Información y documentación sobre política ambiental, recogida de diversas publicaciones periódicas y puesta a vuestra disposición por el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida
20080622
AFEMA Revista de prensa
Índice
de contenidos
1
Izquierda Unida
18
de junio de 2008
Llamazares
presenta en el Congreso una iniciativa de IU para erradicar la corrupción
urbanística y “para que las instituciones y PSOE y PP no lleguen siempre
tarde a esta lucha”
2 EL PAÍS
21/06/2008
El Gobierno acusa
a los municipios de vulnerar la 'ley anticorrupción'
3
EL PAÍS
18/06/2008
Golpe
a la corrupción en Estepona
4
EL PAÍS
18/06/2008
La
ley anticorrupción vigente desde 2007 no se aplica en los municipios
5
PÚBLICO
20/06/2008
Estepona
no es una rareza
6 EL PAÍS
20/06/2008
El
'núcleo duro' tenía inversiones en la costa de Marruecos
7
Ecologistas en Acción de Cádiz
20
de junio de 2008
Miembros
del PSOE imputados o condenados por corrupción siguen ostentando cargos públicos
8
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
19
de junio de 2008
LA
SUPERFICIE URBANIZABLE EN TORNO A LA "CARRETERA DE LOS PANTANOS" SE
INCREMENTA EN MÁS DE UN 950% DESDE EL INICIO DE LAS OBRAS
9
Ecologistas en Acción
21
de junio de 2008
LOS
ALCALDES DE LA M-501 INFLAN EN CASI UN 300% EL NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES
DE LA CARRETERA
10 EL PAÍS
Cataluña
21/06/2008
El
PSC apostará por la MAT y el cuarto cinturón en su congreso
11
ABC
18/06/2008
IU
se desmarca del proyecto del PSOE y propone ampliar el tranvía por la Buhaira
12
SUR
18/06/2008
Los
sindicatos denuncian el abandono de la línea de cercanías
13
EL PERIÓDICO DE CATALUÑA
16/06/2008
El
Bages proyecta un tren que será también tranvía
14
EL PERIÓDICO DE CATALUÑA
19/6/2008
El
AVE puede evitar el paso diario de 8.000 camiones por la frontera
15 EL PAÍS
Comunidad de Madrid
21/06/2008
Túnel del AVE de
Atocha a Chamartín: tres años de obras
16
CADENA GLOBAL
17/06/2008
El
presidente Nicolás Sarkozy presentó el tren más moderno de Europa
17
LA NACIÓN
19/06/2008
Chile
quiere apurar la construcción del tren trasandino
18
VIA LIBRE
19/06/2008
En
España la utilización del transporte público es mayor que la media europea,
según el Observatorio de la Movilidad Metropolitana
19
ENERGÍAS RENOVABLES
18/06/2008
Autobuses
urbanos a 10 kilómetros por hora; el metro, a 30; el cercanías, a 50
20
Asociación de Vecinos Afectados por la Prolongación de la Carretera de la
Vega
20
de junio de 2008
El
Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha da la razón de forma contundente
a AVAC-La Vega ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
21
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
22
de junio de 2008
Subida
generalizada de la contaminación por ozono
22 EL PAÍS
TIERRA
21/06/2008
Hormigueros Humanos
23
INFORMACIÓN
18/06/2008
El
Consell obliga a restaurar terrenos roturados en Escalona por una empresa
24
Ecologistes en Acció de Catalunya
21
de juny de 2008
Reunió
del CSN sobre Ascó I i nova aturada de Vandellòs II
25
Plataforma Ciudadana Refinería NO
17
de junio de 2008
Crónica.
Asamblea PCRN. INDIGNACIÓN CIUDADANA
26
EL PAÍS
19/06/2008
Bush
y McCain piden la explotación petrolera de las costas de EE UU
27 EL PAÍS
22/06/2008
Sebastián pide
una menor dependencia del petróleo
28
EL PAÍS
20/06/2008
Miles
de agricultores salen a la calle para exigir ayudas
29 EL PAÍS
19/06/2008
Más
de 10.000 agricultores salen a la calle en Madrid para exigir medidas contra
el alza del gasoil
30
Ecologistas en Acción de la Región Murciana
19
de junio de 2008
Presentan
alegaciones a cinco centrales fotovoltaicas
31
ENERGÍAS RENOVABLES
19/06/2008
Balance
de las energías renovables en 2007: menos euforias
32
ENERGÍAS RENOVABLES
19/06/2008
Las
energías renovables podrían emplear a 270.000 trabajadores en 2020
33
ENERGÍAS RENOVABLES
18/06/2008
La
UCE asegura que el Gobierno engaña al consumidor con las estructuras de
costes de producción eléctrica
34
ENERGÍAS RENOVABLES
18/06/2008
La
UE estima que hay pruebas suficientes para investigar las subvenciones y el
dumping del biodiésel estadounidense
35
Grupos Autogestionados de
Konsumo de Madrid (GAK´s)
Junio
2008
DESENMASCAREMOS
"ZARAGOZA 2008"
36
PÚBLICO
21/06/2008
Daimiel
en tablas
37
Adena/WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Seo/BirdLife
18
de Junio de 2008
La
Junta de Castilla-La Mancha pretende forzar la regularización de pozos
ilegales en La Mancha
38
ECOPORTAL
18/06/08
Vía Campesina llama a la
movilización en contra del G8 en Hokkaido Japón
39
Ecologistas en Acción
18
de junio de 2008
LA
POLÍTICA EUROPEA DE RESIDUOS NO MIRA HACIA EL FUTURO
40 EL PAÍS
21/06/2008
"No
sólo desaparecerán especies, sino la vida en regiones enteras"
41 EL PAÍS
Andalucía
21/06/2008
La
pinza
42
EL PAÍS
22/06/2008
Miembra,
por fin
43
REBELIÓN
18/06/2008
Sí
podemos
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1
Izquierda Unida
18
de junio de 2008
Llamazares
presenta en el Congreso una iniciativa de IU para erradicar la corrupción
urbanística y “para que las instituciones y PSOE y PP no lleguen siempre
tarde a esta lucha”
El
diputado de IU exige la comparecencia de la ministra de Administraciones Públicas
para que explique el incumplimiento de la única resolución aprobada en el
Congreso contra la corrupción a propuesta de IU la pasada legislatura
El
coordinador general y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha
presentado hoy en rueda de prensa en el Congreso una iniciativa parlamentaria
de esta formación sobre Medidas contra la Corrupción Urbanística para que
los grupos parlamentarios puedan demostrar en el Congreso su verdadera
voluntad de luchar contra este grave problema.
