Información y documentación sobre política ambiental, recogida de diversas publicaciones periódicas y puesta a vuestra disposición por el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida
20080503
AFEMA Revista de prensa
Índice
de contenidos
1 EL
PAÍS Cataluña
1/05/2008
Nadal
busca dinero privado para los 6.500 millones de la línea 9 del metro
2
EL PAÍS
2/05/2008
Imputado
el general que vendía los terrenos de Defensa con el PP
3 EL PAÍS
Galicia
1/05/2008
Ciudades del Atlántico
buscan un "desarrollo sostenible"
4
EL PAÍS
1/05/2008
El
ex asesor económico de Zapatero presidirá el 'lobby' de la construcción
5 EL PAÍS
Andalucía
1/05/2008
Torremolinos, Benalmádena y Níjar no controlaron los ingresos por ventas
de suelo
6 EL PAÍS
Andalucía
1/05/2008
PSOE e IU salvan
el gobierno en Jaén al cerrar los presupuestos
7
EL PAÍS
2/05/2008
El
ciclo natural de la Tierra retrasará 10 años el calentamiento
8
PÚBLICO
2/05/2008
La
economía después de las elecciones
9 EL PAÍS
3/05/2008
La sequía del crédito
obliga a EE UU y Europa a intervenir por cuarta vez
10 EL PAÍS
29/04/2008
La AIE eleva la
previsión de consumo de energía
11
EL PAÍS Cataluña
30/04/2008
El coordinador
europeo Monti apoya la construcción de la línea de alta tensión
12
EL PUNT
30
d'abril de 2008
Obren
la porta a fer passar la MAT per la galeria de serveis del túnel del TAV
13
ENERGÍAS RENOVABLES
28/042008
La
dependencia energética de Madrid supera el 95%
14
Juan Torres
29/04/2008
PODER
DE ALTO VOLTAJE
15 EL PAÍS
Cataluña
2/05/2008
Los regantes del
Ter exigen compensaciones por el agua
16 PÚBLICO
2/05/2008
Los
regantes del Ebro piden al Gobierno inversiones por los derechos de agua
17 EL PAÍS
Cataluña
2/05/2008
Construir una tubería submarina del Ródano a
Llançà llevaría ocho meses
18 PÚBLICO
2/05/2008
La
mayor desaladora de Europa arrancará dentro de un año para solventar la sequía
catalana
19
EL PAÍS
30/04/2008
Guiño del PP a
Cataluña al apoyar el minitrasvase que Camps recurrirá
20
PÚBLICO
29/04/2008
"El sureste
sufriría cortes de agua con el trasvase"
21
Miguel Jara
29
de abril de 2008
El
grupo de presión farmacéutico y transgénico en el Gobierno ZP
22 PÚBLICO
1/05/2008
La
CE recomienda retirar del mercado todo el aceite procedente de Ucrania
23
EL PAÍS Galicia
3/05/2008
50 millones de
euros para promocionar la 'ecoagricultura'
24 EL PAÍS Cataluña
1/05/2008
Alimentos
más caros: ¿bendición o maldición?
25 EL PAÍS
1/05/2008
Desigualdades
sociales, calidad de vida y salud
26
EL PAÍS Galicia
1/05/2008
El gasóleo no
llegó al Miño, asegura Medio Ambiente
27 LA VOZ DE GALICIA
29/04/2008
El
ADIF vierte 50.000 litros de gasoil a la red de alcantarillado de Ourense
28 EL PAÍS
2/05/2008
Las Cruces excavó
20 pozos pese a tener sólo permiso para tres
29 PÚBLICO
30/04/2008
Una
mina próxima a Aznalcóllar comienza a afectar a un acuífero
30 EL PAÍS
3/05/2008
La
perversión de los ideales / 4
31 PÚBLICO
1/05/2008
Fernando
Lugo: "La prioridad es que los indígenas no sigan muriendo de
hambre"
32
Salvemos al Tren
30
de abril de 2008
Una
obra que acumula cuestionamientos
33
AMBIENTE-AL
Abril
de 2008
LA
NUEVA CONSTITUCION EN BOLIVIA Y LA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES
34
ECOPORTAL
28/04/2008
Ecologistas
de Chile rompen diálogo con Bachelet
35
Salvemos al tren
TREN
POR LA RECONSTRUCCION
Buenos
Aires - Lujan, 8 de mayo de 2008
36
PÚBLICO
3/05/2008
Frutos no se
presentará a la reelección como secretario general del PCE
37
PÚBLICO
2/05/2008
El
creciente protagonismo de Anguita irrita a IU y al PCE
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1
EL PAÍS Cataluña
1/05/2008
Nadal
busca dinero privado para los 6.500 millones de la línea 9 del metro
F. A. - Barcelona -
Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial, anunció ayer que sopesa dar entrada a la financiación privada para pagar las obras de la línea 9 del metro. En origen, el coste estimado rondaba los 2.000 millones de euros, que han ido aumentando con el paso del tiempo. La cifra actual es de unos 6.500 millones, precisó Nadal, y añadió que se dispone de unos 3.500 millones. Faltan otros 3.000 millones que podrían salir del sector privado. A cambio se ofrecería la explotación comercial de las estaciones: bares, quioscos y publicidad. Estos servicios son explotados ahora por Transportes Metropolitanos de Barcelona, que cuenta con esos ingresos en su magra cuenta de explotación.
Nadal habló también de
las negociaciones, ahora paralizadas, sobre el traspaso de los servicios de
Cercanías a la Generalitat. Afirmó que, además, pedirá los trenes
regionales de media distancia. El Ministerio de Fomento, de momento, no dice
ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Está dispuesto a "hablar",
pero los retrasos acumulan meses sin que se muevan más papeles que los que
mueve la propia Generalitat.
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2
EL PAÍS
2/05/2008
Imputado
el general que vendía los terrenos de Defensa con el PP
Un juez de Madrid investiga una denuncia del fiscal por prevaricación y fraude
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid -
El general de brigada en la reserva Juan Antonio Miguélez Paz, máximo responsable de las enajenaciones de terrenos e inmuebles del Ministerio de Defensa con el Gobierno del PP, ha sido imputado por un juzgado de Madrid por los presuntos delitos de prevaricación y fraude.
Tanto el general Miguélez, ex director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED), como el teniente coronel José Luis Bastabad Amado, jefe de Gestión Patrimonial del mismo organismo, comparecieron el pasado 4 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid para declarar, en calidad de imputados, por una denuncia de la Fiscalía. La denuncia se refiere a la venta, en el año 2000, de la vivienda del jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la Enfermería de la misma dependencia, por un importe de 180.662 y 137.094 euros, respectivamente.
Ambos inmuebles se enajenaron por venta directa, después de que se declarasen desiertas las correspondientes subastas. El problema deriva de que las características que figuraban en los anuncios de las subastas no coincidían con las inscritas en el Registro de la Propiedad, lo que explica que no acudiese ningún licitador. En la primera, por ejemplo, existía una edificación de dos plantas y 566 metros cuadrados que no estaba legalizada.
Finalmente, la propiedad se adjudicó por venta directa a un particular, quien la adquirió por el precio de salida de la segunda subasta, que era un 15% inferior al importe de la tasación.
Se da la circunstancia de que la carta con la que la Gerencia aceptó la oferta del comprador está fechada el 27 de marzo de 2000, mientras que la oferta no se presentó hasta un día después. Sobre la carta del comprador figuraba una nota manuscrita del teniente coronel Bastabad con el siguiente texto: "Urgente. Dámela en cuanto se presente".
Antes de firmar la venta, la Gerencia inscribió correctamente en el registro los datos de la propiedad y legalizó el edificio preexistente, por lo que enajenó un inmueble distinto al que ofreció en la subasta. El mismo procedimiento se siguió para la venta de la enfermería.
Tribunal de Cuentas
Estas irregularidades, y otras muchas, fueron desveladas por la investigación que la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas realizó sobre las enajenaciones inmobiliarias de la GIED en los ejercicios de 1999 a 2002. Sólo en este periodo, dicho organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa, vendió un total de 618 inmuebles, de los que más de la mitad (378) fueron enajenados mediante adjudicación directa, por un importe superior a los 600 millones de euros.
El anteproyecto de informe se presentó hace un año en el pleno del Tribunal de Cuentas pero los consejeros elegidos a propuesta del Grupo Popular, que eran mayoría, se opusieron a su aprobación, en lo que constituye un caso sin precedentes en este organismo fiscalizador, por lo que el documento quedó aparcado y nunca se remitió al Parlamento, como es habitual.
No obstante, el fiscal del Tribunal de Cuentas, cumpliendo con su obligación, dio cuenta a sus superiores jerárquicos de aquellos asuntos que, más allá de las irregularidades contables, presentaban indicios de ilícito penal. En su opinión, esto ocurría como mínimo con la venta de los inmuebles de Tarifa (Cádiz) y del cuartel de Boltaña (Huesca), que compró el Ayuntamiento de dicha localidad por 543.000 euros, cuando su valor catastral superaba los 720.000.
Mientras en este último
caso el posible delito, de existir, ya habría prescrito, no sucedía lo mismo
con las ventas de Tarifa, por lo que el fiscal presentó en enero pasado una
denuncia que fue admitida a trámite por el Juzgado número 39 de Madrid.
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3 EL PAÍS
Galicia
1/05/2008
Ciudades del Atlántico
buscan un "desarrollo sostenible"
M. F. - Santiago -
El Buró Ejecutivo de la Conferencia de
Ciudades del Arco Atlántico se reunió ayer en Santiago para definir las líneas
generales de una carta conjunta que el grupo ha elaborado para apostar por un
"desarrollo urbano sostenible". El documento, que será votado en la
IX Asamblea General del 2 de junio en San Sebastián, propone un modelo de
ciudad "compacta" para evitar "seguir consumiendo suelo de
forma indiscriminada".
El presidente de la Conferencia de Ciudades
del Arco Atlántico y alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, aseguró
que las 40 ciudades que componen el grupo forman ya "un pequeño lobby"
de influencia frente a las políticas de la Unión Europea. El alcalde de
Rennes, Daniel Delaveau, subrayó que el objetivo común es "hacer oír más
fuerte la voz" de la institución y hacerse "más visibles".
Entre las propuestas de la carta se encuentra
apostar por las políticas de rehabilitación, potenciar un transporte público
más ecológico y reducir el consumo energético. En definitiva, el documento
recoge la intención de crear un desarrollo urbano sostenible y un
"crecimiento verde" de las ciudades. Defiende además la necesidad
de potenciar la implantación de las nuevas tecnologías en las localidades de
España, Francia, Portugal, Irlanda y Reino Unido. Durante la reunión se
acordó además organizar a partir de 2009 una exposición itinerante acerca
de la historia de las ciudades atlánticas.
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4
EL PAÍS
1/05/2008
El
ex asesor económico de Zapatero presidirá el 'lobby' de la construcción
El jefe del Ejecutivo se muestra "desagradablemente sorprendido"
El sector aprecia el apoyo de David Taguas a su expansión exterior
La designación ha contado con el aval del ministro Miguel Sebastián
M. Á. NOCEDA / L. R. AIZPEOLEA - Madrid -
David Taguas ha sido elegido por las grandes empresas españolas de la construcción presidente de SEOPAN (Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional). El hasta final de la pasada legislatura director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno fue ratificado ayer por unanimidad de los 33 miembros de la asociación a propuesta de los seis grandes grupos (ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr), que habían pactado el nombre en una reunión previa.
Final del formulario
El nombramiento de Taguas está condicionado a que Administraciones Públicas estudie si existen incompatibilidades por su cargo y por haber formado parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno, con categoría de secretario de Estado. La designación se viene barajando en el seno de las constructoras desde hace tres semanas, justo el tiempo que ha pasado desde que se sabía que Taguas no iba a seguir en La Moncloa y que el cargo de embajador ante la OCDE, para el que se barajó su nombre, iba a ser ocupado por Cristina Narbona. Fuentes cercanas al interesado aseguran que recibió la oferta ayer mismo.
Taguas ha contado con el aval de los grandes popes del sector (Florentino Pérez, de ACS; Esther Koplowitz, de FCC; José Manuel Entrecanales, de Acciona; Rafael del Pino, de Ferrovial; Juan Miguel Villar Mir, de OHL, y Luis del Rivero, de Sacyr Vallerhermoso) y el respaldo que le ha dado su antecesor en ese cargo y actual ministro de Industria, Miguel Sebastián. El resto de constructoras, de menor tamaño, también han valorado el apoyo de Taguas en la expansión de sus empresas, aunque se hayan enterado de la propuesta a la hora de ratificarle.
La estrecha relación con el sector ha originado una enorme polvareda en ámbitos políticos -incluso del propio corro socialista- y empresariales que atribuyen el nombramiento al pago de servicios prestados y sostienen que las constructoras buscan la cercanía al Gobierno.
En ese sentido, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se vio "desagradablemente sorprendido" por la noticia, según fuentes de La Moncloa. Esas fuentes, que sitúan la decisión en un "ámbito estrictamente personal", distinguen su actitud de la de Sebastián, que, tras abandonar la política con su derrota como candidato a la alcaldía de Madrid, rechazó numerosas ofertas de la empresa privada y volvió a su puesto como profesor en la universidad. Fuentes cercanas al vicepresidente económico, Pedro Solbes, reconocen que éste había sido informado previamente de la propuesta y que no mostró precisamente mucho entusiasmo.
La Oficina Económica ha tenido una especial relación con el sector de la construcción desde que se creó con Sebastián al frente, probablemente porque junto al sector eléctrico ha sido el más activo. La oficina se centró en respaldar con especial énfasis los proyectos de las constructoras en el exterior. Por sus despachos han pasado prácticamente todos los grandes del sector. Algunos con proyectos relacionados con las obras del AVE, la ampliación del canal de Panamá o las compras de empresas en el exterior, y otros asuntos con sectores colaterales como la banca y el eléctrico. La Moncloa defendió siempre la españolidad de las empresas y, en ese sentido, estuvo al pie de obra de la entrada de Acciona en Endesa o de ACS en Iberdrola.
Taguas, que continuó la tarea emprendida por Sebastián, mantuvo la misma dinámica. En su etapa, participó en la defensa de Sacyr en su intento de entrar en la compañía francesa Eiffage, ante la negativa de ésta de que participase en su consejo de administración y de la Comisión de Valores francesa de impedir una OPA.Taguas, en representación del Gobierno español, envió una carta a la Embajada francesa en Madrid en la que se quejaba del trato y del "patriotismo" mostrado.
Asimismo, el pasado agosto elaboró un programa de reactivación del sector de la construcción para dinamizar el de viviendas ante la crisis que se avecinaba. Aquel plan sirvió al presidente Zapatero para lanzar algunas propuestas durante la campaña electoral consistentes en aumentar las obras públicas ante la caída de nuevos proyectos de viviendas.
Taguas gestionará una asociación cuyas empresas representan el 7,5% del PIB español y dan empleo directo a más de 400.000 personas. SEOPAN no es la patronal del sector -lo es la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en la que está integrada-, pero su influencia siempre ha sido más importante, motivo por el que su presidente ha participado de forma muy activa en la junta directiva de la CEOE. El puesto de presidente estaba vacante desde el fallecimiento de Enrique de Aldama hace unos meses. Deberá trabajar muy cerca del sector inmobiliario, donde tendrá como interlocutor a otro ex alto cargo socialista, el ex secretario de Estado de Economía Pedro Pérez, que también presidió Tabacalera.
Fuentes cercanas a Taguas
han asegurado que se siente ilusionado para abordar los retos que se presentan
en el sector, pese a que tendrá que afrontar la crisis actual. En primer
lugar, debe ampliar la presencia de empresas y, además, continuar la
internacionalización y buscar nuevas fórmulas como la colaboración de la
iniciativa pública y privada.
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5 EL PAÍS
Andalucía
1/05/2008
El
Tribunal de Cuentas investiga el uso de 14 millones en tres municipios
Torremolinos, Benalmádena y Níjar no
controlaron los ingresos por ventas de suelo
La Fiscalía pide que se depure y resarza la
responsabilidad contable
DIEGO NARVÁEZ - Málaga -
La sección de enjuiciamiento del Tribunal de
Cuentas ha abierto un procedimiento para esclarecer el uso que los
ayuntamientos de Torremolinos, Benalmádena y Níjar dieron al dinero que
ingresaron por convenios urbanísticos y venta de suelo en el año 2004 (14,4
millones de euros entre los tres).
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió
en febrero la apertura del procedimiento tras examinar un informe de
fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que entendió que
se reflejaban hechos "de los que se pueden derivar la existencia de
responsabilidad contable".
Este tipo de procedimiento, para el que sólo
tiene competencias el Tribunal de Cuentas y no las cámaras autonómicas, que
sólo pueden fiscalizar, tiene por objeto último el resarcimiento de los daños
que se hayan podido causar al erario público.
La Cámara de Cuentas auditó por encargo del
Parlamento autonómico el uso que 16 ayuntamientos andaluces dan a los
ingresos que obtienen por la gestión del suelo, algo que resultó imposible
en los casos de Torremolinos, Benalmádena y Níjar porque "carecen de un
control específico de los mismos", lo que infringe la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.
Las cantidades sometidas a investigación
coinciden así con los ingresos que en el año 2004, el ejercicio fiscalizado,
tuvieron estos ayuntamientos por convenios urbanísticos y venta de suelo. La
mayor cuantía, 11 millones de euros, corresponde a Torremolinos, gobernado
como ahora por el popular Pedro Fernández Montes.
Benalmádena, que entonces tenía de alcalde
al independiente Enrique Bolín, ingresó en aquel ejercicio tres millones de
euros, mientras que el de Níjar, donde en 2004 gobernaba el PSOE, recibió
388.518 euros.
El informe de la Cámara de Cuentas constató
un "incumplimiento generalizado" por parte de los ayuntamientos
andaluces de los usos que la normativa obliga a dar a los ingresos obtenidos
por la gestión del patrimonio público de suelo. La Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA) determina que deben emplearse en la compra de terrenos
para VPO, la construcción de éstas, conservación, mejora y urbanización
del suelo público y rehabilitación de zonas degradadas y edificaciones en la
ciudad consolidada.
La Cámara constató que el 52% de los 174
millones de euros ingresados en 2004 por los 16 ayuntamientos auditados, entre
los que se incluían las ocho capitales, tuvieron un destino diferente a éstos.
En su mayoría fueron a parar a inversiones generales, algo que el órgano
fiscalizados recordó que "no se puede hacer por muy loables y razonables
que sean". Pero el problema en el caso de los tres ayuntamientos sobre
los que el Tribunal de Cuentas ha abierto investigación es que no hay
constancia del destino dado al dinero.
La ley estipula que los ingresos por suelo
deben depositarse en cuentas restringidas y contabilizarse de forma
independiente al patrimonio general de los municipios.
En el año de referencia, el Ayuntamiento de
Torremolinos ingresó más de 11 millones de euros por gestión de suelo, de
los que casi todos, 9,7 millones, fueron por la venta de dos parcelas de 1.500
y 890 metros cuadrados. Según el informe de la Cámara de Cuentas, este
consistorio "no tiene un inventario específico del patrimonio municipal
de suelo, no controla los recursos materializados en terrenos y tampoco lleva
un control específico de los ingresos derivados de la gestión de su
patrimonio de suelo, incumpliendo el artículo 165.2 de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales".
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6 EL PAÍS
Andalucía
1/05/2008
PSOE e IU salvan
el gobierno en Jaén al cerrar los presupuestos
Los socialistas
asumen gran parte de las exigencias impuestas por su socio
El PP acusa al portavoz de IU de
"venderse por un plato de lentejas"
GINÉS DONAIRE - Jaén -
El gobierno de coalición entre PSOE e IU en
el Ayuntamiento de Jaén sigue vivo, al menos por ahora, al superarse una
situación agónica al llegarse ayer a un acuerdo para aprobar los
presupuestos municipales de 2008, principal caballo de batalla de una crisis
que se ha prolongado durante varios meses y que en las últimas semanas ha
alcanzado cotas de máxima tensión.
Después de más de 15 horas de reunión,
iniciada el martes por la mañana, entre los 14 miembros del gobierno de
coalición, tuvo que ser un encuentro in extremis entre la alcaldesa,
Carmen Peñalver, y el primer teniente de alcalde y portavoz de IU, José Luis
Cano, el que sirvió para desbloquear la pugna interna y bendecir las cuentas
municipales.
Apenas un par de horas antes de anunciarse el
acuerdo, las negociaciones parecían estancadas y planeaba la sombra de que la
alcaldesa anunciaría la prórroga de los presupuestos, aunque eso supusiera
consumar el divorcio con IU.
Sin embargo, finalmente la alcaldesa asumió
gran parte de las exigencias planteadas por su socio de gobierno y que, básicamente,
vienen a aumentar las partidas de las áreas y concejalías que están en
manos de los dos ediles de IU. La mayoría de esas propuestas estaban
recogidas en el documento de mínimos que IU puso sobre la mesa al inicio de
la reunión.
Así, IU ha logrado el compromiso de que la
Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) disponga de más recursos económicos
y de más suelo para hacer frente a uno de los principales objetivos
electorales del gobierno local: la construcción de 4.500 viviendas
protegidas.
El aumento presupuestario para las políticas
sociales, el centro especial de empleo, el medio ambiente, la Universidad
Popular o el compromiso de elaborar unos presupuestos participativos a partir
del próximo año son otros de los compromisos arrancados por IU. Uno de los
principales escollos de la negociación fue la exigencia de la coalición de
izquierdas para que Jaén reciba la parte de la deuda histórica que le
corresponde de los gobiernos de España y de Andalucía, un punto que no tendrá
concreción en los presupuestos.
"Son unos presupuestos históricos para
la ciudad y no vamos a perder ni un minuto para que comiencen a ser una
realidad para los vecinos", dijo, satisfecha, la alcaldesa, al término
de la maratoniana reunión. "El diálogo es pieza fundamental, la ciudad
merece todos los esfuerzos para el diálogo", refrendó el portavoz de
IU, José Luis Cano, para quien el acuerdo alcanzado va a permitir dotar al
equipo de gobierno de mayor "solidez y peso".
A partir de ahora, la alcaldesa anunció que
se inicia el trámite para la aprobación de los presupuestos, primero con su
presentación al Consejo Económico y Social y a los colectivos vecinales y, más
tarde, con su aprobación en las distintas comisiones y en el pleno. No
obstante, en el mejor de los casos hasta el mes de junio no podrán entrar en
vigor.
El portavoz del PP, el ex alcalde Miguel Sánchez
de Alcázar, hizo una interpretación muy particular del acuerdo alcanzado
entre los dos socios de gobierno: "Está claro que a PSOE y a IU no les
ha guiado conseguir el bien de la ciudad sino el suyo propio al mantener la
farsa. El PSOE sólo quiere mantener las poltronas, el poder, e IU pretende
garantizar las nóminas de los militantes que trabajan como cargos de
confianza en el Ayuntamiento. Al final José Luis Cano se ha vendido por un
plato de lentejas".
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7
EL PAÍS
2/05/2008
El
ciclo natural de la Tierra retrasará 10 años el calentamiento
EL PAÍS - Madrid -
La Tierra, y sus ciclos naturales, van a echar una mano en la lucha contra el calentamiento global. Un estudio realizado por científicos alemanes concluye que en los próximos 10 años la acción humana podría verse compensada por otra natural: el enfriamiento que le tocaría vivir al planeta. El resultado sería una tregua en el proceso previsto de aumento de las temperaturas, que se dispararía otra vez a partir de 2020.
La investigación, que ha sido publicada en Nature, se basa en el estudio de las oscilaciones de las temperaturas de las corrientes atlánticas. El agua del mar y su flujo es el gran distribuidor de calor del planeta, y tiene ciclos que se estudian desde hace décadas. Las causas no se conocen bien, pero se observan variaciones cada 60 o 70 años, un fin de periodo que coincide con el actual. El efecto se notará, sobre todo, en el hemisferio norte a ambos lados del Atlántico.
Con la ayuda de un potente programa de ordenador, los científicos del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Kiel (Alemania) han creado un modelo que permite predecir los cambios en la temperatura del agua a 10 o 15 años vista. El resultado es un esperanzador enfriamiento temporal, que cortaría la racha que empezó en 1990. Puede dar así tiempo a que el ser humano tome medidas para que el calentamiento futuro sea menos devastador.
Efecto enmascarado
"Hemos aprendido que la variación interna del clima es importante y puede enmascarar los efectos del cambio climático inducido por el ser humano", ha dicho el principal autor del trabajo, Noel Keenlyside. En todo caso, los investigadores ya advierten de que se trata de un efecto que no impedirá el proceso hacia un mundo de temperaturas más altas en los próximos siglos (independientemente del empuje que ha supuesto la actividad humana, la Tierra viene de una glaciación que terminó hace unos 12.000 años y avanza hacia un periodo de calentamiento).
