20060924 AFEMA Revista de prensa

 

Índice de contenidos

 

1 “Izquierda Unida”

23 de septiembre de 2006

La presidencia de IU aprueba el informe político presentado por Llamazares y acuerda nuevas responsabilidades en el seno de su dirección

 

2 EL PAÍS – País Vasco

24-09-2006

Una juez indaga si hay delito ecológico en la ampliación del puerto de Mutriku

 

3 “Grupo Ecologista Cóndor”

22 de septiembre de 2006

EL GRUPO ECOLOGISTA CÓNDOR HACE UNA PROPUESTA DEFINITIVA PARA TODOS LOS PROBLEMAS QUE OCASIONAN LAS VÍAS DEL TREN EN GÁDOR

 

4 “Pedalibre”

22 de septiembre de 2006

ÉXITO de la SEMANA DE LA BICICLETA

 

5 “Consumer.es”

22 de septiembre de 2006

Las sustancias nocivas emitidas por el tráfico y la actividad industrial pueden provocar una neblina contaminante en las grandes ciudades

 

6 “El País – NEGOCIOS”

24-09-2006

Vértigo inmobiliario en el parqué

 

7 “El Diario Vasco”

24 de septiembre de 2006

El Gobierno admite que es «inviable» fijar un calendario de cierre de las centrales nucleares

 

8 “El Diario Vasco”

24 de septiembre de 2006

El cierre de Garoña tendría un impacto asumible

 

9 EL PAÍS – Comunidad Valenciana

24-09-2006

El futuro nuclear divide al valle de Ayora

 

10 “El País – NEGOCIOS”

24-09-2006

Casi 1,5 millones de hectáreas pueden tener como salida de futuro la producción de biocombustibles

 

11 “Alwadi-ira – Ecologistas en Acción”

22 de septiembre de 2.006 

Vertido de alpechín en el cauce del río Guadaíra

 

12 “La Nueva España”

24/09/2006

Caleao, las dos orillas de un embalse

 

13 “La Nueva España”

24/09/2006

Villa defiende la acampada y aboga por abrir un debate sobre el agua en Asturias

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1 “Izquierda Unida”

23 de septiembre de 2006

La presidencia de IU aprueba el informe político presentado por Llamazares y acuerda nuevas responsabilidades en el seno de su dirección

La presidencia federal de IU ha aprobado por 28 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el informe político presentado por el coordinador general Gaspar Llamazares. En el informe presentado Llamazares ha adelantado la estrategia electoral de IU de cara al próximo ciclo electoral que se inicia con las elecciones autonómicas en Cataluña y las que se celebrarán el próximo año tanto de ámbito municipal y autonómico. En esa línea IU defenderá un perfil propio como oposición alternativa y útil y un compromiso con el proceso de federalización del estado y con una política exterior que vaya en dirección de la paz.

Llamazares ha criticado en su informe algunas actuaciones del Gobierno ambidiestro de Zapatero y ha instado a IU a reforzar su espacio de izquierda que ha ido abandonando el Ejecutivo y es allí donde nuestra organización va a jugar un papel decisivo en los próximos comicios. En este sentido ha denunciado el giro a la derecha del Gobierno en materia de inmigración y frente a él, IU apuesta por la cooperación política y económica en el marco de la UE y la garantía de los derechos humanos en la acogida, así como la política de regularización laboral y la integración de los extranjeros. También ha vuelto a demandar el derecho de voto municipal de los extranjeros no comunitarios, que había asumido el Ejecutivo, y que ahora pretende aplazar en su entrada en vigor hasta después de las elecciones de 2007.

En otra parte del informe se ha criticado con dureza la contrarreforma fiscal del Gobierno, su propuesta de reforma laboral y los Presupuestos Generales para el año que viene son otros de los aspectos analizados en este documento, en el que ha incidido por ampliar en la fase de negociación sus rasgos sociales y municipales con medidas como aumentar la financiación de los ayuntamientos y su liquidez anticipando 800 millones de euros en la liquidación de 2007. Así cpmo el incremento de las competencias municipales y la creación de un fondo para los municipios pequeños (menos de 20.000 habitantes) de 40 millones de euros son otras de las iniciativas que impulsará IU en los PGE. En este momento y a resultas de incorporar aspectos fundamentales en éstas y otras áreas de contenido social IU mantiene abierta todas las posibilidades, incluso la enmienda de totalidad, si no se rectifican hacia la izquierda las cuentas aprobadas por el Gobierno.

Por lo que se refiere al proceso de paz en el País Vasco, Llamazares ha expresado su convencimiento de que se dan las condiciones para el diálogo con ETA, la legalización de Batasuna y la apuesta en marcha de mesas de diálogo "diferenciadas" en Euskadi y Navarra para que se analicen las propuestas políticas que faciliten la resolución del conflicto.

Finalmente IU va a fortalecer su apuesta ambiental y por las energías renovables, como un eje básico de su propuesta electoral. En esta línea ha pedido un gran pacto contra la corrupción urbanística, el desarrollo de un modelo social con recursos suficientes en el cuarto pilar del Estado del Bienestar y el desarrollo de la cuarta generación de derechos humanos.

NUEVAS RESPONSABILIDADES EN LA DIRECCIÓN FEDERAL

La Presidencia ha aprobado por 29 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención las nuevas responsabilidades en el seno de la Comisión Permanente Federal y que serán desempeñadas por las siguientes personas:

- Portavoz de la Comisión Permanente , Comunicación y Cultura: Inés Sabanés.

- Coordinador Ejecutivo de Áreas y Programa: Sebastián Martín Recio

- Responsable de Imagen electoral: José Francisco Mendi

- Coordinador Ejecutivo Economía y Mundo del Trabajo- Inmigración: Javier Alcázar

- Secretaría del Medio rural y Soberanía Alimentaria: Juan Manuel Sánchez Gordillo

- Secretario coordinador de la Comisión Internacional: Fran Pérez

- Secretario adjunto a Áreas y programa: Manuel Monereo

- Área Interna (Comisión Electoral): Jorge García Castaño

- Comisión Federal de Organización: Miguel Ángel Gómez

- Secretaría de Educación: Kechu Aramburu

- Secretaría de Derechos y Libertades y Acción Republicana: Ángeles Yagüe

Por otra parte la Presidencia ha aprobado dos documentos, un código ético de sus cargos públicos y un reglamento de sus órganos de dirección , que se presentarán con diversas aportaciones y mejoras al próximo Consejo Federal.

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2 EL PAÍS – País Vasco

24-09-2006

Una juez indaga si hay delito ecológico en la ampliación del puerto de Mutriku

Llama a declarar como imputadas a dos constructoras

ALBERTO URIONA  -  Bilbao

Un juzgado de Eibar ha abierto una investigación por un posible delito contra el medio ambiente en las obras de ampliación del puerto de Mutriku, iniciadas hace casi dos años. La juez ha llamado a declarar como imputadas a las dos constructoras que acometen los trabajos y ha pedido al Departamento de Medio Ambiente la declaración de impacto ambiental, que según los denunciantes no existe sobre el proyecto global. La ampliación del puerto de Mutriku se inició en noviembre de 2005, con la extensión del dique exterior, que se alzará 17 metros sobre el nivel del mar y alcanzará 434 metros de longitud. Este proyecto viene de la anterior legislatura, cuando el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana solicitó la construcción de un dique de protección, que al fin se transformó en un puerto mercantil, cuya primera fase es la construcción del dique exterior.

El Gobierno ha defendido este proyecto para acabar con la peligrosidad del acceso a Mutriku. "Estamos abriendo oportunidades de negocio para el futuro", señaló en abril en el Parlamento la consejera de Transportes y Obras Públicas, Nuria López de Guereñu. La titular de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, ha afirmado que cumple con todas las normativas medioambientales.