Llamazares explica esta propuesta por la necesidad de erradicar que “las
instituciones siempre llegan tarde para atajar a los casos de corrupción
urbanística, como el más reciente de Estepona, y que al PSOE y al PP les
pase lo mismo y siempre parezcan sorprendidos por ello, cuando no han hecho
nada previamente para evitarlo”.
La proposición no de ley de IU recoge y amplia cada uno de los puntos de la
resolución aprobada por unanimidad por la Cámara en 2007, durante el último
Debate sobre el estado de la Nación de la legislatura, con ocasión del
debate sobre el estado de la Nación, y que se no se ha puesto en práctica.
Por este motivo, además, y coincidiendo con las últimas novedades del
‘caso Estepona’, Llamazares ha registrado la solicitud de comparecencia en
el Congreso de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, para
que explique “las medidas políticas, económicas, administrativas y penales
para prevenir la especulación y corrupción urbanística y el nivel de
cumplimiento de la Resolución aprobada sobre este problema por el Congreso de
los Diputados en conclusión del Debate sobre el estado de la Nación de
2007”.
Izquierda Unida plantea en su proposición hasta 7 medidas muy concretas para
atajar de raíz la corrupción. Éstas pasan desde la reforma del Código
Penal para endurecer las condenas por delitos como malversación de caudales públicos,
prevaricación, malversación o cohecho, a la elaboración de un proyecto de
ley que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos públicos, pasando
por la aceleración de las medidas preventivas contenidas en la nueva Ley del
Suelo.
IU propone impulsar un "Código Ético" que suscriban todos los
partidos para permitirles adelantarse a los casos de corrupción y recoger el
compromiso de separar de las instituciones a las personas imputadas o
condenadas por delitos de corrupción. También se plantea aumentar los medios
para mejorar la lucha preventiva del Tribunal de Cuentas, la Agencia
Tributaria y las fiscalías.
Entre las novedades está crear dos nuevos registros públicos: el de
recalificaciones de suelo y el de tenedores de billetes de 500 euros.
Llamazares valoró en referencia al caso de corrupción en el Ayuntamiento de
Estepona (Málaga), que "no cabe duda de que algo falla" en las
competencias de la Junta de Andalucía y en el "ejercicio" de esas
competencias por parte del Gobierno autónomo "para que no haya sabido
prevenir la especulación y la corrupción" y se repita presuntamente lo
sucedido en Marbella.
Planteó que es "importante que se investigue este caso, lo mismo que
otros tantos", pero puntualizó que también lo es que haya una
"explicación política y medidas políticas por parte de la Comunidad
Autónoma andaluza, así como por parte del Gobierno español".
Tachó de "insuficiente que ante esto sólo salgan los partidos a
suspender a sus militantes, como si fueran fuerzas políticas que sólo tienen
que actuar a posteriori de la judicatura, cuando los partidos tienen también
que acordar un código ético que permita saber que eso se está produciendo e
intervenir antes".
Según explicó, la conclusión del precedente de Marbella fue "acotar
ese caso, suspender el ayuntamiento, investigar y castigar a los culpables
pero eso no es suficiente y, además de acotar el problema, hay que tomar
medidas preventivas y que agilicen la presencia de las instituciones frente a
la corrupción".
Gaspar Llamazares recalcó que "eso no se ha hecho ni por parte del
Gobierno andaluz ni del español. Tanto en Marbella como en Estepona las
instituciones llegan tarde, cuando ya se ha producido la corrupción y el escándalo
público".
Destacó que los ciudadanos tienen también que intervenir y "acentuar
sus posiciones críticas para castigar a los corruptos. No puede ser que los
partidos miren para otro lado y usen este tema como arma arrojadiza y
electoral para que luego los ciudadanos respalden a los corruptos. Entonces se
estará lavando la suciedad de los corruptos que luego únicamente depura el
Poder Judicial, y eso no debe ser así".
Recordó que IU ha venido denunciando en Estepona la "utilización
arbitraria de los convenios que, además, han supuesto un proceso de
especulación en toda la zona, y ha venido denunciando estos convenios, no
solamente como método especulativo, sino también como posible corrupción".
"Hemos rechazado en el Ayuntamiento de Estepona todos y cada uno de los
convenios en las sesiones plenarias, y hemos promovido una moción resultado
del Debate del Estado de la Nación del año 2007, que pedía al Tribunal de
Cuentas que investigase dichos convenios que ahora son investigados por parte
de la Fiscalía", apuntó.