Pero el estudio, que los
propios científicos alemanes califican de primer intento, abre la puerta a
otro tipo de predicciones: saber el clima futuro (el conjunto de grandes
variables) de una manera tan aproximada como los meteorólogos hacen
actualmente para los próximos dos o tres días.
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8
PÚBLICO
2/05/2008
La
economía después de las elecciones
Juan Francisco Martín Seco, economista
Pasadas las elecciones,
quizás el análisis económico pueda regresar a la normalidad y sea posible
juzgar la coyuntura con un mínimo de objetividad. Antes de los comicios el
discurso estaba desvirtuado por los intereses de los distintos partidos. Al PP
todo se le volvían catástrofes, mientras que para el Gobierno todo quedaba
reducido a unas turbulencias sin apenas relevancia. Lo cierto es que cada día
que pasa la situación se torna más crítica y los augurios, más pesimistas.
Ha sido el mismo Greenspan el que ha afirmado que la crisis que nos amenaza
puede ser la más grave después de la del 29. Tal vez sea una exageración,
pero da idea de la importancia con que se está viendo el problema en EEUU.
Habría que decir que la crisis presenta dos caras distintas, aunque lógicamente
interrelacionadas, una interna y otra externa. Las dificultades han partido
ciertamente del exterior: el pinchazo de las hipotecas subprime de
EEUU; pero el impacto en nuestra economía no sólo va a depender de la mayor
o menor transmisión de las turbulencias financieras a Europa, sino también
de los desequilibrios domésticos de nuestra propia realidad económica.
Las crisis siempre se han originado en una ola de desconfianza que, con mayor
o menor fundamento, crea incertidumbres e inseguridades. México, Japón, los
tigres asiáticos, Argentina y ahora EEUU. Lo insólito de la nueva situación
es que es el corazón del Imperio el que se tambalea, con lo que la amenaza y
la prevención son mayores.
Tras muchos años de ensueño neoliberal, afloran los problemas y las
contradicciones. La inhibición estatal ha convertido al mercado, tal como
afirma el primer ministro francés, en la ley de la selva. Sin vigilancia, las
entidades financieras se han adentrado en operaciones especulativas y
enormemente arriesgadas, y la tupida maleza de la ingeniería financiera
–con operaciones encadenadas y recíprocas– hace difícil distinguir qué
empresas están implicadas y cuáles no, de manera que nadie se fía de nadie
ni está dispuesto a prestar dinero a nadie. El sistema se colapsa por falta
de liquidez.
La falacia del discurso neoliberal aparece de manera clara en situaciones como
la actual, en las que se descubre que la economía de un país es un asunto
demasiado serio para dejarlo en manos privadas, especialmente porque las
consecuencias de los errores o abusos no se restringen al ámbito de los que
los cometen, sino que tienen repercusiones en capas importantes de la población,
de tal modo que en la mayoría de los casos es el Estado el que tiene que
venir a sufragar los platos rotos. Incluso el muy liberal y conservador
Gobierno de Bush está acudiendo en auxilio de los bancos en crisis, mientras
que los gestores responsables se llevan cuantiosas indemnizaciones.
Cada día se hace más evidente que la crisis exterior va a influir en nuestra
economía, al tiempo que se va desmintiendo un discurso erróneo, el de que
nuestro país está en mejores condiciones que otros muchos para soportar las
inclemencias futuras debido a que hemos hecho los deberes y tenemos unas
finanzas públicas saneadas.
No entraré en cuestionar la cuantía del superávit presupuestario y cómo
este se puede trocar en déficit en cuanto la actividad económica se
ralentice y se ponga en práctica la pedrea de beneficios fiscales. Me referiré,
sin embargo, al hecho mucho más significativo de que el saldo del sector público
es tan sólo uno de los elementos, pero no el único, ni siquiera el
principal, que coadyuva al déficit exterior. De nada vale que el sector público
presente unas cuentas saneadas si los otros sectores de la economía arrojan
importantes saldos negativos, y el endeudamiento de empresas y familias
alcanza niveles peligrosos.
En el presente, el déficit por cuenta corriente ronda el 10% del PIB, el
mayor de la OCDE en términos relativos, y el segundo, después de EEUU, en
absolutos. Para darnos cuenta del nivel de magnitud del que estamos hablando,
conviene recordar que en 1993 alcanzaba solo el 3%, porcentaje que nos parecía
elevadísimo y que estuvo en el origen de las tres devaluaciones que tuvo que
sufrir la peseta. Nuestra situación, pues, ante la crisis financiera, lejos
de ser privilegiada respecto a los otros países europeos, es más bien crítica.
En un momento de restricciones de liquidez y de desconfianza en los mercados,
la economía española tiene que salir al exterior a financiar el 10% de su
PIB y refinanciar, además, la deuda viva que venza en ese momento.
Nuestra moneda no es ya la peseta, sino el euro, y por lo tanto no cabe la
devaluación como medio de recobrar el equilibrio de nuestra balanza de pagos;
pero quizás por eso la situación es más delicada porque, al no poderse
lograr el ajuste en el terreno monetario, se producirá en el ámbito real,
del crecimiento y del empleo. Deberíamos haber tenido en cuenta este dato
cuando nos vanagloriábamos de haber alcanzado a Italia en renta per cápita.
Aparte de no ser cierto, hay que señalar que, de haberse producido la
devaluación que eliminase o al menos paliase el déficit exterior, la relación
entre la renta per cápita de España y de otros países sería distinta.
Es imprescindible considerar la diferencia en la evolución en los precios
para poder realizar las comparaciones entre rentas per cápita. Esa ha sido
siempre la historia económica de nuestro país. Cada cierto tiempo éramos víctimas
de un espejismo. Durante años íbamos convergiendo en renta per cápita hacia
la media del resto de países desarrollados hasta que la necesidad de
depreciar la moneda rasgaba el velo de malla y devolvía los datos a su
verdadera realidad, mostrándonos que la convergencia había sido bastante más
pequeña de lo que creíamos. Ahora no se ve lo que está detrás del velo,
pero eso no quiere decir que no exista.
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9 EL PAÍS
3/05/2008
La sequía del crédito
obliga a EE UU y Europa a intervenir por cuarta vez
Los grandes bancos
centrales inyectarán 33.000 millones adicionales cada 15 días
CLAUDI PÉREZ / SANDRO POZZI
- Madrid / Nueva York -
Tal vez lo peor haya pasado, pero el final
del túnel sigue lejos. Hace sólo dos meses parecía que la tormenta
financiera iba a llevarse lo que le pusieran por delante, aunque ahora los
mercados están más calmados, una vez ha quedado claro que EE UU y Europa no
van a dejar caer ningún gran banco. El euro ha aplacado su ímpetu alcista.
El oro está más barato. Las Bolsas suben y bajan, pero sobre todo suben. Las
autoridades económicas aseguran a diario que los riesgos de una debacle
financiera están más controlados. Pero hay cosas que se resisten a mejorar.
Ante la sequía del mercado crediticio, los grandes bancos centrales se vieron
ayer obligados a anunciar una nueva intervención conjunta -la cuarta desde el
verano- para inyectar liquidez.
Nueve meses después del estallido de la
crisis, el mercado interbancario sigue sin funcionar. Está seco. Las
entidades financieras no se fían de sí mismas, no se prestan dinero. Los
bancos centrales han inyectado ya más de medio billón de dólares, pero
nada. Pese a la falta de reacción, las autoridades monetarias de ambos lados
del Atlántico dejaron claro ayer que van a seguir dando aire a los mercados
para evitar que las turbulencias financieras contaminen la economía real, con
la seguridad de que los problemas no van a resolverse por sí solos.
"En vista de las persistentes tensiones
en los mercados, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal (Fed) y el Banco
Nacional Suizo anuncian una expansión de sus medidas de liquidez",
explicaron las tres instituciones en un comunicado conjunto. En concreto,
51.000 millones de dólares adicionales (33.000 millones de euros) cada 15 días.
EE UU, origen y principal destino de los
problemas -con las hipotecas basura y sus efectos nocivos sobre el sistema
financiero- sigue llevando las riendas de las medidas anticrisis. El miércoles
bajó los tipos por séptima vez. Y ayer lideró la acción de los bancos
centrales en un momento delicado, controlando el tempo en los mercados,
minutos antes de que los inversores conocieran que la economía americana
perdió 20.000 empleos en abril.
"Las rebajas de tipos tienen un efecto
limitado. La Fed se ha dado cuenta y está poniendo toda la carne en el asador
en las inyecciones de liquidez, que es lo que el mercado demanda para evitar
males mayores", afirmó Antonio Villarroya, analista de Merrill Lynch en
Londres. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, dijo que la
intervención "confirma que las tensiones prosiguen, con el peligro de
que los problemas se trasladen a la economía real", lo que supondría
mayores dificultades para que las empresas y los consumidores accedan al crédito
independientemente de sus posibilidades de pago. "Pueden pasar meses
antes de que la situación se normalice", vaticinó Díez.
La cocina de la intervención no
difiere de las anteriores. Supone meter más dinero en el mercado, aceptando a
cambio más activos dañados de la banca. En definitiva, se trata de hacerle
la vida más fácil a los bancos ante un insuficiente mercado interbancario,
que se traduce en el tirón del Euríbor. El tipo al que se prestan los bancos
europeos -referencia para las hipotecas- cedió ayer seis centésimas pero
sigue cercano al 5%, en concreto en el 4,95%.
La Fed incrementa el dinero que ofrece a través
de su ventanilla quincenal de 50.000 a 75.000 millones de dólares. El BCE
eleva de 30.000 a 50.000 millones los dólares que pone a disposición de la
banca europea, y el banco suizo de 6.000 a 12.000 millones. El mecanismo estará
en vigor hasta enero del año que viene. No parece que los problemas vayan a
solucionarse mucho antes.
Medidas conjuntas
- Es la cuarta vez que intervienen juntos el
Banco Central Europeo y la Reserva Federal contra la crisis de liquidez
- Realizaron la primera acción conjunta (una
inyección de capital a bajo interés) en agosto de 2007, poco después del
inicio de las turbulencias. La segunda se anunció a mediados de diciembre
- La acción de ayer fue en realidad una
ampliación de la tercera intervención conjunta, llevada a cabo en marzo de
2008
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10 EL PAÍS
29/04/2008
La AIE eleva la
previsión de consumo de energía
S. C. - Madrid -
En el año 2006, la Agencia Internacional de
la Energía (AIE), organismo autónomo de la OCDE encargado de orientar a los
países de la organización en materia de energía, pintó un panorama sombrío
hasta el año 2030. Pues bien, el nuevo informe de la AIE -año 2007- empeora
las previsiones. Si los Gobiernos no toman decisiones inmediatas, el consumo
de energía se va a disparar -un 50% hasta 2030, a un ritmo anual del 1,8%- y
las emisiones de gases de efecto invernadero van a crecer de forma
exponencial.
El director general de la Agencia, el ex
embajador estadounidense William Ramsay, que presentó ayer en Madrid el
informe World Energy Outlook 2007, explicó que los combustibles fósiles
seguirán siendo la principal fuente de energía hasta 2030 y el petróleo se
mantendrá como combustible principal. Los países protagonistas en el mundo
energético serán China e India, cuyas importaciones conjuntas de petróleo
pasarán de los 5,4 millones de barriles al día de 2006 a 19,1 millones de
barriles al día en 2030. Ramsay, que destacó la importancia que puede tener
el desarrollo de la energía nuclear en el futuro, abogó por establecer un
proceso de cooperación internacional para garantizar el desarrollo sostenible
del sector energético.
Al término del acto, organizado por el Club
Español de la Energía, el nuevo secretario general de Energía, Pedro Marín,
adelantó que este año se va a presentar una prospectiva energética hasta
2030, en la que se evalúa el papel de las distintas energías en España y
que servirá para "tomar algunas decisiones". Marín insistió en
que hasta hoy "no puede" pronunciarse sobre la idoneidad o no de
impulsar nuevos proyectos nucleares.
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EL PAÍS Cataluña
30/04/2008
El coordinador
europeo Monti apoya la construcción de la línea de alta tensión
El trazado
definitivo de la MAT no se conocerá hasta el mes de junio
NATALIA IGLESIAS - Girona -
Mario Monti, coordinador de la Unión Europea
para la interconexión eléctrica entre España y Francia, apoyó ayer
abiertamente la construcción de la línea de muy alta tensión (MAT), tras un
encuentro con representantes sociales, políticos y económicos de Girona.
El mediador, que hasta la fecha se había
mantenido en una posición neutral, justifica ahora la "necesidad"
de la línea de 400 kW, así como la "viabilidad técnica y económica"
de soterrar el tramo transfronterizo entre Santa Llogaia d'Àlguema y Baixàs.
"Tras leer los informes he corroborado la necesidad de una nueva línea y
que la mejor opción es hacerla pasar por la parte oriental de los
Pirineos", aseguró Monti, en referencia a los documentos elaborados por
la consultoría independiente italiana Cesi. Hace un mes, en su anterior
visita a Girona, Monti aseguró que estos estudios no expresaban su opinión,
aunque tendrían "mucha influencia" en su informe final.
El mediador presentó ayer dos nuevos
informes de Cesi en los que se analizan varias propuestas para la interconexión.
Uno de los estudios concluye que la mejor opción es construir la MAT por los
Pirineos Orientales, por ser un trazado más corto, de 87 kilómetros frente a
240, y más apto para "alimentar" la futura línea del AVE. También
descarta la posibilidad de aprovechar la construcción del túnel del AVE en
El Pertús para hacer discurrir la línea de alta tensión, ya que no tiene
las dimensiones necesarias.
Monti insistió en avalar el soterramiento de
la infraestructura, ya que, a su juicio, "cuanto más grande sea la parte
soterrada, menos problemas medioambientales habrá", pero también recordó
que la última palabra la tendrán los gobiernos francés y español. En
cuanto al trazado definitivo, la reunión no permitió despejar dudas, aunque
el secretario de Industria, Pedro Luis Marín, aseguró que será "el
mejor posible" y que se conocerá en junio, dentro de los plazos
acordados en la cumbre bilateral mantenida a principios de enero entre los
presidentes español y francés, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás
Sarkozy, respectivamente.
El mediador mantuvo ayer su primera reunión
con las dos plataformas contrarias al proyecto. Ambas mostraron su disgusto
tras la entrevista con Monti. "Nos quieren hacer chantaje, que aceptemos
como una victoria el soterramiento de la interconexión y medidas
compensatorias a cambio", explicó Joan Martí, portavoz de No a la MAT.
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EL PUNT
30
d'abril de 2008
Obren
la porta a fer passar la MAT per la galeria de serveis del túnel del TAV
ORIOL
MAS. Girona
El
coordinador europeu Mario Monti va tornar ahir a Girona per presentar els dos
últims informes de la interconnexió de la línia de 400 kV entre els estats
espanyol i francès. Monti va insistir en què el soterrament de tot el tram
és l'opció preferible pel menor impacte ambiental, i que està justificada
la necessitat de la línia. L'informe descarta aprofitar el túnel del TAV per
fer-hi passar la línia perquè no ha estat preparat per això, però en canvi
hi obre la porta si es fes a través d'una galeria de serveis.
Un
cop sembla cada vegada més clar que el soterrament de la línia en el tram
fronterer va guanyant punts com a solució final, es van perfilant algunes de
les alternatives tècniques. Un dels dos informes elaborats per l'empresa Cesi
estudia en un capítol propi la possibilitat que la MAT travessi els Pirineus
a través del túnel del TAV. En el document s'afirma que això «no sembla
una possibilitat tècnicament viable, si el túnel no ha sigut dimensionat
tenint en compte aquesta necessitat des de l'inici». I el túnel del Pertús
no compleix aquesta característica. Més endavant, però, es planteja que «una
oportunitat per travessar el túnel podria anar vinculada a l'ús d'una
galeria de serveis paral·lela a la via». Aquesta galeria de serveis no
existeix, però els tècnics de Cesi van deixar-hi una porta oberta insistint
en què cada possibilitat «s'ha d'estudiar específicament».
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ENERGÍAS RENOVABLES
28/042008
La
dependencia energética de Madrid supera el 95%
La
Comunidad de Madrid solo produce el 4,5% de la energía que consume. Contra
esa dependencia, el Gobierno regional ha emprendido dos campañas –'Madrid
Ahorra con Energía' y 'Madrid Solar'– que han sido bienvenidas por empresas
como Goldbeck Solar, que apuesta por la promoción de la energía solar
fotovoltaica sobre cubierta en Madrid.
La
empresa alemana Goldbeck Solar, especializada en la instalación de sistemas
solares industriales y comerciales, ha puesto "a disposición" de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de
Madrid sus experiencias y conocimientos. Según Alejandro Guillén,
responsable de la compañía en España, "nuestro know how" abarca
las instalaciones fotovoltaicas sobre grandes tejados y puede "potenciar
la difusión y rápida implementación de las medidas de eficiencia energética
en el sector”.
El
grupo Goldbeck cuenta con más de dos mil empleados en Europa y afirma que
genera en la actualidad ventas anuales superiores a los 750 millones de euros.
En sus seis años de vida, el grupo ha instalado 15 MWp sobre una superficie
total de 260.000 metros cuadrados de tejado en el resto de Europa,
principalmente en Alemania. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno
regional, pues queda por ver si la Administración autonómica está o no por
la labor de ir más allá de las campañas y subirse a las azoteas.
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Juan Torres
29/04/2008
PODER
DE ALTO VOLTAJE
Diversos
medios de comunicación, aunque en ningún caso de forma muy sonora, se han
hecho eco en los últimos tiempos de un problema energético que se viene
agudizando en nuestro país y que pone de evidencia las dificultades que los
grandes poderes económicos ponen a la generación de energía más limpias y
alternativas.
Me
refiero al hecho de que las grandes compañías eléctricas niegan el enganche
a cientos de plantas de energía renovables, impidiendo así que su producción
más limpia y sostenible pueda liberarse e incorporarse a la red. Y esto está
ocurriendo cuando al mismo tiempo resulta que España está incumpliendo los
compromisos internacionales en materia ambiental, en contra del deseo que
continuamente expresa el gobierno.
En realidad esto no es nada nuevo, sino una manifestación más de las
dificultades que en España encuentra la transformación de nuestro sistema eléctrico
contaminante debido al enorme poder que se ha concentrado en las principales
compañías que operan en el sector. Dificultades que aparecen constantemente
y que ponen día a día sobre el tapete la necesidad de llevar a cabo una
regulación de los mercados que respete los intereses sociales y no se limite
simplemente a proteger a los grandes intereses privados.
Se ha querido hacer creer que la mejor solución es dejar que las empresas
campen libremente en los mercados, liberalizando al máximo una actividad tan
importante para el desarrollo económico y tan crucial desde el punto de vista
medioambiental. Pero la experiencia está demostrando que esa libertad no está
proporcionando mejores servicios ni inversiones adecuadas y suficientes y que,
por el contrario, al dejar que su cumplimiento dependa de la estrategia
comercial de las grandes compañías, impide que España cumpla sus
compromisos internacionales.
Por un lado resulta que éstos últimos son fundamentales no ya para España
sino para el planeta en su conjunto, pues sin su cumplimiento a rajatabla no
se podrá evitar el cambio climático que se viene produciendo y sus secuelas
nefastas para la vida. Pero, por otro, se establecen condiciones regulatorias
que no llevan a disminuir la producción de energía contaminante y que
impiden, además, que se incorporen la alternativas. Y todo ello sencillamente
en virtud del gran poder de decisión que han alcanzado las compañías que,
al albur de los procesos de liberalización, no han quedado más sujetas a la
competencia sino que se han concentrado formando un mercado oligopólico en el
que se reparten los beneficios con mucha más facilidad que antes.
El mercado energético, quizá mejor que ningún otro, muestra claramente la
falacia de creer que la economía va por un lado y la política por otro. Los
grandes compañías eléctricas son máquinas concebidas principalmente para
influir en la voluntad de los gobernantes y tan fuerte y efectiva suele ser
esta que las más poderosas obtienen beneficios extraordinarios gracias a la
ventaja estratégica que les proporciona, no su capacidad productiva, sino la
información privilegiada y la anticipación que obtienen de esa influencia.
La regulación eléctrica la hacen en realidad las grandes empresas a través
de sus mediadores y eso es lo que viene produciendo el deterioro de los
servicios en todo el mundo y que no se puedan alcanzar los compromisos, ya de
por sí débiles, establecidos para combatir el desastre ambiental de nuestro
tiempo.
Desgraciadamente, las eléctricas españolas constituyen ejemplos palmarios de
todo ello. El enorme crecimiento que han tenido gracias a la concentración y
el apoyo de los gobiernos se ha traducido en una gran rentabilidad que han
aprovechado para invertir en otros países, entre otras cosas, para sortear así
más fácilmente las limitaciones que les ponen aquí las autoridades. Una
estrategia muy rentable pero acompañada de una muy mala imagen en América
Latina y que al fin y al cabo se ha traducido en un claro debilitamiento de
los intereses generales del sector en España.
De hecho, uno de los grandes retos del gobierno recién constituido es tratar
de poner orden en esta situación si es que quiere evitar que se vaya
consolidando una situación que a medio y largo plazo sería de gran
dependencia y de nefastos efectos ambientales en nuestro país. No ha sido
casual que una de las dificultades a la hora de configurarlo haya sido
precisamente la adscripción de las competencias en materia energética. Lo
importante es que el gobierno de la Nación logre ser inmune a los intereses
económicos particulares, por muy selectivos y poderosos que puedan ser, y
defienda los del conjunto de los españoles, los cuales, como se viene
comprobando, no siempre son perfectamente compatibles.
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15 EL PAÍS
Cataluña
2/05/2008
Los regantes del
Ter exigen compensaciones por el agua
N. IGLESIAS - Girona -
Las comunidades de agricultores y regantes
del Ter y los sindicatos Unió de Pagesos y Joves Agricultors exigen
compensaciones a cambio del trasvase de agua hacia el área metropolitana de
Barcelona. La reivindicación fue formulada ayer durante una manifestación en
las carreteras de Verges y de Rupià (Baix Empordà), la cuarta a favor del
retorno del caudal del río que se celebra en las comarcas de Girona y a la
que asistieron 100 personas con 70 tractores.
"Si las otras cuencas reciben dinero a
cambio de agua, no podemos consentir que el Ter salga gratis. Pedimos ayuda
para modernizar los sistemas de riego, con aspersores y gota a gota",
explicó Jordi Aulet, portavoz de los regantes de la presa de Colomers (Baix
Empordà). Los manifestantes también denunciaron la "muerte ecológica"
del río y se quejaron del caudal "insuficiente" con el que comenzarán
este mes la temporada de riego. "Sólo podemos contar con agua de
depuradoras y perderemos las cosechas", se lamentó un agricultor de
Bordils. La marcha transcurrió sin incidentes, pero provocó tráfico lento
durante varias horas y retenciones de más de diez kilómetros en la carretera
de Girona a Palamós.
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16 PÚBLICO
2/05/2008
La mejora del riego, clave de una dura negociación
Los
regantes del Ebro piden al Gobierno inversiones por los derechos de agua
JORDI SIRÉ - Tarragona -
Los regantes catalanes se
han enrocado en la unidad de la cuenca hidrográfica y han cedido protagonismo
a la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro, de la cual
forman parte y que abarca todas las comunidades autónomas por donde
transcurre el río.
Esta entidad, presidida por César Trillo, y los gobiernos español y catalán empezaron el día 25 de abril en Zaragoza unas negociaciones que se prevén complicadas porque de ellas depende mucha semántica política. Ambos ejecutivos tienen como objetivo adquirir derechos de riego de cualquiera de sus titulares repartidos a lo largo de toda la cuenca (una de las salvaguardas del real decreto para ampliar su margen de maniobra) hasta sumar 40 hectómetros cúbicos, la misma cantidad de agua del Ebro que se derivará de diciembre a mayo desde Tarragona hasta Abrera (Barcelona) a través de la tubería que costará 180 millones de euros.
Sólo así, garantizando que por el río acabará circulando la misma agua que se le quita, se podrá llegar a calificar la operación de "conducción" y no de trasvase, tal y como se desprende del informe de la abogacía del Estado encargado por el Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino.
La memoria económica del
real decreto dictamina que la compra de los derechos de los regantes y la de
los sobrantes del agua del Consorci d'Aigües de Tarragona irá a cargo de la
Generalitat, mientras que el Gobierno español financiará las obras de la
tubería (si bien lo hará a cargo de la disposición adicional tercera del
Estatut catalán).