Pero en el municipio ha surgido una fuerte reacción social, que se ha traducido en la presentación, en agosto, de una querella en los tribunales por parte de la plataforma Hobetu Leike, en la que acusa a las dos constructoras que acometen las obras de carecer de la preceptiva evaluación de impacto ambiental. La denuncia señala que sólo existe declaración de impacto en el proyecto de mejora de acceso al puerto y no en las otras actuaciones, como la alteración de la playa, los rellenos, la ampliación del dique y las instalaciones para albergar un planta de energía eléctrica por olas.

Informe oficial de 1999

El colectivo ciudadano afirma que el Gobierno admitió, en la declaración de impacto elaborada en julio de 2004, que "no se han analizado efectos ambientales concretos derivados de acciones detalladas del resto de proyectos implicados". La denuncia agrega que el Departamento de Medio Ambiente elaboró, en junio de 1999, un informe preliminar sobre la ampliación del puerto de Mutriku, que detectaba afecciones diversas tanto al propio puerto como a la playa y los acantilados. "Supone una transformación tal que se asemeja más a actuaciones de nueva implantación en la costa", expresaba el informe oficial. En el mismo, se advertía de la necesidad de acometer una evaluación de impacto ambiental global.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eibar considera, en un auto dictado el pasado día 7, que los hechos relatados en la querella "presentan los caracteres de un delito contra el medio ambiente". La juez abre las diligencias previas y considera imputados a las empresas Construcciones Mariezcurrena y Urazca Construcciones, a las que ha llamado a declarar el próximo 5 de octubre. Ambas deben presentar los permisos y licencias sobre las obras en el puerto de Mutriku.

Además, ha pedido a la consejería de Industria la documentación sobre estas dos compañías y a Medio Ambiente, que aporte "en su integridad" las evaluaciones y declaraciones de impacto "de la totalidad de las obras" que se están acometiendo en el puerto. La consejería de Esther Larrañaga debe aportar también la documentación en su poder sobre las dos constructoras.

La juez ha pedido asimismo al servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil in informe "sobre la puesta en peligro que para los ecosistemas haya supuesto o supongan las labores denunciadas".

El auto judicial traslada al fiscal la petición de la plataforma Hobetu Leike sobre la paralización inmediata de las obras para que decida. Este colectivo considera que las obras incumplen el principal requisito en actuaciones con posibles afeccciones, como es una declaración de impacto ambiental. "Nos encontramos ante varios proyectos que bajo una falacia de declaración se están ejecutando", señalan. A su juicio, tanto las constructoras como la administración "en ningún caso" han elaborado una declaración de impacto positivo sobre las obras que se están acometiendo en Mutriku.

Censura de Greenpeace

Las obras de ampliación del puerto de Mutriku han sido censuradas por otros colectivos ecologistas por su elevado impacto ambiental. En concreto, se encuentra en el listado de 16 puntos negros del litoral vasco del último informe de Greenpeace. Este grupo considera que, junto al polémico proyecto de ampliación del puerto de Pasaia aún en fase de debate, es la obra portuaria de mayor gravedad en el País Vasco al afectar "a playas y acantilados que gozan de los más elevados niveles de protección ambiental". El informe señalaba que las dos grandes amenazas para el litoral vasco son los puertos deportivos, "que se multiplican exponencialmente" y la contaminación, con algunas playas y estuarios con calidad deficiente de sus aguas.

El estudio revelaba la progresiva ocupación de la costa vasca: entre los años 1994 y 2005 la superficie urbanizada ha pasado del 5,2% al 6,5% y en el último año "han perdido sus características naturales 452 hectáreas de suelo".

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3 “Grupo Ecologista Cóndor”

22 de septiembre de 2006

EL GRUPO ECOLOGISTA CÓNDOR HACE UNA PROPUESTA DEFINITIVA PARA TODOS LOS PROBLEMAS QUE OCASIONAN LAS VÍAS DEL TREN EN GÁDOR

Aprovechando que la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento va a realizar el “Proyecto de Mejora de las Prestaciones Ferroviarias de la Relación Granada-Almería” cuyo proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ya está a información pública, o sea que ya es inminente un trazado nuevo entre estas dos capitales, desde el Grupo Ecologista Cóndor se va a solicitar que el nuevo trazado del ferrocarril transcurra por el corredor propuesto que se denomina Corredor Desierto de Tabernas-Autovía, este tramo va desde la estación de Las Alcubillas Altas (Gérgal), ciñéndose al corredor de la autoría A-92, pasando por Gérgal y Rioja, por lo que evita, por tanto, el tramo entre Gádor y Nacimiento que es el que tiene el trazado más complejo y con mayores posibilidades de tener niveles de impacto ambiental más altos. Eliminándose, de esta manera, la grave problemática que suponen los pasos a nivel en la localidad almeriense de Gádor, así como la salvaguarda del naranjal en este mismo término municipal.

Anteriormente desde el Grupo Ecologista CÓNDOR se venía proponiendo que la línea férrea fuera subterránea por toda la villa de Gádor, con lo cual desaparecería el problema de los pasos a nivel, pero con la llegada de este nuevo proyecto que define un nuevo trazado entre Granada y Almería, desde este Grupo se ve la ocasión oportuna de hacer un buen arreglo con la alternativa propuesta.

Aunque la propuesta de trasladar la vía unos cien metros hacia el cauce del río Andarax, o sea, en medio de esta rica zona agrícola de naranjales, también se contempla en el citado proyecto. Propuesta que rechazan totalmente los ecologistas ya que además de suponer la destrucción de gran parte del naranjal, conlleva, asimismo, la elevación de la citada vía unos 7 u 8 metros sobre el nivel del suelo, o sea el propio terreno de cultivo, para que quede al mismo nivel que en la actualidad, para evitar altibajos negativos en la vía. Esto supone un enorme muro justo al lado del pueblo, con lo que destruiría una importante fila de dúplex, la de primera línea, y al resto le supone plantarles un muro, de la altura citada,  a las puertas de casa. Supone, también, la destrucción de las actuales pistas deportivas, de la piscina y del hogar de jubilados. Todo ello además de suponer la destrucción de una enorme cantidad de naranjos que suponen unos importantes ingresos para los agricultores del Pueblo. A esto hay que añadir el aumento considerable del riesgo de inundación que supone para la barriada de Paulenca, pues al reducir la superficie del cauce natural del río el agua, en una posible crecida, aumentaría de altura e inundaría esta zona. Hecho que, por desgracia, ha sucedido hace unos meses por el efecto negativo del puente, riesgo ya evidenciado y al que se le sumaría este nuevo. Esta propuesta conlleva otro grave problema, que es el que ocasionaría a la Fuente de Benahadux (Pozo-Cimbra), que atraviesa toda la extensión que se ocuparía por los descomunales terraplenes, que, cercados por muros, tendrían más de  cuarenta metros de ancho y  siete metros de altura, dañándose por completo los sistemas existentes de regadío de Gádor y, sobre todo, de Benahadux. Dichos terraplenes, por la condición del terreno y sus dimensiones, necesitarán, para su construcción, operaciones de consolidación del asiento, columnas de gravas, tratamientos específicos de precargas, que inevitablemente imposibilitaría el regadío del pueblo vecino  de  manera irremediable  y sin  solución,  poniendo en  difícil subsistencia a las fincas de Benahadux.  Dañando gravemente a tres lumbreras de la Fuente de Benahadux y sus galerías subterráneas, además en Gádor, El Pozo del Retiro, El Pozo de Cuatro Torres, El Pozo de Casa Alegre, y a las boqueras (otro sistema tan importante como las cimbras por su mismo origen), así como canales de riego, acequias, pasos de agua,... Estamos hablando de sistemas de regadío de origen árabe, que se destruirían definitivamente.

Esta zona del bajo Andarax subdesértica y siendo el regadío vital para la agricultura, hizo que la sed de agua condujese a  la creación de unas complicadas técnicas, en ocasiones autenticas obras de refinada ingeniería, con la finalidad de obtener el máximo beneficio de unas escasas aguas y del comportamiento de un río más parecido al de una rambla.

