Información y documentación sobre política ambiental, recogida de diversas publicaciones periódicas y puesta a vuestra disposición por el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida

 

 

20080114 AFEMA Revista de prensa  

 

Índice de contenidos  

 

1 EL PAÍS

10/01/2008

CC OO e IU proponen una ley de ahorro energético

 

2 EL PAÍS

11/01/2008

El traspaso de Cercanías a la Generalitat queda aplazado sin fecha

 

3 EL PAÍS

11/01/2008

Las propuestas discrepaban en financiación y nombramientos

 

4 EL PAÍS   Cataluña

10/01/2008

Fracasa la negociación entre el Gobierno y la Generalitat para el traspaso de los Cercanías

 

5 EL PAÍS   Cataluña

10/01/2008

El desacuerdo en Cercanías complica otras negociaciones

 

6 EL PAÍS   Cataluña

8/01/2008

Montilla rechaza Cercanías por falta de financiación

 

7 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

11/01/2008

El Consell reclama ahora al Gobierno que financie un 'AVE' entre Valencia y Utiel

 

8 Ecologistas en Acción

12/01/2008

2007: UN AÑO MÁS RESPIRANDO AIRE CONTAMINADO EN MADRID

9 EL PAÍS   Comunidad de Madrid

12/01/2008

La calidad del aire de Madrid empeoró en 2007

 

10 EL PAÍS

14/01/2008

La Comisión Europea fija un nuevo reparto de emisiones de CO2 para 2012

 

11 EL PAÍS

14/01/2008

El Gobierno Español quería que las emisiones dependieran de la población

 

12 EL PAÍS

11/01/2008

La fiscalía de Urbanismo ordena que se derriben las construcciones ilegales

 

13 ABC

10/01/2008

«Caso Pocero»: Comienza la toma de declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción

 

14 EL PAÍS

10/01/2008

El plan del litoral, aprobado en 2007, pretende frenar la presión urbanística

 

15 EL PAÍS

9/12/2008

La piqueta de la justicia no funciona

16 EL PAÍS

8/12/2008

Una costa salvada hasta ahora de los predadores

17 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

11/01/2008

La Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje

 

18 EL PAÍS

12/01/2008

Nuevas esperanzas sobre el cambio climático

 

19 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

12/01/2008

Quejas por el urbanismo y el ruido

 

20 EL PAÍS

14/01/2008

Inmobiliarias en el Gólgota

 

21 EL PAÍS

11/01/2008

Londres aprueba la construcción de nuevas centrales nucleares

 

22 EL PAÍS

11/01/2008

Una energía que divide a la UE

 

23 PÚBLICO

13/01/2008

¿La construcción de nuevas centrales nucleares es la solución al calentamiento del planeta o una hipoteca para el futuro?

 

24 EL PAÍS

14/01/2008

La encrucijada energética

 

25 EL PUNT

11/01/2008

Zapatero i Sarkozy acorden que el projecte de la interconnexió estigui tancat abans del 30 de juny

 

26 EL PUNT

11/01/2008

La interconnexió, abans del 30 de juny

 

27 EL PUNT

11/01/2008

Mario Monti vol que s'estableixi un cànon per compensar el territori pels perjudicis que pot provocar la línia d'alta tensió

 

28 EL PUNT

10/01/2008

El mitjancer de recomana que la línia sigui parcialment soterrada, però no en concreta el traçat

 

29 PÚBLICO

13/01/2008

Los promotores de huertos solares ofrecen una rentabilidad del 14%, pero con la tarifa actual y ésta se cambiará este año

 

30 EL PAÍS   País Vasco

12/01/2008

La planta de energía eléctrica por olas de Mutriku abrirá en 2009

 

31 EL PAÍS

11/01/2008

Los españoles ahorran más agua, pero los canales la pierden

 

32 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

11/01/2008

Bruselas avala el informe de Camps sobre los trasvases

 

33 EL PAÍS   Cataluña

14/01/2008

Duran insistirá en el Congreso sobre el trasvase del Ródano

 

34 EURONEWS

12/01/2008

Francia dice no a los transgénicos

 

35 PÚBLICO

11/01/2008

Imputados dos jefes del 112 y el responsable de los helicópteros por el incendio de Guadalajara

 

36 PÚBLICO

11/01/2008

Dos informes alertan de que se captura mucho más atún rojo del que se declara

 

37 EL PAÍS

11/01/2008

Dos años de cárcel por cazar tigres en un coto de Badajoz

 

38 PÚBLICO

14/01/2008

Rajoy defiende la caza como un "método fundamental para la conservación de las especies"

 

39 EL PAÍS

14/01/2008

¿Falta comida o es demasiado cara?

 

40 Ecologistas en Acción

11/01/2008

NORUEGA PROHÍBE EL USO DE MERCURIO

41 EL PAÍS   Cataluña

14/01/2008

Justícia i Pau incluye el medio ambiente entre sus prioridades

 

42 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

13/01/2008

Sólo el 49,5% de los afiliados de EU apoya la tesis de Marcos

 

43 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

12/01/2008

Los sectores enfrentados en EU dan un nuevo paso decisivo hacia la ruptura

 

44 PÚBLICO

13/01/2008

IU se asoma a la ruptura en Valencia

 

45 EL PAÍS   Cataluña

12/01/2008

Eulàlia Vintró cerrará la lista de ICV en las generales

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1 EL PAÍS

10/01/2008

CC OO e IU proponen una ley de ahorro energético

EL PAÍS - Madrid -

El sindicato CC OO, IU-ICV, Los Verdes, WWF/Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción presentaron ayer en el Congreso una propuesta de ley para prohibir las bombillas incandescentes a partir de 2010, limitar la iluminación navideña, ajustar los precios de la luz a sus "costes reales" y permitir, en definitiva, un ahorro energético del 1% anual en términos absolutos en España.

La iniciativa, que no será discutida en esta legislatura porque las Cámaras se disuelven el día 14, prohíbe la producción y venta a partir de enero de 2010 de las lámparas de iluminación de vapor de mercurio, los productos que consuman en modo de espera más de un vatio y los productos que no tengan un diseño ecológico y, a partir de enero de 2010, las bombillas incandescentes y la mayoría de las halógenas.

Según el texto de la propuesta de ley, presentada en conferencia de prensa en el Congreso de los Diputados, el objetivo es crear "una nueva cultura de la energía" en España, "país europeo que más incumple con el Protocolo de Kioto".

El secretario confederal de Medio Ambiente de CC OO, Joaquín Nieto , expresó su "deseo" de que ésta sea "la primera ley que se apruebe en la próxima legislatura". "Hemos perdido una legislatura de oro para luchar contra el cambio climático", añadió el portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera.

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2 EL PAÍS

11/01/2008

El traspaso de Cercanías a la Generalitat queda aplazado sin fecha

El retraso agrava la brecha abierta entre el Gobierno central y el catalán

MIQUEL NOGUER - Madrid -

La última gran promesa de José Luis Rodríguez Zapatero con relación a Cataluña, el traspaso de la gestión de los trenes de Cercanías a la Generalitat, quedó ayer aplazada sin fecha. La transferencia debía hacerse efectiva este mes, según se comprometió el presidente del Gobierno el pasado julio en el Congreso de los Diputados, pero las negociaciones han resultado un estrepitoso fracaso que ayer se escenificó en la Comisión bilateral Estado-Generalitat.

El Gobierno catalán de José Montilla ha rechazado los términos en los que el Ministerio de Fomento pretendía hacer el traspaso. "La propuesta de transferencia no era suficientemente buena para los intereses de Cataluña", resumió el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, minimizó el incumplimiento del compromiso de Zapatero: "El Mundo no se para después de un anuncio", dijo recordando que se han celebrado muchas reuniones para intentar salvar el traspaso.

Lo cierto hoy por hoy es que no hay fecha para la transferencia. La cercanía de las elecciones y las posteriores negociaciones para formar gobierno no hacen más que añadir incertidumbre al calendario. Nadie prevé otra reunión de la comisión hasta mayo o junio. La negociación ha estado cargada de despropósitos desde el primer día, lo que ha envenenado las relaciones entre el Gobierno central y el catalán, que preside el socialista Montilla. El retraso en el traspaso de Cercanías se suma a otros problemas con el desarrollo estatutario y al aplazamiento de la llegada del AVE a Barcelona. Los socialistas catalanes temen que el episodio de ayer tenga consecuencias electorales.

Zapatero anunció el traspaso en el debate de Política General del pasado 3 de julio. El compromiso se mantuvo en otoño, cuando los problemas en las obras del AVE incluso obligaron a cortar la red de Cercanías durante cinco semanas. Esta crisis lastró la negociación de los traspasos, que embarrancó por completo ante las demandas de la Generalitat para que la red de Cercanías fuera puesta al día antes de su traspaso. 2007 se cerró con más de 500 averías en la red.

Fomento propuso ayer a la Generalitat un acuerdo para gestionar conjuntamente la red ferroviaria mientras no se diera la transferencia definitiva. El documento no preveía inversiones concretas. "Es una tomadura de pelo", replicaron ayer fuentes del Gobierno catalán. "No podemos decir que sí a una simple declaración de intenciones", remacharon. Las mismas fuentes atribuyen el incumplimiento del presidente del Gobierno a una amenaza de huelga por parte de algunos sindicatos de Renfe, contrarios al cambio de gestión.

La ministra de Administraciones Públicas intentó calmar las aguas. "El Gobierno ha dado muestras sobradas de su determinación de cumplir el Estatuto a un acuerdo". Salgado rehusó ponerle fecha. Sí recordó que el próximo 4 de febrero está prevista la reunión de otra comisión de menor rango para decidir el destino de 700 millones de euros para infraestructuras en Cataluña, de los que una parte serán para la mejora de Cercanías.

La contraoferta sólo consiguió calentar más los ánimos del Gobierno catalán. El consejero de la Vicepresidencia, Josep Lluís Carod Rovira, fue contudente: "Podemos llegar a una situación de colapso estatuario que no sería positiva para Cataluña ni para la estabilidad democrática del Estado Español", dijo desde Edimburgo, informa Josep Garriga. Los partidos que forman el Gobierno catalán, incluido el PSC, apoyaron la negativa del Ejecutivo a aceptar un traspaso sin garantías de inversión previa. "Queremos un traspaso en condiciones", dijo el socialista , Miquel Iceta.

Convergència i Unió aseguró que todo fue una maniobra de Zapatero "para demostrar al resto de España que no quiere ceder nuevas competencias a Cataluña". El PP catalán, pese a rechazar el Estatuto, lamentó el "nuevo incumplimiento" de Zapatero.

Transferencia sobre los chiringuitos de playa

Fracasado el traspaso de Cercanías, los Gobiernos central y catalán intentaron poner en valor otros acuerdos alcanzados ayer en la comisión bilateral de desarrollo estatutario. La ministra Salgado y el consejero Saura destacaron especialmente el traspaso de competencias sobre la gestión del litoral a la Generalitat. A las responsabilidades que ya tenía el Gobierno catalán en este ámbito se le sumará a partir de ahora el control de instalaciones de temporada: chiringuitos de playa y pequeños embarcaderos.

La Generalitat también participará en la fijación de los cupos de trabajadores inmigrantes que desarrollen su labor en Cataluña y regulará el ámbito de las comunicaciones electrónicas, particularmente las inspecciones sobre antenas de telefonía móvil. La homologación de títulos no universitarios para extranjeros también pasará a manos de la Generalitat.

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3 EL PAÍS

11/01/2008

Las propuestas discrepaban en financiación y nombramientos

La diferencia es de tal calado que el Gobierno central ni siquiera otorga a la Generalitat "la potestad tarifaria".

M. N. - Madrid -

Los documentos que se cruzaron el Gobierno central y la Generalitat sobre Cercanías tienen, apenas, media docena de párrafos coincidentes. El resto es discrepancia. Una de las más importantes, la financiación. El texto del Gobierno central habla, de modo sistemático, de aportaciones de ambas Administraciones. La Generalitat, en cambio, entiende que si se traspasa una competencia debe ir acompañada de las partidas para financiarla y señala: "Las necesidades financieras derivadas [para prestar el servicio] serán cubiertas por la Administración del Estado".

No menos importante es la cuestión de los nombramientos. La propuesta del Ejecutivo central ignora el asunto. En cambio, el Gobierno catalán señala que "la Generalitat designa o participa en los procesos de designación" de los cargos de Renfe, mientras la transferencia no sea plena y, más específicamente sostiene que, previo acuerdo con Renfe, la Generalitat nombrará "una dirección ejecutiva de Cercanías de Barcelona".

Personal y trenes

La propuesta catalana defiende la creación de esa unidad de negocios, a la que la "Administración competente" (el Gobierno catalán) "seguirá encomendando la prestación del servicio". Esta unidad de negocios concentrará "los recursos humanos y materiales vinculados a la prestación del servicio de Cercanías", o sea, personal y trenes.

La propuesta del Gobierno central sólo habla de Cercanías pero la del Gobierno catalán no olvida que el servicio ferroviario necesita vías, túneles y estaciones. Por ello defiende crear un "organismo de colaboración" sin perjuicio de las competencias de Fomento, Adif o Renfe, que acordará lo relativo a "la regulación de circulación, la adjudicación y capacidad de la red, la gestión básica de la información y atención al cliente, la gestión de las estaciones, el mantenimiento de la red en Cataluña y la ampliación de la red". Este organismo hará "el seguimiento de las inversiones de Adif" y de los contratos programa con Renfe. El Gobierno central se reserva la seguridad en la circulación, las licencias a empresas y la homologación del personal ferroviario y del material rodante.

Las discrepancias son de tal calibre que Fomento ni siquiera respondió a seis de las siete propuestas que le envió la Generalitat. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, restó importancia al asunto: "Es una cuestión de detalle", dijo.

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4 EL PAÍS   Cataluña

10/01/2008

Fracasa la negociación entre el Gobierno y la Generalitat para el traspaso de los Cercanías

Sí ha habido acuerdo en la transferencia de las competencias en materia de inmigración, ordenación y gestión del litoral, comunicaciones electrónicas y homologación de títulos extranjeros no universitarios

ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid -

La Generalitat de Cataluña seguirá, por el momento, sin las competencias en el servicio de Cercanías de Renfe, tal y como pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy ha fracasado la negociación de la comisión bilateral encargada de este asunto. El Gobierno catalán ha considerado insuficiente la oferta de dinero ofrecida por el Ejecutivo central.

Sin embargo, la Comisión Bilateral Estado-Cataluña ha acordado los traspasos de competencias a la Generalitat en materia de inmigración, ordenación y gestión del litoral, comunicaciones electrónicas y homologación de títulos extranjeros no universitarios.

Al término de la reunión, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de Relaciones Institucionales catalán, Joan Saura, han remarcado en una rueda de prensa la relevancia de los compromisos adoptados. Aunque Saura ha lamentado que sin el traspaso de la red de Cercanías se "enturbia", en cierto modo, el balance de la comisión.

Salgado y Saura también han subrayado la voluntad y el trabajo de ambas Administraciones para cerrar el traspaso de esta gestión "lo antes posible", pero no han dado plazos ni fechas concretas. Ambos dirigentes han coincido en la "extraordinaria complejidad" de este proceso.

El Gobierno y la Generalitat han acordado, además, una inversión en los próximos siete años de 4.365 millones de euros en infraestructuras, que servirá, según Salgado, para solucionar en parte los problemas de la red de Cercanías.

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5 EL PAÍS   Cataluña

10/01/2008

El desacuerdo en Cercanías complica otras negociaciones

M. NOGUER - Barcelona -

La imposibilidad de culminar el traspaso de Cercanías en el plazo establecido ha contaminado el resto de las negociaciones que hoy estaba previsto cerrar en la comisión bilateral Estado-Generalitat. Anoche sólo estaban cerradas las negociaciones para dos traspasos maduros desde hace ya semanas: las competencias para la ordenación del litoral y para la homologación de los títulos académicos no universitarios.

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, celebraron ayer nuevos encuentros para intentar llevar a buen puerto el máximo número de acuerdos. El hermetismo de la negociación era total, pero nada invitaba al optimismo. Entre los objetivos que se habían planteado para la reunión de hoy había, además del citado traspaso de Cercanías, otras transferencias, como nuevas competencias en inmigración, Inspección de Trabajo y la culminación de otro traspaso que viene arrastrándose desde hace meses, el de la codificación de libros y revistas. Los negociadores catalanes esperan hoy llegar a algún principio de acuerdo en estas materias.

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6 EL PAÍS   Cataluña

8/01/2008

Montilla rechaza Cercanías por falta de financiación

El Gobierno central y la Generalitat no logran pactar nuevos traspasos de calado

La Generalitat tendrá plenas competencias en la ordenación del litoral

F. ARROYO / M. NOGUER - Barcelona -

Enero terminará sin que el Gobierno central traspase a la Generalitat las competencias en Cercanías. Esta transferencia fue anunciada en julio por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, para el primer mes de 2008. No será así. El motivo es la falta de acuerdo en los paquetes económicos que deben acompañar a la competencia. En vista de que las negociaciones no iban por buen camino y de que resulta imposible cumplir los plazos, el presidente de la Generalitat, José Montilla, confirmó ayer a través de la portavoz del Gobierno que el traspaso no se producirá por ahora.

El traspaso es muy complejo, argumentó el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. Incluye trabajadores, maquinaria y un cambio en el régimen empresarial, y exige la creación de una nueva autoridad ferroviaria. Ambos gobiernos han cruzado media docena de documentos en los que se incluyen propuestas para resolver los problemas, pero éstos no están solucionados. Más aún: se han complicado tras el rechazo sindical a la fragmentación de Renfe.

6.000 millones

Las cifras que baraja el Gobierno catalán son muy imprecisas. Incluyen el contrato programa por el que Renfe recibe subvenciones del Gobierno central. El ahora vigente, 2006-2010, es de unos 5.700 millones para toda España. A Cataluña le corresponde un tercio. Pero el Gobierno catalán entiende que debe ser revisado al alza en función del nuevo plan de Cercanías. A esto hay que añadir las inversiones "de presente y de futuro" en las infraestructuras, que dependen del ADIF. La última cifra apuntada al respecto es de unos 6.000 millones en 12 años.

El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, presidirán hoy en Madrid la constitución de la subcomisión de infraestructuras y equipamientos -dependiente de la comisión bilateral- que concretará los proyectos de infraestructuras a los que se destinarán los 34.000 millones de inversión estatal en Cataluña previstos para los próximos siete años. Entre las primeras decisiones que deberá tomar esta comisión figuran las actuaciones a las que se destinarán los 700 millones que el Estado ha presupuestado para 2008 en Cataluña.

Confirmado el retraso del traspaso de Cercanías, el Gobierno catalán espera que entre hoy y mañana se avance en el resto de las negociaciones pendientes para salvar la última comisión bilateral de la legislatura. Ayer había pocos acuerdos de calado cerrados. Sólo estaba garantizado el traspaso de competencias para la homologación de títulos no universitarios y sobre la gestión del litoral. Si en julio se trasfirieron competencias para regular actividades de temporada, como el alquiler de embarcaciones en las playas, mañana se rubricará el traspaso del resto de las competencias sobre instalaciones permanentes, como clubes deportivos y restaurantes de playa.

Hasta aquí los acuerdos. Quedan pendientes de negociación la gestión de las becas y la gestión de las comunicaciones electrónicas, así como la transferencia de la inspección de trabajo.

La diputación permanente del Congreso verá hoy la petición de comparecencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez que fue presentada por Iniciativa con el apoyo del PNV. El PP, CiU y Esquerra Republicana votarán a favor de la comparecencia. En cualquier caso, el resultado de la votación no es vinculante para la ministra.

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7 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

11/01/2008

El Consell reclama ahora al Gobierno que financie un 'AVE' entre Valencia y Utiel

EL PAÍS - Valencia - 11/01/2008

El viaje en tren de Valencia a Utiel en una línea de cercanías dura unas dos horas y el Consell quiere que se reduzca a 47 minutos. Quiere, además, que esta mejora ferroviaria la financie el Gobierno. El proyecto cuesta al menos 24 millones de euros y el consejero de Infraestructuras, Mario Flores, lo presentó ayer en Utiel.

El plan propone aprovechar la línea del AVE actualmente en construcción para trenes que alcancen unos 160 kilómetros por hora. En la zona de la estación del Rebollar, cerca de Requena, sería necesaria la construcción de un intercambiador que permitiera al nuevo tren pasar a las vías del cercanías que viaja hasta Utiel. El proyecto prevé así una estación con más andenes y un servicio de aparcamiento de coches. Dado que Valencia y el Rebollar están a una distancia de 60 kilómetros , "es conveniente" la incorporación de otras dos vías de apartado, una por cada sentido, de forma que en la zona entre Chiva y Buñol los nuevos trenes regionales puedan dar paso al AVE.

Se trata, en definitiva, de que la "explotación de la infraestructura de alta velocidad Valencia-Madrid" permita generar "un corredor de AVE regional que enlace en tiempos competitivos Valencia con Requena, Utiel y su comarca", según dijo el consejero. El trayecto actual de 90 kilómetros y 14 estaciones se recortaría a un viaje de 47 minutos.