"IU no tiene en esta materia nada que reprocharse, puesto que centró su
campaña electoral en la denuncia de la corrupción y la especulación. IU es
la autora de la única iniciativa aprobada prácticamente por unanimidad en
2007 en esta materia, que no está cumplida por parte del Gobierno",
recordó Llamazares.
TEXTO
ÍNTEGRO DE LA PNL DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA LA CORRUPCIÓN
A
LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al
amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario
de
ESQUERRA
REPUBLICANA - IZQUIERDA UNIDA - INICIATIVA PER
CATALUNYA
VERDS, se presenta la siguiente Proposición
no de
Ley sobre Medidas contra la
corrupción urbanística, para su debate en
Pleno.
Los
delitos vinculados a la corrupción
urbanística confluyen de modo
creciente con la corrupción política, atentan contra el patrimonio público,
debilitan la credibilidad de las instituciones
democráticas y
vulneran derechos
fundamentales como
el derecho
a la vivienda y al medio
ambiente.
El
Pacto Antitransfuguismo suscrito en su día por los partidos políticos no se
aplica con el debido rigor y se ha mostrado insuficiente para evitar la
proliferación de candidaturas “independientes”
y de
“partidos de
constructores” que
persiguen su
acceso a
las instituciones para hacer prevalecer los intereses particulares
sobre el interés público.
El
modelo de
crecimiento de
nuestro país,
especialmente en
la última
década, se
ha asentado de forma creciente y
desproporcionada en el sector
inmobiliario, propiciando el incremento de los casos de corrupción
empresarial y política, todo ello en detrimento de
la buena
imagen y
honradez de
la inmensa
mayoría de
los empresarios
y cargos públicos locales.
Todavía
queda mucho
por hacer
para atajar
este tipo
de delitos.
Por ejemplo,
en los últimos 15 años de
existencia de la
Agencia Tributaria el número
de efectivos sólo ha crecido un 6% hasta alcanzar un total de 6.000, de los
que sólo una parte está asignada al cumplimiento de la Ley de Prevención
del Fraude Fiscal.
Si
bien es
cierto que
en la
presente legislatura
se han
puesto en
marcha medidas
de prevención y
represión de
este tipo
de delitos
–como la
nueva ley
de Suelo,
el robustecimiento de
la Fiscalía
Anticorrupción y
de las
Fiscalías especializadas
en delitos contra el Medio Ambiente y el Urbanismo las normas
actuales se han revelado insuficientes para
contrarrestarlos, para
lo que
se requiere
una batería
de medidas urgentes y
ejemplares.
En
la presente
iniciativa se
proponen, entre
otras, una
serie de
medidas orientadas
al endurecimiento del
Código Penal;
el fortalecimiento
del la
Agencia Tributaria;
la necesidad de una nueva
ley de financiación de las Haciendas Locales; la transparencia de
los procedimientos
urbanísticos y
la participación
ciudadana; la
aprobación de
un Código Ético
suscrito por
las formaciones
políticas para
separar de
las instituciones
a las personas imputadas o
condenadas por delitos de corrupción.
Por
todo ello, se presenta la siguiente Proposición no de Ley:
PROPOSICIÓN
NO DE LEY
“El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar un Pacto de Estado
contra la Corrupción que, en particular, contenga las siguientes medidas:
1.
Traer con
la mayor
urgencia al
Parlamento un
conjunto de
reformas legales previamente
consensuadas:
a.
proyecto de
ley de
reforma del
Código Penal
que contenga
un endurecimiento adecuado
de las
penas por
delitos contra
la ordenación del
territorio, malversación de caudales públicos, prevaricación con fines de
lucro, cohecho,
tráfico de
influencias, enriquecimiento
injusto con recursos públicos
o privados, blanqueo de dinero y otros que concurren en
este fenómeno,
con el
fin de
garantizar su
efectividad en
la lucha contra la corrupción
ligada al urbanismo.
b.
proyecto de ley de financiación de las Haciendas Locales que garantice
el principio de suficiencia financiera.
c.
proyecto de ley que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos
públicos en
las distintas
esferas de
la Administración
que tuvieren relación
con la
planificación del
territorio y
de las
infraestructuras. En
particular, se regulará la incompatibilidad de los altos cargos de gobierno
municipales y
de los
miembros de
las Comisiones
provinciales y autonómicas
de Urbanismo,
en relación
con responsabilidades
empresariales o
profesionales de
nivel directivo
vinculadas a
la construcción y el urbanismo.
d.
reforma de la Ley Electoral con el fin de apartar cautelarmente
de las instituciones a
quienes sean procesados por delitos de corrupción.
2.
Desarrollar con la mayor urgencia las
medidas preventivas
contempladas en
la nueva ley
de Suelo
frente a
la especulación
y la
corrupción, con
especial atención a la transparencia, información pública y
participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico,
incluyendo los convenios municipales.
3.
Incrementar y mejorar los recursos humanos y materiales de las Fiscalías
de los Tribunales Superiores
de Justicia
de las
Comunidades Autónomas,
especialmente en aquellas más afectadas por este tipo de delitos.
4.
Reforzar la
Agencia Tributaria,
con mayor
dedicación de
sus efectivos
a la aplicación
de la
Ley de
Prevención del
Fraude Fiscal,
intensificando la
investigación y
persecución de
los incrementos desmesurados
del patrimonio carentes de
justificación.
5.
Crear dos
nuevos Registros
públicos: el
de recalificaciones
de suelo
y el
de tenedores de billetes de 500 euros.