El hecho de que el negociador sea el Gobierno catalán es relevante. Políticamente, por supuesto, pero también para entender algunos de los pasos dados en las últimas semanas por el conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar. El ecosocialista tanteó en un inicio a los regantes del Urgell (que beben del Segre, afluente del Ebro) con la esperanza de que la declaración de "emergencia nacional" rompiera la unidad de cuenca y facilitara un acuerdo con los titulares de concesiones catalanas.
Nuevas infraestructuras
En el Urgell, dudaron, pero finalmente (y alentados por los regantes del Delta del Ebro, que viven inmersos en un clima social de rebelión territorial) optaron por remitirse a la federación como único interlocutor. ¿Por qué? Trillo ha afirmado esta semana que no negociarán con las instituciones catalanas la venta de cesión de derechos hídricos ni "mercadearán" con el agua a cambio de recursos económicos.
Las declaraciones en este
sentido han sido recurrentes en las últimas semanas, en que a la negativa de
los regantes catalanes a vender derechos de agua ha seguido el inicio de unas
negociaciones en que tanto la Federación de Comunidades de Regantes de la
Cuenca del Ebro como la Confederación Hidrográfica del Ebro han reiterado
que se
niegan a vender agua.
Una posición que parece firme, pero que, leída con atención a los matices, permite entender su estrategia negociadora, basada en obtener de la administración central (la garante de la solución) mejoras en las infraestructuras de regadío para todas las comunidades de regantes de la cuenca y no tan sólo para las que acaben accediendo formalmente a la venta de sus derechos. Una opción en la que los regantes del Delta del Ebro tendrían mucho a ganar, ya que en estos momentos la Generalitat tiene bloqueado (por medio de un informe negativo de impacto medioambiental) un proyecto del Gobierno central que destina 23 millones de euros a mejorar los canales de la derecha.
Asimismo, los regantes de
la izquierda aún cuentan con cerca del 65% de acequias sin recubrir, a pesar
de que ésta era la compensación por la cual accedieron a vender parte de su
concesión a Tarragona en 1989 a través del Consorci d'Aigües de Tarragona.
Sin embargo, el presidente de este organismo, Daniel Pi, afirmó la pasada
semana en Tortosa que, desde esa fecha hasta este mismo año, su organismo ha
cumplido "escrupulosamente" con los compromisos económicos
adquiridos con las dos comunidades de regantes (150 millones de euros),
declinando dar su opinión sobre cómo habían sido gastados
finalmente.
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17 EL PAÍS
Cataluña
2/05/2008
Construir una
tubería submarina del Ródano a Llançà llevaría ocho meses
Una ingeniería de
Ciudad Real entrega a los partidos un proyecto de trasvase
FRANCESC ARROYO - Barcelona -
El Ródano vuelve a estar en el horizonte del
abastecimiento de agua a Cataluña. Y esta vez la que lo propone es una
empresa española, de Ciudad Real. Alba Montecristo-UE, empresa dedicada a la
investigación de proyectos de ingeniería, algunos relacionados con el agua,
ha entregado esta semana a todos los partidos parlamentarios un proyecto de
trasvase de agua del Ródano hasta Cataluña que, afirman, presenta varias
ventajas sobre los proyectos conocidos hasta ahora. Es más barata y,
supuestamente, no provoca agravios. Además, el tiempo para instalar una tubería
sobre el lecho marino sería de ocho meses a partir del inicio de las obras.
El proyecto de Alba Montecristo, explica
Antonio Ibáñez, director industrial de la firma, consiste en instalar una
tubería sobre el fondo marino a menos de dos millas de la costa y en paralelo
a ésta. La distancia no es casual. A menos de dos millas, las barcas de
arrastre francesas no pueden faenar, de modo que así ni los pescadores
afectan a la instalación ni se ven molestados por ella.
Una característica esencial del proyecto es
el punto de la toma de agua. Por supuesto se puede hacer en el cauce del río.
Pero también (se prevén las dos posibilidades) en medio del mar, 100 metros
después del final de la línea de costa. Ahí el agua sigue siendo dulce,
porque es la que entra del Ródano, y ni los campesinos ni quien tenga una
concesión de uso puede aducir que está afectado.
La tubería es de polietileno, con un diámetro
de dos metros, aunque los autores del proyecto preferirían que fuera de 2,40
metros. Se conecta, se lanza desde barcazas y se fija al fondo marino con
elementos de hormigón.
El mapa del fondo señala que en este tramo
la profundidad va de 15 a 25 metros. La empresa ha analizado la hipótesis de
una tubería en línea recta desde la desembocadura del Ródano hasta Llançà
(desde ahí, el agua se lleva al Ter para abastecer al sistema Ter-Llobregat).
La ventaja es que se trata de un trazado más corto: 150 kilómetros, frente a
los 190 si se sigue la línea de costa. Pero el fondo marino es más irregular
(además del problema añadido de la pesca de arrastre).
La instalación submarina de la tubería se
hace siguiendo el esquema de los llamados "arrecifes artificiales",
adaptando cada tramo al entorno biológico de la zona. La alimentación de las
bombas que impulsan el agua se hace con electricidad generada eólicamente o
con conexiones a la red si el Gobierno francés opusiera reparos paisajísticos.
Los generadores se instalarían en plataformas situadas a lo largo de trayecto
y tendrían una altura de unos 35 metros (sobresaldrían unos 10 metros del
agua). Estos puntos de bombeo se podrían situar a una distancia de entre 12 y
40 kilómetros uno de otro.
Además está el precio. El trasvase del Ródano
por tierra cuesta unos 1.400 millones de euros y cinco años de obras,
incluyendo el periodo de debate político. El precio del agua sale a 80 céntimos
el metro cúbico. La tubería submarina rebaja el coste a 800 millones, el
plazo de los trabajos a ocho meses (más el debate político) y el precio del
agua sale, siempre según sus promotores, a 22 céntimos el metro cúbico.
Antonio Ibáñez y Antoni Puig, que trabaja
con él en la dirección industrial, señalan que el trasvase del Ródano a
Barcelona se puede hacer con dos tuberías, para garantizar el suministro si
hay un problema en una de ellas. El caudal aportado es de un hectómetro cúbico
diario, suficiente para abastecer toda la región metropolitana de Barcelona.
Un hectómetro cúbico es apenas nada respecto a la media del Ródano en su
desembocadura: 1.800 hectómetros cúbicos, 3.000 en primavera.
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18 PÚBLICO
2/05/2008
Catalunya se prepara para el ‘milagro’ de beber del mar
La
mayor desaladora de Europa arrancará dentro de un año para solventar la sequía
catalana
ALBERT MARTÍN VIDAL - Barcelona -
"Que llueva, que llueva, que llueva, nos conviene que llueva". Con la lectura de esas palabras, celebraba el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, la Diada de Sant Jordi.
Mientras Catalunya en pleno se doctora en aprovechamiento de recursos hídricos y eleva sus plegarias a la Virgen de Montserrat como el profano conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, las esperanzas de un futuro desahogado se posan en la inauguración de la desaladora de El Prat de Llobregat, una ambiciosa infraestructura para cuya puesta en marcha queda ahora poco más de un año.
Una referencia mundial
En mayo de 2009, debería
entrar en funcionamiento la planta, que se convertirá en la mayor de Europa
-Israel puede presumir de una con más capacidad, pero con una tecnología más
antigua- y en una referencia mundial.
Los números hablan por sí solos: la planta convertirá en potables 200
millones de litros de agua salada cada día. Eso supondrá una aportación de
60 hectómetros cúbicos de agua anuales, el 20% de lo que se consume en la
poblada área metropolitana de Barcelona. Y su coste se eleva hasta los 230
millones de euros, que en un 75% procederán de los fondos de cohesión de la
Unión Europea.
"Si hubiera entrado en funcionamiento hace un año, el pantano de La Baells, que está al 20% de su capacidad, estaría al 80%", resume Tomás Cazurra, director de obras de la empresa pública Aiguës Ter Llobregat (ATLL). Este ingeniero de caminos coordina una obra en que trabajan 24 horas al día un total de 250 personas. Las llamadas de la Conselleria de Medi Ambient se han convertido en habituales "-Quieren saber si todo va bien, si hay contratiempos, es normal", dice Cazurra- y la presión es máxima.
"Esto es como la construcción del estadio olímpico antes de unos Juegos: si acabamos un día tarde, será un gran desastre", explica con una sonrisa, convencido de que los plazos se cumplirán. Dice no sentir angustia por la "emergencia nacional" que se ha creado en Catalunya por la falta de agua, pero asegura que la desaladora de El Prat es "la obra de más importancia que se hace hoy en día en Catalunya por influencia directa sobre la vida de las personas" y recuerda que "la repercusión de hacer cortes en el suministro sería brutal". Para evitarlo, se ideó la planta y otras dos instalaciones que para 2010 aportarán la mitad del total que se consume en el área metropolitana.
Potabilizar agua salada
El milagro que Catalunya espera para calmar su sed y finiquitar los conflictos territoriales se llama ósmosis inversa. El agua se captará a 2,2 kilómetros de la costa y se bombeará hasta la planta, para someterse a diversos procesos de filtración hasta que pierda la sal atravesando a presión unas membranas donde se pierde el 55% del líquido. El agua obtenida será posteriormente remineralizada, clorada y bombeada a 11,5 kilómetros, hasta Monsanta, en Sant Joan Despí, para que entre en la red de distribución.
Mientras las obras avanzan
en la desembocadura del Llobregat bajo una maraña de grúas e impulsadas por
un ejército de petos amarillos, hay quien señala unas garzas de plástico
situadas, bien visibles e impertérritas, junto al río. "Son para atraer
otras aves migratorias, una señal de que pueden pararse aquí sin
miedo", dice un
responsable.
Trasmiten exactamente la misma tranquilidad que infunde la joya de la corona de la política hidráulica catalana, la desaladora de El Prat, que será fuente de maná y blindaje contra las sequías.
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EL PAÍS
30/04/2008
Guiño del PP a
Cataluña al apoyar el minitrasvase que Camps recurrirá
Tensiones en el
Grupo Popular por el voto a las primeras medidas del Gobierno
FERNANDO GAREA - Madrid -
La actividad parlamentaria de la legislatura
se inició ayer con el PSOE marcando distancias y sin buscar apoyos a sus
iniciativas; con CiU y PNV deseosos de negociar y llegar a acuerdos con el
Gobierno y, sobre todo, con el PP atrapado en sus tensiones y contradicciones
internas.
Tan enredados están los populares que después
de hacer un discurso muy duro contra las primeras medidas económicas
aprobadas por el Gobierno se abstuvieron en la votación y, tras criticar el
decreto del minitrasvase a Barcelona, votaron a favor.
El enredo es mayor si se tiene en cuenta que
dos de sus barones regionales más poderosos, Francisco Camps y Ramón Luis
Valcárcel, presidentes de Valencia y Murcia, respectivamente, anunciaron que
llevarían el decreto que ayer apoyó el PP al Tribunal Constitucional. Sólo
se puede entender como un guiño a Cataluña, que preludia una actitud nueva
hacia esa comunidad.
El PP fue muy duro en los discursos, lo que
da idea de dónde arranca su tono de oposición. Así, Carlos Floriano se
estrenó acusando al Gobierno de "incompetencia, engaño e
ineficacia" sobre la política de agua y calificando de
"parche" el minitrasvase. La guinda del lío interno fue que la
diputada del PP por Zaragoza Luisa Fernanda Rudi rompió la disciplina de voto
y se abstuvo.
Por su parte, el PSOE ha elegido estar solo
en el Congreso y ayer, para convalidar sus primeras medidas económicas
urgentes, únicamente tuvo los votos de sus diputados, a los que se unió simbólica
y voluntariamente Coalición Canaria. En la segunda votación, la del decreto
del minitrasvase, sin negociación previa, logró que todos votaran a favor,
salvo CiU y ERC que se abstuvieron y Gaspar Llamazares que votó en solitario
en contra.
La comodidad en las votaciones no le evitó
escuchar reproches de todos los grupos, especialmente, sobre la situación
económica, su diagnóstico y las medidas para abordarla. Con distintos
matices y tonos, todos le dijeron al Gobierno que lo que llama desaceleración
es en realidad una crisis y peor de la que muestra el optimismo de Zapatero y
Solbes.
Las mayores críticas las recibió la deducción
de 400 euros, contenida en el decreto aprobado en el primer Consejo de
Ministros de la legislatura. Llamazares y Joan Ridao (ERC) criticaron el
reparto universal y la falta de progresividad; Josep Sánchez Llibre (CiU) y
Pedro Azpiazu (PNV) hablaron de medida "electoralista" y Cristóbal
Montoro (PP) la ridiculizó. En defensa del decreto, el vicepresidente
segundo, Pedro Solbes, aseguró que "el rigor presupuestario de los últimos
cuatro años ha permitido poder inyectar recursos en la economía para
revitalizarla". Ni Solbes habló de crisis, ni Elena Espinosa, ministra
de Medio Ambiente, habló de trasvase. Fueron las dos palabras prohibidas en
el banco azul.
El otro daño colateral del decreto es que
ERC se desmarcó de los otros dos socios del tripartito catalán y se abstuvo
junto a CiU. Llamazares votó en contra porque rechaza todos los trasvases.
Los portavoces de CiU y PNV hicieron
repetidas apelaciones al Gobierno para negociar y buscar consensos. El PSOE ni
siquiera ha negociado su apoyo, pero aún así tuvo su respaldo para no
tramitar los decretos como proyectos de ley susceptibles de ser modificados,
como pretendía el PP.
Las votaciones
- El trasvase de agua del Ebro a Barcelona.
A favor: 318 (PSOE, PP, PNV, ICV, Coalición Canaria y UPyD)
En contra: 1 (IU)
Abstenciones: 16 (Luisa Fernanda Rudi (PP), CiU, ERC, NaBai y BNG)
- Medidas económicas urgentes (devolución
de 400 euros, ampliación gratis de las hipotecas...).
A favor: 170 (PSOE y Coalición Canaria)
En contra: 3 (IU, ICV y UPyD)
Abstenciones: 161 (PP, CiU, ERC, PNV, BNG y NaBai)
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20
PÚBLICO
29/04/2008
"El sureste
sufriría cortes de agua con el trasvase"
Pedro Arrojo.
Profesor en el Departamento de Análisis Económico en la Universidad de
Zaragoza. Ha impulsado la Nueva Cultura del Agua
MARÍA G. DE LA FUENTE - Madrid -
El agua también tiene una perspectiva económica,
que debe tener en cuenta los impactos ambientales y sus costes. El profesor de
la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo explica desde hace años a sus alumnos
la importancia de la integración de los costes ambientales. Sus análisis
sobre el Plan Hidrológico Nacional (PHN) en la etapa del PP pusieron negro
sobre blanco que el trasvase del Ebro era una opción más cara y dañina para
los ecosistemas en su conjunto. Ahí surgió la iniciativa de la Nueva Cultura
del Agua, donde un grupo de profesores e investigadores se ha unido para
defender un debate no politizado sobre este recurso, que tenga en cuenta que
se encuentra en un ecosistema vivo, como son los ríos. Hoy el Congreso de los
Diputados debate el mini-trasvase a Barcelona aprobado en Consejo de
Ministros.
¿Por qué en España se dice que las
desaladoras son de izquierdas y los trasvases, de derechas?
Eso no tiene sentido y nos dice hasta qué
punto, por desgracia, estamos haciendo del agua un arma política. Cuando se
discute al respecto, sobre todo la clase política, más que soluciones
operativas, se buscan argumentos políticos y eso lleva, por ejemplo, a pensar
que la Nueva Cultura es de izquierda, o de aragoneses frente a murcianos, o
que las desaladoras son de izquierdas. No tiene sentido. Necesitamos un
discurso de modernidad común a todos.
¿Le sorprende que en Valencia y Murcia, a
pesar de que no ha habido restricciones, gane el PP?
Es una cuestión paradójica. Si se hubiera
impuesto la dinámica de trasvases, en estos años de sequía pasados hubiera
habido cortes de agua en el litoral del sureste peninsular, porque estos años
formaban parte de la letra pequeña de los anexos del PHN, que decía que en
el 20% de los años no se podría trasvasar, porque eran años de sequía. Los
trasvases son una mala herramienta para abordar la sequía; las desaladoras,
en cambio, sí funcionan a largo plazo. En el sureste, la zona más seca,
donde deberían haber tenido sequía, no ha habido cortes gracias a las
desaladoras. En Barcelona, en cambio, hay problemas de abastecimiento puntual
por el retraso en la llegada de las desaladoras. El Gobierno ha sido más
operativo en las desaladoras del sureste, gracias al Programa AGUA, que la
Generalitat.
¿Qué le parece que Aragón se reserve 6.000
hm3?
Tampoco es bueno dogmatizar con que el agua
es mía y meter en el Estatuto de Aragón el blindaje de que lo que llueve en
Aragón es de esta comunidad, porque si es así, los navarros podrían
cortarnos (a los aragoneses) el Ebro en Tudela.
La construcción de desaladoras en Catalunya se transfirió a la
Generalitat. Si lo hubiera hecho el Ministerio de Medio Ambiente, como en
Levante, ¿se hubieran finalizado a tiempo de evitar el conflicto con el
mini-trasvase?
No me atrevería a decirlo, no sé por qué
se han demorado. La demagogia que se ha empleado por parte de PP y CiU está
consiguiendo desenfocar el debate actual de Catalunya, que tiene una buena
estrategia de planificación del agua, a 10 y 20 años vista. La planificación
es impecable y se basa en ahorrar fugas, integración de aguas subterráneas y
superficiales, regeneración y reutilización, y desalación de aguas marinas,
con tres plantas con capacidad para producir 200 millones de litros al año de
agua de alta calidad por 0,40 euros/metros cúbicos. Por eso, la Agencia
Catalana del Agua rechaza el trasvase del Ródano, que costaría más de un
euro/m3, y el trasvase del Ebro previsto en el PHN, porque costaría lo mismo
que la desalación, pero serían aguas de peor calidad. Las aguas que se van a
trasvasar ahora están en el límite de la potabilidad, y se tendrán que
mezclar con aguas mejores.
La Agencia tiene previsto reverter una parte
de las aguas del trasvase del Ter, que es lo que ahora da de beber a
Barcelona. Es una estructura de corte antitrasvasista y eso no puede tirarse
ahora por la ventana, porque una cosa es la planificación a futuro y otra, la
gestión de la sequía. El PHN no tiene ni un renglón de gestión de sequía
y quienes no planificaron una sequía, ahora quieren sacar de la caja el
muerto del trasvase (el PP).
¿Cómo se resuelve la situación de
Barcelona?
La sequía de Barcelona no tiene un
precedente conocido. Se llega tarde con las desaladoras y hay que mirar el acuífero,
pero el del Besos-Llobregat, que antes bombeaba 12 hm3, tiene un problema de
contaminación y descontaminarlo va a costar de 10 a 15 años. Mientras tanto
se podría realizar ósmosis inversa del acuífero para desalobrarlo, a un
coste de 0,25 m3, pero no se puede desalar todo el acuífero porque faltan las
grandes plantas de desalación. Lo que queda es el agua de regadío y ya se
han expropiado los derechos de los regantes. Y quedan los barcos, pero sólo
pueden trasportar 6 m3 y es una cantidad insuficiente. La última opción está
en la cuenca del Ebro, que no tiene sobrantes, como cualquiera de nosotros que
no tenemos sobrantes de sangre, pero en una emergencia puede haber una
transfusión. En el siglo XXI, una ciudad no puede tener cortes, por lo que se
ha optado por una trasfusión de emergencia y puntual, al igual que se hizo
con la cesión de derechos de los regantes del Tajo a Murcia y nada dijo el
PP. Ha faltado la previsión hace un año.
¿Qué lectura hace de la salida de Narbona
del Gobierno? ¿Qué significa la reunificación de Medio Ambiente y
Agricultura?
En la práctica, se ha suprimido el
Ministerio de Medio Ambiente. Es un paso atrás, de antes de los gobiernos del
PP, una involución. Y es una contradicción decir que el cambio climático es
uno de los grandes objetivos y disolver el Ministerio. Es la primera vez que
hemos tenido una ministra de Medio Ambiente.
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21
Miguel Jara
29
de abril de 2008
El
grupo de presión farmacéutico y transgénico en el Gobierno ZP
Pronto
van cumpliéndose las peores expectativas en materia sanitaria y de medio
ambiente con el nuevo Gobierno de Zapatero. La jugada de la desaparición de
Cristina Narbona y el Ministerio de Medio Ambiente, o para mayor exactitud, la
absorción por parte del Ministerio de Agricultura (ésta sobre todo química,
industrial y con cesiones al lobby pro alimentos transgénicos) de la cartera
de Medio Ambiente, ha sido muy comentada. Se interpreta, y los hechos
comienzan a confirmarlo, como un intento de acabar con una voz y una política
crítica, la de la propia Narbona, y con un Ministerio que podía ser un obstáculo
al actual modelo desarrollista, insostenible ambientalmente y por lo tanto
poco saludable que practica el Gobierno.
Puestos
a gestionar una segunda legislatura, ganada la primera con una política
"social", el PSOE está optando por darle un perfil más
mercantilista, más proempresas al nuevo Ejecutivo. Narbona molestaba, en
muchos casos estaba consiguiendo que el suyo fuera un Ministerio pro ecología,
y esto es necesariamente contrario a la lógica promercado del Gobierno,
cualquier gobierno europeo en la actualidad.
Narbona
molestaba y como "cargarse" de raíz un Ministerio entero, el de
Medio Ambiente, hubiera sido demasiado chocante, se ha asimilado a
Agricultura, que posee una tradición de favorecer a las grandes compañías
frente a las pequeñas y medianas explotaciones; de fomentar la
industrialización intensiva y con productos químicos tóxicos del campo; y
que es en la actualidad el garante de los intereses de la gran industria
biotecnológica, es decir, de los alimentos transgénicos (España es el país
con mayor superficie de cultivos transgénicos de toda Europa).
El
nuevo Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de la ministra Elena Espinosa
seguirá apoyando la inclusión en nuestros platos de productos transgénicos
y por lo tanto poniendo en peligro nuestra salud y la del entorno. Y tendrá
en sus manos toda la parte de Medio Ambiente que antes no gestionó y que
Narbona llevaba con un aceptable resultado.
Pero
el lobby pro transgénicos no sólo controlará buena parte de las decisiones
de Agricultura, como viene haciéndolo durante los últimos lustros; el
Gobierno ZP ha colocado a Cristina Garmendia al frente del Ministerio de
Investigación y Desarrollo. En el libro Conspiraciones tóxicas,
explicamos con numerosos ejemplos el fenómeno de las "puertas
giratorias" (trasvase de ejecutivos del sector público al privado o
viceversa). Este vuelve a ser un caso de manual. Garmendia era, hasta entrar
en el Gobierno de Zapatero, presidenta de la Asociación Española de
Bioempresas (Asebio), el mayor lobby pro alimentos transgénicos y fármacos
biotecnológicos que hay en España (en el que están otros lobbies como la
Fundación Antama o las mayores multinacionales de transgénicos del mundo:
Monsanto o Pioneer), y que también congrega a buena parte de la industria
farmacéutica biotecnológica (Bayer, Merck, Bristol-Myers Squibb, Roche,
Schering Plough, Esteve -que dirigen Farmaindustria-, o Gilead Sciencies
-creadores de Tamiflú/Gripe aviar-).
Esta
empresaria hasta hace unos días, en 2000 fundó Genetrix, una compañía
privada del sector de la biotecnología. Garmendia, no pierde su tiempo y
también es presidenta de la Fundación Inbiomed que, financiada con dinero público,
está dedicada a la investigación genética con fines farmasanitarios.
El
Ministerio de Ciencia e Innovación es clave para la industria farmacéutica.
Así, uno de los periódicos sanitarios que ejerce de portavoz de la misma, ha
publicado que su creación "ha sido muy bien recibida por la
industria". Los grandes laboratorios ven en Garmendia a una de los suyos:
"será un buen apoyo para evitar desarrollos legislativos excesivamente
dañinos para el sector", argumenta dicha publicación.
Hay
que tener en cuenta que a media legislatura anterior el Ministerio de Sanidad
sufrió un cambio radical. La ministra Elena Salgado, que como muchos medios
especializados en temas sanitarios han publicado no gustaba nada a
Farmaindustria, fue desplazada al Ministerio de Administraciones Públicas. En
su lugar entró el actual ministro Bernat Soria, muy del gusto de las farmacéuticas.