El Plan de Infraestructuras Estratégicas 2004-2010 de la Generalitat prevé mejorar el servicio ferroviario a la comarca, pero este plan no saldría de sus propios presupuestos. Tras denunciar insistentemente retrasos en el AVE, ahora propone un proyecto que obligaría a nuevas modificaciones que pagaría el Gobierno. "Vamos a proponer esta opción al Ministerio de Fomento , que es la administración competente, para que desarrolle el proyecto, perfectamente viable y con una inversión razonable". Unos 24 millones en infraestructura, nuevos trenes aparte. "Repercutirá en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos", añadió Flores.

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8 Ecologistas en Acción

12/01/2008

2007: UN AÑO MÁS RESPIRANDO AIRE CONTAMINADO EN MADRID

Ecologistas en Acción ha presentado su informe anual sobre la contaminación del aire en la capital. A pesar de las mejores condiciones, en un año con bastante inestabilidad atmosférica, el aire de Madrid continúa por encima de los límites de protección a la salud, sin que el Ayuntamiento informe a los ciudadanos ni tome medidas efectivas para solucionar esta grave situación. A juicio de la organización ecologista, estas medidas tienen que pasar por la restricción al principal contaminante de la ciudad: el automóvil.


Los datos que presenta Ecologistas en Acción en su informe están extraídos de la información que ofrece el Ayuntamiento a partir de su red de estaciones de medición de la contaminación. La mala calidad del aire de la ciudad, en buena medida debido a su intenso tráfico, no dejan lugar a dudas:

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

•    la ley dice que no se deberían superar los 46 microgramos/metro cúbico (?g/m3) de concentración media anual, pero el valor medio de todas las estaciones ha sido de 60.
•    Hay estaciones que superan mucho más este límite de protección a la salud, como Paseo de Recoletos (95 ?g/m3), Plaza Luca de Tena (83), Pza Gregorio Marañón (80), Paseo de Pontones (71) o Escuelas Aguirre (70).
•    Otro límite establecido por la legislación vigente es que un determinado nivel de este contaminante (230 ?g/m3) no debería rebasarse más de 18 horas al año. Pues bien, sólo entre el 1 y 12 de noviembre, cuando Ecologistas en Acción hizo un seguimiento exhaustivo, se superó este límite (que es para todo el año) en 7 estaciones. Si la organización ecologista tuviera capacidad para hacer este seguimiento todo el año (algo que debería hacer el Ayuntamiento), es seguro que los resultados serían escandalosos.

El NO2 afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, produciendo una merma de la resistencia a las infecciones. Los niños y asmáticos son los más afectados por exposición a concentraciones agudas de NO2.

Partículas en suspensión (PM10)

•    La ley dice que no se deben superar más de 35 días al año un determinado nivel de partículas (50 ?g/m3), sin embargo este límite diario se supero en 51 días en toda la ciudad.
•    También hay zonas que más que triplicaron este límite durante 2007. Así, Pza. Luca de Tena (125 días), Paseo Recoletos (93), Fernández Ladreda (86), Gregorio Marañón (79) o Santa Eugenia (77).

La contaminación por partículas está relacionada con incrementos en la mortalidad total, mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, mortalidad por cáncer de pulmón e ingresos hospitalarios por afecciones respiratorias y cardiovasculares. Estudios sobre efectos a largo plazo han estimado que la exposición a partículas en suspensión de los madrileños pueden reducir su esperanza de vida entre varios meses y dos años.

Ante esta grave situación, Ecologistas en Acción viene planteando al Ayuntamiento que la disyuntiva, enunciada con realismo y crudeza, no es otra que la reducción del principal contaminador del aire, el tráfico motorizado, o bien continuar despreciando el derecho de las personas a respirar aire limpio. Para ello, son necesarias medidas que tengan como objetivo la reducción del uso del coche y la potenciación del transporte público y colectivo, a la vez que se favorece el transporte no motorizado (caminar o pedalear).

Así, resulta necesario elaborar y poner en práctica un plan de movilidad sostenible, en el que se recojan medidas de fomento de la bicicleta, del tránsito peatonal, la segregación estricta de los carriles bus, la incorporación de autobuses y tranvías eléctricos y, sobre todo, restricciones al coche: eliminación de las plazas azules del SER, dejando sólo las de prioridad para residentes; hacer cumplir los límites de velocidad y establecer una velocidad máxima de 30 km/h en las zonas residenciales (como se hace en Austria); peajes progresivos (más altos para los más vehículos más contaminantes, como se hace en Londres); reducir el viario, etc.

Del mismo modo, en el área metropolitana, resultan necesarios: una moratoria para las nuevas carreteras y autovías previstas tanto por la Comunidad de Madrid en el Plan de Carreteras 2007-2011, como por el Ministerio de Fomento; la puesta en funcionamiento de aparcamientos disuasorios; o establecer un límite de velocidad a 80 km/h en el área metropolitana de Madrid, tal y como se ha empezado a hacer en Barcelona y se viene aplicando con éxito en muchas ciudades europeas.

Ecologistas en Acción lamenta profundamente que tenga que ser esta organización ecologista y no el Ayuntamiento quien informe, como tiene obligación, de esta grave situación de contaminación a los ciudadanos. Pero peor aún, es que el equipo de gobierno municipal continúe sin poner en marcha medidas que solucionen la situación. Por ello, le exige una vez más que informe adecuadamente y que ponga en marcha las actuaciones precisas para cumplir la ley y dar prioridad a lo importante, la salud de los ciudadanos.

Más información: Paco Segura 918 969 805, Juan García 654 143 471

La calidad del aire en Madrid. Balance de 2007 (PDF - 161.4 KB)

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9 EL PAÍS   Comunidad de Madrid

12/01/2008

La calidad del aire de Madrid empeoró en 2007

La contaminación desborda los límites recomendados por la Unión Europea

R. FRAGUAS MADRID

Respirar en Madrid resulta cada año más difícil. Da igual que el año anterior haya sido atmosféricamente inestable o movedizo: la contaminación del aire aquí no cesa de crecer, como señala el informe de 2007 presentado ayer por Ecologistas en Acción, que el Ayuntamiento, por su parte, niega.

La contaminación se mide según la concentración de partículas en suspensión de polvo contaminado PM10, procedentes sobre todo del tráfico y la industria, y el dióxido de nitrógeno (NO2), causado principalmente por los coches.

Según la lectura que Ecologistas en Acción hace de los datos municipales acopiados en 25 de las 27 estaciones de medición medioambiental dispersas por la ciudad -dos de ellas, Villaverde y cuesta de Moyano, permanecen cerradas-, los madrileños respiramos cada día un 30% más de NO2 del límite para la protección de la salud fijado por un plan europeo que habrá de culminar en 2010.

El plan subraya que la atmósfera madrileña no podía contener más de 46 microgramos de NO 2 por metro cúbico de concentración media anual durante 2007. Sin embargo, durante el año vencido, la media ha sido de 60 microgramos por metro cúbico, casi un tercio más de lo permitido.

El plan protector de la UE fija que la concentración de partículas PM10 no puede superar durante más de 35 días del año concentraciones superiores a los 50 microgramos por metro cúbico, mientras que en la atmósfera de Madrid tal limitación se ha visto desbordada en 18 de las 25 estaciones activas.

El récord se lo llevan la estación medidora de la glorieta de Luca de Tena, que sobrepasó hasta 125 días los límites fijados, y la del paseo de Recoletos, con 93 días de exceso. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento matizó que "el aire de Madrid se ajusta a la normativa en vigor al no superar como media 18 veces al año 230 microgramos de NO por metro cúbico".

Cada día se registran en la capital un millón de entradas y salidas de los cuatro millones matriculados en la región.

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10 EL PAÍS

14/01/2008

El reto del cambio climático en Europa

Los países pobres de la UE podrán contaminar más que los ricos

La Comisión Europea fija un nuevo reparto de emisiones de CO2 para 2012

Los derechos de emisión se fijarán según el PIB 'per cápita' del país

Al menos dos tercios del total de los permisos serán subastados

ANA CARBAJOSA - Bruselas -

Ha llegado la dolorosa hora del reparto. Tras meses de grandes palabras y de presentarse ante el mundo como la campeona en la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea tiene ahora que dejar por escrito cómo va a cumplir los ambiciosos objetivos que se ha marcado -recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20% para 2020 respecto a los niveles de 1990- una vez que expire el protocolo de Kioto en 2012, y, sobre todo, explicar cómo los Veintisiete van a ser capaces de conseguir que, también en 2020, el 20% de la energía que consuman provenga de fuentes renovables; un objetivo muy difícil de alcanzar para algunos países.

Después de intensas semanas de consultas con los Estados y la industria, la Comisión Europea pondrá sobre la mesa un paquete legislativo el 23 de enero, a cuyo borrador ha tenido acceso este diario, que fija los criterios de reparto del recorte de emisiones de gases contaminantes y los complejos mecanismos que deberán aplicar los Veintisiete. Las propuestas legislativas deberán contar con la aprobación del Consejo Europeo y el Parlamento.

El texto, sujeto a modificaciones de última hora y en el que aún no figuran las cifras exactas que corresponden a cada país, indica que las reducciones se asignarán "teniendo en consideración el PIB por habitante de los Estados miembros". Es decir, los países ricos estarán obligados a reducciones importantes, mientras que los menos desarrollados, principalmente los nuevos socios del Este, podrán incluso aumentar sus emisiones respecto a las de 2005, el año de referencia que maneja Bruselas para el escenario post-Kioto. Tendrán, sin embargo, un límite: no podrán superar el 20% respecto al nivel de hace tres años.

Este criterio se aplicará para sectores como la vivienda, la agricultura, el transporte o el comercio. Forman parte del llamado sistema de comercio de emisiones por el que las empresas pueden comprar y vender derechos de emisión de gases contaminantes. La industria pesada tendrá objetivos sectoriales que se aplicarán a todos los países por igual para evitar que las empresas de un país tengan ventajas sobre otros y para desincentivar las deslocalizaciones.

Una de las novedades del nuevo sistema de comercio de emisiones, que se presentará también dentro de 10 días, es que a partir de 2013 las empresas tendrán que pagar para adquirir la mayor parte de los derechos de emisión en lugar de recibirlos gratis de los Estados, como hasta ahora. "Al menos dos tercios del total de los permisos serán subastados", dice el texto en el que Bruselas realiza un poco frecuente ejercicio de autocrítica y reconoce que en la primera fase (2005-2007) los Estados "concedieron demasiados" permisos de emisión, lo que provocó que muchas compañías no se vieron obligadas a reducir los gases que vertían a la atmósfera y además se enriquecieron vendiéndolos.

Bruselas se propone mejorar este complejo sistema poniendo precio a los derechos de emisión, aunque algunos sectores como la aviación no tendrán que pagar parte de estos derechos durante los primeros años. La Comisión otorgará a cada país una cierta cantidad de derechos de emisión, también en función del PIB per cápita.

Ante la preocupación que ya ha manifestado la industria, Bruselas se compromete a revisar el sistema dentro de tres años y conceder nuevos permisos gratuitos si las empresas europeas pierden terreno en el mercado mundial por exigencias ambientales.

Junto a los recortes de emisiones, el impulso de las energías renovables y de los biocombustibles es el otro pilar de la política europea de lucha contra el cambio climático, con el que además Bruselas pretende reducir la dependencia energética de países como Rusia y crear trabajo.

El paquete legislativo fija las reglas para alcanzar el objetivo de que el 20% de la energía que se consuma en la UE provenga de fuentes renovables -actualmente ronda el 8,5%- y de que el 10% del transporte se alimente de biocombustible. También en las renovables se tendrá en cuenta el crecimiento económico de los países a la hora del reparto a partir de una cifra única que todos deberán cumplir. El trasiego de créditos de emisión se extiende también al capítulo de renovables, lo que ha provocado el rechazo de parte de la industria, de las ONG y de Gobiernos como Alemania o España, según fuentes próximas a la negociación.

La idea es que las empresas europeas puedan comprar y vender entre sí una especie de créditos que permiten a los que los compren apuntarse su cuota de renovable aunque no generen este tipo de energía. Gobiernos e industrias critican este sistema por considerar que distorsionará los mercados nacionales.

Grupos ecologistas lamentan que la UE haya adoptado la cifra global de reducción del 20% cuando del consenso científico se desprende que es necesaria una reducción del 30% para limitar el calentamiento del planeta a dos grados centígrados. La coordinadora de cambio climático de Greenpeace en Bruselas, Mahi Sideridou, asegura que "la UE ha adoptado una cifra arbitraria que además es inferior al 25-40% que se acordó en Bali para los países industrializados".

El borrador de directiva explica, sin embargo, que en caso de alcanzarse un acuerdo internacional para reducir las emisiones en un 30%, "la Comisión deberá ajustar los límites de emisión de los Estados miembros" sobre la base de un nuevo pacto global pos-Kioto.

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11 EL PAÍS

14/01/2008

España se queda en la media

El Gobierno Español quería que las emisiones dependieran de la población

Ha logrado a medias sus objetivos

El actual reparto penaliza a España aunque emite menos que la UE de media

R. MÉNDEZ - Madrid -

El PIB per cápita español es actualmente un 105% del de la media europea de 27 países. Esto significa que España deberá reducir sus emisiones prácticamente en la media europea. Aunque faltan por conocer los datos y los matices, si Europa se compromete a rebajar sus emisiones un 20%, España estará obligada a una reducción parecida. Será un esfuerzo mayor que el de Eslovenia, Rumania o Chipre, pero menor que el de Francia, Reino Unido o Alemania. No es todo lo que pedía España pero al menos es un criterio que tiene en cuenta la población, tal y como quería el Gobierno español.

La queja principal del Gobierno es que en el reparto de emisiones dentro de la UE que pactó Isabel Tocino no tuvo en cuenta el aumento de población. España obtuvo entonces, mediante una negociación política, no tanto basada en criterios técnicos, que podría aumentar sus emisiones un 15% respecto a 1990. La falta de políticas contra el cambio climático, un aumento de población de cinco millones de habitantes y el crecimiento económico han disparado las emisiones: España emite actualmente un 49% más que en 1990. La paradoja es que es el país que más se aleja del objetivo pero sus emisiones por persona son de 9,6 toneladas de CO2 al año, mientras que la media europea es superior a 10.

España pretendía ante la UE que las emisiones de la industria fuesen iguales en todos los países. Es decir, que cada cementera tuviera la misma asignación por cada tonelada de cemento y así evitar la deslocalización. Además , quería que el resto de las emisiones (las del transporte, la calefacción, que no se pueden asignar a una industria) fuesen en función de la población.

Juan Antonio Duro, profesor de Economía de la Universidad Rovira y Virgili y autor de estudios sobre el reparto de emisiones, explica que "el criterio del PIB per cápita permite a países como España que sus emisiones aumenten al subir la población. Da más margen de maniobra a países como España. Implica una mayor facilidad para cumplir los requisitos".

Fuentes próximas al Ministerio de Medio Ambiente explicaron ayer que habría sido mejor para España (en el sentido de que podría haber emitido más) si todas las emisiones dependieran de la población, pero afirmaron que el criterio del PIB per cápita tampoco le viene mal: "Todo lo que sea tener en cuenta de alguna forma la población conviene a España".

Los ecologistas apoyan que el nuevo reparto tenga un criterio medible. Ladislao Martínez , de Ecologistas en Acción, afirmó: "Es razonable que el reparto de las emisiones se haga en PIB per cápita aunque nos gustaría más que dependiera de la población".

La duda está en si España, que en las negociaciones internacionales ha defendido drásticas rebajas (en Bali apoyaba una reducción de entre el 25% y el 40%) podrá rebajar sus emisiones. Duro sostiene que "en el sector eléctrico puede que sí se logren reducir, pero el consumo en el transporte privado está disparado".

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12 EL PAÍS

11/01/2008

La fiscalía de Urbanismo ordena que se derriben las construcciones ilegales

El Tribunal Supremo pretende "evitar sensaciones de impunidad"

Se recomiendan medidas preventivas ante un posible daño irreparable

LYDIA GARRIDO - Valencia - 

Antonio Vercher, fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, trasladó ayer a los fiscales delegados de esa materia las conclusiones alcanzadas en unas jornadas celebradas en diciembre en Fuerteventura para que se apliquen. Entre ellas, figura que los fiscales de las secciones de Medio Ambiente y Urbanismo pidan la ejecución de las sentencias firmes que hayan declarado una obra ilegal. En concreto, en el apartado dedicado a cuestiones relativas a los delitos sobre la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico consta: "Se insiste en la importancia de que se acuerde la demolición de la obra ilegal en el proceso penal para evitar sensaciones de impunidad y en la necesidad de una especial vigilancia por parte de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de las ejecutorias para la efectiva aplicación de dicha medida cuando así se haya establecido por sentencia".

Esas conclusiones incluyen "la conveniencia de la adopción de medidas cautelares en los casos de obras ilegales" y también de acciones preventivas ante una actuación que pueda significar un daño irreparable. "Como medida preventiva en el caso de acciones anunciadas que puedan suponer un daño irreparable a la ordenación del territorio o al patrimonio histórico, el fiscal considerará la posibilidad de intervenir en el proceso administrativo, de Responsabilidad Medioambiental o bien comunicar a quien pueda autorizar la acción que ocasionaría un daño, que se iniciarán acciones penales", se detalla en el documento.

El texto, que fija entre otras cosas un protocolo para que trimestralmente sean remitidas a Vercher las sentencias de las distintas Audiencias y calificaciones de cada fiscalía en estas materias, también se refiere a la relación con las Administraciones en materia de urbanismo y de medioambiente. Para evitar confusiones y aclarar posiciones, se detalla: "Se pone de manifiesto los conflictos existentes entre las Administraciones de diversas comunidades autónomas con los correspondientes cuerpos de Agentes Forestales, acordándose que dichas circunstancias no deben suponer obstáculo alguno para que por parte de la sección de Medio Ambiente se siga contando con los mismos en el desempeño de su función como policía judicial genérica".

Y, en otro punto, se precisa: "No se estima procedente la suscripción de protocolos de colaboración o convenios en materias que son propias de dichas Administraciones y relativas al ejercicio de sus funciones, dado que el incumplimiento de la obligación de colaborar con la Administración de justicia en general y con el ministerio fiscal en particular lleva aparejada la responsabilidad legal oportuna".

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13 ABC

10/01/2008

«Caso Pocero»: Comienza la toma de declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción

MARÍA JOSÉ MUÑOZ. TOLEDO.

Con la comparecencia, ayer, en calidad de testigo, del alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, ante la Fiscalía Anticorrupción , todo indica que han comenzado las diligencias de investigación del llamado «Caso Quiñón», la famosa urbanización de Seseña levantada por el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», que llevó a IU a poner este proceso urbanístico (un PAU de más de 13.000 viviendas) en manos de la justicia en un escrito presentado el 14 de julio de 2006.

Manuel Fuentes, quien rehusó ayer comentar el contenido de su declaración -de tres horas-, sí apunto que en los próximos días declararán otros concejales y ex concejales de Seseña, así como algún técnico municipal. También lo hará su antecesor en el cargo, el ex alcalde socialista José Luis Martín , que podría declarar de forma inminente.

En fuentes relacionadas con el caso, ayer se aludía a la posibilidad de que compareciera próximamente el ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, algo improbable dada su condición de miembro del Consejo de Estado. El consejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha cuando el Gobierno de Bono aprobó el polémico PAU, Alejandro Gil , sí podría sentarse pronto ante el fiscal.

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14 EL PAÍS

10/01/2008

La destrucción del litoral - Costa norte

4. PAÍS VASCO

EL PAÍS concluye hoy la serie sobre la destrucción del litoral en el norte analizando la costa vasca. Los predadores urbanísticos han sido menos voraces en Euskadi. Los tribunales han conseguido parar, de momento, las recalificaciones masivas. Pero la presión continúa.

Todavía a tiempo de salvar la costa

El Supremo debe decidir sobre dos proyectos urbanísticos avalados por el Gobierno vasco

El plan del litoral, aprobado en 2007, pretende frenar la presión urbanística

En Barrika, de 1.400 habitantes, planean la construcción de 1.511 viviendas

50 nuevos chalés en Urdaibai amenazan la única reserva de la biosfera en Euskadi

En el enclave natural de Bakio podrían levantar 1.900 casas y un campo de golf

Greenpeace sitúa los 'puntos negros' del litoral en los puertos deportivos

A. URIONA / M. ORMAZABAL - Bilbao / San Sebastián -

En Euskadi la presión sobre el litoral crece, aunque todavía no haya operaciones urbanísticas masivas como en el Mediterráneo. Un informe del Gobierno vasco constata que la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado en las dos últimas décadas: de las 23.607 hectáreas de 1987 se ha pasado a las 47.295 en 2005. Gracias a la férrea oposición de los ecologistas, los tribunales vascos han paralizado dos proyectos en Barrika (Vizcaya) y en la reserva de la biosfera de Urdaibai, curiosamente avalados por la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco.