6.
Reforzar el
Pacto Antitransfuguismo
y velar
por el
cumplimiento del compromiso
de no
formar gobiernos
municipales o
autonómicos con
quienes hayan abandonado sus respectivas formaciones políticas
firmantes.
7.
Impulsar un
“Código Ético
de conducta
del cargo
público” suscrito
por las formaciones
políticas, que
trasladarán a
sus respectivos
estatutos y
recogerá el compromiso
de denunciar
ante la
Fiscalía cualquier
dato de
corrupción que conozcan y
a separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por
delitos de corrupción.”
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2 EL PAÍS
21/06/2008
El Gobierno acusa
a los municipios de vulnerar la 'ley anticorrupción'
Los ayuntamientos
no publican la declaración de bienes de alcaldes y ediles
De la Vega anuncia una "persecución
implacable" contra los corruptos
El nuevo plan de vivienda fijará unos mínimos
para las autonomías
L. R. AIZPEOLEA - Madrid -
Los consistorios españoles no aplican todavía
la Ley de Suelo vigente desde mayo de 2007 que les obliga a hacer públicas
las declaraciones de bienes de sus alcaldes y concejales. Los ayuntamientos se
escudan en que no se ha regulado aún el instrumento jurídico necesario,
llamado Estatuto municipal, para aplicar esa medida contra la corrupción.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor,
aseguró ayer que los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de
bienes de sus concejales y directivos -sólo Gijón y Sevilla lo hacen en toda
España- están vulnerando las medidas contra la corrupción recogidas en la
Ley del Suelo. Corredor considera que sí existen instrumentos jurídicos para
aplicar la Ley y recordó que los concejales tienen la obligación de hacer
una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus
participaciones en las sociedades mercantiles.
Los municipios se amparan en que la disposición
adicional novena de la Ley del Suelo señala que la publicación de las
declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados en el
Estatuto municipal". Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica
inexistente en los ayuntamientos porque se incluyó en el proyecto de nueva
Ley de Régimen Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y
sigue empantanado. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la
Vega, anunció una "persecución implacable" y un "castigo sin
paliativos" a los responsables de la corrupción urbanística, en alusión
al escándalo destapado esta semana en Estepona (Málaga).
Los gobiernos municipales consultados por EL
PAÍS esgrimen la falta de base jurídica para hacer pública la declaración
de bienes de alcaldes y concejales.
- Castellón: "Cuestiones legales por
solucionar". En Castellón, el vicealcalde Javier Moliner, aseguró ayer
que el secretario del Ayuntamiento ya les notificó la futura exigencia de
hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades no sólo de los
concejales sino también de varios funcionarios. Sin embargo, según indicó,
el consistorio considera que la disposición aún no ha entrado en vigor ya
que "había alguna cuestión legal que se tenía que solucionar", en
referencia a la ausencia de la figura jurídica que debe recoger la Ley de Régimen
Local.
- Bilbao. "Nadie sabe cómo hacerlo público".
En Bilbao, los 29 concejales de la corporación realizan una declaración
anual de sus bienes y actividades, que se entrega al secretario municipal,
quien tiene todos los datos en un libro de registro, informó un portavoz del
consistorio bilbaíno. Aseguró que, por este lado, se cumple lo establecido
en la Ley del Suelo pero lo que no se realiza es la publicación anual de
estos datos, porque "la Ley del Suelo no explica cómo hacerlo público.
Nadie sabe cómo hacerlo", señaló el mismo portavoz, quien recordó que
hace unos años el Ayuntamiento de Jerez publicó los datos en su página web
"y se montó un cristo". El Ayuntamiento bilbaíno reprocha al
Gobierno central que no haya desarrollado este aspecto de la normativa pero
reiteró que si un ministerio u otras entidades lo piden, "ahí tienen
los datos", informa Alberto Uriona.
- Sevilla: Los concejales y también los
altos cargos. El Ayuntamiento de Sevilla, que ya colgó en octubre de 2006 en
su web sevilla.org los bienes del alcalde y sus concejales, antes de que se
aprobara la ley, amplió este año la obligación de hacer públicos sus
bienes a todos los altos cargos del Ayuntamiento, más de 100 personas. A
falta de una normativa sobre dónde hacerlos públicos, Sevilla ha optado por
volver a hacerlo en su propia web. Según un portavoz, ahora se está
terminando el proceso de recogida de datos y las declaraciones estarán en
Internet en breve, informa Reyes Rincón.
- Galicia: declaraciones de bienes. En A Coruña,
los alcaldes y concejales realizan una declaración de bienes y actividades al
comenzar y finalizar su mandato. Los ediles, según establece la ley, también
están obligados a informar de cualquier modificación durante su permanencia
en la corporación municipal. No existe un registro público, pero cualquier
ciudadano, según el Ayuntamiento, puede solicitar copia. También en Vigo,
disponible con una petición en la secretaría del Ayuntamiento. El alcalde,
el socialista Abel Caballero, la tiene colgada en la web municipal,
informa Paola Obelleiro.
Por otra parte, la ministra de la Vivienda
dio por acabado el boom inmobiliario que ha durado un lustro. Durante
esta etapa, el precio de las viviendas ha subido más del 10% cada año.
Corredor aseguró ayer que se está produciendo la "vuelta a la
normalidad" de los precios, un "ajuste" que calificó de
"previsible, deseable y necesario". Los últimos datos del
Ministerio de Vivienda apuntan a un crecimiento interanual del 4% del valor de
los pisos, lo que en términos reales supone un leve descenso. "Era
injustificable que se pudieran seguir construyendo cientos de miles de
viviendas a los precios en los que se hacían y que a la inmensa mayoría de
los ciudadanos les siguiera resultando imposible acceder a ellas", aseguró.