Como ha publicado Correo Farmacéutico: "El ministro Bernat Soria quería
convertir esta legislatura en la del impulso de la industria farmacéutica
española, 'incluso abordando la posibilidad de un cambio en la legislación
de patentes'", verdadera piedra filosofal de Farmaindustria.
Si
Cristina Garmendia quiere sacar adelante ese proyecto de cambio de legislación
-ahora es de su competencia tras las nuevas atribuciones de su Ministerio-
tendrá que contar con el Ministerio de Industria, que también posee
competencias legislativas en temas de patentes. El citado periódico recuerda
que "al frente de Industria estará, en los próximos años, Miguel
Sebastián, amigo y protector político de Cristina Garmendia y figura en
ascenso por su amistad con Rodríguez Zapatero".
Si no he contado mal, las industrias biotecnológicas (compuestas por las pro
transgénicos y farmacéuticas) tienen cuatro ministerios y cuatro ministros a
su disposición: Agricultura, Sanidad, Innovación e Industria. Y además han
visto mermado en sus facultades el de Medio Ambiente.
Algunas
cosas, como digo, comienzan a cambiar, a peor, se entiende. Para muestra un
botón. El pasado fin de semana TVE emitió un reportaje sobre alimentos
transgénicos. Como cuenta en una carta dirigida al programa en que se emitió
una persona que ha trabajado en el Ministerio de Agricultura y ha sido testigo
del vaivén de lobbistas pro transgénicos en el mismo, se eliminó (por
problemas técnicos) la intervención de la única voz crítica con el tema de
los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) aplicados a la agricultura, la
de Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace.
Además,
se utilizaron imágenes de la deforestación de la Amazonia para el cultivo de
soja transgénica justamente para lo contrario, para explicar las bondades de
estos organismos que no son necesarios y que sólo traen beneficios a muy
pocas empresas privadas. ¿Estará cambiando la línea editorial de la tv pública
al ritmo de los cambios pro corporaciones en el Gobierno ZP?
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22 PÚBLICO
1/05/2008
La
CE recomienda retirar del mercado todo el aceite procedente de Ucrania
Aunque la Agencia de Seguridad Alimentaria dice que "no hay riesgo alguno para la salud", insiste en que es mejor tener precaución
PÚBLICO.ES/AGENCIAS
La Comisión Europea recomendó esta tarde a todos los países que han recibido partidas de aceite de girasol procedente de Ucrania adulterado con hidrocarburos --España, Francia, Italia y Países Bajos -- retirar del mercado todas las partidas de aceite de girasol procedentes de Ucrania, así como aquellos productos alimentarios que contengan una mezcla de aceite de girasol de Ucrania en más de un 10%.
El Ejecutivo comunitario emitió esta recomendación, a pesar de que esta mañana descartó tomar medidas adicionales al respecto al considerar que los Estados afectados habían tomado las medidas necesarias, después de hallar "niveles significativos" de aceite minerales en las partidas procedentes de Ucrania y a pesar de que los resultados de los análisis han constatado que el tipo de aceite mineral hallado en la mezcla presenta "alta viscosidad" y "contiene un nivel de toxicidad bajo", según informó la Agencia de Seguridad Alimentaria europea (EFSA) a la Comisión.
En cualquier caso, la Agencia de Seguridad Alimentaria concluyó que "no hay riesgos inmediatos para la salud pública" y considera por tanto importante recalcar que su decisión constituye una recomendación por "precaución y prevención" y que en ningún caso debe interpretarse como una retirada forzosa de los productos. Asimismo, recalcó que la medida sólo afecta a las partidas de aceite de girasol y a los productos alimentarios que contengan aceite de girasol originado en Ucrania.
No se tomarán más precauciones
Esta misma mañana rechazó una propuesta del Partido Popular Europeo que pedía que se mejoraran los controles de los alimentos por considerar suficientes las medidas adoptadas por los Estados miembros afectados para retirar las partidas adulteradas y haber recibido garantías del Gobierno de Kiev de que el futuro revisará todos los envíos de aceite a Europa para verificar si se ha mezclado con hidrocarburos.
El portavoz de Agricultura del Ejecutivo comunitario, Michael Mann, resaltó que, según el análisis realizado por la Agencia de Seguridad Alimentaria de la UE, el aceite mineral que se ha encontrado en las partidas contaminadas es el "menos tóxico" que existe y por tanto "no hay riesgo para la salud pública".
Ucrania investiga el fraude
Tras varios días de espera, la Comisión recibió esta mañana un correo electrónico de la embajada de Ucrania en Bruselas en el que el Gobierno de Kiev informa de que ha puesto en marcha un grupo de trabajo para investigar el fraude del aceite de girasol. También asegura que en el futuro las autoridades ucranianas controlarán todos los envíos de este aceite a Europa para garantizar que no hay presencia de hidrocarburos, según relató el portavoz.
El portavoz subrayó que las aduanas de los Estados miembros ya supervisan los envíos y ello permitió precisamente localizar las partidas contaminadas. Al ser preguntado por si la UE puede tomar medidas contra la empresa ucraniana responsable del fraude, Mann dijo que en principio no está previsto porque "son las autoridades nacionales del país donde opera la empresa las que tienen que tomar medidas contra esta compañía por cometer ese fraude".
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EL PAÍS Galicia
3/05/2008
50 millones de
euros para promocionar la 'ecoagricultura'
ARCADIO SILVOSA - Lugo -
La agricultura ecológica gallega recibirá
un impulso económico de casi 50 millones de euros (39,4 de la administración
autonómica y 9,6 que aportará el sector privado) a través del Plan para el
Desarrollo de la Agricultura Ecológica de Galicia, que diseñó la Consellería
de Medio Rural para ejecutar en los próximos seis años (2008-2013).
El Plan, que ayer fue presentado en Monforte
(Lugo) por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y el conselleiro de
Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, contempla 54 medidas distribuidas en seis
ejes de actuación: mejorar el sector en su vertiente productiva y comercial;
incrementar los niveles de producción, implantación y modernización de
instalaciones transformadoras; fortalecer una estructura estable de
comercialización; potenciar los instrumentos de control y certificación, e
impulsar la formación especializada.
Convertir Galicia en un modelo de producción
agraria "más justo socialmente y ecológicamente responsable" es
uno de los grandes retos que se marcó Quintana con este plan, dentro de una
comunidad donde la agricultura ecológica se incrementó en un 387% desde 2001
a 2006. La mayor parte de esta superficie se concentra en la Galicia interior,
donde las provincias de Ourense y Lugo aglutinan el 90% del sector productivo
ecológico.
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24 EL PAÍS Cataluña
1/05/2008
TRIBUNA
Alimentos
más caros: ¿bendición o maldición?
El aumento de los precios no se guía por un cambio en el modelo que favorezca al pequeño agricultor
GUSTAVO DUCH / MIQUEL ORTEGA (Gustavo Duch es director de Veterinarios sin Fronteras y Miquel Ortega es coordinador de la comisión de deuda ecológica de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE)
El aumento del costo de la cesta básica es una pesada losa para las capas más pobres de la sociedad, sobre todo en los países más desfavorecidos, donde el gasto medio en alimentación representa entre el 60% y el 80% (en Cataluña representa entre el 10% y el 20%). Pero, por otra parte, sabemos que buena parte de esta pobreza se sufre en el mundo rural o en familias expulsadas del campo. Entonces, la subida de los precios de los alimentos, ¿es una bendición o una maldición? ¿Este aumento de los precios de los alimentos va a repercutir en una mejora de los pagos a los productores de los mismos, tantas familias campesinas que sabemos que luchan desde hace muchos años para sobrevivir en un entorno muy hostil? Mientras que las políticas se habían olvidado de la importancia de un mundo rural vivo -con agricultores, con ganaderos que, además de producir buenos y saludables alimentos, mantuvieran el campo catalán activo y fértil-, ¿es la economía real la que ha llegado para salvarles? Tenemos una buena oportunidad, pero confiar sólo en unas leyes económicas para asegurar la reactivación del sector agrícola es del todo insuficiente.
Una parte del fenómeno del aumento de los precios se debe a las características intrínsecas del modelo agro-consumidor, que está dificultando las condiciones de trabajo y vida en los últimos años de los pequeños agricultores: la conversión del alimento en un producto comercializable, un commodity negociable a escala global. Como tal, está crecientemente sujeto a la creación de burbujas y fluctuaciones de precios derivadas de la entrada y salida de especulación financiera, así como al control de oligopolios en la distribución de los alimentos: las tres o cuatro cadenas de distribución. Cuando la especulación es hacia arriba, una pequeña parte puede repercutir para el agricultor en más ingresos y un aumento de su bienestar a corto plazo, pero cuando la corriente es descendente, el ajuste es mucho más brusco y pasa en muchas ocasiones por la expulsión de la actividad agrícola.
Mucho más atractivo sería que las fluctuaciones en los precios no se aceleraran por procesos especulativos, sino que disminuyeran, al tiempo que aumentaba el precio pagado al agricultor. Necesitamos las políticas. Una manera efectiva de promocionar estas medidas sería la internalización de los costes ambientales y sociales, que son por ahora ignorados. Nos explicamos. En el precio de los alimentos que consumimos en Cataluña falta incorporar costes asociados, por ejemplo, al impacto sobre el cambio climático del transporte; a la gestión y el tratamiento de las aguas, necesario debido al uso exorbitante de pesticidas e insecticidas; a la pérdida de biodiversidad y calidad del suelo asociada al modelo de agricultura intensiva; a las necesidades sociales derivadas de los desplazamientos rurales, etcétera. La internalización de estos costes haría mucho más rentables los productos de proximidad, adaptados al ecosistema donde se producen y producidos mediante una gestión ecológica (nos sorprenderíamos al encontrar más barato un litro de leche fresca y ecológica que el litro de leche brik de cualquier multinacional). A su vez, serían mucho menos importantes las economías de escala y el control de la distribución. De esta manera las inversiones especulativas financieras tendrían menos interés en el sector de la agricultura-distribución-consumo y se ayudaría a establecer un marco económico más razonable y estable.
Defendemos la necesidad de precios remuneradores (justos para el productor) para bienes tan importantes como los alimentos, pero no todo aumento en el precio es válido. Hoy por hoy, mientras la política sigue desaparecida y sin herramientas de intervención, el aumento de los precios no está guiado por un cambio en el modelo que favorezca al pequeño y mediano agricultor, sino que es acentuado por el mismo modelo que lo está llevando a que progresivamente abandone masivamente el ámbito rural. A nivel internacional y también en Cataluña, por supuesto, los gobiernos tienen ahora la oportunidad de apostar por estrategias de soberanía alimentaria, facilitando así que disminuyan las importaciones de manera permanente, de las que ni resbala ni gotea ningún beneficio para la pequeña agricultura de todo el planeta.
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25 EL PAÍS
1/05/2008
TRIBUNA
Desigualdades
sociales, calidad de vida y salud
La falta de solidaridad y cohesión social influye en la tasa de mortalidad de los países
La esperanza de vida en Bangladesh es mayor que en Harlem
VICENÇ NAVARRO, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas y de Estudios Políticos de la Johns Hopkins University
Una característica de muchos países desarrollados ha sido el crecimiento de sus desigualdades sociales a causa de políticas que han diluido la cohesión social que caracterizó a la mayoría de países europeos y Estados Unidos durante el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, cuando el keynesianismo y las políticas redistributivas centraban las políticas económicas y fiscales. Incluso el presidente republicano de Estados Unidos Richard Nixon dijo en su día: "todos somos keynesianos".
Ahora, estableciendo un paralelismo semejante, gran parte de los dirigentes de gobiernos de ambos lados del Atlántico podría decir que "todos somos liberales", porque la situación cambió a partir de los años ochenta con la llegada del republicano Ronald Reagan a la presidencia de EE UU y del Gobierno conservador del Reino Unido liderado por Margaret Thatcher. El abandono de las políticas redistributivas, del keynesianismo y del intervencionismo público ha tenido como consecuencia un enorme incremento de las desigualdades sociales que han alcanzado su mayor expresión en EE UU. Tales desigualdades aparecen en todas las dimensiones de la sociedad, incluyendo la calidad de vida de sus ciudadanos. Una persona perteneciente al 5% del nivel de renta superior en EE UU vive 20 años más que una persona perteneciente al 5% de renta inferior (un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro). En la Unión Europea de los Quince (UE-15) la diferencia es de siete años y en España de 10 años, uno de los diferenciales más altos de la UE-15.
Dentro de cada país, el número de años de vida que una persona vive, parecería depender del nivel de renta que la persona tenga. A mayor renta, más años de vida. Con tal renta la persona puede adquirir los recursos que van desde alimentos saludables a ejercicio físico, educación y otros determinantes de su salud que le permite mayor calidad de vida. Pero tal explicación es insuficiente para explicar las enormes diferencias en mortalidad en la población. Así, un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro en Harlem, Nueva York, tiene una mortalidad mayor que una persona de clase media de Bangladesh, el país más pobre del mundo; y ello a pesar de que el primero, la persona de Harlem, tiene muchos más recursos (25 veces más renta per cápita) que la persona de clase media de Bangladesh. Si el mundo fuera una sola sociedad, la persona de Harlem pertenecería a la clase media, mientras que la de clase media de Bangladesh sería pobre. Sin embargo, la persona promedio de Bangladesh vive más años que la persona de Harlem. Otro ejemplo de que la diferencia en los niveles de renta no explican la mortalidad diferencial entre seres humanos es que el tercio superior de la población de EE UU tiene unos indicadores de salud peores que el tercio inferior de la población con menor renta del Reino Unido, a pesar de que el primer grupo es mucho más rico que el segundo. Nivel de renta 'per se', por lo tanto, no es garantía de buena salud.
Una explicación que se ha dado a este hecho de mortalidad diferencial entre las clases pudientes de EE UU y las clases populares del Reino Unido es que la población estadounidense tiene unos hábitos de vida menos saludables que la población británica; tiene, por ejemplo, una dieta alimentaria peor que la británica. Y el Reino Unido tiene un Servicio Nacional de Salud que garantiza el derecho de acceso a los servicios sanitarios en caso de necesidad, un derecho inexistente en EE UU. Tales explicaciones, aunque válidas, son también insuficientes. En realidad, el tercio de la población de EE UU con nivel superior de renta tiene unos hábitos de vida semejantes a los existentes en los países europeos y tiene cobertura sanitaria a través del aseguramiento privado. ¿Cuál es entonces la razón de esta mortalidad diferencial?
Para responder a esta pregunta hay que constatar que existe un gradiente de salud en todos los países independientemente de su riqueza. El profesor Michael Marmott ha estudiado, por ejemplo, los niveles de salud de los funcionarios públicos en el Reino Unido y ha visto que factores como la alimentación, el hábito de fumar, el nivel de grasas en la dieta y otros factores, explican sólo un 30% de las diferencias de mortalidad entre los más y los menos sanos. Tales factores, que centran las intervenciones de salud pública, basadas en un mejoramiento de los hábitos de consumo y comportamiento individual son de gran importancia, pero insuficientes. Otros factores juegan un papel incluso mayor. Entre ellos está la sensación de poder controlar el trabajo y la vida de uno mismo. Tal sensación determina que a mayor percepción de control de la vida, mayor nivel de salud. En realidad, la renta, la educación, el estatus social y otras variables son instrumentos para alcanzar tal sensación de control. Pero esta sensación que se presenta a nivel de cada persona, depende de cómo tal persona se relacione con otras. A mayor sociabilidad y solidaridad, mejor salud. Ahí está la raíz del problema y por lo tanto la vía para encontrar la solución.
El darwinismo social que caracteriza las políticas liberales (en las que cada persona debe competir con otras, valiéndose por ella misma, con escasa protección social) es la mayor causa de patología social, y de escasa calidad de vida y salud para la mayoría de la población. La prueba empírica de ello es que la mejora de las tasas de mortalidad para todos los grupos en el Reino Unido se ralentizó durante la época Thatcher, cuando el liberalismo alcanzó su mayor desarrollo en el Reino Unido. Las políticas públicas thatcherianas, con reducción de las políticas redistributivas, con énfasis en la competitividad y falta de protección social, responsables del aumento de la inseguridad laboral y del desempleo, crearon un empeoramiento de la tasa de mortalidad en todas las edades y en la mayoría de la ciudadanía. No sólo se incrementó la mortalidad diferencial entre ricos y pobres, sino entre todas las clases sociales. Lo mismo está ocurriendo en EE UU y ello como consecuencia de las políticas liberales de la Administración de Bush.
De estas realidades se deduce que el abandono de las políticas redistributivas a favor de las políticas antipobreza y antiexclusión social son importantes pero muy insuficientes, porque la mayoría de la población no es pobre ni está excluida y en cambio su potencial de vida queda disminuido con la falta de solidaridad y cohesión social. Lo que se requiere son programas altamente redistributivos que mejoren la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía, disminuyendo las distancias sociales y aumentando la solidaridad y la cohesión social.
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26
EL PAÍS Galicia
1/05/2008
El gasóleo no
llegó al Miño, asegura Medio Ambiente
El BNG acusa a Adif
de ocultar información y pedirá responsabilidades
CRISTINA HUETE - Ourense -
"La situación medioambiental en el Miño
es absolutamente normal". El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez,
dio por zanjada ayer la crisis abierta, el lunes, por el vertido de 55.000
litros de gasóleo, procedentes de una tubería de Renfe, a la red de
saneamiento de Ourense. El día anterior el comisario de la Confederación
Hidrográfica del Norte (CHN) afirmó públicamente que "algo se vertió
en el Miño". "No podemos negarlo, aunque no afecta porque ha
quedado muy diluido", señaló. A pesar de ello, el conselleiro, sentado
ayer a su lado en rueda de prensa, lo negó. "No hubo vertido alguno en
el río, el gasóleo fue al sistema general y lo detectó la depuradora, que
ha sido el elemento clave para que el accidente no repercutiera en la salud
del Miño".
El problema, ahora, se centra en la supuesta
responsabilidad de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
dependiente del Ministerio de Fomento) y en detectar si hubo negligencia u
ocultación de los hechos al Ayuntamiento.
Tres días después de que el gobierno local
tuviera conocimiento del vertido, según insistió ayer el alcalde, el
socialista Francisco Rodríguez, las analíticas realizadas ponen de
manifiesto que no hay daño medioambiental. "La clave en todo esto es la
depuradora", señaló el conselleiro, advirtiendo que de su buen
funcionamiento depende que no se produzca contaminación. Vázquez anunció
que los lodos que se recogen en la depuradora serán traslados a la planta de
As Somozas "como se hizo con los del Prestige".
De momento, el agua que entra con la carga
contaminada "sale perfectamente limpia y todos los parámetros son de
absoluta normalidad y dan siempre cuatro veces por debajo del nivel que exige
la normativa", aseguró Vázquez.
Por su parte, el alcalde, que hace frente
estos días a la petición por parte de Adega de dimisión del concejal de
Medio Ambiente, Demetrio Espinosa, sostiene que han gestionado perfectamente
la crisis. Ayer insistió en que Adif informó del vertido el lunes por la mañana
y descartó la tesis de su socio nacionalista, que asegura que Adif rellenó
el depósito del fuel con 15.000 litros después de haber perdido 20.000 en
una primera fuga.
"Nosotros no tenemos constancia de eso,
pero Adif tendrá que demostrar si los depósitos están dentro de los parámetros
exigibles", puntualizó el regidor. Tanto él como Vázquez sostienen que
la Policía Local realizó una labor exhaustiva, "buscando desde el
viernes en 40.000 puntos de la ciudad" el foco que generaba el pestilente
olor en la orilla del Miño. "Tardamos un día y medio en
encontrarlo", indicaron.
Con la situación medioambiental
"absolutamente controlada", los servicios jurídicos del
Ayuntamiento han empezado a analizar las posibilidades de demandas a Adif
mientras Aquagest, la empresa concesionaria del servicio municipal del agua,
valora ya la inversión que está realizando y que tendrá que pagar también
el administrador ferroviario.
Respecto a las sanciones por supuesto delito
medioambiental que se le puedan imputar a los gestores del administrador
ferroviario, tanto el conselleiro como el comisario de la CHN fueron ayer explícitos:
"Ninguna, sólo el Ayuntamiento tiene potestad sancionadora", ya que
la Xunta sólo la contempla en el caso de que haya alteraciones biológicas,
"y no es el caso"; y la Confederación Hidrográfica, si hay
vertidos al Miño, "que tampoco es el caso".
Mientras la depuradora trabaja "el doble
de lo habitual" para garantizar la normalidad, el Partido Popular ha
anunciado que pedirá en el pleno de mañana que el Ayuntamiento reclame un
plan preventivo de vertidos a Renfe. El BNG acusa a Adif de ocultar información
y exigirá en el Senado y en el Parlamento gallego que se depuren
responsabilidades.
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27 LA VOZ DE GALICIA
29/04/2008
El
ADIF vierte 50.000 litros de gasoil a la red de alcantarillado de Ourense
La fuga se debió a la rotura de una conducción subterránea del tanque del que se abastecen los trenes
Miguel Ascón
La rotura de una conducción subterránea del tanque que el ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) utiliza para que los trenes reposten combustible en Ourense provocó el vertido de entre 50.000 y 55.000 litros de gasoil a la red de alcantarillado de la ciudad. La contaminación llegó a la depuradora y allí se ha controlado para evitar que el líquido acabe en el río Miño.
La situación fue detectada a primera hora de la mañana de ayer cuando un operario de Aquagest -entidad concesionaria de la depuradora- tomó una de las muestras con las que cada hora analiza la calidad del agua que entra en las instalaciones. En ese momento, el trabajador percibió un fuerte olor a gasoil y dio la alerta. Esta versión fue ofrecida ayer por el jefe de producción de la empresa, Luis Morón, y avalada por el alcalde socialista, Francisco Rodríguez, pero contrasta con la que dieron fuentes municipales del BNG, que indican que la Policía Local fue alertada ya el sábado de la entrada de gasoil en la depuradora. Según esas informaciones se habrían producido dos vertidos, uno de 25.000 y otro de 20.000 litros. Sin embargo, en un comunicado, el ADIF asegura que la fuga fue detectada el domingo y no antes. Aun siendo así, los hechos no fueron notificados al Concello, que localizó el origen del vertido después de buscarlo en gasolineras y otros puntos de la ciudad.
Cantidad «por determinar»
La cantidad exacta de combustible vertido aún se desconoce. El ADIF dice que parte del gasoil derramado quedó depositado en un foso del propio taller y otra parte «aún por determinar», según precisa, fue la que pasó directamente a la red de alcantarillado para acabar llegando a la depuradora. El concejal de Medio Ambiente, Demetrio Espinosa, indicó, no obstante, que las estimaciones facilitadas por la entidad responsable del vertido sitúan la cantidad de combustible entre 50.000 y 55.000 litros.
Controlado
El vertido, en principio, no ha llegado al río. Todos los análisis realizados hasta ahora por Aquagest así lo demostrarían, según informó ayer Luis Morón. Las medidas tomadas por la empresa para evitar que el combustible acabe en el río se basan en un proceso biológico de depuración más activo de lo habitual. «O que fixemos de maneira preventiva é incrementar o aporte de osíxeno para favorecer o desenvolvemento de novos organismos e que os existentes teñan maior aporte para oxidar mellor a materia orgánica. Tamén incrementouse a cantidade de microorganismos novos a recircular no proceso e estase extraendo gran parte do lodo directamente hacia os filtros para deshidratar», explicó el responsable de Aquagest.
En el caso de que se detecten incumplimientos en los parámetros que legalmente deben tener las aguas depuradas, Aquagest tiene preparado un plan que consistiría en el traslado de un nuevo cultivo de microorganismos desde alguna depuradora cercana. No obstante, tanto el delegado en Ourense de la Consellería de Medio Ambiente como el concejal responsable y el propio alcalde -todos ellos presentes ayer en el lugar- confían en que las medidas tomadas sean suficientes para evitar la contaminación del Miño.
Recogida de muestras para saber si la contaminación llegó al Miño, donde hay un fuerte olor
En cuanto se conoció el vertido, un grupo de agentes forestales de la Consellería de Medio Ambiente se desplazaron al Miño para tomar muestras y saber así si la contaminación ha llegado al río. Los análisis se harán desde mañana en el laboratorio que la Xunta tiene en A Coruña y los resultados se conocerán en aproximadamente una semana.
A pesar de la versión oficial, según la cual el vertido estaría controlado en la depuradora, ayer se percibía un fuerte olor a gasoil en el lugar donde remata la tubería que devuelve las aguas al río. Los propios agentes forestales comentaban en el momento de la toma de muestras que, teniendo en cuenta la cantidad de combustible que llegó a la depuradora y el funcionamiento deficiente de las propias instalaciones, es «seguro» que parte de la contaminación llegará al río.