Greenpeace, en su último informe sobre la destrucción de la costa sitúa la mayor presión en el litoral vasco en Vizcaya, donde hay proyectos avanzados para construir más de 2.000 viviendas. Además, los proyectos de ordenación supramunicipales ya aprobados por el Gobierno vasco permiten la edificación en Vizcaya de cerca de 20.000 viviendas junto al mar a lo largo de los próximos ocho años, una cifra que se duplicará previsiblemente cuando se aprueben los documentos correspondientes al litoral de Guipúzcoa. La Diputación vizcaína ha minimizado esta cifra asegurando que sólo se trata de una previsión y que son los ayuntamientos los que determinarán el número de viviendas que finalmente serán edificadas.

Pero alguno ha seguido fielmente el proyecto de ordenación elaborado. Barrika, con menos de 1.400 habitantes y enclavado en un privilegiado paraje a 10 kilómetros de Getxo, ha elaborado un avance urbanístico que contempla 1.511 nuevas viviendas (el plan de ordenación aprobado por el Gobierno vasco establece una horquilla de entre 622 y 1.584 pisos). Esas edificaciones supondrían multiplicar por más de cinco su población actual.

En Barrika se intenta construir desde hace 20 años en una zona protegida, a menos de 500 metros de la costa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló hace tres años la recalificación de 18 hectáreas para erigir 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo. Pero para entonces ya estaban finalizados y habitados 14 chalés.

Ahora está pendiente el recurso presentado por la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Barrika ante el Tribunal Supremo y, si se confirma el fallo, el municipio se enfrenta a una indemnización de varios millones de euros para los promotores de la urbanización, los dueños de los chalets construidos y los que compraron el terreno con licencia.

El otro asunto en los tribunales afecta a la única reserva de la biosfera de Euskadi, la de Urdaibai. En este caso fue el Gobierno vasco el que impulsó una recalificación para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27 hectáreas en Ibarrangelu, en un área sita entre las marismas y el encinar cantábrico, las dos joyas naturales de Urdaibai. El Tribunal Superior vasco la anuló al estimar que la consejería de Medio Ambiente actuó con "arbitrariedad" y de manera "incongruente" e "incoherente" con la ley de protección de la reserva. El Ejecutivo autónomo recurrió al Supremo, que todavía no se ha pronunciado, al aducir que la recalificación servía para solucionar los problemas de infraestructuras de saneamiento y de otros servicios en ese barrio.

En esta misma zona se ubica el chalet del ex lehendakari José Antonio Ardanza, que construyó un 38% más de lo autorizado, y fue multado con 25.000 euros por incumplir la ley de Urdaibai, la misma en la que aparece su firma como el entonces máximo responsable del Gobierno. Pero también está en los tribunales porque Ardanza se niega a derribar parte del tejado.

El conflicto de más calado se sitúa en Bakio, de poco más de 2.100 habitantes, donde existen planes para construir 1.900 viviendas. Aquí, el proyecto más polémico incluye 436 pisos y la posible inclusión de un campo de golf a pocos metros de un biotopo (figura de protección para enclaves naturales de pequeño tamaño). En este caso, el Gobierno vasco sí ha mostrado su rechazo; hace ya seis años que solicitó la "la suspensión cautelar" de este proyecto por el impacto sobre la bahía de Bakio y la falta de datos sobre la afección del campo de golf "en un terreno de orografía accidentada". En los otros planes urbanísticos de Bakio han saltado, además, otras polémicas con empresas vinculadas al ex viceconsejero del Gobierno vasco Javier Goirigolzarri, del PNV, beneficiándose de las recalificaciones.

El mejor aliado de la costa guipuzcoana frente a las tentaciones de alterar su paisaje ha sido su propia orografía. Los relieves abruptos y recortados, la línea de acantilados que forma un enorme farallón en prácticamente toda su longitud, han impedido la invasión urbanística que han conocido otras vertientes costeras de España. "La costa guipuzcoana ha crecido a un ritmo de seis viviendas anuales por cada 1.000 habitantes, cuando en otros lugares la media ha superado la veintena", afirman el arquitecto Santiago Peñalba y el abogado Mikel Iriondo, expertos en Urbanismo y redactores del planeamiento urbanístico de San Sebastián.

Una cultura del urbanismo diferente y la aplicación más cuidadosa de la ley de Costas han contribuido también a evitar la ocupación intensiva de la primera línea del litoral vasco. Ana Oregi, viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco , explica que Euskadi se ha dotado de otras "herramientas" legales "muy eficientes" para "proteger la costa", y cita entre otras la ley vasca de Ordenación del Territorio y el Plan Territorial de Protección del Litoral, aprobado en marzo de 2007. "Estos instrumentos ya no permitirán construir más puertos de forma unilateral y tampoco se autorizarán los planeamientos municipales sin una visión global y ambientalista del litoral", asegura la viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco.

Los ecologistas encuentran varios borrones en la costa. El informe de Greenpeace advierte de que la ocupación del suelo se ha "disparado" en las dos últimas décadas en Euskadi y sitúan cuatro "puntos negros" en la franja costera guipuzcoana: los puertos deportivos de Hondarribia y Orio, el comercial de Mutriku y el proyecto de macropuerto a mar abierto de Pasajes, aprobados antes de que se publicara el Plan Territorial de Protección del Litoral.

"Aunque la situación no es comparable con otros puntos de España, y admitiendo que la costa se ha conservado bastante bien porque tiene zonas inaccesibles, el riesgo es que se pueden cometer graves daños con los proyectos de puertos en Mutriku y Pasajes", sostiene Estela Beteta, técnico medioambiental y miembro del grupo ecologista Jaizkibel Bizirik. "El gran olvidado del litoral guipuzcoano es el mar ", sentencia.

Hay una coincidencia general en que la urbanización de la primera línea de playa de Orio es una "mancha" que chirría en el plan de protección costero. Bajo el planteamiento de reordenar la zona y crear un nuevo paseo marítimo, se han construido bloques de viviendas a pie de playa que han afeado el paisaje y enfadado a los ecologistas. Del mismo modo, la ampliación del puerto pesquero de Mutriku -el actual quedará para usos deportivos-, impulsado por el Gobierno autonómico, tampoco encaja en la estrategia de preservar el entorno marino.

De todos los impactos que podría sufrir el litoral, el más agresivo sería el del puerto exterior de Pasajes, un proyecto de dársena a mar abierto, adosada al monte Jaizkibel -incluido en la Red Natura 2000- que está levantando muchas ampollas. Lo apoyan abiertamente los socialistas y el PNV, es reticente Eusko Alkartasuna y se oponen frontalmente Ezker Batua, Aralar y ANV. Su coste se calcula en más de 700 millones de euros y se espera ponerlo en marcha en 2020.

A pesar de que en las últimas tres décadas ha existido una tendencia por parte de la población a asentarse en los municipios costeros, lo que se ha traducido en "una fuerte presión urbanística en la primera línea", admite Oregi, "todas las actuaciones realizadas en esta zona han sido bastante moderadas". Considera "muy alentador" que el Gobierno impulse la recuperación de la costa. "Las intenciones de Narbona [ministra de Medio Ambiente] son muy interesantes, porque van en la misma línea que las del Gobierno vasco. Ahora bien, nos chocaría que ese mismo gobierno que plantea la defensa del litoral luego pudiese dar vía libre a proyectos a gran escala como el de Pasajes. No va de acuerdo con el plan de protección del litoral", concluye la viceconsejera de Ordenación del Territorio.

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15 EL PAÍS

9/12/2008

La destrucción del litoral - Costa Norte

3. CANTABRIA

La piqueta de la justicia no funciona

El Gobierno cántabro se ve incapaz de ejecutar las sentencias de demolición

NATALIA JUNQUERA  -  Madrid

Es, con diferencia, la comunidad de la costa norte más castigada por el urbanismo salvaje. Algunos de sus municipios del litoral, como Castro Urdiales o Noja, poco tienen que envidiar al símbolo de la masificación y lugar de culto al hormigón que es Benidorm. El Plan de Ordenación del Litoral (POL) de 2004 estableció por primera vez en Cantabria unas reglas del juego sobre la mesa de los intereses inmobiliarios y puso fin a la locura. Pero para entonces el mal ya estaba hecho.

El ladrillo ha enterrado para siempre hermosos parajes en la costa oriental, la que ya no tiene remedio, debido fundamentalmente a la presión turística, sobre todo del País Vasco , que ha sembrado el litoral cántabro de segundas residencias mientras conserva en buen estado su propia franja costera. Porque el daño que causan los desmadres urbanísticos es, por naturaleza, irreversible, definitivo. Lo saben bien en esta comunidad que acumula más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo por incumplir todo tipo de normas medioambientales. Casi la mitad corresponden a Argoños, un municipio de menos 1.500 habitantes. Todas llevan años sin ejecutarse.

Los jueces han sido contundentes en Cantabria, y la administración, laxa. Algunas de las sentencias firmes de derribo se remontan al año 2000, pero las casas permanecen en pie y así seguirán mientras dure el tira y afloja entre la administración, los compradores de las viviendas y los ecologistas.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), la que ha llevado las urbanizaciones a los tribunales, reclama la inmediata ejecución de las sentencias y advierte de las consecuencias de seguir dilatando su cumplimiento: "Es un problema gravísimo. Todo el Estado de derecho queda reducido a la nada si no se hacen valer las normas, si no se cumple el dictamen de un juez. La gente tiene la percepción de que levanta su casita en el medio de una playa y no pasa nada. Al no ejecutar las sentencias, la administración lanza el mensaje de que se pueden legalizar. Y la administración no puede ampararse en las víctimas, que son sus víctimas, para no cumplir las normas. Las casas tienen que ser derribadas y los compradores indemnizados. Porque en realidad, las víctimas de una urbanización que destroza un paraje natural somos todos. Legalizarlas saldría mucho más caro", explica José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.

El consejero de Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, admite la presión de los afectados, no aclara si el Gobierno regional va a tomar alguna medida para forzar los derribos y, aunque asegura que "las sentencias están para cumplirlas", contempla la "legalización de algunas" de las viviendas: "Los compradores son gente inocente, gente a la que hay que indemnizar y eso va a costar muchos millones. Además, nadie quiere demoler viviendas. Los tribunales lo exigen pero llevarlo a cabo no es nada fácil porque las empresas no quieren complicarse la vida por un derribo que tampoco les supone grandes ingresos. Faltan medios para poder ser drástico. Debería haber una agencia nacional para ejecutar las sentencias de derribo. Cuanto más cerca del problema estás, más difícil solucionarlo".

Mientras, cerca de 2.000 afectados siguen viviendo en sus urbanizaciones moribundas, pagando sus hipotecas. Reunidos en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) organizan todo tipo de actos -marchas de protesta, manifestaciones y hasta obras de teatro- buscando la solidaridad ciudadana y el desgaste de la administración. De momento, con éxito. Los vecinos de los 144 chalés en la Playa de la Arena (Arnuero), levantados sobre un encinar protegido - "un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar", anunciaba la promotora en 1991- son los que más cerca han estado de las excavadoras. En noviembre pasado llegó a haber una empresa adjudicada para la demolición de las viviendas, Erri Berri, pero tras ganar el concurso de derribo, comenzó a recibir cientos de cartas y llamadas telefónicas de los vecinos de la urbanización advirtiendo de las vidas que iban a destrozar si llevaban las máquinas a su puerta. Finalmente, Erri Berri desistió.

Pero por difícil que esté resultando hacer el borrón para empezar la cuenta nueva, la costa cántabra afronta el futuro con una potente herramienta de protección del entorno, el POL. "Nos ha dado mucha tranquilidad por sus dos frentes. Por un lado, protege el territorio y ha conseguido salvar lo que quedaba por salvar. Y por otro, establece unas normas de ordenamiento urbanístico para el futuro. Llegó a tiempo para paralizar más de 30 sectores urbanísticos volcados en primera línea de playa y ha conseguido que casi ningún ayuntamiento haya presentado planes de ordenación a la espera, supongo, de que lleguen tiempos mejores", afirma Herrera.

"Antes del POL no había ningún instrumento jurídico para proteger la costa. Había mucho recelo a poner normas, pero la nueva ley no deja margen para las dudas. Está todo dibujado, por colores, dónde se puede construir, y dónde no. Las mejoras que ha traído el POL no se ven porque su objetivo es que no haya más aberraciones. Y efectivamente, desde septiembre de 2004, que es cuando lo aprobamos, no ha habido más sentencias de derribo", afirma Miriam García, ex directora general de urbanismo de Cantabria y madre del POL.

Sólo se escapó un ayuntamiento, Piélagos, el municipio que se ha hecho célebre por su "dentellada al monte", tal y como describieron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la urbanización de 400 viviendas que autorizó el consistorio en el Alto del Cuco, en el entorno del Monte de la Picota y junto al Parque Natural de Liencres. "En el tiempo que estuve trabajando como directora general de urbanismo es lo que más daño me ha hecho a la vista y es la espinita que me llevo clavada. El alcalde aprobó el plan parcial de la urbanización deprisa y corriendo para adelantarse a la aprobación del POL, y lo consiguió. Eso sí, haciendo oídos sordos a un informe desfavorable de Comisión Regional de Ordenación del Territorio y un requerimiento", asegura García.

Las obras en Alto del Cuco están paradas cautelarmente. El TSJC anuló en abril del año pasado el plan parcial de la urbanización, incrustada en un monte rebanado para chalés con desniveles de hasta 17 metros y en un enclave muy expuesto visualmente desde el litoral. La promotora, Fadesa, ha recurrido ante el Supremo. Arca también ha recurrido todas las licencias de construcción para que las viviendas sean derribadas.

El Informe Destrucción a Toda Costa 2007 de Greenpeace sitúa hoy la principal amenaza en los puertos deportivos, "el auténtico punto negro de la política costera del ejecutivo cántabro" y cita cuatro ejemplos en Castro Urdiales, Laredo, Suances y San Vicente de la Barquera, todos proyectados "sin la más mínima sensibilidad ambiental". La organización ecologista advierte también de la contaminación que provocan 24 municipios costeros carentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Los temores de Arca vienen por otro lado. "Lo que realmente nos da miedo y por donde creemos que va a venir la amenaza en el futuro es lo que llaman Proyectos Singulares de Interés Regional, grandes complejos de ocio con hoteles, restaurantes, parques temáticos, auspiciados por el Gobierno autonómico mediante leyes ad hoc. Como en Los Monegros. Los tiempos han cambiado, han mejorado", asegura Herrera. "Ya no existe aquella figura del alcalde- promotor, el POL ha creado una disciplina urbanística y la sensibilidad social es mayor, pero ¿de qué sirven las leyes de protección del territorio si el Gobierno se reserva la posibilidad de ponerlo todo patas arriba para complacer a una iniciativa privada y crear unos cuantos puestos de trabajo?".

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16 EL PAÍS

8/12/2008

La destrucción del litoral - Costa norte

2. ASTURIAS

Una costa salvada hasta ahora de los predadores

La presión ya ha comenzado. Los ecologistas denuncian planes para 60.000 nuevas viviendas

JAVIER CUARTAS  -  Oviedo

Asturias tiene la franja costera mejor conservada y menos urbanizada de España. Es el mismo diagnóstico del trabajo Destrucción a toda costa (2007), de la organización ecologista Greenpeace; del informe Sostenibilidad en España 2006, del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), y del estudio Perfil ambiental 2005, del Ministerio de Medio Ambiente. Es también, lo que el geógrafo Fermín Rodríguez, director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo, ha denominado "el excepcionalismo asturiano".

Pero lejos de ser un motivo de tranquilidad, el dato es causa de inquietud ante el temor de que Asturias sea la próxima pieza a cobrar por los buscadores de oportunidades, precisamente por la mayor preservación de su litoral y por haber logrado eludir, hasta ahora, la amenaza del urbanismo despiadado que ya ha dañado de forma irreversible otras zonas de la costa española.

La presión ya ha comenzado. Los ecologistas denuncian que hay planes para edificar 60.000 nuevas viviendas en la franja marítima asturiana. Los ayuntamientos reducen esa cifra a 25.000 y aseguran que son planes para los próximos 10 años.

Entre los sectores conservacionistas asturianos existe el convencimiento de que el Principado es el próximo objetivo del afán predador de quienes, en la creencia de que el modelo mediterráneo está agotado por saturación, han visto en la costa cantábrica y, en particular en Asturias, por su alto grado de conservación e imagen de calidad ambiental, la próxima zona de expansión de la construcción residencial para segundas viviendas en el litoral.

El Gobierno asturiano ( PSOE)intenta lanzar un mensaje tranquilizador y asegura que en ningún caso va a tolerar la destrucción de costa. Asturias ha sido pionera en prohibir (desde 1993 mediante directrices de ordenación territorial y por ley desde 2002) la construcción a menos de 500 metros del mar, salvo núcleos urbanos preexistentes.

El Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), de mayo de 2005, impulsado por el Gobierno, entonces de coalición entre los socialistas e Izquierda Unida, reforzó aún más esa cautela, y señala las 16.568 hectáreas donde no se puede construir: toda la zona costera fuera de cascos urbanos en esa franja de 500 metros . Además, el plan incluye actuaciones sobre 981.500 metros cuadrados a lo largo de la costa donde habría que regenerar "puntos negros", mediante la expropiación o la remodelación de zonas para atenuar impactos negativos.

Pero el temor sigue. En los 19 municipios marítimos asturianos la sociedad civil ha empezado a movilizarse y se multiplican los colectivos, plataformas y movimientos ciudadanos para oponerse a los proyectos de nuevas urbanizaciones Por unas u otras razones, una multinacional estadounidense, Landmark, que pretendía acometer un gran proyecto residencial en Cudillero para turistas de alto poder adquisitivo, acaba de desistir.

El PP asturiano ha sostenido en este tiempo que no hay "ninguna amenaza" y que los mecanismos de protección existentes pueden ser incluso "excesivos".

El temor a que Asturias haya sido elegida como la próxima presa de la concupiscencia urbanizadora se fundamenta, en primer lugar, en sus ventajosas condiciones de conservación, muy atractivas para los demandantes de segunda vivienda (sobre todo vascos y madrileños) que huyen del modelo masificado. También en los proyectos que han ido emergiendo a medida que avanzan las obras de construcción de la Autovía del Cantábrico a lo largo de la fachada marítima. Y además, en la convicción de que existe un creciente segmento de turistas que vuelven su mirada hacia el veraneo norteño, que desde el último tercio de siglo XIX y hasta los años 60 había sido la referencia del asueto de las clases dirigentes y pudientes españolas. Entonces el detonante fue el ferrocarril y ahora, las autovías, y, en el futuro, el AVE.

Con unos 500 kilómetros de perímetro costero (unos 236 kilómetros en línea recta), Asturias es, tras La Coruña y Tenerife, la tercera provincia española con más litoral, y ello es otro acicate para alentar un creciente número de proyectos inmobiliarios. La región ofrece en su fachada marítima 192 playas, zonas de dunas, seis rías, numerosos tramos de abruptos acantilados y el segundo mayor número de puertos de España (por detrás de la provincia de Pontevedra) en muchos de los cuales han ido desarrollándose puertos deportivos.

A ese potencial se suma una singularidad insólita en Europa: la gran cercanía entre la alta montaña (Picos de Europa y Cordillera Cantábrica) y el mar , lo que permite conciliar, en muy cortos desplazamientos, dos ofertas de ocio y paisaje muy diferenciados.

No obstante, que en la comparativa con otras comunidades Asturias salga victoriosa en la protección de su costa no implica que no se hayan perpetrado excesos durante el desarrollismo de los 60 y primeros 70 que hoy no se permitirían.

Este año, Greenpeace alertó de la existencia de 14 "puntos negros" o situaciones de riesgo en 13 concejos del litoral asturiano (Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Villaviciosa, Gijón, Carreño, Gozón, Avilés, Soto del Barco, Cudillero, Valdés, Tapia de Casariego y Castropol) en casi todos los casos por proyectos urbanísticos vinculados a campos de golf. Izquierda Unida denunció en 2006 que sobre el litoral asturiano pesa la amenaza de 60.000 futuras viviendas en proyecto para una comunidad con poco más de un millón de habitantes. La Coordinadora Ecologista las cuantifica en 66.200. Según estas fuentes, los 19 ayuntamientos costeros de la región podrían ingresar por estas licencias del orden de 667 millones de euros. Y Greenpeace habla de 40.300 (15.000 de ellas en un solo municipio: Llanes, y entre 5.000 y 9.000 en Ribadesella).

Los ayuntamientos, agrupados en la Federación Asturiana de Concejos (FACC) lo niegan. Aseguran que lo previsto está en torno a las 25.000 viviendas en todo el litoral de la comunidad y en un plazo de diez años. El Principado y el PSOE aducen que una cosa es lo que quieran hacer los promotores y los ayuntamientos y otra lo que se les vaya a permitir.