De los sistemas empleados uno de los  más curiosos e interesantes es él sistema de cimbra, con su variante pozo-cimbra, al igual que la mina es una galería subterránea horizontal con gran longitud, que se abre en dirección contraria a la de la corriente del río,  aprovechándose las aguas que, filtradas, discurren por el lecho de arena del río y que se mantienen aún después de que este deja de llevar agua en su superficie.

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4 “Pedalibre”

22 de septiembre de 2006

ÉXITO de la SEMANA DE LA BICICLETA

Tras el colofón de la actividad “A la Escuela en Bici” ha concluido la Semana de la Bicicleta, con un balance muy positivo de participación y con la certeza de que la ciudadanía de Madrid pide paso a las bicicletas

Durante los días 16 al 22 de septiembre y coincidiendo con la Semana de la Movilidad Europea se ha celebrado la SEMANA DE LA BICICLETA, organizada por la Asociación Pedalibre (www.pedalibre.org) y el Colectivo Bici Chamberí.

El colofón ha sido hoy día con el Camino Escolar o Ruta a la Escuela en Bici que, pese a la polémica suscitada con la Dirección General de Movilidad (finalmente solventada), se ha desarrollado con absoluta normalidad lo que demuestra que eran infundadas las sospechas de posibles trastornos para la movilidad, ni el posible peligro para los participantes. Unos 80 escolares se han desplazado en bicicleta, escoltados por algunos padres y guías de Pedalibre y seguidos por los agentes de Policía Municipal, hasta su centro escolar, reclamando eufóricos estos escolares al término de la actividad la repetición semanal del Camino Escolar. No puede haber mejor manera de celebrar el Día sin Coches que creando a los más pequeños un entorno de sostenibilidad, educándoles en la creencia de que otro tipo de movilidad más sostenible es posible.

En el resto de la Semana de la Bicicleta se han impartido clases de seguridad vial, de reparación de bicicletas, de habilidades... y se ha hecho un debate, un pase de videos, un trueque y donación de bicicletas y una exposición de fotografías sobre este medio de transporte. Asimismo se ha enseñado a montar en bicicleta a personas de todas las edades.

Y todo ello con el propósito de promocionar el uso cotidiano de la bicicleta como un medio de transporte seguro, eficaz y saludable.

Por último, agradecer a los voluntarios de Pedalibre y Bici Chamberí, así como la colaboración del Distrito de Chamberí, la Fundación Movilidad, el AMPA de los colegios Rufino Blanco y Asunción Rincón, la A.V. El Organillo, Bike Spain Tours y la Dirección General de Movilidad

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5 “Consumer.es”

22 de septiembre de 2006

Smog: Contaminación urbana

Las sustancias nocivas emitidas por el tráfico y la actividad industrial pueden provocar una neblina contaminante en las grandes ciudades

Alex Fernández Muerza

El término "smog", un anglicismo resultado de las palabras smoke (humo) y fog (niebla), comenzó a utilizarse a principios del siglo XX en Inglaterra para denominar a una espesa niebla cargada de sustancias tóxicas como hollín y azufre, consecuencia de la contaminación atmosférica provocada por la combustión del carbón.

En la actualidad, los países desarrollados han desarrollado sistemas de control y de depuración de los combustibles que generan esta neblina tóxica, conocida como smog gris o industrial, por lo que su incidencia es menor. Sin embargo, en países en vías de industrialización como China o algunos países de Europa del Este, donde el carbón es una importante fuente de energía, todavía es un grave problema en algunas ciudades.

Por su parte, el denominado "smog fotoquímico" es un fenómeno común hoy día en prácticamente todas las ciudades del mundo. Los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COVs) reaccionan en presencia de la luz solar produciendo una mezcla nociva de aerosoles y gases (ozono troposférico, formaldehído, cetonas, etc.). Los causantes de la emisión de estas sustancias son principalmente el tráfico, que genera entre el 50 y el 70% de la contaminación de las grandes ciudades europeas, y en menor medida las centrales eléctricas.

Este tipo de smog se describió por primera vez en Los Ángeles en los años 40, y se agrava especialmente en grandes ciudades con mucho tráfico, soleadas, y con poco movimiento de aire. También es especialmente significativo en ciudades con costa o cercanas a ella, como Los Ángeles o Tokio, y en grandes urbes situadas en amplios valles, como la ciudad de México. El verano es la peor estación para este tipo de polución - se le llama smog de verano- y algunos fenómenos climatológicos, como las inversiones térmicas, pueden agravarlo en determinadas épocas al dificultar la renovación del aire. En Europa, el smog fotoquímico afecta especialmente a la región mediterránea. En este sentido, algunos expertos afirman que el ozono es, en la actualidad, uno de los contaminantes atmosféricos más importantes en España.

Asimismo, el denominado "smog de invierno" o "smog ácido" se puede formar cuando las temperaturas son bajas y las concentraciones de dióxido de azufre aumentan por las emisiones de las calefacciones centrales de las casas. En invierno, la temperatura del suelo es a veces inferior que la de las capas altas de la atmósfera, haciendo que el aire permanezca cerca del suelo, y con ello los elementos contaminantes.

El smog causa numerosos problemas en el medio ambiente: Se han observado daños sobre masas forestales y agrícolas, así como en diversas especies animales, causando pérdidas económicas. Asimismo, la salud de los ciudadanos también se ve resentida: Provoca el empeoramiento de los problemas respiratorios y de corazón y el aumento de los casos de bronquitis, asma, enfisema pulmonar o cáncer bronco-pulmonar, afectando especialmente a niños y ancianos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación urbana causa la muerte de unas 80.000 personas al año.

El control del smog se puede lograr tomando una serie de medidas, como la disminución de los desplazamientos en vehículo privado, el uso de catalizadores, la generalización de las energías limpias, la instalación de sistemas de depuración de sustancias tóxicas o la sustitución de componentes que utilizan COVs. Asimismo, el seguimiento de los niveles de emisiones contaminantes en la atmósfera y el respeto de la normativa en materia de calidad de aire, que en los países de la UE se estableció con la Directiva 96/62/EC, constituye también una manera de mejorar el medio ambiente.

Londres: un smog histórico

El peor incidente de la historia debido al smog se produjo en Londres, en 1952, cuando la concentración de contaminantes aumentó debido al estancamiento de la bruma. Durante cuatro días, la capital inglesa permaneció en estado de emergencia y según el actual Ministerio de Salud Británico, pudieron morir por este motivo hasta 12.000 personas, aunque en su época las autoridades culparon en un principio a una epidemia de gripe. En 1956, la normativa conocida como "Clean Air Act" permitió la reducción de la contaminación al imponer zonas sin humo en la capital. No obstante, el tráfico ha sustituido al carbón como generador de contaminación en el Londres actual.

El smog ha acompañado durante siglos la historia de la capital británica. En la Edad Media, la contaminación atmosférica llevó a Eduardo I a prohibir el uso de carbón para hacer fuego en 1273. En 1661, John Evelyn, escritor inglés y uno de los fundadores de la Royal Society, sugería en su obra Fumifugium la necesidad de cambiar el carbón por la madera para reducir el problema de la polución en Londres. Asimismo, los cuadros del pintor impresionista Claude Monet  (1840-1926) posiblemente plasmen el smog del Londres de aquella época, según un estudio de la Universidad de Birmingham.

