y los daban cada vez más a familias con pocos recursos.
5. Los préstamos que daban (sobre todo los hipotecarios) eran
muy arriesgados pero gracias a eso los podían dar a tipos de interés
más altos.
6. Los bancos (y en general los inversores en los
mercados financieros) no se guardan en un cajón los contratos de los
préstamos que dan sino que los venden. Esa es una actividad llamada
"titulización" que les permite cambiar papel por dinero
líquido. Y a partir de ella nacen los "productos derivados",
llamados así porque van naciendo, derivándose, unos de otros.
Forman el corazón de las finanzas internacionales, como una gran
pirámide invertida (porque de uno inicial surgen muchísimos más)
que mueve billones de euros solo a partir del papel, sin riqueza
productiva alguna detrás.
7. Los bancos hipotecarios
estadounidenses vendían sus contratos hipotecarios a unos fondos de
inversión que ellos mismos habían creado para tal fin. En realidad
se los vendían a ellos mismos pero formalmente aparecían como si
fueran otras empresas y eso les permitía que en sus balances
el papel se sustituyera por dinero y así podían dar más créditos,
que es lo que les proporciona rentabilidad.
8. Esos fondos de
inversión vendían a su vez esos contratos a otros fondos, y estos a
otros, y así esos contratos se fueron difundiendo por el sistema
bancario internacional.
9. La inversión en esos contratos era
muy rentable porque como respondían a hipotecas con tipos de interés
más alto que el del mercado también podían dar más rentabilidad
que la del mercado.
10. Para colmo, los bancos que originalmente
vendían esas hipotecas trataron de disimular que eran muy
arriesgadas. Para ello hacían "paquetes" en donde había
unas buenas y otras malas. Y, además, contrataban a unas empresas
especializadas (llamadas agencias de "rating") para que
"evaluaran" si esos paquetes eran buenos o malos. Les
pagaban por ello, así que esas empresas decían que, por supuesto,
era de la mejor calidad financiera.
11. Pero era mentira.
12.
Las familias empezaron a no pagar sus hipotecas y así, lo que antes
era muy rentable para el banco ahora dejaba de tener valor.
13.
Quienes habían comprado esas hipotecas o los paquetes que las
contenían empiezan a tener que registrar las pérdidas patrimoniales
correspondientes.
14. Fueron quebrando unos bancos detrás de
otros.
15. El sistema bancario de USA y el de Reino Unido
llegaron a la bancarrota y los demás le siguieron o están a
punto de llegar a la misma situación.
16. Al ver los bancos que
los demás estaban en tantos apuros y que ellos mismos tenían
pérdidas muy grandes dejan de darse créditos unos a otros.
17.
Cuando los bancos dejan de tener confianza y liquidez para prestar,
el dinero empieza a no llegar a la economía real, a los empresarios
y los consumidores.
18. La economía real no puede funcionar sin
crédito (¿quién puede comprar un coche o una casa o casi cualquier
cosa hoy día sin financiación?).
19. Las empresas empezaron a
cerrar y a despedir trabajadores.
20. En mitad de ese proceso se
produce otro fenómeno: los inversores que ven que las finanzas se
han puesto feas para especular allí (que es lo que saben hacer)
apuestan por invertir en otros mercados.
21. ¿En dónde?
En los que tienen tendencia a subir los precios, como antes había
pasado con el inmobiliario. Ahora lo harán en el del petróleo y en
el alimentario.
22. La especulación en el mercado del petróleo
subió estrepitosamente sus precios y la de los mercados alimentario
también, provocando mucha más hambre y sufrimiento en los países
más pobres.
23. Los efectos de la crisis financiera, de la
subida del petróleo y del precio de los alimentos desató la
descomunal crisis económica que estamos viviendo.
España
24. La situación española tiene algo de particular.
25. Los
bancos y cajas españolas no habían adquirido grandes cantidades de
hipotecas basura y de paquetes contaminados (aunque algunos sí).
26. Pero tenían otra basura: se dedicaron a financiar al sector
inmobiliario y crearon una burbuja que ha explotado. 27. Solo de 2002
a 2008 pasaron de dar créditos por 700.000 millones de euros a 1,8
billones. Es imposible que ese aumento no haya ido acompañado de un
incremento inmenso del riesgo, de la insolvencia y de la morosidad.
Ahora empiezan a pagarlo y a tener los mismos efectos que los que
acabo de mencionar a escala global.
Los
Estados frente a la crisis
28.
¿Qué han hecho las autoridades?
29. En primer lugar, establecer
las normas contables y financieras que permitieron que los bancos
pudieran hacer todas las inversiones super arriesgadas que han hecho
y que han provocado la debacle. Y, por supuesto, hacer la vista gorda
cuando los peligros y los problemas empezaban a manifestarse sin
remedio.
30. Cuando estos ya no se podían disimular dijeron que
solo se trataba de una crisis limitada a las hipotecas y a Estados
Unidos. Mintieron a la gente.
31. Luego empezaron a darle dinero a
mansalva a los bancos (las multimillonarias "inyecciones de
liquidez" de los bancos centrales) para que taparan el agujero y
se siguieren prestando entre ellos y prestaran a la economía
real.
32. Pero el agujero era tan grande que no arreglaron nada.
Los bancos quebraban uno detrás de otro,
33. Propusieron que los
bancos les vendieran los "activos tóxicos" (las hipotecas
basura que habían ido difundiendo por la economía) pero no
consiguieron nada porque estaban difuminados por todo el mundo y
porque son de un valor gigantesco, prácticamente imposible de
compensar.