El Gobierno asturiano (PSOE) está ahora en medio de dos fuerzas de presión de sentido inverso y ambas muy fuertes. Por un lado, la de quienes se oponen a nuevos desarrollos residenciales -IU, grupos ecologistas, movimientos vecinales y colectivos de veraneantes, tanto asturianos como foráneos, que ya disponen de segunda residencia en la costa y no quieren que se les masifique el entorno- y, por el otro, promotores y constructores que consideran que Asturias es la última gran oportunidad de territorio relativamente virgen, y también los ayuntamientos, que ven en el turismo y las licencias de construcción una pujante fuente de ingresos.

"No vean lo que cuesta aguantar el tipo ante la presión urbanística sobre la costa. Muchas veces debemos decir no a proyectos que crean empleo", admitió el presidente asturiano, el socialista Vicente Álvarez Areces. Las autoridades regionales aseguran que en el Principado no se repetirá el modelo urbanístico del Mediterráneo ni el de otras zonas del Cantábrico, en las que el daño es ya es irreparable. El consejero de Ordenación del Territorio, Francisco González Buendía, reconoció hace un año que los grandes inversores del ladrillo "miran ahora hacia el Cantábrico" pero que el Principado estará "vigilante" y no permitirá un desarrollo urbanístico "insensato".

El presidente de la patronal asturiana de empresas constructoras (CAC), Serafín Abilio Martínez asegura: "Hemos apostado por el plan de ordenación del litoral que nos planteó el Gobierno porque queremos hacerlo bien y abordar un crecimiento sostenido de la segunda vivienda". La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) considera que la economía asturiana precisa un desarrollo urbanístico y residencial de la costa y que es posible hacerlo sin perpetrar ni los errores ni los abusos edificatorios de otras franjas costeras españolas.

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17 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

11/01/2008

La Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje

Caballero publica el informe tras el desinterés de la presidenta de las Cortes

EL PAÍS / EP - Valencia - Dos meses y medio cubren cualquier periodo de cortesía. La Síndic de Greuges, Emilia Caballero , colgó ayer en Internet el informe correspondiente a 2006 entregado en el registro de las Cortes Valencianas el 17 de octubre. La publicidad del informe se produce después de que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, haya sido incapaz de encontrar un hueco en su agenda para recibir a la Síndic de Greuges que deseaba, como ha sido habitual, entregarle su informe anual en mano.

En el informe correspondiente a 2006, divulgado ayer, la Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje. Caballero relata que tanto el informe sobre la existencia de recursos hídricos como la declaración de impacto ambiental no se obtienen al inicio del procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos, sino al final, de manera que es el proyecto "el que condiciona y limita en la práctica la declaración de impacto ambiental y no al revés".

La Síndic destaca "la importante reticencia" del Consell y los ayuntamientos para pedir informes favorables sobre la existencia de agua necesaria a la Confederación Hidrográfica del Júcar. El informe asegura que en muchas ocasiones este informe no se llega a solicitar y en otras muchas se intenta suplantar o sustituir con informes de otras entidades que carecen de competencia legal para acreditar la existencia de agua suficiente.

"Desde esta institución no nos cansamos de repetir que no se debe aprobar y ejecutar un plan urbanístico si no se cuenta con el informe favorable de la Administración estatal de aguas", indica Caballero en su informe.

Para Caballero, las Administraciones valencianas deberían ser más transparentes y hacer mayores esfuerzos por facilitar la información urbanística a los ciudadanos. La Síndic también constata que "en más ocasiones de las deseables" la Administración es reacia a iniciar expedientes sancionadores y ordenar las demoliciones de las construcciones ilegales".

En su escrito, la defensora de los ciudadanos recalca también la insuficiente oferta de viviendas de protección pública y afirma: "son muchas las quejas que hemos tramitado relativas a personas que llevan años esperando una vivienda y que, debido a la escasez de las mismas, todavía no han podido acceder a ella". "Son interminables las listas de espera", remacha la Síndic que ve "inadmisible que la propia Generalitat no mantenga en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias para garantizar el derecho a una vivienda digna". El informe corresponde a 2006 y, con posterioridad, el Consell anunció un plan para rehabilitar su parque de viviendas públicas de acuerdo con los ocupantes.

De acuerdo con el informe, la Síndic recibió 280 quejas relacionadas con el urbanismo -una de cada cinco presentadas. El documento denuncia que ocho consejerías mostraron una actitud "hostil" o "entorpecedora" a los requerimientos de la Síndic. Actitud demostrada también por un total de 25 ayuntamientos.

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18 EL PAÍS

12/01/2008

TRIBUNA

Nuevas esperanzas sobre el cambio climático

El mundo se unió en Bali y llegó incluso a abuchear a los negociadores de EE UU

Necesitamos un plan empresarial de nuevas tecnologías para todo el mundo

JEFFREY D. SACHS, catedrático de Economía y director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia. © Project Syndicate, 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

El mundo ha dado un paso importante hacia el control del cambio climático mediante la aprobación del Plan de Acción de Bali, en las negociaciones mundiales celebradas en Indonesia a principios de diciembre pasado. Puede que el plan no parezca gran cosa, porque, en definitiva, compromete al mundo a seguir negociando, y no a emprender acciones concretas; pero yo soy optimista por tres motivos.

Primero, el mundo mostró la suficiente unidad como para obligar a Estados Unidos a abandonar su intransigencia. Segundo, la hoja de ruta indica un equilibrio razonable de cosas que se han tenido en cuenta. Y tercero, hay soluciones realistas y posibles, lo cual permitirá al mundo combinar el desarrollo económico con el control de los gases de efecto invernadero.

El primer paso en Bali consistió en deshacer el punto muerto en el que ha estado sumida la reacción mundial ante el cambio climático desde la firma del Protocolo de Kioto, hace un decenio. En esta ocasión, el mundo se unió e incluso abucheó a la responsable negociadora de Estados Unidos hasta que ella cambió de posición y aceptó firmar el Plan de Acción de Bali. También da la impresión de estar desapareciendo la resistencia de grandes países emergentes como China e India a firmar el plan, aunque queda mucha tarea por hacer hasta conseguir elaborar un acuerdo mundial en el que coincidan tanto los países ricos como los pobres.

Para lograrlo es preciso sopesar muchos aspectos. Ante todo, hay que estabilizar los gases de efecto invernadero para evitar la peligrosa interferencia del ser humano en el sistema climático; ése es el objetivo fundamental del Acuerdo marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el tratado mundial que está en el origen de las negociaciones de Bali. En segundo lugar, al mismo tiempo que hacemos eso debemos dejar margen para avanzar con rapidez en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Tercero , debemos ayudar a los países a adaptarse al cambio climático que ya está produciéndose y que se intensificará en el futuro.

El Plan de Acción de Bali aborda estas tres preocupaciones. Lo principal es que va a crear un grupo de trabajo ad hoc que de aquí a 2009 elabore un acuerdo mundial detallado capaz de fijar objetivos "cuantificables y verificables" y adoptar medidas para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Unos compromisos que habrá que plantear en el contexto del "desarrollo sostenible", es decir, que "el desarrollo económico y social y la reducción de la pobreza son prioridades mundiales". Además, el plan exige la transferencia de conocimientos a los países pobres para que puedan poner en marcha tecnologías que no perjudiquen el medio ambiente.

El gran interrogante, claro está, es si es posible lograr de forma simultánea la estabilización de los gases de efecto invernadero, el desarrollo económico y la adaptación al cambio climático. Con nuestras tecnologías actuales, no; pero, si desarrollamos y adoptamos rápidamente nuevas tecnologías que están al alcance de nuestra ciencia actual, sí.

El reto más importante es el de reducir, y prácticamente eliminar, las emisiones de dióxido de carbono procedentes de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón. Estos combustibles constituyen la base de la economía moderna y suministran alrededor de cuatro quintas partes de la energía comercial del mundo. Las emisiones pueden eliminarse, ya sea cambiando a formas renovables de energía o reduciendo el volumen de emisiones de los combustibles fósiles.

Es fundamental saber que aproximadamente el 75% de nuestro combustible fósil va destinado a unos cuantos usos muy concretos: la producción de luz y calor en las centrales eléctricas, los automóviles, la calefacción de edificios y el funcionamiento de unas cuantas industrias clave como las refinerías, las petroquímicas, el cemento y el acero. En todos estos sectores nos hacen falta tecnologías que no sean perjudiciales para el medio ambiente.

Por ejemplo, las centrales eléctricas pueden utilizar energía solar o capturar y eliminar de forma segura el dióxido de carbono que producen con los combustibles fósiles, y también pueden hacerlo las grandes fábricas. Los automóviles pueden consumir mucha menos gasolina con la tecnología híbrida que combina la gasolina y la electricidad. Los edificios pueden tener menos necesidad de calefacción si se mejoran los aislamientos o si pasan del combustible para calefacción a la electricidad obtenida mediante tecnologías limpias.

Según los cálculos económicos y de ingeniería más fiables, si cada sector económico clave desarrolla y adopta tecnologías no perjudiciales para el medio ambiente en los próximos decenios, el mundo podrá disminuir drásticamente las emisiones de carbono por menos del 1% de la renta mundial anual y, de esa forma, evitar daños a largo plazo que podrían costar mucho más. En otras palabras, el mundo puede combinar el crecimiento económico con la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Y los países ricos podrán permitirse el lujo de ayudar a los países pobres a pagar las nuevas tecnologías más limpias.

Para alcanzar un acuerdo antes de 2009, debemos superar las generalidades actuales, la discusión entre ricos y pobres sobre quién es responsable del cambio climático y quién debe sufragar los costes. Necesitamos un auténtico plan empresarial que detalle cómo se desarrollan, prueban y adoptan las nuevas tecnologías con urgencia y en todo el mundo. Debemos garantizar que todos los países emprendan una estrategia visible en materia de tecnología no perjudicial para el medio ambiente y que los países ricos cumplan la promesa del Plan de Acción de Bali de proporcionar "incentivos económicos y de otro tipo" que permitan a los países pobres adoptar las nuevas tecnologías.

Con todas las crisis que afligen a nuestro mundo , quizá se ve con cinismo el hecho de que otra vez, una reunión mundial ha servido para poco más que prometer que se va a seguir hablando. Pero existe un lado positivo: 190 países se han puesto de acuerdo sobre un plan razonable, y sus bases científicas y tecnológicas nos hacen esperar que sea posible hacerlo realidad.

Queda una labor larga y difícil, pero la situación es mejor tras las deliberaciones de Bali. Ahora ha llegado el momento de arremangarnos y hacer lo que hemos prometido.

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19 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

12/01/2008

Quejas por el urbanismo y el ruido

E. MOLTÓ - Alicante -

La mayoría de las quejas tramitadas por la Síndic de Greuges en 2006 (en total 1.744 denuncias) hacen referencia a cuestiones urbanísticas (19%), medioambientales (12%) y servicios municipales (16%). En la memoria del Sindicatura de 2006 se recogen 280 quejas vinculadas al ladrillo, principalmente, de usuarios afectados por proyectos que cuestionan la decisión de los ayuntamientos de autorizar PAI sin recursos hídricos garantizados. Gran parte de estas reclamaciones urbanísticas se refieren a abusos cometidos al amparo de la extinta LRAU.

La vivienda, con 55 quejas, también ocupa buena parte del informe del defensor del pueblo de los valencianos. En opinión de la Síndica en funciones, Emilia Caballero , junto a la "frenética escalada de precios" hay otros factores que "agravan las dificultades para acceder a una vivienda ", entre ellas cita la escasa promoción pública o privada de las viviendas protegidas, la nula intervención de los Ayuntamientos en el mercado del suelo, la insuficiencia de ayudas públicas o el tímido fomento del alquiler.

El grueso de las quejas del capítulo medioambiental está vinculado a los ruidos provocadas por fiestas o locales de ocio nocturnos. La Síndica también actuará de oficio en los espectáculos de bous al carrer debido a las denuncias presentadas por los protectores de los animales. Otro apartado novedoso son las 23 denuncias presentadas por los riesgos derivados de las antenas de telefonía móvil, cuya instalación se rige por ordenanzas municipales al no haber "normativa autonómica reguladora".

En el apartado sanitario, destacan las quejas sobre la ausencia de servicio de diálisis para niños en Alicante, la falta de anestesia epidural en los hospitales públicos, la demora en la lista de espera en las intervenciones de obesidad mórbida o la falta de ayuda para combatir la esclerosis lateral amiotrófica. Sobre educación, la Síndic reclama un aumento de las plazas de educación infantil y que la presencia de barracones sea "residual". Las consejerías más hostiles con la Sindicatura son las de Educación y Cultura, Territorio, Bienestar Social y Justicia.

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20 EL PAÍS

14/01/2008

TRIBUNA

Inmobiliarias en el Gólgota

El sector inmobiliario será uno de los que más notarán la sequía en el crédito

JOAQUÍN ESTEFANÍA

Mientras se discute si son galgos o podencos los males de la desaceleración económica, hay un sector productivo que presenta todos los síntomas del sufrimiento: el inmobiliario. En la presentación de los resultados del ejercicio 2007, la pasada semana, el consejero delegado de Banesto reconocía meridianamente lo que va a suceder a continuación: uno de los segmentos que más notarán la sequía en el crédito será el inmobiliario.

Antes de que en el mes de julio de 2007 estallase en EE UU la crisis de las hipotecas locas y provocase un shock crediticio de liquidez y confianza que se contagió inmediatamente, ya había síntomas de desaceleración en el sector de la construcción en España: primero disminuyó el número de viviendas en construcción y luego el de ventas. Se hablaba entonces de una desaceleración controlada. Ahora, seis meses después, la secuencia es la siguiente: menos viviendas construidas o por construir, menos ventas de pisos nuevos o usados (y con una disminución fuerte en el incremento de su precio), dificultades en el acceso al crédito de los compradores (control de las hipotecas y mayores tipos de interés), disminución de la liquidez a las promotoras e inmobiliarias para la compra de suelo y condiciones más rígidas para la renegociación de la deuda pendiente con los bancos y cajas de ahorro. Naturalmente, el sector financiero quiere disminuir la exposición al riesgo en un sector al menos coyunturalmente en fuerte retroceso. Hoy los reyes del ladrillo han sido sustituidos en el imaginario colectivo del éxito por aquellos que disponen de lo más preciado que se puede poseer hoy: liquidez.

¿Qué salidas puede tener una situación así? En primer lugar, la obtención de financiación nueva o una mejora de las condiciones para renegociar la antigua. Según estimaciones del Banco de España, la deuda financiera del sector inmobiliario en España (unas 40.000 empresas, muy atomizadas) asciende a unos 280.000 millones de euros, el equivalente a una cuarta parte del PIB español. Tal es la magnitud del problema. De ahí que hace unos meses, el presidente de Gobierno pidiese en un acto público que las entidades financieras fueran generosas en su oficio. Quizá en aquel momento no se entendió en toda su extensión la demanda de Zapatero que, sin duda, disponía de datos que luego el resto ha ido conociendo. Según otras fuentes, el llamado G-14, un lobby creado por las 13 mayores inmobiliarias españolas para influir en la sociedad, está negociando con el Gobierno líneas de financiación pública adicional, en condiciones blandas, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para obtener la liquidez que le niega el sector financiero privado. Otra vez el sector público en ayuda de un sector privado en dificultades.

El Gobierno está apoyando también de hecho al sector con la activación del Plan Estatal de Viviendas (medidas para facilitar la salida al mercado de pisos sin vender, ampliación de los beneficiarios de ayudas, alquileres con opción a compra, préstamos, etcétera) que lidera con tenacidad y convencimiento la ministra de Vivienda Carme Chacón, aunque es difícil que esas reformas obtengan un reconocimiento rotundo en el corto plazo. Por último, entre las salidas que da el propio sector figura la venta de activos que están protagonizando algunas inmobiliarias, en varios casos de forma desesperada, para reducir su apalancamiento, y de lo que hay numerosos ejemplos en los últimos días. Muchas de estas ventas las protagonizan terrenos que hace un año estaban tasados a un precio muy superior al actual.

Las inmobiliarias que cotizan en los mercados de valores viven momentos de derrumbe bursátil, de los que Astroc (que pasará a denominarse Afirma) y Colonial son sólo los ejemplos extremos. A final de mes ha de conocerse el plan que presentará el grupo Habitat para evitar la suspensión de pagos que ya han conocido otras empresas (como la valenciana Llanera ). Ello afecta a los intereses particulares de sus accionistas, pero también existen los de quienes pueden verse perjudicados con la pérdida de su puesto de trabajo, cifrados en unos 500.000, según las estimaciones quizá exageradas del G-14, intentando llamar la atención de que si los constructores lo pasan mal, no serán los únicos que sufran esta coyuntura.

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21 EL PAÍS

11/01/2008

Londres aprueba la construcción de nuevas centrales nucleares

El Gobierno asegura que deberán ser financiadas por la iniciativa privada

W. OPPENHEIMER - Londres -

El Gobierno británico aprobó ayer la construcción de una nueva generación de centrales nucleares y aseguró que éstas deberán ser financiadas exclusivamente por la iniciativa privada, incluyendo los costes de desmantelamiento y manejo de residuos. Los conservadores apoyaron la luz verde a nuevas nucleares, pero cuestionaron las cifras del Gobierno. No existe en el mundo ni una sola nuclear que haya sido puesta en marcha sin ayudas públicas.

Estrictamente no se trata del fin de una moratoria nuclear, porque la construcción de nucleares no está prohibida en el Reino Unido. Pero en la práctica sí lo es porque ningún grupo privado se lanzaría a una inversión de ese calado sin tener antes el apoyo político del Gobierno. Ese apoyo quedó ayer enfatizado por el hecho de que fue el ministro de Negocios, John Hutton, y no el responsable de Energía, quien presentó los planes en los Comunes.

El apoyo del Gobierno británico a la energía nuclear no es una sorpresa. Aunque los laboristas consideraban hasta 2003 que la nuclear no era la buena opción, desde entonces su opinión ha ido cambiando y ya en mayo de 2006 el entonces primer ministro, Tony Blair, dio su apoyo público a la construcción de nuevas centrales. La posición de Blair era ya entonces compartida por su sucesor, Gordon Brown.

18% de la electricidad

El impulso a las nucleares es consecuencia del creciente envejecimiento del actual parque nuclear británico, que suministra el 18% de la electricidad que consume el país y se habrá quedado obsoleto en 2035. El brutal encarecimiento del petróleo en los últimos años, la creciente inestabilidad en los países productores de crudo y la emergencia de la cuestión del cambio climático como una prioridad en la agenda política británica han acabado de dar el espaldarazo a la energía nuclear, un asunto que hace 25 años provocaba enormes tensiones políticas y choques violentos entre la policía y los miembros del movimiento antinuclear, con el que el Partido Laborista estaba muy comprometido y en el que militaban varios de los actuales ministros del Gobierno, como el titular del Tesoro, Alistair Darling.

Aunque la construcción de nucleares es muy cara, su desmantelamiento aún más, la cuestión de los residuos nucleares no está resuelta y la imposibilidad de un accidente nunca se puede garantizar, el miedo a lo nuclear ha disminuido radicalmente. Tiene la ventaja de que -si se orillan las incertidumbres de seguridad que plantea- es una energía limpia y el encarecimiento del petróleo la hace hoy más rentable que en el pasado.

El Gobierno británico no ha decidido aún ni dónde ni cuántas nucleares se van a construir, pero ha identificado ya 14 posibles localizaciones y ha defendido la tesis de que las nuevas plantas estén cerca de las antiguas. La primera central de la nueva generación podría abrir entre 2018 y 2020.

El ministro Hutton aseguró que las actuales plantas habrán garantizado "el suministro seguro de electricidad durante medio siglo" y afirmó que el Gobierno "está convencido de que es del interés público permitir a las compañías energéticas la opción de invertir en nuevas centrales nucleares y en consecuencia deberíamos facilitar eso activamente". El papel del Gobierno será dar confianza al sector privado para que invierta y acelerar los permisos de obras. "Serán las compañías energéticas, no el Gobierno, quienes financiarán, desarrollarán y construirán nuevas centrales nucleares, incluyendo el cumplimiento de todos los costes de desmantelamiento y la participación de cada operador en la parte correspondiente del coste del manejo de los residuos", insistió. Pero Hutton admitió que no conocía ni un solo ejemplo en el mundo de que eso haya ocurrido alguna vez.

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22 EL PAÍS

11/01/2008

Una energía que divide a la UE

ANDREU MISSÉ - Bruselas -

El peso de la energía nuclear es muy desigual en la UE. Mientras en Francia representa el 78% y en Lituania el 72% de la generación de electricidad, un total de 12 países (Austria, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Italia, Estonia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Malta) carecen de esta fuente de energía.