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6 “El País – NEGOCIOS”

24-09-2006

Vértigo inmobiliario en el parqué

Estas sociedades tienen en juego casi 12.000 millones en ofertas de compra y lideran las salidas a Bolsa y las revalorizaciones

Realia

El boom inmobiliario se ha instalado en la Bolsa. La suerte de la mayor compañía de su sector en Europa, Metrovacesa, se decidió a los puntos el miércoles tras seis meses de guerra sin cuartel entre su mayor accionista, la familia Sanahuja, y su presidente, Joaquín Rivero. El control de la inmobiliaria catalana Colonial, otro gigante del sector, cambiará de manos en 48 horas si no hay sorpresas y prospera la OPA amistosa lanzada por Inmocaral. Y en la pista de despegue, pendientes de los últimos trámites en la CNMV y de la valoración previa de sus activos, se encuentran dos ofertas públicas de compra, la del Grupo San José sobre Parquesol y la de Reyal sobre Urbis, otra de las grandes, y una oferta publica de venta de acciones de Realia. En lo que va de año se han incorporado al parqué cuatro inmobiliarias, y varias sociedades del sector lideran las revalorizaciones del mercado en 2006. El mercado no gana para sorpresas. Metrovacesa cotizó 10 euros por encima del precio de la OPA lanzada por su presidente 24 horas después de su conclusión, lo que puede significar que la guerra por su control con la familia Sanahuja sigue de forma soterrada. Mientras, Inmocaral, considerada un chicharro bursátil hasta hace unos meses, se revalorizó en torno a un 30% en la semana (acumula una apreciación del 300% en 2006) y llegó a representar, con la previsible inmediata incorporación de Colonial a su negocio, una amenaza potencial al liderazgo de Metrovacesa en el sector inmobiliario y una seria candidata a reemplazar al grupo que preside Rivero en el selectivo índice Ibex 35.

- Inmocaral. Hace poco más de un año, Luis Portillo, un empresario sevillano entonces no muy conocido, lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de las acciones de Inmocaral, una compañía cotizada, pero pequeña y residual, con el objetivo, según dijo, de convertirla en la quinta inmobiliaria española. Unos meses después, y ya como presidente de Inmocaral, formuló otra OPA sobre la totalidad de las acciones de Colonial, un bocado mayor (triplicaba la capitalización bursátil de la sociedad compradora, y las ventas de ésta en 2005 equivalían a menos de un 1% de las de la inmobiliaria que se pretende adquirir). En una y otra oferta pactó previamente el éxito de su desenlace con los socios de control, la familia del ex presidente de Inmocaral, Francisco Carrasco, que controlaba el 72,34% de su capital, y La Caixa (que tiene el 39,37% de Colonial).

Estas dos rápidas y sucesivas ofertas de compra y la prevista fusión de Inmocaral y Colonial, que con gran probabilidad va a dejar en manos de Portillo, un gigante casi de la talla de Metrovacesa, ha provocado, como los terremotos, réplicas y sacudidas. La salida del empresario sevillano del capital de Metrovacesa, oficialmente para evitar conflictos de intereses tras su entrada en Inmocaral, le ha deparado munición (331 millones por su 5,66%) para preparar la operación de Colonial.

- Urbas. Tras las bambalinas, otra pequeña sociedad cotizada, Urbas, y algunos empresarios e inversores inmobiliarios están repitiendo los pasos previos de Inmocaral y de su actual presidente, Luis Portillo, y están transfiriendo a ella activos para ponerlos en valor en el mercado, y acaban de comunicar a la CNMV una ampliación de capital de 20 millones.

Un despegue más en ciernes. Las inmobiliarias españolas han protagonizado la mayor parte de las salidas a Bolsa este año, buena parte de las ampliaciones de capital y una de las mayores pugnas -la citada guerra de OPA entre Joaquín Rivero y los Sanahuja en Metrovacesa- por el control de una sociedad cotizada. Sólo las OPA activas del sector inmobiliario en la última semana, sin contar otras operaciones societarias, acumulaban un valor conjunto de casi 12.000 millones de euros. Los todavía buenos resultados de su sector (véase la información gráfica adjunta) y las buenas valoraciones del mercado de renta variable, junto al convencimiento de la proximidad de un cambio de escenario en su actividad, con un incremento en los tipos de interés y una desaceleración en los precios y en la demanda de viviendas, les ha impulsado a recurrir a la Bolsa para recabar financiación para diversificar productos y mercados.

Los movimientos se suceden y algunos analistas descuentan ya posibles OPA de inmobiliarias aún ajenas a la Bolsa sobre otras que no llevan ni un año cotizando. Ya ha sucedido con Parquesol y otras pueden seguir su ejemplo. De momento, otras salidas a Bolsa realizadas o anunciadas por empresas de este sector en 2006 son las siguientes:

- Renta Corporación. Es una empresa catalana especializada en rehabilitación y compraventa de edificios y en cuyo consejo y directiva se encuentran varios ex altos cargos políticos. Fue la primera inmobiliaria y la primera sociedad en incorporarse este año al mercado bursátil. Inició el 5 de abril su andadura a un precio de 33 euros por acción, un 13,8% por encima de los 29 euros, a los que colocó un 33% de su capital social. Hoy, sin embargo, cotiza en el entorno del precio de salida y ha sido, junto a Parquesol, el patito feo de las últimas salidas a Bolsa de su sector. Y eso que ha triplicado su facturación y su beneficio en el primer semestre respecto a igual periodo de 2005. Su pecado, según los analistas, fue fijar un precio demasiado alto para su estreno en el parqué.

- Parquesol. La inmobiliaria vallisoletana, la segunda en lanzarse al ruedo de la Bolsa este año, se las prometía felices al dirigir sólo sus ofertas de venta y suscripción a inversores institucionales o con mandatos de compra superiores a 50.000 euros, pero protagonizó el 5 de abril el peor estreno en el parqué desde la entrada de Iberia en este mercado en abril de 2001. Colocó un 35% de su capital y su estreno fue un fiasco. La caída al finalizar el primer día de cotización se aproximó al 4%, cerró a 21,75 euros por título y su precio de salida fueron 23 euros.

Todavía esta semana, pese a la OPA presentada a finales de julio por el Grupo San José por el 100% de su capital a 23,1 euros por título, la inmobiliaria cotizaba por debajo del precio de salida.

Banesto Bolsa, en un reciente informe sobre Parquesol, afirma que el precio ofrecido por San José es muy bajo, "tanto si atendemos al valor de los activos de Parquesol, al precio de salida en su oferta pública de venta de acciones (OPV), a nuestra valoración o a las últimas operaciones registradas en el mercado inmobiliario español. Por otro lado, vemos que el accionista minoritario vuelve a estar en desventaja porque la OPA ya ha sido aceptada por el accionista mayoritario, el precio nos parece competitivo y aquellos que entraron en la OPV tan sólo conseguirán una revalorización del 0,4%, y eso sin tener en cuenta el valor temporal del dinero".

- Riofisa. La inmobiliaria controlada por la familia Losantos y participada por Caixa de Catalunya con un 32% de participación fue la cuarta empresa de su sector en desembarcar este año en la Bolsa. A finales de abril anunció su salida a través de una OPV, con la que iba a colocar en el mercado el 30% de su capital entre inversores particulares e institucionales. Y el 19 de julio se estrenó en el parqué con una subida del 8,33%, al fijar su primer precio en 19,5 euros frente a los 18 establecidos como precio de salida de la compañía.

Riofisa, especializada en la promoción de centros comerciales, aterrizó en el parqué con buen pie tras haber colocado en el mercado, a través de una OPV, el 26,1% de su capital, 11,77 millones de títulos, porcentaje que se podía elevar hasta el 29,99 con los 1,76 millones de acciones reservadas a los colocadores.

Esta inmobiliaria, que ha multiplicado por seis su beneficio en el primer semestre y cuyas acciones acumulan una revalorización cercana al 35% desde la OPV, ha incorporado en los últimos meses a su accionariado al grupo mexicano Hidafa, que tomó un 7,09% de su capital a través de la OPV y en compras posteriores en Bolsa, y a Rosalía Mera (ex esposa del presidente de Inditex, Amancio Ortega) que, a través de su sociedad inversora Rosp Corunna, controla ya un 5% de la inmobiliaria.

La salida a Bolsa de Riofisa coincidió con la puesta en marcha de un ambicioso plan estratégico de expansión para diversificar su implantación geográfica y entrar en nuevos productos y actividades inmobiliarias. El plan prevé inversiones por valor de 3.000 millones de euros hasta 2008.

Astroc. "La tarta inmobiliaria se va a reducir y mucha gente no profesional que ha entrado en el mercado saldrá. Como ninguna compañía tiene una cuota mayor al 5% quien lo haga bien, en un escenario de ralentización, podrá subir esa cuota", afirmó el presidente de Astroc, Enrique Bañuelos, en el acto de presentación de la oferta pública de venta de acciones (OPV) de su compañía a los analistas. El día 24 de mayo debutó en Bolsa y hoy Astroc, con una revalorización de más del 200% en sólo cuatro meses (supera ya los 2.300 millones de capitalización), es la salida a Bolsa más rentable de los últimos cinco años.