La Ley del Suelo Art. 75.7 modificado
- "Los representantes locales, así como
los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración
de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo,
con información de las sociedades por ellas participadas y de las
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso,
Sociedades".
- "Tales declaraciones, efectuadas en
los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de
la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así
cuando se modifiquen las circunstancias de hecho".
- "Las declaraciones anuales de bienes y
actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el
momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto
municipal".
- "Tales declaraciones se inscribirán
en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público".
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3
EL PAÍS
18/06/2008
Golpe
a la corrupción en Estepona
Detenidos el alcalde, socialista, y 24 implicados más entre concejales, altos cargos municipales y constructores
Los promotores pagaban favores urbanísticos
Entre los arrestados ayer está el presidente de la constructora Prasa
EL PAÍS
- Málaga / Madrid -
El alcalde de Estepona (Málaga, 60.328 habitantes), Antonio Barrientos, del PSOE, y otras 24 personas, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios, sobre todo de la construcción, fueron detenidos ayer en la última operación policial contra la corrupción urbanística. Dos años y tres meses después de que la Costa del Sol se viera sobresaltada por la Operación Malaya, que se centró en Marbella, ayer le llegó el turno a su localidad vecina. En Estepona y su Ayuntamiento el Grupo Independiente Liberal (GIL), del fallecido Jesús Gil, tendió sus tentáculos y sus métodos desde la década de los noventa.
La
operación arrancó a primera hora de la mañana. El regidor, de 47 años, fue
uno de los primeros detenidos, sobre las 7.30. Agentes de la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía
Judicial se presentaron en el chalé de Barrientos, en la urbanización Bahía
Azul, en primera línea de playa. Tres horas después, salía escoltado hacia
la casa consistorial. Allí, los agentes impidieron la entrada y la salida de
los funcionarios e iniciaron un registro que continuaba anoche.
En
cuanto empezó a correr la noticia de la operación policial, la dirección
regional del PSOE en Andalucía decidió hacer pública la fulminante expulsión
de Barrientos del partido, medida que de momento no afecta a los otros tres
ediles socialistas detenidos.
Los
policías, que trabaron las puertas con muebles, establecieron su cuartel general en el despacho del concejal de Hacienda, Francisco
Zamorano (PSOE), también detenido, y desde allí se desplegaron por las
diferentes áreas municipales. Urbanismo fue, según testigos del registro, el
lugar donde más se centraron. Los agentes reclamaron información sobre
convenios con la promotora Valle Romano, que durante años ha patrocinado
distintas actividades culturales y deportivas en la localidad. Según fuentes
de la investigación, tres de los arrestados pertenecen a esta empresa, entre
ellos Luis Fernando Linares, su consejero delegado.
Otra
compañía que ha despertado el interés de la policía es la constructora
cordobesa Prasa. José Romero, su presidente y máximo accionista del Córdoba
CF, también ha sido arrestado. Prasa acordó en noviembre la demolición de
la estructura de un hotel que había construido invadiendo zona de dominio público
marítimo-terrestre y sin licencia en 1996, cuando el GIL gobernaba Estepona.
En la parte empresarial también han sido arrestados el responsable de la
empresa Bazán Agrojardín, que hizo una gran fortuna en tiempos del gilismo;
uno de los socios de la empresa de arquitectura Codelsa, muy vinculada al
ayuntamiento, y dos abogados de Bilbao, que fueron arrestados en la capital
vizcaína.
Los
investigadores reclamaron la lista de todos los convenios urbanísticos
firmados por el ayuntamiento desde 2000. Entre los detenidos del ayuntamiento
se encuentran la concejala de Cultura, Asunción López (PSOE), el de
Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE), la de Playas, Marisa Rodríguez (PSOE), y
el ex gilista Manuel Reina, que gobernó en coalición con Barrientos hasta
las pasadas elecciones.
También
hubo arrestos entre el personal técnico y entre los altos cargos municipales.
Los agentes detuvieron a José Flores, jefe de gabinete de alcaldía; Javier
W., jefe de área de Urbanismo, encargado de las valoraciones de fincas para
los convenios; Pedro López, ex coordinador de Urbanismo con los ex gilistas,
considerado por el cerebro de la
corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, como "uno de los suyos".
Otro
detenido destacado es el arquitecto municipal Arturo Cebrián. En el sumario
del caso Hidalgo por blanqueo de
capitales, los agentes descubrieron que Cebrián formaba parte de las
sociedades vendedoras de unos terrenos sobre los que tenía que informar para
el ayuntamiento. Cebrián estaba en tratos con Jan Nadir, uno de los imputados
en el caso Hidalgo. Barrientos apartó al arquitecto de su puesto en
febrero de 2008.
Cinco
detenidos pasaron ayer a disposición de la titular del juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, que lleva la
investigación junto al fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López
Caballero. La juez aprecia que los 25 detenidos han cometido supuestamente
delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de
fondos públicos, negociación prohibida a funcionarios, delitos contra la
ordenación del territorio, falsedad y blanqueo de capitales. La investigación
había comenzado en 2007.
José
Romero, Arturo Cebrián y otros tres detenidos identificados como J. P. L. C.