En el conjunto de la Unión la energía atómica representa el 6% del consumo final; el 15% del consumo de energía comercial primaria y el 29% de la generación eléctrica. La Comisión Europea mantiene oficialmente una escrupulosa imparcialidad sobre el uso de la energía atómica, pero en el documento estratégico sobre la política energética advierte: "Corresponde a cada Estado miembro decidir si confía o no en la energía nuclear para generar electricidad. Sin embargo, en el caso de que el nivel de energía nuclear se reduzca en la UE, es esencial que esta reducción sea compensada con la introducción de otras energías suplementarias bajas en emisión de carbono, de lo contrario el objetivo de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero no se cumplirá".

Actualmente en Europa sólo se construyen nuevos reactores, los llamados de tercera generación en Francia y Finlandia, con un coste de más de 3.000 millones de euros cada uno. También tienen planes de construcción en distinto grado de desarrollo, Bulgaria, Eslovaquia, Rumania y Lituania. Por el contrario, otros países, como Alemania, Bélgica, Italia, Suecia y España, mantienen una moratoria.

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23 PÚBLICO

13/01/2008

El dilema

¿La construcción de nuevas centrales nucleares es la solución al calentamiento del planeta o una hipoteca para el futuro?

ANTONIO M. VÉLEZ/MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - Madrid -

La decisión del Reino Unido de impulsar la construcción de centrales nucleares ha vuelto a poner sobre el tapete el debate sobre la viabilidad de esta forma de energía. Sus defensores argumentan que es la única forma de sortear el proceso de calentamiento global, ya que las centrales no emiten gases de efecto invernadero. Además, la nuclear reduce la dependencia energética externa de los países y ofrece la posibilidad de un suministro seguro y constante, a diferencia de lo que ocurre con las renovables.

Por el contrario, sus detractores, con las organizaciones ecologistas a la cabeza, rechazan este tipo de energía por la amenaza que suponen los residuos radiactivos y el enorme coste de su gestión, sin olvidar el riesgo de que pueda volver a registrarse un accidente como el de Chernóbil.

A favor

Esta semana, Reino Unido ha dicho sí a la construcción de nuevas centrales nucleares, dando entrada, además, a la iniciativa privada. El Estado británico pretende no poner un penique para las nuevas plantas, que se unirán a las 19 que ya funcionan.

El país será el cuarto de la UE que se embarque en la construcción de nuevas centrales, un pelotón que completan EEUU, Japón, Rusia, Corea del Sur, Ucrania, China e India. A medida que la conciencia verde ha calado, el lobby pronuclear ha nutrido su argumentario con premisas de contenido medioambiental, que se unen a las puramente económicas.

1. Sin emisiones de co2. Los defensores de la nuclear (incluyendo al fundador de la organización ecologista Greenpeace, Patrick Moore) argumentan que esta fuente de energía no emite CO2 y que es la única forma de cumplir con los compromisos de Kioto y evitar el calentamiento del planeta, en un entorno en el que la demanda de electricidad no para de crecer como consecuencia del desarrollo económico. De hecho, en marzo del año pasado Francia pidió que se considerase a esta fuente como renovable en las negociaciones en las que se decidió que el 20% de la energía que se consuma en el conjunto de la UE en el año 2020 tenga origen verde.

2. Bajos costes variables. Tener en marcha una central nuclear (el coste operativo) es mucho más barato que generar electricidad con aerogeneradores, placas solares, gas natural, petróleo o carbón. Pero ese cálculo no incluye la gestión de los residuos, ni las costosísimas inversiones que requieren los reactores. Por otra parte, el uranio es una materia prima relativamente abundante, que no está sujeta a tensiones geopolíticas, como los combustibles fósiles, lo que le otorga una gran estabilidad para garantizar el suministro de electricidad.

3. Dependencia externa. El recurso a la energía nuclear reduce la dependencia del petróleo, que en el caso de España llega al 85%. En 2006, la balanza de pagos energética generó un déficit cercano a los 32.000 millones de euros, la mitad del déficit total. Los defensores de la energía nuclear aseguran que es fundamental para mantener la competitividad de la economía. Como dicen los franceses, firmes defensores de esta fuente y con una potente industria atómica: “No tenemos carbón, no tenemos petróleo, no tenemos gas natural, no tenemos elección.”

4. Seguridad del suministro. Dados sus bajos costes operativos y el progresivo encarecimiento del petróleo, la energía nuclear sería la única fuente capaz de garantizar una mezcla de fuentes (‘mix energético’) equilibrada, dado el insuficiente desarrollo de las renovables, que además son intermitentes (no siempre luce el sol ni sopla el viento). En Europa, el 33% de la energía tiene origen atómico. En España, ese porcentaje es del 19%.

5. Peligro moderado. Los defensores de la energía nuclear creen que el accidente de Chernobil fue un caso único, que se debió a una combinación de factores que no se dan en la actualidad: un diseño deficiente, unos reactores anticuados y una nula seguridad. Un ejemplo habitualmente mencionado es el accidente de Three Mile Island (1979), en Estados Unidos, que no liberó cantidades significativas de radioactividad a pesar de que la fusión nuclear fue comparable en magnitud a la de Chernobil.

6. Gestión de los residuos. Según los partidarios de la nuclear, la tecnología de transmutación, aún en fase de investigación, podría permitir en el futuro eliminar la radioactividad de los residuos atómicos, un problema para el que, a día de hoy, no existe solución.

En contra

La energía nuclear despierta pasiones, y muchas de ellas en contra. Desde que en 1970 se abriera la primera central nuclear en España, la polémica ha estado presente cada vez que se produce un “suceso notificable” en una planta o se acercan elecciones. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció esta semana que no incrementará la energía nuclear y que, incluso, la reducirá “en función de la demanda energética global”. Su asesor Jeremy Rifkin cree que el modelo energético basado en petróleo y en uranio es insostenible y contaminante, y sólo conduce a la extinción del hombre.

1. Residuos. La solución definitiva a la gestión de los residuos de alta radiactividad es todavía una incógnita. En la actualidad, cada central nuclear almacena los residuos radiactivos en piscinas, pero su capacidad está a punto de superarse. El año pasado se constituyó una mesa para debatir sobre la energía nuclear en España y se decidió iniciar el procedimiento para construir un Almacén Temporal Centralizado que, gestionado por Enresa, albergaría los residuos de todas las centrales nucleares españolas. El procedimiento de información sobre el proyecto ya ha concluido y el Gobierno debe decidir dónde se ubicará dicho almacén. Ningún país del mundo cuenta con una solución final.

Por su parte, los residuos de baja y media actividad se almacenan en las instalaciones de Enresa en El Cabril (Córdoba), y proceden de centrales, hospitales y clínicas de rayos X, entre otros.

2. Oposición social. La sociedad española se ha mostrado en diversas encuestas de opinión en contra de situar una central nuclear cerca de su hogar, o de almacenar los residuos en su entorno. El miedo a lo nuclear sigue impidiendo un debate abierto sobre el futuro energético en España.

3. Accidente. El temor a un accidente como el que ocurrió en Chernobil (Ucrania) en 1986 por el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear sigue existiendo. En España el Consejo de Seguridad Nuclear se encarga de vigilar la operación adecuada de cada una de las plantas nucleares, pero a juicio de los opositores de esta energía, el riesgo existe sólo por el hecho de tener un reactor nuclear en actividad. El mayor suceso en una central española tuvo lugar en 1989 en la planta de Vandellós I (Tarragona), cuando se registró un incendio en la zona de turbinas, considerado “importante”, aunque no se produjo ninguna emisión de radiactividad al exterior de la planta. Se procedió a la clausura de la planta y a su desmantelamiento.

4. Financiación. El coste de construcción de una nueva central en la actualidad oscila entre los 3.000 y 4.000 millones de euros, una cantidad considerable para que una empresa eléctrica realice una inversión a futuro. Además, para la gestión de los residuos de baja y media radiactividad, Enresa cuenta con un fondo que hasta abril del año pasado se pagaba mes a mes con la contribución de cada consumidor en la factura de la luz, y desde entonces se encargan de su coste las empresas eléctricas. Las compañías de seguros también han estimado que las primas en caso de accidente nuclear son demasiado cuantiosas. Los grupos ecologistas han criticado que el recibo de la luz no refleje en la actualidad todos los costes reales de la producción nuclear, incluida la gestión de residuos.

5. Nuevos emplazamientos. La oposición social a construir nuevas plantas cerca de núcleos de población reduce las posibilidades de abrir centrales en emplazamientos diferentes a los actuales. El temor a lo que no se ve, como es la radiactividad, despierta posturas contrarias a más centrales.

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24 EL PAÍS

14/01/2008

TRIBUNA

La encrucijada energética

España está a la vanguardia en tecnología, industria y uso de las energías renovables. Pero frente al cambio climático, ni este país ni el conjunto de Europa pueden plantearse la reducción de la energía nuclear

De seguir las tendencias actuales, la dependencia y las emisiones de CO2 aumentarán en Europa No queremos aceptar restricciones al transporte privado ni subidas de los precios de los combustibles

CAYETANO LÓPEZ , director adjunto del CIEMAT

En marzo de 2007 el Consejo Europeo definió una estrategia energética cuya finalidad es la seguridad de suministro, la preservación de la competitividad de las economías europeas y una contribución eficaz a la lucha contra el cambio climático. Para conseguirlo, se enunciaron objetivos concretos: conseguir para el año 2020 una reducción del consumo de energía primaria del 20%, una contribución las energías renovables que se cifraría en un 20% del total, y una reducción de la emisión de dióxido de carbono del 20%, apuesta esta última que fue elevada por los delegados europeos, en la Cumbre de Bali, hasta un límite comprendido entre el 25% y el 40% en el mismo horizonte temporal.

La dificultad del problema se deriva de que las metas fijadas pueden ser contradictorias y, de seguir las tendencias actuales, la dependencia energética y las emisiones de CO2 aumentarán en lugar de disminuir. En efecto, un 80% de la energía primaria proviene de los combustibles fósiles -carbón, petróleo y gas natural-, principales responsables de los vertidos de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y que además, con la excepción de aproximadamente la mitad del carbón consumido y del gas y el crudo de los yacimientos ya declinantes del mar del Norte, provienen de países no comunitarios que están lejos de garantizar el suministro en los términos planteados por el Consejo.

Así, si se quiere disminuir la dependencia energética exterior hay que sustituir petróleo y gas por renovables y energía nuclear. El carbón, que es abundante y está bien repartido, es el combustible más contaminante, por lo que sería imprescindible utilizarlo de forma limpia, esto es, capturando el dióxido de carbono antes de que sea emitido a la atmósfera y guardándolo en algún lugar seguro. De la formidable escala del problema, 28.000 millones de toneladas de CO2 vertidas anualmente en el mundo, se sigue la dificultad de conseguir retener en condiciones de estanqueidad una fracción significativa del mismo. No es una tarea que se resolverá en los plazos de los que estamos hablando y siempre supondrá un encarecimiento de la energía así generada. En ausencia de tal solución, el imperativo medioambiental llevaría a reducir el consumo de carbón, contrariamente a lo que hoy está ocurriendo a escala global.

El aumento de la contribución de las energías renovables es una de las líneas de actuación en las que conviene hacer los mayores esfuerzos. Lo que no quiere decir que la cifra marcada como objetivo europeo sea fácilmente alcanzable. Hay que tener en cuenta, a la hora de evaluar su grado de dificultad, que las energías renovables , incluida la gran hidráulica, sólo suponen hoy un 15% de la electricidad producida en Europa (un 2% la de origen solar y eólico), a pesar de los grandes esfuerzos realizados en los últimos años.

Es interesante notar que España ocupa, en este apartado, un papel destacado en la escena mundial, con una fracción del orden de un 20% en la generación de electricidad procedente de fuentes renovables, y un potente sector industrial que está liderando buena parte de los proyectos existentes en el mundo, tanto en instalación de plantas como en avances tecnológicos.

Ahora bien, frente a sus definitivas ventajas, las energías renovables tienen dos inconvenientes, su alto precio y la intermitencia. El precio está relacionado con escasa concentración de las energías del Sol y el viento, así como a encontrarse su desarrollo tecnológico en una fase incipiente.

Se necesita, por tanto, apoyos públicos que ayuden a despegar y conseguir disminuir costes, como ya está ocurriendo con la energía eólica. El conjunto de estos apoyos supondrá un cierto encarecimiento promedio de la energía que está, a mi juicio, plenamente justificado. El problema de la intermitencia, es decir, su carácter discontinuo y parcialmente imprevisible, necesita un intenso trabajo de investigación y desarrollo, en particular en sistemas de almacenamiento de energía. En cualquier caso siempre será aconsejable disponer de fuentes que aseguren una producción continua en cualquier circunstancia. No obstante, estas dificultades, el objetivo de dar un fuerte impulso a la presencia de las energías renovables es esencial. Y España es un país que puede resultar ejemplar en este punto.

Queda la energía nuclear, que hoy supone un 14% de la energía primaria en Europa (un 31% de la electricidad). Su eliminación o incluso una disminución significativa en el conjunto de las fuentes de energía haría todavía más difícil alcanzar los exigentes estándares medioambientales, de seguridad de suministro y de precio que se persiguen. La Comisión Europea estima que las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por el parque nuclear europeo equivalen nada menos que al 85% de las que produce todo el sector del transporte. Hoy se están construyendo dos plantas de Generación III en Finlandia y Francia (y otras 25 más en el resto del mundo) que tienen sistemas de seguridad muy fiables. Por otra parte, los costes de la electricidad de una planta nuclear son poco dependientes del precio del combustible, y funcionan durante la mayor parte del tiempo. En España, por ejemplo, durante 2006 las plantas nucleares funcionaron, en promedio, durante el 89% del tiempo total, en comparación con el 66% para las centrales de carbón, el 47% las de ciclo combinado de gas natural y el 23% los parques eólicos. Y no emiten dióxido de carbono a la atmósfera.

Pero tienen inconvenientes, desde luego, y de importancia. El más grave es la generación de residuos radiactivos, especialmente los de alta actividad, que permanecen activos y en condiciones de contaminar durante decenas de miles de años. Algunos países han optado por el almacenamiento geológico profundo desde ahora mismo, mientras que otros se inclinan por un almacenamiento en superficie que permita custodiarlos de forma segura y poder acceder a ellos cuando la tecnología permita reducirlos en volumen y en peligrosidad. De hecho, las plantas de Generación IV, que todavía tardarán algunas décadas en ser comerciales, podrán utilizar parte de esos residuos como combustible. Se trata de un problema cierto y difícil de gestionar, que debe considerarse a la hora de decidir sobre el futuro la energía de origen nuclear. Pero, en conjunto, no parece fácil prescindir de una fuente de energía que cumple la mayoría de las condiciones requeridas por una estrategia energética sostenible. Jack Lovelock y otros científicos inspiradores del movimiento ecologista han expresado una posición favorable a su mantenimiento por considerar que el mayor peligro y el más global en la actualidad sería un cambio climático desencadenado por la utilización de los combustibles fósiles como fuente casi exclusiva de energía primaria.

El otro gran inconveniente es la proliferación del armamento nuclear. Pero el uso civil o militar de la tecnología nuclear son cuestiones distintas, aunque puedan estar relacionadas. Así, no hay peligro de proliferación en países con un gran sector nuclear civil pero de democracia consolidada y sin ambiciones de hegemonía militar, mientras que la posesión del arma atómica no implica necesariamente el desarrollo de un programa de producción de energía nuclear. En todo caso, la solución a este problema real no es técnica sino política y la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha hecho algunas sugerencias al respecto.

La sociedad, al menos la europea, es muy consciente de los problemas medioambientales, sociales y económicos relacionados con la energía. Pero quizá no se comprende su alcance. Queremos combatir el cambio climático sin renunciar a los coches de alta cilindrada, sin aceptar restricciones al uso del transporte privado y oponiéndonos a aumentos del precio de los combustibles que quizá estimularían un uso más cuidadoso. Queremos aumentar el peso de las renovables sin renunciar a la seguridad del suministro en todo momento, sin que aumente el precio de la electricidad y sin que afecten al paisaje. Y queremos que se nos garantice la disponibilidad de energía abundante, pero que las plantas de producción e incluso las líneas de transporte se instalen lejos de nosotros, lo que equivale a decir cerca de otros. Y todos estos deseos pueden resultar incompatibles.

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25 EL PUNT

11/01/2008

Zapatero i Sarkozy acorden que el projecte de la interconnexió estigui tancat abans del 30 de juny

Una empresa mixta n'estudiarà la viabilitat econòmica, tècnica i mediambiental

MAR VICENTE / AGÈNCIES

Els governs espanyol i francès van acordar ahir a París tenir tancat el projecte de la interconnexió elèctrica entre Santa Llogaia i Baixàs abans del 30 de juny. Segons van dir el president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i el seu col·lega francès, Nicolas Sarkozy, abans d'aquesta data se'n sabran el traçat definitiu i els detalls tècnics, econòmics i mediambientals. També van anunciar la creació d'una empresa participada al 50% per l'espanyola REE i la francesa RTE perquè se n'encarregui. Els dos mandataris van signar un document en què apareix el 30 de juny com la data límit per tenir fet el projecte. Durant la cimera hispanofrancesa que es va celebrar ahir al palau de l'Elisi, a París, Rodríguez Zapatero i Sarkozy van insistir a destacar que el projecte es concretarà respectant el medi ambient , davant les crítiques d'alguns sectors a banda i banda del Pirineu. El president francès va apuntar que s'estudiarà el soterrament parcial «malgrat que el cost seria un 50% més car». Per això, el dos governs han acordat que una empresa participada a parts iguals pels dos gestors de la xarxa (l'espanyola REE i la francesa RTE ). L'empresa executarà el projecte. Amb la creació d'una empresa mixta, el soterrament parcial i la data límit, els dos presidents ja van assumir ahir algunes de les propostes del mediador, Mario Monti, que ahir mateix va presentar als dos mandataris el seu primer informe de la línia. Zapatero va remarcar que en la cimera s'ha donat «l'impuls definitiu a una línia molt necessària per a Espanya, però sobretot per a Catalunya i especialment per a Girona i Barcelona». També va dir que el projecte «està molt avançat» i que aprofitaran «els bons consells de Monti per tenir el suport dels municipis afectats». Interrogat sobre aquest tema, Zapatero va negar que el fet de deixar la decisió pendent fins al juny estigui motivada per les eleccions. Sarkozy va destacar que la línia serà el primer pas cap a la política energètica comuna a Europa. Tot i que el govern espanyol anunciava dilluns que la línia passarà per , ahir no hi van fer referència ni Rodríguez Zapatero ni Sarkozy.

Els antilínia, detinguts

Set membres del col·lectiu antilínia No a van ser detinguts quan intentaven manifestar-se davant el Palau de l'Elisi. Els antilínia s'havien desplaçat a París per protestar contra la línia de 400 kV amb motiu de la cimera hispanofrancesa que va tenir lloc ahir al Palau de l'Elisi. Els manifestants van estar retinguts durant dues hores en una comissaria del districte onzè, segons els va dir la policia per poder identificar-los. El portaveu de No a , Pasqual Aguilar, va explicar que en el moment en què van començar a desplegar pancartes, la policia francesa els va comunicar que no podien manifestar-se davant l'Elisi i els van conduir a un carrer proper. Allà els van dir que els havien de conduir a comissaria, on els van traslladar en un furgó. Un cop a les dependències policials, van estar-hi dues hores per identificar-los. «Ens han advertit que si tornàvem al palau de l'Elisi ens tornarien a detenir», explicava després de ser alliberat Pasqual Aguilar. No a va qualificar els fets d'«atemptat contra la llibertat d'expressió». «Lamentem que una actuació desorbitada de la policia ens hagi impedit expressar públicament la nostra posició», asseguraven els antilínia. Pasqual Aguilar va explicar que la policia francesa els havia dit que eren «ordres directes de presidència», amb la qual cosa interpreten que el president Sarkozy volia «evitar que transcendís l'oposició que hi ha a Catalunya contra la línia». Malgrat la detenció, el portaveu de No a va dir que havien aconseguit entregar un comunicat de rebuig a la línia a un responsable del gabinet de Presidència. Els col·lectiu nord-català contra la línia elèctrica, Non à , van voler donar suport a la plataforma sud-catalana i en van denunciar irònicament la detenció. «Si llegiu a la premsa l'incident sapigueu que cap dels membres de No a ni de Non à han estat en contacte amb Al-Qaida.» No a va fer ahir també valoració de la cimera hispanofrancesa i van insistir que les declaracions del govern espanyol en què assegurava que hi havia un acord perquè la línia passi per «s'han revelat com a absolutament inversemblants» després que no se'n parlés a París. Els antilínia també creuen que les decisions preses són una «bufetada a les pretensions del govern espanyol».