Los buenos datos de la promotora valenciana y la estrategia que escogió para dar el salto al mercado de valores (un descuento del 25% sobre el valor estimado con que salió a Bolsa, 6,40 euros) explican en buena medida el éxito de su estreno y de su trayectoria posterior en Bolsa.

"Se han cumplido los objetivos de la OPV: institucionalización del accionariado y visibilidad en los mercados", señalan fuentes de Astroc. "Se ha dado entrada en el accionariado a importantes compañías como Corporación Caixa Galicia, G3T (Godia) y Nozar, con un 5% cada una, y se ha cedido asientos en el consejo de administración a sus representantes". Y también se han cumplido los compromisos contraídos en la tramitación de la OPV, agregan. "Hace unos días anunciamos la distribución de un dividendo del 50% de nuestros beneficios, el porcentaje más elevado del sector. Medida que se materializará con el reparto a cuenta de casi 30 millones de euros, con respecto al beneficio neto del primer semestre".

- Realia. La inmobiliaria controlada por FCC y Caja Madrid prepara estos días su salida a Bolsa, que se producirá en los próximos meses, probablemente en el primer trimestre de 2007, y que oscilará entre un 30% y un 50% de su capital. La constructora y la caja de ahorros están perfilando los últimos detalles, como la valoración de los activos o la elaboración del cuaderno de ventas. Entre otros temas pendientes, se encuentra el de la estructura accionarial que tendrá Realia a la hora de estrenarse en el parqué. Desde 2000, tanto FCC como Caja Madrid controlan el 49,17% de la inmobiliaria, pero hace algunos meses han llegado a un acuerdo para que la empresa que controla Esther Koplowitz pueda consolidar por el método de integración global en sus cuentas los resultados de Realia. Extremo que obliga a FCC a incrementar su peso -directo o indirecto- en el accionariado de Realia

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7 “El Diario Vasco”

24 de septiembre de 2006

El Gobierno admite que es «inviable» fijar un calendario de cierre de las centrales nucleares

Industria y Red Eléctrica reconocen que ahora no existe una alternativa que garantice el suministro Su aportación se mantendrá y crecerá el peso de las energías renovables

ANA BARANDIARAN/SAN SEBASTIÁN

El debate sobre la energía nuclear, siempre presente, se ha reabierto por las especulaciones sobre el cierre de la central de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo permiso de explotación vence en 2009. Cumplirá entonces 38 años de vida. Corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) analizar su estado y determinar si puede seguir funcionando otra década, tal como pide su propietaria, la sociedad Nuclenor, que comparten Iberdrola y Endesa. Pero la decisión recae en última instancia sobre el Gobierno, que podría adelantarse y anunciar su cierre. Es una posibilidad que se baraja desde hace tiempo porque se acercan las elecciones -las municipales y autonómicas primero, y luego las generales- y los partidos de tinte verde del arco parlamentario exigen un gesto en este sentido; aparte de que la sociedad española, muy contraria a esta tecnología, premiaría la medida. El Ejecutivo considera, sin embargo, «inviable» ir más allá de este punto -que sólo supone la renuncia a 466 megavatios (MW) de potencia instalada- y fijar un calendario definitivo de abandono de la energía nuclear. Fuentes del Ministerio de Industria y de Red Eléctrica, el gestor del sistema, reconocen que, en las condiciones actuales, no hay fuentes que puedan sustituirla a medio plazo. No hay más remedio que mantenerla.

El diputado de IU-ICV, Joan Herrera, respaldado por Greenpeace y Ecologistas en Acción, insiste en que el PSOE asumió en su programa electoral el compromiso de establecer ese calendario de cierre. El Gobierno responde que la única promesa que hizo es la de «sustituir de forma gradual la energía nuclear por otras más seguras, más limpias y menos costosas» en el marco de un proceso que «se llevará a cabo de forma ordenada en el tiempo, dando prioridad a la garantía de suministro». Y, según explicó recientemente el ex ministro de Industria José Montilla, ya se está cumpliendo con ello: en 2005 la tecnología del uranio representó el 19,7% de la generación de electricidad, frente al 27,6% de 2000.

Menos peso

La energía nuclear pierde peso en la producción porque su aportación permanece constante a lo largo de los años mientras crece el consumo eléctrico. Los aumentos de demanda se atienden con otras tecnologías, como ciclos combinados y energía eólica. Pero eso no quiere decir que se esté reduciendo la utilización de la potencia nuclear, que en la actualidad -tras restar los 150 MW de Zorita, que cerró el 30 de abril- suma 7.727 MW, es decir, un 11% del total de la capacidad de generación eléctrica española. El pasado año, los nueve reactores españoles -ahora quedan ocho- generaron 57.538 gigavatios/hora (Gwh), el 19,7% de la producción nacional. Red Eléctrica prevé que esta contribución se mantenga en términos absolutos, aunque en términos relativos irá cayendo paulatinamente hasta suponer el 16,8% en 2011.

Ante el debate abierto por las especulaciones sobre el futuro de Garoña, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró esta semana en el Congreso su compromiso de proponer en esta legislatura un plan sobre reducción progresiva de la energía nuclear. En el Ministerio de Industria, que ahora dirige Joan Clos, aseguran que su programa no va a ir más allá de recoger la pérdida de peso que esta tecnología está registrando. El Ejecutivo tiene claro que la potencia atómica es, en la actualidad, imprescindible por razones económicas -el petróleo y del gas se han disparado- y porque no produce emisiones de CO2 y facilita, por tanto, el cumplimiento del Protocolo de Kioto.

Margen de maniobra

El presidente de Red Eléctrica, Luis Atienza, destaca por encima de estas cualidades la aportación de la energía nuclear a la seguridad de suministro. El responsable de gestionar el sistema para que nunca falte la luz lleva mucho tiempo advirtiendo de las limitaciones de las alternativas renovables, que fallan cuando más las necesitas. En una reciente conferencia explicaba cómo durante este verano en una punta de demanda sólo había disponibles 600 MW de potencia eólica de un total de 11.000 instalados. Lo mismo ocurre con la hidráulica en los años secos. A su juicio, de la potencia eléctrica que hay en España -que sumaba al cierre del año pasado 78.086 MW- se deben descontar cerca de 18.000 MW para referirse a la auténtica capacidad de generación disponible para atender las necesidades.

El gas, que cada vez tiene más peso en el mix de generación a través de los ciclos combinados -en torno al 23% del régimen ordinario-, también tiene sus pegas. La principal de ellas es el precio, vinculado al del petróleo, junto con la fuerte dependencia del exterior que implica: Argelia es el principal proveedor.

Por último, el carbón, que es la otra fuente que aporta seguridad de suministro, presenta el problema de las emisiones de CO2, penalizadas por el Protocolo de Kioto.

El margen de cobertura para cubrir una demanda que se ha disparado es muchas veces reducido, alertan en Red Eléctrica. En una punta de consumo del pasado diciembre, sólo había disponibles 47.864 MW y había prevista una demanda máxima de 44.500 MW. «En estas condiciones, al no ser que las tecnologías renovables experimenten un gran desarrollo, no se podrá prescindir de las energía nuclear», afirma un portavoz del Ministerio de Industria.

Falta de plan alternativo

En las conclusiones de la Mesa sobre Energía Nuclear que convocó este departamento ya se exponía la imposibilidad de reducir el parque atómico ante la falta «de un plan alternativo de sustitución realista» de esta tecnología. Aunque también se descartaba abrir nuevas centrales hasta que haya avances para la gestión de los residuos radiactivos, el gran handicap de esta opción.