Consecuencias
De ser así, las consecuencias podrían ser muy graves. La asociación ecologista Adega difundió ayer un comunicado en el que se asegura que el gasoil tendría una altísima toxicidad y volatilidad en caso de llegar al río. «Ao ter menor densidade que a auga estes compostos de hidrocarburos menos pesados como é o gasóleo quedarían nas beiras do río e irían matando non só a fauna piscícola, senón que tamén afectaría á vexetación de ribeira», dice el comunicado. Adega envió ayer a uno de sus expertos a la zona y en una primera inspección visual no se detectaron rastros de contaminación, aunque los vecinos le comunicaron que el olor es perceptible desde el sábado.
La empresa responsable del suceso descarta filtraciones en el suelo y garantiza el servicio ferroviario
Responsables del ADIF -entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento- visitaron ayer la depuradora de Ourense para conocer de primera mano las consecuencias del vertido procedente de uno de sus tanques de combustible, pero rechazaron hacer declaraciones y se remitieron al comunicado difundido con posterioridad, y en el que se asegura que el hecho de que el gasoil pasase directamente a la red de alcantarillado «ha evitado que la fuga ocasione otros daños y descartaría posibles filtraciones en el terreno colindante».
Desde el ADIF explican, además, que el tanque dispone de una doble canalización, lo que ha permitido cortar la fuga sin dejar de prestar el servicio a los trenes de Renfe que precisaban combustible. Los técnicos de la empresa, asegura el comunicado, se han puesto a disposición del Concello para resolver el problema.
Un informe alertó en el 2006 de las «proporciones alarmantes» de contaminantes de Renfe en el río
Un informe oficial del Ministerio de Medio Ambiente ya denunciaba en el año 2006 la existencia de contaminación química en «proporciones alarmantes» en el río Miño proveniente de los depósitos de Renfe. En ese documento se dice textualmente que «resulta lamentable que industrias de la propia Administración viertan residuos altamente contaminantes al río, cuando existen métodos para corregirlo».
El senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza registró ayer mismo una iniciativa parlamentaria en la que pregunta al Gobierno si tomó alguna medida desde la publicación de aquel informe para reducir los vertidos de los depósitos de Renfe. El nacionalista considera «injustificable y escandaloso que el ADIF no informase en ningún momento del vertido de tal magnitud» y reclama que se depuren responsabilidades.
Depuradora con deficiencias
Por otro lado, se da la circunstancia de que en el mismo informe del Ministerio de Medio Ambiente del año 2006 se recogen las deficiencias en la depuración de aguas en Ourense, circunstancia largamente denunciada por políticos y ecologistas. La estación depuradora donde ahora se pretende controlar el vertido de gasoil no tiene capacidad suficiente para tratar las aguas residuales de la capital ourensana, por lo que ya se había proyectado una ampliación. El rechazo vecinal a esta infraestructura ha retrasado las obras ya que el Concello decidió encargar un estudio de alternativas, aún sin finalizar, para buscar otras ubicaciones.
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28 EL PAÍS
2/05/2008
Las Cruces excavó
20 pozos pese a tener sólo permiso para tres
La firma anunció
ayer el sellado de los sondeos ilegales
JUAN MÉNDEZ - Sevilla -
La mina Cobre Las Cruces tenía autorización
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para excavar tan sólo
tres de la veintena de pozos de sondeo que se encontraron en el interior de la
corta de la mina que construye en los municipios sevillanos de Guillena,
Gerena y Salteras. La CHG anunció el martes la apertura de un expediente
sancionador a la compañía filial de la canadiense Inmet Mining tras
comprobar que el acuífero Niebla-Posadas había sido afectado por la
actividad extractiva.
La compañía procedió el pasado miércoles
a sellar los 20 sondeos de extracción de agua del acuífero que atraviesa el
yacimiento, como le exigió la CHG, y presentará el próximo martes un plan
de medidas para resolver las deficiencias del proyecto de preservación del
acuífero, imprescindible para iniciar la extracción de cobre de la mina
Cobre Las Cruces tenía permisos para
realizar solo tres sondeos en el interior de la corta en lugar de 20, al
objeto de recoger el agua que no fuera extraída por el sistema de drenaje y
reinyección periférico, previstos para salvaguardar de contaminación y de pérdida
de caudal el citado acuífero. Además estos tres sondeos autorizados no tenían
posibilidad de reinyección.
Al parecer, el problema que se ha suscitado
en el interior de la mina es que el agua que ha "escapado" a los
sistemas de drenaje periféricos es el doble de los cinco litros por segundo
que se tenía previsto extraer desde la corta con tres sondeos.
La CHG está ultimando un informe con las
deficiencias del plan aprobado para la gestión del acuífero. Fuentes de la
CHG han adelantado, a falta de las conclusiones definitivas, que el sistema
previsto está fallando, y que además de producirse pérdidas en el caudal
del acuífero, se han producido contaminaciones por los sondeos que han puesto
en contacto el agua con la bolsa de mineral pirítico.
Los responsables de Cobre las Cruces, por su
parte, insisten en que el sistema es aplicable y ha funcionado desde su
inicio, y presentarán el próximo martes a la CHG una batería de medidas técnicas
para mejorar el resultado de la gestión del agua.
La empresa minera de capital canadiense se ha
mostrado dispuesta ha colaborar con la CHG para implantar cuantas medidas
medioambientales sean necesarias para mantener la viabilidad del proyecto
minero. Minas las Cruces lleva invertidos ya más de 300 millones de euros de
los 480 millones del total previsto.
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29 PÚBLICO
30/04/2008
Una
mina próxima a Aznalcóllar comienza a afectar a un acuífero
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir multa a Las Cruces por realizar sondeos ilegales y revisa la autorización
OLIVIA CARBALLAR - Sevilla -
Diez kilómetros más allá y mucho antes del décimo aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar, los ecologistas avisaron de una nueva amenaza. Y tenían razón, una vez más. La mina Cobre Las Cruces, en Gerena (Sevilla), ha comenzado a contaminar el acuífero que la atraviesa al realizar 20 sondeos en el fondo de la corta. Estas perforaciones, además, son ilegales.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) está revisando la autorización concedida a la empresa que la gestiona, la canadiense Inmet Mining, y acaba de expedientarla por una falta muy grave. La sanción, aún no fijada, superará los 600.000 euros. “Es una medida preventiva, no es una situación grave, pues la cantidad de agua actualmente contaminada es insignificante”, aseguró ayer el presidente de la CHG, Francisco Tapia.
La empresa, que aún no ha comenzado a extraer mineral, debe paralizar inmediatamente las perforaciones para las que no tenía autorización. Si no lo hace antes de mañana, la CHG precintará la zona ese mismo día.
“La única solución para que el proyecto siga adelante es que la empresa presente un procedimiento alternativo”, afirmó Tapia. La empresa, en un comunicado, niega que su actividad haya afectado al acuífero y obvia que haya realizado sondeos sin permiso.
Cierre completo
¿Cumplirá una empresa que ya se ha saltado la ley? Los ecologistas ni lo dudan, dicen que no y por eso piden más: “No basta con paralizar el drenaje, hay que paralizar el proyecto en su totalidad porque hay muchas más irregularidades, como los vertidos al Guadalquivir; no hay que esperar a que se produzca una gran catástrofe, ahora que estamos a tiempo”, denunció el coordinador de Ecologistas en Acción-Sevilla, Isidoro Albarreal. Desde 2003, la organización ha llevado a los tribunales el proyecto de Las Cruces en siete ocasiones. Una de las denuncias, pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se refiere en concreto al sistema de inyección-drenaje.
Pérdida de agua
Este mecanismo fue impuesto como condición inexcusable para preservar el acuífero, ya que, para llegar hasta el mineral, hay que sobrepasarlo. “Ni se puede mermar la calidad del agua, ni se puede detraer más cantidad de la que se reinyecta”, explicó ayer el comisario de Aguas de la CHG, Javier Serrano. Y ni lo uno ni lo otro se está cumpliendo: aparte de la leve contaminación producida por los sondeos ilegales, los técnicos han comprobado un desequilibrio que supone una pérdida de unos 10 litros por segundo.
“Hemos abierto un proceso de revisión de la autorización a la mina, que finalizará en breve, puesto que acaba de cerrarse la fase de alegaciones de la empresa”, añadió Serrano. ¿Se clausurará la mina definitivamente? “Si no pudieran buscarse alternativas técnicas, se tapa el agujero y aquí no ha ocurrido nada; la mina no está en funcionamiento, no hay nada irreversible”. Nada que ver con el desastre de Aznalcóllar, insiste la CHG.
Justo en el décimo aniversario, hace sólo unos días, la Junta de Andalucía respondió sobre este mismo proyecto: “Cuenta con avales jamás vistos en Europa; además, no hay balsa; tenemos la experiencia de Aznalcóllar y no vamos a equivocarnos”.
Denuncias desde hace más de un año
Las advertencias de los ecologistas, como en el caso de Aznalcóllar, no son recientes. Hace un año, y tras una reunión con la CHG, Ecologistas en Acción pidió por escrito la “revocación” de la autorización y la “suspensión cautelar urgente por inminente peligro de daño irreversible” al acuífero Niebla-Posadas de todas las operaciones mineras. Un mes más tarde, y después de un segundo encuentro, la organización volvió a presentar por escrito sus reivindicaciones.
La respuesta no llegó. Y los ecologistas, hace poco más de un mes, emprendieron un contencioso administrativo “contra el silencio de la administración” y “contra el grave incumplimiento de la autorización del sistema de drenaje-inyección”. Hoy, volvieron a lamentar la actuación de las administraciones públicas y criticaron que, un año más tarde, siguen sin obtener información sobre el Plan de Contingencias obligatorio para caso de roturas. Ya dudan, incluso, de que exista.
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30 EL PAÍS
3/05/2008
TRIBUNA
La perversión de los ideales / 4
El casi siempre indecente emparejamiento de los más ricos con quien manda no
perdona país
JOSÉ VIDAL-BENEYTO
Éstos son tiempos de
confusión, de voracidad, de desvergüenza. En todos los ámbitos, muy en
primer lugar en el político y en el económico. Sólo existe el que gana. De
ahí que el casi siempre indecente emparejamiento de los más ricos con quien
manda no perdona país. Los tenéis en Francia todos apiñados en torno de
Sarkozy: Bolloré, Arnault, Lagardère, Pinault, Bouyghes. No falta nadie de
los que cuentan en esta ceremonia del glamour y del dinero que a todos
nos engorda, en esta celebración de esos microfascismos supervivientes que
son la especulación y el beneficio. Un poco a trasmano quedan las
desigualdades que matan: la falta de trabajo, la miseria, la cárcel, pero
sobre todo, el hambre. Pero es inútil, nos dicen, plantearse problemas en política
que no se pueden resolver, especialmente en democracia que es un régimen
definitivamente modesto, pragmático, para el que lo bueno coincide siempre
con lo posible. Este primado de la sola racionalidad de lo practicable,
contrafigura heredada de los desperfectos causados por la radicalidad de los
grandes planteamientos totalitarios de cualquier signo -fascismos y comunismos
en particular- tenía que traducirse en un rechazo de las ideologías mayores
que les sirvieron durante los últimos dos siglos de antecedente. Y lo han
hecho por el procedimiento más indoloro: la dilución. Que ha producido ese
pensamiento único en el que todos estamos y en el que nadie se reconoce. Un
producto blando, informe, absolutamente maleable, que puede justificar
cualquier cosa y borra las fronteras entre lo público y lo privado, el
gobierno y los negocios. Entre los que se establece una rentable circulación,
alimentada en España sobre todo por personalidades del PP como Rodrigo Rato,
Manuel Pizarro, Eduardo Zaplana, sin olvidar a su fundador José María Aznar,
hoy homme à tout faire del primer tycoon mundial de la
información, Robert Murdoch.
En paralelo a esta popularización divulgadora discurren dos procesos de mucho mayor calado, uno desde la posición liberal y otro desde la socialista que intentan reforzar sus respectivas opciones incorporando los elementos más valiosos de la otra que consideran compatibles con su propia identidad. Comenzando con el liberalismo social que tiene su gran arranque en John Stuart Mill que con su propuesta de un New Liberalism no sólo libró a la corriente liberal de los excesos de un individualismo extremo y estéril, sino que dotó de nuevas bases a la economía política y con su obstinada insistencia en asociar la libertad a la igualdad, abrió el camino a una nueva práctica de la democracia. Pionero en muchas cosas, en lo político postuló la extensión del sufragio en todos los ámbitos e impulsó las libertades locales promoviendo el mayor autogobierno posible. Luego acompañado por su mujer, Harriet Taylor, pionera militante feminista, luchó por la igualdad política y civil de los dos sexos y se movilizó en favor del movimiento obrero defendiendo la autoeducación de los trabajadores y la sustitución de la empresa capitalista por la organización cooperativa. Distinguiendo entre producción de riquezas y su distribución proponía introducir la asociación de trabajadores libres en la segunda para, mediante las cooperativas de distribución, reducir las injusticias sociales iniciales derivadas de la producción.
Por lo demás sólo recurriendo a la instrucción universal, a una aceptada limitación de los nacimientos y a una creciente participación de todos en los beneficios, podemos acercarnos al autogobierno económico. Pero quizá la aportación más importante y actual de Mill es su impugnación del productivismo y de los desastres medioambientales que produce con la autolimitación que propone, en la tercera edición de sus Principios de Economía Política (1871), en su cuadro "del estado estacionario" y en la estabilización del capital y la riqueza. Propuesta que le enfrenta totalmente a Hayek y a los neoliberales al uso y lo acerca a las teorías del decrecimiento de Georgescu-Roegen y a las tesis del estacionarismo de Daly. Thomas Hill Green y Leonard T. Hobhouse son los dos grandes compañeros de viaje de Mill en su ruptura con el liberalismo clásico y su justificación de una limitada pero imprescindible intervención del Estado. Green desde su cátedra en Oxford, apoyado en el neohegelianismo lanzó el nuevo credo con el sujeto como una noción abierta y comunitaria y con la libertad positiva como aquella que nos permite hacer algo útil para y con los demás. Hobhouse primer catedrático de Sociología de Londres y editorialista de The Guardian nos ofrece un repertorio de las libertades esenciales -libertad civil, personal, familiar, política, local, internacional, etcétera- todas encardinadas en torno de la libertad social que no es la de un individuo frente a la de los demás sino la que se realiza con y a través de ellos. La libertad de uno, sólo se cumple con la de todos los otros. Estamos en el cogollo del liberalismo social.
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31 PÚBLICO
1/05/2008
ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL PRESIDENTE DE PARAGUAY
Fernando
Lugo: "La prioridad es que los indígenas no sigan muriendo de
hambre"
El presidente electo de Paraguay revela a Público las claves que dirigirán la política de su futuro gobierno y anuncia que a partir de ahora el Estado será el único propietario de los recursos petrolíferos e hidráulicos del país
JOSÉ DAVID CARRACEDO - ASUNCIÓN -
Paraguay, socio pobre del Mercosur, y con poco más de seis millones y medio de habitantes, es un país eminentemente agrícola y una economía sumergida masiva. Sin embargo, también tiene petróleo y recursos hídricos cuya energía es vendida a un bajo precio que el próximo presidente del país, Fernando Lugo, propone multiplicar por siete.
Su victoria inaugura una nueva forma de hacer política en Paraguay.
Hay una ruptura con 60 años de gobierno del Partido Colorado. Una política basada en el nepotismo, la prebenda, el clientelismo. Ahora se ha impuesto el cambio, no solamente de persona, no solamente de partido como alternancia, sino un cambio estructural, un cambio de modelo de convivencia, un cambio de modelo social, de modelo de Estado, un cambio en la manera de hacer política.
¿Cómo incorpora de la metodología participativa de ‘Ñomongeta Guasu' (en idioma guaraní "la gran conversación con el pueblo") que le ayudó a ganar las elecciones?
Nosotros tenemos que seguir manteniendo abiertos todos los canales de comunicación con la ciudadanía. Las organizaciones sociales, campesinas, civiles, todas tendrán la posibilidad real de acceso y comunicación directa con las instituciones que, ahora sí, estarán al servicio de todos los paraguayos y no al servicio de un solo partido. Queremos gobernar para todo el país sin exclusiones.
Pero las instituciones mantienen su funcionamiento normal.
Por supuesto. La democracia es representativa y será participativa. Abriremos canales propicios para que esa participación se dé en la práctica y sea efectiva.
¿Cuáles serán sus prioridades?
Las que nos marcó la ciudadanía. Crearemos un plan similar al Hambre Cero de Brasil. Para agosto tenemos que garantizar alimentos para los indígenas del país. Que no sigan muriendo de hambre, que no sigan falleciendo por falta de atención médica. En salud tenemos un plan universal. Esperamos que en cinco años ningún paraguayo pueda sentirse excluido de la sanidad pública.
Defiende los derechos sociales, alimentación y la salud de la población indígena, pero ¿y sus derechos políticos?
Defendemos la autodeterminación de los pueblos guaranís. Hoy en día, ni siquiera son ciudadanos paraguayos, puesto que sólo lo son aquellos que figuran en el registro civil y la gran mayoría no están. Los pueblos indígenas tendrán toda la libertad de organización. Ya comenzó en Paraguay un movimiento político indígena que es irrenunciable, tiene que seguir. Ellos están en las raíces de nuestra propia nacionalidad.
Durante la campaña propuso la renegociación de los acuerdos de explotación de las presas de Yacyreta (con Argentina) y Itapú, que cubre el 25% del consumo eléctrico de Brasil.
Paraguay es un país energético, no solamente agrario. Estamos convencidos de que un precio justo de la energía puede revertir la situación económica del país.
¿Cuál es su modelo de gestión medioambiental?
La misma ley establece que los recursos naturales pertenecen al Gobierno paraguayo. Su explotación tiene varios caminos. Estatal, mixta o concesionaria, pero siempre temporal. En cualquier caso los recursos siempre pertenecerán al Estado. No podemos renunciar a su explotación, aunque puede que necesitemos capital privado para hacerlo de forma eficiente. No queremos monopolios ni creemos en la privatización total o en la estatalización total.
La reforma agraria fue uno de los caballos de batalla en la campaña electoral.
La reforma agraria es un reclamo del campo, donde hay más de 300.000 familias sin tierra. Comenzaremos con la elaboración de un catastro nacional de propiedades y consensuaremos un modelo de reforma agraria que no sea traumático ni violento, sino racional, equilibrado sobre el que todos los estamentos de la sociedad necesitan. Sabemos que no será fácil, pero tampoco imposible.
También ha planteado la posibilidad de una reforma constitucional para reformar el poder judicial.
Sí, la agenda del 2009 estará marcada por la reforma del poder judicial y la reforma constitucional. Son los dos ejes que marcarán la credibilidad del Estado y del Gobierno paraguayo. Y no se puede retrasar mucho tiempo.
Acaban de denunciar que durante el Gobierno del anterior presidente fueron asesinados 35 activistas campesinos y que más de 3.000 están en prisión. ¿Piensa revisar estos procesos y acabar con la impunidad política?
Sí. Sobre todo revisaremos aquellos procesos que judicializaron las luchas sociales y llevaron a campesinos y obreros a la cárcel. Deberán ser investigados puesto que fueron el apoyo de los gobiernos anteriores para atemorizar a los movimientos sociales e impedir los justos reclamos sobre la deuda social.
¿Qué opinión tiene del proceso de integración latinoamericano?
Todos los países estamos convencidos de que ninguno puede progresar de forma aislada. Nuestra prioridad es integrarnos en el marco del Mercosur y paralelamente ir trabajando en otros procesos comunes. El sueño de la patria grande, el sueño de un continente sin fronteras, el sueño de un continente más libre y soberano está en la mente de muchos gobiernos progresistas latinoamericanos.
Durante la campaña hubo acusaciones de infiltración chavista sus filas.
Hubo demasiados rumores absurdos. Dijeron que éramos de las FARC, vinculados a secuestros, financiados por Caracas y Quito...
¿Cuál será su relación con los países latinoamericanos?
Nosotros queremos tener relaciones fraternas con todos los países. Paraguay va a tener una política clara de defensa de la soberanía, de defensa de la independencia de los países. El mismo espíritu que hace 200 años nos movilizó para independizarnos de la corona española ahora se dirige hacia todo tipo de imperialismo, hacia otra forma de intromisión en los asuntos internos de cada país. El principio de autodeterminación de los pueblos orienta hoy nuestra política nacional e internacional.
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32
Salvemos al Tren
30
de abril de 2008
Una
obra que acumula cuestionamientos
Antonio
Rossi
Nacido
en 2006 y adjudicado en los primeros días de 2008, el Tren Bala pasó a ser
una obra emblemática para la administración kirchnerista. Más allá del
discurso oficial, la obra acumula cuestionamientos:
1.
> Licitación
El
primer aspecto polémico que se plantea gira en torno al mecanismo licitatorio
que utilizó el Gobierno para seleccionar al constructor . Para acortar los
plazos, se adoptó un esquema que está a mitad de camino entre una licitación
pública tradicional y una obra por iniciativa privada.
El
Gobierno salió directamente a contratar la realización de un "proyecto
integral llave en mano", con lo cual dejó en manos de los oferentes
privados la ejecución de todos los anteproyectos, los estudios ambientales y
de ingeniería, la electrificación, las obras de infraestructura y la provisión
de los trenes.
A
diferencia de las grandes obras de infraestructura que se hicieron hasta
ahora, en este caso el Estado no realizó un estudio previo, sino que fue
dando pautas generales para que los oferentes armen sus propuestas con sus
propios relevamientos.
2.
> Precio
Por
diferencias de criterios y falta de precisiones oficiales, el costo de la obra
ha sido motivo de una marcada controversia. Para la licitación, el Gobierno
estableció un presupuesto de referencia de US$ 1.350 millones y una fórmula
especial para cuantificar las ofertas. Tomó el criterio del "valor
actualizado" (VA), que simula el pago total de la obra por adelantado.
Con ese esquema, la oferta del consorcio liderado por Alstom alcanzó un VA de
US$ 1.320,5 millones.
Al
agregarse los costos de financiación a 30 años, los impuestos no incluidos
en el VA, las variaciones del euro y las obras adicionales; el costo total del
proyecto trepó ahora a US$ 3.900 millones.
Pero,
como toda obra que demanda varios años, el precio final aún puede seguir
subiendo por los contratiempos en los trabajos.
3.
> Financiación
La
obra se ejecutará con una "atípica ingeniera financiera", donde
estará en juego un crédito a largo plazo y una garantía especial que será
la entrega de títulos públicos. Más que una garantía, para varios
analistas la emisión de bonos que se llevará el banco financista representa
una "certeza plena" de la devolución del préstamo.
El
crédito del banco Natixis será a 30 años de plazo, con un período de
gracia de 7 años y con una tasa en dólares de 10%. Como garantía del préstamo,
que se irá desembolsando en forma gradual de acuerdo con el avance de las
obras, el banco recibirá una emisión de bonos por los mismos montos y
plazos. El banco -que será el "agente colocador", cobrando una
comisión del 4% del total- podrá vender los bonos o retenerlos.
4.
> Prioridades
Las
críticas más fuertes de la oposición y de los especialistas en transporte
apuntan a que el país tiene otras prioridades más urgentes para resolver en
materia de servicios ferroviarios. Uno de los reclamos tiene como eje el
deficitario panorama que presentan los ferrocarriles metropolitanos por la
falta de inversiones. Otro punto negativo se observa en el pésimo estado de
las redes de cargas que impide la rehabilitación de los trenes de pasajeros
al interior. Con el monto en juego, se podrían electrificar todas las líneas
urbanas, poner en condiciones los principales corredores y reactivar los
servicios de cargas y pasajeros en la mayoría de las provincias.
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33
AMBIENTE-AL
Abril
de 2008
LA
NUEVA CONSTITUCION EN BOLIVIA Y LA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES
Nueva
Constitución Política del Estado y Estatuto Autonómico: La gestión de los
recursos naturales
Cecilia
Chacón
Los
últimos años hemos presenciado la crisis del paradigma de desarrollo
occidental que se manifiesta en el creciente deterioro ambiental y el
agotamiento de los recursos naturales que no tienen la capacidad de renovación
que el modelo productivo y el estándar de consumo de las sociedades “más
desarrolladas” requieren para mantenerse.
Sequías,
inundaciones, huracanes, terremotos, epidemias, hambrunas y otros desastres
están alterando la vida en el planeta, cientos de miles de personas han
muerto e innumerables especies de fauna y flora están en peligro de extinción
o ya han desaparecido ante nuestra pasible mirada, mientras que las medidas
que proponen algunos ambientalistas, gobiernos, empresas e incluso religiones
no llegan a ser efectivas ante las dimensiones del problema.