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26 EL PUNT

11/01/2008

La interconnexió, abans del 30 de juny

MAR VICENTE / AGÈNCIES

Els governs espanyol i francès van acordar ahir a París tenir tancat el projecte de la interconnexió elèctrica entre Santa Llogaia i Baixàs abans del 30 de juny. Segons van dir el president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i el seu col·lega francès, Nicolas Sarkozy, abans d'aquesta data se'n sabran el traçat definitiu i els detalls tècnics, econòmics i mediambientals. També van anunciar la creació d'una empresa participada al 50% per l'espanyola REE i la francesa RTE perquè se n'encarregui. Els dos mandataris van signar un document en què apareix el 30 de juny com la data límit per tenir fet el projecte. Durant la cimera hispanofrancesa que es va celebrar ahir al palau de l'Elisi, a París, Rodríguez Zapatero i Sarkozy van insistir a destacar que el projecte es concretarà respectant el medi ambient , davant les crítiques d'alguns sectors a banda i banda del Pirineu. El president francès va apuntar que s'estudiarà el soterrament parcial «malgrat que el cost seria un 50% més car». Per això, el dos governs han acordat que una empresa participada a parts iguals pels dos gestors de la xarxa executi el projecte. Amb la creació d'una empresa mixta, el soterrament parcial i la data límit, els dos presidents ja van assumir ahir algunes de les propostes del mediador, Mario Monti, que ahir mateix va presentar als dos mandataris el seu primer informe de la línia. Zapatero va remarcar que en la cimera s'ha donat «l'impuls definitiu a una línia molt necessària per a Espanya, però sobretot per a Catalunya i especialment per a Girona i Barcelona».

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27 EL PUNT

11/01/2008

Proposa cobrar a les empreses per l'ús de i invertir els diners a la zona

Mario Monti vol que s'estableixi un cànon per compensar el territori pels perjudicis que pot provocar la línia d'alta tensió

MAR VICENTE / AGÈNCIES

El coordinador europeu de la interconnexió elèctrica, Mario Monti, aposta perquè es cobri un impost a les empreses elèctriques que facin ús de la línia de 400 kV i que aquests diners es destinin a projectes locals, per tal de compensar el territori pel pas de la infraestructura energètica. Monti va presentar ahir oficialment el seu primer informe sobre la línia d'alta tensió i va confirmar que cal soterrar la part «que travessi un medi natural delicat». Tot i això, el mediador europeu no va concretar quins seran aquests trams soterrats al·legant que això s'haurà de decidir en les pròximes setmanes. Monti va dir que aquesta és l'única resposta que ha trobat per convèncer els opositors a la línia i diu que cal estudiar-ho bé perquè «aquesta solució costarà molts diners». La presentació oficial ahir del primer informe del mediador europeu, Mario Monti, va confirmar les informacions sorgides a final de l'any passat que apuntaven a un possible soterrament parcial de la línia elèctrica aprofitant les opcions tècniques que fa uns anys no s'havien plantejat per qüestions de cost. Monti va parlar ahir «d'aplicar opcions tècniques excepcionals per a una infraestructura excepcional». L'informe assegura que cal «compensar d'alguna manera la pèrdua del gaudi d'una part del territori» pel pas de la línia i per això aposta perquè les empreses que explotin la infraestructura paguin un impost que reverteixi en inversions al territori. Segons Monti, això seria adaptar a la línia elèctrica la directiva europea de l'Eurovinyeta, que cobra un impost als transportistes per invertir en carreteres. En la seva anàlisi de la situació de la interconnexió elèctrica, Mario Monti assegura que «encara no es pot dibuixar un itinerari preferit» i reflecteix les posicions dels dos estats sobre la línia d'alta tensió, però també dels moviments contraris a la seva construcció. En aquest sentit, l'informe diu que «s'haurà de conciliar la preservació del territori i la necessitat imperiosa de la infraestructura». El mediador europeu va presentar el seu informe al president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i al seu homòleg francès, Nicolas Sarkozy. Precisament, alguns dels anuncis fets ahir amb motiu de la cimera hispanofrancesa són propostes de Monti. És el cas de posar de data límit el 30 de juny, el soterrament parcial i la creació d'una empresa mixta. Totes aquestes qüestions apareixen a l'informe que Monti va fer públic ahir.

Reunió amb les empreses per parlar de les qüestions tècniques

El coordinador europeu per a la interconnexió elèctrica, Mario Monti, es va reunir amb els màxims responsables de les xarxes REE i RTE per discutir qüestions tècniques del projecte, un cop acceptat pels dos països el principi del soterrament parcial. Monti va explicar ahir en la roda de premsa de presentació del seu informe aquesta «trobada tècnica» amb els presidents de Red Eléctrica de España (REE), Luis Atienza, i de de Transport d'Electricitat (RTE), Dominique Maillard, just abans de la cimera hispanofrancesa.

REACCIONS

A Després que es fes pública la data límit per tenir un projecte, ahir mateix hi va haver les primeres reaccions. El portaveu de CiU al Congrés, Josep Antoni Duran i Lleida, va celebrar el compromís i va dir que espera que el soterrament parcial venci les reticències dels col·lectius contraris a la línia.

Per contra, les joventuts d'Esquerra, JERC, es van mostrar contràries a la decisió dels mandataris i van anunciar mobilitzacions si els governs espanyol i francès no respecten la decisió del mediador europeu, Mario Monti. La decisió de no és vinculant, però els estats han d'esperar per prendre una decisió a tenir l'informe definitiu del mediador. A més, el Col·legi d'Enginyers va aplaudir l'acord i en el mateix sentit es va pronunciar la seva banda, la patronal Cecot va instar els governs francès i espanyol a executar amb «rapidesa» l'acord pres ahir.

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28 EL PUNT

10/01/2008

Monti demana al govern espanyol i al francès que compensin els afectats

El mitjancer de recomana que la línia sigui parcialment soterrada, però no en concreta el traçat

El mitjancer europeu, Mario Monti, ha instat el govern espanyol i el francès a compensar tots els afectats per la línia, un tram de la qual s'haurà de soterrar, segons l'informe que ha presentat avui a la tarda. Al matí, José Luís Rodríguez Zapatero i Nicolas Sarkozy havien anunciat que es basarien en les recomanacions de Monti per definir abans del 30 de juny el traçat definitiu, sense concretar si el traçat passarà pel Pertús i Monti parla dels mecanismes complementaris del projecte destinats a compensar d'alguna manera els inconvenients que patiria una part del territori per causa de la línia de molt alta tensió. És a dir, que una part dels beneficis de la connexió elèctrica es puguin recaptar mitjançant un impost que gravi l'intercanvi d'energia. Aquests diners es dedicarien específicament al desenvolupament de projectes d'àmbit local, sobretot en l'àmbit de les energies renovables. Abans de la compareixença de Monti, el president del govern espanyol s'ha compromès personalment a què el 30 de juny es conegui el traçat definitiu, el finançament amb què estarà dotat, quina execució temporal tindrà, etc. Una societat conjunta al 50% entre REE i EDF serà l'encarregada d'aplicar el projecte, el traçat del qual es basarà en els consells de Mario Monti. Però Monti no ha concretat pas quin hauria de ser el traçat, i s'ha limitat ha recordar que una part de s'hauria de soterrar.

Discussió sobre el traçat. Representants dels governs espanyol i francès s'han reunit a París precisament per discutir el traçat de la línia elèctrica de molt alta tensió. El govern espanyol ja va fer saber aquesta setmana la seva opció: fer passar la línia per i el Pertús, i colgar-ne una part. Madrid, doncs, vol que la línia de molt alta tensió segueixi el recorregut de i de la futura línia del TGV, i que no passi pel Canigó; tampoc no vol duplicar el traçat de la línia actual. Per això cal que el govern francès s'hi avingui, però avui no hi ha hagut cap acord en aquest sentit.

Manifestants alliberats. La dotzena d’integrants de la plataforma No a tenien previst d’assistir, avui, a la cimera francoespanyola de París per fer sentir la seva veu contra la policia francesa els ha detingut i els ha portat a una comissaria. Finalment, els han deixat en llibertat quan han signat, sense estar-hi d'acord, una declaració segons la qual s'havien negat a ser identificats. La plataforma recorda que feien cap a París amb un actitud pacífica i cívica. Per això considera la detenció com un atemptat a la llibertat d’expressió. Pasqual Aguilar, portaveu de la plataforma desplaçat a París, s’ha posat en contacte telefònic amb els seus companys que s’han quedat a Catalunya quan era dins d’un furgó policial. Un altre portaveu de l’entitat, Xavier Llorente, explica que la policia ha retingut els opositors a amb l’argument que les lleis franceses impedeixen les manifestacions, motiu pel qual temien que fossin expulsats de París.

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29 PÚBLICO

13/01/2008

Alta exposición a la energía solar

Los promotores de huertos solares ofrecen una rentabilidad del 14%, pero con la tarifa actual y ésta se cambiará este año

B. CARREÑO/ A. M. VÉLEZ - 12/01/2008 17:04

Al sol que más calienta. Así están los ahorros de muchos españoles que han invertido en energía fotovoltaica, obtenida gracias al sol. Seguridad y alta rentabilidad (de un 14%, según los expertos) son los principales atractivos que enarbolan sus defensores, frente a la farragosidad administrativa y la formación de una posible burbuja de la que advierten los expertos.

La seguridad del negocio se sustenta en la obligación que tienen las eléctricas de comprar toda la energía producida con este sistema a un precio fijo, apoyado por el Gobierno, muy atractivo para el productor. Además, las comunidades autónomas (que tienen la competencia sobre la instalación de los parques) y los ayuntamientos también subvencionan hasta el 20% del desembolso inicial. Las posibilidades para entrar en el negocio son varias, desde ser minorista (en lugar de comprar acciones compraría kilovatios), hasta montar su propia huerta solar.

Pero, ojo, el ingente número de solicitudes de licencias de empresas y particulares ha colapsado a las Administraciones. La realidad ha superado las previsiones del Gobierno, y frente al objetivo marcado en 2005 por el Plan de Energías Renovables de conseguir 400 megavatios (MW) instalados en 2010, en agosto de 2007 la Comisión Nacional de la Energía constataba que se había alcanzado el 85% de esta meta (338 MW).

Vista la avalancha de peticiones, Industria ha decidido triplicar ese objetivo, hasta 1.200 MW, y reducir las primas con un modelo similar al alemán. El cambio tendrá efecto a partir del próximo 29 de septiembre, lo que ha puesto en pie de guerra a los productores, que dicen que hay proyectos ya aprobados que van a quedarse sin financiación.

Según Industria, con las primas actuales, si se alcanzaran los 2.000 MW instalados el coste para los consumidores sería de 1.000 millones de euros anuales. Esa cifra supone casi el 5% del total de la tarifa eléctrica (22.000 millones) y es similar a las primas que reciben los productores eólicos, que este año alcanzarán unos 13.000 MW instalados. Además, en el sector barajan que se haya realizado la solicitud para al menos otros 6.000 MW de potencia.

Por eso, una de las alternativas con más aceptación es la de ser co-propietario de una huerta que ya tenga licencias, por la que se pide una inversión mínima de 60.000 euros (lo que da derecho a unos 6 kw) y un plazo de amortización (el tiempo que transcurre para recuperar el monto inicial) de 10 años. Los bancos prestan hasta un 80% de la inversión a un tipo aproximado de euribor más un punto porcentual. Varias compañías ofrecen esta posibilidad, como Acciona que ya tiene 2.000 propietarios en sus once huertas solares o la navarra Opde.

Precisamente, Opde publica en la prensa anuncios en los que asegura que si se invierte 90.200 euros se puede ingresar al año hasta 10.023, eso sí, con el precio de venta de la energía previsto para enero de 2008. La inversión se realiza en su planta de Almaraz, en Cáceres, que tendrá una potencia instalada de 20 Mw.Aún mayor es la huerta solar que la empresa Luzentia acaba de inaugurar en La La Hoya de Vicentes, en Jumilla (Murcia). El parque tiene un área de 100 hectáreas (equivalente a 100 campos de fútbol) y 23 Mw de potencia instalada, lo que podrá abastecer al consumo de energía de 20.000 viviendas. Éste es el mayor parque fotovoltaico de Europa y, según sus promotores, el más eficiente. Los parques de Jumilla y Cáceres se encuentran en zonas de alta radiación solar por lo que su capacidad para producir energía será muy elevada.

Hasta 2006, Extremadura tenía tan sólo 614 kwp de potencia instalada, la cuarta parte del País Vasco cuando ambas comunidades se encuentran en los extremos de la intensidad de radiación.Los particulares también pueden acudir a una promotora, que funciona como las inmobiliarias y ofrece proyectos llave en mano. Precisamente, algunas inmobiliarias clásicas como Urbas o Montebalito ya han diversificado hacia este tipo de negocios.En cualquier caso, antes de invertir asegúrese de que los promotores ya tienen comprados los paneles solares, cuya producción está comprometida durante varios años por la falta de silicio, su materia prima.

Las compañías españolas de paneles solares ya no son capaces de abastecer la demanda nacional. Así, la empresa española líder, Isofotón, anunció el viernes que en 2007 sus beneficios había crecido un 41%, ritmo que pretende duplicar en 2008. Pese a todo, la empresa reconoció que aún arrastra "ciertos problemas" derivados de la falta de polisilicio, ya que sólo hay siete u ocho fabricantes en todo el mundo "y sólo dos en España".

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30 EL PAÍS   País Vasco

12/01/2008

La planta de energía eléctrica por olas de Mutriku abrirá en 2009

Los ecologistas denuncian la falta de estudio medioambiental

Y. M. - San Sebastián –

La planta de generación de electricidad mediante el aprovechamiento energético de las olas del mar que se está construyendo en el puerto de Mutriku entrará en servicio a mediados de 2009, dos años después de lo previsto en un principio por el Gobierno vasco debido al retraso que llevan las obras de la nueva dársena.

La infraestructura se ubicará en el exterior del dique de abrigo, ahora en ejecución, y dentro del proyecto de nuevo puerto para Mutriku, fuertemente contestado por los colectivos ecologistas. La planta contará con 16 unidades de cámara y turbina que funcionarán mediante la tecnología llamada "columna de agua oscilante" (OWC, por sus siglas en inglés). Las olas elevan el nivel del agua de las cámaras, lo que comprime el aire del interior. Ese aire comprimido comienza a salir por la apertura superior de las cámaras, acciona las turbinas y genera electricidad. Cuando se retira la ola, el aire es succionado por dicho orificio, lo que vuelve a poner en marcha las turbinas.

La consejera de Industria, Ana Agirre, y la de Obras Públicas , Nuria López de Guereñu, visitaron ayer las obras de la planta, la primera de Euskadi, que requerirá una inversión de 1,7 millones de euros. La estación energética prevé producir cada año 600.000 kilovatios hora, equivalente al consumo doméstico anual de unas 600 personas. Evitará así la emisión a la atmósfera de 570 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

El grupo municipal Berdeak e Independientes calificó la visita de "cosmética electoral" y afirmó que la planta energética es un intento de "justificar las gigantescas dimensiones del nuevo dique del puerto". Tanto esta formación como Mutriku Natur Taldea insistieron en denunciar que la estación no cuenta con el pertinente estudio de impacto medioambiental ni la declaración de impacto positiva.

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31 EL PAÍS

11/01/2008

Los españoles ahorran más agua, pero los canales la pierden

El consumo por persona baja un 6,5% en cinco años

Se escapa un 17,8% del total por las malas canalizaciones

La Comunidad Valenciana es la que más derrocha

El gasto se disparó a partir de 1996, justo después de la penúltima sequía

La disminución en las pérdidas de agua es la primera causa del ahorro

El consumo está un 65% por encima de lo recomendado por los ecologistas

Asturias y el País Vasco son las comunidades más eficientes

En 2005, último año con datos, estaba en 303, un 6,48% menos

EMILIO DE BENITO - Madrid -

Poco a poco, los españoles parecen darse cuenta de que hay que ahorrar agua. Una cultura del ahorro que parece que ha roto una tendencia creciente en 2000, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entonces, el consumo total por habitante y día era de 324 litros .

El fin de siglo parece que marca un antes y un después. En los datos del INE se ve cómo el consumo total aumentaba desbocado desde 1996. Precisamente aquel año había acabado la penúltima sequía que ha sufrido el país. El estudio acaba en 2005, primer año de la última, por lo que no se puede saber su impacto en la actitud de la población y las autoridades, advierte una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente.

Si se toman esos diez años, se observa un incremento en el consumo de agua de un 12,6%. Un crecimiento que, si no se confirma la última tendencia de ahorro, sería insoportable por el país que va a ser, según todos los expertos, uno de los más castigados por el calentamiento global.

Pero esta lectura ligeramente optimista se empaña cuando se analizan las tres partidas en las que distingue el INE los datos. El grueso del ahorro no depende directamente de los ciudadanos. Se debe al apartado denominado "pérdidas de agua en la red de distribución", es decir, fugas y otros problemas en las tuberías y canalizaciones (como la evaporación en los sistemas abiertos, por ejemplo).

Este aspecto depende más de las administraciones autonómicas y locales que del cuidado que pueda tener un ciudadano en cerrar un grifo o en ducharse en vez de bañarse. Las pérdidas han ido bajando proporcionalmente desde 1999, aunque todavía representan un 17,8% del agua consumida.

Para una población a 1 de enero de 2006 de 44,7 millones (los datos se suponen cerrados a 31 de diciembre de 2005), ello quiere decir que de los pantanos, pozos, ríos y desaladoras salieron 881 hectómetros cúbicos de agua que no se usaron para nada. La cifra es enorme. Por ejemplo, el polémico trasvase del Ebro hacia las comunidades de Valencia y Murcia tenía previsto acarrear un máximo de 350 hectómetros cúbicos. Si se consiguiera el ideal -que toda el agua llegara a su destino- se ahorraría en toda España más del doble. Este ahorro aumentará en los próximos años, aseguran una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente , con la puesta en marcha de planes de modernización de regadíos y sistemas urbanos que se han comenzado a partir de 2005.

Además, Medio Ambiente recuerda que en los últimos años ha habido numerosas campañas -nacionales y autonómicas- para que los ciudadanos ahorren agua, y ha aumentado su reutilización en la limpieza de las calles o en el riego de los parques y jardines públicos.

En cambio, organizaciones ecologistas como Greenpeace insisten en que las políticas de desarrollo no tienen en cuenta la sequía que viene. La construcción de nuevos campos de golf -la hectárea de regadío más rentable, según sus promotores, pero que necesita un riego asegurado- y las urbanizaciones en la árida costa del sur son una amenaza constante, según los ecologistas.

Curiosamente, las dos comunidades que más agua pierden son las más implicadas en la guerra del trasvase del Ebro: la mayor receptora, la Comunidad Valenciana , donde se despilfarra un 24,2% del agua y la teórica emisora, Aragón (aunque el agua se tomaría en la desembocadura del río, en Tarragona), con un 24,1%. En cambio, las que más eficientemente gestionan este recurso -entendido como que llega a su destino final- son Murcia (con una agricultura que se ha especializado mucho), Asturias y País Vasco (dos regiones que no suelen tener problemas de sequía). Precisamente el País Vasco y Murcia son las comunidades que, proporcionalmente, más han reducido el agua que se desperdicia. En el extremo opuesto están Galicia y Extremadura.

Frente a esta reducción en las pérdidas, el apartado correspondiente al consumo de los hogares (que incluye también aspectos como jardines, piscinas o huertos) no muestra una evolución tan favorable. Entre 2000 y 2005 bajó un 1,19%, lo que indica en la práctica una estabilización alrededor de los 165- 170 litros por persona y día.

Esta cifra es, según los expertos, demasiado alta. "Un consumo básico, al que todo el mundo tiene derecho y que se puede estimar en torno a unos 100 litros por habitante y día", afirma Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo. Viñuales defiende que a partir de esa cantidad el consumo de los hogares debería gravarse, para que las personas fueran más cuidadosas con el gasto de agua.

Reparto del agua

- Las comunidades que más gastan. Andalucía, con 195 litros por persona y día, y Cantabria, con 191, son las autonomías donde más agua se consume.

- Las comunidades que menos gastan. Los habitantes que menos agua consumen son los de Ceuta y Melilla ( 139 litros por habitante y día) y Navarra (134).

- Dónde se gasta. Un 54% del agua se emplea en los hogares. Esta proporción se mantiene casi estable desde 1996. Las pérdidas han bajado del 20% en 1996 al 17,9% en 2005.

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32 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

11/01/2008

Bruselas avala el informe de Camps sobre los trasvases

EFE - Bruselas -

La comisión de Desarrollo Sostenible del Comité de las Regiones (CdR) aprobó ayer el informe elaborado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que aboga por el recurso a los trasvases para hacer frente a la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea.

Los miembros de la comisión tardaron más de dos horas en votar cerca de 80 enmiendas introducidas por las regiones al texto. Entre otras modificaciones, se aceptó una enmienda de compromiso que considera positivos "los trasvases y otros intercambios de agua entre sistemas dentro del ámbito estatal siempre que quede garantizada la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de los acuíferos y los caudales ecológicos".