En estas circunstancias, si en el futuro no hay una alternativa válida a la energía nuclear y no se quieren abrir nuevas centrales, habrá que debatir el posible alargamiento de su vida útil desde los 40 años hasta los 60 como pide el Foro Nuclear, que representa a las eléctricas. Pero, a excepción de Garoña, el resto de plantas cumplirá la cuarentena a partir de 2020, con lo que no es un debate urgente para el Ejecutivo. «Ningún Gobierno en su sano juicio va a tomar decisiones que afectan a un horizonte tan lejano y con la incertidumbre actual», sostienen en Industria.

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8 “El Diario Vasco”

24 de septiembre de 2006

El cierre de Garoña tendría un impacto asumible

A.B.

La central de Santa María de Garoña es la más veterana y también la de menor potencia de todo el parque. Su capacidad es de 466 MW, frente a los cerca de 1.000 de las demás. El año pasado generó 3.680 gigavatios (GW), el 6,4% del total nuclear y en torno al 1,5% de la producción nacional. Su peso es, por tanto, reducido y su cierre «asumible» por el sistema, «ya que podría ser sustituida por un ciclo combinado», según explica el experto José Santamarta, director de Worldwatch.

Las eléctricas -sobre todo, sus dueñas, Iberdrola y Endesa- se oponen a su desmantelamiento y piden que se prolongue su vida más allá de los 40 años que cumplirá en 2011. El Gobierno asegura que aún no se ha tomado una decisión al respecto y que no toca adoptarla hasta 2009, cuando vence su permiso de explotación. Pero fuentes del sector no descartan que el Ejecutivo anuncie el cierre para hacer un guiño a los ecologistas y sus socios parlamentarios. «Sería favorable electoralmente», comenta Santamarta.

También sería una medida rentable si, como se especula, el Ejecutivo obtiene a cambio apoyos para construir el necesitado almacén de residuos radiactivos, que tanto rechazo provoca. El alcalde de Peque (Zamora), que estudió la posibilidad de instalar este cementerio nuclear en su municipio, casi termina linchado. El proyecto es urgente porque en 2011 van a regresar desechos enviados a Francia y si España no se hace cargo de ellos deberá afrontar fuertes penalizaciones.

Pero el cierre de Garoña no se considera una cesión suficiente. El diputado de IU Joan Herrera asegura que «no va a haber cementerio sin un calendario de cierre de las nucleares» y propone un plan puente para sustituirlas por las renovables, a la vez que se promueve el ahorro para contener la desorbitada demanda eléctrica.

El actual Ejecutivo se niega a despejar el futuro de la energía nuclear -ni la abandona ni la relanza- y apuesta por mantenerla tal como está.

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9 EL PAÍS – Comunidad Valenciana

24-09-2006

El futuro nuclear divide al valle de Ayora

Los alcaldes rechazan el cementerio de residuos radiactivos y discrepan sobre un posible cierre de la planta de Cofrentes

SARA VELERT  -  Valencia

Los habitantes del Valle de Ayora-Cofrentes conviven desde hace 22 años con la única central nuclear en tierras valencianas. Unos la miran con desconfianza, otros creen que ha impulsado el crecimiento económico de los pueblos que la rodean. Las columnas de vapor que emergen de la planta identifican el paisaje del valle. Una estampa que ahora está a la espera de una fecha de caducidad. El Gobierno ha decidido cerrar la central de Garoña (Burgos) y pretende fijar un calendario para el cierre escalonado del resto de plantas, de modo que no prolonguen su vida útil más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas. Cofrentes, propiedad de la empresa eléctrica Iberdrola, arrancó en 1984 y, por tanto, cumpliría esas cuatro décadas de funcionamiento en 2024. Pero antes de ese año, la central valenciana deberá superar en 2009 los controles del Consejo de Seguridad Nuclear para lograr del Ministerio de Industria la renovación del permiso de explotación por otra década.

También dentro de tres años, Cofrentes deberá tener lista una solución para mantener bajo control su combustible gastado, ya que la piscina de la central que alberga los desechos radiactivos se saturará entonces. La construcción de un almacén para los residuos radiactivos de todas las centrales -seis en marcha y una, Zorita (Guadalajara), cerrada hace poco- es precisamente la asignatura más urgente de la agenda nuclear del Gobierno, que busca municipios candidatos para albergarlo con una propuesta de inversión de 700 millones de euros y la creación de 300 empleos.

En el valle de Cofrentes no quieren ni oír hablar del cementerio nuclear. En su rechazo al almacén coinciden municipios con gobierno popular y socialista. Sobre un posible cierre de la central de Iberdrola hay discrepancias.

Una pancarta con el lema "¡sí a la central nuclear, no al almacén!" resumiría la postura de los alcaldes del PP en el valle -la mayoría-. "Es absurdo cerrar ahora las centrales porque está clarísimo que son imprescindibles. La energía nuclear es la que menos contamina y las alternativas brillan por su ausencia", esgrime Raúl Ángel Domínguez, alcalde popular de Cofrentes. Pesimista sobre la posibilidad de sustituir la energía nuclear -"el petróleo se acaba"-, vaticina que "habrá que preparar el candil" si el Gobierno saca adelante su plan. Domínguez asegura que el pueblo, sin la central, "estaría en la miseria o se habría extinguido". No en vano, la instalación es la principal fuente de ingresos de la localidad, de unos 1.000 habitantes. El Ayuntamiento ingresa por impuestos y licencias unos dos millones de euros anuales -la planta eleva esta cifra a tres millones- y la nuclear emplea a decenas de vecinos de Cofrentes. Aún así, el alcalde asegura que la instalación "ya no es imprescindible" para garantizar el futuro de la población, que está ampliando el balneario y tiene más proyectos turísticos.

"La central no nos ha creado problemas, ha contribuido al desarrollo económico de la comarca", coincide el alcalde de Jalance, Ángel Abel Navarro (PP). Apoyaría un cierre "por motivos técnicos, pero no políticos". "España es energéticamente deficitaria", constata. De Cofrentes sale el 50% de la producción eléctrica valenciana, porcentaje que la Generalitat prevé reducir al 27% con el plan de infraestructuras energéticas y el fomento de las fuentes alternativas que está en marcha. "Es muy fácil decir que cierre Cofrentes", concluye Navarro.

Así lo reivindica el alcalde socialista de Zarra (medio millar de vecinos), Juan José Rubio: "Ojalá la cerraran mañana". "Ha perjudicado a la comarca porque ha frenado su desarrollo, las empresas no se instalan aquí", afirma Rubio, que reprocha también a la central que no haya contribuido apenas a "crear técnicos o reciclar gente del valle". "Sólo se han creado barrenderos, tenemos los pueblos mejor barridos, pero no hay polígonos industriales", añade Rubio, que destaca que varios alcaldes trabajan en la nuclear y liga el apoyo a Cofrentes a los ingresos por el canon de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). Ésta reparte 2,9 millones de euros entre los pueblos por su cercanía a la planta nuclear -ocho valencianos y tres de Albacete, con los porcentajes más altos, del 20%, asignados a Cofrentes, Jalance, Jarafuel y Cortes de Pallás-. Una aportación que en Zarra no es determinante, dice Rubio. En cambio, municipios como Jalance califican este ingreso como "importante" para dar nuevos servicios.

El canon también pesa en el presupuesto de Cortes de Pallás (1.014 vecinos), admite su alcalde, José Moltó, del PSPV-PSOE. Sobre un cierre de la central ve "prematuro" opinar, aunque destaca que su permanencia exige "mucha información y dar confianza a la gente sobre su seguridad".

Ningún alcalde apoya el almacén nuclear. Zarra es consecuente con su rechazo a Cofrentes, las alcaldías del PP esgrimen que es "incompatible" con el impulso al turismo rural. El cementerio nuclear "daría mala imagen" y "la gente no lo quiere". Las elecciones municipales de 2007 están cerca, admiten unos y otros.