A., M. C. H. y A. A. F. G.- son los que pasaron a disposición judicial a
primera hora de la tarde. La juez dictó para ellos medidas cautelares por
delitos de cohecho y blanqueo de dinero a los que, en el caso de Romero, se añaden
otros delitos contra la Administración Pública. En el caso del empresario
Romero, decretó prisión eludible con prohibición de salida al extranjero y
obligación de presentarse ante el juzgado todos los días 1 y 15 de cada mes
y bajo fianza de 500.000 euros. En el caso de Cebrián y de otro de los
arrestados, se decretaron las mismas medidas, pero el monto de la fianza se
fijó en 30.000 euros. Otras dos personas quedaron en libertad con cargos.
La juez ordenó 38 registros domiciliarios y societarios y prohibió a 55 personas y empresas enajenar bienes. También prohibió vender 64 bienes muebles a 36 personas y bloqueó cuentas de 78 personas físicas y jurídicas en 91 bancos y cajas de ahorro.
Los
principales actores de la trama
-
Antonio Barrientos. Alcalde de
Estepona desde 2003. Sus actuaciones urbanísticas pusieron al Ayuntamiento
bajo la lupa de la Junta de Andalucía. Es el sexto alcalde mejor pagado de
España, con un sueldo de 82.852 euros anuales.
-
Arturo Cebrián. Uno de los cinco
arquitectos que trabajan en el área municipal de Urbanismo. En el sumario del
caso Hidalgo contra el blanqueo de
capitales, Cebrián aparecía en unas escuchas telefónicas en las que se
citaba con el imputado Jan Nadir. Según la investigación, este empresario
paquistaní adquirió unos terrenos no urbanizables con la condición de que
se pudiera edificar en ellos. "Esta operación sería imposible sin la
connivencia de Arturo Cebrián", afirman los investigadores policiales
del caso Hidalgo.
-
Pedro López Fernández. Según el cerebro
del caso Malaya, Juan Antonio Roca, este ex coordinador de Urbanismo de
Estepona era "uno de los suyos". En el despacho de Roca se
encontraron "multitud de anotaciones" relacionadas con él y una
serie de mensajes en los que López pide hablar con el asesor urbanístico
marbellí acerca de "asuntos muy importantes".
-
José Romero. Presidente de la
constructora cordobesa Prasa, una empresa familiar muy implantada en el
municipio y en toda la Costa del Sol. Esta empresa pagó los salarios a los
empleados municipales de Estepona en 2004 como "donación
voluntaria" tras un convenio urbanístico. Romero es actualmente el máximo
accionista del Córdoba CF.
- Fernando Linares. Consejero delegado de Valle Romano, un complejo turístico de lujo con campos de golf que ha patrocinado numerosas actividades municipales.
Esta
información ha sido elaborada por Juana
Viúdez, Fernando J. Pérez y Francisco
Mercado.
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EL PAÍS
18/06/2008
La
ley anticorrupción vigente desde 2007 no se aplica en los municipios
Un vacío legal deja en papel mojado la normativa sobre los bienes de los ediles
J.M.R.
- Madrid -
Las medidas anticorrupción introducidas en la Ley del Suelo aprobada en mayo de 2007, que afectaban a concejales y alcaldes, no se pueden aplicar por falta de base jurídica para hacerlo. En la disposición adicional novena de esa Ley se establecían medidas de transparencia, como la obligación de publicar cada año las declaraciones de bienes de concejales, alcaldes y miembros no electos de los gobiernos municipales. En esa disposición se decía que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados por el Estatuto municipal".
Pero
el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los
ayuntamientos, porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Gobierno
Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado.
Esta laguna jurídica permite a los ayuntamientos no aplicar uno de los
instrumentos que el Gobierno socialista creó en el pasado mandato para
combatir la corrupción urbanística.
Gijón
es uno de los pocos ayuntamientos españoles en los que, por acuerdo del
pleno, todos los concejales han decidido hacer pública su declaración de
bienes y actividades aunque carecen del Estatuto municipal que debería
regular esta situación.
Desde
que en abril de 2006 la Operación Malaya destapó en Marbella (Málaga) el
mayor caso de corrupción habido en una Administración pública en España,
nueve alcaldes -y decenas de concejales- han sido detenidos por corrupción
urbanística en distintos puntos del país: seis del PP, uno del PSOE, uno del
Partido Andalucista y una del GIL, la de Marbella. Además del que fuera
regidor de Ciempozuelos (Madrid), a quien el PSOE forzó a dimitir poco antes
de ser imputado. Todos, salvo este último, eran alcaldes de municipios
costeros de Andalucía y Murcia, y de Canarias y Baleares.
Mientras
el PSOE ha optado por la expulsión del partido de sus cargos públicos
imputados, el PP ha dudado: en unos casos ha dado de baja a sus dirigentes
implicados en casos de corrupción, pero en otros los ha mantenido y siguen al
frente de las instituciones donde saltó el escándalo.
El
PSOE recuerda que en estos casos hace tiempo que adquirió el compromiso de
expulsar a todos aquellos cargos socialistas en cuya conducta "existan
indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades
irregulares relacionadas con el ejercicio de sus funciones". También
aseguran los socialistas que si ahora se conocen más casos de corrupción es
sólo porque el Gobierno se ha volcado en destaparlos mientras en otras épocas
"se dejaba hacer".
En el PP no lo tienen tan claro. Ha habido casos donde se ha expulsado a alcaldes o concejales detenidos o imputados por corrupción (en Telde y Andratx), mientras que en otros casos, como los de Mogán, Alhaurín el Grande o el del presidente de la Diputación Provincial de Castellón, prefieren esperar a ver si la instrucción judicial termina con el procesamiento de los dirigentes populares antes de actuar.Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE), fue condenado en noviembre de 2006 a seis meses de inhabilitación por delito electoral. Fue indultado por el Gobierno y volvió a ser elegido alcalde.