En
este escenario global, Bolivia ingresa en un proceso de reconfiguración del
Estado y de las relaciones sociales existentes a través de dos procesos: la
Asamblea Constituyente y las Autonomías departamentales, dos modelos que
proponen a la población transformar la gestión ambiental y de los recursos
naturales con el objetivo de mejorar la vida de los bolivianos y bolivianas y
conservar y proteger el ambiente de una manera más efectiva.
Por
ello el presente artículo presenta una breve introducción sobre el estado de
la legislación ambiental vigente y luego el régimen de los recursos
naturales en la Constitución Política del Estado vigente, confrontándola
con las propuestas de la Nueva Constitución y el Estatuto Autonómico
extrayendo en las reflexiones finales algunos elementos esenciales a partir de
los cuales debería iniciarse un trabajo de compatibilización de ambos
proyectos.
Legislación
vigente sobre gestión ambiental y recursos naturales
En
las décadas del ochenta y noventa el gobierno no tiene una política propia
que oriente el desarrollo normativo ambiental, así que se adoptan fácilmente
los lineamientos emanados de las políticas internacionales en la materia.
La
ausencia de un enfoque holístico en la normativa vigente, ha generado cruces,
obsolescencias y contradicciones que incrementan la dificultad de su aplicación
efectiva, en general se puede decir que gran parte de la legislación
ambiental y de gestión de los recursos naturales se ha caracterizado por:
•
Desarrollo normativo de vanguardia (tratados, leyes y decretos); pero
deficiente efectividad en su aplicación.
•
La sectorialización y el descuido en el tratamiento de principios y leyes
fundamentales para la gestión de los recursos, generando grandes vacíos.
•
La fragmentación de la institucionalidad y su constante transformación
generando permanentes conflictos en materia de competencias, superposición de
derechos de uso y acceso a los recursos, etc.
•
Incipiente desarrollo de capacidades técnicoadministrativas a nivel local y
departamental (GMs y prefecturas), para garantizar una adecuada implementación
de la norma. Haciéndose imprescindible el rediseño de la descentralización
de manera más integral y en mayor sintonía con la organización tradicional
de los pueblos.
•
Ausencia de diseños de mecanismos de participación colectiva e individual en
instancias de elaboración de políticas, administración o regulación.
Existiendo cada vez mayor demanda por participación social efectiva que
permita el desarrollo de políticas, normas e instituciones con legitimidad y
eficacia.
Este
desarrollo de la legislación ambiental boliviana obedece entre otras razones
al modelo de Estado liberal que redujo el rol de éste a simple regulador de
la iniciativa privada dejando en manos del mercado y sus leyes el acceso a los
recursos, su aprovechamiento y distribución; dando origen a políticas de
sectorialización y descentralización que no sólo limitan las actividades
del Estadonormador sino también terminan por debilitarlo en el transcurso del
“achicamiento” del aparato estatal, perdiendo capacidades de planificación,
ejecución, administración y de control. Estas medidas no consiguieron
mejorar las condiciones de vida de la población mas vulnerable, al contrario
generaron un acelerado deterioro ambiental y mayor pobreza y desigualdad
social.
Es
así que, a partir de la “Guerra del Agua” (2000), la “Guerra del Gas”
(2003) el modelo es fuertemente interpelado por organizaciones sociales, indígenas
y sociedad civil quienes en su mayoría se estructuran alrededor de la
consigna de la defensa y recuperación de los recursos naturales para
beneficio de toda la población.
Estos
movimientos están en contra de la “apropiación privada” de los recursos
naturales que pertenecen al pueblo boliviano y plantean la universalización
del acceso a estos y a los servicios producidos con ellos, la participación
en la toma de decisiones sobre su gestión; y finalmente la distribución
equitativa de las utilidades que generan en beneficio de todos y todas los
bolivianos y bolivianas.
En
ésta lógica el actual gobierno plantea un cambio de orientación en el
paradigma de desarrollo: el “sumaqamaña” o “vivir bien”, que propone
la búsqueda de un estado de bienestar integral del ser humano tomando en
cuenta no sólo los aspectos objetivos sino también los subjetivos, rompiendo
con los modelos de desarrollo tradicionales basados en la acumulación
material, el crecimiento económico y el bienestar hedonista del individuo;
por el contrario se propone construir una relación armónica del ser humano
con su comunidad y de ésta con su medio a través de una relación mutuamente
complementaria que excluye la posibilidad de bienestar de uno sin los otros.
Sin
embargo, en el marco de ésta cosmovisión no se ha llegado aún ha proponer
la transformación de los patrones productivos ni de consumo; si bien el Plan
Nacional de Desarrollo desglosa la proposición del “vivir bien” las políticas
en materia de gestión de recursos naturales, desarrollo energético, etc.
continúan en función de una visión económica orientada al crecimiento
cuantitativo.
La
necesidad de renovación del pacto social y la repercusión de estas demandas
desembocan en la realización de la Asamblea Constituyente con el desafío de
diseñar a través de una nueva Constitución Política del Estado (CPE) un
modelo de Estado capaz de incorporar y permitir el desarrollo de las diversas
expectativas y proyectos sociales en el marco de la integridad del país.
Por
lo indicado, el tratamiento de los recursos naturales en las propuestas de
nueva Constitución Política del Estado y de Estatuto Autonómico del
departamento de Santa Cruz (el único presentado oficialmente hasta la fecha),
a fin de ser legítimos y sostenibles deben recuperar estas demandas y ser
capaces de articularse entre sí.
La
Constitución Política del Estado vigente incorpora el tratamiento de los
recursos naturales en la tercera parte de regimenes especiales dentro el Régimen
Económico y Financiero y en el Régimen Agrario y Campesino.
Los
artículos 132, 133, 134 parágrafo II y 136 constituyen toda una visión de
organización económica que responda “a principios de justicia social”
que se coloca por encima de los derechos individuales (Dermizaky,1996: 450) y
de desarrollo nacional que asegure “para todos los habitantes, una
existencia digna del ser humano”; en función de una política de gestión
de los recursos naturales y bienes nacionales orientada al “desarrollo del
país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y
humanos”.
La
CPE Determina el “dominio originario del Estado” sobre los recursos
naturales o bienes nacionales y que son todos aquellos a los que “la ley les
da esa calidad” y también “el suelo y subsuelo con todas sus riquezas
naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los
elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento”.
En
cuanto a los recursos minerales y yacimientos de hidrocarburos los artículos
137, 138, 139 y 140 reconocen a “los grupos mineros nacionalizados como una
de las bases para el desarrollo y diversificación de la economía del país,
no pudiendo aquellos ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas
privadas por ningún título” y en lo que respecta a hidrocarburos reza:
“…son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado.
Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos
de hidrocarburos. La exploración, explotación, corresponden al Estado. Este
derecho lo ejercerá mediante autoridades autárquicas o a través de
concesiones y contratos por tiempo limitado…” permitiendo así la entrega
de derecho de uso, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales a
personas privadas, naturales y colectivas.
El
Art. 165 establece que las tierras son de “dominio originario de la nación”
y que “corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución
de la propiedad agraria” y el Art. 170 prevé que la explotación de
recursos naturales renovables será regulada por el Estado precautelando su
conservación e incremento.
Una
de las medidas más progresistas que recoge el actual texto constitucional está
en el Art. 171 que reconoce, respeta y protege “los derechos sociales, económicos
y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio
nacional” en particular los relativos a sus tierras comunitarias de origen y
el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, además del
reconocimiento de sus autoridades y formas naturales de organización
administrativa y jurídica, siempre que no sean contrarias a la Constitución
y las leyes.
La
propuesta de Nueva Constitución Política del Estado
La
propuesta de nuevo texto constitucional que irá en consulta vía referéndum
en las siguientes semanas dispone lo siguiente para la gestión de los
recursos naturales:
Define
la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos naturales y delega su
administración al Estado (Arts. 310 y 349 parágrafo I, 357, 359, 372, 396),
quien ejercerá el control de los procesos productivos y la industrialización
de éstos ( Art. 351, 354, 356, 369, 370, 372, 375, 376, 377, 379, 386), en
particular los no renovables (Art. 356, 360) “en el marco del respeto y
protección al medioambiente” promoviendo políticas de redistribución de
la riqueza entre la población. (Arts. 316, 319, 378, 381, 382, 383).
Reconoce
el derecho de acceso de las personas al agua (Arts. 16, 373), y a los
servicios públicos (Art.20, 378) y reconoce, respeta y otorga derechos
propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de
uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales (Arts. 349 parágrafo II,
358, 388, 393, 394), el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y
equilibrado (Arts. 33 y 343) haciéndolos imprescriptibles y se constituye en
deber del Estado y de todos y todas los bolivianos y bolivianas su protección,
defensa y uso sustentable (Arts. 109 inc. 14,15 y 16, 342, 346, 347, 380,
387).
Incorpora
la figura de gestión participativa y control social en la gestión ambiental,
que comprende a los Recursos Naturales además respetando los usos y
costumbres de los pueblos indígena originario campesinos (Art. 345, 374, 385,
388).
El
nuevo texto contempla también la participación social y en particular la indígena
en los beneficios generados por el aprovechamiento y explotación de los
recursos naturales (Art. 353, 355, 368).
En
concordancia con los Arts. 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 130907 se reconoce la autonomía
indígena (Arts. 290 al 297 y 305), y el derecho de los pueblos indígenas a
su territorio (Art. 402); sin embargo se limita la obligación de la consulta
previa que debe realizar el Estado respecto a la explotación de recursos en
su territorio a los recursos naturales NO renovables (Art.30), pero el Art.
352 establece la obligación de consulta a toda la población es una
contradicción que debe resolverse de lo contrario se estaría contraviniendo
los Arts. 6 inc., a), 7, 13, 15 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes de 270689 y Art. 19, 26 ,32 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 130907.
Se
crea un la jurisdicción agroambiental para el conocimiento y resolución de
las acciones relacionadas con los recursos naturales (Arts. 187 al 190).
El
Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la
propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones
y pueblos indígena (Arts. 101, 103).
El
nuevo texto constitucional hace un tratamiento particular de la Biodiversidad,
Recursos forestales, hidrocarburos, minería, tierras e incluso de la Amazonía
(Arts. 390 al 392) bajo los lineamientos generales precedentes. Todo ello se
puede resumir en la propuesta de un Estado plurinacional que administra a
nombre del pueblo los recursos naturales, priorizando su aprovechamiento y
utilización con la finalidad de generar riqueza. En este modelo, el Estado
desempeña un papel relevante como guardián y protector de los recursos,
promotor de su industrialización y conductor de la economía y los procesos
productivos, finalizando el circuito como garante de la redistribución justa
de los ingresos derivados de la explotación, aprovechamiento y uso de los
recursos naturales entre la población boliviana y en particular los pueblos
indígena originario campesinos.
Estatutos
Autonómicos: el caso de Santa Cruz
La
necesidad de profundización de la democracia abriendo escenarios a la
participación social directa, la desconcentración y descentralización de
competencias y recursos ha llevado a la demanda de las autonomías
departamentales legitimada mediante el Referéndum Vinculante a la Asamblea
Constituyente llevado a cabo el 2 de julio de 2006 y que en estos días ha
llevado a la presentación de la propuesta de Estatuto Autonómico del
departamento de Santa Cruz.
La
propuesta autonómica en materia de recursos naturales tiene las siguientes
características:
El
Gobierno Departamental tiene competencia exclusiva para ejercer la
“potestad” legislativa, reglamentaria y ejecutiva en las siguientes
materias: tierra, suelos forestales y bosques, aprovechamiento forestal, áreas
protegidas, medio ambiente y equilibrio ecológico en la producción de bienes
y servicios, uso sostenible de la diversidad biológica departamental y
biotecnología, aprovechamiento hidráulico, hídrico e hidrológico, canales,
regadíos, aguas minerales y termales, de interés departamental,
autorizaciones, licencias y derechos para la provisión de los servicios que
se desarrollen en el ámbito de su jurisdicción, caza y pesca, control del
uso y asignación del espectro electromagnético departamental, entre otras
(art. 6). La Asamblea Legislativa aprobará una Ley del Medio Ambiente para
regular todas las actividades de producción de bienes y servicios (Art. 93).
El
Estatuto crea dos regímenes de gestión para recursos naturales renovables,
uno y el otro para los no renovables.
Los
recursos naturales renovables son de propiedad del Gobierno Departamental (
ejercicio del derecho de disposición Art. 86 y 102); y garantiza el acceso
“equitativo y democrático” a todo los bolivianos a través de la otorgación
de “derechos” sujetos al manejo sostenible o preservación (Art. 89,
103,105, 108, 110, 111) y en el caso de la tierra al cumplimiento de la función
social y función económicosocial.
La
gestión de los recursos naturales tiene la finalidad de proteger y mejorar la
calidad de vida de la población en el tiempo “promoviendo la
responsabilidad social y la solidaridad colectiva” (Art. 86) El “ejecutivo
departamental”, es el rector de las políticas y de la promoción del
desarrollo productivo y sostenible (Art. 94) otorgando incentivos financieros
y tributarios al uso sostenible de los recursos naturales y la producción con
valor agregado Ej: proyectos de ecoturismo, innovación genética pecuaria y
de semillas, rehabilitación de tierras, etc. (Art. 97 y 98).
La
gestión de los recursos naturales y por consiguiente la definición de las
políticas para el aprovechamiento, conservación, protección y preservación
de los recursos naturales es competencia del Gobierno Departamental (Art. 87)
debiendo aprovecharlos sólo en condiciones de sostenibilidad y sin dañar el
medio ambiente (Art. 88) para ello elaborará el Plan de Ordenamiento
Territorial y el Plan de Uso del Suelo como instrumentos de planificación(Art.
101) y promoverá la educación ambiental (Art. 91).
Las
Áreas Protegidas y otras unidades de conservación en el departamento son de
utilidad pública y es prioridad y responsabilidad del gobierno departamental
su administración y de cada habitante su conservación (Art. 90 parágrafo
II). Es de interés departamental su conservación y restauración para
“garantizar los servicios ambientales que brindan…en un régimen donde los
beneficiarios de los servicios ambientales contribuyan económicamente para su
sostenibilidad” (Art. 90 parágrafo I).
Los
pueblos indígenas gozan de autonomía de gestión “para el aprovechamiento
sostenible” de los recursos en sus comunidades y tierras comunitarias de
origen (TCO) “en concordancia con las políticas ambientales de carácter
departamental y municipal” y en respeto de sus usos y costumbres. (Art. 92)
el Gobierno departamental fomentará “la generación de actividades
productivas sostenibles en las TCO para generar “condiciones óptimas para
su desarrollo con identidad y la preservación de su cultura y forma de
vida” (Art. 99).
En
materia de Recursos naturales no renovables el ejecutivo departamental se
encargará del seguimiento, desarrollo normativo, elaboración de políticas
departamentales sectoriales, promoción de la prospección minera (Art. 119),
industrialización y fiscalización (Arts. 113, 114, 118, 120) de la producción
de hidrocarburos y de la explotación minera velando por el pago de las regalías
e impuestos que correspondan, además podrá asociarse con empresas públicas
y privadas para la ejecución de proyectos específicos (Arts. 115,120 y 121).
Como
se puede apreciar se propone un modelo de gestión de los recursos naturales
basado en la propiedad local, favorece la administración privada de los
recursos para generar ingresos, el gobierno departamental es protagonista en
la definición de políticas y medidas de incentivo para el aprovechamiento e
industrialización de éstos pero no de forma directa salvo en el caso de los
recursos naturales no renovables en que se abre esta posibilidad.
En
cuanto a la gestión esta es centralizada en el gobierno departamental, no hay
políticas de participación social, tampoco de participación en la
redistribución de ingresos producto del aprovechamiento de los recursos
naturales a nivel intra e interdepartamental aplicando el principio de
solidaridad, más bien se redistribuye el costo de la conservación de los
“servicios ambientales”, no quedan muy claros los principios y objetivos
de la gestión de los recursos naturales, sino mas bien la forma de su
administración.
En
cuanto a los pueblos indígenas el régimen que se les asigna es muy
restrictivo en el marco de los avances internacionales y nacionales a la fecha
en relación a la autonomía de gestión de su territorio, la ampliación de
éste, derecho a la consulta, participación en la elaboración de políticas,
etc.
Reflexiones
finales
Las
propuestas se explican por sí mismas y cualquier abundancia en intentos de
explicación puede caer en la subjetividad y no ser propositiva, por ello se
plantea que se deben compatibilizar estas propuestas partiendo de ciertos
elementos esenciales identificados a partir de los procesos vividos, estos
componentes se dividen en cuatro ejes que pueden orientar la discusión y se
proponen en la matriz inferior.
Si
bien es cierto que el momento que atraviesa el país es complejo por la
polarización que se vive, agravada por la intolerancia que generan
enfrentamientos violentos que amenazan repetirse de no encontrarse espacios de
análisis y discusión democrática que permitan una salida concertada y pacífica.
No menos cierto es que la “propiedad” y la gestión de los recursos
naturales son un punto neurálgico en la dinámica política, económica y
social del país, por todo ello el gobierno nacional y las prefecturas
autonomistas debieran revisar sus propuestas con el propósito de armonizarlas
en los elementos esenciales que le den unidad en el marco del Estado y
reconozca la diversidad en el marco de los regimenes autonómicos.
La
conjunción de estas dos propuestas debe contemplar además de la participación
de las instituciones públicas la de los agentes cívicos, sociales y expertos
articulados alrededor de una agenda de trabajo con un objetivo común: reducir
los conflictos entorno a la gestión de los recursos naturales y la
biodiversidad garantizando el aprovechamiento, cuidado y recuperación de los
recursos de forma que su gestión sea democrática y beneficie a la población
boliviana, tomando como punto de partida las lecciones históricas y los
procesos que nos han puesto en este momento decisivo para el futuro de
Bolivia.
Publicado
en Bolpress.
Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.
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Estado,
participación y control social para el desarrollo sostenible
Ambiente
y recursos naturales en la propuesta de Constitución Política del Estado de
Bolivia [1]
Carlos
Crespo
El
presente texto tiene el propósito de analizar los contenidos, alcances y
orientaciones del tema ambiental y recursos naturales, del proyecto de
Constitución Política del Estado, aprobada por la Asamblea Constituyente [2]
en diciembre 2007. En esa empresa, continúo el trabajo de Chacón (2007), con
la diferencia que la entrada del estudio no es una perspectiva jurídico-institucional,
como el trabajo de Chacón, sino de ecología política.
Se
argumenta que el proyecto constitucional se orienta por el enfoque del
desarrollo sostenible, hoy discurso dominante en la gestión de los recursos
naturales (RRNN) y el medio ambiente. Se identifican sus aspectos críticos y
los riesgos que supone para el país. Asimismo, se muestra el creciente rol
del Estado y la participación y control social, como dispositivos funcionales
al enfoque del desarrollo sostenible, orientados a promover una política
extractivista de los RRNN, conjuncionada con una participación privada en
sectores fundamentales de la economía, que no asume los costos ambientales de
sus actividades. En el contexto de la identidad corrupta del Estado, la
vigencia de prácticas no democráticas de las organizaciones sociales, y
tomando en cuenta experiencias previas, se muestran los riesgos de expandir y
legitimar tales prácticas al conjunto de la sociedad boliviana. Finalmente,
la introducción de enfoques y conceptos provenientes del lenguajes de
expertos y técnicos, como el desarrollo sostenible, evidencia que el proyecto
de CPE fue elaborado bajo tutela de los llamados “intelectuales orgánicos”
vinculados con la Asamblea Constituyente, antes que desde el imaginario
campesino/indígena [3].
El
texto está dividido en tres acápites; en el primero se analiza el
funcionamiento de las lecturas dominantes del desarrollo sostenible,
legitimando políticas extractivistas, consumistas de los RRNN y sus
servicios, y se dan evidencias de la presencia central de este enfoque en el
proyecto de constitución, con los riesgos que ello supone. En la segunda
parte, se destaca la identidad corrupta del Estado boliviano, y se analiza los
efectos que puede tener la creciente presencia del Estado en el texto
constitucional para la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.
Finalmente se considera la problemática de la participación y control social
como pilar del desarrollo sostenible, en el texto constitucional, discutido en
el contexto del debate acerca de la cultura democrática en las organizaciones
y movimientos sociales en el país.
1.
El desarrollo sostenible: fundamento del proyecto constitucional
El
discurso del desarrollo sostenible tiene su origen en la famosa definición
del Informe Brundtland (1987): “satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Este concepto sintetiza el
llamado enfoque de la sustentabilidad, dentro los diversos discursos del medio
ambiente (Dryzek, 1997), y desde la cumbre de Rio 92, transformado en
dominante. Un aspecto fundamental del concepto es el esfuerzo por articular
crecimiento económico y conservación ambiental y de los recursos naturales
(RRNN), asumiendo que es posible mantener el actual estilo de vida
productivista, consumista, extractivista, polucionante y desigual, y al mismo
tiempo aprovechar racionalmente los RRNN y sus servicios, además de manejar
las “externalidades” generadas. Este argumento, promovido por el
capitalismo global, desconoce los límites ecológicos de la economía: hay límites
establecidos por la naturaleza que no pueden ser sobrepasados (Daly, et. al,
1997), a riesgo de poner en riesgo la vida misma; por tanto, a diferencia de
lo que cree el desarrollo sostenible, no es posible el crecimiento indefinido.
De esta manera, este enfoque opera como un discurso que legitima el actual
proceso de mercantilización de la naturaleza y sus servicios (esto es, su
privatización y/o su articulación a la disciplina del mercado),
proporcionando una imagen “verde” a su funcionamiento.
En
países en desarrollo como Bolivia, articulados al capitalismo global como
exportadores de RRNN estratégicos, desde el neoliberalismo se introdujo el
enfoque del desarrollo sostenible como fundamento de lógicas extractivistas,
con rótulo de “sustentable”, ignorando los derechos, tanto de las
comunidades locales, particularmente indígenas, como los de la naturaleza
misma.
Este
preámbulo viene a propósito de la definición del Art. 9, de fines y
funciones esenciales del Estado, en la propuesta de Constitución Política
del Estado, aprobada en la Asamblea Constituyente y que presumiblemente será
puesta a consideración de la sociedad boliviana en el referéndum:
“Promover
y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos
naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del
fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles,
así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las
generaciones actuales y futuras”.
Es
decir, la propuesta de CPE se funda en el enfoque del desarrollo sostenible, y
sus alcances aparecen a lo largo de la propuesta de texto constitucional:
desde el deber de las FFAA de promover “el desarrollo integral y
sostenible” en las fronteras (Art. 266), o el artículo 346 acerca de
considerar el patrimonio natural como parte del desarrollo sustentable, hasta
el artículo 391 referido a la priorización del “desarrollo integral
sustentable de la amazonía boliviana [4]”, o los artículos 404-408 sobre
“desarrollo rural integral sustentable”.
Pero,
la apuesta por el desarrollo sostenible reproduce otro aspecto crítico del
concepto, su aparente ambigüedad (Guimaraes, 1994). Liberales de mercado e
impulsores de una mayor presencia del Estado en la gestión ambiental y de los
RRNN, corporaciones y ambientalistas, leen a su manera el contenido de los
alcances del desarrollo sostenible. Pero, esta ambigüedad solo es útil para
legitimar las actividades económicas extractivistas, polucionantes y
promotoras de una distribución ecológica inequitativa.
En
la definición arriba mencionada, surge la pregunta cuál el significado de
“aprovechamiento responsable… de los recursos naturales”? El Art. 109,
de deberes de los bolivianos habla de contribuir al “uso sustentable” de
los RRNN, así como de la protección y defensa de “un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de los seres vivos”: cómo se mide el
“aprovechamiento responsable”? que significa “uso sustentable” o
“medio ambiente adecuado”? quien define y como entendemos los bolivianos
estos términos del texto constitucional? no lo dicen, pero se asume que el
camino es vía industrialización (Art. 9º), con todos los efectos perversos
que ello supone.