34. La realidad es que toda la ayuda que han
venido recibiendo los bancos la destinaban a compensar sus pérdida o
a lavar la cara de sus balances. Algunos, incluso la dedicaron a
repartir beneficios entre sus accionistas y directivos.
35. Los
dirigentes de los países más poderosos se reunieron en Washington y
en unas pocas horas aprobaron un documento vago y de generalizaciones
en el que se daban algunos golpes de pecho y en el que
fundamentalmente acordaron dos cosas: que iban a tomar medidas en los
mercados financieros y que los gobiernos tenían barra libre para
gastar lo que fuese necesario porque la crisis de la economía real
se hacía ya muy grave.
36. De las medidas financieras nada se
sabe pero sí han aprobado planes de gasto para tratar de que el paro
y las quiebras de empresas no sigan aumentando.
El
futuro
37.
¿Servirán de algo esas medidas?
38. Una cosa está clara:
mientras no se curen las causas del cáncer éste seguirá avanzando.
Ahora ya han caído muchos bancos. Seguirán cayendo los demás y
después vendrá la caída de los fondos de inversión y de
pensiones...
39. Los planes de gasto compensarán la pérdida de
empleos pero su coste (que recaerá sobre los más débiles y sobre
las generaciones futuras) será inmenso si no se cierra pronto la
sangría.
40. Y, mientras tanto, los bancos siguen sin abrir el
grifo de la financiación. Los gobiernos hacen como que se molestan
con ellos pero aquí paz y después gloria. Es más, para dorarle la
píldora le hacen rebajas fiscales vergonzosas e inmorales a los
banqueros y grandes propietarios, como acaba de suceder en España.
Alternativas
de progreso frente a la crisis
41.
¿Qué se debería hacer entonces?
42. Hay que tomar medidas
urgentes como las siguientes: Evitar la sangría financiera
interviniendo los bancos. Abrir inmediatamente el grifo de la
financiación. Aumentar la cuantía de los planes de gasto (en
particular poniendo capital fondos de financiación a disposición de
las empresas que creen empleo) y procurar que no sea inversión
despilfarrada (como la que están proponiendo en España algunos
ayuntamientos en el plan del gobierno). Establecer impuestos
extraordinarios en todos los países sobre las grandes fortunas,
sobre los movimientos especulativos y los beneficios
extraordinarios.
43.Y por supuesto también son imprescindibles
otras medidas con carácter estructural y global: Nuevas normas que
regulen y disciplinen las actividades financieras y garanticen la
financiación para la actividad productiva. Entre ellas, control de
los movimientos de capital, eliminación total de los paraísos
fiscales, establecimiento de Impuestos internacionales, y
creación de instituciones internacionales democráticas....
Más
allá de la debacle financiera
44.
Lo que hay detrás de la crisis es la especulación financiera que ha
llegado a ser gigantesca y peligrosísima. Pero los capitales se han
ido yendo a la esfera financiera especulativa porque allí tienen más
rentabilidad relativa.
45. Hay que evitar que la especulación sea
más rentable que la actividad que crea riqueza.
46. Para eso hay
que penalizar la especulación y sus beneficios, extraordinarios pero
letales para el resto de la economía, y hacer que los mercados
reales sean más dinámicos y rentables. Y para que esto último sea
posible es necesario que haya mucha más demanda y mucha mayor
capacidad de compra: hay que subir los salarios reales. De hecho, fue
su caída en los últimos años lo que disminuyó la demanda, y con
ella las ventas, la producción y la rentabilidad.
Lo
que hace falta para cambiar las cosas
47.
Las medidas y políticas alternativas que acabo de señalar son
perfectamente posibles y por supuesto necesarias pero no se podrán
adoptar mientas que el poder esté en manos de los banqueros, de los
grandes financieros y de los grandes propietarios.
48. Para que
haya una economía diferente es necesario que los ciudadanos tengan
el suficiente poder para asegurar que sus preferencias
democráticamente expresadas se conviertan en decisiones. Lo que hoy
día sucede es lo contrario: las preferencias de los ricos son las
únicas que lo consiguen.
49. La crisis está mostrando el lado
inmoral y criminal de muchas actividades financieras y económicas.
Por la ganancia se permite todo. Hay billones euros para ayudar a los
bancos y no unos pocos miles para evitar que cada día mueran 25.000
personas de hambre.
50. Las crisis seguirán produciéndose y con
ellas el sufrimiento innecesario de millones de seres humanos si no
logramos que lo inmoral sea inaceptable, si la ética del respeto a
la vida y de la cooperación no se impone sobre la del beneficio. No
sufrimos solo una crisis económica. No nos engañemos, es la crisis
de un sistema social y económico, de nuestra civilización, de una
humanidad que se ha pervertido a sí misma solo para que una minoría
se harte de disfrutar y de ganar dinero.
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27/03/2009
TRIBUNA
¿Por qué hay tanta corrupción en España?
La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones
En EE UU el alcalde no puede colocar a mucha gente. El Ayuntamiento lo gestionan profesionales
En muchas ciudades europeas sólo tres o cuatro personas son nombradas por el partido ganador
Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia)
Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?
Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.
Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?
Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.
Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.
Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.
¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.
Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.
Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.
¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.
Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?