CÓDIGO
ÉTICO DEL PP
-
Artículo 8. Comunicar a la dirección
del PP y poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de
la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse
indicios racionales de comisión de un delito.
-
Artículo 10. Constituirá motivo
de expulsión inmediata la utilización del propio nombre, posición o relación
dentro del partido o en un cargo público para obtener lucro, trato o favor
personal o beneficio para sí o para terceros.
Andratx
(Mallorca)
Eugenio
Hidalgo (PP) Siendo alcalde
fue detenido en noviembre de 2006 y condenado
a
cuatro años de prisión el pasado mes de mayo. Se había construido un chalé
ilegal en un área protegida.
Telde
(Gran Canaria)
Francisco
Valido (PP) fue imputado
por cohecho en noviembre de 2006 por presuntos cobros de comisiones a cambio
de contratos. Suspendido de militancia por el partido, renunció a la alcaldía.
Mogán
(Gran Canaria)
Francisco
González (PP) sigue siendo
alcalde. Revalidó su mayoría absoluta en 2007 a pesar de estar en libertad
con cargos por cohecho y malversación. El partido lo apoya porque aún no hay
sentencia judicial.
Alhaurín
(Málaga)
Juan
Martín Serón (PP)
fue
detenido en enero de 2007. Está imputado por cohecho y prevaricación por su
participación en una presunta trama urbanística. Sigue siendo alcalde, en
libertad con fianza.
Totana
(Murcia)
José
Martínez Andreo (PP),
detenido junto a otras 15 personas en noviembre de 2007 por corrupción urbanística.
En prisión hasta febrero de 2008, pagó una fianza de 70.000 euros y volvió
a su puesto de alcalde.
Diputación
de Castellón
Carlos
Fabra (PP), presidente de
la Diputación de Castellón, está acusado de tráfico de influencias,
cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal. Su partido lo apoya
plenamente y él mantiene todos sus cargos.
-
Artículo 44. Faltas muy graves. 1)
La falta de probidad y honradez en el desempeño de cualquier cargo público
[...] 2) La utilización del nombre del partido para el lucro personal.
-
Artículo 46. Podrán imponerse las
siguientes sanciones en supuesto de faltas muy graves: Suspensión de
militancia de más de un año y hasta dos años; inhabilitación para desempeñar
cargos orgánicos por un periodo de más de un año y hasta dos años;
inhabilitación para desempeñar cargos públicos dependientes del partido más
de un año y hasta dos años; expulsión del partido.
Ciempozuelos
(Madrid)
Antonio
Torrejón (PSOE) Su partido
le forzó a dimitir, en octubre de 2006, poco antes de ser imputado por
cohecho y blanqueo. En libertad bajo fianza, concurrió a las elecciones con
otro partido y es concejal.
Carboneras
(Almería)
Cristóbal
Fernández, alcalde de
Carboneras (PSOE), fue condenado en noviembre de 2006 a seis meses de
inhabilitación por delito electoral. Fue indultado por el Gobierno y volvió
a ser elegido alcalde.
Estepona
(Málaga)
Antonio
Barrientos (PSOE) fue
detenido ayer junto a otros ediles y funcionarios por el supuesto cobro de
comisiones a cambio de licencias de obras. El partido anunció la expulsión
de este alcalde.
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PÚBLICO
20/06/2008
Estepona
no es una rareza
El
Estado de Derecho es, en teoría, un sistema regulador de la desconfianza
generalizada. A cada uno de los tres poderes clásicos (el ejecutivo, el
legislativo y el judicial) le corresponde vigilar a los otros dos para
asegurar que ninguno incumple su función, sea por exceso o por defecto. La
misión del llamado cuarto poder, constituido por los medios de comunicación,
es (debería ser) la de vigilar desde fuera al conjunto.
Se
trata de un sistema ideado a partir del principio –desagradable, pero
prudente– de que quienes ejercen el poder tienden a abusar de él, razón
por la cual han de tener bien acotada su función y estar sometidos a
constante inspección pública.
Así
debería ser, pero así no es. Nunca ha sido así, en realidad, pero cada vez
lo es menos. Entre los poderes del Estado (en todas sus variantes, incluida la
local) reina hoy en día el compadreo y la falta de vigilancia, en plan “hoy
por ti mañana por mí”, y los grandes medios de comunicación, integrados
en grandes consorcios político-empresariales, se suman a la complicidad,
denunciando sólo lo que conviene a su bandería privada.
Den
ustedes por seguro que si no se corrompen muchos alcaldes o concejales de los
de ahora es porque su ética no se lo permite, pero no porque el sistema lo
tenga bajo estricta vigilancia. La legalidad española, a todos los niveles,
tiene más escapatorias que un colador. Y, sin pasarme de suspicaz, aliento la
sospecha de que no es así por casualidad.
Cuantos
hemos trabajado de uno u otro modo relacionándonos con administraciones
locales de zonas turísticas mediterráneas e insulares sabemos que el
chanchullo campa a sus anchas en los más variados terrenos, casi todos
edificables.
A
mí lo de Estepona no me ha sorprendido nada. Precisaré: me ha sorprendido
que haya salido a la luz, porque eso indica que hay mar de fondo. Pero rara es
la población de por esas zonas cuyo vecindario no sepa que todo es un
perfecto cachondeo.