En
las deliberaciones de la CPE, los constituyentes, menos el pueblo boliviano,
discutieron, mucho peor ponerse de acuerdo, en la definición, alcances, límites
de la sustentabilidad y otros términos ambiguos como “medio ambiente
adecuado”, “uso sustentable”, “aprovechamiento responsable”. Al no
ser definidos y valorados democráticamente se impuso la interpretación
dominante, es decir aquella que articula optimistamente crecimiento y
conservación, como hemos visto arriba. La importancia de una valoración
democrática de los RRNN y el medio ambiente, es fundamental si tomamos en
cuenta que ambos son inconmensurables, como ha demostrado la economía ecológica
(Martínez Alier, 2001); es decir, “inconmensurabilidad significa que no hay
una unidad común de medida, pero no significa que no podamos comparar
decisiones alternativas sobre una base racional, sobre diferentes escalas de
valores, como se hace en la evaluación multicriterial” (Martínez Alier,
1998:115). Esto significa que en espacios de deliberación pública, los
bolivianos debían buscar, diría Martínez Alier,”… alcanzar una decisión
racional a través de una discusión verbal, dando pesos implícitos a tales
criterios” (Ídem, 116). Es decir, una suerte de argumento habermasiano de
la racionalidad comunicativa [5]. Pero, la asamblea constituyente ni siquiera
siguió este ideal democrático liberal, donde los bolivianos se ponen de
acuerdo, recuperando la diversidad de criterios existentes, respecto al valor
del medio ambiente y los RRNN, y los límites ecológicos del desarrollo.
Probablemente ahí los indígenas podían canalizar sus criterios y
valoraciones de la naturaleza, pero no sucedió aquello, simplemente, a nombre
del desarrollo sostenible, se impuso un enfoque crematístico de la economía
en su relación con la naturaleza y sus servicios.
Paso
a analizar los principios y orientaciones de la gestión ambiental, para hacer
posible el rostro conservacionista del desarrollo sostenible. Los más
importantes son el control y participación social, por un lado, y un mayor
rol del Estado, por otro, temas que profundizaré luego. Pero existen otros,
como aplicar un enfoque liberal de derechos ambientales, por el cual
"cualquier persona, a titulo individual o en representación de una
colectividad, esta facultada para ejercitar las acciones legales en defensa
del derecho al medio ambiente…” (Art. 34). Específicamente, según la
propuesta de CPE, las políticas de gestión ambiental se basarán en los
“la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental, y el
control de calidad ambiental”, además de aplicar el principio de “el que
contamina paga” (Art. 345). Eso es todo, lo clásico, aplicado por
neoliberales y keynesianos los últimos 40 años, con el resultado que
conocemos: la crisis ambiental global. Pero, la aplicación de instrumentos de
gestión ambiental orientados a aplicar los límites ecológicos para las
actividades económicas como criterio fundamental de sustentabilidad (entre
ellas menciono principios precautorios y de incertidumbre, indicadores biofísicos
de sustentabilidad, valoración multicriterio), nada.
2.
Mas Estado, pero con participación privada en la explotación de RRNN
Como
he sostenido en textos anteriores, históricamente en Bolivia la corrupción
no ha operado como una “externalidad” (para usar la jerga economista), o
efecto no deseado del funcionamiento estatal, sino que es parte de su
identidad, y atraviesa el cuerpo social (Crespo, 2007); el Estado boliviano se
reproduce gracias a la corrupción, y constituye un obstáculo fundamental a
cualquier posibilidad de transformación o modernización estatal.
Este
aspecto toma relevancia en la medida que el otro pilar de la propuesta
aprobada por la Asamblea Constituyente es una fuerte presencia del Estado en
la gestión de los RRNN y el medio ambiente: “Es deber del Estado y de la
población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos
naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio
ambiente” (Art. 342). A diferencia del periodo neoliberal, donde el marco
legal e institucional ambiental estaba pensado para facilitar la participación
privada en las actividades económicas, hoy asistimos a un nuevo protagonismo
estatal. Este es un Estado que regula, conserva, protege, gestiona, planifica,
pero también aprovecha el patrimonio natural.
Pero,
que medidas propone el proyecto de texto constitucional para enfrentar la
corrupción? Fundamentalmente mayor participación social, aspecto sobre el
cual vuelvo luego, además de la transparencia como valor que sustenta al
Estado (Art. 8), término no definido en sus alcances y objetivos, y por tanto
sujeto a la interpretación de los poderes dominantes. Al respecto Soto (2006)
propuso incluir el acceso a la información, la rendición de cuentas y la
imprescriptibilidad de delitos, como ámbitos de la transparencia, yo añadiría
la rotación de cargos, pero sobre los cuales el proyecto de constitución no
ha profundizado.
Y
cual es la política del gobierno de Evo Morales respecto a la presencia del
sector privado, particularmente transnacional, en el sector de los RRNN, más
allá de la retórica anti-imperialista que usualmente acostumbra el
presidente Morales y sus colaboradores? Menciono casos paradigmáticos: en el
sector minero, el actual gobierno ha ratificado la licencia ambiental para la
explotación a cielo abierto de la mina San Cristóbal, propiedad de la
empresa Apex Silver Mining, a pesar de la oposición de comunidades locales
del entorno y ambientalistas, y en lista de espera hay otras concesiones de
similar tamaño; en el sector hidrocarburos, se han firmado los nuevos
contratos con las empresas petroleras, legitimando una performance
ambientalmente deplorable; en el sector infraestructura, el gobierno actual ve
con simpatía el IIRSA, megaproyecto de infraestructura promovido por la CAN y
el BID, una de cuyas aristas es la construcción de la carretera Interoceánica,
impulsada por el Brasil, y cuyos impactos ambientales son insospechados;
asimismo, se ha respaldado el “Gasoducto del Sur”, promovido por el
presidente venezolano Hugo Chávez, y que ha sido denunciado por los
ambientalistas del continente; el presidente Morales ha prometido la
construcción de presas hidroeléctricas en la Amazonía como alternativa
energética para aquella región, ignorando los impactos ambientales a ser
generados y al mismo tiempo manteniendo una política de servidumbre
voluntaria frente a la decisión brasilera de construcción de estas presas en
su territorio (Villegas, 2008). En suma, legitimado con el discurso de la
sustentabilidad del dersarrollo, el gobierno actual impulsa la extracción
intensiva de RRNN y la industrialización, minimizando los límites ecológicos
arriba mencionados. Y para ello, la forma de la empresa mixta es la ideal,
como establece el Art. 307. Inc. IV (asimismo, para el sector servicios ver el
Art. 20), donde lo público y lo privado se articulan.
En
este aspecto, Bolivia parece seguir el modelo “chavista” de desarrollo:
criticar al Imperio, pero hacer negocios con el (Uzcátegui, 2007), con una
presencia fundamental de corporaciones hidrocarburíferas, mineras, que están
produciendo impactos ambientales y nuevas formas de “distribución ecológica
inequitativa”. Mi argumento es que la nueva CPE legitima la orientación del
gobierno de Evo Morales: mayor presencia del Estado en la gestión de los
RRNN, pero manteniendo la presencia de las compañias multinacionales en
sectores estratégicos, en el caso boliviano hidrocarburos, minería, generación
de energía.
3.
Participación y control social
El
tercer aspecto crítico fundamental del proyecto de Constitución, que irá al
referéndum, es la inclusión de la participación y control social como parte
del desarrollo sostenible. Consolidando el proceso iniciado por la Ley de
Participación Popular, se establece la participación como uno de los valores
que sustenta el funcionamiento del Estado (Art. 8. Inc II), es un principio
del ordenamiento territorial y del sistema de descentralización y autonomías
(Art. 271) se reconoce la participación como un derecho (Art. 26), además
del derecho a la consulta (Art. 30, inc. 15) 6, y se institucionaliza la
participación ciudadana, esta vez en forma generalizada y en diversas
escalas, tanto que el título VI de la II Parte, está dedicado a este
aspecto:
I.
El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en
la toma de decisiones de las políticas públicas.
II.
La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública
en todos los niveles del Estado, y en las empresas e instituciones públicas,
mixtas y privadas que administren recursos fiscales o que presten servicios públicos.”
(Artículo 242).
De
esta manera, no solo se establece la participación social en salud (Art. 40),
educación (Art. 83), educación superior en áreas rurales (Art. 96), sino
también se determina que la planificación económica y del desarrollo es con
participación y consulta ciudadana (Art. 316, Art.316. inc. 8).
Y
la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente siguen la misma
tendencia:
La
población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser
consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la
calidad del medio ambiente.” (Artículo 341) 7
III.
La gestión y administración de los recursos naturales se realizará
garantizando el control y la participación social en la toma de decisiones”
(Art. 351).
Específicamente
la participación y control social se plantea para el sector agua (Art. 374.
Inc. I) energía (Art. 378. Inc. II).
Al
respecto, existen varias experiencias de participación y control social de
las organizaciones sociales en la gestión estatal, desde el control obrero
durante el MNR, pasando por la cogestión obrera mayoritaria en el sector
minero durante la UDP, hasta los directores ciudadanos de SEMAPA. El elemento
común a todas estas es que, los representantes de estas organizaciones son rápidamente
cooptados por la estructura de corrupción de la institución pública,
expresado en prácticas que van desde la aceptación de coimas y/o diezmos,
pasando por el clientelismo político, el padrinazgo, hasta la
instrumentalización para fines personales o de grupo. El segundo elemento común
es que estos representantes, hayan sido o no elegidos por mecanismos de
democracia directa o representativa, no rinden cuentas ante sus bases o
electores, pero tampoco socializan la información sobre el objeto de sus
actividades, es decir no son transparentes. El tercer elemento común es que
las organizaciones sociales que sustentan, promueven u operan esta participación
y control social, en general operan bajo estructuras organizativas
autoritarias y caudillistas, en suma no democráticas 8, expresión de la
crisis por la que atraviesan; por tanto, cualquier política de
institucionalizar la participación social como parte de la gestión pública
y el funcionamiento del Estado reproducirá, en escala ampliada, los efectos
perversos de las experiencias de participación y control social, ya
mencionadas. Definitivamente, no se puede construir la sociedad de la libertad
con medios autoritarios (Gordon, 2005), y mientras las organizaciones y
movimientos sociales, hoy cooptadas por el gobierno (Crespo, 2007a), no
desarrollen prácticas autónomas y democráticas, la posibilidad de iniciar
un auténtico proceso de transformación social, no será posible.
Conclusiones
1.
En el presente texto se ha evidenciado como la gestión de los recursos
naturales y el medio ambiente, en la propuesta de CPE aprobada por la Asamblea
Constituyente, articula tres enfoques y/o categorías: desarrollo sostenible,
mayor presencia del Estado y participación y control social. Tomando en
cuenta la política ambiental del actual gobierno de Evo Morales, orientada a
la explotación intensiva de recursos naturales para la exportación, en
alianza con el sector privado, particularmente multinacional, minimizando los
riesgos e impactos ambientales y sociales, como se ha visto en minería,
hidrocarburos, generación de energía, estos enfoques y/o categorías dentro
la nueva CPE solo legitimarán la política extractivista y polucionante de
los RRNN y profundizarán los procesos de fragmentación, desestructuración y
diferenciación socioeconómica al interior de los pueblos indígenas.
2.
Principios fundamentales como la existencia de límites ecológicos a la
actividad económica, demandas como la deuda ecológica, la aplicación de
principios precautorios e incertidumbre, la introducción de indicadores de
sustentabilidad biofísicos, en la gestión ambiental y de los recursos
naturales, que hubieran orientado hacia un estilo de desarrollo de escala
humana, no ha sido considerados por los redactores del documento
constitucional como criterio, y por el contrario han reproducido paradigmas
cuestionados, por activistas y académicos críticos de las lecturas
neoliberales del desarrollo sostenible.
3.
Asimismo, tomando en cuenta la identidad corrupta y escasamente democrática
del Estado boliviano, fenómeno que atraviesa el cuerpo social, una mayor
presencia del Estado en la gestión ambiental y de los recursos naturales, así
como la participación y control social, solo profundizarán y ampliarán la
corrupción y las prácticas no democráticas, esta vez legitimadas por las
mismas organizaciones sociales. Democratizar y transparentar el funcionamiento
de la sociedad y sus instituciones públicas, definitivamente no es una
prioridad para el proyecto constitucional.
4.
Saber y poder van juntos decía Foucault, y la experiencia de la Asamblea
Constituyente nos lo ha vuelto a demostrar. Silvia Rivera recuerda que el 6 de
agosto del 2006, cuando se inauguraba en Sucre la Asamblea Constituyente, los
campesinos e indígenas del país ingresaron majestuosamente a la plaza
central con sus mejores galas y músicas, orgullosos de la responsabilidad de
sus representes para redactar autónomamente el nuevo proyecto de país, esta
vez acorde fundamentalmente a la imagen indígena, como medio para superar la
histórica exclusión racializada a la que han sido sometidos; pero, rápidamente,
señala Rivera, los intelectuales vinculados a la AC, sea como asesores o
constituyentes, convencieron a los campesinos e indígenas de su ignorancia, y
fueron ellos los que al final decidieron la agenda, contenidos y texto final
de la propuesta constitucional [9]. La evidencia de que el texto
constitucional ha sido elaborado por los llamados “intelectuales orgánicos”
de las organizaciones y movimientos sociales, es la introducción del enfoque
del desarrollo sostenible en el proyecto de CPE; el discurso del desarrollo
sustentable es parte del lenguaje de expertos y técnicos, ampliamente
utilizado por las ONGs, cooperación internacional y Estado, pero ajeno al
lenguaje e imaginario campesino/indígena.
Cochabamba,
marzo 2008
Bibliografía
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Para una crítica del racismo en Bolivia”; Libertaria No 1.
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Crespo, Carlos (2007ª) “El movimiento nacional del agua boliviano: de la
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Andes; La Paz, 5-8 noviembre 2007.15 pp.
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estatización; http://www.insurgentes.org.ve/AnalisisR/RU_30.08.07.html
(revisado en 07-III-08).
-
Villegas Pablo (2008) El río Madera y la diplomacia agachada de Bolivia; http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008011705
(revisado en 07-III-08).
Notas
[1]
Este texto ha sido elaborado en el marco del proyecto “Energy &
Sustainable Development. Governance and Citizenship in the oil and gas sector
in Bolivia” (EyDS), con el soporte de ASDI-SAREC, a través de la
DICyT-UMSS. Los argumentos fundamentales han sido discutidos con colegas y
amigos del colectivo Salamandra Radio (http://salamandraradio.blogspot.com/),
a quienes agradezco por sus aportes y retroalimentación.
[2]
En el análisis no se han incluido los proyectos de estatutos autonómicos,
particularmente el de Santa Cruz, tarea pendiente, sobre el cual Chacón
(2007) ha realizado interesantes apuntes.
[3]
Para el análisis he utilizado dos versiones del proyecto de Constitución Política
del Estado, la del 24/XI/07, aprobada en el Liceo Militar de Sucre, y por otro
lado, la de Diciembre 07, que esta circulando oficialmente. Las diferencias
son evidentes, expresión que el documento pasó por el filtro de una comisión
revisora, no solo formal, aunque en el documento no he profundizado las
implicaciones de estas diferencias.
[4]
El proyecto constitucional no distingue entre “sostenible” o
“sustentable”.
[5]
Para una crítica al concepto habermasiano de la racionalidad comunicativa,
como parte de los enfoques consensualistas de manejo de conflictos, ver
Crespo, C., Fernández, O. & Peredo, C. (2004).
[6]
Se introduce en la CPE las resoluciones del convenio 169 de la OIT y la
resolución de NNUU sobre pueblos indígenas, ratificados por la Ley de los
Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 2007.
[7]
Asimismo, el Art. 345: ”las políticas de gestión ambiental se basarán en:
1. La planificación y gestión participativas, con control social.”
[8]
Para el caso de SEMAPA, ver Crespo, 2007.
[9]
Comunicación personal. Enero, 2008.
Publicado
en Bolpress
el 10 de marzo de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines
informativos y educativos.
xxx
Desarrollo
sostenible y gestión ambiental en la nueva propuesta constitucional de
Bolivia
Eduardo
Gudynas
En
Bolivia se acaba de aprobar una propuesta de nueva Constitución Política del
Estado, y que será objeto de una consulta popular en un futuro inmediato.
Frente a esta propuesta se han sumando diversos análisis sobre sus aspectos
ambientales.
Por
ejemplo, Cecilia Chacón ha comentado las diferentes competencias, quedando en
claro las tensiones entre las potestades nacionales y las departamentales y
locales [1]. Desde otra perspectiva, Carlos Crespo, investigador en la
Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba), analizó su contenido desde la
perspectiva de la ecología política, presentando una serie de
cuestionamientos [2]. Este tipo de análisis son muy importantes debido a la
atención que recibe el proceso boliviano, su implicancia para la reforma
constitucional en marcha en Ecuador y los nuevos debates sobre
institucionalidad en países como Perú y Chile.
Como
aporte a ese debate estimo conveniente ofrecer algunos aportes. Comienzo por
afirmar que comparto muchas de las advertencias presentadas por Carlos Crespo,
en especial cuando señala las contradicciones entre invocar un nuevo tipo de
desarrollo pero caer en los usos convencionales de los recursos naturales,
usualmente en manos de grandes empresas transnacionales, así como en su
advertencia sobre el peso de la corrupción.
Pero
de todas maneras es indispensable precisar algunos aspectos en este debate,
varios de ellos son conceptuales, algunos son precisiones históricas, y otros
se refieren a las implicancias para la gestión estatal. Esto se debe a que la
línea central de la argumentación de Crespo sostiene que buena parte de los
problemas de la propuesta constitucional se deben a que se basa en el discurso
del desarrollo sostenible, pero en realidad el texto actual no se corresponde
con las corrientes usualmente reconocidas del desarrollo sostenible. Por lo
tanto, si bien acuerdo con muchas de las advertencias de Crespo, a mi modo de
ver ello se debe a una insuficiencia en incorporar aspectos claves de la
sustentabilidad en la constitución.
Crespo
comienza su análisis afirmando que el “discurso del desarrollo sostenible
tiene su origen en la famosa definición del Informe Brundtland (1987):
‘satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades’. Comencemos por advertir que el discurso sobre la
sostenibilidad no se inicia con ese reporte (cuyo nombre es el apellido de la
coordinadora de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo). En
realidad, lo que podría llamarse un “discurso” a escala internacional se
difundió entre 1980 y 1981, con la primera estrategia mundial de la
conservación, promovida por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el WWF. Esa estrategia presentó una definición del desarrollo
sostenible, la que a su vez era heredera de los debates y aportes del
encuentro entre biólogos y diferentes actores interesados en los temas del
desarrollo desde mediados de la década de 1960. Por lo tanto, las ideas sobre
la sustentabilidad tienen una historia mucho más antigua al reporte
Brundtland de 1987, y esto no es un mero detalle histórico ya que las
discusiones de aquellos años aparecen más o menos revividas en el actual
debate generado por los gobiernos progresistas frente a la temática ambiental
(tal como sucede en Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Venezuela, bajo
gobiernos de izquierda o progresistas).
Un
segundo paso exige reconocer que la definición del desarrollo sostenible que
ofrece Crespo es incompleta. En realidad la definición del informe Bruntdland
es mucho más compleja y aborda varias dimensiones, y cada una de ellas mereció
muchas páginas en aquel reporte. A pesar de esto en los últimos años se ha
vuelto muy frecuente ofrecer definiciones resumidas o citas incompletas, tomándose
solo algunas porciones de aquella definición. Ese proceder no solo dificulta
un análisis riguroso, sino que entorpece la exploración de las estrategias
políticas. Si el propósito es comparar los contenidos de la propuesta
constitucional boliviana con una cierta idea del desarrollo sostenible, es
necesario tomar en cuenta ese concepto en toda su amplitud, y no únicamente
una de sus partes.
La
versión completa de la definición que presenta el reporte Bruntdland es la
siguiente: “Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea
sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
propias. El concepto de desarrollo sostenible implica límites –no límites
absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el
estado actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de
la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas–, pero tanto
la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas
de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico”.
Enseguida se advierte sobre el problema de la pobreza, y entonces se agrega
que el “desarrollo sostenible exige que se satisfagan las necesidades básicas
de todos y que se extienda a todos la oportunidad de colmar sus aspiraciones a
una vida mejor.”
Una
lectura atenta de esta definición demuestra que es bastante compleja, y que
encierra propuestas en varias dimensiones, tales como las obligaciones con las
generaciones futuras (como cita Crespo), pero también aborda cuestiones como
satisfacer las necesidades humanas actuales, invoca los límites ambientales
al crecimiento, incorpora el papel de la ciencia y la tecnología, la
organización social, y mantiene la meta del crecimiento económico.
Crespo
sostiene que un aspecto fundamental del concepto de desarrollo sostenible
“es el esfuerzo por articular crecimiento económico y conservación
ambiental y de los recursos naturales (RRNN), asumiendo que es posible
mantener el actual estilo de vida productivista, consumista, extractivista,
polucionante y desigual, y al mismo tiempo aprovechar racionalmente los RRNN y
sus servicios, además de manejar las “externalidades” generadas.” En
realidad la situación es más compleja.
Al
tiempo del reporte Brundtland, dos décadas atrás, se presentó una idea del
desarrollo sostenible que por un lado mantenía su fe en el crecimiento económico
(tal como señala Crespo), pero que introduce muchas limitaciones y
condicionalidades, y varias de ellas contrarias a un estilo de vida
extractivista, polucionante y desigual (al contrario de la afirmación de
Crespo). Debemos entender que aquella definición se presentó como respuesta
a un debate que tenía por lo menos 15años y que sostenía que cualquier
forma de crecimiento económico tenía un costo ambiental elevado, y que por
lo tanto existía una oposición intrínseca entre conservación del ambiente
y crecimiento económico. La definición del reporte Bruntdland intentó
brindar una respuesta a aquella oposición, reconociendo los límites ecológicos,
pero afirmando que la ciencia y la tecnología, así como la organización de
la sociedad, pueden modificarse para superar esos límites. De esta manera, se
considera que la conservación no es un impedimento al crecimiento económico,
sino que es necesaria para permitir ese crecimiento – en otras palabras, el
reporte Brundtland buscó anular la vieja oposición ecología - economía.
Desde
aquel entonces, a lo largo de veinte años, el rótulo de desarrollo
sostenible se ha usado en forma indiscriminada con los más diversos fines,
desde campañas publicitarias de empresas mineras hasta en detallados estudios
ecológicos. En buena medida se ha convertido en un concepto “contenedor”,
como sucede con otras palabras (por ejemplo democracia o sociedad civil). No
es posible afirmar que sea una corriente homogénea y coordinada, donde sus
propulsores comparten los mismos conceptos. Existen algunos que derivan en una
postura que es funcional al capitalismo actual, tal como advierte Crespo, pero
incluso éstas implican reformas sustanciales con las estrategias actuales,
incluyendo por ejemplo internalizar los efectos externos. Otras corrientes
entienden que la sustentabilidad en un sentido de cambio radical de los
procesos productivos y de la organización social. Incluso debe reconocerse
que la segunda estrategia mundial de la conservación, presentada en 1991,
incorpora a la discusión sobre la sustentabilidad muchos aspectos claves,
como la exigencia de cambios en los patrones de consumo o un llamado a una ética
ambiental.
Actualmente
se pueden distinguirse al menos tres corrientes en el desarrollo sostenible.
Esas perspectivas se diferencian de acuerdo a cómo se interpretan cuestiones
como las vinculaciones entre la conservación de los recursos naturales y los
procesos productivos, la valoración de la Naturaleza, y la aceptación o
rechazo a una postura antropocéntrica o biocéntrica. Estas tres corrientes
han sido denominadas como sustentabilidad débil, fuerte y superfuerte (3).
Hechas
estas aclaraciones y precisiones se puede analizar nuevamente el texto
constitucional. Para algunos analistas la propuesta podría ser muy positiva
si es analizada desde la perspectiva de la sustentabilidad débil, que está
basada en mercantilizar la Naturaleza como “capital natural”, mientras que
sería insuficiente en la visión de aquellos que exigen un cambio radical en
las estrategias de desarrollo que va más allá del mercado (como en la
sustentabilidad fuerte y especialmente en la superfuerte).
El
art. 9 de la propuesta constitucional, donde se dice que el Estado debe
“promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los
recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo
y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y
niveles, así con la conservación del medio ambiente, para el bienestar de
las generaciones actuales y futuras”. Frente a este y otros artículos,
Crespo cuestiona la ambigüedad y el apoyo a actividades extractivistas y
polucionantes. Buena parte de esas críticas son compartibles, pero el asunto
es que esos problemas no se deben a que esos artículos de la propuesta
constitucional se basen en el enfoque del desarrollo sostenible.
Por el contrario, la propuesta de ese art. 9 no refleja ni se corresponde con
las corrientes contemporáneas del desarrollo sostenible, ni siquiera con la
de la sustentabilidad débil la que apuesta a una reforma del capitalismo
actual. La invocación a las generaciones futuras no basta para poder definir
a una propuesta como sostenible, ya que otros elementos claves están
ausentes. Es más, se pueden repetir una y otra vez las palabras “desarrollo
sostenible”, pero si no se incorporan sus aspectos claves terminan siendo
slogans vacíos.