A la aceptación de ese punto se había opuesto la región de Castilla-La Mancha, que pidió el rechazo de una recomendación general de apoyo a los trasvases por los problemas socio-económicos que éstos llevan muchas veces aparejados, como en el caso del Tajo-Segura. Aunque salió adelante la mayor parte de los puntos defendidos por Camps, la comisión rechazó la idea de crear un Observatorio Europeo Permanente de la Sequía, tampoco salió adelante la propuesta de Camps de recurrir a los fondos comunitarios para hacer trasvases y crear un instrumento financiero específico destinado a financiar el acceso a últimas tecnologías y otras actividades. Pese a todo, el vicepresidente, Vicente Rambla, salió "satisfecho" de la reunión.

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33 EL PAÍS   Cataluña

14/01/2008

Duran insistirá en el Congreso sobre el trasvase del Ródano

EP - Barcelona -

El candidato de CiU al Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, explicó ayer que una de las "propuestas fundamentales" de la federación nacionalista en la próxima legislatura será el trasvase de agua del río Ródano (Francia) a Cataluña. Duran aseguró que seguirá tratando de conseguir el apoyo del Gobierno central a esta infraestructura.

El líder democristiano recordó que tanto Cataluña como el conjunto de España necesitan agua. Por ello, Duran consideró que el trasvase del Ródano será positivo no sólo para esta comunidad, sino también para otros territorios, como Valencia y Murcia.

"En vez de mirar al cielo para ver si llueve, debemos mirar al norte, porque tenemos el Ródano", afirmó Duran. Según el candidato de CiU, el trasvase permitiría que la provincia de Girona se quedara su agua, dejara de transferir recursos hídricos a la región metropolitana de Barcelona y no dependiera más del Ebro. CiU, que lleva años reivindicando este proyecto, criticó que la Generalitat prefiera ir a "buscar agua en barcos".

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34 EURONEWS

12/01/2008

Francia dice no a los transgénicos

Francia ha suspendido el cultivo del maíz transgénico M-810, desarrollado por el gigante norteamericano Monsanto. Ésta era la única planta genéticamente modificada que se cultivaba en territorio francés.

Se cumple la reivindicación de José Bové: el líder antiglobalización francés llevaba más de una semana en huelga de hambre. Le ha puesto fin con esta sopa, compartida, en el centro de París.

El ejecutivo francés se ha acogido a la cláusula de salvaguarda prevista por la Unión Europea , para prohibir provisionalmente su producción y su venta, por sus riesgos para la salud y el medio ambiente , a la espera de que Bruselas se pronuncie de nuevo sobre la materia.

El combate, ha dicho, no ha terminado... pero para él, una Francia sin transgénicos es muy importante tanto para los agricultores, para los consumidores, y para la sociedad en general.

A los agricultores les preocupa, como explica el presidente de su federación, Jean-Michel Lemetayer, que esta decisión pueda restar objetividad al debate sobre el proyecto de ley que se celebrará dentro de unas semanas.

La decisión llega con la guerra de los transgénicos al rojo vivo. La Unión Europea se expone a represalias por parte de los países productores de estos alimentos, con Estados Unidos y Canadá a la cabeza, por no haber levantado antes de la pasada medianoche, como establecía la Organización Mundial del Comercio, las trabas a la entrada de estos productos.

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35 PÚBLICO

11/01/2008

Imputados dos jefes del 112 y el responsable de los helicópteros por el incendio de Guadalajara

Son ya 21 los imputados en el proceso judicial por la muerte de once trabajadores en el incendio de julio de 2005

EFE - Guadalajara -

La jueza de Sigüenza (Guadalajara) que instruye el proceso judicial abierto por la muerte de once trabajadores en el incendio de Guadalajara de julio de 2005 ha citado como imputados a dos jefes de Sala del Servicio de Emergencias 112 y al responsable de la empresa Helicópteros del Sur.

Según han informado fuentes jurídicas, la jueza ha imputado a los jefes de sala Sagrario Rodríguez Gutiérrez y Carlos Vázquez Cruz, que se encontraban de guardia los días del incendio, iniciado el 16 de julio de 2005 y que arrasó casi 13.000 hectáreas de terreno.

Los jefes de Sala del 112 declararán el 24 y 30 de marzo, respectivamente, mientras que Luis Miñano, representante de Helicóperos del Sur, prestará su testimonio el 7 de abril.

Esta empresa era la responsable del mantenimiento del helicóptero Kamov destinado a la zona afectada por el fuego para actuar en las labores de extinción y que no pudo hacerlo porque se le rompió el 'bambi', el recipiente en el que se carga el agua.

En esta ocasión, la jueza María del Mar Lorenzo ha acordado las imputaciones sin necesidad de que lo hayan solicitado las partes personadas.

Las nuevas imputaciones se suman a la del secretario del Ayuntamiento de Riba de Saelices, José Luis Huarte, a quien era alcalde de este municipio en 2002, Hipólito Sebastián, y al representante legal de la empresa Tragsa en Guadalajara, Luis Miguel Carrascal Bravo, conocidas el pasado mes de diciembre.

"La jueza está actuando de manera diligente"

El 31 de octubre, la jueza acordó también citar como imputados a siete técnicos responsables de la extinción del incendio, seis de ellos dependientes de la Consejería de Medio Ambiente y uno del Servicio de Emergencias 112.

De este modo, son ya 21 los imputados por el incendio, pues desde el comienzo de la instrucción tienen también esa condición los siete excursionistas que hicieron la barbacoa en la que se prendió el fuego y el guarda de la Cueva de los Casares, paraje donde comenzaron las llamas.

Un portavoz del despacho de Miguel Solano, letrado que representa a la mayoría de las familias de las once víctimas de este incendio, ha manifestado que ahora se "está instruyendo e investigando y hasta cierto punto queda cuestionado el trabajo realizado por el 112".

"Hasta ahora todo lo que se había instruido había sido a petición nuestra; con esta decisión queda demostrado que la juez está actuando de manera diligente", ha dicho el mismo portavoz.

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36 PÚBLICO

11/01/2008

Un manjar en peligro de extinción

Dos informes alertan de que se captura mucho más atún rojo del que se declara

VICENTE F. DE BOBADILLA - Madrid -

¿Está la pesca española matando a su gallina de los huevos de oro? Según han denunciado algunas asociaciones ecologistas, bien podría ser el caso. El atún rojo (Thunnus thynnus) , la especie más valiosa en el mundo pesquero, está sometido a una sobreexplotación que en breve podría colocarle en una situación cercana a la extinción, si no biológica, sí comercial, entendiendo por tal “cuando llega un momento en que la población es tan escasa en individuos que deja de ser rentable la actividad pesquera”, declara Raúl García , responsable de pesca de WWF/ Adena.

Este reluciente animal y los pescadores españoles tienen una relación que se remonta a casi 3.000 años atrás. Por tanto, la creciente demanda de atún en todo el mundo ha supuesto para este mercado una etapa de prosperidad sin precedentes. Pero el afán por aprovecharse de ella podría suponer un agotamiento de la especie, y la puesta en peligro de los 5.000 puestos de trabajo que dependen, directa o indirectamente, de él.

 Un informe indica que en 2006 se pescaron 9.000 toneladas frente a las 4.721 oficiales

Ya el pasado mes de diciembre, las organizaciones ecologistas Greenpeace y WWF/Adena remitieron una carta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para reclamar una investigación urgente de los datos de captura de atún rojo. La reclamación estaba fundada en dos informes, elaborados respectivamente por el Tribunal de Cuentas y por la consultora independiente ATRT SL especializada en la pesquería de esta especie: ambos coincidían en señalar un volumen de las capturas muy superior al declarado. Concretamente el texto de ATRT señalaba que en 2006 el volumen real de pesca fue de 9.000 toneladas frente a las 4.721 oficiales, y en lugar de las 5.192 declaradas de 2007, se habrían capturado 8.151. “En 2000, la propia Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) había estimado que la mortalidad por pesca era 2,5 veces mayor que el nivel máximo compatible con la reproducción adecuada de la población”, denunció WWF/Adena en un informe de 2004. “Todo apunta a que esta presión se ha incrementado desde entonces”.

Las causas de este problema habría que buscarlas en dos frentes: para empezar, ya no se pesca el atún de la misma manera, sino que están llegando nuevas técnicas más agresivas y menos controlables. “La pesquería ya lleva varias décadas con problemas de gestión y conservación”, declara Raúl García , “pero en la última década se ha descontrolado sobremanera, por la aparición de una práctica que se llama engorde o engrase del atún, que consiste en capturarlos y transferirlos a jaulas donde están tabulados durante unos meses hasta alcanzar la calidad exacta”. El experto explica que esta nueva actividad ha facilitado, por una parte, explotar comercialmente el atún de manera mucho más lucrativa, lo que se ha traducido en una mayor demanda. “Pero sobre todo”, añade, “es relativamente sencillo saltarse los controles. Como estas prácticas ocurren sobre todo en alta mar, en aguas internacionales, facilitan mucho las capturas ilegales”.

 Después de los 70, se extendieron por occidente los restaurantes japoneses en los que el atún es el rey

Pero es que, al mismo tiempo, estamos comiendo más atún que nunca. En los años 70, los restaurantes japoneses eran todavía un exotismo; en las décadas siguientes se fueron extendiendo sin freno por todos los países  occidentales, importando con ellos la moda de comer pescado crudo, sobre todo en sus variantes de sushi y sashimi. Y en estos dos platos, que prácticamente se pueden preparar con toda clase de pescados, el atún es el rey. La gastronomía española ya contaba con una antigua tradición de platos preparados con atún, pero incluso países tan poco aficionados al pescado como Estados Unidos –cuyo principal consumo de esta especie era en su variedad de latas de conserva– sucumbieron a la fiebre, disparando la demanda. “No disponemos de datos del número de restaurantes”, declara Raúl García , “pero sí hay los hay de comercio interior comunitario, donde vemos que las partidas de atún español a países del norte de Europa han aumentado muchísimo”.

Japón, el gran consumidor

Pero esta afición por el sushi de europeos y americanos no ha sido suficiente para desbancar a Japón como el principal consumidor de atún. Al día de hoy sigue absorbiendo entre el 70% y el 75% de la producción mundial, principalmente gracias a sus joint-ventures con empresas pesqueras españolas. La Asociación Nacional de Acuicultura de Atún Rojo (ANATUN) ha reconocido a Público que el problema existe, pero niegan que esté relacionado con las nuevas técnicas de captura, y atribuyen los fraudes principalmente a las flotas de otros países como Turquía y Libia “donde la aplicación de las normas es muy laxa”. “Consideramos que la aparición de las granjas de atún, a pesar de la postura de las asociaciones ecologistas, ha sido muy positiva para el sector”, se lee en el comunicado remitido. “Ha permitido la investigación sobre el stock, pues en estas empresas el atún permanece en el mismo sitio durante largos periodos, facilitando a los científicos estudiar su comportamiento. Y ha mejorado la comercialización del atún, pues ha descentralizado la oferta y mejorado la calidad”.

Los ecologistas no están de acuerdo con esta visión: es cierto que Turquía y Libia practican la pesca ilegal, dicen, pero abundan los informes que indican que España también lo hace. Ambas partes también difieren en su manera de afrontar el problema: WWF/Adena aboga por una moratoria de captura de tres años “hasta que la población dé signos de recuperación y esté en marcha un plan alineado con las recomendaciones científicas”. ANATUN no considera que esto sea necesario, pues “la visión global que tenemos no se puede reducir a un cierre de pesquería por prudencia ante la posibilidad del deterioro del stock, sin más. A nuestro entender, las actividades de sobrepesca deben ser perseguidas y eliminadas”. Pero una moratoria en la pesca del atún supondría un duro golpe para la flota pesquera. “Ahí tendría que entrar ya la Unión Europea , con las ayudas previstas, sobre todo para aquellos pescadores que sí que han cumplido las regulaciones. No son una mayoría, pero sí son una parte importante del sector”, declara Raúl García.

Una tradición con 3.000 años de antigüedad 

Con antecedentes que se remontan a los fenicios, la almadraba fue el arte pesquero más practicado en España. Hoy en día sólo continúa en la provincia de Cádiz, concretamente en Barbate, rincón atunero por excelencia. Tiene lugar entre abril y agosto, cuando el atún llega a la zona del Estrecho. Se establece un conjunto de redes fijas, donde las poblaciones de atunes quedan atrapadas. Entonces se capturan con ganchos y pasan a los pesqueros, en un espectáculo que muchos testigos han descrito como una verdadera lucha del hombre contra la bestia, con un mar que no tarda en envolver a peces y embarcaciones del rojo de la sangre.

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37 EL PAÍS

11/01/2008

Dos años de cárcel por cazar tigres en un coto de Badajoz

En la finca se encontraron varios lobos muertos y un león

CRUZ V. VÁZQUEZ - Cáceres -

Organizar una cacería tras un tigre y abatirlo a tiros en una finca en Monterrubio de la Serena (Badajoz) le ha costado a su impulsor una pena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para el derecho de caza. Así lo establece la sentencia del Juzgado de lo penal número 1 de Don Benito (Badajoz) contra Manuel Domínguez , propietario de la finca denominada Los Lunares, en la que, en diciembre de 2005, organizó una batida contra un tigre.

La sentencia también condena, por su participación en la cacería, a Tomás de la Flor y David Jiménez a 18 meses de prisión y tres años de inhabilitación, y a los empleados de la finca Juan Pedro Blázquez y Manuel Balsera Núñez, a 10 meses de prisión y dos años de inhabilitación para la caza. Entre todos deben abonar las costas del juicio.

Cinco condenados, en definitiva, por un delito contra los recursos naturales y el Medio Ambiente. Los hechos se remontan a diciembre de 2005, cuando agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) interrumpieron una cacería en la finca Los Lunares en la que se acababa de abatir a tiros a un tigre. Además, en la finca encontraron otro tigre, un león y tres cadáveres de lobos. Habían sido importados de Holanda y Alemania para terminar en una finca de 70 hectáreas "completamente vallada" con una verja electrificada de más de dos metros de altura, como recuerda Pablo Ramos , portavoz de Ecologistas de Extremadura y de la acusación popular. La organización ecologista y la Junta de Extremadura -que estudia recurrir la sentencia- acusaron al propietario de tres delitos más: tráfico de especies protegidas; la muerte de los lobos, también especie protegida, y liberación de especies de fauna no autóctona. "Es triste que se haya limitado al hecho en el que se les ha cogido in fraganti, cuando hay hasta fotografías de gente junto a otros cadáveres de otras jornadas que ahora dicen no recordar", se lamenta Pablo Ramos. Pero el juez sentencia que no se ha podido comprobar la causa de la muerte de los tres lobos por su avanzado estado de descomposición, ni que el león y el tigre si era verdad hubieran sido liberados para que "campasen libremente" por la finca, poniendo en peligro el ecosistema. Domínguez aseguró que compró los animales para montar un zoo.

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38 PÚBLICO

14/01/2008

Rajoy defiende la caza como un "método fundamental para la conservación de las especies"

Desde Alcázar de San Juan, en el mitin de cierre de la convención sobre agricultura del PP, Rajoy ha vuelto a criticar la gestión económica del Gobierno y define al mundo agrícola como "el mundo de los valores"

PUBLICO.ES /AGENCIAS

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, sigue centrando toda su precampaña electoral en la figura del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El conservador, durante un mitin en Alcázar de San Juan ha aplaudido que Zapatero haya dicho "la verdad" sobre sus conversaciones políticas con ETA (en alusión a una entrevista publicada por El Mundo ) y cómo los contactos con la banda terrorista prosiguieron tras el atentado de la T-4, aunque afirmó que él "nunca" negociará con organizaciones terroristas.

Para él, lo peor de la situación es que negociar con ETA supone "darles la única esperanza para conseguir sus objetivos políticos". Por eso se ha erigido como un "presidente de Gobierno que no oculte la verdad a los españoles", en caso de ganar las elecciones.

Y una vez tocado el tema estrella de toda la legislatura, Rajoy pasó a su tema favorito en las últimas fechas: la economía. Los pésimos datos económicos aportados por el Gobierno recientemente -exceptuando el anuncio de crecimiento hecho ayer por Zapatero - han girado las críticas conservadoras al dinero. Por eso, Rajoy, ha replicado hoy al socialista que "lo que causa miedo a los españoles es la subida de las hipotecas, de los precios y del paro", en alusión a las palabras de Zapatero diciendo que el PP expande el miedo con sus reflexiones económicas.

Así, el candidato del PP negó que España esté en la "champions league" de la economía europea y emplazó a Zapatero a "decir la verdad a los españoles", ya que considera que "hay un problema serio con la economía". A su juicio, la política desarrollada por Zapatero se resume en "mucha palabrería, mucha imagen y ninguna acción", lo que automáticmente le convierte en "un peligro para la economía de las familias españolas".

Por esto, Rajoy profetizó que "cuatro años más con Zapatero y los responsables económicos del Gobierno constituyen un serio peligro para las economías familiares". Sin embargo, el líder del PP hizo una propuesta: que si gana las elecciones lo primero que hará será "bajar los impuestos".

Ayudas para el campo

En cuanto a la agricultura, que de eso trataba la convención del PP en Alcázar, Rajoy ha elogiado la labor de los agricultores, de los ganaderos, de las mujeres rurales y todas las personas que viven en el campo porque "son lo mejor de este país", ya que de ellos cuidan "la parte más importante de nuestro patrimonio".

En una exaltación del sentimiento agrícola, ha remarcado que "no hay ni un sólo español que no dependa del mundo rural", añadiendo que éste es "el mundo de los valores, es el mundo del trabajo, del esfuerzo y de la lucha diaria y de los resultados de verdad".

Por eso, prometió que si gana las elecciones pondrá en marcha un paquete de medidas para ayudar a los agricultores y ganaderos. Entre ellos estaría la creación de un observatorio agrícola, la creación de una Secretaría de Estado de Desarrollo Rural, impulsar las nuevas tecnologías en los pueblos y apoyar al sector de la caza.

Rajoy se mostró dispuesto a apoyar al mundo de la caza "después de haber sido incomprendido y maltratado por el gobierno del PSOE", ya que "la caza es una actividad económica básica del medio rural que genera puestos de trabajo y riqueza".

Aseveró que la caza "es fundamental en la conservación de las especies" y representa una "actividad fundamental para algunas regiones" como Castilla-La Mancha, por lo que el PP actuará "en consecuencia" si llega a La Moncloa.

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39 EL PAÍS

14/01/2008

¿Falta comida o es demasiado cara?

Los expertos advierten de que el alza del precio de los alimentos y el cambio climático pueden disparar el hambre en el mundo. Pero el reto es también una oportunidad para los agricultores

"Hay que reactivar la agricultura tras años de abandono", afirma la FAO

El cambio climático se cebará en África, que perderá muchos cultivos

El precio de los cereales y el del petróleo están ya interrelacionados

"Algunos países quizá ganen, pero no sus pobres", dice el Banco Mundial

PERE RUSIÑOL

Todo indica que el hambre en el mundo aumentará. Pese a la enorme riqueza, cada vez serán más los que tendrán dificultades para ingerir las calorías mínimas necesarias para vivir dignamente. No es un recordatorio de los sombríos augurios lanzados en el siglo XIX por Thomas Robert Malthus. El análisis es de enero de 2008 y lo suscribe la FAO, la agencia de Naciones Unidas para la alimentación. ¿Tiene fundamentos la señal de alarma o, como sucedió con el controvertido demógrafo británico, la realidad acabará desmintiendo los tambores apocalípticos? La mayoría de expertos cree que hay elementos para preocuparse. Pero al mismo tiempo el reto podría ser un revulsivo para mejorar la vida de centenares de miles de personas.

El escándalo del hambre en tiempos de progreso económico sin precedentes tiene contornos bien definidos: 854 millones de personas padecen hambre o malnutrición, según los últimos datos de la FAO. Y los planes de choque en marcha para poner fin a esta lacra parecen condenados al fracaso: ni el compromiso grandilocuente suscrito en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 para reducir el número de desnutridos a la mitad en 2015 ni los Objetivos del Milenio, más moderados pero también para 2015, tienen visos de alcanzarse. Ni de lejos.

Pero al menos había hasta ahora una mínima tendencia a la baja, indiscutible en términos relativos -del 20% con problemas de malnutrición en 1992 al 17% actual-, más confusa en cifras absolutas: tres millones menos en el mismo periodo, un número que puede confundirse con el error estadístico. Lo que plantea ahora la FAO no es ya que el retroceso sea lento, sino que el hambre aumente de forma considerable en los próximos años. Incluso en términos relativos.

"Está claro que el objetivo del milenio referente al hambre no se va a cumplir. Pero ahora nos encontramos con nuevos obstáculos, muy complejos, que abren un escenario mucho más preocupante porque se puede ir incluso hacia atrás", advierte Carlos Fernández , director de operaciones de la ONG Acción contra el Hambre, quien añade: "Hay que tomárselo en serio ya".