Un plan alternativo

El cierre de las nucleares exige un plan energético "con objetivos claros", afirma el diputado verde de EU-IU-L'Entesa, Carles Arnal. Este plan deberá frenar primero el crecimiento del consumo, contener medidas de ahorro y eficiencia y apostar por energías alternativas, "sobre todo la solar". No apostar por esa solución "es una manera de boicotear" la clausura de las plantas, dice Arnal, que cuestiona la seguridad de Cofrentes y espera que no se renueve su permiso en 2009. El parlamentario valora el anuncio de cierre de Garoña, pero advierte de que antes de hablar de una negociación política en torno al almacén de residuos radiactivos el Gobierno debe establecer un calendario de desconexión de todas las plantas españolas. Arnal critica que el Ejecutivo apueste por un almacén temporal y no un depósito definitivo, una decisión que achaca a la "improvisación". A su propuesta, las Cortes declararon "de manera solemne su firme oposición a albergar en territorio valenciano" este almacén el pasado 14 de febrero. El PP apoyó la proposición no de ley y el PSPV-PSOE se abstuvo.

Cofrentes no quiere pronunciarse sobre un calendario de cierre porque es "una decisión política". Mientras funcionen bien y tengan sus permisos, no ve motivos para su clausura, dadas "las actuales necesidades energéticas". "Hay que potenciar energías alternativas, pero también ser realista sobre la contribución de las nucleares", apuntan en Cofrentes, y recuerdan que Estados Unidos está ampliando a 60 años el funcionamiento de centrales diseñadas para 40. La planta da trabajo a 350 personas y a otras 150 de empresas externas. Iberdrola es propietaria única de Cofrentes y participa en otras, entre ellas Garoña.

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10 “El País – NEGOCIOS”

24-09-2006

Alternativas para las tierras agrícolas

Casi 1,5 millones de hectáreas pueden tener como salida de futuro la producción de biocombustibles

VIDAL MATÉ

La producción de biocarburantes a partir de materias primas agrícolas constituye uno de los objetivos comunitarios para reducir la dependencia energética del petróleo. En España ese compromiso supondrá además la posibilidad de utilizar casi 1,5 millones de hectáreas de secano y regadío para el cultivo de cereales y plantas oleaginosas en tierras que hoy corren peligro de quedar abandonadas. De acuerdo con los compromisos comunitarios para impulsar el desarrollo de la biomasa y los biocarburantes como sustitución del petróleo, el Plan de Energías Renovables (PER) aprobado por la Administración española contempla el objetivo de que, en 2010, el 5,75% de la demanda de combustible para el transporte proceda de los biocarburantes.

Este compromiso es asumido por Agricultura, industrias y organizaciones agrarias. Si embargo, todas las partes están de acuerdo en la conveniencia de acelerar el cumplimiento de ese porcentaje y poder llegar al 10% entre 2010 y 2012.

Para llegar a ese objetivo, las partes más importantes implicadas, el sector agrario y las industrias, han planteado sus reivindicaciones. Desde el sector agrario se reclama a la Unión Europea un aumento del actual nivel de ayudas de 45 euros por hectárea y que se incremente el techo de 1,5 millones de hectáreas con derecho a subvención para toda la UE. La Administración y el sector agrario español coinciden también en plantear en Bruselas una subida de la ayuda de entre 70 y 90 euros, lo que supondría un aliciente a la hora de realizar las siembras. Por su parte, las industrias mantienen sus peticiones de rebaja de la fiscalidad para el uso de los biocarburantes y una normativa más favorable para la utilización de esos productos por parte de las compañías petroleras, que en el pasado han mantenido fuertes reticencias.

Desde la perspectiva industrial, los últimos años y sobre todo los últimos meses han sido escenario de abundantes iniciativas empresariales para la construcción de industrias destinadas tanto a la producción de bioetanol a partir de cereales, biomasa y alcohol vínico, como de biodiésel a partir de aceites vegetales y aceites usados. En esta carrera se encuentran algunos de los grandes grupos industriales ya relacionados con el sector de los biocarburantes, así como otros que han desembarcado en esta actividad, como Abengoa, Repsol, EHN, Biocarburantes de Cataluña, Acciona, Ecoteo, Sniace, Ebro Puleva, SOS, Acor, ARJ, Simsa y Sesostris, junto a numerosas iniciativas que van desde la Administración a través de la empresa pública Sepides, del IDAE y de pequeñas cooperativas agrarias.

En lo que afecta al sector agrario, para la producción del 5,75% de los biocombustibles para el transporte previsto en el PER es necesario disponer de casi dos millones de materia prima de toneladas equivalentes de petróleo (tep). De esa cifra, 750.000 toneladas deberían ser para la obtención de bioetanol, 550.000 de cereales y biomasa y 200.000 de alcohol vínico. Para la producción de biodiésel se deberán disponer de 1.211.000 toneladas equivalentes de petróleo, de las que 1.021.800 serían de aceites vegetales puros y otras 200.000 toneladas de aceites usados.

Una salida necesaria

Al menos sobre el papel, la producción de esa materia prima para la obtención de biocombustible se presenta como la salida para 1,5 millones de hectáreas ahora dedicadas a la producción de cereales o grasas tanto para la alimentación humana como para la animal. En principio, para lograr esos objetivos de materia prima se estima necesaria la siembra de 546.000 hectáreas de cultivo de trigos, 245.000 hectáreas de cebadas, 52.000 hectáreas de maíz y otras 50.000 hectáreas de remolacha, en lo que afecta a la producción de bioetanol.

En el caso de materia prima para la producción de biodiésel, las primeras previsiones apuntan a la necesidad de contar con más de 400.000 hectáreas para la producción de colza en tierras de secano y en regadío, con unas previsiones de cosecha por hectárea entre los 2.300 y los 2.500 kilos.

El girasol se ha considerado tradicionalmente como un cultivo para el que su uso como biocombustible era una importante salida para grandes superficies de secano y regadío. Sin embargo, la realidad es que dado su componente de yodo y sus precios, sus posibilidades para utilizar en la producción de biocombustibles son más reducidas que la colza. En la producción de biodiésel, los estudios técnicos sitúan el porcentaje de colza en un 50%, para distribuir el otro 50% entre otros aceites como palma, soja o girasol. El precio más alto del girasol puede ser un factor determinante para una menor utilización de la prevista

La Administración y el sector agrario coinciden en señalar las grandes posibilidades que ofrece la producción de materias primas para biocombustibles en una parte del campo donde se temen graves problemas de abandonos por el pago de las ayudas sin producir y la falta de relevo generacional, sobre todo en la España interior. Sin embargo, ante esta alternativa histórica desde el sector agrario ya se han planteado los primeros interrogantes y temores a que el biocombustible sea un negocio para la industria, pero no una salida para las producciones agrícolas nacionales.

Materias importadas

Desde la organización agraria UPA se advierte que más del 50% de las plantas para la producción de biocarburantes se han establecido en las costas y que las mismas tienen capacidad para producir más del 70% del total del biocombustible proyectado. Esa situación, se considera en medios agrarios, reflejaría la posición de unas industrias interesadas en la obtención de los biocarburantes, pero con una clara inclinación por la utilización de materia prima procedente del exterior.

De hecho, una de las primeras plantas en entrar en producción para la obtención de bioetanol como la ubicada en Salamanca, propiedad de Abengoa y Ebro Puleva, ya ha utilizado las primeras 300.000 toneladas de trigo inglés importado por los puertos del norte, aunque la operación se llevó a cabo la campaña anterior, con la cosecha de cereales más baja de las últimas décadas por la sequía. Las importaciones no se contemplan, sin embargo, por las industrias como una acción puntual, sino como una vía normal de abastecimiento de materias primas simplemente en función de los precios de los mercados.

El tren para el campo y el medio rural sólo pasa una vez

La producción de biocombustibles se presenta como la gran salida para la actividad agraria y, sobre todo, para el medio rural. Sin embargo, para ello, señalan las organizaciones agrarias, se debe lograr un equilibrio entre los intereses de los agricultores y de los industriales, algo que en su opinión no existe en este momento.