No
hace falta ser Sherlock Holmes. Si ves a un concejal que hace cuatro días era
un muerto de hambre y ahora tiene una finca enorme y conduce un lujoso
descapotable, sumas dos y dos.
Y
te salen cuatro. Fijo.
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6 EL PAÍS
20/06/2008
El
'núcleo duro' tenía inversiones en la costa de Marruecos
F.J.P./J.V.
- Estepona -
Algunos de los concejales implicados en la trama de corrupción investigada en Estepona viajaban casi todos los meses a Marruecos, donde según fuentes cercanas al caso, varios de los principales detenidos habían realizado inversiones en propiedades inmobiliarias durante los últimos años.
La
localidad elegida para colocar sus ahorros fue la turística Asilah, una
localidad costera a 46 kilómetros al sur de Tánger, que supuestamente les
aconsejó y gestionó el abogado Juan Simón, cuya detención prorrogó ayer
la juez Isabel Conejo, instructora del caso. Era Simón, quien según la
Cadena SER, hacía de testaferro y se encargaba de encontrar propiedades para
invertir y así blanquear dinero cuya procedencia ahora investigan los agentes
de la Unidad Central de Delitos Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía.
El
núcleo duro estaba formado por el
concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, el alcalde socialista Antonio
Barrientos y el asesor de alcaldía José Flores, primo de Juan Simón. También
integrarían ese grupo los ex gilistas Manuel Reina y José Ignacio Crespo,
ahora en la oposición.
Cambiar
de vida y partido
La
vida de Crespo (Madrid, 1959), que fue ayer enviado a prisión, cambió de
golpe en otoño de 1994. En esa época, este abogado laboralista, casado y con
dos hijos, y con apuros económicos trabó amistad con el hijo de Jesús Gil
Marín -hijo de Jesús Gil-, que preparaba su asalto al Ayuntamiento de
Estepona. Seducido por las propuestas populistas del presidente del Atlético
de Madrid, Crespo rompió su fugaz militancia en el PSOE -se afilió en 1992-
y se mudó a Estepona para iniciar una carrera política en la estructura gilista.
El
Grupo Independiente Liberal (GIL) ganó las elecciones de 1995, y, con el
tiempo Crespo se convirtió en el hombre fuerte del ayuntamiento. Su hegemonía
duró hasta 2007, cuando el alcalde Antonio Barrientos, del PSOE, decidió no
renovar el pacto que había suscrito con él en 2003. Ayer, Crespo ingresó en
prisión sin fianza en la Operación Astapa, en la que también está detenido
su enemigo íntimo Barrientos.
Sus
amigos definen a Crespo como una persona sensible y expansiva, pero también
de carácter autoritario e incluso violento. A pocos meses de llegar, Crespo y
varios amigos rompieron la mandíbula y la nariz a golpes a un joven en el
puerto de Estepona. En poco tiempo hizo fortuna. Una auditoría realizada en
1999, cuando una coalición de cuatro partidos arrebató el poder al GIL,
desveló que el concejal de Cultura y su esposa percibieron en cuatro años
180.000 euros en sueldos, indemnizaciones y otros conceptos.
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Ecologistas en Acción de Cádiz
20
de junio de 2008
Miembros
del PSOE imputados o condenados por corrupción siguen ostentando cargos públicos
Los
responsables del PSOE a nivel estatal y andaluz anuncian ahora tolerancia cero
con la corrupción urbanística, esa misma corrupción que han venido
amparando en muchos municipios. Hasta ahora la actitud del PSOE ante las
denuncias de los ecologistas o ante las actuaciones judiciales era invocar la
presunción de inocencia para no tomar medida alguna contra sospechosos o
imputados en asuntos de corrupción.
Cuando
Ecologistas en Acción denunció a Carlos Neva cuando era director del Parque
Natural Sierra de Grazalema por su implicación en una trama de corrupción
(compró una finca en el Parque Natural a bajo precio que había sido ofrecida
a la Consejería de Medio Ambiente, consiguió una licencia ilegal para
construir un hotel a pesar de que la finca era no urbanizable, montó una
empresa privada…) el entonces Viceconsejero –hoy diputado- José Luis
Blanco respondió mostrando su total apoyo a Neva y lanzando duras
descalificaciones hacia los ecologistas a los que tildó de “fascistas”
por “perseguir” a un responsable público. Neva tuvo que dimitir pero lo
recolocaron como coordinador territorial de EGMASA y, después, como gerente
del IMA, instituto dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía
de Cádiz. Cuando Neva fue condenado e inhabilitado, le guardaron la plaza a
la que se incorporó una vez cumplida la pena. Neva sigue siendo militante del
PSOE, y el PSOE lo mantienen en este puesto de libre designación.
Cuando
Ecologistas en Acción denunció la corrupción en Grazalema, el PSOE mostró
su total apoyo a Antonio Mateos, que tomó duras represalias contra los
representantes ecologistas en el Parque Natural (inspección de la casa de la
familia de Juan Clavero, intento de expulsión de Clavero de Benamahoma declarándolo
persona “non grata”…). La corrupción terminó saliendo a la luz, el técnico
y protegido de Mateos fue detenido, y el mismo Mateos se encuentra imputado.
¿Qué ha hecho el PSOE? Apoyarlo y recolocarlo en un puesto político
inventado como coordinador de la Consejería de Agricultura en la Sierra de Cádiz.
En Prado del Rey el Ayuntamiento, al igual que ha sucedido en Estepona, recibió sustanciosas “donaciones” de una empresa propietaria de terrenos rústicos prote