Los nubarrones no vienen esta vez de la bomba demográfica, como advertía Malthus, sino sobre todo de los precios: los alimentos básicos han subido de forma espectacular en muy poco tiempo. Según el Fondo Monetario Internacional, desde 2005 el maíz ha aumentado el 83%; la soja, el 89%; los cacahuetes, el 117%; el aceite de palma, el 140%, y el trigo, el 142%. Globalmente, el coste de los alimentos en moneda constante es aún inferior al de algún pico de la década de 1970, pero hay dos características tan nuevas como letales para los más pobres: la subida es abrupta. Y a diferencia de las tendencias del pasado, todo indica que seguirá creciendo durante varios años consecutivos.

El propulsor principal de la escalada -aunque no el único- es el auge imparable de los biocombustibles, que van a seguir extendiéndose no sólo para combatir el cambio climático, sino también como consecuencia del desbocado precio del petróleo. Incluso el biodiésel más ineficiente en términos ecológicos es rentable si el barril de petróleo supera los 60 dólares.

Por tanto, hay presión en el lado de la demanda para rato: los alimentos convertibles en energía van a seguir subiendo de precio y los agricultores van a aumentar este tipo de cosechas en detrimento de otras que simplemente sirven para alimentar. La FAO, la OCDE, el Instituto de Investigación de Políticas para la Agricultura y la Alimentación (FAPRI, en sus siglas en inglés), el Banco Mundial, The Economist... Todos coinciden: los precios continuarán subiendo con toda seguridad hasta 2010. Algunos se atreven incluso a alargar la serie como mínimo hasta 2020.

"Los biocombustibles crearán hambre. La fiebre por convertir comida en energía llevará al desastre. Hay riesgos muy serios de crear una batalla entre la comida y la energía que dejará indefensos a los más pobres y hambrientos de los países en vías de desarrollo", opina, siempre contundente, Jean Ziegler, el relator especial para el derecho a la alimentación de Naciones Unidas.

Ya hay datos que lo avalan: el uso del maíz para producción de etanol en EE UU, generosamente subsidiado por el Gobierno, se ha multiplicado por 2,5 en un lustro. "Los precios de los cereales y del petróleo van a estar cada vez más interrelacionados", concluye el Instituto Internacional de Investigación para Políticas de Alimentación (IFPRI, en sus siglas en inglés), uno de los centros con más autoridad en la materia. Las estimaciones de este think-tank con sede en Washington son demoledoras: la disponibilidad de calorías serán en 2020 entre el 2 % y el 8% inferiores a las actuales, pese a que habrá más bocas por alimentar. El fenómeno afecta a todo el mundo, aunque las zonas más perjudicadas serán el África subsahariana, América Latina y Oriente Próximo.

Los biocombustibles no son los únicos responsables del alza de precios. El boom económico en India y, sobre todo, China, tienen también su importancia. El crecimiento de ambos países-continentes va aparejado a una mayor demanda de alimentos, incluida la carne. En 1985, los chinos consumían una media anual de 20 kilos de carne y hoy superan los 50. El gigantismo del país convierte las consecuencias en mundiales: más agua y terrenos destinados a los animales y a los cereales para alimentarlos en detrimento de los humanos, mayor demanda de alimentos: el resultado es siempre aumento de los precios.

¿Pero no eran precisamente los precios irrisorios de los alimentos los que impedían el despegue de los países pobres dependientes de la agricultura? ¿No supone todo ello una gran oportunidad para que centenares de miles de agricultores, sobre todo en África, salgan de la pobreza? "La situación ciertamente puede ser beneficiosa en términos macroeconómicos para algunos países exportadores", opina, en conversación telefónica desde Washington, Harold Alderman, experto en economía africana del Banco Mundial, quien añade: "Pero incluso en estos escasos países, las personas más pobres y, por tanto, los más vulnerables ante el hambre y la malnutrición, salen claramente perjudicados de la situación de alza de precios".

Alderman admite las oportunidades que se abren para determinados países emergentes -sobre todo, subraya, si se acabara con el tradicional proteccionismo de los países ricos-, pero insiste en que los más pobres no obtendrán ningún beneficio, al menos a corto plazo: "Los pobres raramente tienen tierras propias ni exportan nada. Por tanto, no ganan nada. Al contrario: sus ingresos son mínimos y ahora deberán hacer frente a una impresionante subida de los alimentos básicos, que va a continuar".

El pesimismo sobre la carestía alimentaria tiene para África un valor extra: el cambio climático. Los informes científicos recalcan que el continente negro será el más afectado y las sequías anunciadas ponen todavía la situación más difícil para la agricultura. Por ejemplo, el IFPRI estima que la tierra disponible para plantar trigo prácticamente desaparecerá en el África subsahariana y la capacidad de producción global de cereales en el continente será en 2080 el 15% más baja que en la actualidad.

África, que justo ahora parece que empieza a despegar tras décadas en el pozo, se enfrenta a unas previsiones aterradoras en cuanto a la alimentación por culpa del cambio climático y de los precios alimentarios desbocados. Según las proyecciones del IFPRI, en 2080 el número de subsaharianos con problemas de malnutrición o hambre se habrá multiplicado por tres y alcanzaría la aterradora cifra de 410 millones de personas.

Algunos países han empezado a reaccionar a la subida de precios, aunque con medidas que, según la mayoría de expertos, pueden ser incluso contraproducentes: con tasas a la exportación para reducirla, como ha hecho, por ejemplo, Rusia. O la principal tentación: querer establecer precios máximos para los alimentos.

En una economía de mercado, intentar fijar por decreto topes a los precios suele tener el efecto contrario al buscado: los productos se evaporan a la espera de tiempos mejores e inundan el mercado negro. La escasez aumenta todavía más los precios. Venezuela y Argentina, dos de los países que con más ahínco han tratado de rebajar los precios por decreto, deben lidiar ahora con dos de los datos de inflación más descontrolados del mundo.

El consenso es en cambio total en la necesidad de establecer mecanismos de compensación económica directa para que los más pobres no vean empeorada su situación. Esta receta une a ONG con economistas, liberales o intervencionistas, sin distinción de etiquetas: para unos, se trata de una medida coyuntural; para otros, permanente. Pero hay acuerdo en que ahora la medida es imprescindible.

"Pese a todo, no soy pesimista. Lo sería si no se hiciera nada, pero la situación es también una gran oportunidad", proclama desde Roma Kostas Stamoulis, jefe del departamento de Agricultura del servicio de desarrollo económico de la FAO, la institución que más llamadas de socorro ha lanzado. "La agricultura ha estado abandonada durante demasiado tiempo y ahora se abre una gran oportunidad para lograr su relanzamiento y para destinar recursos a programas que mejoren la productividad".

"Tengo confianza en que la tecnología y la investigación mejorarán la productividad; no podemos permitirnos el pesimismo", le secunda Carlos Fernández , de Acción contra el Hambre. Los avances científicos son tan potentes que incluso la vieja quimera de multiplicar panes y peces parece hoy posible en un horizonte no tan lejano, vía clonación. Malthus se equivocó, sí. Pero los hambrientos siguen contándose por millones.

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40 Ecologistas en Acción

11/01/2008

NORUEGA PROHÍBE EL USO DE MERCURIO

Desde el 1 de enero de 2008, Noruega ha prohibido usar mercurio en las amalgamas dentales, en los aparatos de medición como termómetros y barómetros y en general en todos los productos que cuenten con una alternativa viable sin mercurio.

La mayoría del mercurio presente en el medio ambiente noruego procede de otros países del mundo y constituye un motivo de honda preocupación para las autoridades. El ministro noruego de Medio Ambiente, Erik Solheim, aseguró que la razón de la prohibición se debe al riesgo que el mercurio supone para el medio ambiente ya que es "uno de los contaminantes más peligrosos".

En Suecia, desde que en 1999 la sanidad pública dejó de reembolsar las amalgamas dentales, éstas ya sólo suponen el 2-5% de todos los empastes. Los dentistas de Dinamarca tampoco podrán utilizar este material a partir del 1 de abril de 2008.

Esta prohibición indica claramente que las amalgamas dentales ya no son necesarias y que las alternativas sin mercurio a partir de composites plásticos o de cerámica son perfectamente viables.

El mercurio se acumula en los alimentos, especialmente en el pescado. Su alta volatilidad le permite desplazarse a grandes distancias, muy lejos de las fuentes de emisión. La exposición al mercurio supone un grave peligro para el desarrollo neuronal de los niños.

Ecologistas en Acción se congratula por la decisión de este país escandinavo y espera que otros países se sumen a esta sabia decisión.

Más información: Leticia Baselga , 696 821 808

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41 EL PAÍS   Cataluña

14/01/2008

Justícia i Pau incluye el medio ambiente entre sus prioridades

EP - Barcelona -

La entidad cristiana Justícia i Pau, que celebra este año su 40º aniversario, incorporará el medio ambiente y el agotamiento de los recursos entre los retos de su nueva etapa. Además de incluir estos dos objetivos, la asociación no renunciará a sus fines clásicos de lucha contra la pobreza y el hambre, y a favor de los derechos de los inmigrantes.

El presidente de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, recordó que el principal reto de la entidad durante estas cuatro décadas ha sido que los países ricos cediesen el 0,7% de su producto interior bruto (PIB) para contribuir a la mejora de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, Oliveres consideró que este porcentaje "ya está caduco" y necesita actualizarse porque "la brecha entre los países ricos y pobres se ha ido agrandando con los años".

Oliveres sostuvo que el hambre en el mundo es uno de los problemas que se erradicarían en sólo "uno o dos años si hubiese voluntad política". La presión política, a su juicio, se debería efectuar desde una sociedad concienciada con las desigualdades del mundo. Oliveres preside desde 2002 la asociación, en la que entró en 1982.

En estos 40 años de trayectoria, Justícia i Pau ha tenido dos etapas, según Oliveres. Primero la asociación estaba muy centrada en defender los derechos humanos en España y en ella se posicionó ante problemas como la pena de muerte y la amnistía de los presos políticos. A partir de los años ochenta, opinó Oliveres, la entidad decidió "abrir puertas hacia afuera" y preocuparse por el "desarrollo económico del Tercer Mundo , sin abandonar los derechos humanos, porque sigue habiendo grupos, como el de los inmigrantes, que aún son víctimas de situaciones de abuso".

Oliveres también destacó el papel de Joan Gomis, que presidió la entidad durante 25 años y al que calificó como "un referente" en España "a favor de los derechos humanos, la solidaridad, la cultura de la paz y el desarrollo".

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42 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

13/01/2008

Sólo el 49,5% de los afiliados de EU apoya la tesis de Marcos

Llamazares niega validez a la votación y remite a primarias

EL PAÍS - Valencia -

Un total de 1.299 afiliados en todo el País Valenciano. Ese es el número de militantes con que cuenta Glòria Marcos en su estrategia de confrontación con Izquierda Unida y su coordinador general, Gaspar Llamazares.

Esos 1.299 afiliados apenas representan la mitad de la militancia de Esquerra Unida (49,5%). En el referéndum convocado el viernes para ratificar la estrategia de la dirección de EU participó el 54,3% del censo convocado, de los cuales 1.299 respaldaron las tesis de Marcos, 79 votaron en contra, 41 en blanco y 7 nulos. En la votación los militantes tenían que ratificar a los cabezas de lista de Alicante, Valencia y Castellón en las generales y la coalición electoral con Izquierda Republicana, aprobadas ya por el Consell Nacional de EU.

La dirigente de Esquerra Unida enfatizó ayer que más del 90% de la militancia [que votó] apoya las tesis de la dirección del País Valenciano. Una victoria pírrica que permitió a Marcos afirmar que "Llamazares no puede pisotear la voluntad soberana de las bases de EU".

Marcos, que se opone a elegir los cabezas de lista por un sistema de primarias, aseguró que "las únicas candidaturas que representan el proyecto federal de Izquierda Unida en el País Valenciano" son las ratificadas el viernes.

Llamazares prefirió ayer ignorar el referéndum convocado por la dirección de Esquerra Unida. "Nosotros estamos satisfechos de la dinámica de primarias y serán los candidatos que elijan nuestros militantes los que finalmente presentaremos a las próximas elecciones generales, en Madrid, en Sevilla, en Valencia y en todas partes", dijo Llamazares, que sentenció: "Será la decisión democrática de la base de IU".

En este contexto, la dirección de EU se halla cada vez más aislada. Sólo Izquierda Republicana se felicitó ayer por un referéndum que valida una coalición electoral que se denominará Esquerra Unida i Republicana.

La otra mitad de EU -agrupada en Iniciativa del Poble Valencià y Projecte Obert- ya ha pactado una coalición con el Bloc y Els Verds-Esquerra Ecologista. Els Verds del País Valencià de Joan Francesc Peris ha decidido desmarcarse de Marcos e irá en solitario.

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43 EL PAÍS   Comunidad Valenciana

12/01/2008

A sólo dos semanas del cisma

Los sectores enfrentados en EU dan un nuevo paso decisivo hacia la ruptura

Mollà y Ribó, de EU, sellan la coalición electoral con el Bloc y Els Verds

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia -

Los dos sectores enfrentados en el seno de Esquerra Unida dieron ayer un nuevo paso decisivo hacia el cisma que se producirá dentro de dos semanas cuando se tengan que registrar las coaliciones electorales que piensan concurrir a los próximos comicios generales.

Por una parte, los dirigentes de Iniciativa del Poble Valencià, Pasqual Mollà; y Projecte Obert, Joan Ribó , -ambos con el apoyo de la dirección federal de Izquierda Unida- y la secretaria de Organización del Bloc, Pepa Chesa, alcanzaron ayer un acuerdo para concurrir en coalición a las próximas elecciones generales en las tres circunscripciones valencianas. El acuerdo, al que también se incorpora Els Verds-Esquerra Ecologista, será ratificado en los próximos días en los órganos de partido correspondientes.

Y mientras un sector de Esquerra Unida sellaba la coalición electoral con el Bloc y Els Verds, el otro sector que lidera Glòria Marcos -con ayuda del Partido Comunista- ratificaba en referéndum a unos cabezas de lista que no reconoce la dirección de Izquierda Unida y ratificaba su voluntad de concurrir a las generales en coalición con Izquierda Republicana.

La dirección de Esquerra Unida, que lidera Marcos con apoyo del PCPV, sólo pudo poner ayer en marcha 62 de las 63 mesas electorales previstas para que votasen los cerca de 2.600 afiliados reconocidos. Marcos aprovechó su participación en el referéndum para volver a descalificar las primarias convocadas por Izquierda Unida para elegir a los cabezas de lista en las tres circunscripciones valencianas.

"Con las primarias lo que se pretende es dar cobertura de legalidad a una decisión, un golpe de mano, adoptado por unas personas que antes formaban parte de Esquerra Unida", dijo Marcos a la agencia Efe. Marcos insiste en que los candidatos son los elegidos en los órganos de dirección de EU, que han optado por el ex concejal Antonio Montalbán como cabeza de lista por Valencia.

Mientras, la diputada estatal de Esquerra Unida, Isaura Navarro , prosiguió ayer con su campaña para animar a la militancia a participar en el proceso de primarias, cuyo resultado se conocerá el próximo viernes. Navarro, que forma parte de Iniciativa del Poble Valencià, aspira a repetir como cabeza de lista de Esquerra Unida por Valencia.

Fuentes conocedoras del acuerdo cerrado en la sede de los nacionalistas indicaron que el pacto garantiza el primer puesto de la lista por Valencia para Esquerra Unida. La denominación propuesta para esta coalición es la de Bloc-Esquerra Unida-Verds .

Y mientras la brecha se abre cada día más, a la espera de ver que sector de Esquerra Unida se queda con la marca electoral.

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44 PÚBLICO

13/01/2008

IU se asoma a la ruptura en Valencia

La victoria de la ejecutiva regional en su referéndum hace más difícil la distensión con Madrid

JUANMA ROMERO - Madrid -

El escenario sigue abierto, pero se complica. A una semana de que el Consejo Político Federal (CPF) de IU cierre sus listas, el enfrentamiento entre la dirección federal y la ejecutiva valenciana se agudiza. El último jalón llegó con el referéndum que Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) celebró este viernes, y cuyo escrutinio definitivo se conoció ayer.

La consulta era doble: primero, bendecir la coalición electoral con Izquierda Republicana (y no con el Bloc), y dos, consagrar a los candidatos elegidos en la asamblea regional de noviembre (Antonio Montalbán, Concha Amorós y Miguel Ángel Pavón). EUPV ganó. Sobre una participación del 54,38% de los militantes, se contabilizaron 1.299 votos a favor (91,09%), 79 sufragios en contra (5,54%), 41 papeletas en blanco y 7 nulas.

“Es una demostración de la plena sintonía de las bases con la dirección”, subrayó a Público Glòria Marcos, la canciller de EUPV. “Ahora tenemos la razón política, y no permitiremos que [Gaspar] Llamazares pisotee la voluntad de la militancia”.

Consulta “sin garantías”

La dirección federal, mientras, mantiene la hoja de ruta marcada por la Presidencia en diciembre: “sólo” ratificará en el CPF a los aspirantes que hayan vencido en la consulta que tutela desde Madrid. “Ese referéndum no cuenta con garantías. ¿Cómo se ha controlado el voto delegado? No había interventores de la minoría crítica con Marcos”, señala un responsable de IU. “Nada cambia los planes, pero no cabe duda de que no contábamos con esos resultados del 91%, que objetivamente fortalecen a Glòria”, matiza otro dirigente federal.

La cuerda está ya muy tensa. Y pesa la amenaza de que se rompa en dos, ya que EUPV –inmersa ya en una batalla judicial contra el federal– mantendrá sus candidatos hasta el final. En la práctica, la quiebra. “No toleraremos que ninguna otra lista boicotee la avalada por el CPF. Nadie puede competir contra IU dentro de IU”, amenazan desde el federal.

Aún no se ha planteado ni la disolución ni la expulsión de EUPV, pero nada se descarta si la dirección valenciana no cede y arriesga a concurrir el 9-M por separado, al margen de lo ratificado en el Consejo.

Esta semana se intentará frenar la escalada. La dirección y el aparato del PCE se reunirán por segunda vez para pactar el orden del día del CPF del domingo y procurar que discurra “de forma pacífica”.

Llamazares ha ordenado a sus delegados en la negociación “impedir la ruptura”. “No podemos permitírnosla”, señala Ramón Luque , coordinador de campaña y embajador del líder de IU. “El Consejo resolverá el conflicto. No hay por qué pensar que alguien no acatará lo que se apruebe por mayoría. No especulemos. Ningún votante entendería una escisión”.

LA DISPUTA DE LAS SIGLAS DE EUPV

Cuestión de soberanía // Glòria Marcos se aferra y no suelta sus Estatutos. “EUPV se configura como una organización política y jurídicamente soberana”, reza el artículo 1. Aunque, eso sí, “desde su personalidad jurídica propia, se federa corresponsable y solidariamente en IU”. En caso de que finalmente la dirección valenciana se arremangue y presente lista propia el 9-M, dice tener “derecho” sobre las siglas de EUPV, muy asentadas en Valencia. “Son nuestras y el federal no puede quitárnoslas”, asegura la coordinadora.

El federal, propietario // Otros Estatutos, los de IU Federal, hablan. Su artículo 2 deja claro que la denominación de IU en la Comunidad Valenciana es EUPV. Y es el nombre que integra la coalición electoral que los críticos con Marcos ( Iniciativa del Poble Valencià y Projecte Obert) cerraron el viernes con el Bloc y Els Verds. “Debíamos avanzar en el acuerdo porque nos apremian los plazos”, subraya Paco García , de Iniciativa. En el federal defienden la propiedad de las siglas de EUPV. Si no, será la Junta Electoral Central quien decida.  

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45 EL PAÍS   Cataluña

12/01/2008

Eulàlia Vintró cerrará la lista de ICV en las generales

EL PAÍS - Barcelona -

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) incorporó ayer a una líder histórica del PSUC en la lista por Barcelona para las elecciones generales. La que fuera concejal en el Ayuntamiento barcelonés entre 1983 y 1999 y actual catedrática de Filología Griega de la Universidad de Barcelona, Eulàlia Vintró, cerrará la lista que encabezará el actual portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera.

Vintró mostró ayer su satisfacción por ayudar a Herrera en la campaña electoral. La que ocupara un escaño de diputada en el Congreso en la primera legislatura expresó su "ilusión" por acompañar a Herrera, a quien definió como "una persona honesta y trabajadora que se preocupa por lo que afecta a la gente". "Otros tienen más medios, pero no más méritos. Sólo por lo que Joan Herrera ha hecho con Cercanías merecería ser el diputado con más votos en Cataluña", apostilló.

El cabeza de lista de ICV en las generales alabó a Vintró por su "bagaje y experiencia". "Es lo mejor del PSUC y de ICV porque es el ejemplo del trabajo bien hecho y la capacidad de llevarlo a la práctica en el Gobierno", aseveró. Vintró respondió a estos elogios atestiguando su "ilusión" por figurar en las listas de ICV, configurada, en su opinión, por "gente comprometida, honesta y trabajadora". "Estoy dispuesta a lo que me pidan", afirmó.

La ex concejal ya ocupó el último lugar en las listas de ICV con Joan Saura y Rafael Ribó como candidatos.