Según los datos elaborados por la Administración y recogidos en el PER, con las medidas fiscales previstas y los precios actuales del petróleo, las industrias podrían pagar la cebada a 0,12 euros el kilo; el trigo, a 0,152 euros, y el girasol, a 0,15 euros el kilo. Frente a esas cotizaciones, los contratos realizados en la última campaña han sido de una media de 0,105 euros por kilo para las cebadas; 0,12 euros, para los trigos, y 0,19 euros el kilo para el maíz, lo que supone una cifra carente de interés al estar por debajo de los precios del mercado y exigir mayores controles burocráticos.

Desde medios industriales se alega que el agricultor complementa esa cifra con la ayuda comunitaria, lo que le permite unos ingresos finales iguales o superiores a los del mercado.

Para el responsable técnico de UPA, Javier Alejandre, si realmente se pretende que los biocombustibles sean la salida para cientos de miles de hectáreas en el futuro en las zonas menos favorecidas del país, es preciso cambiar esta situación. Para ello se reclama un mayor compromiso de Agricultura en esta apuesta y una mayor presencia en las relaciones entre agricultores e industriales. De lo contrario, estima, se puede perder un tren para siempre en el campo y en el medio rural.

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11 “Alwadi-ira – Ecologistas en Acción”

22 de septiembre de 2.006 

Vertido de alpechín en el cauce del río Guadaíra

La Sociedad Ecologista Alwadi-ira – Ecologistas en Acción- quiere denunciar, a través de los medios de comunicación, el reciente vertido de alpechín en el cauce del río Guadaíra. El volumen del vertido ha sido sumamente importante. Las consecuencias han vuelto a ser nefastas, dado que las aguas se han ennegrecido totalmente.

Este nuevo desastre ecológico reafirma la condición de cloaca que sigue padeciendo este río, poniendo en entredicho las declaraciones del Alcalde de Alcalá, en las que afirmaba que el problema de la contaminación del río Guadaíra estaría resuelto en el próximo otoño, según declaraciones en una entrevista concedida a la revista Agenda de la Empresa Andaluza,  de las que se hace eco el periódico digital “Zona Verde” de fecha 14 de septiembre.

Esta cruda realidad demuestra la necesidad de impulsar el Programa Coordinado para la Mejora y Saneamiento del río Guadaíra que fue aprobado en marzo de 1996 y que debería de haber estado concluido en el año 2003.

Exigimos, desde Alwadi-ira, la reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Programa Coordinado de Recuperación del Río Guadaíra.

Este nuevo vertido demuestra a nuestro juicio que las medidas tanto de vigilancia como de sanciones son totalmente insuficientes. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Seprona deben redoblar esfuerzos para evitar esta situación. Igualmente, es palpable que, por desgracia,  la recuperación del río Guadaíra está lejos.

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12 “La Nueva España”

24/09/2006

Caleao, las dos orillas de un embalse

Ciento cincuenta personas participan en el campamento contra el nuevo pantano de Redes, que reaviva el enfrentamiento entre IU, que está en contra de la presa, y el PSOE, que prohibió la acampada

Caleao (Caso), María ALONSO

Las aguas del río Caleao bajaban ayer teñidas de color político. El proyecto para construir el que será el tercer embalse del parque natural de Redes ha agrandado la brecha entre el PSOE e IU, socios de gobierno en el Principado pero con la vista ya puesta en las elecciones autonómicas de la primavera. El coordinador regional de IU, Jesús Iglesias, se presentó ayer en Caleao, en la polémica protesta ecologista contra el embalse, y cargó contra los responsables de la Consejería de Medio Ambiente por haber declarado ilegal la acampada, que se inició el viernes con controles de la Guardia Civil. «Quiero lamentar la presencia de los agentes en un acto como éste y el hecho de que la Consejería de Medio Ambiente haya pasado de la política del talante a la del tolete, mostrando una sensibilidad propia de políticos como George Bush o Paco Rana», en alusión, concretó, a Francisco Franco por el impulso que el dictador dio a la construcción de embalses durante su Gobierno.

Ajenas al enfrentamiento, medio centenar de tiendas de campaña aguantaban ayer el temporal político y meteorológico en el área recreativa de la aldea de Caso. Alrededor de 150 personas participaron en los actos organizados por la práctica totalidad de las organizaciones ecologistas de Asturias, que se oponen a la construcción de un nuevo embalse en Redes. La plataforma en defensa del espacio protegido abogó por una nueva política del agua que, subrayó, debe estar lejos de la construcción de infraestructuras como el embalse de Caleao. El presidente de la Asociación de Amigos de la Naturaleza (ANA), Carlos Lastra, destacó la necesidad de dejar a un lado proyectos «decimonónicos» como el previsto para Redes. Una idea también repetida por Beatriz González, de Ecologistas en Acción, que señaló que el actual modelo del agua es «insostenible». La plataforma que integra a todos los colectivos organizadores de la acampada destacó que, «de seguir adelante con el actual sistema, nunca habrá embalses suficientes».

Además de plantear serias dudas sobre si realmente en Asturias hay un problema real de falta de agua, tal y como señaló el portavoz de la Coordinadora Ecologista, Fructuoso Pontigo, los asistentes a la acampada señalaron la necesidad de buscar otras alternativas a la construcción de una infraestructura que causará, a su juicio, graves daños medioambientales en una zona de alto valor ecológico. Además de la acampada, durante toda la jornada se celebraron charlas informativas sobre la cultura del agua, el embalse y el uso sostenible de los recursos. La jornada estuvo marcada por las bromas sobre la presencia de la Guardia Civil, que el viernes hizo controles de identificación a los asistentes, a la vez que les notificaba el carácter ilegal de la acampada.

Los agentes aparecieron de nuevo ayer por la mañana, alrededor de las nueve menos cuarto, y, según los campistas, «anotaron las matrículas de los coches que teníamos aparcados». Sobre la legalidad o no de la acampada en el área recreativa de Caleao planteaban ayer una duda los integrantes de Andecha Astur, también participantes en los actos: «¿Cómo es posible que acampar sea ilegal y construir un embalse no?».

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13 “La Nueva España”

24/09/2006

Villa defiende la acampada y aboga por abrir un debate sobre el agua en Asturias

Caleao, M. A.

Abrir un debate sobre el agua en Asturias. Ésa fue la petición que ayer hizo José Ángel Fernández Villa, secretario general del SOMA-FIA-UGT, que defendió la acampada en Caso y arremetió contra la Consejería de Medio Ambiente, sin nombrarla directamente, por considerar ilegal la acampada en contra del embalse. «Es una acampada promovida por un colectivo respetuoso con el medio ambiente que, con este acto, ejerce el derecho constitucional de expresar sus inquietudes».

Villa señaló la necesidad de abrir una negociación sobre el futuro del agua, que ya se está produciendo en Europa y que aboga por la participación de todos los agentes implicados. «Un modelo que ya se está debatiendo en Alemania o en Austria», señaló Villa, que destacó que, «más allá de proyectos, el sindicato siempre ha abogado por un debate global». El líder sindicalista aseguró ayer que con Caleao «se está demostrando que se sigue queriendo escamotear el debate en la región». Para Villa, «es una cuestión en la que tiene que haber una visión global que debe ser expuesta de cara a la opinión pública». Y aludió a la nueva directiva europea sobre el agua, que obliga a que todos los agentes sociales y afectados estén presentes en la toma de decisiones.

Debate

Un debate por el que también abogó el coordinador de IU, Jesús Iglesias, que pidió disculpas por «haber permitido en esta legislatura la desaparición de la Consejería de Medio Ambiente y su integración dentro de la Consejería de Infraestructuras, porque el Medio Ambiente ha quedado supeditado a las obras y ha sido un error gravísimo».

Entre los asistentes a los actos en contra del embalse de Caleao estaba ayer el ex director de Recursos Naturales, Víctor Vázquez, que aseguró que la acampada estaba dentro de la legalidad en tanto que en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque figura, entre las excepciones autorizables, la posibilidad de celebrar actividades de carácter ambiental. «No creo que el secretario de la FSA apoye ninguna privación de las libertades democráticas». Además, Vázquez señaló que preferiría que «la Administración pusiese el mismo celo legal que ha puesto con Caleao con las industrias con fallos judiciales en contra».