Se
podría haber esperado que la propuesta constitucional incorporara algunos de
los aspectos claves de la sustentabilidad fuerte o superfuerte, tales como
precisas indicaciones sobre los límites ecológicos al desarrollo, o una
invocación al patrimonio ecológico de la nación más allá de cualquier
intento de mercantilizarlo. Esto no debería haber sorprendido en el marco de
otras definiciones ideológicas de la actual administración de Evo Morales.
Pero el problema es que la propuesta actual ni siquiera incorpora las posturas
mucho más moderadas de la sustentabilidad débil.
En
efecto, las corrientes de la sustentabilidad débil defienden incorporar a la
Naturaleza al mercado, defienden la valoración económica, invocan
internalizar las externalidades y otorgan derechos de propiedad, se resisten a
la planificación y buscan generar reglas y regulaciones para que los privados
puedan defender los recursos naturales. Pero la propuesta constitucional no
alcanza a cubrir estos y otros aspectos claves de la sustentabilidad débil.
Asimismo, la propuesta está todavía más lejos de la sustentabilidad fuerte
o superfuerte, donde las exigencias sociales y ambientales son todavía
mayores.
Por
lo tanto, no puede decirse que la actual formulación del texto constitucional
sea heredera de un discurso del desarrollo sostenible. En su formulación
actual reproducen posturas tradicionales del desarrollismo latinomericano de
las décadas de 1950 a 1970, con una fuerte presencia estatal, y un fuerte
apego al uso de los recursos naturales como motor del crecimiento económico,
y en especial basado en la industrialización a escala nacional. En otras
palabras, es una postura cuyos aspectos centrales recuerdan a una época
anterior a la eclosión de la sustentabilidad. Obviamente esas posturas están
ahora mediatizadas por algunos componentes que invocan a las generaciones
futuras o a una cierta protección ambiental. Esos aspectos están incluidos
en el texto constitucional, y ellos representan un aspecto positivo. Pero
parecen más asociados a una suerte de compromiso moral con el ambiente que
una nueva postura sobre el desarrollo. Es por esas razones que comparto buena
parte de las críticas y advertencias de Crespo, aunque el recorrido del análisis
aquí resumido es distinto: mientras que Crespo sostiene que se parte del
desarrollo sostenible para legitimar un modelo insustentable, a mi juicio se
llega a ese estado de cosas precisamente por no incorporar aspectos esenciales
de cualquiera de las corrientes del desarrollo sostenible.
Bajo
estas condiciones, la actual propuesta constitucional no asegura avanzar hacia
una estrategia de desarrollo sostenible, y no ofrece muchas herramientas para
poder asegurar la protección adecuada de los recursos naturales. Esta
debilidad en el texto constitucional seguramente se debe a procesos muy
complejos que requieren otros análisis específicos. El resultado final, al
menos en estos aspectos ambientales, desemboca en un texto mucho más similar
a las constituciones de otros países vecinos de lo que uno habría podido
anticipar tiempo atrás, al convocarse a la Asamblea Constituyente. Se
mantiene entonces el desafío de aprovechar los aspectos positivos de la nueva
constitución para generar la mejor gestión ambiental posible.
Notas
1.
Chacón, C. 2008. Nueva Constitución Política del Estado y Estatuto Autonómico:
La gestión de los recursos naturales. BolPress, Bolivia, marzo 2008. Leer…
2.
Crespo, C. 2008. Ambiente y recursos naturales en la propuesta de Constitución
Política del Estado de Bolivia. BolPress, Bolivia, marzo 2008. Leer
...
3.
Gudynas, E. 2003. Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible.
Edición en Bolivia ICIB – Academia de Ciencias, La Paz. Leer
...
Versión
revisada de un artículo publicado en BolPress, La Paz (Bolivia).
Publicado en
el semanario Peripecias Nº 90
el 2 de abril de 2008. Se permite la reproducción del artículo siempre que
se cite la fuente.
Secciones de un artículo de E. Gudynas (integrante de CLAES), donde se
comenta el análisis de C. Crespo. El artículo completo está disponible en www.ambiental.net
xxx
ECUADOR: LA NATURALEZA SUJETO DE
DERECHOS
El nuevo marco normativo constitucional de Ecuador tendría que reconocer que
la Naturaleza no es solamente un conjunto de objetos que podrían ser
propiedad de alguien, sino también un sujeto propio con derechos legales y
con legitimidad procesal.
Alberto
Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, propone una
“democracia de la Tierra” bajo los siguientes principios: Los derechos
humanos individuales y colectivos deben estar en armonía con los derechos de
otras comunidades naturales de la Tierra. Los ecosistemas tienen derecho a
existir y seguir sus propios proceso vitales. La diversidad de la vida
expresada en la Naturaleza es un valor en sí mismo. Los ecosistemas tienen
valores propios que son independientes de la utilidad para el ser humano. Al
referirse a una Naturaleza sujeto de derechos, Acosta usa la imagen de una
Naturaleza “sujeta” a los derechos.
Estas
y otras propuestas vienen siendo debatidas en la Asamblea Constituyente de
Ecuador. El artículo completo de A. Acosta está disponible en nuestra web en
www.ambiental.net
xxxxx
34
ECOPORTAL
28/04/2008
Ecologistas
de Chile rompen diálogo con Bachelet
Ecologistas
retiran apoyo al gobierno de Bachelet, luego que el ministro Tokman anunciara
que destinará US$ 2 millones a estudios nucleares. Denuncian que el
compromiso ambiental denominado Acuerdo de Chagual “fue gravemente
transgredido” en cuanto a no considerar la opción nuclear durante su
mandato y que se “pretende aplacar las críticas con una política de
represión policial”.
Las
23 organizaciones no gubernamentales (ONG) que el 21 de noviembre de 2005
concordaron el Acuerdo de Chagual con la Presidenta Bachelet, cuando ésta era
candidata a La Moneda, dieron por desahuciado ese compromiso, al constatar
nuevamente que el gobierno destinará recursos públicos para estudiar la opción
núcleo-eléctrica. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado de
prensa, en el cual aducen “la abierta y reiterada violación del compromiso
N° 7, referido a ‘no incluir la opción nuclear en la política energética
nacional’.
Comisión
Zanelli, rol del ministro Tokman y política de represión
La
declaración de rompimiento del Acuerdo de Chagual señala que “se ha
incumplido gravemente el compromiso por parte del gobierno, al instituir vía
Decreto Nº 49 del 13 de marzo de 2007 del Ministerio de Minería, una comisión
presidencial denominada "Grupo de Trabajo en Núcleo Electricidad"
(Comisión Zanelli) y al destinar $100 millones de fondos públicos para
estudios y funcionamiento de dicha comisión”.
Aun
cuando “algunos de los miembros del Acuerdo de Chagual interpretaron esto
como una ruptura inmediata del compromiso suscrito, se optó en ese momento
por atender a las diversas explicaciones entregadas por funcionarios de La
Moneda”, en cuanto a que sólo se trataba de estudios sobre el estado del
arte de la tecnología nuclear en el mundo, y que no se tomaría una decisión
al respecto.
Sin
embargo, versa la declaración, “el incumplimiento se reiteró de hecho al
elaborar y enviar al Parlamento el presupuesto de la nación para el año
2008, pues en la Partida 17, Capítulo 5, Programa 1 del Ministerio de Minería,
la Comisión Nacional de Energía (CNE) incluyó -en las glosas 2(f) y 3(d), páginas
518, 519 y 520,- financiación para el "funcionamiento del Grupo de
Trabajo en Núcleo-Electricidad".
El
comunicado agrega además que el propio ministro de Energía Marcelo Tokman,
al patrocinar e inaugurar el seminario "Energía Nuclear: una opción
para Chile" (auspiciado por las empresas del área nuclear Areva
(Francia), General Electric (EEUU), AECL (Canadá) y la Corporación Núcleo
Eléctrica (Rusia), el pasado 27 de marzo de 2008, anunció un presupuesto de
US$2 millones para estudios tendentes a evaluar la incorporación de la energía
nuclear en la matriz eléctrica del país”. En dicha ocasión, Tokman también
expresó la intención del gobierno de destinar durante 2009 un monto similar
para estos estudios.
En
tal sentido, la declaración indica que “estos hechos configuran una clara
violación del Acuerdo de Chagual, razón por la cual comunicamos a la
Presidenta y al país que consideramos roto el compromiso sellado en dicho
Acuerdo, y que, por lo tanto, las organizaciones ecologistas y ambientalistas
firmantes se encuentran en libertad de acción respecto al compromiso que
hasta ahora había implicado un apoyo a su gestión de gobierno".
En
la conferencia de prensa, el presidente de la Fiscalía del Medio Ambiente
(Fima), el abogado Fernando Dougnac, denunció que “los ecologistas somos
tratados como un problema de seguridad. O sea, para el gobierno somos un
peligro para la seguridad de la sociedad y del país porque no pensamos como
ellos. Esto es grave. Las palabras del subsecretario del Interior Felipe
Harboe no han sido suficientemente rebatidas por el mismo gobierno y los
partidos políticos, pues son de una gravedad tremenda. Esto es la explicitación
verbal de la política de represión que estamos sufriendo, porque han
infiltrado nuestras organizaciones, han robado discos duros de computadores
puntuales. En un caso, el mismo detective que indagó estos casos, apareció más
tarde en uno de nuestros talleres con organizaciones sociales. A los amigos no
se les trata así, por eso estamos obligados a desahuciar el Acuerdo de
Chagual”.
Estado
de los demás compromisos
Los
ecologistas reconocen que “en el periodo 2006-2008 la ministra de
Medioambiente ha realizado avances en la formulación de los proyectos de ley
para la creación del Ministerio del Medioambiente, la Superintendencia de
Fiscalización Ambiental, la creación del Servicio Nacional de Parques y en
la elaboración de la Estrategia Integral de Cuencas, que corresponden a los
compromisos 1, 2, y 10 del Acuerdo de Chagual”. Sin embargo, “el gobierno
no ha concretado avance alguno en los compromisos establecidos en los
numerales 4, 5, 6, 8 y 9, referidos al establecimiento de un Sistema de
Cuentas Ambientales; 2 líneas de política fiscal para la sustentabilidad
ambiental; ampliación del Fondo de Protección Ambiental; establecimiento de
Estudios de Impacto Ambiental para la reproducción de semillas modificadas
genéticamente y la protección de glaciares frente a remociones y
destrucciones”.
“Por
nuestra parte, en este período 2006-2008, como integrantes del Acuerdo de
Chagual hemos entregado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y
a autoridades sectoriales propuestas de política y normativa, tendientes a
facilitar la implementación de los compromisos del Acuerdo”, señala el
comunicado.
Finalmente,
las organizaciones ecologistas expresan que “reconocemos el esfuerzo de
algunos funcionarios de gobierno para el cumplimiento del Acuerdo de Chagual y
para el avance de la agenda ambiental, pero lamentamos el desempeño de otros
que han puesto a la Presidenta en una posición de no poder honrar sus
compromisos”.
La
declaración es adherida por el Programa Chile Sustentable, Instituto de
Ecología Política, Fiscalía del Medio Ambiente, Fundación Terram, Comité
Defensa del Ambiente Chañaral (Chadenatur), Eco-clubes, Red Nacional de Acción
Ecológica (Renace), Movimiento Agroecológico Chileno (Mach), Eco-Conce de
Concepción, Corporación Kairos, Consejo de Ecología y Medio Ambiente
(Codema), Comité del Medioambiente de Ovalle, Comité de Defensa del
Medioambiente de Maipú, Consejo Ecológico de Estación Central, Escuela Agro
Ecológica de Pirque, Bosque Antiguo, Ciclo Árbol-Vida, Fundación F. Albert,
Defensores del Bosque, Consejo Ecológico de Lo Prado, Fundación para la
Tierra y Comité Nacional Pro Defensa de Flora y Fauna (Codeff).
Los
1 compromisos para la sustentabilidad ambiental (Acuerdo de Chagual)
1-Envío
al Parlamento, al terminar el primer año de gobierno, las reformas a la Ley
19.300 para la creación del Ministerio del Medio Ambiente.
1.1-Creación
durante el mandato, de una Subsecretaría de Recursos Naturales y
Biodiversidad (dependiente del Ministerio) que articule las políticas y
programas sectoriales para el uso sustentable de los recursos naturales y la
biodiversidad. La actual Conama, pasara a constituirse en una Subsecretaria de
Gestión Ambiental.
1.2-Generar
una autoridad ambiental municipal articulada con el Ministerio del
Medioambiente, a fin de que los gobiernos comunales tengan una política
ambiental local. (requiere modificar Ley de Municipalidades).
2-Crear
una Superintendencia Ambiental, que fortalezca el rol fiscalizador del Estado,
reduzca la discrecionalidad y asegure la probidad funcionaria.
3-Formular
y enviar al Congreso una Ley Marco de Ordenamiento Territorial, que articule
los instrumentos existentes y equilibre la participación de los ministerios,
las autoridades regionales y los ciudadanos, para ordenar estratégicamente el
territorio
4-Establecer
durante el mandato un Sistema de Cuentas Ambientales que incluya: cuentas de
capital natural, rentas existentes por recursos naturales (agua, minería,
tierra) e indicadores sobre cantidad y calidad.
5-Establecer
durante el mandato 2 líneas de política fiscal para revertir la
insustentabilidad ambiental: a) Reorientación de subsidios y mecanismos de
fomento, b) Reformular instrumentos económicos existentes para internalizar
costos y prevenir pasivos ambientales.
6-Ampliar
el Fondo Ambiental (Ley 19.300) a un monto anual de 5 millones de dólares (20
millones de dólares durante el mandato), para investigación y acción
ambiental. El Fondo estará orientado a apoyar centros de estudio y
organizaciones de la sociedad civil.
7-No
incluir la opción nuclear en la política energética nacional.
8-No
abrir el país a los cultivos transgénicos comerciales, y establecer el
requisito de Estudios de Impacto Ambiental para la actual reproducción de
semillas transgénicas.
9-Proteger
los glaciares, y no aprobar su remoción y/o destrucción.
10-
Establecer un Servicio Nacional de Parques Nacionales que se haga cargo de las
áreas protegidas públicas; apoye y se articule con las áreas protegidas
privadas
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Salvemos al tren
TREN
POR LA RECONSTRUCCION
Buenos
Aires - Lujan, 8 de mayo de 2008
No
al tren bala
Si
al tren para todos
Acto
en la estación ONCE (capital)
17:00 hs.
Salida
del tren (UEPFP)
18:35 hs.
Acto
en Haedo
18:00 hs.
Llegada
del Tren a Haedo
18:50 hs.
Acto
en Lujan
18:30 hs.
Llegada
del tren a Lujan
19:25 hs.
REESTATIZACION
DE LAS EMPRESAS FERROVIARIAS
Trenes para todos significa
volver a tener un sistema de transporte ferroviario integrado manejado y
planificado desde el estado de no menos de 20.000 km de extensión que vincule
a las ciudades más importantes e nuestro país.
Trenes para todos significa
suficiente trenes y coches como para tener un asiento para cada pasajero aun
en horas pico, tal como consagra nuestra antigua ley de ferrocarriles aun
vigente.
Trenes para todos significa
la realización de las obras necesarias para que el FC sea solo una
herramienta de unión y nunca más una barrera entre nuestros barrios.
Trenes para todos significa
volver a tener trenes interurbanos bajando la carga de pasajeros que hoy
mantienen las rutas que durante el último mes nos costaron 50 muertos.
Trenes para todos significa
volver a tener trenes veloces confiables y seguros con la frecuencia necesaria
para convertirlos en el sistema de transporte por elección en el conurbano.
Trenes para todos significa
miles de puestos de trabajo y mejores oportunidades que nos ayuden a combatir
la inseguridad el delito y la exclusión con algo más que la policía y la cárcel.
Trenes para todos significa
un sistema de transporte nacional que abarate nuestra producción y no le coma
como hoy, 50 dólares por tonelada a nuestros productores.
Trenes para todos significa
tener u modelo de transporte que este acorde con un mundo que cada vez menos
podrá consumir petróleo.
El tren bala significa
prorrogar y aumentar nuestra deuda externa en 3000 millones de dólares.
El tren bala significa continuar
nuestro actual modelo de transporte que nos consume 300 millones de dólares
por año y nos hace viajar peor que animales.
El tren bala significa crear
cientos de puestos de trabajo en el extranjero y condenar a miles de
compatriotas al hambre la exclusión y la cárcel sumiéndonos en una
creciente miseria y falta de oportunidades para nuestra gente que fomentara la
inseguridad a niveles jamás vistos.
El Tren bala significa
realizar una monumental obra que será pagada solidariamente por todos y usada
por muy pocos.
El Tren bala significa
endeudarnos nosotros y nuestros hijos con un grupo de empresas que viene de
prometer y fracasar en emprendimientos similares en EE.UU. y en Egipto.
El tren bala significa
embarcarnos en un carísimo proyecto el cual probablemente nunca llega a
concretarse y si se concreta seremos absolutamente incapaces de mantenerlo por
la dependencia tecnológica que generará.
La construcción del tren bala impedirá la ejecución
de otros proyectos ferroviarios como la electrificación del San Martín y el
Roca por la
imposibilidad económica de mantener simultáneamente ambos proyectos
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PÚBLICO
3/05/2008
Frutos no se presentará a la reelección como
secretario general del PCE
EFE - Madrid -
Francisco Frutos no se presentará a la reelección como secretario general
del Partido Comunista de España (PCE) en el Congreso que esta formación
celebrará el año que viene, aunque seguirá vinculado a su organización.
Frutos ha anunciado esta decisión después de casi diez años al frente del
PCE y también ha confirmado que no se presentará como candidato a
coordinador general de Izquierda Unida en la IX Asamblea.
Balance "positivo"
El líder comunista hace un balance "positivo" de su etapa al
frente del partido, pero afirma que ya está "cansado" y considera
que al PCE se le exige que esté "más al loro".
Además, defiende que en el PCE ya se está produciendo una renovación
"desde hace mucho, especialmente en los últimos años".
"Al PCE se le exige que esté "más al loro"
Frutos comenta que se presentó a la reelección como secretario general en
el XVII Congreso del PCE en 2005 porque se lo pidieron y asegura que seguirá
trabajando para el partido después del próximo congreso.
El dirigente comunista fue elegido por unanimidad secretario general el 7 de
diciembre de 1998 y se convirtió en el cuarto líder del PCE en la democracia
tras Santiago Carrillo, Gerardo Iglesias y Julio Anguita.
"IU tiene un problema serio"
Según el secretario general del PCE, Izquierda Unida se encuentra en una
situación "muy delicada" y tiene un "problema serio", lo
que requiere "esfuerzo e inteligencia política para salir adelante de
esta crisis".
Frutos cree que en el cónclave de IU no se debe elegir a un coordinador
general, sino que se tiene que fijar "un equipo de dirección colectivo y
colegiado".
"Defiendo una cosa totalmente y radicalmente diferente a este concepto
que se conoce como liderazgo", apostilla el dirigente comunista, quien señala
que en el PCE han intentado en los últimos años "trabajar de forma más
colectiva" y "dando juego a todo el mundo".
En este sentido, opina que durante los últimos ocho años
"progresivamente se ha intentado liquidar cualquier otra personalidad
dentro de IU que no fuera el propio coordinador".
"Se ha intentado liquidar cualquier otra personalidad dentro de IU que
no fuera el propio coordinador"
Señala que "se ha levantado un pequeño altar" para que el
"gran líder pudiera expresarse", lo que da la impresión "de
que en IU lo único que existía era Gaspar Llamazares, cuando hay muchos
hombres y mujeres dentro de IU que tienen actitud, capacidad política y buen
discurso".
"La sociedad, que tiene que apoyar y votar a IU, tiene que ver que es
un colectivo que funciona, que no es una persona sola en un momento
determinado que habla de todo, del sexo de los ángeles a la guerra de Irak
pasando por cualquier otro problema", declara.
Frutos lamenta que el "núcleo de dirección que está en torno a
Llamazares ha marginado al resto de la gente, es decir, ha marginado a un
cincuenta por ciento de la organización".
Por ello, cree que esta forma de dirección "sectaria y oportunista
hace que la organización cada vez se vaya debilitando".
Preguntado por los factores que llevaron al descalabro electoral de IU en
los comicios del 9-M, Frutos señala, entre otros, la "pérdida de la
personalidad propia" de la federación y reflexiona que la gente no debe
ver a IU "de un lado para otro, zarandeada, a expensas de lo que
piensa" el PSOE.
La ley electoral y el bipartidismo
También cita los "dos problemas eternos" de la ley electoral,
"absolutamente negativa para IU" y del bipartidismo, aunque dice que
se puede luchar contra este modelo "demostrando que hay otras
organizaciones que son más útiles para la defensa de la mayoría de los
intereses de gente", que las dos grandes fuerzas políticas y que IU
tiene "capacidad" para "dar alternativas".
Respecto a la ley electoral, manifiesta que el PCE y, luego, IU la llevan
sufriendo desde 1977 y que fue una norma "negociada por Carrillo, al que
la UCD engañó como un chino".
Frutos dice que se deben rectificar los "errores", en la IX
Asamblea, cometidos por la federación y espera que se llegue a un
"pacto" entre las distintas sensibilidades sobre "bases políticas
y organizativas claras".
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PÚBLICO
2/05/2008
El
creciente protagonismo de Anguita irrita a IU y al PCE
El
ex coordinador prepara un acto en Córdoba para presentar su propuesta
PÚBLICO.ES
¿Qué
pasaría si, tras un fracaso electoral del PSOE, Felipe González propusiera
una solución basada en la renovación de la dirección del partido? ¿Y si
parte de la militancia empezara a adherirse al discurso crítico del ex
presidente? ¿Qué ocurriría si José María Aznar diese ahora lecciones a
Rajoy tras su segunda derrota?
Salvando
las distancias, IU vive estos días una de estas inesperadas y
desestabilizadoras resurrecciones políticas.
Porque
Julio Anguita vuelve. El protagonismo ganado por el ex coordinador general de
IU tras la salida a la luz de un documento crítico presentado ante el Comité
Federal del PCE el 12 de abril crece día a día, eclipsando el resto del
debate y arrastrando a una parte de la militancia, sobre todo en Andalucía,
donde IU se ha salvado del batacazo de la federación en las elecciones
generales manteniendo toda su representación.
Su
regreso al primer plano, que cristalizará en breve en un acto en Córdoba,
"molesta y preocupa" a amplios sectores del PCE, aseguraron ayer a Público
fuentes del Comité Federal, que temen que la reflexión interna y la
transmisión de ésta a la opinión pública, en la que son muchos los que están
poniendo su empeño e intentando limar asperezas, "se quede en ver si lo
ha hecho mejor Llamazares o Anguita".
Fuentes
de la división andaluza del PCE señalan que "Anguita crea un problema
cuando ahora es lo último que necesitamos".
La
línea oficial de IU, por supuesto, también está molesta. "Anguita
piensa más en sus obsesiones históricas que en el futuro del proyecto. No se
ayuda a IU echando pestes", dijo ayer Joan Josep Nuet, responsable
ejecutivo de Área Interna y Organización, el primero en atreverse a replicar
al Califa Rojo sin complejos y dando la cara, después de que hasta Gaspar
Llamazares optase por no darse por aludido.
"No
representa nada bueno para el futuro. Podría llevar a enfrentarnos con los
sindicatos o a reeditar la pinza", añadió Nuet. Este periódico intentó,
sin éxito, contactar con Anguita.
Sin
grandes apoyos
Anguita
prepara un acto en Córdoba, única capital gobernada por IU, para presentar
su documento, en el que da por "muerto" el proyecto de IU. El acto
está previso para el 4 de mayo, confirmó ayer a este diario Francisco Martínez,
líder provincial de la coalición.
Los
convocantes del acto son militantes de una corriente crítica, encabezada por
María José Moruno, que intentó sin éxito el asalto al poder en IU en el último
congreso de Córdoba. Fuentes de IU afirman que en otras provincias, caso de
Sevilla y Málaga, sectores de la militancia planean celebrar actos con
Anguita.
Ya
no está claro el límite entre oficialistas y críticos
En
una coalición en la que ya no está claro el límite entre oficialistas y críticos,
entre críticos y opositores a esos mismos críticos, es difícil ubicar a los
satisfechos por el regreso de Anguita, que apoyó a Marga Sanz frente a
Llamazares antes de las primarias.
Sus
apoyos no están en la cúpula del PCE, según ha podido saber este periódico.
Y tampoco, desde luego, entre los llamazaristas o los que sueñan con que Rosa
Aguilar, alcaldesa de Córdoba, acalle de un plumazo los rumores de un posible
fichaje por el PSOE poniéndose al frente de la "refundación".